Activismo

En el punto de mira

Declaraciones de la fiscalia antidroga

El movimiento asociativo pro Cánnabis se está propagando como la pólvora en los últimos tiempos, una situación que está empezando a crear cierta acritud en algunas entidades públicas que ven en la instalación de una asociación de consumidores de cánnabis un trasfondo delictivo. CatFAC

En una reciente reuniín, los fiscales antidroga aprovecharon para cargar contra los clubs. Como sus argumentos son los mismos de hace un año, publicamos un antiguo comunicado de la EUSFAC

Noticias como las que nos vienen desde la Sènia, dónde el pleno municipal del ayuntamiento rechazó la instalación de clubes de cánnabis en el municipio, las intervenciones de las fuerzas de seguridad, tras la denuncia de un robo como en el caso de Tarragona o la más reciente donde los vecinos de San Pere han recogido firmas para que el ayuntamiento de Terrassa cierre las instalaciones situadas en el mismo barrio por motivos de seguridad, hacen de esta situación una evidencia de que las asociaciones Cannábicas están en el punto de mira de la autoridades Políticas y Policiales.

Son muchos y variados los motivos por los que una asociación Cannábica puede ser objeto de una intervención Policial: denuncia vecinal, licencia de actividades, consumo en lugares públicos, tráfico de

La FAC rechaza declaraciones de la fiscalia antidroga. Consideran que se les criminaliza sin motivo y recuerdan que los clubes cannábicos se basan en decenas de resoluciones judiciales favorables. Exigen el fin de la inseguridad jurídica y reclaman una regulación clara del uso personal de cannabis. La Federación de Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis (FAC) desea mostrar su rotundo rechazo a las recientes declaraciones del fiscal-jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, en las que acusa a las asociaciones de personas usuarias de cannabis de financiarse con el tráfico de estupefacientes y de funcionar en base a una trampa legal.

Los medios de comunicación no son el lugar donde un fiscal debe realizar sus acusaciones. Si tiene cargos concretos contra alguna persona o entidad, debe presentarlos en el juzgado correspondiente y no en una rueda de prensa, criminalizando públicamente a cientos de entidades legalmente constituidas, muchas de las cuales, tras pasar bajo la lupa del sistema judicial, disponen de licencia de actividad y personal contratado, pagan impuestos, realizan actividades de prevención de riesgos, y evitan que miles de drogas y un largo etcétera tan efímero como el vacío legal en el que operan estas asociaciones. Una situación que está creando agravios comparativos de manera totalmente arbitraria y que está mermando la aceptación social que el modelo de asociaciones Cannábicas había avanzado en los últimos años.

La Generalitat de Catalunya tiene desde hace meses sobre la mesa el Modelo de Buenas Prácticas presentado por las federaciones Catalanas de asociaciones cannábicas y que contextúa desde el cultivo a la distribución, pasando por los libros de registros o los horarios de apertura. Sendos modelos de regulación se fundamentan como una guía práctica para el correcto uso del Modelo Cannabis Social Club (CSC). Somos una realidad social, queremos funcionar bien y haremos todo lo que haga

personas alimenten el mercado negro.

Hace muchos años que desde la FAC reclamamos en todos los ámbitos una regulación clara del uso, posesión y autoproducción de cannabis, algo que aún no hemos conseguido a pesar de que hace ya casi cuarenta años que el consumo está despenalizado. Es ahora cuando, gracias al debate iniciado en el Parlamento Vasco a petición de nuestra federación, se comienza a oír a todas las partes implicadas para tratar de acabar con lo que casi todo el mundo (excepto la fiscalía antidroga) considera un vacío legal que lesiona derechos de personas que no cometen delito alguno. El señor Noreña afirma que la existencia de los Clubes Sociales de Cannabis se basa en “una trampa”, ignorando olímpicamente las decenas de resoluciones judiciales que avalan su existencia. Es más, en la gran mayoría de esos casos la fiscalía no presentó recurso en su día, a pesar de que se produjeron después de que el actual fiscal-jefe, señor Noreña, tomara posesión en 2006. Así que si su intención es estar “muy atentos” a lo que hacen las asociaciones, y si tan seguros están de que las actividades de éstas son delictivas, una de dos: O el señor Noreña falta para ello. Des de hace demasiado tiempo esperamos la respuesta de la administración. Mientras tanto, somos nosotros los que sufrimos inseguridad y ataques policiales, en muchos casos, arbitrarios.

Lamentablemente, muchas de estas asociaciones no saben cómo denunciar públicamente los abusos de autoridad que reciben por parte de la administración y esta situación hace que muchas de estas intervenciones queden en el anonimato y sin respuesta por parte del Colectivo Cannábico. Una situación que debe cambiar. No podemos quedarnos impasibles ante la situación de inseguridad que sufrimos y tenemos que buscar la fuerza unitaria para contrarrestar las difamaciones e imputaciones a las que se enfrentan las diferentes asociaciones Cannábicas.

no ha hecho bien su trabajo en estos últimos años o sus afirmaciones no son ciertas. La fiscalía solo es la parte acusatoria de un proceso judicial, no la encargada de resolverlo, prerrogativa que corresponde a jueces y magistrados. Cada vez resulta más evidente que, mientras que la visión de la magistratura sobre el cannabis y su uso ha ido evolucionando en consonancia con la realidad social, la de la fiscalía antidroga permanece inamovible y ajena al sentir de la mayoría. Es necesario resolver cuanto antes ese divorcio que lleva a que la fiscalía a clame una y otra vez pidiendo unos castigos que los jueces no parecen dispuestos a imponer. No olvidemos que esa falta de sintonía se traduce en detenciones, incautación de bienes, destrucción de cosechas, y apertura de expedientes judiciales que no conducen a nada, lo cual acarrea un daño innecesario a las personas implicadas y un coste inasumible para el conjunto de la sociedad.

Entendemos que se establezcan límites y controles sobre las actividades de los Clubes Sociales de Cannabis, de hecho eso es lo que venimos reclamando durante años desde la FAC. Buena prueba de ello es que los clubes integrados en nuesDesde hace meses, la Federació d’Associacions d’usuaris de Cànnabis de Catalunya (CatFAC) está recopilando esta información e intentando ponerse en contacto con las entidades afectadas, una labor que se hace complicada al encontrarnos sin medio de comunicación o con la opacidad de estas entidades de las que no se tiene ningún conocimiento. Esta situación agrava la inseguridad de estas y otras asociaciones que sin estar afiliadas a ninguna Federación creen que están indefensas ante esta situación.

Los problemas de la comunidad Cannábica son problemas para todos y no podemos continuar con los brazos cruzados ante esta situación. Desde la CatFAC se lanza un llamamiento a todas la asociaciones que están sufriendo la persecución política y policial a denunciar esta actitud poniéndose en contactó al correo CatFAC@CatFAC.org, explicando la situación en la que se encuentran y intentar entre todas/os crear un grupo de presión que acabe con esta caza de Brujas de un modelo que está siendo aceptado a nivel internacional como una buena forma de regulación del consumo de Cannabis. Un proceso que ya es imparable.

tra federación tienen su propio código de autorregulación, que ya ha sido propuesto a diferentes instituciones para su aplicación general mediante las necesarias reformas legales. En la FAC no tenemos nada que esconder y no le tenemos miedo a la lupa de nadie. Actuamos de buena fe y a cara descubierta, así que es muy fácil localizarnos e intervenirnos. Lo difícil es acabar con las mafias y con el mercado clandestino, un terreno en el que los resultados de las actuales políticas son nulos, si no contraproducentes.Sobre la mesa hay dos propuestas para reducir el mercado ilícito de cannabis. Por una parte tenemos la vía represiva clásica, que es la que nos propone la fiscalía antidroga, cuya carestía, ineficacia y abundantes efectos secundarios indeseados son de sobra conocidos. Por otra parte, tenemos el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis, una experiencia novedosa que deja al mercado ilícito sin sus potenciales clientes, generando puestos de trabajo y recaudación de impuestos, y que permite un equilibrio razonable entre los derechos de las personas usuarias y no usuarias, a la vez que dificulta el consumo por parte de menores.

Cuando algo no funciona, hay que arreglarlo, y las políticas sobre drogas son un claro ejemplo de ello. Si el fiscal antidroga no es capaz de ofrecer a la sociedad los resultados que se esperan de él, lo lógico es debatir sobre formas alternativas de hacer las cosas. Y lo razonable es que ese debate sea asumido por las instituciones democráticas, como el Parlamento Vasco. Lo que no es razonable, como decía Einstein, es pasarse la vida haciendo siempre lo mismo y esperar conseguir resultados diferentes.

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