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Presentación La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República es la institución del Organismo Ejecutivo rectora del tema agrario, con énfasis en la articulación de la política agraria, así como la resolución y transformación de conflictos relativos a la tierra. El fin de nuestro trabajo es contribuir al Desarrollo Rural Integral con pertinencia cultural y equidad de género. En este sentido presentamos a la sociedad guatemalteca el segundo número del Boletín Perspectiva Agraria como aporte al diálogo democrático en torno a este tema que es fundamental para el desarrollo del país. La Dirección de Investigación y Análisis de la Secretaría, a instancias del Secretario de Asuntos Agrarios, ha motivado al personal de las distintas direcciones de esta institución para que utilicen este espacio como un canal para exponer puntos de vista, discusiones, y perspectivas institucionales sobre la problemática agraria en el país. Esperamos que este material sea punto de partida para nuevas reflexiones en los diversos sectores de la población involucrados en el tema, que promueva la discusión conjunta en la sociedad guatemalteca para encontrar caminos democráticos en la solución de la conflictividad agraria y de problemas profundos en el campo guatemalteco como la pobreza, el hambre, la desnutrición y la falta de oportunidades para las mayorías empobrecidas del país.
Ciudad de Guatemala Julio 2013
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Cada Campesino es una Unidad Capaz de Generar Desarrollo Económico, Síntesis de la Memoria de Labores 2012 de la SAA Dirección de Comunicación Social
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Gracias a la Secretaría de Asuntos Agrarios por apoyarnos con nuestras escrituras ya que llevamos más de 15 años viviendo en nuestra comunidad pero nunca lo habíamos logrado, gracias por apoyarnos con todo el estudio sin cobrarnos ningún solo centavo, mis hijos tendrán una herencia en la cual no derramaran más sangre por luchar en donde vivir y cosechar”, expresó Miriam Elisa Sabuc de la comunidad Santa Teresita. Con este tipo de acciones logramos que muchas familias estén tranquilas sobre su certeza jurídica de la tierra. El trabajo realizado en la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- está basado en sus dos objetivos: Desarrollar y articular el ciclo de la Política Agraria y fortalecer mecanismos para la prevención y resolución de conflictos sobre la tierra. El desarrollo rural integral y sostenible es uno de los cinco ejes priorizados en la agenda programática del gobierno de la República. Es por ello que la Secretaría de Asuntos Agrarios ha sido parte fundamen-
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tal del proceso para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), Acuerdo Gubernativo No. 1962009. Esto ha permitido promover el impulso de la Economía Campesina, así como
el objetivo de inclusión social. Además se participó en la creación de la Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales, permitiendo incidir, a través de cabildeos, en acciones opcionales de negociación que generen verdaderas oportunidades en la población rural. La inversión privada es necesaria para el desarrollo rural integral, pero para atraerla es necesario reducir la conflictividad y generar un marco que garantice sostenibilidad social y ambiental. De un estado de confrontación en los temas rurales-agrarios se logró generar suficiente legitimidad institucional para la conciliación, que ha originado diálogos y soluciones pacíficas a 386 casos de conflictos agrarios, de 1,304 que están actualmente en proceso, lo que permitió beneficiar a 124,505 personas. En estos conflictos estaban involucradas 42,806.81 hectáreas de terrenos en disputa. En esta misma línea se benefició a 111 familias con la entrega de certeza jurídica sobre sus tierras con una finca de 11 caballerías en el Petén. Además se sostuvo la atención a 12 mesas de diálogo y conciliación con organizaciones campesinas e indígenas, para la pronta resolución de conflictos de alto Impacto, promoviendo la cultura de diálogo y paz para evitar confrontación entre las partes. Entre los casos atendidos está el de la Comunidad Nueva Esperanza en Petén, cuyos habitantes estaban ubicados en la franja fronteriza entre Guatemala y México, lo que generó conflictividad internacional durante el gobierno anterior. A través de la aprobación de mecanismos diferentes de diálogo y proceso de restablecimiento histórico se dio respuesta a los compromisos adquiridos en la marcha campesina, específicamente los casos de Santa María Xalapán, en Jalapa, Sierra Chinajá en
Chisec, Alta Verapaz, regularización de tierras en la reserva de la Biosfera Sierra de las Minas, El Regadillo en El Quiché y conflictos del Valle del Polochic. En esta última región se ha dado inicio al Plan de Desarrollo Territorial del Polochic con la expectativa de crear un crecimiento económico de esa región. También se diseñó y formuló el borrador de la Política Agraria 2012-2016, una propuesta alineada a la Constitución Política de la República, al espíritu y contenido de los Acuerdos de Paz y al Plan para Activar y Adecuar la PNDRI. El marco estratégico institucional de la SAA está basado en el sistema de gestión por resultados; donde sus orientaciones estratégicas van en línea a erradicar la pobreza extrema y el hambre; promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer; así como garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y cumplir con los objetivos de Gobierno, expresados en Pactos Nacionales y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral.
Enfoque de la resolución en conflictos con alto significado social A través del mecanismo de negociación y conciliación se previó que la resolución de conflictos agrarios incluyera componentes de orden cuantitativo, es decir que se atienda la resolución, por una parte sobre la cantidad importante de casos que han sido ingresados a la SAA; y por otra, que sean abordados de manera sistemática conflictos considerados como de alto significado, en términos sociales. Dentro de estos casos se atendió el reclamo de derechos históricos de tierras indígenas, comunidad Xinca de Santa María Xalapán,
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Jalapa; se produjo la reubicación de una comunidad ubicada en área protegida: Nueva Esperanza, La Libertad, Petén; también se atendieron conflictos en la región del Valle del Polochic, Alta Verapaz, en torno al caso Chabil Utzaj y comunidades de Panzós, Alta Verapaz. Por otro lado se concluyó la regularización de tierras a trece comunidades beneficiadas de la sierra Chinajá, Chisec y Raxruhá, Alta Verapaz. 15 comunidades iniciaron trámites ante el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), para que se les regularizara el polígono que ocupa cada una de ellas. De las 15 comunidades, la comunidad Cerro Lindo fue reubicada a través del Departamento de Atención a Crisis de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) por lo que el proceso de regularización se concluyó para las 14 comunidades. Con la comunidad Valle Ver-
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de-Cerro Alto se firmo un convenio de convivencia pacífica continuando el proceso de Regularización. Se realizaron 64 acciones en referencia a la Asistencia Legal Gratuita a comunidades en conflicto. Cabe resaltar que en el año 2012 se realizaron 28 talleres de socialización de Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, orientados a la prevención de conflictos, en las 19 oficinas regionales, involucrando a 4,200 personas. En el año 2012 ingresaron 455 casos de conflicto agrario, en los cuales están inmersas 73,223 personas. El departamento con mayor cantidad de casos ingresados es Petén con 130, luego el Quiché con 75 y Alta Verapaz con 67 casos. El área que ocupan los casos ingresados, en hectáreas, asciende a 172,242.04. Los casos
atendidos en áreas protegidas fueron 188, con 185,715 personas involucradas y el área que ocupan estos conflictos es de 49,836.52 hectáreas. En el ámbito de cooperación y coordinación interinstitucional durante 2012, se realizaron diversos convenios. Entre los más representativos están los establecidos con 9 municipalidades de la Región del Valle del Río Polochic, cuyo objetivo es desarrollar acciones conjuntas en áreas relacionadas con el enfoque de Desarrollo Rural Integral. En este marco se alcanzaron resultados tales como: a) Asistencia técnica a las municipalidades en la atención especializada a la conflictividad agraria e implementación del catastro, tal el caso del municipio de Panzós, Alta Verapaz; b) Inicio del diagnóstico institucional con el fin de vincular y articular los esfuerzos hacia los logros del Pacto Hambre Cero / Desarrollo Rural Integral, municipal y regional. Otra acción de coordinación interinstitucional de relevancia fue la llevada a cabo con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con quien se desarrollaron actividades conjuntas en los ámbitos agronómico y agrario, realizando 4 investigaciones a profundidad, siendo estas: •
“El colonato y su impacto en el desarrollo rural integral y la economía campesina”;
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“El fomento de la economía campesina como parte integral del desarrollo rural integral”;
•
“Legislación estatal de apoyo al sector agroindustrial durante las últimas cuatro décadas”,
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“El impacto del programa de bono del fertilizante, en los esfuerzos de mejorar la economía familiar, la economía campesina y el desarrollo rural integral”.
Estudios base para la generación de propuestas de políticas agrarias, para la reorientación y apoyo a la economía campesina y al desarrollo rural integral. En la eficiencia en el Gasto, el Ministerio de Finanzas Públicas para el funcionamiento del programa sustantivo que ejecuta la Secretaría de Asuntos Agrarios, asignó un techo presupuestario de Q42,043,989.00, de los cuales fueron transferidos Q4,000,00.00 a FONAPAZ para completar la adquisición de las fincas (693, 114, 1, 439), folios (52, 48, 45), libros (5, 31, 13) en el municipio de Flores del departamento de El Petén. Se transfirieron también Q1,663,487.00 al Ministerio de Finanzas Públicas para la reconstrucción a causa de los daños ocasionados por el terremoto del 7 de noviembre de 2012. En razón de lo anterior, el presupuesto vigente para el año 2012 fue de Q36,380,502.00, de los cuales se ejecutaron Q35,536,145.79, lo que constituye el 97.68%.
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Lecciones de la Mediación y Conciliación Miguel Ángel Cardona
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Dirección de Investigación y Análisis
a mediación en varios países de Latinoamérica se ha convertido en una práctica común en diversos ámbitos. Incluso algunas instancias promueven su democratización en las instituciones socializadoras como la Familia, la Escuela y la Comunidad. Entendiendo la mediación como un proceso de diálogo voluntario, en donde un tercero imparcial y neutral colabora en un conflicto, con el propósito de ayudar a que las partes involucradas encuentren una solución que satisfaga la mayor parte de sus intereses y necesidades; es importante tener claridad que con la complejidad de los conflictos agrarios, el mediador está obligado a conducir una mediación de contenido, sin descuidar la relación entre las partes y no solamente una mediación procesal.
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En otras palabras, para que un mediador en conflictos agrarios tenga éxito en soluciones sostenibles, es necesario que conozca y analice los distintos aspectos que influyen en la controversia, por ejemplo la historia del conflicto, aspectos socioeconómicos y culturales de las partes, aspectos técnicos y legales con los cuales las partes respaldan su derecho; esto, únicamente con el propósito que la información sea utilizada como insumo para orientar el proceso hacia el rumbo correcto y que la solución acordada
por las partes además de ser legal sea justa. La experiencia de la Secretaría de Asuntos Agrarios ha demostrado que si las partes no se preparan de manera adecuada para un proceso de mediación, donde ellas tengan el poder de decisión sobre la mejor solución, siempre esperarán que la tercera persona que les ayuda a resolver su controversia, les proporcione las alternativas y luego las propuestas de solución, lo que implica pasar a un proceso de conciliación. El conciliador y el proceso en sí, tiene la ventaja que con el conocimiento de los distintos aspectos que influyen en el conflicto, el conciliador puede presentar la mejor propuesta que satisfaga la mayor parte de intereses y necesidades de las partes, además que la misma sea justa y legal; sin embargo si no se prepara la propuesta con la participación activa de cada uno de los actores, se corre el riesgo que al conciliador lo perciban de manera parcializada hacia una de las partes y el proceso puede estancarse o suspenderse. En los procesos de mediación o conciliación de conflictos agrarios, los estudios técnicos y jurídicos que realizan los expertos para establecer a quién le asiste un mejor derecho desde el punto de vista legal, son de mucha utilidad como insumos para que el mediador o conciliador los tome en cuenta en una mesa de diálogo para orientar el proceso; sin embargo debe tenerse mucho cuidado de no utilizarlos de entrada como un medio de prueba si no se han agotado todas las etapas de un método, porque el proceso puede convertirse en una especie de arbitraje informal, sin compromiso de las partes y cualquiera de ellas lo puede rechazar y retirarse de la mesa.
cuenta, sobre todo cuando no se ha tenido la oportunidad de conocer de manera directa cuales son los intereses, necesidades, sentimientos y percepciones de las bases a las que representan, debido a que la información puede ser manejada a conveniencia del representante cuando sus intereses no son coherentes con los de sus bases. Para evitar cualquier manipulación de la información, se sugiere manejar una dinámica de socialización de la información hacia las bases, lo que permitirá a la vez retroalimentar el proceso. Los acuerdos logrados en un proceso de mediación o conciliación, aunque se trate de acuerdos de buena voluntad, es necesario que queden por escrito de una manera clara y concreta, donde se establezcan los compromisos de las partes, los tiempos para cumplirse, las formas de verificar su cumplimiento. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, será necesario formalizarlo mediante un instrumento público que permita darle el soporte legal al acuerdo. Una de las bondades de los procesos de mediación y conciliación, además de la resolución o transformación de los conflictos, es contribuir a fomentar una cultura de diálogo, debido a que de manera paralela son procesos formativos para las partes lo que ayudará a prevenir escaladas violentas en otro tipo de conflictos que surjan.
La legitimidad de la representación de las partes es un factor a tomar muy en
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Economías Campesinas:
Elementos para su comprensión desde La Política Pública Pablo Sigüenza Ramírez
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Dirección de Investigación y Análisis
a estrategia gubernamental de Desarrollo Rural que desde el año 2012 viene siendo la guía para el diseño e implementación de distintos programas gubernamentales, ubica como sujeto priorizado de la acción de las políticas públicas en materia de desarrollo rural, a la economía campesina. La definición que el gobierno utiliza para economía campesina es la siguiente: “La economía campesina es el conjunto sistemático de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que
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conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. La economía campesina es poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas
por los elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades.”2 Esta forma de entender la economía campesina, incluye algunos elementos que, a partir de su compresión, pueden aportar para la acción pertinente y eficiente de cada uno y una de los funcionarios públicos que estamos embarcados en la empresa de apoyar los procesos sociales que generarán una mejora sustancial en las condiciones de vida de la población en el campo guatemalteco; proceso que redundará, sin duda, en el desarrollo nacional en general. A continuación enumeramos estos elementos como puntos de partida para la reflexión y la acción pública: 1. La economía campesina desarrolla un conjunto de estrategias y actividades para generar ingresos económicos, pero también bienes y servicios no monetarizados, que en conjunto, le permiten a la unidad campesina (familia y/o comunidad) su reproducción en la búsqueda de una vida digna. La producción de alimentos es una de las prioridades fundamentales y por lo tanto el necesario vínculo con la tierra. 2. La economía campesina es poliactiva, es decir, desarrolla actividades más allá de la producción de alimentos, tales como diversas agriculturas, comercio, cuidado ambiental, cuidado familiar y comunitario, construcción, servicios en el turismo, confección textil, artesanía, movilidad, participación social, servicios en territorios urbanos, creación artística, etc. 2
3. La economía campesina es diversa y aplica estrategias diferenciadas de región a región. Por ello la política pública no debe ser homogénea ni homogenizante. Ante una realidad compleja y diversa, hay que pensar y actuar de la misma manera para lograr resultados positivos en la intervención de Estado. La política pública debe formularse en base a esa heterogeneidad, con líneas generales desde el nivel central pero con la habilidad de adaptarse a las condiciones territoriales y locales. 4. El componente cultural vinculado a la lógica económica campesina es central: no hay un sentido de acumulación por la acumulación misma. Hay una lógica que asegura, en primera instancia, la alimentación; por ello es imprescindible la producción alimentaria. Luego aparecen las estrategias de diversificación productiva para garantizar ingresos monetarios en función de cubrir el resto de necesidades vitales y las estrategias de vida comunitaria para la protección de la comunidad y el ambiente (el territorio). 5. En las lógicas de acción de la población indígena y campesina se busca el bienestar material y espiritual en armonía con el ambiente y la comunidad. Se aleja de las ideas de desarrollo lineal. No es vivir mejor cada vez más, sino vivir bien siempre. No es vivir mejor que otros ni acosta de otros. Se busca vida digna para todos. 6. La economía campesina se guía por una lógica antirriesgo, por eso diversifica sus actividades, por eso diversifica la parcela y los productos
Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, Acuerdo Gubernativo Número 196-2009.
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que de ella obtiene. “No se ponen todos los huevos en la misma canasta.” 7. En sentido clásico se ha entendido a la economía campesina como economía familiar cerrada, circunscrita a la producción de granos básicos, y aprisionada en el ámbito de la infra y subsistencia. Sin embargo la realidad guatemalteca demuestra que la economía campesina desde la familia tiene un estrecho vínculo con la dinámica comunitaria, por lo que la unidad de aplicación de política pública debe ser la familia en el marco de la comunidad y comprendida en su carácter “poliactivo”. 8. Tanto en el marco familiar como comunitario la política pública debe lograr el empoderamiento de las mujeres como el sujeto clave para darle continuidad y fortaleza a la intervención pública. Pero también bajo el entendimiento de las inequidad actual en el acceso, uso y beneficio de los activos productivos, por lo que las políticas públicas deben generar acciones afirmativas para construir equidad social. 9. La economía campesina se desarrolla en espacios concretos referidos a la tierra, entendida ésta como activo productivo pero también como territorio. Por ello el enfoque territorial en la política es imprescindible al igual que una política agraria que viabilice el conjunto de la intervención pública. 10. La economía campesina se desarrolla en el área rural, en donde la interacción con el ambiente es central en la misma estrategia de vida (uso, cuidado y defensa de los recursos y bienes
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de la naturaleza: “La Madre Tierra”). También se relaciona permanentemente con el mercado, con áreas urbanas, con la institucionalidad del Estado y otro tipo de instituciones, como las iglesias. 11. Hay un gran dinamismo en la economía campesina y sus estrategias. Hay planificación, hay procesos de experimentación, de prueba y error, de relación con múltiples actores. Ese dinamismo es una ventana abierta para la intervención pública efectiva. 12. En el caso de la transferencia de conocimientos, del aprendizaje y de la experimentación en las economías rurales, la metodología de campesino a campesino es fundamental. Generada por el campesinado guatemalteco ha sido apropiada y utilizada por entidades gubernamentales y no gubernamentales de muchos países del continente. Aquí hay otra ventana abierta para la extensión efectiva de la política pública. 13. El fin de la política pública debe ser apoyar el dinamismo y la poliactividad de la economía campesina para hacer viable su anhelo de vivir bien, vivir con dignidad. No buscamos sacar a la población rural de su lógica campesina, no podemos pretender ingenuamente convertir al campesinado en empresario. Al comprender y reconocer esa lógica de vida, la apoyamos y potenciamos desde el Estado. Para la población rural, dejar su condición campesina debe ser una opción en condiciones dignas y no una obligación.
Metodología de Campesino a Campesino El Proceso de Enseñanza - Aprendizaje Carlos Enrique Arriola Avendaño Dirección de Investigación y Análisis
El Escenario Crítico
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l contexto social donde se objetiviza la crisis económica que afecta a la mayoría de la población guatemalteca (desempleo, incremento en el costo de vida, corrupción, baja inversión, etc.), a no dudar, corresponde al escenario donde se reproducen las condiciones de existencia de la población campesina. Varios son los factores que en el agro guatemalteco están agravando considerablemente la sobrevivencia de la población campesina, pues se asiste a una profundización de la pobreza y a la presencia de escenarios de hambruna en algunas localidades de la geografía rural del país. Las dificultades manifiestas para sobrevivir en el campesinado guatemalteco, también
hay que decir, son el resultado de la ausencia de mecanismos de apoyo y de asistencia
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técnica gubernamental. Si bien en el 2009 el gobierno de turno diseñó una política de extensión agrícola, y así revertir la situación crítica que viven los campesinos, lastimosamente no hubo resultados. Lo bueno es que al parecer, las actuales autoridades del MAGA tienen dentro de sus prioridades de trabajo, implementar el extensionismo agrícola, fundamentado en la metodología de Campesino a Campesino, CaC y así coadyuvar a la superación de la crisis por la que transita la población campesina.
Metodología de Enseñanza – Aprendizaje El sistema de extensión rural conocido como de “Campesino a Campesino”, tiene como propuesta básica, el formar, capacitar y visibilizar redes de promotores de desarrollo rural, para que por medio de escuelas móviles de capacitación campesina, logren promover, sensibilizar y generalizar, la adopción de actividades y prácticas agrícolas sostenibles en las comunidades que se encuentran en pobreza y extrema pobreza. La propuesta metodológica de CaC se basa en la implementación de giras de intercambio de experiencias y conocimiento, donde grupos de campesinos experimentadores de técnicas de producción sostenibles y validadas en sus propias parcelas, transmitan y muestren a los campesinos visitantes, los sistemas de producción agrícolas sostenible, como por ejemplo: el tratamiento de lo suelos para optimizar los rendimientos a alcanzar (conservación, reconstrucción y fertilidad); el tratamiento de la cubierta vegetal; las implicaciones que arrastra el uso intensivo de insumos ex-
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ternos, habitualmente químicos, causantes de dependencia; así como también, los rendimientos alcanzados en las prácticas agrícolas. El objetivo es hacer conciencia en los campesinos, tanto en lo individual como grupal, de la importancia, utilidad y beneficio de la aplicación de tecnologías de producción sostenible y metodologías participativas, pilares para una nueva propuesta de desarrollo rural.
La Horizontalidad de la Metodología de Campesino a Campesino La didáctica utilizada en la Metodología de CaC, parte de la Horizontalidad para hacer eficiente y eficaz el proceso de enseñanza – aprendizaje, facilitando los procesos de comunicación entre los campesinos beneficiaros. Su efecto, el fortalecimiento de las capacidades para innovar en las actividades agrícolas; alcanzar incrementos en la productividad agrícola y pecuaria; así como también, el fomento de procesos de organización social de los campesinos, quienes por lo general tienden al aislamiento, efecto de la naturaleza y la forma como reproducen sus condiciones de vida en sus fundios. Técnicamente, CaC parte de la experimentación y la validación que realizan los campesinos de los procedimientos aprendidos y aplicados por medio del método de aprendiendo-haciendo, condición sine qua non para transferir las metodologías empleadas y la masificación de conocimientos a otros campesinos de la comunidad, y si fuera el caso,
a grupos de campesinos de otros lugares. De esta cuenta, se reconoce que la experimentación de prácticas campesinas, es el instrumento fundamental para generar conocimientos; como también para articular redes de campesinos experimentadores, lo que se deslizará hacia la formación de centros de capacitación campesina. Por otro lado, la metodología de CaC adiciona el Sistema de Escuelas Móviles de Capacitación Técnica y Práctica a las parcelas que en su momento recurren a la implementación de metodologías sostenibles, basadas en los principios de iniciar el proceso de aprender haciendo. Son las aulas y el pizarrón utilizados para compartir experiencias, explicar procesos de trabajo a campesinos; y quienes reúnen capacidades pedagógicas y manejo metodológico, se deben de convertir en formadores y capacitadores, garantizándose la sociabilización de lo aprendido. La metodología de CaC, implicaría una modalidad formación y capacitación completamente funcional y de bajo costo. Sin lugar a dudas, ideal para aplicar en el medio rural guatemalteco, dadas las condiciones de existencia y sobrevivencia que presentan gruesos segmentos de población campesina, quienes además son los más afectados por la crisis que el país vive, y por lo mismo, son los que demandan con urgencia soluciones reales a sus necesidades de subsistencia. Es importante señalar que puesta en marcha la capacitación, hay que implementar planes de seguimien3
to de dichas capacitaciones técnicas a través de giras de trabajo y así evaluar el impacto que entre los beneficiarios tiene en cada momento la Metodología de CaC. Ese seguimiento debe ser responsabilidad de los promotores, previa identificación de las parcelas campesinas, de grupos comunitarios y de organizaciones de campesinos, siempre y cuando formen parte de los procesos de capacitación técnica establecidos.
Campesino a Campesino como movimiento de Extensión Agrícola Los éxitos que se han obtenido en distintos lugares por la aplicación de la Metodología de Campesino a Campesino, se fundamenta en su originalidad, en la naturaleza de sus fundamentos y desde luego, en un concepto de desarrollo que va más allá del hecho de hacer productiva la parcela campesina. De aquí que el fundamento básico sobre el cual se sustenta toda posibilidad de hacer efectiva la metodología, se cimenta en la noción que se trata de una metodología horizontal inductiva; quiere decir que el proceso de enseñanza – aprendizaje, parte de lo sencillo a lo complejo, de lo pequeño a lo grande y de lo esencial a lo sistemático.3 La Metodología de CaC es el movimiento de extensión agrícola donde los propios campesinos se vuelven los protagonistas principales, pues la extensión es impulsada por ellos mismos. El basamento de la metodología parte del principio cosmogónico de ver y sentir a la
Roberto Muj, Metodología de Enseñanza – Aprendizaje “Campesino a Campesino” y las tecnologías de Agricultura Sostenible en Centro América.
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tierra como sagrada y, por consiguiente, como un ser vivo. Sus principios básicos se resumen de la siguiente manera: 1. La tierra no se cansa, quienes nos cansamos somos nosotros. 2. No hay tierra mala, más bien la tierra es sagrada. Lo que se necesitan son técnicas o “mañas” en el manejo de los recursos y mejorar su productividad. 3. El método tiene sus limitaciones pues no ofrece milagros. No concuerda trabajar con los principios de la Cero labranza a base de fuego, herbicidas, semillas transgénicas y fitohormonas. Tampoco puede concebirse un cambio sin el uso de alguno insumo externo, pues sería como generar cambios de la nada. 4. El suelo es un ser vivo. Y como tal se le debe nutrir para que a su vez alimente a las plantas y éstas a las personas y los animales.4 Los aspectos sobresalientes donde se asienta la práctica del proceso, son los siguientes: a) Técnicos agrícolas facilitan el desarrollo de las capacidades a técnicos campesinos; b) Técnicos campesinos dan capacitación a otros campesinos locales; c) Campesinos locales dan capacitación a más campesinos de la región; 4 5
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Ídem. Ídem.
d) Se aprende haciendo, con el 80% de la práctica y 20% de la teoría; e) Se trabaja en el “pizarrón de la realidad” donde el productor cumple una función de instructor compartiendo su experiencia agricultura convencional-destructiva, a la Propuesta de Agricultura sostenible con enfoque basada en la salud, seguridad y soberanía alimentaria; f ) Las palas, azadones y machetes son las herramientas para el diseño y ordenamiento de la parcela, la vivienda, los animales y el bosque energético; y, g) La experimentación campesina empieza en pequeño, pero no se queda en pequeño, pues se trata de minimizar costos y reducir riesgos de fracaso.5
Modelos de Gestión Pública Alternativos: La Nueva Arquitectura Estratégica de la Secretaría de Asuntos Agrarios Juan Antonio Fernández Gamarro
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Dirección de Planificación y Programación
as funciones generales del Estado indican que la expansión de éste y sus grados de especialización responden a diversos momentos en los cuales se busca dar respuesta a los problemas y necesidades de la sociedad.6
Por tanto, dentro de un sistema democrático la legitimidad de la acción estatal es producto por una parte del resultado electoral y plan de gobierno; y por otra, de los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado. Todo ello es reforzado a traves de políticas concretas diseñadas desde el aparato del 6
Estado y dirigidas por la administración del gobierno. Para comprender las políticas públicas, como acción estatal, se precisa identificar a su vez, las normas de conducta de la administración pública profundizadas desde la
Faletto, Enzo. Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2009. p. 192.
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Eugene Saumier opina que los principales resultados negativos fueron la significativa y muchas veces continua reorganización del gobierno, conduciendo a una inestabilidad administrativa, una prolifeEntretanto, contrario al arquetipo preponración de entidades, y un aumento subsderante, los Acuerdos de Paz (AP) procuran ampliar las competencias de Estado por la tancial de personal dirigente, muchas vía del aumento en los servicios sociales, la veces con un costo administrativo signifiinversión pública, la justicia social y la orien- cativo y con un costo humano traducido tación del desarrollo. Una de las responsa- en la baja moral de la función pública, bilidades asumidas, fue la creación de una inestabilidad laboral, porcentajes elevadependencia con cobertura nacional y én- dos de enfermedad por razones de stress, fasis en la resolución de conflictos sobre la una brecha cada vez mayor entre salarios tierra;10 institución que daría origen a la Se- del sector público y privado, pocos estucretaría de Asuntos Agrarios. diantes universitarios buscan una carrera en el gobierno y bajo nivel de compromiEl cumplimiento de los AP encontrarían en so.11 última década del siglo XX en torno al paradigma de mercado, extendiendo la “notción de empresa privada de negocios” como modelo único.7
el modelo de gestión privada, su principal limitante; el cual como sustenta Faletto, con frecuencia ha buscado reproducir en el aparato público, los objetivos, estrategias básicas, tecnologías de organización y en general todo el estilo privado.9 Para el caso de la resolución de conflictos sobre la tierra, hasta finales del ejercicio fiscal 2011, este modelo se hizo ver mediante la priorización de los resultados de cantidad; es decir los conflictos entre particulares fueron más importantes para la institución, que aquellos conflictos de alto significado social.10
El hecho concreto es que la aplicación de estos mecanismos de mercado en el ámbito público (del ingl. Market Type Mechanism, MTM), ha significado que las rutinas de funcionamiento, mecanismos de evaluación de gestión, los sistemas de información y otros, responden a lógicas privadas y que muchas veces no corresponden a los requerimientos públicos.
Al mismo tiempo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que América Latina y el Caribe se enfrentan a una crisis de magnitud global, con un costo grande y, lo más
ibid. pp. 192-193. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, 1996. Guatemala. Guatemala: Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 2011. Faletto, Enzo. Op. cit. p. 193. 10 Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Plan estratégico por resultados 2012-2016: Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. Guatemala: Dirección de Planificación y Programación. Autor. 2012. p. 36. 11 Corte-Real, lsabel. Os serviços públicos na Europa, Síntese de Tendências e modelos. Texto de apoio para o módulo Análise comparativa de culturas e modelos Administração Pública. Manuscrito no publicado. Portugal: Escola iberoamericana de Administração e Políticas Públicas/Instituto Nacional de Administração. 2008. p. 6. Traducción de Juan Antonio Fernández Gamarro. 12 ibid. p. 3. 7 8 9
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Para Corte-Real, hoy día existen presiones de cambio en la Administración Pública. En primer lugar, los ciudadanos expresan cada vez más su afán por servicios públicos de calidad; así mismo, la sociedad de la información y las nuevas tecnologías imponen desafíos a partir de nuevos procedimientos, que a su vez requieren recursos humanos con mayores competencias; y finalmente argumenta existe un problema generalizado de escasez de recursos financieros y presupuestarios.12
probable, es que su distribución sea desigual. Siendo el canal de transición de los efectos reales: el desempleo y la informali• dad, como condicionantes que deterioran la situación de grandes grupos de la población, afectando en primer lugar a • los más vulnerables; y cuyo corolario es, la crisis alimentaria mundial sentida a partir de 2008.13 Los tiempos de crisis económica y financiera mundial, han sido momentos de profunda reflexión para científicos sociales, Organizaciones Internacionales y Estados, puesto que han cuestionado muchas ideas que hasta ahora gozaban de aceptación, iniciado una serie de reacomodos y re-direccionamientos sobre el papel de la Administración Pública y el Estado.14 Corte-Real, manifiesta que las tendencias de cambio y reforma en la administración pública están orientadas de manera general hacia los siguientes tópicos: •
Reforma financiera del Estado, en el sentido de presupuestos de programas y actividades en función de resultados.
•
Reforma de las estructuras con múltiples líneas de tendencia.
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Reforma de los Recursos humanos,
orientados a contrariar la rigidez de los regímenes de carrera estatutarios, introduciendo flexibilidad de gestión. Iniciativas de Calidad y enfoque en el ciudadano. Reformas de los procesos de gestión y procesos de trabajo, con predominio hacia la desreglamentación y simplificación legislativa.15
Así para 2012, el gobierno de Guatemala promovió la implementación del enfoque de Gestión por Resultados en la Administración Pública, entendido como una “…estrategia centrada en el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles en los resultados del país…” de esta manera se busca que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía por medio de la mejora continua en la entrega de productos y servicios.16 Entretanto, la SAA inicia una modernización administrativa, redefiniendo y enfocando su estrategia y objetivos hacia la persona como fin último de su actuar, a quien se ha denominado sujeto priorizado; de esta manera se busca trascender desde la mera finalización de “casos”, hacia procesos de resolución que estén orientados en función de aquellos conflictos con un alto significado en términos sociales.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. The Global Financial Crisis: Social Implications for Latin America and the Caribbean. Manuscrito no publicado. Basado en la presentación de la Directora Regional, Rebeca Grynspan, en el Foro “The Global Financial Crisis: Implications for Latin America”, organizado por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson y el Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard. Washington: Actualización de la crisis (2). 2009. p. 6. Traducción de Juan Antonio Fernández Gamarro. 14 Stiglitz, Joseph E.. El camino escabroso hacia la recuperación. Recuperado el 14 de mayo de 2013 del sitio web de Project Syndicate: www.project-syndicate.org/comentary/the-rocky-roadto-recovery/spanish. 2009. Traducción de Claudia Martínez Joseph. 15 Corte-Real, lsabel. Op. cit. p. 4. 16 Ministerio de Finanzas Públicas & Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector publico de Guatemala. Guatemala: Autor. 2013. p. 2. 13
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Con la definición clara de la estrategia se integró la formulación del “Plan Estratégico por Resultados 2012-2016”, encuadrando por una parte: estrategia (Misión, Visión, Valores, Principios y Cultura organizacional), objetivos estratégicos y específicos; y de otra, el nivel operativo (iniciativas y acciones), todo ello medido a través de indicadores de resultado e impacto.
la SAA, los cuales van desde: Liderazgo institucional al más alto nivel comprometido con la mejora continua y la calidad en la gestión institucional; alineación entre los documentos de gestión y los requerimientos ciudadanos y gubernamentales; conciencia institucional sobre la importancia del desarrollo de las competencias de los trabajadores; reconocimiento sobre la necesidad de medir el desempeño organizacional a Esta transformación estratégica es diferentes niveles, como algunas de las complementada, con la planificación tendencias de reforma, producto del operativa, siendo parte de ella: el Plan nuevo modelo. Operativo Anual (POA), Plan Operativo Multianual (POM) y la fase inicial del La primera prueba tuvo lugar en el hePresupuesto por Resultados; cuyo des- cho de visualizar nuevas formas de serempeño es medido externamente por vicio público y buscar implementarlas, medio de reportes periódicos de cum- como un medio que aspira alcanzar la plimiento de metas; e Informe Anual de excelencia en la gestión organizacional Labores; completando de esta manera por medio de la calidad, la innovación el Ciclo de Planificación. y la mejora continua. Resultado de ello para finales de 2012, se obtuvo el priAsí pues: el modelo estratégico de mer éxito grande, un Reconocimiento la SAA ha sido configurado, por una Nacional a las Mejores Prácticas en la parte, considerando las orientaciones Administración Pública de Guatemala, gubernamentales, y por otra bajo la Criterio: Estrategia y Planificación. perspectiva del modelo Cuadro de Mando Integral (del ingl. Balanced Por último, es importante resaltar que Scorecard), el cual permite crear un la Nueva Arquitectura Estratégica de la balance entre resultados financieros SAA y los procesos de calidad iniciados, y no financieros. Es decir el éxito de la suponen el cimiento de cambios contigestión institucional depende de: la nuos, que llevan tiempo, y que tienen eficiencia en el gasto, el cumplimiento en el compromiso y espíritu de servicio de los procedimientos; y del desarrollo de los trabajadores su mayor soporte de las capacidades de los trabajadores, para afrontar uno de los temas políticay lo más importante en el sistema, el mente más sensibles y postergados de impacto de la gestión conciliatoria en la problemática guatemalteca. los ciudadanos. Notablemente la implementación de este modelo ha supuesto cambios para
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Sentencia de la CC viabiliza la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral: Acuerdo Gubernativo 196-2009 Otto Fajardo Mejía
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n Guatemala como en cualquier parte del mundo, hablar de desarrollo rural implica, despertar opiniones polarizadas respecto al tema. En cuanto a los contenidos de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI) y la iniciativa de ley 40-84 “Ley del Sistema Nacional Desarrollo Rural Integral”, por una parte los opositores al planteamiento objetan que la temática presenta rasgos socialistas que afectarán aspectos tales como la democracia, el estado de derecho, la propiedad privada, el desarrollo económico, la inversión extranjera y la confianza en el sistema jurídico. Para la parte contraria a esta opinión se convierte en estandarte de batalla para exigir al Gobierno derechos y garantías constitucionales que deben ser cumplidos en el ejercicio de su función pública.
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Los grandes opositores al modelo de Desarrollo Rural Integral plasmado en ambos instrumentos, argumentan que la PNDRI presenta características socialistas, lo cual no es real, a pesar que efectivamente, en la temática vinculada al Desarrollo Rural prevalece el interés general sobre el particular. En este sentido al implementarse la PNDRI los tópicos mencionados supra definitivamente sufrirán cambios beneficiando a sectores diversos de la sociedad, incluidos sus detractores. En este sentido la PNDRI, debe considerarse como la herramienta de convergencia de intereses nacionales, tanto públicos como privados; ya que su implementación rebasa el sentido social que se le quiere atribuir; su finalidad es crear las condiciones estructurales y económicas idóneas para que el sector más vulnerable de la sociedad, pueda contar con herramientas que le permitan trascender de la economía de infra subsistencia a la de subsistencia, excedentariedad y comercialización, incorporándose de mejor manera a la vida productiva del país.
todos los costos sin generar ingresos. Esta falta de consenso respecto a lo que se considera el Desarrollo Rural Integral, sirve de base para que quienes se sienten afectados directamente con la implementación de la Política y la creación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, interpongan cualquier recurso que frene las intenciones gubernamentales de crear condiciones económicas y sociales viables para el desarrollo social y económico de los sectores beneficiados directamente con la implementación de la PNDRI. El Acuerdo Gubernativo 196-2009 de fecha 13 de julio de 2009, aprueba la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral propuesta por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, así como su difusión para promover su implementación y que las instituciones públicas asuman su cumplimiento; de esta forma el Estado de Guatemala, cumple con los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en el cual se señala la necesidad de sustentar la paz firme y duradera sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común, es decir se reitera la necesidad de superar la situación de pobreza, desigualdad, marginación social y política existente en el país; y con el Artículo 118 Constitucional que establece que “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social.”
Desde la perspectiva económica y fiscal representa una importante fuente de recursos que el Estado percibirá en concepto de impuestos, consumo, exportaciones e importaciones, esto sin contar que a mayor capacidad de los sectores vulnerables para generar sus propios ingresos, el Estado reduce los costos que genera el paternalismo estatal, que se refleja en los programas en los cuales no se recibe ningún tipo de ingreso y En el mes de abril de 2012, la amenaza que por el contrario, el Estado absorbe de entorpecer el proceso de viabiliza-
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ción del PNDRI surge cuando la Asociación “Unión de Cañeros del Sur” plantea una acción de inconstitucionalidad general total en contra del Acuerdo Gubernativo ciento noventa y seis guion dos mil nueve (196-2009); específicamente contra el Artículo uno. Los argumentos de los miembros de la Asociación en contra del Acuerdo tienen como base la supuesta violación al precepto constitucional que establece el principio que el Presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes contenido en el Artículo 183 literal a) de la Constitución Política de la Republica de Guatemala. De igual manera el fondo de la acción, se dirige en contra de los supuestos límites a la propiedad privada impuestos dentro de la PNDRI y en contra de la creación del ente denominado Gabinete de Desarrollo Rural, siendo estas las violaciones aducidas por el representante empresarial. Dichos argumentos fueron planteados de tal forma que el interponente asegura de manera taxativa que la implementación del PNDRI viola los artículos antes citados y que debe ser declarado inconstitucional en virtud de atentar en contra del principio de propiedad privada y descentralización administrativa y económica, contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.
la acción de inconstitucionalidad de carácter general total resolvió en sentencia NO HA LUGAR la acción planteada en contra del Acuerdo Gubernativo 1962009 en virtud de no ser procedentes los alegatos presentados por el interponente, prevaleciendo de esta forma el Estado de Derecho. La sentencia viabiliza la implementación de la PNDRI teniéndose como resultado de la ejecutoria la activación del Gabinete de Desarrollo Rural Integral por parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR). La polarización social, económica, cultural e ideológica es uno de los elementos que no permiten que la visión global de desarrollo rural que tiene el Estado sea el camino hacia la inclusión de los grupos más vulnerables dentro de la economía de mercado ya que cada una de las partes defiende su posición y cree tener la verdad absoluta o los derechos absolutos.
La interpretación de los preceptos Constitucionales corresponde a la Corte de Constitucionalidad como parte de su competencia en el ejercicio de la defensa del orden constitucional. En este sentido al analizar el planteamiento de
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