Guerrero pide a Alaya que se oponga al despiece del caso ERE Sostiene que los delitos que se le imputan está enlazados “inexorablemente” con actuaciones de “aforados y del Parlamento”
La petición de la Fiscalía Anticorrupción de que la causa de los ERE se divida en piezas separadas, reiterada en el escrito de finales de noviembre en el que se demandó además que la instructora Mercedes Alaya elevara una exposición razonada al TSJA sobre la participación de los aforados regionales, ya tiene réplica oficial. Fernando de Pablo, abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ha solicitado a la jueza que se oponga a la demanda del Ministerio Público al entender que la escisión del caso “no es ajustada a derecho”. En un prolijo documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, De Pablo plantea seis alegaciones que arrancan con la convicción de que “la conexión de los delitos que se imputan, están enlazados inexorablemente, con las conductas y actuaciones tanto de los aforados como del Parlamento”. A su juicio, sería imposible, “la comisión de los supuestos delitos” que se le atribuyen a Guerrero si no existiera una “norma habilitante ni actos anteriores, coetáneos o posteriores que permitieron su comisión”. “Que se considere lícita la actuación en su día de los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en su conformidad a las modificaciones presupuestarias o a la aprobación de los PAIF –Programa de Actuación, Inversiones y Financiación- del IFA-luego agencia IDEA, ambos actuaron como cajas pagadoras- estaría legalizando la actuación de mi representado”, sostiene el letrado. Y añade que, de no haberse dado el visto bueno el mencionado PAIF, “nunca hubiese sido posible ejecutar lo dispuesto en los convenios de los años 2000 y 2001, suscritos por el IFA y los consejeros correspondientes” y no se hubiesen producido pagos “a los beneficiarios de las ayudas individuales, de conformidad con lo ordenado” en aquellos acuerdos. De Pablo defiende que existe un “comportamiento interdependiente entre todos los órganos y personas implicadas en el proceso, en acciones y gestiones provistos de legalidad parlamentaria y administrativa”, por lo que “tratar de que sea enjuiciado un acto” de su cliente “deberá llevar inexorablemente unido el conocimiento de todos los actos anteriores que lo permitieron”. A ello suma que de no aceptarse que es imposible analizar causas o comportamientos aislados, se estará infringiendo, en especial a los no aforados, “sus derechos básicos a un proceso con todas las garantías, del que sí disfrutarán los aforados” señalados, entre ellos los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, “cuyos jueces conocerán de sus comportamientos y del de los no aforados”. Como tercer argumento, el representante legal de Guerrero arguye que “una aplicación en toda su extensión del principio de división” del caso supondrá que “el juez penal o el órgano predeterminado por ley como natural se altera o incumple, pues tras la instrucción la causa quedara repartida”. “Si la actuación de los sujetos es la misma, pero sus nombres distintos, ¿en virtud de qué norma y derecho material –se pregunta- será juzgada por otro órgano o juez que pueda tener distinta disposición u opinión a la del que debe conocer de la totalidad?”. Y hay más. El despiece del proceso provocaría, a su entender, “una indefensión absoluta” de los imputados. ¿Por qué? Explica que Alaya pidió a las partes personadas “desde el primer momento” que no presentaran alegaciones o pruebas. Una “posición pasiva solicitada por la jueza” que “aún hoy continua” y que “supone una situación de condena social y mediática que se pudo haber evitado y una imposición de medidas