COMUNICADO DE PRENSA 05 de agosto de 2016
Señores Plan V Sobre la nota “periodística” publicada en el portal digital Plan V, bajo el título “La CIA en el Ecuador, el reportaje televisivo que nadie admite haber creado”, me permito hacer las siguientes aclaraciones y consideraciones, basado en la audaz descontextualización y maliciosa interpretación que se realizó sobre mi versión de los temas descritos en el texto. La nota, que en la página se ubica dentro del espacio denominado Investigación, no constituye sino una teoría de conspiración que no encuentra sustento ni dato alguno en los cuales asirse. Los anémicos argumentos se aferran a una especulación dada “según una fuente altamente confiable”, con lo que sin rubor quiere hacer pasar como investigación, pero no le alcanza para elevarla al nivel de objetivo-verdad que promete el medio y con la que tampoco aporta, en absoluto, a un debate ni a la “construcción de una sociedad con sólidos valores democráticos, crítica y vigilante”, promesa que se esboza en sus propias páginas como compromiso con sus lectores. Una simple búsqueda en el portal de compras públicas desbarata las invectivas travestidas de información que propone la nota. Detrás de cifras y copias textuales de párrafos de documentos precontractuales sacados de contexto, se esconde una práctica más cercana a la diatriba que al periodismo. Así, por ejemplo, no es cierto que la productora “cobró 718.265,28 dólares por una serie de documentales históricos”, como ya lo manifesté telefónicamente. La información subida al portal, a la que la periodista hace referencia como ‘verificada’, se refiere a los pliegos del proceso, en los que dentro de un contrato paraguas los pagos se producen de manera mensual y contra entrega de productos o servicios. Por tanto, es imposible jurídicamente que se le haya
cancelado a la productora el monto al que se hace referencia. Cabe señalar que la adjudicación de este contrato deviene de un proceso participativo y transparente donde, conforme lo previsto en la Ley, se invitó a tres empresas para que presenten sus ofertas. Fui enfático al señalar en la llamada, o mejor dicho celada telefónica, que la afirmación de que la Secretaría de Comunicación financió el documental transmitido por la cadena Telesur es falsa y temeraria. Sin embargo, llama la atención que la reportera persista en forjar una historia y ampare su fábula en “el resultado de una investigación periodística”. La publicación no cumple presupuestos básicos de verificación, contrastación, precisión y contextualización que le permita demostrar semejante conclusión. De ahí que la nota se enfoca en fraguar supuestas contradicciones donde no las hay cuando, por ejemplo, revela la supuesta “falta de acuerdo” entre el proveedor y yo, sobre el pormenor de los productos entregados hasta la fecha. Es probable que haya dificultad de entregar detalladamente los productos entregados por A o B proveedor en una llamada telefónica sorpresiva e imprevista. Si la verdadera intención era recabar información se hubiese organizado mejor la misma conversación a fin de recopilar los documentos y los datos que permitan a la reportera contrastar con rigor. De hecho, la “entrevista” y transcripción riñe con el ejercicio profesional ético. No se advirtió ni se pidió autorización inicial. Es evidente que existió la voluntad de alterar la esencia de lo dicho o, por lo menos, afectar la imagen y generar sospechas. La puntuación, por ejemplo, no retrata el verdadero sentido y el énfasis de lo dicho. Las prácticas que en el telón de fondo buscan legitimar meras presunciones, más aún motivadas por animadversiones al actual Gobierno, no pueden auto catalogarse como periodismo investigativo. Solo son libelos que confunden e insultan al oficio.