Edición 516

Una boma de tiempo a punto de estallar n las cárceles de Latinoamérica

¿Evo cumple, Bolivia cambia?

Una investigación de Unidad Nacional deja más dudas que certezas sobre el manejo de más de 400 millones de dólares en el programa ‘estrella’ del gobierno de Evo Morales. Págs. 4-13

Semanario Nacional

Violencia, hacinamiento y retardación de justicia son males en comunes en los penales latinoamericanos. En Bolivia es donde hay más presos sin condena. Págs. 20-22 Piden al Municipio rectificar ordenanza que amplía el radio urbano de la ciudad Un foro ciudadano analiza y rebate los dos argumentos centrales del Municipio para ampliar en más del 60% el radio urbano de la capital cruceña. Págs. 18-19 Bolivia, ¡qué manera de desperdiciar su estratégica ubicació geográfica!

Winston Estremadoiro recurre a mapas e historias para demostrar cómo Bolivia sigue desperdiciando su lugar en América. Pág. 15

• Viernes 14 al jueves 20 de junio de 2013 • Santa Cruz de la Sierra, Bolivia • Año 11 • Número 516 • Bs 5

EDITORIAL

22

www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

EDITORIAL

En la práctica...

Voz compartida

Democracia, ¿cuál, cómo?

E

Sin vueltas

D

ice el comandante nacional de Policía, Alberto Aracena: “Chachapuma será contundente, Chachapuma es un referente para la sociedad boliviana, tenemos que aprender a vivir respetando la ley y las normas, no es posible que cada quien viva en discreción, hay gente que se dedica al ilícito, fomentando el alcoholismo y la drogadicción contra nuestra juventud y niñez, esas cosas deben acabar”.

Aracena dice eso, pero calla luego cuando a su tan mentado plan “Chachapuma” le queda solo la ‘che’, pero de chapurreo y chacota. Puro nombre, puro palabrerío, puras mentiras… un juego de palabras y frases hechas que no llevan a nada, aunque el comandante asegure que gracias a su ‘cha-chachá’, implementado en Santa Cruz a fines de abril, “se registró una disminución de 70% en la incidencia de delitos…” ¡Mamita de Cotoca, como si los cruceños viviéramos en Marte y no supiéramos qué ocurre en nuestras calles, avenidas, barrios y casas!

No voy a hacer aquí un listado de hechos que prueban exactamente lo contrario a lo afirmado

por Aracena, pero es evidente que su afirmación está lejos de reflejar lo que ocurre realmente en tierras cruceñas. Hechos que no se diferencian mucho de los que ocurren en otros lugares del país, como el registrado hace poco en Potosí: un joven acusado de violar y matar a una mujer fue arrancado, literalmente, de los policías que lo custodiaban en la audiencia judicial a la que se había presentado, por una turba de enfurecidos vecinos que lo arrastraron hasta la tumba donde yacía la víctima y allí lo enterraron, vivo.

Y que no nos venga el jefe policial a decir que es un hecho aislado, o que así sucedió por su ‘cha-cha-chá’ no llegó aun a Potosí. Aracena no solo juega con las palabras, sino también con las necesidades de la gente, a la que le dice que tiene que “corregir sus actos y aprender a vivir respetando la ley”, un extremo que no es capaz de hacer cumplir siquiera en su propia ‘casa grande’, la Policía. ¿O alguien puede dar ejemplos de lo contrario? Si así es, bienvenidos sean, pero con pruebas, por favor, porque de chapurreos basta el Chachapuma.

Número 1 es elaborado por un grupo de periodistas independientes que han formado una sociedad editorial para publicar este semanario de circulación nacional.

Colaboran en esta edición Samuel Doria Medina (economista, jefe de UN) José Antonio Prado (ingeniero de sonidos) Luis El Hage (presidente Colegio Arquitectos Santa Cruz) Ovidio Roca (economista) Carlos Valverde Bravo (periodista investigador) Instituto Prisma (Informe Nacional de Coyuntura)

Maggy Talavera (directora) Ignacio Talavera Alpire (gerente) Jorge Caero (columnista) Diego Jaramillo (reportero) Asesor legal Dr. Jerjes Justiniano Atalá

Fotografías: Diego Jaramillo / Elvio Montero / Internet Foto de portada: Internet

Columnistas Winston Estremadoiro (antropólogo) Alcides Parejas Moreno (historiador) Susana Seleme (periodista, cientista política)

Correo electrónico: semanariouno@gmail.com semanariounocartas@gmail.com Facebook: www.facebook.com/semanariouno Twitter: @semanariouno

Modelo gráfico: Fernando Pérez Christensen Diagramación: SemanarioUno

Dirección: Calle San Germán Nº 15 Urb. La Madre Recepción/telefax: 350-3585

n esta edición hay tres temas que parecen tener poco o nada en común.

Los tres son importantes. Uno refiere a los resultados de la investigación hecha por Unidad Nacional sobre el programa ‘Evo cumple, Bolivia cambia’. Otro, a las motivaciones que animan a la ‘Revolución Jigote’ iniciada en Santa Cruz de la Sierra para construir ciudadanía y una mejor ciudad. Y el tercero, al pronunciamiento de un foro ciudadano sobre la decisión del Gobierno Municipal de ampliar el radio urbano de la capital cruceña. Hay que adelantar que las apariencias engañan: los tres sí tienen mucho en común, aun cuando el primero sea, a diferencia de los otros dos, una acción político partidaria. ¿Qué es lo que tanto asemeja a los tres temas? La reivindicación al ejercicio de ciudadanía en una democracia real, tomando en cuenta el concepto atribuido al colombiano Bernardo Toro y compartido en esta entrega por José Antonio Prado, pionero del colectivo Revolución Jigote, como bien lo presenta La Razón al publicar un artículo de su autoría. “La democracia es el proyecto de la dignidad humana –dice Toro. “Una cosmovisión, es decir, una forma de ordenar el mundo, una construcción continua y colectiva que no se puede decretar y que no se construye sobre leyes, sino sobre principios de orden ético”, abunda Prado.

“Volviendo a lo dicho por Toro: si democracia es el proyecto de la dignidad humana, ¿estamos construyendo en el país ese proyecto? No es lo que muestran las actuaciones de los gobernantes y la desidia de muchos gobernados, aunque es a ese proyecto que contribuyen varias acciones ciudadanas...ˮ No hay duda que a ese concepto se ajusta la iniciativa ciudadana ‘Revolución Jigote’ en Santa Cruz de la Sierra. Es resultado de la voluntad de un colectivo que no está más dispuesto a quejarse y quedarse de brazos cruzados frente a la realidad que vive, marcada por el abuso de bienes públicos, tanto de parte de autoridades y funcionarios municipales, como de parte de no pocos vecinos de la ciudad. Un colectivo que sueña con recuperar la ciudad para los vecinos, con vecinos conscientes de sus derechos pero también de sus obligaciones, y con vecinos y autoridades dispuestos a conducirse por la vida guiados por la ética. Y para lograrlo, es imprescindible formar ciudadanía.

En ese ejercicio de formar ciudadanía es el que sin duda se inscriben los otros dos temas referidos aquí. En ambos hay una preocupación central: asumir el rol de seguimiento y fiscalización ciudadana sobre el manejo de bienes públicos por parte de los gobernantes de turno. Lo hace el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz al convocar a un foro ciudadano para debatir sobre la inconsulta decisión del gobierno local de ampliar el radio urbano de la capital cruceña, una medida que puede complicar, en vez de mejorar, la calidad de vida en la ciudad. El resultado del foro es un pronunciamiento dirigido al alcalde, ¿estará dispuesto a escucharlo? Y si no lo hace, los demandantes, ¿serán capaces de persistir?

También en ese ejercicio se inscribe la acción de Unidad Nacional. No es apenas un rol político y de oposición. Es mucho más que eso: es el cumplimiento de una de las tareas insoslayables, que hace a la fiscalización del manejo de recursos y bienes que son públicos, además de afectar a la fe ciudadana. Lo visto en el programa ‘Evo cumple…’ es muy similar a lo que el foro ciudadano observa en el gobierno local de Santa Cruz de la Sierra: manejo discrecional de recursos y competencias, poca o nula transparencia en los actos de los gobernantes, y un abuso tanto de las necesidades de la gente, como de su buena fe.

Volviendo a lo dicho por Toro: si democracia es el proyecto de la dignidad humana, vivimos esa democracia?, ¿estamos construyendo ese proyecto? No es lo que muestran las actuaciones de los gobernantes y la desidia de muchos gobernados, pero es a ese proyecto que contribuyen acciones como la Revolución Jigote, el foro de Arquitectos y la interpelación de Unidad Nacional. www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

3

A FONDO

La verdad del programa ‘Evo cumple’, según Unidad Nacional

C 4

P

oco después de llegar al poder, el presidente Evo Morales lanzó un programa de asistencia a los municipios y las organizaciones sociales que no contaba con ninguna normativa ni respaldo jurídico y que se llamó “Evo Cumple”.

Desde entonces hasta ahora, este programa ha sido cubierto con un manto de secreto y opacidad. Aunque muy a menudo el Presidente comparece ante los medios para la inauguración de algún proyecto del Evo Cumple, y han aparecido algunas informaciones aisladas sobre las acciones y problemas del programa, la única información oficial que se cuenta

Carlos López Gamboa Los Tiempos

Unidad Nacional /Samuel Doria Medina

asi 439 millones de dólares ha manejado el Gobierno desde 2006 a 2011, sin ninguna fiscalización, a través del programa ‘Evo cumple’. Los ‘nuevos gastos reservados’, dice Unidad Nacional tras una investigación a fondo que reproduce SemanarioUno.

“De los datos que presenta UN, se deduce que el programa carece de una planificación técnicamente motivada, pues su orientación contradice las prioridades de inversión pública del propio gobierno. Se trata de un mecanismo de creación de clientelas políticas y de campaña electoral.” sobre el mismo es que su ejecución se halla a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, y que hasta 2012 ha comprometido fondos por 438.706.300 dólares. Se trata de una suma muy importante, pero que escapa del minucioso y formalista control que aplica el actual gobierno a los demás gastos públicos.

Tampoco cumple el riguroso protocolo de autorizaciones que establece la ley para las donaciones extranjeras, lo que sería imprescindible ya que se sabe –aunque no de manera oficial ni detallada– que el financiamiento del programa entre 2006 y 2011 fue íntegramente cubierto por fondos venezolanos. Y que después de esto, otros países han realizado aportes. Nadie quiere decir, eso sí, si los fondos venezolanos fueron entregados en donación o como un préswww.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

tamo. Tampoco se sabe la magnitud en que la cooperación de otros países se está encauzando al programa Evo Cumple.

Pese a la manifiesta ruptura con la legalidad democrática que este secretismo implica, el gran poder del oficialismo y la prepotencia con que éste lo usa han impedido que se produzca ninguna investigación y mucho menos una sanción a los responsables.

Como este programa está directamente vinculado con el presidente Morales y el papel que ha cumplido Venezuela en el país, nadie se atreve a sacarlo de la densa sombra en que se lo ha metido. Dadas las circunstancias, las denuncias de la oposición no pudieron ser sino aisladas y de poca resonancia. Por la imposibilidad de conseguir fuentes o, en algunos casos, por miedo, tampoco los periodistas pudieron cumplir su trabajo.

El presidente Evo Morales (der.) y el alcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos (izq.), muestran el cheque por 12,26 millones de bolivianos entregado en el marco del programa Evo cumple, Bolivia cambia.

Según el Presidente, “Estar sometidos a las leyes es perjudicarnos. Aunque digan que es inconstitucional nuestro decretos, nuestros hechos, no importa (…)

No hay que esperar las leyes, hay que seguir...”

Hasta ahora, entonces, ninguna crítica de la sociedad civil o de los partidos de oposición ha desembocado en un esclarecimiento de los problemas que el programa plantea.

Este documento tampoco lo logra, porque para esto se necesitaría que las autoridades se decidan, por sí mismas u obligadas por la ley, a cumplir su deber e informar al público sobre lo que ha sucedido con este medio millar de millones de dólares. Sin embargo aquí se hace un aporte esencial: se presenta información con la que hasta ahora nadie había contado.

Esta información consiste en datos de ejecución del programa, que muestran el destino y tipo de gasto, y permiten inferir, en consecuencia, la lógica que lo guía. Esta lógica es – como resultaba obvio pero no había sido probado hasta ahora– una lógica político-electoral. Si el programa Evo Cumple está rodeado por el secreto es porque funciona como una “caja”, de la cual el Presidente saca los fondos para cubrir sus compromisos con la gente y las organizaciones sociales que lo rodean constantemente. Al mismo tiempo, el programa es un instrumento que Evo Morales usa para animar, justificar y darle credibilidad a su incansable actividad política, que lo lleva casi cada día a algún punto diferente del vasto territorio nacional, y lo mantiene en contacto directo y

constante con el electorado.

El programa funciona así como una maquinaria de reproducción del poder. Gracias a él, el Presidente puede presentar proyectos en reuniones populares, reafirmando su imagen política, mostrándose como un líder comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de tal o cual región. No importa tanto que en muchos casos estos proyectos no sean concluidos o presenten irregularidades económicas y técnicas. Aún en este caso, la culpa no recae en el Presidente, que sigue siendo el que tuvo la buena intención de comenzar el trabajo que, luego, las autoridades locales o sus colaboradores no supieron llevar a buen puerto.

De los datos que se presentan en este documento se deduce que el programa carece de una planificación técnicamente motivada, pues su orientación contradice las prioridades de inversión pública del propio gobierno. Se trata de un mecanismo de creación de clientelas políticas y de campaña electoral, lo que es fácil de inferir de su forma de operar: Primero, el Presidente en persona se reúne con los alcaldes del país y los dirigentes de las organizaciones sindica- les para recibir sus solicitudes. Luego, la UPRE debe revisar los “proyectos” presentados, muchos de los cuales no tienen diseño final o son muy an-

A FONDO tiguos y, por tanto, no están actualizados. Por supuesto, es imposible que unos pocos técnicos puedan evaluar seriamente los miles de proyectos que se supone deberían estudiar.

A continuación, la UPRE prepara una relación de proyectos aprobados técnicamente y la presenta para la consideración política del Presidente. Dada la premura y la presión que este procedimiento entraña, lo único que esta institución puede hacer para mejorar las cosas es recortar los presupuestos para evitar los sobreprecios muy evidentes. Luego, el Presidente entrega cheques a los beneficiarios.

El primer desembolso cubre el 40% del financiamiento, lo que viola las normas de contratación del Estado, pero testimonia el deseo del programa de acelerar la ejecución de las obras.

Esto también es sintomático de su intencionalidad política.

De la manera que acabamos de describir se ha gastado medio millar de millones de dólares en miles de pequeños proyectos, sobre todo de infraestructura deportiva, educativa y comunal, de rápida ejecución, y por tanto muy visibles y fáciles de usar políticamente. Al menos 20 millones de dólares fueron destinados directamente a la construcción y equipamiento de sedes para las organizaciones sociales. Los proyectos han funcionado como medios de implantación política y electoral, pues, de una manera muy sugestiva, no se han concentrado allí donde el MAS estaba en el poder, sino que han beneficiado en igual proporción, o incluso más, a los territorios que originalmente eran adversos al oficialismo.

El programa ha respondido a una lógica electoral, pero también a una personal: su hincapié en el deporte es probablemente un producto de la preferencia presidencial por esta actividad, y no puede ser casual que el departamento más beneficiado sea Cochabamba, donde Evo Morales ha vivido la mayor parte del tiempo y donde se encuentra su principal base sindical, la que tiene acceso directo a él y puede demandar más apoyo suyo.

El documento que el lector tiene en sus manos debería promover una investigación oficial del programa Evo Cumple por parte de las instancias de fiscalización del país (Asamblea Legislativa Plurinacional y Contraloría del Estado). No tenemos información que indique la existencia de corrupción en él. Sin embargo, sería raro que, dada la forma en que trabaja, no haya dado lugar a la misma. En todo caso, detrás del programa hay una intención preconcebida de torcer la libre voluntad política de la población, que afecta el derecho de ésta a recibir servicios del Estado sin condicionamientos. Evo Cumple ofrece una ventaja ilegal e injusta al oficialismo respecto a sus competidores políticos

a los que, al mismo tiempo, se les ha suspendido el financiamiento estatal de sus campañas, y por esto es una espina en el pie de la democracia boliviana. Es una lástima que varios organismos de cooperación internacional estén actualmente alimentándolo con fondos que se donan o se prestan al país para que éste se haga más, y no menos democrático.

Por todas estas razones, es necesario realizar una investigación objetiva y completa. El secretismo del programa se constituye por sí mismo en una acusación: generalmente lo que se quiere esconder no está bien. Y aunque esto escondido no sea corrupción económica, sin duda sí es inmoralidad política: los datos muestran que el programa Evo Cumple le hace trampa a la democracia.

Una caja negra

Desde la recuperación de la democracia, y especialmente a partir de las reformas institucionales de los años 80 y 90, Bolivia ha avanzado en el esfuerzo de institucionalizar las políticas y programas gubernamentales a través del establecimiento de un sistema regulado de principios, normas y procedimientos de carácter jurídico, técnico y administrativo para la gestión de los bienes y servicios públicos y, también, para el control y fiscalización de los actos gubernamentales.

Un hito importante en ese camino es la vigencia de la Ley SAFCO y sus sistemas de gestión pública, entre ellos el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, regulado por un conjunto de normas orientadas a lograr procedimientos idóneos, eficaces, equitativos y transparentes.

Todo ello con el fin de asegurar la correcta utilización de los recursos del Estado y con los menores costos posibles y, al mismo tiempo, de mejorar la capacidad del sector público de proveer a la población de servi-

cios accesibles y de calidad.

En la base de estos sistemas administrativos está el propósito de combatir la corrupción y sus perniciosos efectos sobre el sistema político, la economía y la vida social de los bolivianos. Precisamente, este objetivo hizo necesario ajustar el diseño y ejecución de los programas gubernamentales a una serie de normas, procedimientos y mecanismos definidos y establecidos, que, de este modo, cierran resquicios y oportunidades a decisiones discrecionales, arbitrarias, improvisadas, carentes de fundamentos financie- ros y administrativos, alejadas de la publicidad y, por lo mismo, elusivas del control de la colectividad y la fiscalización de otros poderes públicos.

Desde luego que los programas sociales y de lucha contra la pobreza no han sido aje- nos a ese tipo de evolución. De hecho, el actual Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), lo mismo que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), proceden de un proceso de desarrollo institucional que ha permitido una cierta continuidad de los programas sociales, más allá de los cambios gubernamentales, sustentados en estructuras, mecanismos y reglas establecidas, que facilitan los procesos de asignación y uso de los recursos estatales y de la ayuda internacional. La misma Renta Dignidad, heredera del Bonosol, se aplica con arreglo a un modelo

de transferencia monetaria vía bancos, que impide la intermediación política y garantiza la transparencia.

Es verdad que la sola institucionalización de la administración pública no ha logrado grandes resultados de bienestar social; tampoco ha detenido el fenómeno de la corrupción.

Pero nadie podría poner en duda los progresos alcanzados. En todo caso, si los avances son insuficientes ello se debe en gran medida a la discontinuidad de las instituciones y las políticas aplicadas. La falta de continuidad ha sido antes, y lo sigue siendo ahora, un lastre para que los objetivos de eficiencia, transparencia y ética funcionaria prosperen y se consoliden.

También en el pasado se han dado experiencias deplorables de falta de transparencia, tal como ha sucedido con los “gastos reservados”, para descrédito de los gobiernos democráticos y en general de la clase política.

Justamente por esta razón se esperaba que el gobierno de Evo Morales (que en su día enarboló la lucha contra la corrupción e hizo de los “gastos reservados” uno de sus temas emblemáticos, alentando todo tipo de investigaciones y procesos judiciales), tuviera un comportamiento muy diferente en el manejo de los recursos fiscales, tanto más tratándose de recursos destinados a atacar la pobreza, distinguiéndose por una gestión transparente, proba y de apego estricto a la ley.

“Los proyectos han funcionado como medios de implantación política y electoral, pues, de una manera muy sugestiva, no se han concentrado donde el MAS estaba en el poder, sino que han beneficiado en igual proporción, o más, a los territorios que originalmente eran adversos al oficialismo.”

Samiuel Doria Medina, jefe nacional de Unidad Nacional, presentó en La Paz los resultados de la investigación realizada por profesionales de UN sobre el manejo de ‘Evo cumple’.

Desgraciadamente, el programa Evo Cumple ha resultado ser un ejemplo de todo lo contrario. Veamos por qué.

Injerencia

venezolana

La financiación del programa Evo Cumple con dineros provenientes de Venezuela, ha dado pie a prácticas insólitas de intromisión del gobierno de Chávez y de su representación diplomática en Bolivia, en el manejo de los recursos asignados a dicho programa, así como de un sometimiento no menos insólito por parte del gobierno boliviano a la actuación de los funcionarios venezolanos.

El intercambio de notas de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio Continúa en la siguiente página

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

5

A FONDO Viene de la página anterior

de la Presidencia, con funcionarios de la Embajada de Venezuela, ilustra elocuentemente las actuaciones de esta representación diplomática, incluyendo la firma de contratos para la ejecución de obras, la supervisión de las mismas, la emisión de cheques, el desembolso de dineros para gastos de funcionamiento de la UPRE, pasajes y viáticos para su personal y para otras personas vinculadas al gobierno. Tal parece que Venezuela no solamente ha sido un generoso donante de dineros para el programa Evo Cumple sino que, además, ha administrado directamente esos dineros, oficiando como cajero del programa, y al margen del ordenamiento legal boliviano.

El papel de la Embajada venezolana en el programa Evo Cumple no ha pasado desapercibido para la prensa nacional. Un reportaje del periódico La Razón de 26/08/2007, basado en entrevistas a autoridades ediles, muestra lo siguiente:

6

El alcalde del municipio de San

La primera planta industrializadora de hoja de coca que el Gobierno construyó en Padre Sama, cerca de Villa Tunari, proyectaba obtener una variedad de productos con la transformación anual de 10.800 kilogramos del arbusto. Pero pero pasado cinco años solo produjo chicitos y panes. Hoy está paralizada.

de donación (por tanto, no reembolsables) o si también hay una parte de crédito, y cuáles son sus condiciones contractuales (1).

La información proporcionado por las autoridades bolivianas es mínima, confusa y especialmente elusiva. El programa Evo Cumple pareciera haberse convertido en una zona de extraterritorialidad.

“El intercambio de notas de UPRE con funcionarios de la Embajada de Venezuela ilus-tra elocuentemente las actuaciones de esta representación diplomática. Parece que Venezuela no solo ha sido un generoso donante de dinero, sino que ha administrado directamente esos dineros...”

José, en el departamento de Santa Cruz, Germán Caballero, que el jueves tuvo el cheque, manifestó que antes de recibir el financiamiento firmó un documento con Douglas Pérez, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Bolivia. “El mismo determina los términos del programa y las responsabilidades”, manifestó el edil.

El alcalde de Colpa Bélgica (Santa Cruz), Marciano Vargas, coincidió con su similar, Caballero y aseguró que “la fiscalización para la ejecución de los recursos la realizan las organizaciones sociales previamente definidas y un personero asignado por la Embajada de Venezuela”.

En el denso misterio que rodea a la ayuda financiera de Caracas, no hay cifras precisas sobre el monto de dicha ayuda. Las autoridades bolivianas reconocen, sin embargo, que el financiamiento del programa Evo Cumple ha provenido del gobierno venezolano, desde que el mismo se iniciara a mediados del año 2006, extendiéndose hasta por lo menos el año 2011. Lo que no se ha aclarado suficientemente es si se trata únicamente de recursos www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Cero

transparencia

La sequía de información oficial no se limita únicamente a la naturaleza y condiciones del financiamiento venezolano. La característica general del programa Evo Cumple es un gran hermetismo, tal como lo han destacado algunos informes de prensa.

Este medio intentó recabar información sobre el programa con la instancia responsable, la Unidad de Proyectos Especiales, que tiene de director a Luis Tindal, quien vía teléfono señaló que “no tenía tiempo para informar”.

En el Ministerio de Hacienda se explicó que el plan es manejado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIFE), pero el ministro de Planificación de Desarrollo, Gabriel Loza, aseguró que el VIFE no tiene registrada la donación.

“Estamos coordinando para que las donaciones sean registradas por el VIFE en forma paulatina, aún no hay datos”, dijo.

En el Ministerio de la Presidencia, el viceministro de Coordinación

Gubernamental, Héctor Arce, señaló que los datos los maneja Planificación. En la embajada venezolana tampoco se pudo acceder al encargado de negocios, Douglas Pérez, para que otorgue datos concretos sobre la cantidad de dinero que se entregó a Bolivia, sea como donación o créditos (La Razón, 28/07/2007).

En sus casi siete años de existencia, no se ha conocido informe oficial alguno relacionado con la ejecución física, administrativa y financiera del programa Evo Cumple. Si tales informes existen, ellos no han sido puestos a disposición de la opinión pública, y tal parece que ni siquiera de los organismos de fiscalización del Estado.

Tampoco se conocen los registros de los proyectos financiados ni de los informes de ejecución de obras.

A pesar de que el programa Evo Cumple ha manejado dineros por la importante suma de 438.706.300 dólares, en el período 2006-2011, cifra reconocida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aún nadie ha rendido cuentas al pueblo boliviano del uso de tales recursos.

Es también notable la falta de claridad en la asignación y ejercicio de las competencias y responsabilidades de los ministerios y entidades gubernamentales relacionadas con los objetivos y los recursos asignados al programa Evo Cumple. Por el contrario, las declaraciones de sus titulares son casi siempre elusivas de responsabilidades propias. Como si todos quisieran lavarse las manos.

Nadie

fiscaliza

El programa Evo Cumple es el raro caso de un programa gubernamental que escapa por completo a la fiscalización. Son los “nuevos” gastos reservados.

La Asamblea Legislativa en ningún momento ha ejercitado sus facultades fiscalizadoras con respecto a este programa. Ni el Ministro de la Presidencia, ni la autoridad ejecutiva de la Unidad de Proyectos Especiales

(UPRE), han brindado informes a las cámaras, comisiones y comités parlamentarios (2).

Tampoco se conoce de ninguna auditoría realizada al programa Evo Cumple o a las gestiones de la UPRE. Como si el programa gozara de un fuero especial que lo sitúa por fuera de la fiscalización del Estado.

En su momento, los gastos reservados fueron objeto de informes anuales de carácter confidencial al Contralor General de la República.

Actualmente ni siquiera eso ocurre con el programa Evo Cumple; la Contraloría parece haberse eximido de toda competencia y obligación fiscalizadora, como si los recursos asignados no tuvieran carácter público, aunque fueran de donación.

Es curioso que recién en julio de 2011, tras cinco años de ejecución del programa, se hubiera dispuesto mediante decreto la contratación de consultores en línea para labores de seguimiento a los proyectos aprobados en el marco del programa Evo Cumple, lo cual sugiere más bien una preocupación por acelerar la ejecución de las obras. Contratar consultores externos revela lo poco o nada que ha funcionado la labor de seguimiento de los proyectos por parte de las alcaldías receptoras de los fondos del programa.

Muchas denuncias, ningún resultado

En ausencia de mecanismos idóneos de seguimiento y fiscalización, la trayectoria del programa Evo Cumple está marcada por sus reiteradas denuncias de corrupción, malversación de fondos y otras irregularidades en los contratos y ejecución de obras.

En fecha 19 de julio de 2011, la Ministra de Justicia Nilda Copa admitió “malversación de fondos en algunos de los proyectos” que fueron financiados a través de este programa e informó que estos hechos se investigan en el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (La Razón, 27/7/2011).

A FONDO La alcaldesa de Quillacollo Carla Lorena Pinto, confirmó que su gestión ha abierto procesos penales contra supervisores y empresas que ejecutaron ocho proyectos del programa Evo Cumple, entre los cuales figura la Unidad Educativa Villa Urkupiña, que hoy continúa con la disyuntiva de proceder a su demolición total o bien rescatar una parte de la obra. Según la alcaldesa existen dos informes contradictorios que deberán ser evaluados por la UPRE” (Los Tiempos, 9/8/2011).

En el municipio de Cochabamba, desde el Concejo Municipal se han denunciado irregularidades en la ejecución y entrega de 22 can- chas múltiples en la zona de Villa Sebastián Pagador, además de la terminal interprovincial y el hospital de Ticti Norte, entre otros proyectos inconclusos y en pésimas condiciones (Los Tiempos, 9/8/2011).

Por su parte, “la Ministra de Transparencia Nardi Suxo informó que existen observaciones en 61 obras de las 340 que fueron fiscalizadas. De los 61 casos observados, cuatro estarían identificados como irregulares y estarían siendo investigados por el Ministerio Público. La ministra, sostuvo que las obras fueron observadas por el incumplimiento de las empresas licitadas en la construcción de obras y en algunos casos se utilizaron materia- les de mala calidad” (ANF).

No obstante ello, nada se conoce de los resultados de las investigaciones y procesos judiciales anunciados.

Ningún informe oficial ha sido hecho público al respecto. Los cargos levantados sobre irregularidades y delitos no han sido despejados. Entretanto, crece la sensación de encubrimiento e impunidad.

La falta de auditorías al programa Evo Cumple deja en la penumbra muchas dudas e interrogantes. Y sin información veraz, sin elementos de juicio objetivos, resulta imposible evaluar los resultados alcanzados, la pertinencia y calidad de los proyectos, la eficiencia de los gastos incurridos, el cumplimiento de las responsabilidades ejecutivas, administrativas y civiles. ¿Control social o clientelismo?

Es habitual que ante los cuestionamientos existentes, los personeros de gobierno salgan al paso señalando que los proyectos del programa Evo Cumple se ajustan al control de las organizaciones sociales. Una de las funciones de la Unidad de Proyectos Especiales consiste, precisamente, en pro- mover la construcción de mecanismos de control social en todos los programas y proyectos especia-

les. ¿Cuánto se ha cumplido de este mandato legal? ¿Cuáles son los mecanismos creados para hacer efectivo el control social del programa? Nada se sabe. Ninguna información oficial ha sido proporcionada por la unidad encargada (o el Ministerio de la Presidencia), y que haya sido validada por otra instancia competente como sería la Contraloría.

Las evidencias muestran, en cambio, que el control social (si se practica realmente) no ha servido para dar transparencia al programa y mucho menos para frenar las falencias, irregularidades y contravenciones legales identificadas en la ejecución de los proyectos. Tal parece que el socorrido con- trol social sirve más como coartada para eludir los mecanismos y procedimientos institucionales de fiscalización, previstos en el ordenamiento legal del país.

También llama la atención la cantidad de obras denominadas de equipamiento comunal, como la construcción de sedes sindicales y otras similares a favor de organizaciones sociales, a las cuales se ha destinado nada menos que el 20% del financiamiento del programa; una proporción varias veces superior a los montos asignados para el resto de proyectos productivos, de salud, agua y servicios básicos e infraestructura vial, excepto educación y deportes. Como veremos en este documento con detalle, que esta curiosa priorización tiene poco que ver con el objetivo de reducción de pobreza y probablemente responde más a una lógica clientelista de usar el programa como un instrumento para favorecer a determinadas dirigencias y, por ese medio, contar con una red de apoyos sindica- les, gremiales, vecinales y comunitarios.

La UPRE,

todo un misterio

La Unidad de Proyectos Especiales, dependiente del Ministerio de la Presidencia, es un organismo clave

para el funcionamiento del programa. Las funciones que le otorga el decreto 29091 de 4 de abril de 2007 son extensas: desde el diseño e implementación de proyectos, hasta su seguimiento, evaluación, control y fiscalización; o sea que debe fiscalizarse a sí misma. También se le ha asignado la coordinación con entidades públicas y privadas internacionales, nacionales, departamentales y locales.

Otros decretos le otorgan a la UPRE facultades para recibir y disponer de recursos fiscales en la ejecución directa de proyectos así como para realizar transferencias públicoprivadas, para la ejecución de proyectos del programa. Se sabe, también, que la UPRE ha intermediado en las gestiones para el desembolso de los recursos venezolanos, administrados directamente por esa Embajada.

El amplio poder conferido a la UPRE contrasta, sin embargo, con la sequía absoluta de información pública relacionada con sus labores y desenvolvimiento. De hecho, nunca ha entregado información oficial sobre el programa, y no se conocen sus memorias anuales. Tampoco se conoce de ninguna auditoría a su gestión, en los casi seis años que lleva operando.

ño ni de medir el cumplimiento de sus funciones y obligaciones.

Decretos de dudosa legalidad y cumplimiento

Se sabe que durante cinco años el programa ha dependido de los recursos financieros provenientes de Caracas, aunque no existen registros presupuestarios de los desembolsos.

También es notable el vacío de información respecto de los procedimientos aplicados para la transferencia de recursos, la aprobación de proyectos, el control de los mismos, los informes de descargo, etc. Por un tiempo indeterminado, el programa habría operado en una suerte de limbo jurídico, salvo probablemente en los proyectos realizados por las alcaldías que de alguna manera han debido ajustarse a las normas de la legislación municipal y administrativa estatal.

El encuadramiento legal del programa ha sido ex post, y de forma parcial e inconsistente. Ello ha ocurrido a partir de la aprobación de una sucesión de decretos que procuran dar respaldo jurídico al desenvolvimiento del programa y, en muchos casos, para convalidar hechos y actuaciones al margen de la ley o al menos de dudosa legitimidad legal.

“Cochabamba recibió más de 113 millones de dólares, 16 millones más que La Paz, el segundo más beneficiado, pese a la diferencia poblacional. Cochabamba recibe, además, más del doble que Santa Cruz, el departamento más populoso del país.

Pero Oruro es el más favorecido per cápita....”

Si dispone de un reglamento interno, éste no es conocido ni está disponible.

Según refieren informes de prensa, la renuencia de sus directivos y funcionarios a brindar información es inexplicablemente absoluta.

A falta de información disponible, no hay forma de evaluar su desempe-

Una de tales disposiciones es el decreto 913 de 15 de junio de 2011, que dispone la asignación de recursos del TGN al programa Evo Cumple, consignados en el Presupuesto General del Estado, a la vez que autoriza el registro de los proyectos de inversión del programa en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN).

Desde entonces, la continuación de los proyectos ha pasado a depender menos del financiamiento venezolano (presumiblemente ya agotado en sus posibilidades) y más de recursos nacionales, incluso para proyectos aprobados varios años atrás, lo que también ha supuesto que el programa Evo Cumple deba ajustarse a la normativa vigente.

Así y todo, persisten muchas dudas sobre la condición legal del programa, tanto como sobre la eficacia de la dispersa normativa que se ha generada en estos años. Veamos algunos casos ilustrativos. El decreto 29308 de 10/10/2007, que norma el uso de recursos de donación, señala: Continúa en la siguiente página

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

7

A FONDO 9 de la Ley 3547 de 1 de diciembre de 2006, y el Reglamento de Modificaciones Presupuestarias.

II. Asimismo deberán registrar los bienes dona- dos o adquiridos como producto de las donaciones que reciban en sus inventarios y reflejar en sus estados financieros, cumpliendo las normas y procedimientos de administración vigentes en el sector público.

Viene de la página anterior

El presente decreto supremo tiene por objetivo: a) Establecer las normas y procedimientos que deben observar el órgano rector de los Sistemas de Inversión Pública y Financiamiento, y toda entidad ejecutora o beneficiaria de recursos externos de donación provenientes de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, en los procesos de gestión, negociación, contratación, registro, ejecución y control de las donaciones. b) Establecer la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben las personas o entidades privadas

8

Los recursos de donación del gobierno de Venezuela para el programa Evo Cumple tampoco han sido inscritos en el Presupuesto General de la Nación, contraviniendo lo prescrito.

“En casi siete años de vigencia del ‘Evo cumple’, no se conoce informe oficial sobre su ejecución física, administrativa y financiera, a pesar de que ha manejado 438.706.300 dólares, cifra reconocida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nadie ha rendido cuentas del uso de tales recursos.” de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

No obstante la citada disposición legal, hay muchos indicios de que la gestión de los recursos del financiamiento venezolano, lo mismo que la ejecución de los proyectos, no se ajustan a las normas y procedimientos establecidos para el uso de fondos de donación, en el ya referido decreto 29308. Veamos: Artículo 10.- (Registros oficiales).

I. Las donaciones oficiales deben ser registradas en el Sistema de Información sobre Financiamiento Externo (SISFIN) y en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN), si corresponde. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, a través del

www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, elaborará y actualizará los formatos para que las entidades públicas procedan al registro de las donaciones recibidas.

Los recursos de donación del gobierno de Venezuela para el programa no han sido inscritos en ninguno de tales registros del Estado boliviano, lo que contraviene el artículo citado.

Artículo 11.- (Inscripción presupuestaria).

I. Las donaciones, o su equivalente monetario, deberán inscribirse en los presupuestos institucionales y en el Presupuesto General de la Nación, según lo dispone el artículo 8 de la Ley 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria, modificado por el artículo

Artículo 12.- (Remisión periódica de información). Las entidades públicas que ejecuten programas y proyectos con recursos de donación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Administración Presupuestaria tienen la obligación de presentar la información necesaria para el seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera de las donaciones que reciban.

Artículo 15.- (Bienes, servicios y obras). En la contratación de bienes, servicios, obras y consultorías se observará lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y en otras disposiciones legales que rigen la materia, debiendo sujetarse los procesos de contratación bajo los principios de equidad, transparencia y competencia, excepto en los casos que las normas bolivianas permitan contrataciones directas.

Artículo 16.- (Personal). En la contratación de personal eventual se seguirán procesos competitivos, equitativos y transparentes, excepto en los casos en que las normas bolivianas consideren otros criterios de contratación.

Artículo 18.- (Evaluación y control) I. La entidad ejecutora de todo programa o proyecto financiado con recursos de donación externa deberá prever como parte de la donación, los recursos necesarios para contratar la auditoría externa, a su finalización.

Independientemente y en cualquier momento estos programas y proyectos podrán ser auditados por la Contraloría General de la República (CGR), las Unidades de Auditoría Interna de las entidades beneficiarias, ejecutoras o de las entidades que ejercen tuición.

II. Para los casos de donaciones en especie la entidad ejecutora deberá prever los recursos necesarios para contratar la auditoría externa, a su finalización. Estas auditorías podrán ser realizadas por las Unidades de Auditoría Interna de las entidades beneficiarias, la CGR o empresas auditoras autorizadas.

Ni la UPRE ni el Ministerio de la Presidencia han demostrado haber cumplido las previsiones referidas a la presentación de informes, la observación de los principios de equidad, competencia y transparencia en los procesos de contratación de bienes y personas, la realización de auditorías para la evaluación y control del programa.

Por otro lado, varios de los decretos emitidos permiten obviar los procedimientos de licitación pública, de competencia entre distintos proveedores, de publicidad de los actos, de registro de contratos y proyectos, etc., otorgando autorizaciones de contratación directa que, sin embargo, carecen de informes técnico-jurídicos que justifiquen la aplicación de un procedimiento abreviado y expedito de contrataciones.

El programa ha recurrido con inusitada frecuencia a la modalidad de contratación directa o por excepción, con el argumento de agilizar los procesos de contrataciones, pero sin que cumplan las causales de aplicación de tales modalidades de excepción. Hay que recordar que este tipo de causales para la aplicación, por ejemplo, de la “modalidad de contratación directa”, están especificadas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, actualizadas mediante el decreto 118 de 23 de junio de 2009, promulgado por el gobierno de Evo Morales, siendo de

A FONDO cumplimiento ineludible para todos los organismos del sector público.

Al forzarse y abusarse de la figura de la contratación directa, se ha abierto un peligroso resquicio para la comisión de múltiples irregularidades, y quizás también para hechos de corrupción como los que han sido denunciados en varios municipios.

En definitiva, una legalidad precaria, junto con una conducta relajada y permisiva en la aplicación y cumplimiento de las normas vigentes, ha dado pie a un manejo discrecional de los recursos del programa, a decisiones marcadas por el favoritismo y la falta de transparencia, y un comportamiento a menudo negligente en la asunción de responsabilidades y deberes.

Cómo gasta el programa “evo cumple” Aunque el capítulo anterior señala con una gran cantidad de argumentos que el programa Evo Cumple ha sido ejecutado de forma discrecional, eludiendo las cláusulas de seguridad y control establecidas por la legislación nacional para evitar los malos manejos, y por tanto su ejecución a lo largo de estos años implica un grave riesgo moral, no podemos afirmar que el casi medio millar de millones de dólares que el programa ha usado hasta ahora haya sido, en todo o en parte, apropiado irregularmente por los encargados del mismo o por otros jerarcas del gobierno. El propósito de este trabajo no consiste en demostrar este extremo: careceríamos de base para ello. Nuestro objetivo es llamar la atención sobre la lógica que guía al programa, lógica que aquí podemos juzgar porque han llegado a nuestras manos las cifras de la asignación que hace éste a los diferentes proyectos de los que está compuesto.

Esta información desglosa las cifras agregadas que son las únicas que el Ministerio de Economía, por razones propagandísticas, dio sobre el programa. No es necesario decir que no hemos podido corroborar las cifras acudiendo a fuentes oficiales, pues el lector ya está al tanto del secretismo que convierte al programa, como se ha dicho en el anterior capítulo, en una “caja negra”. Sin embargo, están corroboradas por la escasa información oficial que ha salido hasta ahora.

En lo que sigue, entonces, y mediante algunos cuadros, probaremos que el Evo Cumple no es un programa de lucha contra la pobreza o mejoramiento social, sino de creación de clientelas políticas y campaña electoral para el partido oficial, ya que: a) rompe la tendencia normal de la inversión pública, b) no prioriza a los sectores más pobres, sino a los políticamente adversos, c) el destino del gasto no se define con criterios

Cuadro Nº 1

técnicos, sino por gustos personales, razones regionalistas y la necesidad de obtener el mayor rédito a la brevedad posible, d) el programa ha sido ejecutado con una clara intencionalidad electoral y concede una enorme ventaja al oficialismo sobre sus oponentes, e) el programa trata de crear una dependencia rentista de los municipios respecto del gobierno central, f) el programa financia directamente a las organizaciones sociales, procurando así su lealtad política.

Las prioridades de gasto

En el cuadro 1 Gasto por área (2006-2011) se muestra la ejecución del programa Evo Cumple entre 2006 y 2011, por área de gasto. Esta información nos mostrará cuáles son las prioridades de gasto del programa, para luego compararlas con las prioridades que se han definido para el resto de la inversión social.

En un lustro, Evo Cumple ha usaCuadro Nº 2

debe, como se sabe, a los altos precios alcanzados por las materias primas).

Aun así, se trata de una cifra importante, con la que se podría financiar proyectos cruciales para el desarrollo nacional. Casi medio millar de millones de dólares no es una suma que un país pobre como Bolivia –y tampoco uno rico– pueda despilfarrar.

Alguien podría decir que la mayor parte de este dinero no ha salido de las arcas nacionales, sino de las de Venezuela, y que por tanto es asunto de las instituciones venezolanas protestar por cómo se ha gastado. Pero, ¿es

“Durante cinco años el programa ha dependido de dinero proveniente de Caracas, pero no hya registros presupuestarios de los desembolsos. Tampoco información sobre procedimientos aplicados para la transferencia de recursos, aprobación de proyectos, control e informes de descargo...” do efectivamente o ha comprometido más de 438 millones de dólares, una cifra que en los años noventa hubiera sido considerada descomunal, ya que habría significado un quinto del presupuesto nacional y casi el total de la inversión pública. Esta comparación ahora se relativiza por el enorme crecimiento de todas las cifras de la economía y las cuentas públicas, gracias a la inyección de ingresos que benefició al país en los últimos años de boom exportador (que a su vez se

así? Primero, no sabemos si Bolivia tendrá o no que devolver este dinero, siendo lo más probable que sí tenga que hacerlo en algún momento. Pero aunque no fuera así, de todas formas siempre resultaría pertinente preguntarse si una suma de esta magnitud fue usada bien o mal. Por otra parte, no olvidemos que durante los últimos dos años (2011-2012) el programa, según se colige de las declaraciones que han hecho algunas autoridades, ha sido financiado con dinero público boliviano (y con recursos de otros donantes internacionales).

Veamos entonces cuáles fueron las prioridades de gasto del Evo Cumple.

Del cuadro anterior se saca, en orden decreciente, las siguientes: a) Educación (construcción de aulas, laboratorios, unidades educativas, muros, etc.). b) Deporte (canchas de césped natural y sin- tético, construcción de coliseos polifuncionales, estadios, tinglados, graderías). c) Equipamiento comunal (construcción de mercados, centros de distinta índole, compra de inmuebles, vehículos y equipo, terminales de buses). d) Saneamiento básico, salud, riego, producción e infraestructura vial.

Esta priorización resulta llamativa. Indica que el programa tiene una clara vocación “constructora”, pues sus tres principales prioridades son proyectos de infraestructura, justamente aquellos que “se ven”. Otra constatación es una clara tendencia hacia los proyectos que requieren poco tiempo y pocos recursos para ser terminados. De ahí la gran cantidad de proyectos: 3.913. Se busca Continúa en la siguiente página

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

9

A FONDO Viene de la página anterior

Cuadro Nº 3

atender rápidamente las demandas inmediatas de la gente.

Esto explica el peso que tiene la construcción de infraestructura deportiva, la prioridad número dos, pues ésta ofrece una gratificación inmediata a sus usuarios (que potencialmente son todos) y, por tanto, tiene un importante rédito político, como sabe muy bien el presidente Morales, quien comenzó su carrera como secretario de deportes de los sindicatos cocaleros (además, Morales tiene una inclinación personal por esta actividad).

Por otra parte, el fútbol es, como todos saben, una pasión de masas que permite saltar las distancias políticas, por lo que puede ser muy útil

10

“El programa Evo cumple funciona como una ‘caja’ con la cual Morales puede responder a los requerimientos que recibe de parte de los electores y los sectores sociales. Por eso aparecen mataderos, mausoleos, iglesias (aunque el Estado es laico) e inclusive esculturas conmemorativas...” para penetrar territorios políticamente adversos, como deseaba hacer, e hizo efectivamente –lo veremos más adelante–, el programa Evo Cumple.

Es verdad que el programa parte de las demandas de los alcaldes y dirigentes que solicitan los fondos. Pero las demandas populares no varían mucho en el tiempo ni en el espacio: suelen ser inmediatistas y superficiales. Por eso los planes de lucha contra la pobreza establecen filtros y requisitos para determinar qué proyectos finalmente serán financiados. La idea de estos filtros y requisitos es impedir que el dinero disponible se gaste en asuntos secundarios, de corto plazo, para la exclusiva satisfacción de la “tribuna”. Por el contrario, el procedimiento del Evo Cumple, que ya hemos explicado, no sólo incentiva este tipo de demandas: se inclina directamente por ellas.

Destino

del gasto

La primera prioridad del programa es la etiquetada como “educación” y que, como ya hemos dicho, consiste en la construcción de infraestructura educativa. El cuadro 2 Proyectos en el área de educación (2006-2011) nos ofrece el detalle de esta partida.

Como se ve, la partida más importante del área es la construcción de unidades educativas (no conocemos qué diferencia este tipo de proyectos de los “bloques de aulas” que también aparecen en el cuadro; suponemos que las “unidades educativas” son

www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Cuadro Nº 4

escuelas nuevas). Alcanza los 61 millones de dólares. ¿Se trata entonces de una inversión grande, que rompe con la lógica de la que ya hemos hablado? No, en absoluto. Esta importante suma se emplea para construir nada menos que 335 “unidades educativas”, lo que significa que cada una de ellas cuesta 182 mil dólares. Se trata entonces de más de lo mismo: hacer muchos proyectos pequeños, dise-

minados, en lugar de realizar una sola e importante inversión en algún campo considerado fundamental. Y es que lo primero ofrece un rédito político mucho mayor.

Veamos ahora el desglose de la inversión destinada a la segunda prioridad, etiquetada como “deporte”, en el cuadro 3 Proyectos del área de deporte (2006-2011).

En esta área encontramos una gran cantidad de proyectos de construcción de canchas de todo tipo. Estos, por supuesto, gozan de gran aceptación popular. Las asignaciones más importantes, sin embargo, van para “tinglados” (más de 23 millones de dólares) y “estadios” (18 millones de dólares); ahora bien, si dividimos estas sumas entre la cantidad de obras que se debe financiar (460 y 37, respectivamente), una vez más obtenemos inversiones individualmente pequeñas: cada tinglado recibe 50 mil dólares y cada estadio, suponiendo que todos sean parecidos entre sí (no lo sabemos), algo menos de 500 mil dólares.

La tercera área más importante de gasto es el “equipamiento comunal”, para el que se ha destinado 88 millones de dólares de acuerdo al detalle señalado en el cuadro 4 Proyectos del área de equipamiento comunal (2006-2011). Esta lista muestra, mejor que cualquier otra, que el programa Evo Cumple funciona como una “caja” con la cual Morales puede responder a los requerimientos que recibe de parte de los electores y los sectores sociales. Por eso en ella aparecen “mataderos”, “mausoleos”, “iglesias” (aunque la Constitución define que el Estado es laico), e inclusive “esculturas conmemorativas”.

Hay que destacar el importante monto, de alrededor de 20 millones de dólares, que se destina para la construcción, compra y equipamiento de las sedes de los movimientos sociales. El objetivo político de esta acción no necesita ser explicado. ¿Cómo se viabiliza la inversión en estas sedes? Según una noticia de Los Tiempos del 19 de junio de 2009, el Gobierno destinó 1,4 millones de dólares para la compra de dos edificios y la reparación de otro. Según esta noticia, uno de ellos, valuado en 750 mil dólares, debía ser para la Central Obrera Departamental, pero su secretario ejecutivo, Víctor Mitma, dijo que el edificio costó 200.000. Esta construcción aparentemente fue comprada por la alcaldía.

No hay duda de que los sindicatos y las organizaciones comunales son una parte importante de la comunidad y que por eso tienen derecho al apoyo estatal. Pero uno se pregunta si entregarles infraestructura por alrededor de 20 millones de dólares ayudará realmente a mejorar su trabajo, su potencial como canales de transmisión de la protesta y las ilusiones ciudadanas, es decir, si serán mejores en lo que ha-

A FONDO cen o no. En especial si el precio que deben pagar a cambio es su alineamiento político con el gobierno, su subordinación a las instrucciones del oficialismo, por ejemplo en los procesos de elección de candidatos, que son fundamentales para ellos. ¿No habrá acaso una manera más institucional de apoyar a las organizaciones sociales, que les dé una asignación por medio de un procedimiento objetivo, a fin de preservar la independencia política de los beneficiados?

Por último están “las demás áreas”, que reciben alrededor de 20 millones de dólares cada una (lo mismo que los movimientos sociales, como acabamos de ver). Paradójicamente, estas áreas (producción, salud, riego, etc.) son justamente las más importantes del Plan Nacional de Desarrollo, formulado por el gobierno para el decenio 2006-2016, y en cada ejercicio anual de inversión pública. Esto significa que la inversión del gobierno obedece a una lógica muy diferente que la del programa Evo Cumple, dada la orientación política de éste último.

Por otra parte, como veremos en los siguientes apartados, la duración del programa, y el hecho de que los casi 4.000 proyectos en que consistió hasta 2011 fueran inaugurados por el Presidente en persona, indican que el programa es el instrumento que usa Evo Morales para realizar una campaña proselitista permanente. Campaña que lleva al Presidente, entre otras cosas con el argumento del programa, a los sitios más apartados del país, en particular a donde es más útil para su partido, como veremos enseguida.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha usado su mayoría política para suspender el financiamiento estatal de las campañas de los partidos opositores.

De este modo, éstos deben reunir trabajosamente dinero para hacer política, mientras el oficialismo cuenta con alrededor de 100 millones de dólares promedio por año para promocionarse y realizar proselitismo.

Cuadro Nº 5

“Según Los Tiempos, el Gobierno dio 1,4 millones de dólares para la compra de dos edificios y la reparación de otro.

Uno valuado en 750 mil dólares era para la COD, pero su ejecutivo, Víctor Mitma, dijo que el costó 200.000.” blacional. Cochabamba recibe, además, más del doble que Santa Cruz, el departamento más populoso del país.

Sin embargo, este análisis es todavía muy grueso. El cuadro 6 Gasto per cápita por departamento

(2006-2011), que muestra el gasto per cápita del programa, ordenado por departamentos, nos permite entender mejor cuál ha sido el criterio territorial de éste.

Veamos que Cochabamba, el prin-

cipal departamento receptor en términos absolutos, se beneficia también, como es lógico, de un gasto per cápita alto, pero quedando detrás de Oruro, departamento en el que el Presidente nació. Esto deja en claro que “Evo cumple” más asiduamente con los departamentos con los que está ligado sentimentalmente, lo que indica que el criterio de asignación resulta discrecional hasta el punto de tornarse personal.

El lector tiene que fijarse también lo que sucede con el departamento de Pando. Éste tiene 84 mil habitantes, es decir, un quinto del departamento del Beni, pero ha recibido casi la misma cantidad absoluta de dinero (22 contra 28 millones), y cuatro veces más (400%) en términos per cápita.

Pando incluso se ha beneficiado de un gasto per cápita tres veces (300%) mayor que el de Oruro, que tiene una cantidad de habitantes parecida a la del Beni. Este gasto extraordinario en Pando está relacionado con la decisión del gobierno de “conquistar” este departamento, como parte de una estrategia orientada a doblegar a la parte oriental del país, en la que la oposición es más fuerte y la inserción del MAS, más débil. Esta decisión dio lugar a medidas como la designación “desde arriba” del gobernador de Pando, la creación de una oficina especial para la frontera amazónica, dirigida por un cercano colaborador del Presidente, etc., y, como ahora sabemos, al uso del programa Evo Continúa en la siguiente página

Cuadro Nº 6

La geografía del gasto

En el cuadro 5 Gasto por departamento (2006-2011) veremos a qué departamentos se destinaron los fondos del programa, de lo que sacaremos interesantes conclusiones respecto, una vez más, a la lógica que lo maneja.

Lo primero que salta a la vista es que en términos absolutos el programa ha privilegiado a Cochabamba, el departamento en el que vivió el presidente Morales la mayor parte de su vida, y donde se encuentra su base sindical más próxima, los sindicatos cocaleros de los cuales sigue siendo secretario ejecutivo. Este departamento recibió una asignación de más de 113 millones de dólares, 16 millones más que La Paz, el segundo más beneficiado, pese a la diferencia po-

Cuadro Nº 7

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

11

A FONDO Viene de la página anterior

Cumple. Como resultado de esta estrategia, actualmente el gobierno domina un departamento que en el pasado era fuertemente anti-masista.

Si estos datos no son suficientes para convencer al lector de que el programa Evo Cumple se maneja de acuerdo al antojo y las necesidades políticas del Presidente, el cuadro 7 El gasto (2006-2011) no responde a los niveles de pobreza, que muestra la ejecución en los municipios, organizados según su nivel de pobreza, lo hará.

La conclusión que proporcionan estos datos es sencilla: el programa no focaliza su gasto de acuerdo a los niveles de pobreza, como haría en caso de ser un instrumento de política social. Pero su lógica es completamente otra.

Un instrumento electoral

12

La información con que contamos proporciona fuertes indicios de que el programa fue usado por el MAS para penetrar en los territorios en los que todavía no era una fuerza dominante en los primeros años de la gestión del presidente Morales. Es decir, que se usó más intensamente allí donde el oficialismo tenía menos respaldo, con el claro propósito de mejorar las

Cuadro Nº 8

tar en las elecciones de 2010. Esto sólo puede significar dos cosas: o el programa es totalmente equitativo (pero esto no es posible, porque sería ingenuo suponer que la Venezuela de Hugo Chávez financió un mecanismo destinado a sostener las actividades de los alcaldes opositores a Morales), o fue expresamente diseñado con el propósito de mejorar la imagen gubernamental en las zonas del territorio donde ésta era más débil.

Esta estrategia fue muy exitosa.

“El programa gastó 216 millones de dólares en los municipios que el MAS no controlaba al comienzo, y sólo 84 en los que eran suyos desde 2004. Gracias a estos 216 millones de dólares (…), el MAS pasó de gobernar 99 municipios en 2004, a controlar 239 en 2010...” posiciones electorales de éste.

Así lo prueba el cuadro 8 (20062011) según necesidades políticas, en el que se muestra el gasto efectivamente realizado por el programa en los municipios en los que el MAS controlaba el gobierno, respecto a aquellos en los que no lo hacía, entre 2004 y 2010. (No debe llevar a confusión el hecho de que el gasto que presenta este cuadro sea de 302 millones de dólares, una cifra diferente a la de 438 millones que hemos estado manejando hasta aquí. Lo que ocurre es que los 438 millones son la suma total que ha comprometido el programa, mientras que los 302 millones son el monto efectivamente gastado hasta 2011).

El programa gastó 216 millones de dólares en los municipios que el MAS no controlaba al comienzo, y sólo 84 en los que eran suyos desde 2004. Gastó más o menos lo mismo en los municipios masistas que en los más recalcitrantemente opositores, aquellos que tampoco pudo conquiswww.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Gracias a estos 216 millones de dólares, que se sumaron a factores más generales e imperativos, como la superación de la polarización que dividió al país en “evistas” y “anti-evistas” hasta 2008, la derrota ese año de las élites regionales más opuestas al proyecto gubernamental, y el viraje de diversos sectores urbanos hacia el oficialismo, el MAS pasó, de gobernar 99 municipios en 2004, a controlar 239 en 2010.

El modo

de gastar

El programa Evo Cumple desembolsó sus fondos directamente a los alcaldes y a los dirigentes de los sindicatos elegidos por sus funcionarios, para la realización de proyectos que, en la mayoría de los casos, fueron diseñados por estos mismos funcionarios. No hubo procesos competitivos para determinar los proyectos que se financiaría. Por tanto, el criterio de selección fue subjetivo, y aunque se guió por los propósitos políticos que hemos señalado más arriba, final-

mente quedó librado a la discreción de los encargados del programa y las altas autoridades del oficialismo. El riesgo de corrupción, por tanto, fue y es elevadísimo. Y está claro que quienes obtuvieron proyectos fueron los políticos con mejor “llegada” a las autoridades del gobierno central o, si eran opositores, los con una actitud más conciliadora, que en muchos casos se tradujo en su paso a las filas del oficialismo.

Al comenzar cada proyecto, un equipo gubernamental organizó actos multitudinarios de recepción del primer desembolso, que en la mayoría de los casos se entregó en che- que; actos específicamente diseñados para el lucimiento del presidente Morales, que en ellos podía recibir un “baño de multitud,” propagar sus ideas, potenciar su imagen y establecer lazos con los beneficiarios, a quienes les pedía –implícita y algunas veces explícitamente– apoyo político a cambio del “favor” de construirles una cancha o un aula. Estos actos fueron el equivalente moderno de la costumbre colonial que obligaba a las autoridades a lanzar dinero al pueblo.

Se trata de un mecanismo que no esconde su propósito de formar “clientelas” políticas, de consolidar los lazos entre el MAS y los sindicatos, de entusiasmar a los indecisos y vencer a los adversarios. Dada la gran cantidad de proyectos, el programa generó una cantidad igual de actividades políticas para el Presidente, y al mismo tiempo acompañó la agenda presidencial. En suma, fue un factor fundamental de la “campaña electoral continua” que lleva a cabo Evo Morales a lo largo de su gestión.

Efectos

del gasto

Los programas de entrega de beneficios en efectivo, como la Renta Dignidad y el bono Juancito Pinto, tienen una serie de ventajas que los convierten en las mejores políticas sociales con las que se cuenta en este momento. Se ejecutan de manera igual para

todos los beneficiados, lo que hace más difícil la manipulación política y disminuye el riesgo de corrupción.

Y confían en la capacidad de la gente para usar el dinero que se les entrega de la forma más conveniente para ellos, es decir, no tratan de orientar el gasto en uno u otro sentido.

Son programas rentistas, en el sentido de reparten un excedente (el dinero del gas) entre una determinada población que, así, adquiere derechos irreversibles que no provienen de ningún otro mérito más que su ubicación en determinada escala etaria o su escolaridad, derechos que por eso son “rentas”. Sin embargo, son rentistas de una manera más democrática y respetuosa, que no exige a los beneficiarios perder sus libertades y su dignidad para acceder a aquello que se les ofrece. Podría decirse que realizan un “rentismo moderno”, en tanto que los programas como el Evo Cumple nos recuerdan las prebendas y canonjías que los reyes entregaban a algunos súbditos en la Edad Media. También en este caso hay rentas en juego, pero entregadas de forma discrecional, a cambio de respaldo político y con un ceremonial que exige que los receptores se deshagan en elogios y alabanzas a quienes los favorecen con su ayuda. De esta manera se los inferioriza y se los considera, paternalistamente, menores de edad a los que cada tanto hay que dar una suma para sus gastos.

Nada podría ser más opuesto al ideal del Estado autonómico, y su convicción de que cada municipio y cada región tienen la capacidad y el derecho a decidir por sí mismos, sin supervisión externa, lo que quieren y pueden hacer. En suma, el programa Evo Cumple es una rémora y un obstáculo, tanto para la institucionalización del Estado, como para la emancipación de los pobres de la tradicional tutela a la que han sido sometidos por quienes, en diferentes momentos de la historia, han visto que pueden aprovecharse de su estado de necesidad para usarlos como fichas de su juego político

‘Hay que botar a todos’

A FONDO

S

Eso de ‘¡hay que botarlos a todos!’ solo vale para los jugadores de football, quienes hacen lo que pueden sin buenas escuelas que los formen y entrenen, que les den de comer bien, que los disciplinen e incentiven para ser mejores, como pide el ‘Vice’? Produjo atisbos de alegría su invocación porque, como dijo un amigo, creímos que a quienes hay que botar son a “Quintana, Rada, los Sacha, los nuevos ricos de su partido, los extorsionadores, los pillos, los bloqueadores y coimeros”. Así piensa una gran mayoría ante la fanfarria gubernamental en desmedro de la democracia y la política libres de toda sospecha de corrupción.

No cometería delito alguno si pregunto por qué no incluimos a los dos máximos mandatarios y a todos los funcionarios públicos de este país pluri-mamarrachos, ya que ninguno rinde cuentas de nada ni ante nadie.

Me explico: en la función pública de la era Morales impera el número cero: 0 transparencia, 0 rendición de cuentas, 0 fiscalización. Y así va la democracia herida, sin frenos ni contrapesos en la dinámica política y social frente al uso de recursos públicos, o su mal uso, o uso dispendioso con indicios más turbios que claros sobre su manejo y gestión.

El mejor ejemplo es el programa estrella del presidente “Evo Cumple”. Gracias al trabajo de investigación de un equipo de Unidad Nacional que dirige Samuel Doria Medina, “La verdad sobre Evo cumple”, hoy es una verdad inobjetable que “Evo cumple” incumplió procedimientos de manejo fiscal y contratación de obras. No es invento de un político opositor: ahí están los esqueletos inconclusos de ladrillos y cemento con el monte creciendo adentro y los entornos, además con sobredimensionadas infraestructuras en número y necesidades.

Sin embargo, lo más oscuro del “Evo cumple” es que las obras han sido pagadas con dinero de los bolivianos, no con una donación del ya difunto presidente Hugo Chávez, que de magnánimo no tenía ni un pellizco, al menos en este caso.

Esos dineros, cerca de 500 millones de dólares, provenían del pago que Bolivia hacía a Venezuela por la compra de diesel, entre 2006 y 2012,

tas: i) hacia arriba en relación a los donantes y a los requerimientos del sistema legal y regulatorio del país, que como vimos los eludió impunemente; ii) hacia abajo, frente a las personas, comunidades y población a las que se brinda servicios, se ofrece y construye obras, y iii) horizontal, hacia los propios pares. Nada de eso ha cumplido Evo Morales, sino todo lo contrario ¿Y la ley SAFCO para el control fiscal, conquista de la democracia recuperada que los del MAS llaman despectivamente democracia neoliberal o pactada? Con “Evo cumple”, Morales mandó la ley SAFCO al basurero y, sin embargo, el gobierno ha embargado el periódico El Diario y están en la mira otras empresas, algunas periodísticas, con moras impositivas, sin que se les otorgue

Abecor / Página Siete

¿

usana Seleme se hace eco de la investigación de Unidad Nacional sobre el manejo de casi 439 millones de dólares del programa ‘Evo cumple’, por parte del Gobierno y sin fiscalización. Un dinero a cubrir por los bolivianos y que financia la propaganda oficial.

con un importante detalle: para eludir controles fiscales en Bolivia, la embajada de ese país entregaba cheques, cuyos montos se sumaban mensualmente al precio del diesel que Bolivia importaba.

Es una de las acciones más oscuras del gobierno de Morales y las hay en abundancia. Sobre “Evo cumple” existió siempre un mar de dudas sobre el financiamiento a las obras, pues si bien el propio Evo Morales afirmaba que provenía de una donación personal del extinto presidente Hugo Chávez, no se sabía si era donación, préstamo o intercambio.

En el informe “La verdad sobre Evo cumple” se cita una frase del ministro Carlos Romero que apunta al meollo del asunto: “el dinero provenía de un crédito venezolano, con el que Venezuela se pagaba el diesel ‘inflado’ que le vende al país”. A confesión de partes, relevo de pruebas. Que el desembolso de los recursos se efectuaba vía la embajada de Venezuela en La Paz, confirmaría la injerencia de ese país en Bolivia, al menos mientras Hugo Chávez vivía.

Es decir, Venezuela nos cobrada el diesel indexado y Bolivia eludía el control fiscal. Ambos fueron cómplices de una estafa cuya definición, según la Real Academia de la Lengua, es un “Delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien, mediante engaño y con ánimo de lucro”. Los engañados fuimos los bolivianos, el lucro para

Susana Seleme Antelo Periodista y cientista política

“Con ‘Evo cumple’, Morales mandó la ley Safco al basurero y, sin embargo, el gobierno ha embargado el periódico El Diario y están en la mira otras empresas, algunas periodísticas, con moras impositivas, sin que se les otorgue posibilidades de planes de pago con las penalidades que correspondan. ” el gobierno venezolano, y con dinero del pueblo, “Evo cumple-Ave Evo” hizo campaña política durante seis años, comprando conciencias con dádivas populistas, pero con dineros de la sociedad boliviana. ¿Y qué hay de la accountability?

La ausencia de transparencia no es poca, pues remite a otro cero: 0 ética política en el manejo de la cosa pública. Lo que algunos países anglosajones denominan “accountability”, aquí brilla por su ausencia: 0 rendición de cuentas sobre las decisiones políticas y económicas; 0 informe sobre temas de la administración pública; 0 transparencia en el manejo de esos temas; 0 responsabilidad por las acciones que toman los gobernantes; 0 ética tanto en la gestión pública, como en la vida privada.

“Evo cumple” también incumplió tres niveles de la rendición de cuen-

posibilidades de planes de pago con las penalidades que correspondan. El tratamiento es a todas luces inequitativo: ¿quién le cobra al presidente sus trampas al fisco por “Evo cumple”?

Y no son pocas, pues ya sabemos que se cometió estafa: se invirtió 495 millones de dólares en 4.214 proyectos, entre 2006 y 2012, apunta el diario El Deber (05/06/13). Según despachos de prensa, hay 11 proyectos inconclusos ubicados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, otros hay en Beni y Cochabamba, a los que se agregan los casos del Coliseo cubierto en Boyuibe, en el departamento de Tarija; otro “esqueleto” en Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz, un Hospital en San Vicente de la Frontera, en la provincia de Velasco, en el mismo departamento, bautizado con el nombre de Fidel Castro.

Continúa en la siguiente página

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

13

ESTADO DE DERECHO Viene de la página anterior

14

La rendición debiera tomarse en cuenta para la legitimidad del poder político y debiera formar parte de la agenda del debate público, también ausente en Bolivia. Es una parte esencial de la democracia, pues crea frenos y contrapesos en la dinámica política y social frente al uso de recursos. En el caso de “Evo cumple”, el crédito se está pagando con dinero de los bolivianos, o hasta con papel higiénico, que Bolivia debe importar, tras el acuerdo a puerta cerrada entre Evo Morales y Nicolás Maduro, hace dos semanas. El país importa papel higiénico, pues Papelbol, que debiera abastecerlo para el consumo interno, no produce nada: es otro elefante blanco del gobierno en el Chapare, la zona cocalera con sus poderosas 6 federaciones de campesinos que cultivan los arbustos de hoja de coca, materia prima de la cocaína. El presidente de esas federaciones es hace 17 años el también presidente de Bolivia, Evo Morales.

A falta de argumentos que desmientan la solvente denuncia de Doria Medina, el gobierno respon-

“En el caso de Evo cumple, el crédito se está pagando con dinero de los bolivianos, o hasta con papel higiénico, que Bolivia debe importar, tras otro acuerdo Evo-Maduro.” den con diatribas, insultos, amenzas, y pone ‘cara de yo no fui’, sin dar explicación sobre las obras inconclusas, mal ejecutadas y, lo que es peor, sobre el despilfarro de recursos en obras innecesarias. Sobre todo, frente a las enormes necesidades del país y su gente, ya que no fueron financiadas con dineros donados, sino con nuestro dinero.

Ahora, el presidente dice que ampliará el programa con recursos del Tesoro General de la Nación, sin rendir cuentas y sin transparencia alguna, desde luego.

En resumen, “Evo cumple” es parte sustantiva de la campaña política para la reproducción en el poder de Morales y compañía, en una re-re-reelección inconstitucional, por mucho que el Tribunal Constitucional la haya aprobado. “Métanle, por encina de lo jurídico, está lo político”, habrá dicho una vez más.

Así ha manejado su “Evo cumple”, comprando conciencias con plata de la gente, la que paga impuestos y la que trabaja. ¡Ojalá se vayan todos en 2014! www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Rebelión de las

clases medias

Ovidio Roca Economista

E

l proyecto de Estado Plurinacional y su concepción extractivista, etnicista y comunitarista, no solo ha demostrado su fracaso económico y social, sino que tiende a enfrentar y dividir el país; es por tanto pertinente que los ciudadanos afectados, de forma democrática, promuevan un proceso de recambio para salvar al país y defender sus intereses.

A pesar de que el Gobierno ha recibido en los siete últimos años -“de arriba”, sin haber hecho nada para generarlos- 95.000 millones de dólares, cinco veces más que todos los gobiernos anteriores en 25 años (según nos informa José Luis Parada), el resultado del proceso de cambio ha sido un fiasco y brutal despilfarro.

Lo más grave sin embargo es la destrucción del Proyecto de Nación Boliviana, del ideal de un país democrático que nos integre a todos, con la engañosa propuesta del establecimiento de 36 nacionalidades, promoviendo la diferenciación y enfrentamiento étnico y usándolo como una estrategia de división regional, para finalmente establecer su poder omnímodo.

En la práctica lo que se ha instalado en Bolivia es una burocracia de partido, una estructura corporativa, cocalera, y una etnia dominante que es la que se beneficia económicamente con el manejo totalitario del aparato de gobierno y del país. Ante esta situación y para beneficio de los bolivianos, se necesita de forma urgente contraponer a esta visión y práctica política que nos conduce al fracaso, una visión moderna de país, una sociedad de instituciones sólidas y estables, una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley, los que procuran juntos un futuro común y compartido. ¿A quién le interesa un cambio de este estado de cosas, vivir en un Estado de Derecho, en un país formal, de leyes? Seguramente que no a los sectores que se sienten cómodos en un ambiente de informalidad, de ilegalidad: contrabandistas, traficantes, cocaleros y también un sector de cuentapropistas que aprovechan de la anomia y la ausencia de gobierno para actuar sin ningún control fiscal

y ambiental, tal es el caso de algunos cooperativistas mineros.

Los que valiente y estoicamente se enfrentan al gobierno y reivindican sus intereses sectoriales son los indígenas y los trabajadores, quienes se sienten y se saben traicionados por el llamado proceso de cambio. Hasta ahora poco han logrado, pues además de enfrentar un fuerte aparato represor, tienen la debilidad de poseer una fijación ideológica por un Estado rentista, prebendalista y clientelista, que es la misma que maneja el Gobierno, por lo que son fácilmente engañados y manipulados.

Si revisamos la historia, veremos que no fueron siempre los pobres, ni los indígenas, ni los obreros los que iniciaron las revoluciones, sino las clases medias. Veamos como ejemplo la Revolución Francesa, la Revolución de Octubre, la Revolución del MNR, la Revolución Cubana. En realidad no se trata de la clase media en su conjunto, ni siquiera de un grupo organizado, sino más bien de los líderes de la clase media, los que de repente surgen, se vuelven populares y luego sorprendentemente eficaces.

Se puede decir de las clases medias, al decir de un marxista, que no son una “clase en sí, ni para sí”, por lo que no son revolucionarias. Lo que se puede afirmar sin embargo es que aunque las clases medias no se rebelan, ellas causan, impulsan la rebelión contra un orden injusto. Pero si las clases medias, los intelectuales, los indígenas y los trabajadores no actúan unidos, por más que protesten contra la injusticia y el abuso no conseguirán nada más que encumbrar a algunos dirigentes, para que consigan luego sus prebendas.

Por ahora hay una oposición dispersa, sin estructura política organizada. Los frentes opositores no logran captar la confianza de la ciudadanía, tampoco logran ponerse de acuerdo entre ellos por problemas de egos. En consecuencia, a la clase media, que es actualmente la más perjudicada, le correspondería involucrarse y aliarse con los otros sectores de la sociedad, aquellos que también quieren prosperidad, paz y libertad.

Para que un movimiento de re-

cambio democrático se convierta en algo eficaz, se requiere contar con una propuesta seria de país, un mecanismo de concertación y una representación política que tenga una imagen y liderazgo personal.

No se trata de una revolución que destruye todo, sino de avanzar en la construcción de un nuevo orden, y la ventaja que tiene la clase media es la de ser un sector social incluyente y que procura la unidad, pues culturalmente está más allá de los encasillamientos raciales y religiosos; se integra a los avances de la ciencia, la tecnología y la cultura universal y está especialmente comprometida con los principios democráticos. Esto sin olvidar sus propias raíces culturales e históricas.

Sus armas y potencialidades, a las que temen los caudillos, son fundamentalmente la libertad de pensamiento, el conocimiento, el acceso a los modernos medios electrónicos de comunicación (e-mail, twitter, Facebook) y a las redes sociales, para la defensa de la verdad y su divulgación. Por todo esto es que la clase media está en el punto de mira del Gobierno, especialmente por el temor y odio que le tienen a los librepensantes, propios y ajenos.

En consecuencia, una alternativa al actual desastre sería plantearse seriamente la Rebelión de las Clases Medias, con una propuesta que podría partir de: Conformar un Estado Federal que permite el diseño de normas y leyes diferenciadas y acordes a las particularidades de cada región del país y de su gente y que se aplican en cada Departamento.

Una sociedad democrática que sustente el Estado de Derecho y un modelo de economía sostenible, con productores competitivos.

Una sociedad que valore la libertad individual, el afán de progreso, la educación, el profesionalismo, el esfuerzo personal, el trabajo y la sobriedad y como consecuencia el ahorro y la inversión productiva; como base del desarrollo sostenible.

El resto es trabajo. ovidioroca.wordpress.com

ESTADO DE DERECHO Barlamentos

El otro canal seco sudamericano

E S

n Bolivia no existe una política exterior que parta del conocimiento geográfico e histórico del país y su vecindad, afirma Winston Estremadoiro en un Barlamentos que sí lamenta, y mucho, que Bolivia sea un actor pasivo, de segunda, pese a su ventaja geográfica.

ostengo que una de las deficiencias educativas de Bolivia es la enseñanza de geografía.

La del país, ignorancia que ha exacerbado el mote de exótico pueblo altiplánico encerrado en las cimas andinas, ¿acaso no han tipificado a nuestro país como el Afganistán de América del Sur? Los mandones bolivianos han olvidado por décadas los dos tercios de territorio platense y amazónico que nos quedan, luego de zarpazos de los países vecinos. Ahora estamos en la fase de que los aymara conquisten el vacío oriente patrio, como los cruceños salpicaron el nordeste al influjo del caucho. Ignoran lo mentiroso del “primus inter pares” étnico del Estado Plurinacional, en un territorio que en Colombia alberga más de 40 millones de gentes, a pesar de su propia versión de diáspora poblacional que hizo emigrar a tantos.

La de Sudamérica, donde de inicio se dio la espalda al subcontinente en el contexto planetario. En el siglo 18, para trazar vías marítimas que unían puertos a Europa imperial, origen de países que ‘miraban’ a España, Portugal y a la reina de mares, piratas y empresarios: Inglaterra. El siglo 19, era del colonialismo racista, se hizo caso omiso del “go west, young man”, frase que viabilizó el desparrame de Estados Unidos allende los Apalaches, hasta llegar a las costas del Océano Pacífico a expensas de los pieles rojas, y de México. Sin embargo, Brasil amplió sus fronteras merced al “uti possidetis de facto”, Argentina libró su guerra pampeana a los indios, Chile creció al norte agrediendo a Bolivia y Perú. Este último no discute al agresor de 1879 que la victoria no da derechos, quizá porque creció también al norte, a costa de Ecuador.

Con ese trasfondo, en el nuevo milenio las cosas han cambiado. A la “pax americana” –que debería circunscribirse solo a EE.UU, porque americanos somos todos en el hemisferio– se le pone al frente China, que flexiona su poder económico en el Nuevo Mundo. ¿Cómo lo hace?

Atizando ideas de comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Brasil está apostando con todo para llegar, a través del Pacífico, a los mercados de Asia. ¿Alguien cree que dudaría en apostar por una opción menos costosa y que le ofrece Bolivia?

Minan la base de la Doctrina Monroe –América para los EE.UU– que urdió la separación de Panamá de Colombia y construyó el canal que pusiera límite sur a su hegemonía en México y Centroamérica: su ‘patio trasero’.

Ningún cuento chino, me late que geopolíticos pekineses, –o “beijineses”, para no confundirlos con canes pequeños siendo mastines grandes– están detrás de opciones redivivas de alternativas al Canal de Panamá en Centroamérica o Sudamérica. Tal colegí de leer el artículo de Rogelio Núñez en Infolatam, “América Latina: El canal seco, ¿un sueño o un cuento chino?” Las alternativas de puertos secos o mixtos al atosigado Canal de Panamá, en orden de viabilidad, son Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Colombia.

Mala espina fue tal vez para los chinos, que los dos primeros y minúsculos países no acordaran un proyecto binacional por el fronterizo río San Juan y el lago Nicaragua: los ticos no pueden sentir a los nicas, y viceversa; ahora ambos tienen proyectos, en vez de uno cuya magnitud de 35 a 45 mil millones pudiera ser clave de bóveda en una Centroamérica unida; China quizá prefiere a Costa Rica, país ordenado, letrado y sin milicos, cual sugieren los recientes acuerdos multimillonarios entre ellos. El analista

Brasil con los puertos del Pacífico y los mercados asiáticos. Y es que ésa es la diferencia: se trata del gigante sudamericano llegando al Asia.

Los obstáculos nacionales empiezan por la estrechez de miras de un pueblo provinciano que tiene reflejo de su ignorancia en el actual gobernante, a pesar de su veintena de doctorados “honoris causa”. No existe una política exterior que parta del conocimiento geográfico e histórico del país y su vecindad. Bolivia es un actor pasivo, de segunda, aún con la ventaja geográfica de que, aparte de biodiversidad y recursos naturales, es privilegiada de ser la cintura de Sudamérica. Brasil, camino a ser potencia mundial, necesita llegar a puertos del Pacífico y a los mercados asiáticos.

Winston Estremadoiro Antropólogo

“A pesar de la extraña opinión de Rogelio Núñez, que considera una ocurrencia que parece sacada de una mente delirante que Bolivia sea lugar de paso sudamericano de oriente a occidente, insisto que por nuestro país pasará uno de los canales secos que vinculará Brasil a los puertos del Pacífico.” considera que la opción guatemalteca de canal seco es ilusoria. Los gringos llorarán del muñón de istmo interoceánico que dejaron a Colombia después de escamotear Panamá, pero la opción de canal seco entre Urabá y Cupica es real, pero que será atosigada por el comercio sino-colombiano.

Los expertos consideran que “es el más barato y con costes más bajos debido a que no es un canal sino una red de carreteras y ferrocarriles para unir ambos mares”.

Afiebrado debe ser mi cacumen. A pesar de la extraña opinión de Rogelio Núñez, que considera una “ocurrencia que parece sacada de una mente delirante” que Bolivia sea lugar de paso sudamericano de oriente a occidente, insisto que por nuestro país pasará uno –si no el más importante– de los canales secos que vinculará a

Nuestro país es la opción más corta y más barata.

Es cierto que los países vecinos conciben modos de circunvenir nuestro territorio, para evitar el cáncer de la republiqueta cocalera del Chapare, que construirá la carretera asesina del Tipnis cueste lo que cueste; que tendrá Facultad universitaria en Ivirgarzama, con menciones quizá en latrocinio de inversiones lecheras, matuteo de carros y muerte por enterramiento vivo. Para qué especular si hubo contubernio en la vía interoceánica del sur brasileño por el norte argentino, hasta el megapuerto chileno de Mejillones: es una realidad. ¿Se le ha ocurrido a un cerebrito pachamamista de la Cancillería un estudio de costos adicionales del comercio brasileño por Rondonia y Acre, para llegar al Pacífico por Perú? www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

15

BOLIVIA VIVA

E

José Antonio Prado Ingeniero de sonido / Pionero del colectivo Revolución Jigote/ La Razón

16

C

l ámbito urbano es el escenario perfecto para redescubrir el significado escondido de democracia, dice José Antonio Prado para dejar bien clarito de qué se trata la Revolución Jigote.

uando se habla de democracia en Bolivia de inmediato las miradas se dirigen hacia arriba, muy arriba; no se sabe bien qué tan arriba ni hacia qué. Es una abstracción de tal nebulosidad que termina siendo un comodín que sirve cuando se quiere no aterrizar, no hablar de las responsabilidades concretas de nadie, o cuando se quiere sonar sabios, rimbombantes: “La democracia”, caramba, qué cosa tan seria.

Ante tal ampulosidad inexpugnable, a los ciudadanos de a pie nos toca ponernos creativos y algo perspicaces. Perspicaces, por ejemplo, para darnos cuenta de que nos la están charlando a propósito.

Así es que, sin mayor bagaje teórico, y con aún menos experiencia, un grupo de nosotros, los de a pie (en realidad, uso el auto de mi esposa, pero se entiende mi punto), decidimos darnos la tarea de encontrarle un giro al asunto y buscar una grietita desde la cual dotar a esa palabrota de un significado más real y práctico, sobre todo para que no nos la sigan charlando.

Sin ningún ánimo de reinventar la pólvora, nos preguntamos: ¿se puede hablar de democracia entre

Dignidad y convivencia urbanas

sino sólo vivir y construir; que no se construye sobre leyes, sino sobre principios de orden ético. Y, por último, que es “una opción de sociedad que expresa una forma de ver, interpretar y ordenar el mundo en función del respeto por los derechos humanos.” Eso. La ilustre declaración de 1948. Remata Toro con esto: “La democracia es el proyecto de la dignidad humana”. Listo, ahí está. ¿Se puede aterrizar más aún? Difícil.

Entonces, buscamos la dignidad para todos, por decisión colectiva.Y esto me trae por fin al tema sobre el que quiero escribir. Quiero escribir sobre dignidad y convivencia.

“Una ciudadanía que no respeta personas ni bienes públicos, que ha perdido su capacidad de fiscalizar y orientar a sus autoridades, que recurre a la ‘cultura del atajo’ siempre con la justificación lista para ser pronunciada, es una ciudadanía disfuncional” vecinos, entre ciudadanos atareados en su cotidianidad? ¿Sin “filosofar” mucho, digamos? Es que a los cruceños eso nos aburre un poco, dicen. Se puede, nos respondimos.

El ámbito urbano es justamente el escenario perfecto para redescubrir ese significado escondido.

Y es que el nivel nacional es tan complejo. Y el nivel plurinacional, tan pluricomplejo, que no hay cómo no enredarse. En cambio, una ciudad, por grandota que sea, lo hace todo más gráfico y sencillito.

Listo, ahora dejemos de usar la palabra “democracia”, y sustituyámosla por una de sus definiciones.

No ya la de Platón ni la de Aristóteles, sino una más fresquita, la del colombiano José Bernardo Toro. Dice este tipo genial que la democracia es una cosmovisión, es decir, una forma de ordenar el mundo; que es una construcción continua y colectiva y, por tanto, no se puede decretar, www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Santa Cruz de la Sierra, municipio con un par de millones de ciudadanos (nos deben ese dato a todos los bolivianos) pierde calidad de vida a gran velocidad. Una afirmación así de temeraria en el papel, se vuelve de perogrullo al vivir el día a día y el año a año en esta urbe en la que es cada vez más difícil satisfacer las más elementales necesidades humanas.

Para saber más concretamente a qué velocidad se nos va poniendo más y más difícil ser felices acá, e identificar dónde están las causas concretas, los mecanismos que fallan, los palos en la rueda, es que el Movimiento Ciudadano Santa Cruz Cómo Vamos, inspirado por los más de 60 movimientos y observatorios que conforman la Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, diseñó el año pasado su propia batería de 150 Indicadores Ciudadanos de Calidad de Vida. En el proceso de ese estudio,

llevado a cabo en base a un referente de la ciudad soñada, y no de manera fría y aséptica, fue abriéndose espacio y ganando peso el rol del propio ciudadano en la construcción de esa ciudad, y ya no sólo de las condiciones que configuran un cuadro. Me explico mejor: a los datos “duros”, que parecían en un comienzo los más importantes de relevar, les fueron disputando la cancha aquellos datos referidos a nuestros hábitos, nuestras maneras de actuar y de relacionarnos. Es decir, nuestro nivel de cultura ciudadana.

Y en esto nos parecemos mucho todos los bolivianos. Es de esas cosas que nos unen. Y es que somos un desastre conviviendo en bollo. La vida apacible de los pueblos —en oriente u occidente— se transforma como siguiendo una fórmula en un gigantesco escenario de ruido y violencia en tanto superamos el umbral de “ciudad grande”.

Y no habría forma de que esto fuese distinto: con un sistema educativo tan deficiente como el boliviano, y tantas autoridades locales tan interesadas en gobernar poblaciones ignorantes de sus derechos y responsabilidades (el prebendalismo necesita de ese fértil terreno para funcionar), una cultura de la sana convivencia no iba a surgir por generación espontánea: ciudadano se hace, no se nace.

Es decir, no tiene que ver —perdónenme la obviedad, superada hace siglos— con ninguna cualidad intrínseca al ser humano: no somos ni más ni menos brutos que los finlandeses, ni más ni menos vivos que los canadienses. En principio. Pero al final, nos embrutecemos y nos volvemos “vivísimos” en extremo por nuestros propios mecanismos defectuosos para vivir en democracia. Ahí está de nuevo la palabrita. Para vivir con dignidad, todos, habíamos dicho.

Y es que, ¿qué más indigno que vivir entre la basura? ¿O pelear a gritos con un vecino que defiende su “derecho” a darle al karaoke en el patio a las cuatro de la mañana por-

que es su cumpleaños? ¿O no poder caminar por tu vereda porque un prepotente dejó su vagoneta estacionada ahí? ¿O ver cómo en tus narices algunas autoridades negocian el futuro de todos por un poco más de miserable poder? Ahí no hay dignidad. Eso no es democracia.

Es decir, una ciudadanía que no respeta personas ni bienes públicos, que ha perdido su capacidad de fiscalizar y orientar a sus autoridades, que recurre a la “cultura del atajo” siempre con la justificación lista para ser pronunciada, es una ciudadanía disfuncional. Bueno, ¿y eso cómo se cambia? La primera tentación es el “que se vayan todos”: barrer con los políticos, barrer con los maestros, barrer con los comerciantes, barrer con los micreros, todos ellos crueles responsables de nuestras desgracias.

Pero, ¿quiénes los reemplazan? Más de nosotros, es decir, más de lo mismo. Formar ciudadanía es imprescindible para romper el círculo.

Esto me acerca al meollo: en las ciudades de La Paz y Santa Cruz se han venido desarrollando procesos paralelos que nos ayudan a aprender. Durante los últimos diez años, ambas ciudades han comenzado procesos de formación ciudadana.

En Santa Cruz, se implementó desde la sociedad civil, como resultado de lo acordado en repetidos foros urbanos, mientras que en La Paz se lo hizo desde el gobierno municipal.

No hay punto de comparación en el nivel de impacto obtenido, dada la escala de los esfuerzos municipales paceños versus las reducidas posibilidades de una sola institución civil pequeña en Santa Cruz. Es lo lógico además que esta función debe ser asumida por el Estado local. Es lo legal.

Sin embargo, la experiencia cruceña deja aprendizajes importantísimos, no sólo en términos de haber producido diagnósticos de nuestra cultura ciudadana muy valiosos, o haber descubierto las diversas formas y lenguajes con las que se puede exitosamente hablar con los cruceños.

BOLIVIA VIVA

El año pasado, conversando apasionadamente con los amigos y amigas del equipo de cultura ciudadana del municipio paceño que nos visitaron para el Foro Urbano “Cultura Ciudadana y Calidad de Vida: el rol del ciudadano en la construcción de una ciudad justa, democrática y sustentable”, saltó a la mesa un tema que no olvido. Eran los días en que la ciudadanía cruceña diera un “manzanazo”, frenando las pretensiones de un asambleísta que quiso expulsar la más querida galería de arte de la ciudad para ampliar las oficinas para la brigada parlamentaria. Impresionados por ese evento y por lo atestiguado en las mesas de trabajo en el foro, en las que se discutió apasionadamente y se vieron germinar las primeras alianzas para una campaña permanente de formación ciudadana, los colegas paceños me confesaron su sana envidia, porque veían mucha mística en la ciudadanía, una gran pasión y muchas ganas de aportar. Me confesaron que a ratos les costaba un poco despertar eso en la ciudadanía paceña. No pude hacer otra cosa que reír, porque nuestras sanas envidias eran complementarias: yo envidiaba tener un gobierno municipal que asuma la tarea de formar ciudadanía.

Y es que el proceso permanente de formación ciudadana tiene justamente varios pilares complementarios. Uno de ellos es el de la información, de la comunicación, de las campañas. Y en Santa Cruz, ahí es donde ha intervenido la sociedad civil. Pero los otros dos pilares no los puede aportar nadie más que el estado local, es decir: crear las condiciones para cumplir con lo que se nos pide en las campañas, y controlar y eventualmente sancionar a quienes a pesar de todo, no cumplen.

En días pasados, Santa Cruz presentó otro intento desde la sociedad civil, otro empujoncito hacia una cultura ciudadana de la sana convivencia. La Revolución Jigote es una campaña de formación ciudadana de diez años, propuesta desde la propia ciudadanía, y a la que se están adhiriendo de un modo muy emocionante muchas instituciones y personas dispuestas a sumar esfuerzos. Se respira un aire especial en torno a esta campaña, y la mecha incluso ha llegado a encenderse accidentalmente en varias otras ciudades del país, que exigen sus propias revoluciones del comportamiento.

Y es que es nuestro comportamiento sobre la base de una ética compartida, el que tiene el potencial de transformar la realidad para que sí sea posible la dignidad para todos. Eso incluye, claro está, desde el acto íntimo de la honestidad y la sonrisa, hasta el acto público de la interpelación al poder. La jocha recién comienza.

Una nueva versión de La Tuja Digital

E L

l proyecto que arrancó en 2008, después de ser uno de los 11 ganadores del Programa Fondo Juventud del BID y Microsoft, reedita este año su curso de capacitación y producción audiovisual.

a Tuja Digital, centro de capacitación y producción de audiovisuales, uno de los siete proyectos ganadores del Programa Fondo de Juventud del Banco Interamericano BID y Microsoft 2008. Se presentaron 198 de toda Latinoamérica y el nuestro resultó entre los 11 ganadores, representando a Bolivia.

El día sábado 10 de mayo de 2008, en instalaciones de la Universidad Privada Franz Tamayo, se realizó la inauguración de las actividades académicas y de producción de la iniciativa denominada La Tuja Digital.

Inmediatamente se dieron inicio a las clases teórico-prácticas que se desarrollaron todos los sábados durante seis meses, en horarios de 14:00 a 19:00.

Los beneficiarios fueron seleccionados por sus aptitudes artísticas e inclinaciones comunicacionales, son chicas y chicos que cursaban desde el octavo de primaria hasta cuarto de secundaria de cuatro colegios del norte, centro y sur de nuestra ciudad.

Dichos colegios fueron el Colegio María Magdalena Postel, las escuelas públicas Bailón Mercado Ortíz y la Nacional 6 de Junio, y el Colegio Internacional de la Sierra.

En cuanto a la cantidad de beneficiarios en esta etapa de implementación, planificamos trabajar con 60 jóvenes, tuvimos demanda al interior de los centros con los que ya teníamos convenio, e iniciativas personales de otros chicos pertenecientes a otros centros educativos. Comenzamos con 83, en el proceso tuvimos algunas deserciones, hasta acabar con 68 jóvenes que son los que nos acompañaron hasta el final de esta gestión 2008.

En la gestión 2009, La Tuja Digital sentó su base de operación en la Universidad Nur, se inscribieron 94 y el programa se concluyó con 65 beneficiarios, de tres colegios: Bellas Artes, Fé y Alegría Santa Cruz de la Sierra y Juan Pablo II. En total, el proyecto en dos años trabajó con 133 beneficiarios de siete unidades educativas.

Una de las metas esperadas y cumplidas fue la de lograr posicionar el concepto de emprendedurismo. La interrelación e integración de los beneficiarios y la conformación de los

El equipo de La Tuja Digital: Jorte Arturo Lora Creador y director general.

Lorena Saillén Administradora y facilitadora.

Waleska Ortega Directora académica y facilitadora.

Elmy Sotelo Director de monitoreo.

Versión 2013: inicio en agosto.

Informes e inscripciones: llamar al 708-53001 Más información: www.facebook.com/LaTujaDigital

grupos de trabajo (agencias publicitarias y productoras audiovisuales) permitieron que se unan y socialicen chicos y chicas de diferentes estratos socioeconómicos y de diferentes puntos de la ciudad y segmentos etáreos.

La aplicación de una metodología nueva de enseñanza-aprendizaje en temáticas audiovisuales y de ofimática NTIC’s, basadas en su totalidad en dinámicas lúdicas, funcionó y surtió efecto frente a la costumbre que los jóvenes tenían de la enseñanza impartida en sus centros educativos.

La apropiación de las tecnologías por parte de los jóvenes para lograr que experimenten, se sorprendan y se expresen, sin lugar a dudas es una

de las metas más importantes logradas y esto lo corroboran los trabajos creados y producidos por los beneficiarios.

A nivel de productos audiovisuales y los diseño de logos y animaciones, se había planificado realizar una de cada una, pero en el proceso nos dimos cuenta que podíamos producir mucho más y así se hizo. El resultado fue la pre-producción, producción y post-producción de cuatro cortometrajes, cuatro reportajes y ocho making of o micro reportajes detrás de cámara. En el área de branding y animación, la producción de cuatro diseños y animación para las agencias y cuatro diseños de logos para las productoras audiovisuales.

El acercar a los jóvenes a la tecnología, permitiéndoles que se apropien de ellas, nos ha demostrado que con los conocimientos adquiridos en La Tuja Digital ellos son capaces de expresarse, de criticar y analizar fenómenos de su entorno, produciendo videos competitivos y de muy buena calidad.

Para el equipo ejecutor de la iniciativa La Tuja Digital, el haber llevado adelante este proyecto -que sin lugar a dudas era un sueño, dadas las necesidades de nuestros jóvenes de tener alternativas ocupacionales y sobre todo del acercamiento a estas tecnologías- es la consolidación de un grupo de jóvenes profesionales, donde la experiencia de la implementación del proyecto y la relación directa con los jóvenes les ha permitido desarrollarse a nivel profesional y sobre todo humano. Gracias a esto se reafirma la vocación, el compromiso y la voluntad para continuar con y en La Tuja Digital.

Por eso ya está en marcha la versión 2013 de La Tuja Digital que arranca en agosto. Estamos incluyendo la materia de tecnología 2.0, la relación de nuestros participantes con las redes sociales, el correcto aprovechamiento de estas herramientas en línea y de aplicaciones para poder compartir y difundir sus trabajos audiovisuales, además que ampliamos el espectro de participantes a niños y niñas de primaria y a estudiantes universitarios e interesados en general.

Jorge Arturo Lora Director de La Tuja Digital

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

17

BOLIVIA VIVA En debate

Un pedido al alcalde: ‘¡no amplíe el radio urbano de la ciudad!’

E

Colegio de Arquitectos de Santa Cruz / Foro Urbano

18

E

sa fue la principal conclusión del foro convocado por el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz para analizar la decisión del Gobierno Municipal de la capital de ampliar en más del 60% el radio urbano de la ciudad. A seguir, el pronunciamiento del foro.

n el marco de la política institucional del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, denominada “Construir Ciudad”, se desarrolló el Foro “Ampliación área urbana: ¿desarrollo sostenible versus especulación inmobiliaria y política?” con el objetivo de discutir la ampliación del área urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora, damos a conocer nuestra posición tomando en cuenta que una decisión tan trascendental para el futuro de la ciudad y sus ciudadanos merece contar con la participación democrática de los colectivos sociales y técnicos que tienen algo que decir al respecto.

“La ampliación de la mancha urbana no constituye ninguna garantía de que el tema habitacional podrá ser encarado de manera más solidaria, justa y sostenible. Antes bien, lo más probable es que una vez más sean los grupos inmobiliarios quienes obtengan los mayores réditos de la situación.”

Por lo tanto, hacemos conocer nuestras conclusiones y posición institucional con relación a un tema tan relevante y significativo en el que no se convocó y no se tomó en cuenta la participación ciudadana, la cual es una expresión indispensable de la democracia activa, así establecido en la legislación vigente En este sentido y considerando, Que, el concepto de desarrollo urbano en el mundo globalizado de hoy se enfoca en el logro y fortalecimiento de ciudades modernas y competitivas que constituyan espacios urbanos que provean a los habitantes las condiciones necesarias para su desarrollo integral, con niveles aceptables de calidad de vida y que además asuman con eficiencia el rol que les corresponde dentro www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

de las redes o sistemas territoriales.

Que, en el caso de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, su rol de metrópolis regional es indiscutible como centro urbano especializado y de articulación de redes de flujos económicos y actividades urbanas, sin embargo deben mejorarse sus estándares de calidad de vida. Para ello es necesario determinar parámetros y referentes técnicos cuya aplicación permita dimensionar y precisar la calidad de oferta de bienes y servicios urbanos en nuestra ciudad -y en nuestras ciudades- en función del volumen de población, jerarquía, rol y función que les corresponda.

Que, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, desprendiendo de este principio la

responsabilidad que le corresponde al Gobierno administrador del territorio de proveer condiciones aceptables de calidad de vida para la satisfacción del conjunto de necesidades inherentes a la existencia y bienestar de los ciudadanos.

Que, el concepto calidad de vida es utilizado para evaluar el bienestar social integral de individuos y sociedades en diversos contextos. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social.

Que, los estándares de urbanismo que deben ser garantizados en dimensiones de calidad, cantidad y accesibilidad para todos en los centros urbanos son los siguientes: Habitabilidad y seguridad de la vivienda Acceso a los equipamientos de salud, educación, la recreación y el ocio Cobertura de los servicios básicos de energía, agua, desagüe, telecomunicaciones – con Utilización de fuentes de energía renovable: buscando soluciones prácticas y sostenibles a los usos energéticos, tanto a nivel particular como

industrial y empresarial.

Racionalidad en la vialidad y transporte urbano.

Eficiencia en la movilidad urbana: Potenciando un transporte público no contaminante, que suponga una alternativa real a los medios de desplazamiento privados.

Tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

Calidad del espacio público con la regeneración y preservación de los espacios naturales: con la integración del propio entorno natural en el crecimiento de la ciudadGarantías sociales. Los ciudadanos deben sentirse cobijados por la ciudad de la que son partícipes no solo a un nivel humano y personal, si no con las medidas sociales necesarias para que se produzca una materialización de la solidaridad Que, los desafíos fundamentales de Santa Cruz de la Sierra hoy son urbanos y, específicamente metropolitanos, por ello la imperiosa necesidad de la participación ciudadana y la generación de espacios de dialogo donde discurrir y analizar las cuestiones más relevantes de la problemática de la ciudad y la región, su evolución, y posibles escenarios futuros.

Que, el PLOT vigente y aprobado mediante Ordenanza Municipal

BOLIVIA VIVA 078/2005, establece el dimensionamiento de la expansión urbana considerando: evolución de la población urbana, evolución de la mancha urbana y evolución de las densidades Que, la densidad poblacional actual es de 45.52 hab/Ha, considerando la población del censo 2012 de 1.756.926 de habitantes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que cuenta con una extensión urbana de 38.596 has.

Que, con la proyección del PLOT de densificar en 75 hab/ha en las 38.596 has de radio urbano vigente pueden vivir y convivir 2.894.700 habitantes, esto a la fecha no ha sido alcanzado y aplicando un modelo de ciudad compacta la densidad pudiera elevarse a 150 hab/ha y contener a una población de 5.789.400 habitantes.

Que, la Ley N° 247 establece en el Título III Áreas de riesgo. Capítulo único. Artículo 18 (ÁREAS DE RIESGO). Para determinar la viabilidad de la regularización del derecho propietario de bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda en áreas de riesgo, los Gobiernos Autónomos Municipales efectuarán los estudios técnicos especializados sobre la base de criterios técnicos definidos por el Órgano Ejecutivo del Nivel Central del Estado. En los casos en que el Gobierno Autónomo Municipal, hubiera aprobado los asentamientos humanos en áreas de riesgo y no proceda la regularización del derecho propietario conforme a los criterios técnicos esta-

debe cumplirse, a efecto de garantizar el derecho a la ciudad a todos sus ciudadanos.

Que, los asentamientos humanos que actualmente se encuadran en la Ley 247 están debidamente identificados y en su totalidad las áreas afectadas no superan las 1.000 hectáreas.

Que, no se discute el derecho al gobierno municipal a cumplir sus responsabilidades, ni el legítimo derecho propietario de los barrios afectados; sin embargo no se han construido los espacios para la reflexión, el análisis técnico y la participación democrática a ese fin, porque se ha impedido la voz de los colectivos técnicos.

Que, urge una mirada de la Ciudad Integral (ciudad-campo). Conocer el impacto de la aplicación de normas de uso del suelo y de estándares constructivos en la infraestructura y servicios públicos, y el cumplimiento de las regulaciones y normas urbanas.

Que, es imperioso conocer y difundir los efectos que tiene la infraestructura sobre el desarrollo espacial de la ciudad, así como planificar la inversión de una infraestructura urbana equitativa y eficiente.

Que, el gran debate pendiente no es acerca de si debemos transformar la jurisdicción municipal en su totalidad en área urbana, sino acerca de cómo debe ser modificado para convertirlo en un “ecosistema urbano”.

Una sociedad sustentable satisface las necesidades del presente sin sacrificar la capacidad de las generaciones fu-

“El acceso a los servicios públicos, educación y salud tampoco está garantizado para los sectores mayoritarios. Las condiciones empeoran en la medida en que espacialmente se ubican cada vez más distantes del centro de la ciudad.” blecidos en el parágrafo I del presente Artículo; el Gobierno Autónomo Municipal deberá reubicar a los afectados en sectores libres de riesgo.

Que, el Estudio Técnico Especializado es la investigación que determina técnicamente las características físicas de una porción de territorio y su entorno, en función de su uso y ocupación urbana.

Que, la Ley N°247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles destinados a Vivienda, en el artículo 6, en sus incisos A) y B) señala que: “Los Gobiernos Autónomos Municipales a efectos de la regularización del derecho propietario que apliquen la presente Ley, deberán delimitar sus Radios o Áreas Urbanas en un plazo no mayor a un año a partir su publicación”…La ley

turas para satisfacer sus propias necesidades (Comisión Bruntland, 1987).

Por lo tanto, concluimos: 1. La ampliación de la mancha urbana no garantiza por sí misma que el derecho propietario de los bienes urbanos logre ser regularizado ni en el corto ni en el mediano plazo. Se requiere mejorar sensiblemente los procedimientos jurídicos, administrativos y tecnológicos en las reparticiones pertinentes con el fin de lograr mayor rapidez, precisión y transparencia en los trámites que a diario son presentados para este fin.

2. La capacidad del gobierno municipal cruceño se muestra muy disminuida para ejercer gobierno y control sobre las 38.596 hectáreas de radio urbano con que cuenta. Por lo tanto, todo hace ver que la posibilidad

de gobernanza territorial de la ciudad enfrenta enormes desafíos si su dominio se amplía a más 63.000 hectáreas.

3. La ampliación de la mancha urbana no constituye ninguna garantía de que el tema habitacional podrá ser encarado de manera más solidaria, justa y sostenible en la ciudad. Antes bien, lo más probable es que una vez más sean los grupos inmobiliarios quienes obtengan los mayores réditos de esta situación.

4. La inseguridad ciudadana es un síntoma de la descomposición social y las enormes asimetrías económicas que tiene nuestra ciudad.

La segregación social propia de ciudades con rápido crecimiento se ha acentuado en los últimos años y esta tendencia será más notoria con el crecimiento espacial de la ciudad.

A la segregación social se agregará la segregación espacial como otro factor de exclusión social que es un terreno fecundo para la delincuencia y el mayor empobrecimiento de las poblaciones de migrantes que llegan continuamente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en busca de mejores condiciones de vida.

5. El acceso a los servicios públicos, educación y salud, principalmente, tampoco está garantizado para los grandes sectores mayoritarios de la población. Las condiciones de los mismos empeoran en la medida en que espacialmente se ubican cada vez más distantes del centro de la urbe. Esta situación de ya produce una sensible situación de discriminación entre los ciudadanos y es una evidencia más de las dificultades que enfrenta la gobernanza de la ciudad.

Por lo tanto, demandamos al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a: Rectificar la propuesta de “Ampliación del Área Urbana” remitida al Ministerio de Planificación, enmarcándose al límite territorial ocupado por los asentamientos existentes y a ser regularizados mediante la Ley 247 / 2012.

Exhortamos a generar los espacios de debate y consenso de manera participativa y democrática para evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial vigente y posterior retroalimentación que permita llegar a soluciones concertadas y técnicamente fundamentadas en el ámbito de la planificación urbana y territorial, considerando Santa Cruz de la Sierra y su región metropolitana.

Requerimos el análisis jurídico territorial concurrente a los tres niveles de gobierno, para el resguardo y salvaguarda del territorio natural periurbano el cual se constituye en un bien patrimonial del municipio de Santa Cruz de la Sierra, y que debe constituirse en un ecosistema urbano, para consolidar un desarrollo sostenible, armónico y socialmente justo.

El Loro Colla Huele a chantaje

He ahí que Avalitos ‘el Isaac’ vuelve a escena para advertir a las cooperativas de servicios públicos que están en la mira ‘estatizadora’ de Evito&Cía, dizque por falta de transparencia. A mí me huele a chantaje o ‘ripiado’ de camino listo para la extorsión. Si de veras están mal las cosas, ¿para qué el anuncio? Y lo otro: estaticen el ‘Evo cumple’, pues, si de falta de transparencia se trata, ¿o no?

Mirá vos...

Elay en lo que quedará la guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su salida al mar: en una guerra verbal. Digo, después de leer por enésima vez que Evito insultó a su ex compañero de futbol Sebastián Piñera, y éste le devolvió el sopapo verbal. El primero llamó al segundo de ‘mentiroso’, entre otras cositas, y éste le dijo a ése que hacía ‘acusaciones con majaderías’… mamitadecotoca, así estamos.

Una buena

No sé usted, pero yo estoy chocho de la vida de saber que es posible que rija una nueva ley para los bancos. Lo digo a sabiendas que Evito&Cía siempre tienen un puñal bajo el poncho para sacar ventaja partidaria en cualquier medida que aprueban. Pero es que estos ‘donbancos’ son por demás de abusivos, aquí y en la ‘conchichina’. No pierden nunca, así no tengan razón, y siempre les favorece la letra chica de todo.

¡Qué discriminación!

¿Habrá cómo demandar a Impuestos Internos?, fue la primera pregunta que se me ocurrió al conocer la intervención del SIN y cierre de El Diario por deuda impositiva millonaria, mientras que libra de control –y cierre- a TVB por el mismo motivo. Claro, uno es privado y publica noticias que no agradan a Evito&Cía; la otra es estatal, aunque ejerce más como ‘privada’ para el partido de gobierno. Si esto no es discriminación…

Y sí, abuso también

Sobre el cierre de El Diario por deuda impositiva, una cosita más. Verdad que la acción del SIN es discrecional, pero no puedo dejar de ver que el caso comprueba una vez más que mal acostumbrados estamos en Bolivia.A la mayoría nos cuesta pagar impuesto, muchos trampean para pagar menos, otros directamente evaden, sin contar los ‘informales’ premiados con ‘perdonazos’ por los políticos de turno.Así no da…

Contra el dicho

Boris Villegas, Dennis Rodas y Fernando Rivera, ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, están demostrando en los hechos que no es tan cierto ese dicho de que “entre bomberos no se pisan la manguera”. ¡Hay que ver cada declaración que hacen en contra de sus ¿ex? ‘hermanos’ masistas! Una de las más recientes y más fuerte ha sido contra el gato Pérez: “usted apoya al narcotráfico”.Verdacinga…

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

19

MUNDANAS

Los presos en América Latina nunca terminan de pagar su condena

A 20

C

unque parece obvio que las personas privadas de la libertad deban ser tratadas humanamente y con respeto, esta premisa tan básica no se cumple en una amplia mayoría de las cárceles latinoamericanas. Entre otras, las de Bolivia. Lo prueba este informe.

omo “Un viaje al infierno” tituló uno de sus artículos del año pasado el prestigioso diario británico The Economist, para referirse a las cárceles latinoamericanas, de las que sacaba una lectura totalmente desgarradora. Este rotativo afirmaba que “lejos de ser lugares seguros de rehabilitación, la mayoría de estas cárceles eran violentas incubadoras de la delincuencia”.

Que la situación de las cárceles en América Latina sea “gravísima” no es un hecho que deba tomarnos por sorpresa. De hecho, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud) lleva décadas denunciando la situación. Desde 1992, casi todos los países de la de región han duplicado (y algunos triplicado) sus

“Los penales latinoamericanos –lo consignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2012-, son escenarios de violaciones a los derechos humanos, en donde persisten problemas crónicos de hacinamiento, falta de servicios básicos, atención en salud, corrupción y violencia.”

tasas de encierros (durante 2012 la tasa fue de 300 por cada 100.000 habitantes), desbordando por miles la capacidad del sistema penitenciario como se puede apreciar en el mapa.

Los penales latinoamericanos –como consignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primer informe de 2012-, se caracterizan por ser escenarios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en donde persisten problemas crónicos de hacinamiento, falta de servicios básicos, atención en salud, corrupción y violencia.

Los números hablan por sí solos.

En el caso de Venezuela, por ejemplo, los niveles de violencia son alarmantes; entre 2005 y 2009 se registraron 1.865 muertos y 4.358 heridos a causa de motines, riñas y peleas al interior de las prisiones. Otra situación que preocupa en la región es la existencia de cárceles con “autogobier-

Una realidad preocupante Entre 22% y 80% de la población carcelaria en América Central y Sudamérica corresponde a personas presas sin condena. Bolivia tiene el porcentaje más alto: 79%.

Argentina: Personas presas sin condena: 58%.

Bolivia: Personas presas sin condena: 79%.

Brasil: Población carcelaria: 512.285. Sobrepoblación: 206.444.

Hombres: 93%. Mujeres: 7%. Personas presas sin condena: 44%.

Chile: Población carcelaria: 53.602.

Sobrepoblación: 16.862. Hombres: 91%. Mujeres: 9%. Personas presas sin condena: 20%

www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

Colombia: Población carcelaria: 93.387. Sobrepoblación: 20.602.

Hombres: 93%. Mujeres: 7%. Personas presas sin condena: 28%.

Costa Rica: Población carcelaria: 11.339. Sobrepoblación: 2.445.

Hombres: 94%. Mujeres: 6%. Personas presas sin condena: 23%.

Ecuador: Población carcelaria: 15.420. Sobrepoblación: 4.835.

Hombres: 92%. Mujeres: 8%. Personas presas sin condena: 45%.

El Salvador: Población carcelaria: 24.399. Sobrepoblación: 16.212.

Hombres: 90%. Mujeres: 10%. Personas presas sin condena: 29%.

Guatemala: Población carcelaria: 12.303. Sobrepoblación: 5.811.

Hombres: 93%. Mujeres: 7%. Personas presas sin condena: 53%.

Honduras: Población carcelaria: 11.985. Sobrepoblación: 3.795.

Hombres: 96%. Mujeres: 4%. Personas presas sin condena: 51%.

México: Población carcelaria: 225.697. Sobrepoblación: 41.504.

Hombres: 95%. Mujeres: 5%. Personas presas sin condena: 43%.

Nicaragua: Población carcelaria: 7.868. Sobrepoblación: 3.469. Hombres: 96%. Mujeres: 4%.

Panamá: Población carcelaria: 13.397. Sobrepoblación: 5.954.

Hombres: 93%. Mujeres: 7%. Personas presas sin condena: 70%.

Paraguay: Población carcelaria: 7.161. Sobrepoblación: 1.298. Hombres: 94%. Mujeres: 6%. Personas presas sin condena: 71%.

Perú: Población carcelaria: 64.418.

Sobrepoblación: 35.507. Personas presas sin condena: 66%.

República Dominicana: Población carcelaria: 21.688. Sobrepoblación: 9.481. Hombres: 97%. Mujeres: 3%.

Personas presas sin condena: 64%.

Uruguay: Población carcelaria: 9.067. Sobrepoblación: 1.765. Hombres: 93%. Mujeres: 7%. Personas presas sin condena: 66%.

Venezuela: Población carcelaria: 38.100. Sobrepoblación: 21.054.

Personas presas sin condena: 54%.

nos” en donde –en la práctica- son los internos quienes dirigen la operación de los centros de reclusión e inclusive nuevas actividades delictivas.

Más datos escalofriantes: los homicidios al interior de las prisiones latinoamericanas ocurren en una relación 25 veces más alta que en la vida en libertad, y el número de muertes por suicidio es al menos ocho veces mayor (en Colombia por ejemplo alcanza el 20%).

Un problema de

derechos humanos

Aunque parece obvio que las personas privadas de la libertad deban ser tratadas humanamente y con respeto, esta premisa tan básica no se cumple en una amplia mayoría de las instalaciones penitenciarias latinoamericanas, por lo que dos preguntas resultan recurrentes: ¿a qué tienen derecho las personas privadas de la libertad?

Y ¿cuál o cuáles instituciones son las encargadas de garantizar la protección de sus derechos?

Para empezar, los tratados internacionales de derechos humanos consagran derechos que los Estados deben garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, y al ratificar estos tratados los firmantes se comprometen a aplicar sus disposiciones, de forma que tengan un efecto útil y que sirvan al propósito para el cual fueron adoptados.

En este sentido, en el Sistema Interamericano, los derechos de las personas privadas de libertad están amparados fundamentalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en julio de 1978 y que actualmente es vinculante para veinticuatro Estados miembros[1] de la OEA. Para los otros Estados, el instrumento fundamental es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre adoptada en 1948 e incorporada a

MUNDANAS la Carta de la OEA. La mayoría de estos países también hacen parte de tratados análogos adoptados en el contexto de la ONU, que contienen disposiciones directamente aplicables a la población reclusa. Así mismo, en la legislación nacional de los Estados miembros de la OEA se incluyen normas directa o indirectamente aplicables a aspectos esenciales para la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte, reafirma que el derecho internacional de los derechos humanos exige al Estado garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Consecuentemente, uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación a los derechos humanos, es velar por la vida y la integridad física y mental de las personas privadas de libertad.

Otros instrumentos relevantes son las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de 1988, los Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos de 1990 y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, también de 1990.

Los derechos básicos de las personas privadas de la libertad en América Latina son: Condiciones de la reclusión: Todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

Uso de la fuerza: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad física de las personas. La utilización de la tortura es empleada con fines de investigación criminal en países como México, Paraguay, Ecuador y Brasil, aunque el “ejemplo paradigmático” en la región es la cárcel estadounidense en Guantánamo, Cuba.

Comunicación con la familia: Los reclusos tienen derecho a recibir correspondencia y visitas de sus familiares.

Separación de acusados y condenados: Las personas privadas de libertad durante un proceso penal no deben ser alojadas con presos condenados. Los sindicados deben tener

un tratamiento distinto, adecuado a su condición de “personas no condenadas” según el Comité de Derechos Humanos.

Los presos políticos: La normativa internacional sobre derechos humanos no reconoce el derecho de los presos políticos a un régimen especial de detención, aunque algunas disposiciones de la normativa y la doctrina internacionales sugieren que los presos políticos pueden tener derecho a un trato especial. La CIDH ha advertido que la detención de presos políticos en condiciones peores que los presos comunes puede constituir una forma de discriminación.

Rehabilitación y preparación para reintegrarse a la sociedad: Durante la reclusión las personas tienen derecho a recibir instrucción, orientación y formación profesional, asistencia social, médica y psicológica, asistencia religiosa o espiritual, un régimen preparatorio para la libertad y un programa de ayuda pospenitenciaria.

La discriminación poscarcelaria: La CIDH reconoce el derecho de las personas que cumplen su condena y, en particular, de los expresos políticos, a no ser sujetos de discriminación por esa condición.

21 21

Una condena sin fin

Como si esta radiografía fuera poco castigo, las personas que han estado privadas de su libertad deben enfrentarse a un mal mayor: el estigma de la sociedad. Es decir, no sólo no parecen ser merecedores de un trato digno por haber sido condenados, por no hablar de los que no lo han sido, sino que aquellos que recuperan su libertad son tratados como si nunca hubiesen salido de prisión y deben enfrentarse a una realidad caracterizada por la escasez de oportunidades, que muchas veces los conduce a la reincidencia.

De acuerdo con Miguel La Rota, investigador de DeJusticia, el problema reside en la ausencia de un comportamiento estratégico por parte de los funcionarios, organismos y autoridades responsables de la política criminal. Por un lado, la política criminal debería priorizar los delitos verdaderamente graves, lo cual tendría consecuencias benéficas sobre el problema carcelario. “Es más plausible pensar en mejorar las condiciones en las cárceles con poblaciones menores, lo cual no quiere decir que no haya que invertir, pero hay que hacerlo con estrategia”. Por otro, habría que enfocarse en paliar los nefastos costos sociales para las personas que han sido condenadas, o tan sólo detenidas, vía una serie de medidas como: detener preventivamente solamente en casos excepcionales; desarrollar Continúa en la siguiente página

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

MUNDANAS Viene de la página anterior

Violencia en las cárceles

Caras y caretas

C

laudio Ferrufino escribe con el alma, hoy como hace ya tiempo adolorida por las sin razones que gobiernan a todos.

Claudio Ferrufino-Coqueugniot Escritor

Motines e incendios en centros penitenciarios en América Latina durante los últimos años: Diciembre de 2010: 81 presos mueren y 14 resultan heridos graves en un incendio causado por una riña entre los internos de una cárcel de Santiago, Chile.

22

Enero de 2011: El 9 de enero de 2011, cinco adolescentes murieron y muchos otros resultaron heridos como consecuencia de un incendio en un centro de detención juvenil en Tocumen, Panamá.

Enero de 2012: En Uruguay, tres presos murieron en un incendio producido a consecuencia de la violencia entre reclusos en la cárcel de Comcar, cerca de Montevideo el 29 de enero de ese año.

Enero de 2012: En Venezuela, el 25 de enero, dos presos murieron como consecuencia de la violencia indiscriminada durante un motín en la Penitenciaría Nacional de Maracaibo.

Febrero de 2012: Se produce una de las mayores tragedias carcelarias de la his-

programas de capacitación laboral y resocialización para detenidos y condenados que les aporte mayor capital para vincularse nuevamente a la sociedad; elaborar sistemas de transición entre la cárcel y la vida fuera de la cárcel, para lo cual es clave el tema de la prisión domiciliaria al cabo de ¾ de pena, por ejemplo, y fortalecer los programas para incentivar a empresas a que vinculen a personas que están en proceso de resocialización.

En el trasfondo de todo esto se encuentra el “populismo penal”, según señala La Rota. En Colombia y en muchos países del mundo, resulta muy popular –y los políticos lo sabenmostrar mano dura públicamente frente a algunos fenómenos criminales. Esta es una política criminal que responde más a unos incentivos políticos, pero que no resulta estratégica, pues no lleva tampoco a una disminución del delito.

Tomando distancia del desalentador panorama del sistema penitenciawww.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

toria de América Latina. 377 personas murieron en una cárcel de Comayagua, en el centro de Honduras, a 75 kilómetros de la capital, a causa de un inmenso incendio. En la prisión, que estaba construida para 250 personas, se encontraban hacinados unos 850 presos.

Para la Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos, las cárceles constituyen para un porcentaje de los detenidos “el inicio de la escuela que lo graduará de delincuente”, y para la mayoría es “la práctica diaria por ganarle un día más a la muerte”.

Para la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Uruguay, las cárceles de su país son “campos de concentración donde los reclusos viven en condiciones infrahumanas”.

Según el Ilanud, en América Latina “las personas privadas de libertad son privadas prácticamente de todos sus derechos fundamentales y sometidas a condiciones insalubres y violentas, que constituyen en sí mismas una pena cruel, inhumana y degradante”.

rio en la región y de la poca efectividad de las políticas para combatir la criminalidad, es necesario detenerse a pensar en las cargas adicionales que -en forma de estigmas y discriminación- la sociedad deposita en los hombros de las personas que han pagado su condena y desean reintegrarse a la vida en libertad. La sociedad latinoamericana debe poner de su parte para que el enunciado que titula este artículo no se siga perpetuando.

[1] Estos son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. http://www.revistaperspectiva.com/ analisis/los-presos-en-americalatina-nunca-terminan-de-pagarsu-condena

¿

Caras? No. Ni la tienen, ni la dan, en el sentido del valor civil de “dar la cara”, hacerse responsables de sus actos. Mostrar la cara, sí, aunque parezcan juegos retóricos estos y no sutilezas del lenguaje que se amoldan bien al quehacer político en general, al boliviano en específico.

Primero fue el TIPNIS, punta de lanza del vómito cocalero que por ahora se ha detenido. Agazapado espera, listo a saltar a la yugular de la nación y desangrarla. La coca necesita expandirse, a pesar de que los hijos de los campesinos ya no acullican y menos tienen intención de echarse atrás en la historia para reconocerse en un falso idilio indigenista. La coca levantó poblados en el pasado, ciudades, y sostuvo economías surgentes. Hoy lo hacen sus derivados, que multiplican edificios y avivan lo suntuario en las urbes y agro. La historia de siempre, la estulticia del nuevo rico incapaz de fundar con su dinero fácil estructuras para sostener el futuro.

Coca e hidrocarburos, los dos productos básicos sobre los que desea levantarse eterno el estado plurinacional, rimbombante designación para simple hurto; excesiva parafernalia doctrinaria por parte de la supuesta intelligentsia que moviendo las manos en prestidigitación intenta embelesar a un pueblo idiotizado e ignorante. Nunca mejor dicho aquello de que en país de ciegos el tuerto es rey. No solo tuerto, también bizco, y así y todo encaramado en la cima del mundo de las maravillas, desgajando, destruyendo, descuartizando la tierra como si fuese de regeneración espontánea; más que por el poder mismo, por la ambición personal e insultante fortuna.

Saben, a pesar del discurso de no ser inquilinos, etc. que sí lo son, y que la gloria es efímera como la dureza de los glúteos. Tienen que rebuznarlo porque en este juego, y en una región de las características nuestras, con atisbos de recua y no aglomeración humana, hay que mentir, y mientras se miente, se acumula. Asegurarse el porvenir y,

con suerte, algo de historia. Apostar a la permanencia, mientras sustraen riqueza y la atesoran afuera, por si acaso.

El TIPNIS representó el intento fallido de la destrucción total. Ya la coca ha penetrado tierra protegida, pero de tal hecho concreto se quiere hacer política, abrir los parques y las zonas indígenas a la exploración-explotación hidrocarburífera por decreto: narcos y petroleros, asociados para dejar Bolivia exangüe, moribunda, prostituidas las etnias menores, desaparecidas a nombre del fascio aymara, del inmundo discurso plagado de parches de García Linera y del dedito sentencioso del apu mallku, el condorito.

Se veía venir, de entrada. Pero el país fue cómplice, aparte de la cobardía de políticos miopes e interesados que le abrieron las puertas al estupro masista. Es tiempo de pagar. Lo triste radica en que es tal la ceguera, tan tonta la masa que idolatra el dinero contante e inmediato, que para cuando se den cuenta ya no habrá república, ni estado, ni nada. Para entonces los prácticos y los teóricos del fascismo local habrán huido con arcas llenas, a relatar en gruesos volúmenes los detalles de la “experiencia boliviana”.

El maestro de estos alumnos, el milico Hugo Chávez, a quien se quiso eternizar y ya se esfuma como vapor de agua, da el ejemplo. No hay sustancia, ni esencia.

Farsa, estrado teatral, no otra cosa.

Ahora vuela como pajarraco por los cielos, y pía en los vericuetos cerebrales de su banda de imbéciles. Eso hasta que un avión que cruce el Apure llevando narcóticos a Centroamérica le rompa las alas y caiga el pajarito para que lo devoren las hormigas.

Los ladrones alistan machetes para convertir a Bolivia en un erial.

Los opuestos divagan en minucias programáticas. Al menos sabemos hoy, en palabras, la verdadera intención. Necesitan droga, gas y petróleo si desean sobrevivir. Si al menos con eso dejaran de hablar, pero el silencio no es virtud de bocones.

FDSAFDAS Vamos leyendo...

La lluvia de los martes es una novela que finge ser policial. Hay en ella un detective arquetípico –Lino Martínez, de bigotes que aparecen y desaparecen, como la sonrisa de un gato–, y también una sospechosa, Eleonora, que narra el caso; y hasta un cadáver: Sue Lin Min, de 25 años, estudiante de psicología y actriz en un teatro de Pekín, asesinada en la piscina de un sauna parisino en plena estación estival.

Pero si esta es una novela policial, lo es buscando otra manera y en un gesto casi inevitable a estas alturas: sus pequeñas indicaciones, sus misterios, sus desplazamientos, sus diálogos son en buena medida literarios, leídos y recolectados –como pistas– de otros textos.

“Dormí y soñé que estaba dentro de un libro” –nos dice la narradora– y quizá al decirlo también piensa en nosotros, los lectores, que sólo podemos leer esta novela como si estuviéramos soñando dentro de un libro.

23 23

Autora: Solange Behoteguy Editorial: Plural Colección: Narrativa Precio: Bs 50 Ventas: en librerías de todo el país.

www.semanariouno.org

Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia

24

www.semanariouno.org Viernes 14 de junio de 2013 Santa Cruz de la Sierra • Bolivia