Cartilla serajusticia may08 by Será Justicia

QUIÉNES SOMOS Nuestra organización, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, nace a mediados de la década del '70, ante la necesidad de encontrar respuestas por la desaparición de nuestros hijos, hermanos y familiares víctimas del terrorismo de estado. Con el tiempo, desarrollamos distintas estrategias para organizarnos de acuerdo a las épocas que nos tocaba vivir. Mantuvimos reuniones en iglesias, en calles y plazas. Luego comenzamos a hacernos conocer por nuestros pañuelos blancos. Entonces fuimos nosotros las nuevas víctimas de la persecución, de la desaparición. Pero nos fortalecimos, encontrándonos con las banderas que levantaron nuestros seres queridos. Esas banderas de igualdad, independencia, soberanía, justicia social, sostenidas en la convicción de que “otro mundo es posible, sin explotadores ni explotados”. Queríamos que el pueblo argentino y el mundo supieran lo que aquí estaba pasando. Por qué se perseguía a las personas, se las encarcelaba, se las torturaba y desaparecían. Queríamos demostrar que el terrorismo de estado había instalado una lógica de miedo que nunca antes había sido tan cruda, centrada en la figura del desaparecido, un término desconocido hasta ese momento, que hoy tiene una categoría jurídica reconocida en todo el mundo como delito contra la humanidad. En 1995, nace H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), una nueva organización surgida de la renovación generacional. Nuestra lucha se impregnó entonces con nueva sangre, y crecimos juntos al compás de nuevos ritmos. Fue entonces cuando entramos decididamente en otra etapa de la lucha por la defensa de los Derechos Humanos: no nos detuvimos ante la aberrante injusticia que constituyeron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los Indultos presidenciales a los genocidas. Nuestra construcción se centró en la necesidad de generar una condena social

masiva con actividades que revelaran la situación de impunidad y sus consecuencias en la política y la economía del país. Así surgen los escraches que se mantienen como estrategia de denuncia. Luego conseguiríamos la anulación de las leyes de impunidad, y la sistematización de las causas con nuestra participación activa en los tribunales, para lo que creamos un equipo de trabajo que es nuestra área Legales. Actualmente, seguimos celebrando nuevas conquistas que alimentan nuestro trabajo: la restitución de los cuerpos de todos nuestros compañeros enterrados clandestinamente, la restitución de la identidad de los hijos nacidos en cautiverio, la apropiación simbólica de los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio transformándolos en espacios de memoria, la elaboración de la Ley que creó la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria. Son, todos ellos, frutos de una lucha sostenida durante décadas que hoy, más que nunca, necesita fortalecerse. Es esa fuerza la que permitirá encarar el proceso judicial que juzgue a los responsables del genocidio y a sus cómplices, restituyendo el sentido de lo justo, de la verdad y de la memoria para toda la sociedad argentina. El camino recorrido ha sido largo, muchos de nosotros hoy ya no están, pero seguimos convencidos de que la única posibilidad para que nuestro pueblo reconstruya su pasado es de la mano de la justicia. Han transcurrido más de 30 años, muchos gobiernos han desfilado frente a nuestros ojos, hemos sentido la indiferencia y soportado la impunidad, pero no bajamos los brazos. Hoy, más que nunca, nuestro objetivo sigue intacto: Juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices.

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba

editorial

Sucede en todos los grupos sociales, en todos los pueblos a lo largo de la historia: las matrices que nos constituyen como sujetos están permanentemente atravesadas por vectores externos a partir de los cuales se crean los modelos, gestos, gustos y valores. Cuando esas matrices de aprendizaje y construcción social sufren cambios bruscos y repentinos, son anuladas o simplemente, aniquiladas por uno de los factores más desestabilizantes del individuo, como el miedo, ocurre que la identidad se quiebra. Queda sin sustento, sin pasado donde sostener y sostenerse, es como un organismo debilitado. Cuando hablamos de nuestra identidad y hacemos un recorrido histórico, encontramos un quiebre, una herida. Un pozo que se tapó con dos tablas para que no nos derrumbáramos del todo. Una tabla estaba hecha de mentiras, de ocultamientos, y la otra de neoliberalismo. Pero el agujero siguió ahí, latiendo. Sobre esa estructura endeble seguimos transitando un camino que lleva más de 30 años. Bajo esas tablas podridas quedaron dos generaciones; una muerta, desaparecida y torturada. La otra sin historia, sin trabajo, con hambre y marginalidad. Los que venimos pidiendo justicia hace más de 30 años vivimos la certeza de que la historia se construye desde la verdad y la realidad. Porque nuestra identidad fue negada, porque la justicia es parte de esa identidad y no existe ningún pueblo en el mundo que haya sobrevivido al silencio y a la impunidad. Por eso intentamos sobreponernos al miedo para poder ser escuchados. Pero la impunidad consagrada por el Estado, que mediante dos leyes perpetuó la injusticia durante 16 años, sumada a la exasperante lentitud de los mecanismos judiciales y las complicidades con el pasado, han permitido que hasta ahora sólo haya muy pocos genocidas condenados.

En Córdoba, pese a que hay aproximadamente cuarenta represores con prisión preventiva, acusados de cometer delitos de lesa humanidad, contamos con numerosos ejemplos de que las redes de poder tejidas durante la dictadura no se han desactivado. Siguen vigentes. Quienes trabajamos desde hace años por la Memoria, la Verdad y la Justicia somos objeto de permanentes amenazas y agresiones por parte de estas patotas que siguen protegidas por reductos de cómplices que parecen enquistados en distintas esferas del Estado, perpetuándose gobierno tras gobierno. Una muestra de ello es la reciente decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, que resolvió liberar a dos represores (Lardone y Padován) para que esperen en libertad el juicio oral y público que los condenará. Ninguno de estos militares, policías y civiles acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura está en una cárcel común. Algunos integrantes del poder judicial prefieren que cumplan sus arrestos en dependencias de sus mismas fuerzas, ya sea el Tercer Cuerpo de Ejército o la Guardia de Infantería. Allí son alojados con inexplicables comodidades. Incluso algunos de ellos, como Menéndez, máximo genocida de nuestra provincia, esperan el juicio con prisión domiciliaria. A pesar de tanta injusticia estamos convencidos de que cada uno de los represores tiene derecho a ser defendido y afrontar un juicio oral y público con todas las garantías que consagra nuestra constitución. Raro privilegio que no tuvo ninguna de sus víctimas. Del mismo modo, cada uno de los ciudadanos de este pueblo tiene el derecho a conocer el destino y la historia de los 30.000 desaparecidos: quién los torturó, quién los mató y donde están sus cuerpos. Así ya no será más un desaparecido, será el cuerpo mutilado de un compañero que hace más de 30 años clama por decir la verdad. Córdoba, Mayo de 2008.

introducción

UN LARGO CAMINO Claves históricas para comprender cómo llegamos a los juicios en Córdoba

¿Cómo explicar la barbarie y el genocidio? ¿Qué argumentos usar para que las nuevas generaciones de argentinos puedan interpretar la historia reciente de nuestro país? ¿Cómo despojarnos de las deformaciones a que nos sometió el terrorismo dictatorial y el neoliberalismo menemista? ¿De qué modo superar el vacío de sentido sobre nuestra historia reciente que pretendió imponer un sector de la intelectualidad y de los medios, disfrazando su posicionamiento de saber académico objetivo? Los casos judiciales aquí abordados, las historias de vida de los jóvenes asesinados, merecen ser rescatadas, recuperadas, para entenderlos en su época y en su mundo, como parte fundamental de un proceso político que buscó la justicia social y la liberación de los pueblos. Para ello, deberemos remontar el pasado, hasta situarnos en los inicios de estos movimientos, intentando una síntesis en la que podamos encontrar algunas respuestas a nuestra historia más reciente.

INSURGENCIAS La segunda mitad del Siglo XX, estuvo signada por procesos que auguraban transformaciones políticas, sociales, y económicas profundas a escala mundial. Estas transformaciones irrumpieron, efectivamente, en el marco de la llamada Guerra Fría. Y el nuevo escenario global posterior a la Segunda Guerra Mundial, quedó conformado con dos grandes potencias (Estados Unidos y la Unión Soviética) que se disputaron la hegemonía mundial, en dos bloques continentales enfrentados por el antagonismo “capitalismo vs. socialismo”. Esta disputa de paradigmas se extiende entonces sobre los límites continentales hasta atravesar la vida política de África, Asia y América Latina.

Las banderas de liberación cobran nuevo ímpetu y se expanden en muchos países del llamado tercer mundo. Recorren China, Vietnam y el sudeste asiático, estallan en los procesos de descolonización en Angola, Mozambique, Guinea, Cabo Verde, Argelia. Incluso en el seno de los países del bloque occidental, aparecen focos de resistencia que plantean una confrontación directa con el poder establecido, como sucede en 1968 con la revuelta ciudadana conocida como el “Mayo Francés”, en la que multitudes de jóvenes estudiantes, trabajadores e intelectuales toman las calles de París en reclamo de una transformación radical del sistema político, alentados por los procesos descolonizadores argelinos. En América Latina, desde principios de los '60, la revolución socialista en Cuba se transforma en el faro que ilumina la lucha de muchos pueblos oprimidos del sur. Estas transformaciones políticas crearán el marco propicio para corroborar teorías y consolidar convicciones, poniendo en juego el ideario socialista en el terreno de lo posible. Innumerables movimientos políticos avanzan en el Cono Sur, y poderosos procesos revolucionarios crecen en Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina. El ejemplo del Che imponía la solidaridad como un valor irrenunciable y se hacía referencia ineludible a la posibilidad cierta de construir la utopía. De esta manera se expresaba el agotamiento del modelo de acumulación del sistema capitalista, que tiene como común denominador el quiebre del “estado benefactor” que desde la década del '30 se consolida como modelo viable para Occidente. El correlato de este proceso en Argentina, en las décadas del '60 y del '70, se consolidó en un movimiento antisistema que, con innegables matices, logró igualmente

7 Trabajadores fabriles marchan al centro de la ciudad.

conformar fuertes organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, las que disputaron la distribución de la riqueza y, en algunos casos, la toma del poder.

EL CAPITAL RESPONDE Esta primera gran ola de procesos revolucionarios en marcha coincide desde 1973, con una gran crisis de los modelos capitalistas, arrastrados a nivel mundial por el aumento acelerado del precio del petróleo, lo que desencadena un período de turbulencias y quiebres económicos incluso en los países desarrollados. El bloque occidental, liderado por EEUU, diseña entonces una respuesta a los movimientos populares, que en América Latina estará signado por la imposición de gobiernos dictatoriales ilegítimos. Las herramientas fundacionales de la intervención política estadounidense en América, fueron el Plan Cóndor y la Escuela de Las Américas, instancias en

las que se digitaban los gobiernos de facto y se entrenaba a militares de los países del Cono Sur en técnicas represivas orientadas a contener y disolver los movimientos sociales. Un ejemplo paradigmático de esta situación se desarrolla en Chile, con la caída, en septiembre de 1973, del gobierno socialista de Salvador Allende, elegido tres años antes en elecciones democráticas, con la aprobación de la mayoría de los ciudadanos chilenos. Ha sido ampliamente probada la intervención de la CIA (la central de inteligencia estadounidense) como promotor del levantamiento militar chileno que, asociado a los sectores más poderosos y conservadores de la economía, y con el apoyo de empresas multinacionales, llevará a Pinochet a permanecer en el poder durante casi dos décadas, destruyendo en pocos años el tejido social de organizaciones que, en Chile, apoyaron medidas de estatización de recursos naturales, participación obrera en el control de las industrias y

Claves históricas para comprender cómo llegamos a los juicios en Córdoba.

profundos procesos de transformación en los sistemas educativos y de salud pública. Casos similares de golpes de estado militares se dan también en Uruguay (1973 a 1984), Argentina (1976 a 1983), Brasil (1964 a 1985), Bolivia (1971 a 1978) y en general, en casi todos los países sudamericanos, al igual que en naciones africanas y asiáticas. Años después, ya en la década del '80, procesos análogos tienen lugar en algunas naciones de América Central, como Nicaragua y El Salvador, en los que los movimientos populares habían comenzado recientemente, nutridos de las experiencias cubana y sudamericana. En paralelo a ello, el triunfo del partido republicano con Ronald Reagan en Estados Unidos, y el ascenso de las políticas ultraconservadoras de Margaret Tatcher en Inglaterra son el reflejo de un nuevo tiempo. Nace el neoliberalismo como respuesta del occidente capitalista a la crisis económica y política. En términos geopolíticos, se inicia una nueva era de concentración de capital en favor de grupos multinacionales que ostentan el poder

hegemónico, complementadas con políticas exteriores que marginan funcionalmente a los países en desarrollo al rol de productores de materia prima, dictando medidas de ajuste y endeudamiento que excluyen virtualmente del sistema económico a millones de personas. Por su parte, el bloque socialista comienza a desintegrarse, hasta llegar a la caída de la Unión Soviética. El equilibrio inestable en el que se sostenía la antigua disputa mundial de la Guerra Fría se rompe, liberando el camino para que Estados Unidos se imponga en el liderazgo de las políticas hacia el tercer mundo.

GOLPES En nuestro país, la generación del '70 se templó al calor de las ideas de cambio que se acumularon en una intensa tradición insurgente, de resistencia y organización de los sectores populares. Pero este desarrollo de la conciencia social, esta creciente participación en la vida política de sectores históricamente marginados, se vio obstaculizada

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sistemáticamente por sucesivos levantamientos militares. La historia argentina, desde principios del Siglo XX, puede leerse como la historia de los golpes militares, que se suceden desde 1930 derrocando gobiernos democráticos, tanto si contaban o no con un masivo apoyo social. Particularmente, el derrocamiento del gobierno de Perón en 1955 va a marcar el inicio de una serie de luchas en contra de la proscripción del peronismo, que se sumarán a nuevas organizaciones, nucleando a los trabajadores en sindicatos y constituyendo una fuerza política con peso propio. El compromiso y la participación social y política se extienden también a sectores estudiantiles y agrupaciones juveniles, a corrientes religiosas tercermundistas, a las esferas artísticas y culturales, conformando un movimiento que va a irrumpir en la escena política abriendo brechas de participación democrática, donde la calle será el escenario por excelencia, de su vida militante. Este movimiento se sostendrá incluso con los golpes de estado de 1963 y 1966, y se profundizará hasta llegar al Cordobazo en 1969,

generando un estallido social que tendrá como consecuencia el derrocamiento, unos años más tarde, de la dictadura de Onganía (1966-1973). Este avance de la organización popular será finalmente interrumpido de manera abrupta en Marzo de 1976, con el golpe militar comandado por Videla, Massera y Agosti. Desde mediados de los '60, el poder militar se organiza de tal manera que se constituye en un grupo de poder y presión continua, con amplias inserciones en la escena política, actuando deliberadamente como un condicionante para cualquier gobierno, generando lo que se ha denominado como “partido militar”, en una clara alusión al comportamiento corporativo de las fuerzas armadas en la disputa de poder. La última dictadura militar en argentina (1976-1983), ocupará ilegítimamente el gobierno nacional para imponer el terrorismo de estado como herramienta represiva que facilite la instalación del modelo capitalista neoliberal. Este proyecto político y económico, destinado a desintegrar definitivamente la

2008. Comienza el juicio oral y público por la causa Brandalisis.

Claves históricas para comprender cómo llegamos a los juicios en Córdoba.

organización social estuvo sustentado en la colaboración de potencias mundiales de cariz imperialista, y en el accionar de grupos financieros y terratenientes nacionales, asociados a empresas extranjeras con intereses corporativos y mercantiles en la región. La aplicación del nuevo credo neoliberal, fruto de corrientes economicistas de universidades estadounidenses, tuvo como cabeza visible al Ministro de Economía Martínez de Hoz, quien aplicó brutalmente una batería de medidas económicas de corte decididamente antipopular. Treinta mil desaparecidos, miles de presos y exiliados, el crecimiento exponencial de la deuda externa y de la desocupación, la caída del salario y la desindustrialización, la pérdida de identidad cultural, de los niveles educativos, del sistema de asistencia y salud pública, serán parte del feroz saldo que el país debió pagar para que unos pocos sectores favorecidos puedan disfrutar de los beneficios de la “patria financiera” y del rápido enriquecimiento. Ya en democracia, la década del '90, con el menemismo, marcará la continuidad de la obra de destrucción iniciada en 1976, con la privatización de las empresas nacionales y la corrupción política como emblemas. Un modelo social que finalmente comenzará a resquebrajarse con las revueltas sociales de diciembre de 2001, que provocaron la caída de Fernando De la Rúa, quien presidió el país desde 1999 y dejó tras su renuncia un triste legado, conformado entre otras cosas, por los índices de desocupación e indigencia más altos en la historia argentina. Como vemos, la desarticulación del tejido social solidario y de las luchas populares, ha sido en nuestro país un proceso sostenido en el tiempo desde hace décadas, y estuvo promovido por diversos actores políticos. Los 30.000 desaparecidos que dejó como saldo la dictadura de Videla, tienen hoy su correlato en los desaparecidos sociales, excluidos de la vida social, desocupados, condenados a la marginación económica y cultural. EL PROCESO JUDICIAL Como respuesta a tanta impunidad, los organismos de derechos humanos han trabajado muchos años en la búsqueda de un objetivo claro: el de juicio y castigo a los

genocidas y a sus cómplices. Esta convicción se sustenta en la certeza de que la única posibilidad de revertir estos procesos de desintegración social está fuertemente ligada a la búsqueda de justicia, a la institucionalización de un verdadero estado de derecho, que proteja a los ciudadanos de los atropellos del poder. Durante estos años, muchas fueron las trabas que se interpusieron en el camino, pero la lucha por la verdad no ha cesado su andar, logrando que el proceso judicial se ponga en marcha finalmente. La modificación del marco jurídico que se presenta a partir de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final permite que, a partir del año 2003, todos los juzgados federales del país comiencen a receptar pedidos de reapertura de causas judiciales vinculadas al terrorismo de estado, y que éstas sean reabiertas en la misma situación en que se encontraban al sancionarse estas nefastas leyes (1986/87). Resulta elocuente el terrible daño que provocaron estas normativas, que para la historia de nuestro país quedarán marcadas como las “Leyes de Impunidad”. Como consecuencia de ellas, las investigaciones sobre la sistemática violación a los derechos fundamentales de las personas ocurridas durante la dictadura, estuvieron paralizadas durante 16 años. En este tiempo, fueron destruidos numerosos elementos probatorios, y se obligó a toda una sociedad a convivir con la impunidad y con los responsables de ejecutar el genocidio. Con el retorno de la democracia en 1983, la justicia comenzó a dar algunos pasos en busca del esclarecimiento de lo sucedido y del castigo a sus responsables. En 1985, se juzgó y condenó a los jefes que integraron las juntas militares, máximos responsables de la aplicación del terrorismo de estado. Al mismo tiempo, en los juzgados federales de todo el país se avanzaba en causas que involucraban al resto del aparato represivo. Estos logros permitían fortalecer y afianzar la democracia, generando un masivo apoyo popular, pero las expectativas generadas con la posibilidad real de justicia se verían pronto truncadas por el accionar del gobierno. Sólo un año más tarde, el gobierno de Alfonsín cede a presiones golpistas militares, y sanciona la ley de Punto Final, y meses

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después la de Obediencia Debida. La vigencia de estas leyes imposibilitó proseguir con las causas judiciales abiertas. El país (y sus instituciones), entró así en la década del '90 por el camino de la impunidad y las políticas neoliberales. Sin embargo, frente al creciente desaliento y desmovilización social, los organismos de derechos humanos, junto a muchas otras organizaciones del campo popular, mantuvieron firme la convicción de seguir buscando la justicia y la verdad, respetando todos los procesos legales pese a sus adversidades. Así, nos vimos obligados a buscar causas que no hubieran sido incluidas por la Obediencia Debida y el Punto Final, es decir, causas que en el momento de sancionarse dichas leyes reunían escasas pruebas. Esto explica la ingeniería legal que nuestros abogados vienen realizando para poder juzgar a los responsables del estado terrorista. A 30 años de los hechos resulta muy complejo el hallazgo de evidencias e indicios. Sin embargo en Córdoba tenemos causas en condiciones de ser juzgadas. El 21 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación promulgó la ley 25.779 que declara nulas las leyes. Dos años después, en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia aplica un nuevo marco legal y declara su inconstitucionalidad. Este fallo sienta precedente legal y

allana el camino para juzgar a los genocidas. En Córdoba, la Cámara Federal, luego de algunos meses, decide plegarse al fallo de la Corte Suprema, con lo cual se reabre la totalidad de la denominada “Causa Madre”, integrada por 713 procesos judiciales. A partir de este momento es desagregada, cada causa en particular es "reactivada" tal como se encontraban al sancionarse las leyes (1986/87) avanzando así a su etapa de instrucción. De acuerdo con los archivos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), son más de 1.000 personas, entre civiles y personal de las fuerzas de seguridad, quienes están involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de estado y la violación de los derechos humanos durante la última dictadura. Sin embargo, menos del 40% están procesados y apenas 17 han sido condenados. En la actualidad, están abiertas en el país un total de 212 causas, de las cuales sólo 139 están en movimiento. El número total de procesados es de 379. De ellos, 308 permanecen detenidos con carácter preventivo. El resto, un total de 71, se encuentra en libertad. En tanto, son 50 los imputados que están siendo indagados. De todos ellos, son aproximadamente 40 los que se encuentran imputados en las causas que se instruyen en Córdoba.

Detenciones en la Plaza San Martín, una imagen repetida en los ‘70.

las causas

SERÁ JUSTICIA La Causa Brandalisis, el primer juicio a los genocidas en Córdoba

El 27 de mayo de 2008 no será recordado como un día más en la historia que cuenten las generaciones futuras. Ese día comienza el juicio en la causa Brandalisis, caratulada como “Luciano Benjamín Menendez y Otros p.s.a Homicidio Agravado”. Por primera vez se juzgan los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el Centro Clandestino de Detención y tortura La Perla comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Esta causa fue la primera que, luego de muchos años, volvió a investigar el accionar represivo en Córdoba y poner en prisión a sus responsables. Como hemos visto, los militares se propusieron “aniquilar la subversión” para lo cual llevaron adelante un plan sistemático y generalizado de exterminio a toda la oposición política. Este plan, minuciosamente organizado sobre la estructura del estado, constituye para el derecho internacional, un genocidio. Ocurre sin embargo, que esta figura legal no se encuentra contemplada aún en el Código

Penal Argentino. Por lo tanto, para no violar de ninguna manera el derecho de defensa de los genocidas, debemos imputarlos por los delitos que sí están tipificados en el código. Teniendo este marco de referencia, esta causa investiga el secuestro, la desaparición, la tortura y el asesinato de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Laja y Raúl Oscar Cardozo. En esta causa, se acusa a Menéndez y a su patota de: • Privación Ilegítima de la Libertad • Aplicación de Tormentos • Homicidio Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, junto a H.I.J.O.S., representamos como querellantes legales (con el patrocinio de nuestros abogados Dr. Claudio Orosz y Dr. Martín Fresneda) a Valeria y Soledad Chávez, hijas de Hilda Flora Palacios.

“Por primera vez, se juzgan en nuestra provincia los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el Centro Clandestino de Detención y tortura La Perla, comandado por el genocida Luciano Benjamín Menéndez.”

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LOS HECHOS

áspero interrogatorio. Mientras tanto, el matrimonio de amigos es forzado a En la edición de 19 de diciembre de 1977 del diario salir de su automóvil, ante la presencia de los cinco niños, Córdoba figura una noticia titulada "Subversivos abatidos" que en medio del pánico, deben permanecer expectantes donde se relata que: "...los subversivos viajaban en un en el asiento trasero. Torino, sin chapa patente, que abrió fuego contra los Luego de sufrir el interrogatorio, Hilda Flora Palacios es integrantes de la patrulla de las fuerzas de seguridad en la conducida a uno de los vehículos en el que se trasladaba el intersección de Sagrada Flia. y Ejército Argentino el jueves grupo de tareas. A su vez, su amigo deberá conducir su por la noche del día 15/12/77. Se originó un tiroteo que propio automóvil, en el que también se encuentra su epilogó con el abatimiento de los sediciosos, tres hombres y familia, y vigilados por uno de los represores, que viajará en una mujer". Esta es una muestra del tipo de historias que el asiento de acompañante sin dejar de apuntarlo con un publicaban los genocidas durante el terrorismo de estado, arma de grueso calibre. Su pareja se ubica en la parte de en complicidad con muchos atrás, mientras intenta sobrerecorte del diario Córdoba - 19/12/1977 medios de comunicación y con la ponerse al terror y calmar a los prensa escrita. Sin embargo, la cinco niños. Detrás de ellos se verdad es muy otra. conducían los otros vehículos del En la mañana del día 6 de operativo, en uno de los cuales era noviembre de 1977 Hilda Flora trasladada Hilda Flora Palacios. Palacios junto a su pareja, HumYa sin ninguno de los niños en el berto Horacio Brandalisis y sus auto, que fueron dejados en la dos pequeñas hijas, Valeria y casa de los abuelos (padres de la Soledad, salen de su casa para amiga de Hilda Flora Palacios), el pasar el día en la de un matrimomatrimonio es encapuchado, y la nio amigo. Al llegar al lugar, amenazante caravana se dirige Brandalisis se retira prometiendo finalmente a La Perla, depenregresar para el almuerzo. Pero no dencia militar que funcionaba en volverá al almuerzo. Tiempo después de retirarse es el ámbito del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo el mando secuestrado por miembros del Grupo de Operaciones directo de quien comandaba esa fuerza y el Área 311: el Especiales del Destacamento 141 Gral. Iribarren. genocida Luciano Benjamín Menéndez. Pasada la hora del almuerzo, Hilda Flora comienza a Hilda Flora fue sometida desde su ingreso a todo tipo de inquietarse ante la demora de su compañero. Ya entrada la torturas físicas y psíquicas, a los efectos de obtener la noche, alrededor de las diez, sus amigos, con sus tres niños mayor cantidad de información relacionada con su pequeños, deciden llevar en su propio auto a Hilda y a sus militancia en la organización política conocida como hijas de regreso a su casa. Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). A partir Al llegar a su domicilio, un grupo de tareas de La Perla de entonces, y durante todo su cautiverio, fue sometida a fuertemente armado, tiende una emboscada e intercepta condiciones infrahumanas tales como ser identificada por el vehículo con sus ocho ocupantes. Se produce entonces un número, permanecer todo el tiempo con una venda una tensa situación de amenazas y golpes, que es sobre sus ojos, incomunicada, acostada en el piso sobre presenciada incluso por algunos vecinos, que salen a la colchones de paja en “La Cuadra” (sitio dentro de La Perla calle alertados por los gritos. Hilda Flora Palacios es donde eran alojados los detenidos-desaparecidos), obligada a ingresar a su hogar, y allí mismo tiene lugar un escuchando los gritos del resto de los detenidos que eran

La Causa Brandalisis, el primer juicio a los genocidas en Córdoba.

sometidos a torturas, y con una total incertidumbre sobre de fuego que recibiera, quedó registrada en el Acta de cual sería su destino. Padeció estas condiciones durante 38 Defunción Nº 1493, Tomo 2º, Serie “C”, Año 1978. días, hasta la madrugada del 15 de diciembre, cuando fue Posteriormente sus restos fueron llevados al Hospital retirada por el personal de La Perla junto con su pareja, Militar, y de allí derivados a la Morgue Judicial, (donde Humberto Brandalisis y sus compañeros de militancia ingresó con el Nº de orden 1184). Permaneció allí casi ocho Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo que también meses, hasta su sepultura clandestina, el 3 de agosto de se encontraban detenidos. 1978 en la fosa individual Nº 326 Aquí vivían Hilda Flora, Humberto y sus hijas. Cuadro B, de la nueva sección del Al dejar La Perla, los cuatro cementerio de San Vicente en la compañeros fueron asesinados en ciudad de Córdoba. un procedimiento clandestino que los genocidas llamaban “operativo Ninguno de estos hechos fue ventilador”. Este método consistía comunicado a sus familiares, pese en sacar a los prisioneros vivos y a la presentación del recurso de fusilarlos, para luego arrojarlos en Hábeas Corpus (recurso jurídico la vía pública simulando un que garantiza la libertad personal enfrentamiento con las fuerzas del individuo, a fin de evitar los represivas. Con estos “operativos” arrestos y detenciones arbitrarias. los genocidas buscaban deSe basa en la obligación de mostrar su eficacia en la “lucha sin presentar ante el juez a todo cuartel contra la subversión”, a la detenido en el plazo de 24 horas). vez que diseminaban el terror en la sociedad. Por ello, Hilda Flora Palacios pasó a engrosar el listado de En este caso, el asesinato se perpetró en la intersección desaparecidos durante 27 años. El enterramiento de las avenidas Colón (que en aquella época se llamaba Av. clandestino de cuerpos fue uno de los mecanismos Ejército Argentino) y Sagrada Familia, en las primeras horas utilizados por los militares para ocultar la evidencia más del día 15 de diciembre de 1977. El hecho fue presentado a contundente de sus aberrantes delitos. En el marco de la la prensa como si los fusilados se hubieran resistido, a causa Enterramientos Clandestinos, el Equipo Argentino de bordo de un automóvil marca Torino, en un control Antropología Forense (EAAF) lleva identificados 14 cuerpos vehicular que efectuaran las fuerzas armadas y de que ya fueron entregados a sus familiares, el de Hilda Flora fue el quinto. El 11 de noviembre del 2004 sus restos, seguridad. La muerte de Hilda Flora Palacios, por las heridas de arma después de 27 años, fueron entregados a sus familiares.

Carlos Enrique Lajas: El 6 de noviembre de 1977, Carlos se encontraba cuidando a su pequeño sobrino de seis meses, cuando la patota de La Perla ingresó violentamente al domicilio en el que ambos se encontraban para secuestrarlo. Alrededor de las seis de la tarde, la madre del niño, hermana de Carlos llega y encuentra la puerta de la casa abierta de par en par y a su hijo solo en un cochecito. Algunas horas después tres autos regresan a la casa de los Lajas

Raúl Osvaldo Cardozo para allanarla. Durante 20 minutos revisan y revuelven todo. Desde ese día, Carlos Enrique es sometido a cautiverio en La Perla durante 38 días, hasta que es asesinado en el mismo simulacro de enfrentamiento en el que son asesinados Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis y Raúl Cardozo.

los compañeros fusilados junto a Hilda y Humberto

El 8 de noviembre de 1977, alrededor de la medianoche, Raúl se encontraba descansando en la pensión donde vivía, cuando repentinamente un grupo de tareas irrumpió para secuestrarlo. Los militares le ordenaron a la dueña de la pensión que no saliera hasta que ellos se fueran. Treinta y seis días más tarde, correrá la misma suerte que sus compañeros en el “operativo ventilador” de la madrugada del 15 de diciembre.

RECORRIDO DE LA CAUSA Si bien los familiares de las víctimas acudieron a la justicia en el mismo 1977, año en que sucedieron estos hechos, la institución judicial recién comenzó a dar respuestas hace 6 años.

Octubre 2002: la Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo de Graciela López de Filoñuk, comienza la investigación sobre el secuestro, torturas y asesinatos de Brandalisis, Palacios, Laja y Cardozo. Septiembre de 2003: A pedido de la Fiscalía, la jueza Cristina Garzón de Lazcano ordena las detenciones de los, entonces, 11 sospechosos, que luego serían imputados. Junio 2004: Casi dos años después, el 10 de junio de 2004 la jueza dicta el procesamiento y prisión preventiva fundamentando su fallo en la firme presunción de la participación de los detenidos en los delitos.

Agosto de 2004: La defensa de los militares plantea un recurso de apelación que es concedido por Garzón de Lazcano. Piden la nulidad del procesamiento y de la prisión preventiva. Agosto de 2005: Un año después del pedido de la defensa, la Cámara resuelve denegar el planteo de los represores y respaldar el fallo de la jueza, confirmando el procesamiento y la prisión preventiva. No obstante, la defensa presenta entonces un recurso de Casación que la Cámara Federal demora cinco meses en resolver.

Febrero de 2006: Finalmente la Cámara Federal concede el recurso. La causa se va a la Cámara Nacional de Casación.

Septiembre de 2007: La sala 3 de la Cámara Nacional de Casación entiende que el recurso de casación está mal concedido. La Causa fue remitida al Juzgado de origen y siguió su tramitación. A partir de este momento la defensa siguió presentando recursos de queja y casación, pero los mismos no tienen efecto suspensivo. La causa siguió avanzando para su elevación a juicio. Noviembre de 2007: La Jueza corre vista a las partes para que acusen. Este es el paso previo a la elevación a juicio.

21 de Abril de 2008: El Tribunal Oral Federal Nº 1 da a conocer la fecha en que tendrá lugar la primera audiencia oral y pública. El tribunal está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscara y Carlos Otero Álvarez (este último fue recusado por nuestros abogados por su vinculación con el accionar represivo en la dictadura). 27 de Mayo de 2008: Se inicia en Córdoba el juicio oral y público de la causa Brandalisis.

El secuestro, desaparición, torturas y asesinato de estos cuatro compañeros formó parte de un mismo operativo llevado adelante por el grupo de operaciones especiales del Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren, que actuaba en La Perla. Palacios, Brandalisis, Lajas y Cardozo, que militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fueron secuestrados con pocas horas de diferencia y permanecieron en el mismo Centro Clandestino. Fueron fusilados juntos, tienen la misma fecha de ingreso a la morgue judicial, procedentes del Hospital Militar y luego fueron enterrados clandestinamente en el Cementerio de San Vicente de la ciudad de Córdoba. Hasta el momento sólo pudimos recuperar el cuerpo de Hilda Flora Palacios gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Todos estos hechos, narrados aquí en forma extremadamente resumida, se encuentran debidamente acreditados con pruebas testimoniales, informativas y documentales. Constituyen la demostración del plan sistemático elaborado por el terrorismo de estado, confirmando que el accionar militar y de las fuerzas de seguridad estuvo coordinado en todos sus detalles, y persiguió objetivos claramente definidos, que consistían en utilizar los mecanismos y las estructuras del estado (el mismo estado que tiene como función proteger la vida y los intereses de sus ciudadanos) para perseguir y reprimir a su oposición, conformada por millones de argentinos que habían cometido el delito de pensar que era posible un país con justicia social.

los genocidas imputados

Imputados como autores materiales de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio: Menéndez, Luciano Benjamín Alias “Cachorro”. Fecha y lugar de nacimiento: 19 de junio de 1927, en San Martín, pcia. de Bs. As. Estado civil: casado

Militar de profesión, pasó a retiro con el grado de General de División. Cumple su arresto domiciliario en su casa ubicada en la calle Ilolay Nº 3269, de barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba. Actualmente tiene 80 años. Fue el comandante del III Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979. Esta repartición tuvo epicentro en Córdoba, pero abarcaba a 10 provincias del Noroeste y Cuyo, por lo tanto, mientras estuvo al mando, Menéndez fue el máximo responsable de todas las violaciones a los derechos humanos y de todos los campos de concentración en estas jurisdicciones. En la actualidad son más de 800 las causas que lo imputan. En la provincia de Córdoba, denominada por los militares Área 311, la autoridad de este represor cobraba aun más protagonismo. Según consta en los legajos de inteligencia incautados por la justicia, el propio Menéndez presidía la denominada “Comunidad Informativa” en donde confluían autoridades de las Fuerzas Armadas, Policía Provincial, Policía Federal y SIDE. Junto a sus seguidores conformó la “Organización Nacionalista” o “Partido Militar” de neto corte fascista que criticaban al sector de Videla por “blando”. En ocasión de una conferencia en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Económicas se explayó sobre la estructura y el proyecto político militar, manifestando que “por suerte las Fuerzas Armadas sanmartinianas habían exterminado a la población indígena y que de esta manera se crea una Argentina blanca y culta”. Una de sus políticas emblemáticas en la dictadura fue el llamado “pacto de sangre”. Era, según los oficiales de La Perla, una invención genial de la que estaban admirados y agradecidos. Consistía en hacer participar de los secuestros y fusilamientos a todos los oficiales de las unidades regulares para que, en una

posible futura etapa, no “se dieran vuelta” y decidieran declarar contra Menéndez y los oficiales del Destacamento. Siguiendo este lineamiento, a partir de febrero de 1977 los asesinatos de secuestrados comenzaron a racionalizarse, fusilándose de a tres por día, con el objetivo de que alcanzaran los secuestrados para todo el personal militar. Participaba de algunos operativos, y en todos los casos sustraía el “botín” para él. En “El Castillo”, casa situada en el Barrio Villa Cabrera de Córdoba, donde el 9 de marzo de 1977 murieron 7 militantes, Menéndez se llevó una valija llena de dólares, generando resentimiento en el resto de la tropa. En estas ocasiones, permanecía resguardado detrás de algún vehículo y miraba a través de un espejo que sostenía en la mano, para no ser alcanzado por los disparos. Con el retorno democrático, las causas en su contra comenzaron a multiplicarse, ya que la impunidad de la Ley de Obediencia Debida no le correspondía a los altos mandos. En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos (4 de ellos seguido de muerte) y 4 sustracciones de menores. En 1998 intentó un fugaz paso por la política al crear un partido fascista llamado Nuevo Orden Republicano, quizás en una fallida respuesta al avance de la movilización popular que exigía justicia. Pero no pudo impedir que la sociedad cordobesa lo sentara finalmente en el banquillo de los acusados. Con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final pudieron reabrirse algunas de las viejas imputaciones, y desde el año 2003 se encuentra con prisión preventiva domiciliaria por la causa Brandalisis.

Manzanelli, Luis Alberto Alias “El hombre del violín” o “Piazza”. Fecha y lugar de nacimiento: 7 de septiembre de 1938, Córdoba Capital. Estado civil: casado Militar, se retiró con el grado de Suboficial Principal. Tiene su domicilio fijado en calle Juan A. Fernández 6528, del barrio 20 de Junio de la ciudad de Córdoba. Desde 1974 fue parte del Comando Libertadores de América,

luego pasaría a integrar el grupo de interrogadores que torturaban a los detenidos de La Perla. Allí ocuparía un lugar “destacado” en una de las oficinas donde se interrogaba salvajemente a los detenidos, a pesar de su baja graduación militar. Dentro de la estructura clandestina fue jefe de “interrogadores”, posteriormente es trasladado al sector “Calle”, encargado de los secuestros. Debido a una caída de un caballo, no podía girar la cabeza hacia un lado, entonces fue apodado "el hombre del violín". Torturador y asesino, participó en numerosos allanamientos, secuestros e interrogatorios. Entre sus pares se lo mencionaba como “el mejor torturador”, al punto que llegó a asesinar a varios prisioneros en la tortura. Se jactaba de que por sus manos habían pasado todos los militantes detenidos de La Perla. Era, junto al capitán González, el encargado de “trasladar” a las embarazadas y de controlar personalmente a los liberados, visitándolos en sus casas. Solía decir que en la media hora del día en que se quedaba solo frente a sí mismo, recordaba todos los ojos de los torturados. Fue procesado por la Cámara Federal de Córdoba en febrero de 1987, por asesinatos, torturas y secuestros, y arrestado en abril del mismo año. Quedó en libertad dos meses después gracias a la impunidad de la Ley de Obediencia Debida. Ya en democracia, fue director del Cir.S.E. (Círculo de Suboficiales del Ejercito), en la ciudad de Córdoba, donde lo llaman “Don Luis”. Numerosos procesos penales tramitados en la justicia federal de Córdoba lo tienen como imputado, y desde el año 2003 cumple prisión en las dependencias del III Cuerpo.

Díaz, Carlos Alberto Alias “HB”. Fecha y lugar de nacimiento: 18 de septiembre de 1946, en Capital Federal. Estado civil: divorciado Militar de profesión, proveniente de Infantería, se retiró con el grado de Suboficial Mayor, y fijó su domicilio en Figueroa Alcorta 422, Alta Gracia, pcia. de Córdoba. Desde 1975 integró el Comando Libertadores de América, luego pasó al grupo de interrogadores y torturadores de los centros clandestinos de detención La Perla y La Ribera, entre 1976 y 1979. Es recordado por los sobrevivientes como una persona sádica y feroz, que se descontrolaba cuando torturaba. Como parte de su especialización, realizó un curso de

“contrainsurgencia y represión” en el III Cuerpo de Ejército, donde los genocidas se ponían a prueba aplicándose picana eléctrica entre ellos para saber cuál era la resistencia de cada uno. Al igual que cientos de represores fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida, aunque son numerosos los procesos penales que lo tienen como imputado. Desde el año 2003 cumple prisión en las dependencias del III Cuerpo.

Padován, Oreste Valentín Alias “Gino”. Fecha y lugar de nacimiento: 7 de julio de 1947, en la ciudad de Neuquén. Estado civil: casado Abogado (se recibió en la Universidad de Santa Fe) y militar, pasó a retiro con el grado de Suboficial Mayor de Ejército, fijó su domicilio en la calle Río Cuarto 526, del barrio Juniors de la Ciudad de Córdoba. Durante la dictadura integró el grupo “Calle” y “Operaciones Especiales”, participando en los interrogatorios a los detenidos entre 1976 a 1979. Era encargado de realizar los traslados de los detenidos-desaparecidos al lugar donde se los fusilaba. Allí los obligaba a cavar sus propias tumbas. Ya en democracia fue uno de los tantos genocidas beneficiados por la impunidad de la Ley de Obediencia Debida. Actualmente está imputado en numerosas causas por su participación en secuestros, torturas y asesinatos, entre ellas, la causa Brandalisis por la cual fue detenido en 2003. Sin embargo, está en libertad desde junio de 2007, cuando la Cámara Nacional de Casación (máximo tribunal penal del País) le otorgó el beneficio de seguir el proceso en libertad ya que, a entender de la cámara, “no presenta peligrosidad procesal”. Con esto, este máximo tribunal entiende que la libertad de este genocida no representa riesgo alguno para la sociedad, ni para el avance de la justicia.

Lardone, Ricardo Alberto Ramón Alias”Fogo” o “Fogonazo”. Fecha y lugar de nacimiento: 4 de abril de 1943, en Monte Ralo, pcia. de Córdoba. Estado civil: casado Nunca fue militar de carrera. Integró el aparato represivo como Agente Civil Adscripto de inteligencia en el Destacamento 141. Desde 1974 formó parte del Comando Libertadores de América y

luego pasó al grupo de interrogadores y torturadores La Perla. Según el relato de los sobrevivientes, Lardone era, junto a Carlos Enrique Villanueva, encargado de hacer explotar los cuerpos de los detenidos para destruirlos y desaparecerlos. Su apodo (Fogo) obedece a su especialidad de sacar fotos en concentraciones y actividades sociales. Solía infiltrarse en distintos grupos para “marcar” a quienes luego serían detenidos. Su impunidad fue garantizada por la Ley de Obediencia Debida.

Luego fijó su domicilio en calle Villafañe de la localidad de San Agustín (depto. Calamuchita), en Córdoba, donde su esposa fue Concejal por el Partido Justicialista. Allí vivió hasta ser detenido en septiembre de 2003, en el marco de la causa Brandalisis. Sin embargo, al igual que Padován, este asesino está en libertad desde junio de 2007, cuando la Cámara de Casación le otorgara la excarcelación, bajo el inusitado argumento de que “no presenta peligrosidad procesal”.

Imputados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos: Rodríguez, Hermes Oscar 18

Alias “Salame” o “Subgerente”. Fecha y lugar de nacimiento: 3 de octubre de 1932, en Capital Federal. Estado civil: casado De profesión militar, pasó a retiro con el grado de Coronel. Fijó su domicilio en calle Morón 20, 6º piso, en la ciudad de Mendoza, donde cumple su arresto domiciliario. Provenía del arma de Artillería. Durante 1976 y 1977 fue el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141, primero bajo la jefatura del Coronel Bolancini, y luego, del Teniente General Anadón. Fue trasladado a Buenos Aires como Jefe de Batallón. Dirigió el proceso de investigación, allanamientos y detención del directorio de la empresa Mackentor. Asiduo visitante de La Perla, participaba en las reuniones de oficiales en donde se decidía la suerte de los detenidos. Despreciaba a la suboficialidad, con la que mantenía pésimas relaciones, al igual que con el personal a su cargo. Su aporte para que se concrete el secuestro y la aplicación de tormentos a Hilda Flora Palacios, radica en que transmitió las órdenes provenientes del Jefe del Área 311 Luciano Benjamín Menéndez hacia sus subordinados y proveyó todos los medios necesarios para su cumplimiento. La impunidad que le confirió la ley de Obediencia Debida llegó a su fin en el año 2004 cuando entró en prisión preventiva por la causa Brandalisis.

Acosta, Jorge Exequiel Alias “Rulo” o “Sordo”. Fecha y lugar de nacimiento: 2 de diciembre de 1945, en Paraná, Entre Ríos. Estado civil: divorciado De profesión militar, se retiró con el grado de Capitán, proveniente de infantería y especializado en paracaidismo. Su domicilio ante la justicia está fijado en Venezuela 1177, Capital Federal. Desde septiembre de 2003 se encuentra cumpliendo prisión preventiva en las cómodas dependencias del III Cuerpo de Ejército por su participación en el secuestro y la aplicación de torturas a Hilda Flora Palacios. En 1976 se desempeñó como jefe de la patota de operativos especiales (OP3) de La Perla. Al año siguiente, queda como jefe de este CCDE. Aparte de su sadismo, se caracterizaba por ser corrupto. Realizaba operativos comando haciéndose pasar por guerrillero en los que robaba autos que luego utilizaba él o los destinaba al funcionamiento de La Perla. Entre sus prácticas conocidas estaba la de establecer contacto con los familiares de los detenidos exigiendo el pago de coimas por liberaciones que nunca se concretarían. Del mismo modo, durante los operativos de secuestro se apoderaba de todo tipo de bienes de las víctimas. Por esta razón, en 1977 el entonces Gral. Centeno le ordenó un arresto de un mes. En una ocasión quiso demostrar su “valentía” asesinando, con

su propio cuchillo de paracaidista, a un detenido apodado Joe, estudiante de medicina. Durante la revuelta popular del Cordobazo en mayo de 1969, siendo subteniente, participó del aparato represivo, jactándose de haber asesinado a 7 trabajadores. En 1974 se desempeñaba como oficial del batallón de Catamarca donde hubo un intento de copamiento por un grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo. Participó en la búsqueda y fusilamiento de los 17 fugitivos. Luego prestó sus “servicios” en el Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento 141, en Córdoba, hasta que en 1979 fue trasladado a un batallón de Bs. As. donde realizó tareas de contrainteligencia. Ese mismo año sufre un accidente en un salto de paracaídas y es dado de baja, pero todo indicaría que siguió ligado a la Central de Información. Fue imputado por la justicia italiana por crímenes cometidos contra ciudadanos italianos durante la dictadura.

Vega, Carlos Alberto Alias “Vergara” o “el Tío”. Fecha y lugar de nacimiento: 20 de Enero de 1929, en General Alvear, Mendoza. Estado civil: casado Militar retirado con el grado de Suboficial Principal, vive actualmente en la calle Berutti 311, en el Departamento Guaymallén de la provincia de Mendoza, donde cumple su arresto domiciliario desde que se declarara la inconstitucionalidda de la ley de Obediencia Debida. Integró el Comando de Operaciones Especiales (OP3) hasta 1978. Torturador, ladrón y secuestrador, en los operativos saqueaba masivamente las casas de las víctimas, haciendo una fortuna con sus robos. Durante algunos años fue responsable de la Administración interna de La Perla. El testimonio de algunos sobrevivientes indica que Vega tenía contradicciones con los métodos de tortura. Decía no compartir los objetivos políticos, aunque había aceptado regentear La Perla porque le faltaban dos años para retirarse y era el único destino que le habían ofrecido.

Centeno, Arturo Gumersindo (Muerto sin ser juzgado) General de Brigada. Fue procesado por los delitos cometidos como Jefe del Área de Seguridad 311, entre enero de 1977 y diciembre de 1978. Como su cargo lo indica, fue responsable de los centros clandestinos La Perla, Malagueño, La Ribera, D-2 de la Policía de Córdoba, y de los que funcionaban en dependencias de

la Unidad Penitenciaria Nº1 y en el Hospital Militar de Córdoba. La Corte Suprema de Justicia lo desprocesó el 11 de mayo de 1988. Murió impune por la Ley de Obediencia Debida. Quedará absuelto por encontrarse fallecido.

Luján, Ricardo Andrés (Muerto sin ser juzgado) Alias “Yanqui”. Sin grado militar, integró el aparato represivo clandestino como Civil Adscripto. Formó parte del Comando Libertadores de América. En 1976 se integra al grupo operativo del centro clandestino de detención La Perla, donde se ocupaba principalmente de los automotores. Torturador y asesino. Se jactaba de haber participado en el asesinato de Marcos Osatinsky y de haberse quedado con su arma (Osatinsky era dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego miembro de la Conducción nacional de Montoneros, se fugó de la cárcel de Trelew en 1972, y fue detenido en Córdoba el 7 de Agosto de 1975, dos semanas después fue ejecutado). Murió impune por la Ley de Obediencia Debida, estaba casado y tenía varios hijos. Quedará absuelto por encontrarse fallecido.

Anadón, César Emilio (Muerto sin ser juzgado) Alias “Gerente”, “Mormón”, “Tranco de León”.

Militar de carrera, se retiró con el grado de Coronel. Desde 1975 fue el máximo responsable del Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren, reemplazando al coronel Bolacini. Miembro del Comando de Operaciones Especiales, torturador y asesino. Actuó en los centros clandestinos de detención La Perla y La Ribera. A fines de 1979 fue agregado militar en la ex Unión Soviética. En 1982 fue interventor de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba. Nació en Tancacha, provincia de Córdoba. En democracia la ley de Obediencia Debida le brindó Impunidad. Tenía dos hijos y vivía en la calle San José De Calasanz 41, en el centro de Córdoba, donde se suicidó pegándose un tiro mientras cumplía prisión domiciliaria en el marco de esta causa, en el año 2004. Al igual que Centeno y Lujan quedará absuelto por encontrarse sin vida, pero en este caso, a la mora de la Justicia se suma su cobarde impunidad de no afrontar el proceso judicial.

memorias de vida

La historia de Hilda Flora Palacios

Hilda Flora Palacios nació el 8 de octubre de 1951 en la ciudad de Santa Fe. Es la hija mayor del matrimonio conformado por Oscar Gualberto Palacios e Hilda Beatriz Roberto. Fue a la escuela primaria Nº 25 Luis María Drago, mientras que cursó sus estudios secundarios en el Colegio de las Hermanas Franciscanas, donde obtiene el título de maestra de grado. Una vez recibida, cursó tres años en la Escuela de Servicios Sociales de Santa Fe. Al calor de la movilización estudiantil que colmaba las universidades del país, entra en contacto con otros compañeros y comienza su participación política activa Hilda Flora, en 1975. en la agrupación ARES-TAR (Agrupación Resistencia Estudiantil Secundaria de la Tendencia Antiimperialista Argentina). Esta organización era una propuesta desarrollada por el PRT, el Partido Re v o l u c i o n a r i o d e l o s Trabajadores, para la acción política en las universidades. Con el tiempo, su vínculo con el partido se hace cada vez más estrecho a medida q u e evo l u c i o n a e n s u compromiso social. Es precisamente por su militancia en el PRT, que es detenida el 26 agosto de 1972, y luego liberada el 25 de mayo de 1973, en una gran amnistía para presos políticos que otorga entre sus primeras medidas de gobierno el presidente Cámpora. Por estos años, tiene dos hijas con su compañero Héctor Chávez, a quienes bautizan Valeria y Soledad. Héctor fue detenido ilegalmente el 26 marzo de 1976 en Capital Federal, y es hoy uno de los 30.000 compañeros desaparecidos sobre los

que no se conoce su destino final. En mayo de 1977, Hilda llega a Córdoba acompañada por sus dos hijas y por su nueva pareja, Humberto Horacio Brandalisis. Pero su radicación en la ciudad sólo duraría unos cuantos meses. El 6 de noviembre Brandalisis es secuestrado y posteriormente, en horas de la noche Hilda Flora corre la misma suerte, apresada en su casa por miembros del III Cuerpo de Ejército. Ambos son trasladados a La Perla donde permanecieron hasta el 15 de diciembre, cuando son asesinados simulando un enfrentamiento en la vía pública, tal como se relata en esta cartilla. El acta de defunción de Hilda Flora detalla que muere como consecuencia de “shock hemorrágico traumático causado por heridas de bala”. Sus restos fueron inhumados clandestinamente el 3 de agosto de 1978 en una fosa individual del Cementerio San Vicente, con la infame intención de ocultar los hechos y proteger a los responsables. Como en otros miles de casos, los genocidas pretendieron enterrar la memoria junto a los cuerpos de nuestros compañeros, pero olvidaron que el pueblo teje sus propias historias, y descubre verdades. El cuerpo de Hilda Flora fue exhumado e identificado por el EAAF en el marco de la causa “Enterramientos Clandestinos”, luego de años de investigación y trabajo, y pudo ser restituido a sus familiares, a sus hijas, a sus compañeros, el 11 de

Cartilla informativa Nº 3. Mayo de 2008 - Familiares Córdoba

“Este juicio es de todos” El testimonio de Valeria, hija de Hilda Flora Palacios y Héctor Chávez. Hace ya un tiempo, ARHISTA (Asociación para la Reconstrucción Histórica de Argentina. Es una organización especializada en la investigación histórica, ha colaborado con el Equipo Argentino de Antropología Forense en diferentes regiones del país) se puso en contacto con mi hermana Soledad y conmigo, para contarnos el resultado de unas investigaciones. Nos informaron que harían unas excavaciones en el Cementerio de San Vicente. Con un poco de expectativa y otro poco de escepticismo fuimos a ver algo que finalmente cambió nuestra forma de pensar, por lo menos. En esos días, se acercaron a nosotras periodistas que hablaban de identidad, de recuperar la identidad. Fue cuando escribí estas líneas.

IDENTIDAD Es lo que soy, lo que esta vida me hizo, las consecuencias de mis propias decisiones, el resultado de las influencias de otras personas en mi vida. Es también el resultado de las ausencias, y de la idealización de esas ausencias. Recuperar la identidad… ¿Cómo? Trato de recuperar recuerdos. Cada pregunta, cada duda que quise sacarme está relacionada con esto de querer saber sobre mis padres. La información retaceada que me dan mis familiares, debido al rencor o al miedo, es simplemente insatisfactoria. Nadie puede decirme cómo eran como padres, ya que no compartían tiempo con los otros miembros de la familia, no en la época en que fueron padres. Los relatos que los incluyen, las anécdotas de cuando era niña, el saber por qué luchaban y en qué consistía esa lucha, me permite comprender que, a pesar de vivir en la clandestinidad y al borde del peligro, se atrevieron a tener dos hijas.

Después de encontrar un compañero al que amo, después de ser mamá de cinco deseados y hermosos hijos, comprendo que sólo las personas que realmente se aman tienen una verdadera necesidad de perpetuarse. Y sé que fue así con ellos. Sé que se amaban, que nos amaban, que

El testimonio de Valeria, hija de Hilda Flora Palacios y Héctor Chávez.

La felicidad de reconocerme en ella en cosas tan querían lo mejor para su país, para nuestro futuro. Entonces, no recupero mi identidad al encontrar unos pequeñas e insignificantes, después de tanto dolor y cuantos huesos, aunque la certeza y la comprobación sufrimiento, me hace sentir agradecida del amor que ellos, científica de esto es muy importante. Me da mucha paz y mis padres, tenían hacia nosotras. Ese mismo amor y tranquilidad, y una sensación de pertenencia muy especial. protección que tan bien pudieron demostrarme mis abuelos al criarnos. Es algo que une de una vez por todas a las generaciones. Escucho que cada uno tiene su opinión sobre ellos. Mi identidad está bien definida. Sé quien soy, sé quiénes eran mis padres, los respeto y los amo, y sé que quienes los Algunos están de acuerdo, otros en contra. Están incluso suplieron en nuestra crianza, mis amados abuelos los que dicen “si los subversivos también ponían bombas...” Mas allá de lo que hubieran hecho, de todas maneras maternos, hicieron todo lo posible por darnos lo mejor y protegernos aún de lo que los demás pudieran pensar de ¿quién los va a juzgar? Los secuestraron, los maltrataron, los torturaron, robaron sus mis padres. En este tiempo Valeria y Soledad, Hijas de Hilda Flora, en 1977. hijos, los mataron, metieron algunas cosas volvieron a miedo a toda la sociedad, aflorar, me hacen pensar en destruyeron la economía del otras que no son cotidianas, país, destruyeron toda una la noticia de que pronto ideología y todo el potencial empezará el juicio por mi de la juventud vibrante, mami. Algo está mal. Yo no la inteligente, interesante, recuerdo, pero en mi mente destruyeron a sus familias, a y en lo más profundo de mi sus vecinos, a sus amigos, tu corazón, sé que ahí está, y mente y la mía, ¿Qué más? que de alguna manera me Sin dudas, la justicia es sostiene y me da fuerzas para lenta, creo que podrían seguir de pie en esta carrera hacer algo más. Creo que de la vida. cada uno busca lo suyo, los Algo que me hizo dar políticos, los que militan, cuenta de esta verdad tan pero esto es algo de lo que relevante para mí, es el hecho de que a mi hija le puse como primer nombre Ana, todos vamos a aprender. Y espero que aunque nadie gane, con la sola idea de que me gustaba, sin saber algo que al nadie más salga perdiendo. Juzgar a un asesino, alguien que entre otras cosas tiempo, unos cuantos años después, hizo luz. Luego de que se tomaran las primeras declaraciones a los destruyó la identidad, la seguridad, la esencia de una testigos que conocieron a mi mamá, en uno de estos persona, una familia, una sociedad, ¿está mal? Creo que en general nos merecemos esto. No sólo mi testimonios, viendo sus fotos, una de ellos, dice que la persona que ve en la foto se llamaba Ana María (que era un hermana o yo, o mis viejos, mis abuelos y mis hijos. Todos alias que usaba mi mamá). ¡Ana! ¡El mismo nombre que nos merecemos esto. Aún aquellos que despotrican contra siete años antes elegí para mi primera hija sin haberlo este juicio y creen que olvidando y ocultando podrían salir adelante. Esos que quieren repartir más culpas entre los relacionado nunca de manera consciente con ella! Esta sencilla historia es para mí un gran descubrimiento, que ya no están. Entonces, me siento privilegiada y porque al haber estado alejada de ella desde los tres años agradecida a todas las personas que tan arduamente trabajan para que todo salga lo mejor posible. me veo privada de mis recuerdos de aquella época.

cómo siguen los juicios en nuestra provincia La causa Brandalisis es la primera causa judicial por delitos de lesa humanidad que llega a la instancia de juicio oral y público en la Provincia de Córdoba. Es, por tanto, un momento de vital importancia en el camino de lograr la verdad y la justicia sobre los crímenes del terrorismo de estado, y sentará un precedente que no podrá ser soslayado por las instituciones democráticas. Actualmente, existen también otras causas judiciales que se tramitan en Córdoba, en las que son querellantes los organismos de derechos humanos, con diferentes grados de avance respecto de su situación procesal. A nivel nacional se debate sobre cómo continuar con estos juicios de modo tal que se juzgue a los represores en un tiempo razonable. De continuar con esta metodología de ir causa por causa, las estimaciones indican que no se terminaría antes de 30 o 40 años. Son numerosas las violaciones a los derechos humanos que se deben investigar, lo que implica un desgaste tanto de la justicia como de los testigos, que deben volver a rememorar su calvario una y otra vez. Es por esto que se está trabajando en un proyecto de acumulación de causas con el objetivo de acelerar la condena a los genocidas, que por otro lado, van muriéndose sin rendir cuentas en la justicia. Es de esperar que se unifiquen los criterios y los próximos sean grandes juicios que acumulen muchas causas conexas, para que en un periodo de 5 o 6 años hayamos concluido con esta etapa de nuestra historia.

Estos juicios involucran a cada uno de los ciudadanos de la sociedad argentina, que no toleramos más la injusticia y la impunidad como forma de vida ni como modelo institucional. No toleramos la sumisión como expresión política y por lo tanto, organizadamente, exigimos a los gobiernos que sostengan el proceso democrático y que garanticen el desarrollo de los juicios. Desde la sociedad en su conjunto, podemos aportar a un cambio estructural de las instituciones involucrándonos como sujetos de derecho, activos en la construcción de una sociedad diferente. A cada paso y en cada acto, podemos producir el cambio que requiere un nuevo país, sin

Algunas de las causas que se encontrarían en condiciones de ir a juicio en Córdoba son las siguientes: Causa Hunziker: Investiga el asesinato de Diego Hunziker, estudiante de 17 años que fue detenido el 3 de septiembre de 1976 y desaparecido en La Perla. Estudiaba en el Colegio Monserrat y formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una organización estudiantil duramente perseguida en Córdoba. Causa Bruno Laborda: Se inicia en el año 2004, cuando toma estado público una carta que el militar Bruno Laborda le presenta al Jefe del Ejército, General Bendini. En ella, Laborda solicita un ascenso que cree merecer, y amenaza a la máxima autoridad militar con denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos de las que tenía conocimiento. Causa Albareda: Investiga el secuestro, detención y desaparición de Ricardo Fermín Albareda quien fue asesinado por la patota de la D2 (división de inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba) en septiembre del año 1979. Causa UP1: Investiga el fusilamiento de 31 compañeros detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba. Estas investigaciones se iniciaron décadas atrás, lo que demuestra el efecto de las leyes de impunidad, que impidieron su avance. Con los juicios de la Verdad fue reabierta y convertida en Juicio Penal. Luego pasó por distintos juzgados porque los jueces se apartaban. Finalmente la Cámara Federal resolvió que el Juzgado Federal 3 se encargue de instruirla. Ya se ordenaron algunas detenciones.

impunidad, con igualdad y con justicia. Este proceso judicial es sólo el principio. Su crecimiento y desarrollo dependerá del grado de compromiso que cada uno de nosotros asuma en su lugar de trabajo, de estudio, en la fábrica, en la escuela, en la calle, y en todos los espacios de acción que se nos abran. Es cierto que hoy quedan focos organizados de aquellas patotas del terror, que siguen defendiendo un modelo de acumulación y de poder. Pero también es cierto que durante estos 30 años aprendimos a sostener la convicción de la unidad, la organización y la participación como única forma de construcción y defensa de la democracia.

H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio www.hijos.org.ar

La Justicia es una construcción social y colectiva. Si querés realizar algún aporte o tenés información que contribuya a los juicios, podés ser parte de este proceso.

COMUNICATE: (0351) 411-3934 juicioscba@gmail.com

Familiares

de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba famdesapcba@yahoo.com.ar