PERIÓDICO DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA SOBRE LOS JUICIOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS · AÑO I · NÚMERO 1 · CÓRDOBA · ARGENTINA · 2 DE NOVIEMBRE DE 2009
Los juzga un tribunal, los condenamos todos Concluyeron las dos primeras semanas del juicio que se sigue contra Luciano Benjamín Menéndez y otros cinco represores, miembros de la Policía de la Provincia de Córdoba. Las audiencias se centraron en diversos testimonios sobre el “Caso Albareda”, una de las causas que componen este juicio. Ricardo Fermín Albareda fue secuestrado, brutalmente torturado y asesinado en el Centro Clandestino de Detención “Casa de Hidráulica”, en sepHay fechas en el calendario que marcan un quiebre en el tiempo. Días en los que se rompe esa cotidiana sensación de quietud y pesadez en la que nada parece cambiar. Son días de esperanza. Días de Justicia, que quedan grabados en la memoria colectiva. El martes 20 de octubre fue uno de esos días. Así transcurrió para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas del temible D2 y del aparato represivo del estado terrorista. Después de mucho esperar (con postergaciones de último momento incluidas), la mañana los recibía con el represor Luciano Benjamín Menéndez y cuatro ex miembros del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba ocupando el banquillo de los acusados, en la Sala “Agustín Díaz Bialet” de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba. A estos cinco imputados se sumaba la presencia virtual, a través de una videoconferencia desde Buenos Aires, de Rodolfo Aníbal Campos, un Coronel del Ejército, Jefe de Policías durante 1979. La rueda que parecía detenida, comenzó a girar nuevamente. Como suele pasar en las estructuras institucionales, cristalizadas en años de impunidad, no fue fácil iniciar este segundo juicio a la represión en Córdoba, caratulado “Menéndez II”. Hubo que sobrepasar sucesivas trabas. A poco más de un año del histórico fallo por la “Causa Brandalisis”, en una clara muestra de madurez democrática, y en vigencia del Estado de Derecho, el escenario volvía a repetirse: en el estrado, un tribunal federal leía las acusaciones a los imputados, que permanecían sentados, inmutables, frente a ellos. A su derecha, la querella y los fiscales, y en el extremo opuesto, la defensa de los represores. En el mismo lugar volvieron a encontrarse los organismos de derechos humanos con
EDITORIAL
tiembre de 1979. Los testigos fortalecieron la posición sostenida por la querella, en la que se afirma que el subcomisario Albareda fue desaparecido por su participación política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La articulación entre las estructuras represivas del Ejército y de la Policía comienza a revelarse, en un proceso que significa el primer juzgamiento por delitos de lesa humanidad al accionar del Estado provincial durante la dictadura.
el máximo represor de Córdoba, acompañado esta vez por un grupo de policías retirados. Una vez más tendrían todas las garantías con las que no contaron las víctimas del terrorismo de estado. Al mismo tiempo, frente al edificio de los tribunales federales, la gente esperaba y presionaba el inicio del proceso, reivindicando las banderas de memoria, verdad y justicia. Los hechos que se juzgan Son tres las causas que se unificaron en este juicio. La primera, que ya empezó a desandar su camino en las audiencias, investiga el secuestro y la desaparición de Ricardo Fermín Albareda. Tiene como imputados a Luciano Benjamín Menéndez, Rodolfo Aníbal Campos y César Armando Cejas por la privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos
agravados y homicidio agravado, todos en calidad de partícipes necesarios. Por su parte, Hugo Cayetano Britos (alias “Pelado Miky”) está imputado por los mismos delitos pero en calidad de coautor y Calixto Luis Flores (alias “Chato”) por el delito de privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor. A partir de la tercera semana, seguirán otras dos causas. Se trata del caso “Moyano”, donde se investigan el secuestro y la tortura de Jacinto Moyano y siete sobrevivientes que darán su testimonio frente al tribunal, y la causa “Morales”, que indaga sobre los mismos delitos en perjuicio de Raúl Ernesto Morales, también sobreviviente. En estos casos, los imputados son Menéndez y Miguel Ángel Gómez (alias “Gato”) por privación ilegítima de la liber-
Un oscuro personaje
Entrevista
El siniestro derrotero de Raúl Pedro Telleldín en la fuerza policial. De policía mediocre a jefe del temible D2. Página 2
Fernando Albareda, hijo de Ricardo Fermín. El recuerdo de su viejo mezcla la pasión futbolera y la sensibilidad social. Página 3
Será Justicia fue la consigna que adoptamos como bandera hace varios años, sintetizando en dos palabras, propias de la jerga judicial, nuestra apuesta de futuro y el rumbo presente. Llegar a juicios penales que condenaran a los genocidas fue la utopía que nos hizo caminar gran parte de los últimos 30 años. Pero recién en el año 2003 cambió el escenario. Con la anulación de las leyes de impunidad pudimos reabrir las causas que llevarían al banquillo de acusados a los asesinos más perversos que recuerde la historia de nuestro país. La utopía se hizo posible y después de tres décadas de mirar para otro lado, el Estado argentino se dispuso a saldar una deuda histórica. Desde Familiares e H.I.J.O.S avizoramos una nueva etapa y conformamos un equipo de trabajo que nos permitiese reconstruir los hechos y encontrar las pruebas necesarias para condenar a los genocidas. Hace poco más de un año tuvimos el primer juicio en el marco de la Causa Brandalisis, que terminó condenando a los ocho imputados. El segundo juicio se retrasó más de la cuenta pero llegó, y por primera vez estamos juzgando al Estado Provincial, encarnado en la figura de algunos de los torturadores y asesinos del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, la patota del D2. Sin duda estamos transitando una etapa histórica, estos juicios marcan una bisagra en distintos órdenes de nuestro funcionamiento social, y el tiempo les otorgará su real dimensión. Será Justicia saldrá todos los lunes con el diario Comercio y Justicia. También estará disponible gratuitamente en distintos puntos de distribución en la provincia. Constituye una iniciativa inédita para nuestras organizaciones. Por primera vez articulamos un periódico exclusivo para la cobertura de un proceso judicial y lo hacemos convencidos de que a los genocidas los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. La apuesta es llevar el juicio a las calles, instalarlo como una discusión social actual. Pero se trata también de una apuesta a futuro, para que las nuevas generaciones se reconozcan en su pasado y encuentren un material que aporte elementos y permita revivir este proceso, garantizando entre todos un verdadero Nunca Más.
CONTRATAPA
Los rituales asimétricos POR ALEXIS OLIVA El asesinato de Albareda, el juicio y las marchas. Tres rituales, tres escenas.
Lunes 2 de Noviembre de 2009 tad e imposición de tormentos agravados. En el proceso declararán 28 testigos. Está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba integrado por su presidente Jaime Díaz Gavier, y los vocales provenientes de La Rioja, José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux. La fiscalía quedó a cargo de Carlos Gonella, y Graciela López de Filoñuk, quien instruyó la causa, se desempeña como fiscal coadyuvante. Los primeros pasos Ya se completaron las dos primeras semanas de audiencias. Luego de la lectura de la acusación, comenzaron a transitar los tribunales federales hombres y mujeres que dieron su testimonio sobre lo sucedido aquella noche del 25 de septiembre de 1979 y en los días posteriores. Hasta el momento, fueron once los testigos que declararon en el juicio: familiares de Albareda, diferentes policías retirados, un ex miembro del D2 que se desempeñaba como guardia de la Casa de Hidráulica y otras personas que pudieron observar los movimientos de este Centro Clandestino de Detención. En base a estos testimonios, tanto la querella como la fiscalía intentan demostrar que los hechos que se juzgan no fueron aislados, sino que conformaban parte de una maquinaria represiva que buscaba aniquilar a los adversarios políticos, constituyéndose en delitos de lesa humanidad. Avances de la causa Hasta el momento, se viene reforzado el posicionamiento de la querella, que sostiene que el motivo de la muerte y desaparición de Albareda estuvo asociada a su participación política en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en contraposición a hipótesis que hablaban de celos profesionales, venganza o conflictos pasionales, desviando el eje de la motivación política. El testimonio del Comisario Mayor retirado Francisco Agresta, encargado de la Dirección de Comunicaciones de la policía provincial y jefe directo de la víctima, echó luz sobre algunas amistades de Albareda, como la que mantenía con Enrique Luis Maorenzic, un policía de reconocida actividad política en esos años que luego abandonó la fuerza. Otro contacto que fue comprobado, a partir de
Los represores imputados, con el sugestivo asiento de por medio que deja siempre el “Gato” Gómez.
la viuda de Albareda, es la amistad que lo unía a la familia Mónaco Felipe. Algunos miembros de esta familia permanecen desaparecidos, y fueron asesinados en La Perla por su activa militancia política. Por otra parte, se acumularon elementos para la reconstrucción de las últimas horas de vida de Albareda, principalmente a partir del testimonio que brindó el ex miembro del D2 Roque Calderón, quien confirmó que Ricardo Fermín fue trasladado a la Casa de Hidráulica, donde fue sometido a crueles tormentos físicos y psíquicos. Los responsables de los vejámenes, incluida la muerte que sobrevino a causa de las torturas, fueron Raúl Pedro Telleldín, Américo Pedro Romano (ambos fallecidos) y el ya mencionado Britos, quienes componían una brigada del D2. Calderón ofreció una declaración contundente y sin fisuras, en la que se refirió además a los motivos del asesinato, afirmando: “lo mataron porque era subversivo, y había traicionado a la fuerza”. El abogado querellante Martín Fresneda analizó la primera ronda de testimonios, y fue concluyente: “Los vínculos que rodearon a Albareda, junto con los dichos de miembros de la propia fuerza que declararon, refuerzan que lo matan por considerarlo subversivo y por sus ideas políticas. Eso es lo que le da su naturaleza de crimen de lesa humanidad por eliminación al opositor político, eso es lo que lo hace también imprescriptible”. “Se me terminó la vida” El testimonio de Ernesto Enrique Albareda, hermano de Ricardo, quien también se desempeñaba en el Área de Comuni-
caciones de la policía provincial, estuvo signado por su carga emotiva. Fue un testimonio en el que las palabras no fluían con naturalidad, quebradas por el recuerdo, por la tensión y el miedo. Fue consultado sobre lo que significó para él la desaparición de su hermano, y en ese momento, los ojos se le llenaron de lágrimas. Se tomó unos segundos para reflexionar y finalmente decir: “a mí se me terminó la vida, fui un enfermo toda la vida. Nunca volví a ser un hombre normal”. Luego, abordó la relación que lo vinculaba a su hermano, y cómo su pérdida abrió una herida que lo acompañaría todos estos años. En un punto, expresó su desconfianza sobre la versión militar de que no se dañaba a la población civil en aquellos años, en vistas de lo que habían sufrido personas como su madre o los hijos de Ricardo Fermín, sin tener vínculo alguno con las organizaciones políticas. Sombra azul, a orillas del lago Según consta en los expedientes de la causa, los altos mandos de la Policía de Córdoba actuaban de manera organizada, coordinando tareas bajo las órdenes del III Cuerpo del Ejército, comandado hasta el año 1979 por Luciano Benjamín Menéndez, el principal imputado. Dentro de la estructura policial, el D2 era la dependencia encargada de la inteligencia y fue denominada, en distintos períodos, como Departamento de Informaciones o Dirección General de Inteligencia. Los avances del proceso fueron acreditando que las brigadas de esta dependencia secuestraban y torturaban a detenidos ilegales en diferentes centros de deten-
ción. Uno de ellos, estratégico por su lejanía con los centros urbanos, fue la Casa de Hidráulica, también llamado “Chalet de Hidráulica” o “El Embudo”, ubicado en el margen del Lago San Roque, sobre la montaña, camino a la localidad de Carlos Paz. El inmueble fue cedido a la policía cordobesa para hacer controles en la zona, a raíz de versiones sobre supuestos atentados en el paredón del dique. Allí, los altos mandos del D2 montaron un centro de detención ilegal desde Septiembre del año 1976 hasta mayo de 1980. Recién en el año 1982, la policía devolvió el inmueble a la Dirección de Hidráulica. Julio César Uslenghi, el empleado encargado de hacer el inventario el día en que se entregaron las llaves, fue el primero en ingresar, luego de cuatro años de torturas y exterminio de prisioneros políticos. La memoria minuciosa de Uslenghi recorrió ante el tribunal cada uno de sus pasos ese día: la entrada abandonada y sin cerrojo, el recinto húmedo y oscuro en su interior, el aire frío e irrespirable, que parecía ser una mezcla de orina y sangre. “Rompí las ventanas para que entre luz”, comentó el testigo, que entró acompañado por un arquitecto. “El lugar era raro. Justo en una de las habitaciones, que estaba frente al baño, había en la pared tres pares de esposas empotradas, y dos más enganchadas a la reja de la ventana”, enumera, como si su trabajo de inventariar fuera moldeando su modo de recordar y de hablar. “Abajo -prosiguió- las paredes tenían manchas de sangre, y en el piso había tres colchones también manchados y con restos de sangre y materia fecal”. El testigo fue el primero en caminar y recorrer esas habitaciones en las que muchos, quizás más de doscientos detenidos, perdieron su vida. El lugar, el chalet donde Ricardo Fermín Albareda pasó sus últimas horas, parece contener algunas de las claves que permitirán reconstruir con precisión los detalles del asesinato. Se espera para mañana martes la inspección ocular del chalet convocada por el tribunal. Será el inicio de otra semana de audiencias en la que la búsqueda de la verdad se conjugará con las memorias y los testimonios en el camino de un histórico proceso de Justicia.
Telleldín: de Navarro a Menéndez La pecera de vidrio que guarda a los represores durante las audiencias del juicio concentra la atención de la sala. Allí, Menéndez y sus subordinados permanecen impávidos ante su entorno. Es una imagen que provoca sensaciones ambiguas. Por un lado, bronca por lo que representan. Por el otro, satisfacción de ver que la justicia por fin llegó. Sin embargo, en estas audiencias hay varias sillas vacías. Tres pesados jefes del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba, los comisarios Juan Reynoso, Américo Romano y Raúl Pedro Telleldín, esquivaron el juicio por una sencilla razón: han fallecido. Pero que la justicia no pueda juzgarlos, no impide que la memoria ayude a desentrañar los compromisos que tuvieron en el entramado de muerte, violencia y terror que dirigió la fuerza policial, en los convulsionados años setenta. Del trípode que comandó el D2, la trayectoria de Raúl Pedro Telleldín es la hoja de ruta más acertada para desandar los pliegues ocultos de aquella represión. Telleldín llegó a la Policía de Córdoba de la mano del Teniente Antonio Navarro, el sombrío jefe policial que derrocó al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, en febrero de 1974. Entre sus antecedentes figuraba haber sido suboficial del Ejército y suscri-
bir a la ideología fascista. En aquel entonces, el arribo del Brigadier retirado Raúl Lacabanne como interventor provincial y del comisario Héctor García Rey como titular de la Policía, echaba por tierra el sueño de la Córdoba rebelde que había forjado su impronta en hechos como el Cordobazo. Las organizaciones revolucionarias, el sindicalismo combativo y el pujante movimiento estudiantil tuvieron que retroceder en sus posiciones, ante una escalada represiva cada vez más evidente. Los secuestros y las desapariciones, los asesinatos en la vía pública, la colocación de artefactos explosivos, hicieron que Córdoba se convierta en un campo de ensayo que anticipó el genocidio planificado de la dictadura militar. En esa turba represiva convivían grupos de la ultraderecha peronista y la Triple A, matones de la burocracia sindical y delincuentes del hampa cordobesa. Allí fueron integrándose sostenidamente miembros de la Policía y del Ejército. En la bifurcación de esas diagonales, Telleldín se movía como pez en el agua. Cuando el submundo parapolicial y paramilitar decidió sofisticar sus mecanismos, nació el Comando Libertadores de América, integrado principalmente por miembros del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército y los policías del D2, dirigidos bajo las órde-
nes del capitán Héctor Pedro Vergez. En el plano institucional, el perfeccionamiento del esquema represivo se traducía en el nombramiento de Telleldín como interventor del D2, en agosto de 1975. Su llegada a la cúspide de inteligencia marcó un antes y un después. Su estilo brutal llevó a recrudecer el método de los secuestros y las bombas. En la sede del D2, en el Pasaje Santa Catalina, transformó su oficina en un panóptico desde el cual manejar todos los movimientos del lugar, ya convertido en un campo de concentración en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Con el advenimiento de la dictadura se convirtió en una pieza clave, por el acumulo de información y experiencia. Trabó buena relación con Me-néndez y fue un importante nexo entre Policía y Ejército. Murió en un accidente de tránsito en 1983, aunque hasta el día de hoy existen versiones que ponen en duda la veracidad de su fallecimiento. Su herencia, no obstante, aún perdura. Su hijo, Carlos, está acusado de tener implicancias en el atentado contra la AMIA y diversos vínculos con el robo y patentamiento ilegal de vehículos. Mientras, uno de sus discípulos, Carlos Alfredo Yanicelli, en los años noventa llegó a los altos mandos de la policía reproduciendo sus enseñanzas. De tal palo tal astilla, dicen.
Lunes 2 de Noviembre de 2009 ENTREVISTA · FERNANDO ALBAREDA
EL JUICIO, DÍA X DÍA MARTES 20/10
Historia en presente Tras numerosas demoras y en un clima de suma expectativa, comienza el juicio Menéndez II. Frente al edificio de tribunales, la ciudadanía se concentra aguardando el inicio del proceso, mientras los acusados y las partes escuchan las acusaciones. La sala de audiencias colmada, con la presencia de referentes de los derechos humanos y de figuras relevantes de la política provincial, se fue cargando de silencio y tensión. El juez Díaz Gavier ofrece una lectura pormenorizada de la acusación, y traza el contexto en que se producen los hechos, a los que se califica como “crímenes de lesa humanidad” según leyes internacionales y nacionales.
MIÉRCOLES 21/10
Necedad y mentiras Menéndez repite su ya clásico discurso: “me niego a declarar porque estos juicios son inconstitucionales”. El mismo camino siguen cuatro de sus compañeros de banquillo. Cejas, por su parte, eligió otra estrategia para su defensa. Aceptó responder al tribunal y desconoció su firma en documentos que lo incriminan. Luego agregó, en tono sobreactuado: “yo soy un hombre de bien, un cristiano. Nunca pertenecí al D2”.
MARTES 27/10
Emociones cruzadas Las declaraciones de familiares y ex colegas de Albareda dilucidan los motivos de su desaparición. “En la policía me decían que mi hermano era subversivo y que me retirara”, dice Ernesto, hermano de la víctima. “Cuando murió Ricardo sentí que se me acababa la vida” confiesa, visiblemente emocionado y se funde en un sentido abrazo con Fernando, su sobrino, que es querellante de la causa. De distinto tenor es el testimonio de Francisco Agresta, ex jefe de la Dirección de Comunicaciones y conocido de la víctima. El comisario retirado desconoce que Albareda tuviera “algo que ver con la subversión” siendo que por sus manos pasaban los pedidos de captura de la policía, incluyendo dos que pesaban sobre Ricardo.
MIÉRCOLES 28/10
Día clave Con la sala llena y la prensa expectante, Roque Calderón, el testigo clave de la causa, ofrece detalles el asesinato. “Le pregunté a Carabante por qué habían traído a este 'carteludo' y me contestó: 'era un subversivo y le cosimos la boca”. Ya entrada la noche, Ludmila da Silva Catela, directora del Archivo Provincia de la memoria, presenta documentos en los que se constatan fehacientemente los pedidos de captura de Albareda, que lo describían como “elemento subversivo” y fueron hallados en el ex edificio del D2, hoy Espacio de la Memoria.
JUEVES 27/10
”Inteligencia” Los testimonios del día acreditan el funcionamiento de la Casa de Hidráulica, y de la inteligencia policial. Carlos Vadillo, sobreviviente, declara: “era un lugar de secuestro y tortura”. Allí lo obligaron a escribir una confesión, bajo amenaza de arrojarlo al Lago San Roque. A la tarde, la defensa de los represores tiene un duro traspié con el testimonio de su propio testigo, Daniel Armando Bazán, un ex policía de la Dirección de Inteligencia, explica las tareas que se cumplían en “el gremio”. Se refiere al Comando de Operaciones Tácticas, donde Flores y otros imputados investigaban la actividad sindical y estudiantil durante la dictadura.
MILITANTE DE H.I.J.O.S Y QUERELLANTE EN EL JUICIO
«Ahora voy a dormir tranquilo» Aquella noche de enero de 1978, Fernando Albareda tenía siete años y estaba sentado junto a su padre, Ricardo Fermín en la tribuna de la Boutique de Barrio Jardín. Talleres perdía con Independiente la final del Nacional '77 y padre e hijo rumiaban su bronca de hinchas albiazules. A 50 metros de ellos, en el palco oficial, Menéndez también veía esfumarse lo que para él hubiera sido un triunfo propagandístico, como poco después sería el Mundial `78 para el dictador Jorge Rafael Videla. Por estos días, Fernando se sienta unos metros más cerca de Menéndez, principal imputado en el juicio por el crimen de su padre. En la sala de audiencias, sólo unos metros los separan. “Ya hace once años que trabajo acá”, nos dice. “Acá” es la sede del Club Talleres y su tarea la de coordinador deportivo. Mientras caminamos hacia la platea norte, un Fernando distendido después de la primera semana del juicio observa al técnico dar indicaciones en un entrenamiento y afirma: “Este muchacho (Roberto) Saporiti es un fenómeno, muy buen tipo”. -En una entrevista contaste que venías a la cancha con tu papá... -Ahí al frente, en los escaloncitos, ese era el lugar donde nos sentábamos siempre. Antes del partido, el Sapo Coleoni, que jugaba en los cebollitas, entraba y daba vueltas a la cancha haciendo jueguitos. Nosotros vivíamos cerca, y mi viejo me sacaba cagando los domingos, con la comida en la boca, para verlo al Sapito. -Después de tanto tiempo, has podido enfrentar a los asesinos de tu padre en un ámbito judicial. ¿Cómo vivís eso? -Bien... trato de verle... le encuentro un montón de aristas positivas. Lo único negativo es verle la cara a estos tipos. Positivo, le encuentro todo y trato de disfrutarlo como el hecho histórico que es. Me da tranquilidad haber llegado a esta instancia, pudiéndole dar a los tipos que mataron a mi viejo, que participaron, callaron u ocultaron esa situación, las garantías de un debido proceso. -¿Y qué expectativas tenés? -En lo jurídico hemos puesto todas las expectativas. Calculo que la resolución, de acuerdo a las pruebas presentadas y a todos los argumentos tan valederos que tenemos, va a ser favorable. Confiamos plenamente en el tribunal y en la Justicia. -Es el primer juicio en que se sienta en el banquillo a la corporación policial... -Creo que es emblemático, sobre todo porque muchos de los que van a ser juzgados después, formaron parte del aparato represivo en la fuerza policial, y hasta no hace mucho estuvieron enquistados en la institución y en la sociedad entera. Y algunos siguen estando, como jefes de seguridad de algún club, de un hipermercado o de un country. Entonces, la sociedad entera deberá saber qué es lo que quiere para su country, su supermercado o su club. Tiene que ser una decisión de toda la sociedad el excluirlos. No hay otra. -¿Y cómo es que tu padre llega a ser subcomisario y a la vez militante? -En algunos ámbitos y algunos periodistas por ahí interpretaban que esta doble función se asemejaba a un tipo infiltrado... No entendían mucho cómo venía la mano,
Fernando Albareda junto a su padre, Ricardo Fermín, a fines de los años `70 (foto de la izquierda) y en las tribunas de la cancha de Talleres, su actual lugar de trabajo (derecha, fotografía de Carolina Rojo).
o desconocían algunas fechas. A todos les digo lo mismo: mi viejo entró a la escuela de policía en el año '60. Salió y empezó a ejercer en el '62. Y empezó a militar en política en el año '71. Si fuese a la inversa, ni yo podría negar que pudiera haber sido un infiltrado. Pero no hay manera. Después de hacer una carrera con ascensos y todo en la policía, empieza a trabajar en la Casa de Gobierno, y para complementar su profesión se inscribe en la Facultad de Ingeniería, que estaba en la esquina de Duarte Quirós y Vélez Sarsfield. Se juntaba en un bar con unos amigos, frente al Monserrat, con gente de Abogacía y de Ingeniería, y cuando empezó esta efervescencia política, seducido por eso, comenzó a militar en política. -Eso habla de un proceso de maduración política muy fuerte... -Terrible... Y una convicción en cuanto a derechos humanos, análisis social de la situación, sensibilidad ante la desigualdad... Creo que él apuntaba mucho a eso, por los primeros trabajos sociales que empezó a hacer en las villas. -¿Hubo otros casos similares? -Sí, hay muchos. Hay un montón de casos de policías “muertos por la subversión” que en realidad son muertos por sus compañeros de la fuerza. Y hay mucha gente que recién se está enterando, familiares que han empezado a atar cabos… -¿Sería posible hoy un proceso similar de maduración ideológica en la policía? -Sería imposible. Mucha gente empieza la carrera de policía porque la ve como una salida laboral, no como una vocación. El tipo que se inscribía en la escuela de policía hace 40 años, realmente lo hacía por vocación, porque había otra situación para insertarte laboralmente, fábricas que hoy no hay, había otra posibilidad... -Además, dentro de la policía, la gente que pensaba como tu padre, fue derrotada. Y la impronta que tiene hoy no es la de la sensibilidad social... -Para nada. Lo ves en las leyes que se aprueban supuestamente para que el policía esté más protegido en la calle, que apuntan a otra cosa. Apuntan a facilitar la posibilidad de despejar de la calle al pibe que usa gorra, capucha o pantalones caídos. Acá en el club, no sabés lo que lucho con eso. Cuando hablo con ellos y sé que
van para el centro, les digo: “Muchachos, no se pongan la gorra, la capucha porque los ve la cana y los va a llevar presos”. Hay pibes que un viernes a la tarde terminaron la práctica, y a lo mejor el fin de semana no jugaban. Se han ido a dar una vuelta al centro, y volvieron recién el lunes cuando los sueltan de la ex Encausados, con las consecuencias terribles que tiene ese hecho. -¿Ese criterio de la “portación de cara” es herencia de la dictadura también? -Totalmente. Yo suelo ir de pesca con un grupo de amigos, muy heterogéneo, donde hay compañeros de trabajo del club que saben lo que pasó con mi viejo y otros a los que no les interesa. Y a los pibes que no les interesa tanto la política, me ha tocado hasta mostrarles cómo leer el diario, porque compran un producto de acuerdo a la imagen. O la imagen que tienen de un político. Me pasó con (Mauricio) Macri, de hecho. A un profe del club, le decía: “cuando Macri dice: «Vamos a terminar con la pobreza», no es que le va a dar trabajo a un montón de gente. Va a tratar de que no aparezcan más por Buenos Aires”. Es lo que hizo (José Manuel) De la Sota acá con esos guetos que armó, que todo el mundo decía “menos mal”. Menos mal nada. No les facilitó la posibilidad de reinsertarse. Los llevó del centro a donde no tenían ni colectivos. Fue una injusticia por una cuestión de beneficio político o un negociado a futuro. -¿Qué va a cambiar en tu vida después de que termine este juicio? -Lo primero es que me va a dar es la posibilidad de dormir tranquilo, algo que ninguno de estos personajes puede hacer. Ni lo hicieron, ni lo van a hacer. Yo sí. Yo voy a dormir tranquilo, más que nunca. Y lo fundamental, es que voy a poder hablar con mis hijos y contarles quién era su abuelo. A mí me movilizó a hacer todo esto cuando nació mi nena, Sol, que tiene ocho años. Nació un 28 de septiembre, igual que mi viejo. Eso me terminó de colmar una situación que yo debía solucionar -¿Es cierto que tu hija quiere ir a las audiencias del juicio? -Ella quiere y no puede, pobre. Seguramente, algún día irá al hall de la sala de audiencias y estará ahí aunque sea haciendo el aguante desde afuera. Va a las marchas conmigo desde que tiene cuatro años, no tengo manera de frenarla.
Lunes 2 de Noviembre de 2009 CONTRATAPA · por Alexis Oliva
Los rituales asimétricos 26 de septiembre de 1979. Cero horas. Interior. “¿Quién es ese carteludo?”, pregunta el policía de guardia, Ramón Roque Calderón, al ver subir la escalinata de la Casa de Hidráulica a Ricardo Fermín Albareda, esposado y conducido nada menos que por los jefes máximos del D2, Pedro Raúl Telleldín y Américo Romano, y el oficial Hugo Cayetano Britos, que le contesta: “Usted no pregunte nada. ¡Retírese!”. A Calderón le llama la atención que el prisionero lleve puesto el uniforme y las insignias de subcomisario de policía. Albareda es empujado hasta el salón, atado con alambre a una silla y torturado salvajemente. Calderón oye sus gritos. Y oye a Romano: “¡Sos un traidor, nos has traicionado a todos nosotros!”. Telleldín le ordena al guardia entrar: “Pase, Kung Fu, mire lo que le pasa a los traidores”. Y a Britos: “Sáquele la jerarquía, ¡degrádelo!”. Britos obedece y le arranca las insignias. Telleldín manda a Romano a buscar una botella de whisky y anuncia: “Esto les va a servir de ejemplo para que el día que traicionen al servicio, sepan que van a morir así”. Toma un bisturí y corta los testículos de Albareda, aún vivo. Los gritos se mezclan con la música. “Por el peso de las bolas, caminan por el suelo. El día que las pierdan, se van al cielo”, pontifica Telleldín, levantando su trofeo para que todos lo vean. Luego pide aguja e hilo, le introduce al prisionero los testículos en la boca y le cose los labios. Mientras la víctima agoniza, sus verdugos comen un asado. Dos horas después vuelven, y Albareda está muerto. Se ha consumado un ritual macabro, del que la desaparición del cuerpo es un corolario no menos simbólico. El motivo de semejante ceremonia no era otro que la militancia de Ricardo Albareda en el Partido Revolucionario de
los Trabajadores, al que ingresó en el año `71, siendo ya policía. Y no era menor el peso de los testículos de Albareda. Lo demuestran también las huellas de su resistencia al ser secuestrado, que quedaron grabadas en su Peugeot 404 blanco: manchas de sangre en el asiento trasero, el aro de la bocina quebrado... Es tan fuerte el peso de aquella misa oscura que ahora se puede empezar a creer que el ex policía Jesús González, quien según Calderón “vio lo mismo” que él, se suicidó para no comparecer en este juicio. Treinta años después. Octubre de 2009. 11:00 horas. Interior. “Los miro porque quiero que sientan la sensación de que los está mirando Ricardo Fermín Albareda”, dice su hijo Fernando. Se refiere a los asesinos sentados en el banquillo de los acusados y protegidos por un vidrio blindado. Son cinco, Luciano Benjamín Menéndez y cuatro policías. El militar Rodolfo Aníbal Campos no tiene que padecer la mirada de Fernando,
porque goza del beneficio de seguir el juicio desde el Consejo de la Magistratura en Buenos Aires (en las primeras jornadas, se lo veía en pantalla. Una máscara macabra que parecía pintada por Van Gogh, hasta que se desistió de la fallida transmisión en vivo). Los demás, a medida que pasan las audiencias, han comenzado a optar por trasladarse a una sala contigua, donde no tienen que soportar esa mirada. Es que tienen el derecho de hacerlo, derecho a defensa. Tienen, al fin y al cabo, derechos humanos, que son la esencia de este otro tardío ritual de la Justicia institucional. Al levantarse, se los ve renguear y hacer gestos de dolor. Al único que parece no dolerle nada, es al más viejo: Menéndez. Su circunspección, su impecable traje oscuro, su infaltable escarapela con crespón de luto y el año que lleva preso en Bouwer pueden llegar a confundirse -desmemoria mediante- con algún sinónimo de la palabra “dignidad”. Nunca merecerá el calificativo, ni aunque se lo compare con el temblequeo quejumbroso
La Justicia y el Futuro A pesar de tanta injusticia, de tantos años, estamos convencidos de que cada uno de los represores tiene derecho a ser defendido y afrontar un juicio con todas las garantías que consagra nuestra constitución, un privilegio que no tuvo ninguna de sus víctimas. Estos juicios nos involucran a todos, a quienes no toleramos la impunidad como forma de vida ni como modelo institucional, a quienes no toleramos la sumisión como expresión política. Organizados, exigimos a los gobiernos que sostengan el proceso democrático, garantizando el desarrollo de la justicia. Desde el campo popular, apuntamos a un cambio estructural en las instituciones, involucrándonos activamente como sujetos de derecho. Nuestro aporte es nuestra experiencia en la defensa de los derechos humanos, recogida en más de tres décadas de trabajo sostenido junto a otras organizaciones sociales. La tenacidad, la persistencia de las Madres y de los Familiares no responde únicamente al dolor, sino al con-
vencimiento de que sus hijos, nuestros compañeros, transitaron la historia de una sociedad sumida en un modelo de inequidad social y de dominación económica. El convencimiento de que formaron parte de una generación que pretendía cambios sustanciales en la estructura del país. Que estaba convencida de que otra distribución de los recursos era posible, en una relación de fuerzas que dependía de su entrega a la causa revolucionaria. Hoy, las conquistas logradas en materia de justicia en Córdoba constituyen una valiosa contribución a los objetivos de nuestra organización, pero no podemos negar que existe una gran deuda con los sectores postergados, aquellos que motivaron la lucha de nuestros hermanos. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad, y un pueblo sin identidad no pelea por sus derechos. Por eso, lo importante de esta etapa continúa siendo la posibilidad de juzgar a la mayor cantidad de genocidas con el apoyo de la sociedad. Fortaleciendo las convicciones y la organización,
y especulador de Antonio Domingo Bussi. Y Menéndez, quien dice ser “un perseguido político y judicial”, también se retira de la sala. Queda su abogado, el inefable Cuestas Garzón, que reclinado en la pared revestida de madera tira fruta, como si estuviera en el aula del profesor Jirafales: “¡Está opinando!”. “¡Está ayudando al testigo!”. “¡Mírelo, eh!”... Lo dijo Claudio Orosz, al zanjar un entredicho entre los defensores y el juez Jaime Díaz Gavier, ante el reconocimiento de una foto de Campos por parte de un testigo: “Esta querella no tiene problemas con que se le muestren esa y otras fotos, o con que no se le muestre nada. Queremos que se les den absolutamente todas las garantías que ellos no les dieron a nuestras víctimas”. La frase trocó la indignación del público en aplauso. Porque es así y debe ser así. Pero indigna, por el tremendo contraste entre ambos rituales. 30 de abril de 1977... Hasta hoy. Exterior. Ese día fue la primera marcha con que las Madres de Plaza de Mayo inauguraron un capítulo heroico de otro histórico, imprescindible y poderoso ritual: el de ganar la calle. El grito de “Aparición con vida y castigo a los culpables”, fue el principio del fin de la dictadura y el comienzo de una búsqueda y un reclamo que hoy desembocan en los tribunales, sostenido en tiempos de indulto a los represores con la consigna “Ni olvido ni perdón”. Hoy, los bombos, pintadas, murgas, carteles, pirotecnia y cánticos que reclaman frente al edificio de Concepción Arenal 690 por “Cárcel común, perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles de Argentina”, son hijos de aquellos otros gritos. Y son la condición necesaria para que se arribe a una verdadera justicia. Ese ritual callejero, esa liturgia de vida, es la peor pesadilla de los genocidas.
MIRADAS por Familiares de Desaparecidos Córdoba podremos plantear nuevos objetivos de justicia social. Todos tenemos algo que aportar a esta fuerza que crece, para que la condena social sea de las grandes mayorías. Los juicios abiertos contra el terrorismo de estado, han permitido instalar en los poderes la necesidad de resguardar los sitios, los archivos y los testimonios como piezas fundamentales en la reconstrucción de una identidad negada. Las organizaciones sociales tienen hoy la oportunidad de transmitir y resignificar aquella causa revolucionaria. Los estados, por su parte, deben promover la recuperación de cada pieza simbólica y jurídica en pos de la reconstrucción de un tejido social herido por la impunidad de tantos años. Con la misma fuerza con que logramos que el estado anule las leyes de impunidad, iniciando esta nueva etapa, debemos impulsar las transformaciones necesarias para construir una justicia para todos, que proteja a los ciudadanos del atropello del poder.
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