Nuevas experiencias democráticas en América del Sur
Chantal Mouffe
En este ensayo examinaré una serie de cuestiones que conciernen a las nuevas formas de experiencia democrática en América Latina, poniendo el énfasis sobre lo que esas experiencias nos enseñan respecto a las relaciones posibles entre la sociedad y el Estado. Quiero mostrar como esas experiencias nos procuran elementos importantes para encarar la manera como se puede radicalizar la democracia. Y partiré para ello del debate que existe en la izquierda respecto de la relación entre la sociedad civil y el Estado. En reacción a la concepción tradicional que encontramos en la mayoría de los partidos de centro-izquierda en Europa, según la cual la política se reduciría a la lucha parlamentaria, una tendencia en la izquierda contemporánea afirma que es exclusivamente al nivel de la sociedad civil que se debe desarrollar la lucha por el cambio y que hay que abandonar la política parlamentaria. Los que defienden ese punto de vista presentan al Estado de manera esencialista, como algo monolítico que no puede ser modificado. Consideran que no vale la pena dedicar energías a comprometerse con las instituciones parlamentarias y declaran que es contraproducente para los movimientos sociales gastar sus fuerzas en tratar de democratizar el Estado. Rechazan todas las instituciones que tienen que ver con las formas de la democracia representativa, tanto los partidos como los sindicatos, y privilegian las luchas extraparlamentarias. La estrategia que promueven es una de «éxodo» que, dejando de lado todas las instituciones representativas, se dedica a crear fuera de ellas nuevas relaciones sociales donde las fuerzas de «lo común» puedan desarrollarse a través de la autoorganización de la multitud. En la conferencia que pronuncié durante la tercera edición de este seminario1, critiqué esa perspectiva a nivel teórico, oponiéndole la política
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hegemónica de guerra de posición que he elaborado con Ernesto Laclau en Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia 2. Esta vez quisiera examinar algunas experiencias en países de América del Sur para mostrar cómo ellas proveen un laboratorio muy interesante para abordar ese debate. Voy a argumentar que para entender el papel jugado por los diversos gobiernos de izquierda en los avances democráticos que se han realizado en América Latina es necesario poner el énfasis sobre la manera como han logrado articular varias formas de lucha tanto a nivel parlamentario como extraparlamentario. La tesis que quiero defender es que esas experiencias muestran que es la estrategia de guerra de posición y no la de éxodo la que nos permite entender cómo se lograron los avances democráticos llevados a cabo por los gobiernos progresistas sudamericanos. Lo que esos gobiernos han logrado es establecer una relación diferente entre el Estado y la sociedad civil y proporcionan varios ejemplos de las formas a través de las cuales puede tener lugar una profundización de la democracia. Empezaré con el caso de Argentina, que los defensores del éxodo consideran como uno de los mejores ejemplos de su teoría. Por cierto, las luchas de los piqueteros con su eslogan «que se vayan todos» son con frecuencia presentadas como la prueba del éxito de un movimiento social que rechaza las instituciones parlamentarias. No se puede negar que ese movimiento jugó un papel importante en la caída del gobierno de Duhalde 3, pero después hubo que decidir con qué remplazarlo, y en ese momento los piqueteros se encontraron completamente impotentes. Se llamó a elecciones y, como no querían comprometerse con las formas de representación política, no pudieron tener ninguna influencia en el proceso electoral, que se redujo a una lucha entre partidos tradicionales. Afortunadamente ganó Néstor Kirchner, que resultó ser mucho más progresista de lo que se esperaba y que decidió desarrollar nuevas formas políticas para poner en marcha una serie de reformas importantes. Consciente de la importancia de conectarse con el movimiento social, Kirchner llamó a los piqueteros a colaborar con su gobierno y una parte de ellos aceptó su oferta. También logró el apoyo de una variedad de
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movimientos sociales como la Federación Tierra y Vivienda, el Movimiento Evita, el Frente Transversal, el grupo Barrios de Pie y las Abuelas de la Plaza de Mayo. Así se pudo establecer una sinergia entre Estado y sociedad civil, lucha parlamentaria y extraparlamentaria, y fue eso que permitió impulsar importantes reformas democráticas.
Con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se puso en práctica en Argentina una guerra de posición de las fuerzas progresistas de la sociedad civil, bajo el liderazgo del Estado, que ponía en juego la radicalización de la democracia y el establecimiento de una nueva hegemonía Creo que se puede calificar la forma de política que con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se puso en práctica en Argentina como una guerra de posición de las fuerzas progresistas de la sociedad civil bajo el liderazgo del Estado. Esta se llevó a cabo en una multiplicidad de campos con el objetivo de transformar profundamente las relaciones de poder existentes. Claramente lo que estaba en juego era radicalizar la democracia y establecer una nueva hegemonía. Ese proceso se está consolidando a través de la articulación, en torno a la identidad colectiva de «pueblo argentino», de diversas formas de lucha que van estableciendo cadenas de equivalencia entre varias demandas democráticas. Gracias a esa articulación se han creado nuevas identidades ciudadanas que han permitido a muchos sectores populares ganar acceso a un ejercicio efectivo de la ciudadanía. Esta integración de sectores populares en la vida democrática a través de nuevas formas de representación política es un rasgo común de los gobiernos progresistas sudamericanos y representa sin duda una de sus características más interesantes. Lo que quiero subrayar es que, gracias al
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Estado y a través de una variedad de instituciones —algunas ya existentes y otras nuevas— que se está realizando esa integración. Esos gobiernos no se han limitado a ganar elecciones y a administrar el statu quo. Una vez en el poder, con la legitimidad que el proceso democrático les garantiza, se han esforzado en ir más allá de las instituciones parlamentarias para asegurar la participación popular y dar voz a la sociedad civil. En Argentina se pueden señalar, por ejemplo, los siguientes avances democráticos: rescate de la deuda externa sobre la base de su cancelación con el FMI, reestatalización de las empresas privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem, reforma del régimen jubilatorio que los gobiernos anteriores habían privatizado, redistribución del ingreso sobre la base de la restauración de las paritarias, renacionalización de las líneas aéreas y de otras empresas de servicios públicos, asignación universal por hijo, defensa de los derechos humanos con los juicios a los represores, matrimonio igualitario. Las circunstancias son muy diferentes en los distintos países y las experiencias democráticas toman formas diversas según los casos específicos. No hay un solo modelo de integración ciudadana que sea válido para todos los países, hay una pluralidad de modelos. Pero, más allá de esa diversidad, lo que todas esas experiencias tienen en común es la demostración de que, contrariamente a los que pretenden que hay que dedicarse exclusivamente a las luchas extraparlamentarias, el Estado puede ser un vehículo importante para llevar a cabo importantes cambios sociales. Todas esas experiencias apuntan a la importancia de articular lucha parlamentaria y lucha extraparlamentaria, partidos y movimiento social, y revelan el error fundamental cometido por los que declaran que la sociedad civil o la multitud debe mantenerse completamente alejada de las instituciones estatales. Examinando el caso de Venezuela, Doreen Massey nos explicará las formas que toma la integración ciudadana a través de los consejos comunales. En el caso de Brasil, se podría hablar de los presupuestos participativos y de las diferentes luchas del Movimiento de los Sin Tierra (MST), en Bolivia y en Ecuador de las luchas indígenas. Claro que ese
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proceso de articulación no tiene lugar de manera tranquila y pareja. Encuentra obstáculos y no se desarrolla sin conflictos. Basta mencionar las relaciones difíciles entre el gobierno de Lula y el MST. Pero a pesar de haber criticado severamente la política agrícola de Lula por su apoyo al agronegocio, con su producción de soja y de maíz para la exportación, y también por no haber implementado la reforma agraria radical que había prometido en su campaña, el MST siguió apoyando a Lula y ahora también a Dilma Rousseff. El análisis que hacen es que es mejor tener un aliado relativo que un enemigo declarado. Para explicar porque apoyan a Dilma, uno de los fundadores y dirigentes del movimiento, João Pedro Stédile, declara, entre otras cosas: «Un trabajador, cuando está frente a un jefe reaccionario, no se moviliza. Con Dilma nuestra base social comprende que vale la pena movilizarse, que podemos lograr avances, realizar más ocupaciones de tierra y huelgas de fábrica.» Eso muestra que es un error considerar que el Estado es por naturaleza un enemigo de los sectores populares y declarar que nunca hay que trabajar con él. El MST en Brasil es un excelente ejemplo de un movimiento de la sociedad civil que entiende la importancia de articular la lucha parlamentaria con las luchas extraparlamentarias. Ha realizado ocupaciones de tierra para hacer presión sobre el gobierno de Lula, para empujarlo a cumplir con sus promesas, pero es consciente de que hay una gran diferencia entre tener un gobierno progresista, aún si no es tan radical como quisiera, y tener uno que trata a sus miembros como terroristas, como era el caso anteriormente. Es una lástima que en México el subcomandante Marcos no hubiese tenido la misma actitud durante las últimas elecciones y no apoyase a López Obrador 4. No hay duda de que habría sido un gran avance para la democracia mejicana que hubiese ganado López Obrador en vez de Felipe Calderón. En cuanto a los «presupuestos participativos», existe ya una bibliografía importante y me limitaré a algunos puntos generales. Tuvieron su origen en Brasil pero existen ahora no solo en otros países latinoamericanos sino también en diversas partes del mundo. Nacieron en Porto Alegre como iniciativa del Partido de los Trabajadores (PT) y su objetivo
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era promover la democracia gracias a la descentralización y la participación popular para garantizar una mejor repartición de los recursos. Hay mucha discusión sobre sus resultados y se han hecho varias críticas a las formas en las cuales han sido implementados en algunas partes. Lo que me interesa en el contexto de nuestra discusión es que representan una manera de suplementar la democracia representativa con prácticas participativas. Como indica Rebecca Abers en su estudio, sus cuatro principios fundamentales son: 1) participación directa de los ciudadanos en los procesos de decisión 2) transparencia para evitar la corrupción 3) mejora de las infraestructuras y los servicios poniendo énfasis sobre los pobres 4) eliminación de las prácticas clientelísticas y transformación de los residentes en ciudadanos capaces de ejercer sus derechos (Abers, R. 1996 «From Ideas to Practice: The Partido dos Trabalhadores and Participatory Governance in Brazil», Latin American Perspectives, Vol. 23, Nº 35).
Las ciudades brasileñas donde los presupuestos participativos fueron más exitosos, como Porto Alegre y Belo Horizonte, lograron luchar contra el clientelismo y transformar a una gran cantidad de personas en miembros activos de la sociedad civil Aun cuando se limitan a tomar parte en decisiones que no tocan asuntos fundamentales, no hay duda de que los presupuestos participativos contribuyen a despertar la consciencia política y a crear identidades ciudadanas. Son una forma de enriquecer la democracia gracias a la integración de sectores sociales que eran tradicionalmente excluidos de los procesos de decisión. En las ciudades donde fueron más exitosos, como Porto Alegre y Belo Horizonte, lograron luchar contra el clientelismo y transformar a una gran cantidad de personas
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hasta ese momento desorganizadas en miembros activos de la sociedad civil. Quienes participaron en esas experiencias se volvieron conscientes de las injusticias y las desigualdades existentes y empezaron a luchar por sus derechos. Los presupuestos participativos representan una nueva forma institucional gracias a la cual el Estado puede jugar un papel importante para facilitar la participación de los ciudadanos en la decisión respecto de las prioridades para la utilización de recursos. El caso de Bolivia provee probablemente una de las mejores ilustraciones del problema que estamos investigando. Aquí se plantea de manera particularmente nítida la cuestión de la relación entre movimiento y partido. Por cierto el movimiento indígena está dividido entre dos tendencias, el MAS (Movimiento al Socialismo) de Evo Morales y el MIP (Movimiento Indígena Pachacuti) de Felipe Quispe, que tienen estrategias opuestas. Como muestra Ramón Máiz en un excelente artículo sobre el tema («Indianismo y nacionalismo en Bolivia: estructura de oportunidad política, movilización y discurso», en Laura Giraudo (ed.), Ciudadanía y derechos indígenas en América Latina: poblaciones, Estados y orden internacional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2007), mientras el MAS defiende una visión indianista no exclusivamente aymara y abierta a los mestizos y blancos bolivianos, el MIP defiende una estrategia etnicista esencialista y excluyente. Eso se traduce en actitudes opuestas respecto de las instituciones políticas. En el MAS se estableció una original relación entre movimiento y partido. Los movimientos sociales campesinos e indígenas se federaron para crear un movimiento nacional y urbano con una estructura organizativa partidista. Entraron a la política electoral, aceptando la democracia representativa. El MIP, por el contrario, rechaza la democracia representativa y la estructura de partido y pretende seguir la lucha «desde fuera del sistema». Defendiendo un indigenismo de base exclusivista aymara, se distancia no solamente de la población mestiza sino también de los indígenas quechuas o guaraníes. Contrariamente al MAS, el MIP no busca la refundación de la nación boliviana y rechaza cualquier reformulación del Estado boliviano, que es percibido como inherentemente opresor y colonial. Su objetivo no es
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la reforma del Estado sino su desintegración en fragmentos de comunidades indígenas. Por lo tanto, ese movimiento se sitúa radicalmente al exterior del sistema político, nacional, cultural y económico de Bolivia. Como vemos, la estrategia de «éxodo» del MIP se opone frontalmente a la estrategia hegemónica de «guerra de posición» del MAS. Gracias a instituciones como referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de los gobernantes, el MAS, bajo el liderazgo de Evo Morales, ha intentado articular democracia representativa con democracia participativa. También se ha esforzado en recuperar algunas formas de la democracia tradicional de las comunidades al incorporar prácticas como sistemas comunitarios de decisión y elección. Declara querer «cambiar Bolivia no con balas sino con votos» y pone el énfasis sobre la lucha electoral combinada con formas de movilización pacíficas como marchas y bloqueo de caminos. Con la construcción de un partido político plural, el MAS está tratando de establecer cadenas de equivalencia entre las diversas demandas de los movimientos campesinos y las de otros sectores populares. Esa estrategia del MAS le ha permitido establecer su hegemonía dentro del movimiento indigenista y explica sus éxitos a nivel nacional, mientras que el MIP está crecientemente marginalizado. Este caso nos proporciona un ejemplo particularmente interesante de los avances democráticos en Sudamérica a través de una estrategia hegemónica de guerra de posición. Bolivia también aparece como un laboratorio para abordar un problema diferente, pero que me parece de particular importancia en la coyuntura actual. Concierne a la manera como se debe de concebir la democracia y la modernidad. ¿Existe un solo modelo legítimo que sería el occidental, o debemos aceptar que existen varios modelos legítimos de democracia, de acuerdo con contextos específicos? ¿Y cómo concebir la modernidad? ¿Hay un solo modelo de modernidad representado por el Occidente o hay que reconocer una pluralidad de caminos diferentes hacia la modernidad, cuyas trayectorias van a depender de una multiplicidad de factores? Esa posición es la de los teóricos que defienden la idea de «múltiples modernidades». Pero encontramos otra posición más radical todavía. Los que la defienden declaran que no se trata de
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postular modernidades «alternativas» sino una alternativa a la modernidad. Consideran que seguir hablando de modernidad, aún dentro de una perspectiva pluralista, es quedarse preso de un marco eurocéntrico y que lo que hay que plantear es una alternativa a la modernidad misma.
El modelo occidental de democracia liberal está influido profundamente por la tradición judeocristiana; no hay base para argumentar que tiene que ser adoptado como tal en China, África o el mundo islámico En mi libro La paradoja democrática y en varios ensayos posteriores, he criticado la tesis de que la democracia en su forma occidental tiene que ser considerada como la única manera legítima de institucionalizar el ideal democrático. He argumentado a favor de una concepción pluralista según la cual el ideal democrático de gobierno por el pueblo puede ser inscrito en una variedad de contextos y tomar formas diferentes según distintas tradiciones y culturas. Si uno admite que el modelo occidental de democracia liberal consiste en una articulación de dos tradiciones —la liberal y la democrática— y que ese modelo fue profundamente influido por la tradición judeocristiana, no hay base alguna para argumentar que tiene que ser adoptado como tal por otras tradiciones y culturas, aplicado, por ejemplo, en China, África o el mundo islámico. En el caso de América Latina, sin embargo, esa cuestión se presenta de otra manera porque aquí no se trata, me parece, de buscar modelos radicalmente diferentes de la democracia pluralista de tipo occidental, sino más bien de implementar versiones diferentes de ese modelo. Creo que eso es precisamente lo que está en juego en las experiencias que se están realizando en varios países latinoamericanos. A pesar de las diferencias, no se puede decir que esos países no hacen parte del Occidente. Para bien o para mal, esas sociedades han estado profundamente influidas por la colonización europea, y los problemas de
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la inscripción del ideal democrático no se plantean de la misma manera que, por ejemplo, en los países islámicos. Lo que la situación en América Latina nos debe llevar a poner en cuestión es la idea de un Occidente homogéneo y a pluralizar la noción misma de Occidente, a hablar de Occidente. Encarar el problema de esa manera nos permitirá entender la especificidad de las formas democráticas que encontramos hoy en día en América Latina y sus diferencias respecto de las formas europeas. Hice referencia anteriormente al argumento que presenté en La paradoja democrática 5 respecto a la naturaleza del modelo liberal democrático, que consiste en la articulación de dos tradiciones distintas, la liberal y la democrática. Ahora quiero insistir sobre el hecho de que existe una tensión entre ambas tradiciones y de que hay una lucha hegemónica entre esos dos componentes constitutivos del modelo liberal democrático. Por cierto, esa articulación se puede dar de maneras muy distintas según el elemento que juega el papel dominante. Ese ha sido el caso en la historia europea con momentos donde dominaba la tradición democrática y otros en los cuales dominaba la tradición liberal. En la actualidad, con la hegemonía neoliberal, asistimos al predominio casi total de una interpretación específica de la tradición liberal y el elemento democrático ha sido puesto de lado. No hay duda de que hoy la democracia en Europa y en Estados Unidos se define casi exclusivamente a partir de criterios liberales: Estado de derecho y defensa de los derechos humanos (y eso en una interpretación claramente neoliberal). Todo lo que tiene que ver con la soberanía popular y la lucha por la igualdad es considerado como arcaico y obsoleto. Ahora bien, es precisamente esa concepción de la democracia la que han empezado a poner en cuestión varios gobiernos progresistas en América Latina. Rechazan la hegemonía neoliberal y el consenso de Washington y se esfuerzan en restablecer el papel central de la tradición democrática. Es por ello por lo que la izquierda europea les acusa de «populismo». Aquí se sitúan a mi modo de ver las razones de la falta de comprensión —se podría en realidad hablar de hostilidad— que encontramos en la mayor parte de la izquierda europea respecto a las nuevas experiencias
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de izquierda que se desarrollan en varios países latinoamericanos. Una oye hablar mucho de la necesidad de distinguir entre una «buena» izquierda y una «mala» izquierda. La buena sería la del socialismo chileno de la etapa de Michelle Bachelet; la mala la de Hugo Chávez, con Lula y los Kirchner más o menos en medio. Es interesante ver cómo el modelo boliviano, que al principio despertó mucho entusiasmo por su carácter indígena, ha pasado a ser parte de la mala izquierda ¡porque se ve a Evo Morales demasiado cercano a Hugo Chávez!
Lo que está tratando de hacer Evo Morales en Bolivia y su proyecto puede servir de ejemplo para otros países con una importante presencia indígena como Ecuador y Perú Me parece que el problema es que la izquierda europea no puede aceptar la legitimidad de instituciones democráticas diferentes de las que se encuentran en Europa. No puede reconocer que haya otras formas de articulación entre el liberalismo y la democracia que las que corresponden a la experiencia europea. En la oposición entre izquierda europea e izquierda latinoamericana, estamos en realidad asistiendo a una lucha entre varias interpretaciones de democracia liberal y a la tentativa de imponer una interpretación específica, la que es por el momento hegemónica en Europa, como la única que legitima. En Bolivia las cosas se presentan de una manera diferente. Como ya mencioné, ese país se caracteriza por la existencia de una fuerte presencia indígena que no se reconoce en la tradición occidental y que rechaza sus instituciones democráticas, aun cuando el objetivo sea radicalizarlas. Lo que quiere el MIP, por ejemplo, es el retorno a las prácticas tradicionales de los aymara, con lo cual este movimiento no quiere tener nada que ver con la formas de democracia representativa. También rechaza todo intento de buscar un camino propio a la modernidad, combinando
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las tradiciones indígenas con las instituciones occidentales que han sido legadas por la colonización. Considera que estas son inherentemente opresoras y que no existe ninguna posibilidad de transformarlas.
La pluralidad de experiencias de izquierda que tiene lugar en América Latina tiene que ser reconocida como legítima, es peligroso tratar de establecer un tipo de jerarquía entre ellas Esa posición corresponde a una perspectiva que ha sido teorizada por el pensamiento «decolonial» que ha empezado a tener una cierta influencia en América Latina a través de los trabajos de Walter Mignolo y Enrique Dussel. Para mí el problema central de esta perspectiva es su esencialismo. No hay duda de que la colonización jugó un papel importante en el desarrollo de la modernidad occidental, pero eso no significa que todas sus características sean la expresión necesaria de esa dimensión y que no se pueda establecer otras formas de articulación. Pensar de tal manera lleva a defender una política exclusivista que no permite plantear las condiciones por la creación de una modernidad alternativa organizada en torno a una voluntad colectiva que abarque la diversidad de demandas democráticas que existen en las sociedades latinoamericanas. Eso es precisamente lo que está tratando de hacer Evo Morales en Bolivia y su proyecto puede servir de ejemplo para otros países con una importante presencia indígena como Ecuador y Perú. Como vemos, existe una gran variedad de situaciones en América Latina y no puede haber un solo modelo que corresponda a todos los países. Hay que aceptar un pluralismo de formas democráticas con una multiplicidad de instituciones que sean adaptadas a las condiciones de los distintos países. La pluralidad de experiencias de izquierda que tiene lugar en ellos tiene que ser reconocida como legítima y me parece peligroso tratar de establecer un tipo de jerarquía entre ellas. La integración
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regional que se está realizando y que representa un paso adelante en la creación de un mundo multipolar no requiere la adopción de un modelo único. Lo importante es que se establezcan formas de solidaridad a nivel latinoamericano, pero desde el respeto a las diferencias. Reconocer la multiplicidad de formas diferentes de articulación de la democracia y el liberalismo y la posible incorporación de formas nuevas es importante, no solo para entender lo que pasa en América Latina, también para permitir el desarrollo de nuevas experiencias democráticas en los otros occidentes. Sin poner en cuestión la concepción de la democracia que domina en la actualidad en nuestras sociedades, concepción que la reduce a su componente liberal, no se puede crear el terreno para la elaboración de una política de izquierda cuyo objetivo sea la radicalización de la democracia. En ese sentido las experiencias latinoamericanas son cruciales también para la izquierda europea y estadounidense y pueden ayudarnos a desafiar la hegemonía neoliberal.
Notas 1
«La política democrática en la era de la postpolítica», recogida en el libro homónimo de la III edición del Seminario Atlántico La vida que viene. Desafíos, enigmas, cambio y repetición después de la crisis, Seminario Atlántico / La Oficina Ediciones, Madrid, 2011.
2
Laclau E. y Mouffe, Ch., Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, [1985], Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004.
3
Alberto Duhalde, presidente interino de Argentina, 2002-2003 [nota del ed.].
4
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por el Partido de la Revolución Democrática en las elecciones federales de 2006 [nota del ed.].
5
Mouffe, Ch., La paradoja democrática, Gedisa, Barcelona, 2003.