Quito, 05 de agosto de 2016
Señores Plan V Sobre la nota “periodística” publicada en el portal digital Plan V, bajo el título “La CIA en el Ecuador, el reportaje televisivo que nadie admite haber creado”, me permito hacer las siguientes aclaraciones y consideraciones basadas en la audaz descontextualización y maliciosa interpretación que se realizó sobre mi versión. La nota, ubicada dentro del espacio de “investigación”, se constituye en una teoría de conspiración que ni encuentra sustento ni dato alguno, en los cuales asirse. Los anémicos argumentos solo se aferran a una especulación: “según una fuente altamente confiable” que, sin rubor, quiere convencer a lectores incautos de un supuesto hallazgo pero no lo logra y no le alcanza para elevarla al nivel del periodismo de revelación-verdad que promete el medio y con la que tampoco aporta, en absoluto, a un debate ni a la “construcción de una sociedad con sólidos valores democráticos, crítica y vigilante” promesa que se esboza en sus propias páginas como compromiso profesional. Una simple búsqueda en el portal de compras públicas desbarata las invectivas travestidas de información que propone la nota. Detrás de cifras y copias textuales de párrafos de documentos precontractuales sacados de contexto, se esconde una práctica más cercana a la diatriba que al periodismo. Así por ejemplo, no es cierto que la productora “cobro 718.265 USD por una serie de documentales históricos” como ya lo manifesté telefónicamente. La información subida al portal, a la que la periodista hace referencia como “verificada”, refiere a los pliegos del proceso, en los que, dentro de un contrato transparente y prolijo, los pagos se producen de manera mensual contra entrega de productos o servicios; por tanto, es imposible jurídicamente que se le haya cancelado a la productora el monto al que se hace referencia. Cabe señalar que la adjudicación de este contrato deviene de un proceso ejecutado al tenor de lo que manda la ley. Fui enfático al señalar en la llamada, o mejor dicho celada telefónica, que la afirmación de que la Secretaría de Comunicación financió el documental transmitido por la cadena Telesur es falsa y temeraria. Sin embargo, llama la
atención que la reportera porfíe en fraguar una historia y ampare su fábula en “el resultado de una investigación periodística”. La publicación no cumple presupuestos básicos de verificación, contrastación, precisión y contextualización que permita demostrar semejante conclusión. De ahí que la nota se enfoca en forjar supuestas contradicciones donde no las hay cuando, por ejemplo, revela la supuesta “falta de acuerdo” entre el proveedor y yo, sobre el pormenor de los productos entregados hasta la fecha. Es probable que haya dificultad de entregarlos con detalle en una telefoneada sorpresiva e imprevista, sin embargo, si la verdadera intención era recabar información se hubiese organizado mejor la misma conversación a fin de recopilar los documentos y los datos que hubiesen permitido a la reportera contrastar con rigor. De hecho, la “entrevista” y transcripción contraría la ética del ejercicio profesional. No se advirtió de grabación ni se pidió autorización al inicio de la llamada y es evidente que existió la voluntad de alterar la esencia de lo dicho o, por lo menos, afectar la imagen personal y generar sospecha. La puntuación, por ejemplo, no retrata el verdadero sentido y el énfasis de lo dicho. Estas prácticas que en el telón de fondo buscan legitimar meras presunciones, más aún motivadas por animadversiones al actual Gobierno, no pueden auto catalogarse como periodismo investigativo. Solo son libelos que confunden e insultan al oficio.