EL DIARIO DEL JUICIO VIDELA EN CÓRDOBA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL DE PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA · AÑO II · NÚMERO 8 · CÓRDOBA · ARGENTINA · 12 DE JULIO DE 2010
VIDELA, MENÉNDEZ Y OTROS 29 REPRESORES, SENTADOS EN EL BANQUILLO DE ACUSADOS, DEBERÁN AFRONTAR EL JUICIO POR LAS CAUSAS DENOMINADAS UP1 Y GONTERO.
El juicio más grande Las previsiones oficiales estiman que durante los próximos seis meses, se vivirán en Córdoba jornadas históricas. El juicio que se sigue a los responsables de 31 asesinatos en la cárcel de Barrio San Martín, y de persecución y tormentos aplicados a integrantes de las Cuando todavía está fresca en las memorias la sentencia por el juicio Menéndez II, llega a Córdoba un nuevo tiempo de justicia. El viernes 2 de julio comenzó el tercer proceso por delitos de lesa humanidad de la provincia, y las jerarquías que ocuparon en esa histórica jornada el banquillo de los acusados conformaron una significativa colección de responsabilidades. Allí se sentaron, a modo de espeluznante bestiario, desde la cabeza principal de la dictadura hasta buena parte del entramado represivo del Área 311, que dirigió la represión en Córdoba. Grandes símbolos del horror como Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, o un hito de la represión policial -luego reciclado en democracia- como Carlos “Tucán” Yanicelli, integran la nómina de los 31 imputados. Llegar hasta aquí no fue fácil. Sólo faltaban unos pocos días para que se iniciaran dos juicios distintos, cuando la Cámara de Casación Penal decidió finalmente unificar las causas, que iban a ser juzgadas por separado: los fusilamientos a presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1) de barrio San Martín, con la causa denominada Gontero, que investiga el secuestro y torturas a policías acusados de “subversivos” por sus colegas del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2). Las causas compartían algunos imputados, querellantes, fiscales y jueces, por lo que la unificación ha sido interpretada como un paso adelante en los procesos de enjuiciamiento al accionar de la dictadura. El volumen de pruebas y testimonios es enorme, con más de 60 cuerpos de expedientes acumulados. La mano civil A lo largo de las audiencias públicas saldrán a luz las complicidades civiles que facilitaron y encubrieron estos delitos. La principal estará ligada al papel que cumplió la justicia federal cordobesa, de quien
fuerzas policiales, constituye el proceso judicial por delitos de lesa humanidad de mayor envergadura que ha vivido nuestro país. A días de haberse iniciado, ya comienzan a descorrerse los mantos de impunidad que ocultaron la verdad durante 34 años.
LOS 31 IMPUTADOS. La sala de audiencias debió ser especialmente acondicionada para ubicar a tantos acusados.
dependía la gran mayoría de las víctimas porque fueron detenidas antes del golpe. Un símbolo de esa colaboración judicial fueron los juzgados federales 1 y 2, a cargo de los ex jueces Adolfo Zamboni Ledesma y Miguel Ángel Puga, que ordenaron varios “traslados” como antesala de los fusilamientos. Estos hechos se ocultaron, además, con colaboración de la prensa, abocada a publicar sin cuestionamientos los partes del Ejército que describían los supuestos intentos de fuga. En esta línea de complicidades, será el primer juicio que investigará la responsabilidad penal de un médico. Es el caso de José Felipe Tavip, quien firmó el acta de defunción de un prisionero, cuyo cuerpo se encontraba destruido por la tortura, asentando como causa del deceso un paro cardio-respiratorio. La sociedad cordobesa tendrá también la posibilidad de desentramar las conni-
El juicio desde adentro Cómo funciona el sistema judicial que juzga a los represores. Páginas 4 y 5
Los aullidos del lobo Las primeras declaraciones de los imputados en el juicio. Página 3
Los testimonios de los asistentes Página 6
vencia de las autoridades católicas con el régimen. Según Miguel Baronetto (titular de la Dirección de Derechos Humanos de la ciudad, sobreviviente y testigo del juicio), “el sacerdote del penal, era el padre Luchesse. Él intentó poner algunos frenos y lo restringieron sólo a relacionarse con presos comunes. En cambio el capellán del Tercer Cuerpo de Ejército, Eduardo Mc Kinnon, tuvo una actitud de colaboración con las autoridades del penal y habló con alguno de los fusilados”. Otra evidencia surge de la declaración del sobreviviente Fermín Rivera, brindada el 29 de noviembre de 1999 ante la fiscal López de Filoñuk. Allí Rivera cuenta que “los curas Sabas Gallardo y Eduardo Mc Kinnon”, recomendaban a los presos cooperar en las torturas. “Dos días de tortura no es pecado, porque eso puede salvar la vida a otras personas”, decía el capellán Mc Kinnon.
CONTRATAPA
Tiempo de justicia El inexorable paso del tiempo impide revertir los hechos históricos, pero la llegada de la justicia posibilita ordenar y procesar nuestro pasado para reinventar el devenir. POR FAMILIARES E H.I.J.O.S.
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EDITORIAL
La satisfacción se adueñó de nuestros últimos días. La aparición de este periódico nos indica que algo está pasando, que somos testigos directos de un acontecimiento que recordaremos el resto de nuestros días. El telón de la impunidad sigue resquebrajándose. El juicio imposible comenzó. Volvimos a las calles, recargados y renovados. Volvemos a sentir esa brisa que refresca, que oxigena. La justicia vuelve por tercera vez a juzgar delitos de lesa humanidad en Córdoba. Esta vez con algunos condimentos especiales que iremos deslizando cada quince días en este espacio. Estamos creciendo, la prédica que da nombre al periódico sigue contagiando. Este año, junto a Comercio y Justicia, se suman La Mañana de Córdoba y otros diarios provinciales que apoyan y apuestan a seguir profundizando esta senda. Vuelve Videla al banquillo y la democracia se sacude, porque esa mochila de plomo por fin es sentada frente a un tribunal. No está solo, son 31 y dan forma al juicio con más imputados que se haya visto en el país. Tienen miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con sus vidas... Lo dijo un imputado, el Mayor Retirado, Gustavo Adolfo Alsina el día que pudo hacer su descargo y no quiso brindar sus datos personales. Ese pasado que lo transporta 34 años atrás, a los pabellones de presos políticos de la UP1, donde se sentía imbatible, donde nunca imaginó que este día llegaría. Allí ordenaba “requisas” que eran golpizas, “castigos” que eran torturas, “traslados” que eran la muerte. Allí también ordenó estaquear el cuerpo de Cacho Moukarzel, en el patio de la cárcel, un día de invierno, hasta que el corazón de Cacho dijo basta. Pero Alsina tiene miedo de que se conozca su domicilio. Pasados tres días de audiencia, ya hay mucha tela para cortar. Se esperan más de 100 testigos y se estiman 6 meses de duración. Desde siempre denunciamos que el poder militar no estuvo solo, y que sus objetivos no fueron exclusivamente represivos. El terror fue el método que aplicó aquel Estado para implantar un modelo de país basado en la desigualdad, en la injusticia y en la desarticulación social. Las fuerzas de seguridad fueron la cara visible, pero la materia gris fue aportada por sectores civiles. Lo vemos en cada juicio y este lo demostrará con contundencia: muchos funcionarios judiciales de entonces empiezan a inquietarse por las declaraciones que vendrán. Debiera haber más imputados, algunos están muertos, otros se toparán con la justicia más adelante. Pero estamos seguros de que este juicio consolida un piso más alto sobre el cual pararnos para seguir procesando nuestro pasado reciente. Ningún país en el mundo logró lo que nosotros estamos viviendo. Tampoco hay provincias argentinas que tengan tantos genocidas tras las rejas. Este juicio es oral y público, nos pertenece a todos, necesita tu presencia.
Lunes 12 de Julio de 2010 Cárcel clandestina El juicio recién ha comenzado, sin embargo ya comienza a desentramarse la terrible historia de la cárcel de barrio San Martín. La frágil supervivencia en el presidio, que se mantenía con relativa calma hasta antes del golpe, cambió drásticamente a partir del 2 de abril de 1976. A tan sólo una semana de haberse iniciado la dictadura y el mismo día en que Martínez de Hoz presentaba su plan económico, el comandante de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada y segundo jefe del Área 311, Juan Bautista Sasiaiñ por orden 61005/40, intervino el sistema penitenciario. Los derechos básicos de los presos, algunos de los cuales estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), fueron anulados por el modelo represivo pergeñado por Menéndez. El funcionamiento de la cárcel pasó a ser similar a un centro clandestino de detención. Las palabras del propio Sasiaiñ a los presos políticos lo confirmaron: “Les vengo a comunicar a todos ustedes que ya están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, porque morirán uno a uno lentamente, para que se arrepientan de haber nacido”. Entre abril y octubre, fueron fusilados 31 prisioneros políticos, en su mayoría bajo la tutela de la justicia federal y del PEN. Los partes militares de supuestos intentos de fuga se publicaron íntegros en los diarios locales de la época. Las bajas eran siempre “delincuentes subversivos”. Nunca un militar pasaba de alguna herida leve. Ni la justicia, que autorizaba los traslados, ni la prensa investigaban lo sucedido.
EL DIARIO DEL JUICIO VIDELA EN CÓRDOBA
Editor responsable: Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba Consejo Editorial: Por Familiares: Betty Argañaraz, Gustavo Tissera y María del Carmen Torres Por H.I.J.O.S: Cecilia Correa y Martín Notarfrancesco Dirección de contenidos: Sebastián Puechagut Redacción: Waldo Cebrero, Pablo Luro y Lautaro Bentivegna Secretaria de redacción: Matilde Nasser Fotografía: Manuel Bomheker Diseño y diagramación: Usina Creativa SH Distribución: María Ester Cobe y Julia Soulier Colaboraron en este número: Alexis Oliva, César Pucheta, Emiliano Fessia, Claudia Baldovin, Rubén Vergara Impresión: Comercio y Justicia Editores Cooperativa de Trabajo Ltda. Producción gráfica y editorial: Usina Creativa SH (0351) 427 1736 • info.usinacreativa@gmail.com
Será Justicia es una publicación periódica propiedad de la Asociación civil sin fines de lucro Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Tirada de esta edición: 20.000 ejemplares
Los fusilamientos El primero de los hechos nos remontará a la sede del D2, donde fueron fusilados, el 30 de abril de 1976, Eugenia Irazusta, Daniel Bártoli y Víctor Hugo Chiavarini. Días más tarde, el 17 de mayo, militares y policías retiran de la cárcel y acribillan a Diana Beatriz Fidelman, Miguel Ángel Mozé, Luis Ricardo Verón, José Alberto Svagusa, Eduardo Alberto Hernández y Ricardo Alberto Yung. Luego, el 28 de mayo, asesinan a sangre fría en un “intento de fuga” a José Ángel Pucheta, Carlos Sgandurra y José Osvaldo Villada; el 19 de junio, de modo similar matan a Miguel Ángel Barrera, Claudio Aníbal Zorrilla, Mirta Noemí Abdón de Maggi y Esther María Barberis. Recién entrado el invierno, el 30 de junio, fueron asesinados Marta del Carmen Rosetti de Arquiola y José Cristian Funes. Con igual modus operandi, aduciendo que en el traslado se rompe el camión y los prisioneros intentan escapar, el 12 de agosto acribillan a Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Gustavo Aldolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo. En esta ocasión, dejan vivo a Eduardo De Breuil, hermano mayor de Gustavo, con la luctuosa orden de que al volver al penal contara lo sucedido. Pero no todos los hechos sucedieron tras los muros de la cárcel. Los patios internos fueron también escenario del horror. En un alarde de impunidad, el 5 de julio, en una requisa a los detenidos, el cabo Miguel Ángel Pérez golpea fuertemente en la cabeza a Raúl Augusto “Paco” Bauducco. El detenido cae desvanecido al piso y es amenazado: “levantate o te mato”. Como no pudo levantarse, y contando con la autorización del teniente Enrique Pedro Mones Ruiz, Pérez lo ultima ante la mirada sobrecogida de muchos otros presos. Días después, el 14 de julio, cuando el invierno marcaba ya las frías horas de los detenidos, la inmensa crueldad del régimen produce uno de los hechos más tristes que se recuerden en el presidio. José René Moukarzel, médico y militante del PRTERP, es estaqueado en el piso del llamado “Patio de la Mosaiquería”. Estaba desnudo. Cada cierto tiempo, los oficiales arrojaban baldazos de agua sobre su cuerpo. Luego de horas soportando ese flagelo, es trasladado a otro patio, desde el que podía ser observado por las presas políticas del Pabellón 14, ocupado por mujeres. El tiempo parecía detenido, prolongando la agonía, hasta que finalmente su cuerpo no pudo soportar más y murió. El 20 de agosto en otro supuesto intento frustrado de fuga, asesinan a Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Felisa Páez de Rinaldi, mientras que el 11 de octubre hacen lo propio con un preso que había quedado paralítico por las torturas: Pablo Alberto Balustra, fusilado junto a Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. De “Albareda” a “Gontero” Durante las audiencias del juicio oral denominado “Menéndez II”, que condenó en diciembre del 2009 a quien comandara el Tercer Cuerpo y a cuatro integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía (D2), se conocieron los primeros testimonios en torno a los hechos que ahora se juzgarán en la causa Gontero. En las ocho semanas que duró el juicio, se pudo develar, gracias a los testimonios aportados, el rol de la Policía de Córdoba, a través del D2, en el sistema represivo aplicado en la provincia bajo el mando del Área 311.
Lunes 12 de Julio de 2010 LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE LOS REPRESORES ANTE EL TRIBUNAL
EL JUICIO, DÍA X DÍA DÍA 1 - VIERNES 02/07
Disculpe Sr. juez Durante la lectura de las acusaciones, Videla quiere hacer uso de la palabra. Rápidamente, se oye un “señor Videla”... Es Díaz Gavier, que no sin cierta elocuencia pone en su lugar al dictador, indicando que es el juez quien dirige la audiencia. La disposición de los acusados fue dispuesta previamente por el tribunal, pero por acuerdo de los imputados, Menéndez se ubica a la par de Videla, cuando el lugar correspondía al militar (r) Pino Cano, de menor rango.
DÍA 2 - LUNES 05/07
Dar la lección AL BANQUILLO. Videla y Menéndez cambiaron las ubicaciones que les asignó el tribunal, y se sentaron a la par, en el centro de la primera fila de los imputados.
El 5 de noviembre, el ex policía y víctima del D2, Luis Alberto Urquiza declaró por el caso “Morales” ante el Tribunal Oral Federal N°1. Luego de años de exilio, regresó para contar su periplo como detenido. En la causa Gontero, Urquiza es la única víctima constituida en querellante y está patrocinado por los letrados María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja. Los ocho cuerpos que componen el expediente reúnen la investigación por el secuestro y las torturas sufridas por los ex policías “sospechados de subversivos”, José Argüello, Luis Alberto Urquiza, Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga y Raúl Rodolfo Urzagasti Matorrás, además del civil Oscar Samamé, en las dependencias del D2 en el pasaje Santa Catalina, posteriormente en el centro clandestino La Ribera y en la UP1 de barrio San Martín. Por la autoría de estos delitos están imputados tres militares, entre ellos Menéndez, y nueve policías del D2, mientras que otros diez implicados esquivaron el juicio por haber muerto. Aunque no podrán ser juzgados, no caerá en el olvido su responsabilidad en la aplicación del terrorismo de Estado. Se pude mencionar entre ellos a Juan Bautista Sasiaiñ, a Raúl Pedro Telleldín, jefe y cerebro del D2, y al agente Oscar Gontero. Todos sus delitos quedarán plenamente comprobados durante la etapa oral, puesto que las seis víctimas sobrevivieron al terror y la mayoría podrá brindar testimonio ante el tribunal. Instrucción policial El brutal asesinato del subcomisario Fermín Albareda, en septiembre de 1979, fue el pico visible de una práctica que el D2 efectuaba en silencio dentro de las propias fuerzas policiales: la persecución, el secuestro y la tortura de los “disidentes”. Todo aquel que no compartía el accionar clandestino de las patotas, o no vivía acorde a “modos de vida” policiales, era sospechado de subvertir el paradigma. Estudiar una carrera universitaria o tener cierta sensibilidad social, bastaba para ser perseguido. “O sos estudiante o sos policía”, le reprochaban a Urquiza cuando llegó al D2 y contó que estudiaba psicología. Los hechos que detalla la causa Gontero forman parte de esta práctica. Sucedieron planificadamente el 12 de noviembre de 1976, día en que fueron secuestrados en di-
ferentes operativos la mayoría de las víctimas, salvo a Urzagasti Matorrás, detenido al día siguiente. Todos fueron conducidos al D2 por patotas que actuaron sin uniforme, y fueron obligados a permanecer allí durante una semana aproximadamente, vendados, esposados e incomunicados. Durante su cautiverio, fueron sometidos a brutales interrogatorios. La noche del 15 de noviembre, Urquiza pidió permiso para ir al baño. Mientras caminaba, su custodio Oscar Gontero (por cuyo apellido se conoce la causa) lo empuja y le dispara, hiriéndolo gravemente en su rodilla derecha. Luego de su estadía en el D2, los detenidos son trasladados al centro clandestino de detención La Ribera, donde continuaron en su condición de detenidos desaparecidos. El 9 de diciembre son llevados a la UP1, donde son “blanqueados” para ser liberados entre agosto y septiembre de 1978, luego de dos años de encierro. Tiempo de trabajo Al retomar las audiencias, este martes 13 de julio, Menéndez regresará de Tucumán con su cuarta condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, en este caso por hechos cometidos en la jefatura policial tucumana. La misma pena tuvieron Roberto Albornoz, ex jefe de inteligencia de la Policía de Bussi y otros dos represores también condenados. Con el juicio en Córdoba, la justicia federal se abocará en este segundo semestre de 2010 a desentrañar el complejo sistema del terror planificado. En ese camino, transitarán por el recinto más de cien testigos, aportando sus recuerdos y vivencias de la represión impartida por la Policía, el Ejército y el Servicio Penitenciario. Los abogados defensores y querellantes harán su trabajo. Fuentes del tribunal dieron estimaciones oficiales sobre la duración del juicio, previendo llegar a una sentencia a fines de este año, tras seis meses de ardua labor. Los mantos de impunidad reinantes por años comienzan a develarse. Es una tarea para quienes integran la institución judicial y observan desde “la Torre”, pero también –y quizá más importante– para quienes vivimos y trabajamos en el exterior, los ciudadanos de a pie que habitamos esta ciudad, esta provincia. Los delitos investigados serán juzgados por un tribunal, pero los condenaremos todos.
A diferencia de los juicios anteriores, los imputados hablan y declaran abiertamente. Esta actitud puede observarse frente al detalle de que solicitan un micrófono para hablar de pie frente a la audiencia. Mones Ruiz es el primero y se explaya largamente con un discurso agresivo: “esto se parece más a un parodia de tribunal, más de la Cuba de Castro o la Venezuela de Chávez”, exclama.
¿Cuca, yo? Durante la confirmación de datos filiatorios, todos los imputados niegan los apodos con los que se los conocía, y que fueron su nombre de guerra durante los 70. La negación más simpática, es la de Mirta Graciela “Cuca” Antón: “tengo muchísimos apodos: Chely, Chichuta, Tachula, Chechu... depende de los amigos”.
Los aullidos del lobo La jornada del 5 de julio, segundo día de audiencias, quedará en la historia como la primera vez que el dictador Jorge Rafael Videla declaró públicamente frente a un tribunal democrático. Más allá de que formalmente manifestó su negativa a la indagatoria, el máximo responsable del terrorismo de Estado le aclaró a los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba que desconocía la legitimidad del proceso judicial y que asumía el costo de todas las órdenes que había impartido a su tropa. La voz firme del dictador, menos castrense que la de Menéndez, y su postura frente al tribunal, demostraban su buena salud pese a sus casi 85 años. Videla ya había querido hablar el primer día de audiencias, pero fue llamado a silencio por el juez Díaz Gavier, quien le aclaró con vehemencia que estaba interrumpiendo la lectura de acusación que los imputa. “Asumo mi responsabilidad en la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo, mis subordinados se limitaron a cumplir mis órdenes como comandante en jefe”, manifestó. En su argumentación reforzó la interpretación de que el tribunal “carece de competencia” para juzgarlo, ya que su “juez natural es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas” que ya lo absolvió, y que se está ante "cosa juzgada" porque los hechos ya fueron investigados por el juicio a las juntas militares en 1985. La jornada de aniversario del asesinato de Raúl "Paco" Bauducco, fue también oportunidad para que se manifestaran otros de los máximos responsables de fusilamientos en el penal de barrio San Martín. Menéndez, repitió su ya clásica aren-
Buenos muchachos... Jorge Rafael Videla: (84) Militar, comandante general del Ejército Argentino y presidente de la Junta Militar hasta 1981. Teniente general (r). Alojado en Bouwer (Causa UP1). Luciano Benjamín Menéndez: (83) Alias “Cachorro”. Militar, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979, comandante del Área 311. General de división (r). Alojado en Bouwer (Causas UP1 y Gontero). Vicente Meli: (81) Militar, jefe del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada con grado de coronel. General de brigada (r). Alojado en Bouwer (UP1). Carlos Mauricio Poncet: (78) Militar de la Infantería Paracaidista, jefe de la División Personal (G1) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Teniente coronel (r). Alojado en Bouwer (UP1). Jorge González Navarro: (80) Militar, teniente coronel de Infantería Paracaidista, jefe de Asuntos Civiles (G5) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Teniente coronel (r). Prisión domiciliaria (UP1). Raúl Eduardo Fierro: (79) Alias “el Francés”. Militar, jefe de la División de Inteligencia (G2) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Teniente coronel (r). Prisión domiciliaria (UP1). Víctor Pino Cano: (78) Militar, jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II “General Balcarce” con el grado de teniente coronel. General de brigada(r). Prisión domiciliaria (UP1). Emilio Juan Huber: (76) Militar, jefe de la Compañía Policía Militar 141 con el grado de mayor de infantería. Teniente coronel (r). Prisión domiciliaria (UP1). Gustavo Adolfo Alsina: (60) Militar, jefe unidad de la Compañía Policía Militar 141, teniente de comunicaciones. Mayor (r). Alojado en Bouwer (UP1). Enrique Pedro Mones Ruiz: (58) Militar, teniente del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, integraba la Compañía de Comando. Teniente coronel (r). Alojado en Bouwer (UP1). Miguel Ángel Pérez: (55) Militar, integraba el Regimiento de Infantería Aerotransportada II, con el
grado de cabo. Sargento del Ejército (r). Alojado en Bouwer (UP1). Osvaldo César Quiroga: (64) Militar, teniente primero en el Regimiento de Infantería Aerotransportada II, integraba la Compañía A. Coronel (r). Veterano de Guerra de Malvinas. Alojado en Bouwer (UP1). Francisco Pablo D'Aloia: (55) Militar, subteniente de Infantería en el Regimiento de Infantería Aerotransportada II. Mayor (r), veterano de Guerra de Malvinas. Alojado en Bouwer (UP1). José Antonio Paredes: (58) Militar, integró la Policía Militar 141, en el Regimiento de Infantería Aerotransportada II, con el grado de cabo de Infantería. Suboficial principal (r). Alojado en Bouwer (UP1). Carlos Hibar Pérez: (59) Militar, revistaba en la Policía Militar 141, en el Regimiento de Infantería Aerotransportada II, con el grado de sargento de Infantería. Suboficial mayor (r). Alojado en Bouwer (UP1). Marcelo Luna: (75) Alias “Pibe Pedrota” o “Piruchín”. Policía, sargento, integrante de la Brigada de Procedimientos de la División de Investigación de la Información del D2. Suboficial principal (r). Alojado en Bouwer (UP1). Calixto Luis Flores: (70) Alias “Chato”. Policía, sargento, integrante de la División de Inteligencia del D2. Suboficial mayor (r). Alojado en Bouwer (UP1 y Gontero). Yamil Jabour: (63) Alias “Yogur” o “Turco”. Policía, oficial auxiliar, sumariante en la División Seguridad e Instrucción del D2. Comisario mayor (r). Alojado en Bouwer (UP1 y Gontero). Alberto Luis Lucero: (63) Alias “Cara con rienda” o “Chatarra”. Policía, agente de la Brigada de Procedimientos de la División de Investigación de la Información del D2. Cabo primero (r). Alojado en Bouwer (UP1 y Gontero). Carlos Alfredo Yanicelli: (57) Alias “Tucán”. Policía, oficial auxiliar, segundo encargado de la División Investigación de la Información, Brigada de
PRIMERAS PALABRAS. Yamil “el Turco” Jabour aprovechó su oportunidad de hablar para deslindar responsabilidades e inculpar a Yanicelli.
ga, que esgrime en cada uno de los juicios que carga sobre sus espaldas. Ratificó que se considera "responsable de sus dignos subordinados", que el tribunal carece de legitimidad y que "los terroristas de aquellos años que no creían en la democracia, hoy juzgan a quienes defendimos las instituciones". También se aventuró en el terreno de la teoría jurídica, afirmando que se “tergiversa el concepto de crímenes de lesa humanidad” ya que los militares “no atacaron a la población civil”. Con esas razones, se negó a ampliar la indagatoria. Luego declararon los militares Quiroga y D'Aloia, acusados por el fusilamiento de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Gustavo Adolfo De Breuil e Higinio Arnaldo Toranzo. Ambos negaron su presencia en el supuesto intento de fuga, más allá de que Quiroga reconoció haber realizado el tras-
lado desde el penal hasta predios militares en donde se desarrollaría un supuesto Consejo de Guerra. Implícitamente, reconocieron el accionar clandestino y represivo, pero descartando su participación. Malestar por el nuevo lugar El turno de la declaración de Yamil “el Turco” Jabour tuvo una estrategia clara. Alegó ser un simple sumariante, al tiempo que buscaba deslindar responsabilidades policiales en el accionar judicial. En esa línea, puso el acento en las figuras del entonces escribiente Luis Rueda y en la jueza de instrucción de la causa, Cristina Garzón de Lascano. Luego de más a de una hora de declaración, el imputado pidió a los abogados que hicieran “todas las preguntas que quisieran”. Pero bastaron sólo cuatro interrogaciones del querellante Claudio Orosz, para que Jabour trastabillara y comprometiera a su ex jefe Carlos Yanicelli. “No quiero responder más preguntas”, asumió, derrotado, y volvió a su lugar. De estas primeras declaraciones de los imputados, queda la sensación de que no han abandonado su manifiesto apego a la impunidad y al poder. Los incomoda tener que hacer públicos sus datos personales (dónde viven, cuánto cobran por sus pensiones, a qué se dedican), o responder a interrogantes de mayor envergadura, como sus responsabilidades ante los fusilamientos que juzga un tribunal constitucional. Es por esto que el presidente del TOF Nº 1, Jaime Díaz Gavier, tuvo que poner en su lugar tanto a Videla, como a Yanicelli o Jabour cuando iban tomando la palabra y creían que seguían mandando, respondiendo del modo que se les antojaba.
TODOS LOS IMPUTADOS EN LAS CAUSAS UP1 Y GONTERO Procedimientos de Inteligencia del D2. Comisario mayor (r). Alojado en Bouwer (UP1 y Gontero). Ricardo Cayetano Rocha: (61) Policía, cabo, integraba la Brigada de Procedimientos para la lucha contra la subversión del D2. Retirado por incapacidad con el grado de sargento. Alojado en Bouwer (UP1). Juan Eduardo Ramón Molina: (64) Alias “Negro”. Policía, oficial ayudante, revistaba en la División de la Investigación de la Información del D2. Oficial inspector (r). Alojado en Bouwer (UP1). Luis Alberto Rodríguez: (71) Policía, integrante de la Brigada de Procedimientos para lucha contra la subversión del D2. Comisario mayor (r). Alojado en Bouwer (UP1). José Felipe Tavip: (67) Médico, Div. Medicina Legal de la Policía de Córdoba. Alojado en Bouwer (UP1). Miguel Ángel Gómez: (63) Alias “Gato”. Policía, cabo, integrante del D2. Exonerado en 1978 por cometer delito. Alojado en Bouwer (UP1 y Gontero). José Eugenio San Julián: (83) Militar, oficial de Gendarmería, Jefe Región Noroeste de Gendarmería Nacional. Comandante general (r). Alojado en el Hospital Militar (Gontero). Fernando Martín Rocha: (59) Alias “el Tuerto” o “Dardo”. Policía, oficial principal en el Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba. Subcomisario (r). Alojado en Bouwer (Gontero). Hermes Oscar Rodríguez: (77) Alias “Salame” o “Subgerente”. Militar, teniente coronel, segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren. Coronel (r). Prisión domiciliaria (Gontero). Gustavo Rodolfo Salgado: (57) Policía, oficial subayudante en el D2. Retirado con el grado de comisario inspector. Alojado en Bouwer (Gontero). Luis David Merlo: (56) Alias “Moro”. Policía, agente del D2. Suboficial principal (r). Alojado en Bouwer (Gontero). Mirta Graciela Antón: (56) Alias “Cuca”. Policía, cabo, integraba la sección de Inteligencia del D2. Sargento (r). Alojada en Bouwer (Gontero).
Imputados sobreseídos por fallecimiento: CAUSA UP1: Miguel Ángel Marini: jefe del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Juan Bautista Sasiaiñ: comandante de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada a partir de 1975, luego de la X Brigada con asiento en Córdoba y jefe de la Policía Federal a partir de 1979. Aldo José Barufaldi: jefe de Operaciones (G3) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Antonio Comba: jefe de Logística (G4) de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada. Raúl Pedro Telleldín: jefe de la Dirección Gral. de Inteligencia e inspector general del D2. Fernando José Esteban: subjefe del D2. Juan Antonio Tissera: suboficial retirado del Ejército, subjefe del D2. Américo Pedro Romano: jefe de la División de Inteligencia y de las Brigadas Operativas del D2.
CAUSA GONTERO: Juan Bautista Sasiaiñ Arturo Gumersindo Centeno: comandante de la VI Brigada de Infantería Aerotransportada. Segundo jefe del Estado Mayor del Área 311. Reemplazó a Sasiaiñ en diciembre de 1976. Benjamín Rivas Saravia: jefe de la Policía de Córdoba. Declarado incapaz de afrontar un proceso judicial. Ernesto Cesario: Segundo jefe de la Policía de Cba. Raúl Pedro Telleldín Fernando José Esteban Oscar Inocencio Bolancini: Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren” dependiente del III Cuerpo de Ejército. Juan Antonio Tissera Oscar Francisco Gontero Miguel Ángel Serrano
Lunes 12 de Julio de 2010
Lunes 12 de Julio de 2010
UNA VISITA AL COMPLEJO SISTEMA QUE SE CONSTITUYÓ PARA GARANTIZAR EL ACCIONAR DE LA JUSTICIA FEDERAL
LOS EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS QUE RECORRERÁ EL JUICIO VIDELA
El juicio desde adentro
Los muros de la historia
LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Ubicado en la intersección de la avenida Concepción Arenal con la calle Wenceslao Paunero, fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Adolfo Gabrielli, acompañado de los vocales de los tribunales federales en octubre de 1983. La obra fue ejecutada por la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., según un proyecto del Departamento de Arquitectura del Poder Judicial de la Nación impulsado por el jurista Agustín Díaz Bialet. Distribuido en dos edificios, por un lado funciona la Junta Electoral, mientras que en el otro se distribuyen las dependencias de los tribunales federales. Conocido como “La Torre”, este edificio de trece pisos alberga la Cámara Federal de Apelaciones, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba Nº 1, los juzgados federales de primera instancia Nº 1, 2 y 3, el Ministerio Público (Fiscalía y Defensoría), la Sala Mayor de Audiencias “Dr. Agustín Díaz Bialet”, la biblioteca jurídica “Dr. Cornelio Moyano Gacitua”, los archivos generales de cada dependencia, la Alcaldía (para detenidos en tránsito), una sala de máquinas y una oficina de correos. Trabajan en todo el edificio alrededor de quinientas personas.
HALL DE INGRESO
Vista en la que aprecia la particular ubicación de la sala de audiencias, separada del edificio principal. Se observa también el recurso arquitectónico que configura el pasillo vidriado de acceso restringido.
SALA MAYOR DE AUDIENCIAS “DR. AGUSTÍN DÍAZ BIALET” Es el espacio físico en el que se realizan las audiencias del juicio. Con unas dimensiones de 14,7m de ancho por 15,9m de largo, tiene una capacidad original de 157 butacas. Lleva este nombre en reconocimiento a la trayectoria de Agustín Díaz Bialet (19111993), jurista, profesor universitario, autor de numerosas obras de derecho y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre los años 1973 y 1976). A su iniciativa se debe el proyecto de edificar La Torre.
Un amplio espacio de 11,8m de ancho por 13,8m de largo, ubicado en el primer piso del edificio, es el lugar de espera para el público en general y para los invitados del tribunal. Tiene acceso por escaleras o por ascensores, y allí se concentra un gran número de personas en los intervalos de las audiencias y antes de cada sesión. Es la antesala del juicio, el lugar en el que pueden percibirse el clima y las tensiones que sobrevuelan el proceso. En ocasiones suelen coincidir en el hall familiares de las víctimas con allegados a los imputados. Cuenta también con un improvisado expendio de bebidas y alimentos. Antes de acceder al hall, los asistentes deben dejar constancia de sus datos personales en la planta baja del edificio.
SALAS DE ESPERA Lugar en el que aguardan, aislados, los imputados. Dispone de un circuito cerrado de TV, con el que los acusados pueden seguir el desarrollo de la audiencia cuando optan no estar presentes en la sala. También reciben aquí la visita de sus familiares.
Ubicado en el Pasaje Santa Catalina, entre la catedral y el Cabildo Histórico, a metros de la plaza San Martín, entre 1974 y 1978 fue un centro clandestino de detención. En 1986 se instaló allí la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y en 1988, el Cuerpo de Vigilancia Especial, encargado de custodiar la zona céntrica, mientras que la Policía de la provincia de Córdoba, se trasladó al actual
edificio de Colón 1240. Desde diciembre de 2006, es sede de la Comisión y del Archivo Provincial de la Memoria, espacios creados por la Ley de la Memoria (ley Nº 9286). El D2 fue un lugar estratégico para ejercer y planificar la represión desde los primeros años 70. En pleno centro de la ciudad, se constituyó en un centro operativo de persecución, tortura, detención y traslado de prisioneros.
El pasaje santa Catalina, donde se ubica el edificio que perteneció al D2.
SEPARADORES Entre el hall y la sala de audiencias, existen dos separaciones de vidrio de seguridad, que impiden el paso masivo y permiten organizar la entrada de los asistentes.
Antes de que se construyera el edificio, las diferentes dependencias de tribunales estaban en lo que se llama la Cámara Vieja, que se encontraba distribuida y dispersa en varios edificios de la ciudad de Córdoba.
CÁMARAS Y SISTEMA DE SONIDO
SISTEMA DE SEGURIDAD La Torre cuenta con un estricto sistema de seguridad a cargo de la Policía Federal. Además, la Policía Provincial cuenta con una unidad especial para la protección de los testigos. Este cuerpo tiene una marcada presencia en el armardo logístico del juicio. Para ingresar a la audiencia, el público debe identificarse con el documento en el hall principal del edificio, y en la antesala del recinto de audiencias.
FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS Antes de iniciar formalmente cada audiencia, los fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación, cuentan con 5 minutos para tomar imágenes de la sala. Deben estar previamente acreditados.
SALA DE PRENSA En el segundo piso del edificio, se ubica una sala especialmente acondicionada para reporteros y cronistas de la prensa. El espacio cuenta con conexión a internet y una pantalla en la que se visualiza de manera constante cada una de las audiencias.
EL TRIBUNAL El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba para este juico está compuesto por: Jaime Díaz Gavier (Presidente TOF Nº 1). José María Pérez Villalobo (Juez de cámara subrogante, presidente del TOF Nº 2, integra el tribunal tras la renuncia de Otero Álvarez). Carlos Julio Lascano (Juez de cámara subrogante, vocal del TOF Nº 2, en reemplazo de Vicente Muscará, inhibido para esta causa). Carlos Arturo Ochoa (Juez sustituto, juez federal de Río Cuarto) Secretario: Pablo Bustos Fierro. La fiscalía está a cargo de: Maximiliano Hairabedián (Fiscal ante el TOF Nº 1, por la Causa UP1). Carlos Gonella (Fiscal ante el TOF Nº 2, por la Causa Gontero).
Efectivos de la Policía Federal controlan el ingreso a la sala y atienden de manera permanente la seguridad del lugar. Al ingresar a la sala, el público debe dejar los teléfonos celulares en un depósito controlado.
INGRESO A LA SALA Escala: 1:100 Medidas proporcionales reales
PÚBLICO
El TOF Nº 1 dispone de un sistema cerrado de transmisión televisiva. Tres cámaras registran todo lo que ocurre en la sala de audiencias. Las imágenes son trasmitidas en vivo en la sala de prensa y en una sala contigua en donde hay trabajadores de la justicia y los imputados que soliciten estar apartados. El Archivo Provincial de la Memoria cuenta con su propia cámara como registro documental y patrimonio histórico.
PERSONAL DE SEGURIDAD
La sala de audiencias fue modificada para este juicio. Por el espacio ocupado por las partes y los imputados, se colocaron dos filas de asientos extra (en gris). Mayoritariamente asisten familiares de las víctimas y público en general. Detrás del blindado también se hacen presentes parientes de los imputados. Hay un total de 118 butacas. La primera de esas filas está reservada para invitados oficiales del tribunal.
Fuentes: Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) Archivo Provincial de la Memoria Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba Tribunales Federales de Córdoba
La Torre
Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2):
Unidad Penitenciaria Nº 1 de barrio San Martín (UP1) Ubicada en calle Colombres al 1300, hoy es denominada Establecimiento Penitenciario Nº 2, y tiene una superficie de 33.160m². Fue inaugurado en enero de 1895, cuando trasladan a los presos que se encontraban detenidos en lo que era la cárcel pública, ubicada en el terreno donde luego se edificó la escuela Emilio Olmos (hoy Patio Olmos). El 2 de abril de 1976 fue intervenida por el Ejército y la Gendarmería hasta fines de 1978. Actualmente aloja alrededor de 700 internos, mientras que en años anteriores llegó a albergar hasta 1600, lo que en varias oportunidades provocó motines en protesta por las condiciones de hacinamiento, inhabitabilidad, falta de asistencia sanitaria y alimentación adecuada, y la inexistencia de asistencia psicológica y social. Una de las revueltas más significativas ocurrió en febrero de 2005, dejando como trágico saldo la muerte de cinco presos, dos guardiacárceles y un policía de la provincia. A lo largo de estos años se han refuncionalizado áreas y
pabellones, mejorando las condiciones de alojamiento y se han construido nuevos espacios carcelarios, en forma conjunta entre los propios internos y personal del Servicio Penitenciario. En mayo de 2008 el gobierno provincial anunció un proyecto de obras ampliar la infraestructura carcelaria. El plan incluía la construcción de tres nuevos módulos en Bouwer, reemplazando a los establecimientos de la ex cárcel de Encausados y al de barrio San Martín. Ante la posibilidad de que se pusiera en venta el predio se alertó sobre el posible quebranto de la Ley de la Memoria, que establece la protección de “las instalaciones edilicias que funcionaron como centros clandestinos de detención o hubieren sido utilizadas por el terrorismo de Estado, garantizando el libre acceso del público como testimonio histórico de ese accionar”. Diversos grupos interpusieron recursos legales que frenaron hasta el momento cualquier operación comercial con el inmueble.
BLINDADO ABOGADOS
Estructura de vidrio blindado que separa a los imputados del público. Por la cantidad de procesados en este juicio, debió ser ampliado especialmente.
Del lado izquierdo del sector destinado a los abogados se distribuyen los querellantes y sus asistentes, mientras que los abogados de las defensas (públicas y particulares), tienden a sentarse en lugares cercanos a sus defendidos. En este sector también se instalan los fiscales. Debido a la gran cantidad de profesionales que intervienen en este juicio, se acondicionó el sector distribuyendo a los ocupantes en escritorios dobles que no forman parte del mobiliario original de la sala.
Ingreso principal a la cárcel de barrio San Martín.
IMPUTADOS Se ubican agrupados a la derecha del sector de abogados, en cuatro filas de ocho asientos. En el centro de la primera fila, se sientan Videla y Menéndez. En las primeras filas predominan los ex militares, atrás los ex policías.
AUXILIARES DE LA JUSTICIA Sector destinado a empleados del Poder Judicial, asistentes de la fiscalía, escribientes y personal que participa del juicio oral.
PIZARRA
RELATORES DE LA JUSTICIA
Desde la tercera audiencia, el tribunal incorporó a la sala una pizarra para que los imputados y testigos se explayen en sus declaratorias. La decisión surgió tras la inquietud del imputado Francisco D´Aloia, quien quiso graficar su testimonio.
Si bien el proceso se documenta en su totalidad en formato audiovisual, los relatores detallan situaciones específicas dentro del recinto y generan observaciones pormenorizadas del accionar de cada una de las partes intervinientes, lo que constituye una herramienta fundamental para los miembros del tribunal.
TESTIGOS No pueden ingresar a la audiencia hasta que no declaren ante el tribunal. Al momento de testificar, deben hacerlo dirigiéndose al tribunal. Los imputados no pueden preguntar ni interrumpir a los testigos.
TRIBUNAL Presidente, vocales y juez sustituto, es la autoridad máxima, lleva adelante el debate, deciden los planteos de las partes. En el tramo final del proceso, tras la deliberación, se pronuncia, mediante la sentencia.
Cárcel de Bouwer El establecimiento penitenciario de Bouwer tiene un nombre revelador: Complejo Carcelario Nº 1 "Reverendo Francisco Luchesse". Fue inaugurado el 2 de marzo del año 2000. Se encuentra ubicado en la Ruta Nacional Nº 36, Km 797, en el departamento de Santa María, Córdoba. Con una extensa superficie de 315.560 m², la obra estuvo a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos SA, y fue diseñada por los arquitectos Ricardo Zapata y Graciela Auchter, el ingeniero Elvio Peiretti y el arquitecto Guillermo Sánchez Martínez (Jefe de Departamento).
Se alojan allí alrededor de 2150 internos en cuatro módulos diferentes: MX1: con mayoría de detenidos con adicciones, cuenta con un centro de control de adicciones. MX2: destinado a presos por delitos comunes. MD1: de máxima seguridad, presos por delitos graves. MD2: detenidos pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Aloja a condenados por delitos de lesa humanidad. Al lado del Complejo, funciona el Establecimiento Penitenciario Nº 3 para mujeres procesadas y condenadas.
SECRETARIO Se encarga de leer las imputaciones, corroborar la información en los expedientes y asistir al tribunal durante la audiencia.
ACCESO RESTRINGIDO Es utilizado por los integrantes del tribunal, los imputados y los testigos.
Vista satelital de la cárcel de Bouwer. Se aprecian los 4 módulos y, a la izuierda, el complejo para mujeres.
Lunes 12 de Julio de 2010 LA JORNADA INICIAL ESTUVO COLMADA DE ASISTENTES, QUE NOS DEJARON SUS IMPRESIONES SOBRE EL JUICIO
En boca de todos Miguel Ángel Ceballos - abogado querellante:
Es preferible una justicia tardía a una injusticia eterna. La justicia cordobesa, con los dos primeros juicios y este, se pone al nivel de sus responsabilidades históricas. Nadie debe quedar impune, sea militar o civil. El 25 de mayo de 2003, en el Congreso, el presidente Néstor Kirchner, manifestó que eran políticas fundamentales de su gobierno los principios de memoria, verdad y justicia. Yo asumí el cargo ese día y no imaginaba los resultados. Pero sabíamos el propósito del gobierno nacional: impulsar la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y la reapertura de todos los juicios.
En lo personal, esperé este momento muchos años, así que estoy muy emocionado por el comienzo del juicio. En lo técnico jurídico, estoy preparado, junto con el resto de los abogados, para afrontar un juicio que es el más representativo de lo que fue el terrorismo de Estado. Esto se debe que hay circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, en donde comprobaremos los círculos de complicidades.
Daniel Giacomino - intendente de la ciudad de Córdoba: El Estado, en sus distintos niveles ha participado junto a la sociedad para lograr estos juicios. El Estado nacional con su política de derechos humanos ha sido un impulsor para que la justicia actuara y eso se reconoce. Desde el ámbito municipal, en Córdoba vamos a trabajar para lograr el reconocimiento de estos juicios. Visibilizarlos e incorporarlos a nuestro propio sistema educativo. Este reconocimiento de los crímenes cometidos en la dictadura, era necesario para la contribución de la memoria popular. Es la manera de evitar que vuelva a suceder y que las generaciones venideras no sufran más la impunidad. Darío Olmo - subsec. de Derechos Humanos de la provincia:
Martín Mozé - H.I.J.O.S Regional Córdoba. (Hijo de Miguel Ángel Mozé, fusilado en la UP1): En lo personal, con el juicio uno va redescubriendo con más detalle lo que hicieron estos genocidas. Y eso afecta, porque hablamos del fusilamiento de mi viejo, de las palizas que sufrió. La miro a mi mamá y observo todo lo que remueve este proceso. Pero la clave es tener presente esas herramientas de las abuelas, las madres, los familiares, los ex presos. Poder transformar este dolor en lucha, para tener memoria, para saber qué pasó. Poder llegar a la verdad aunque duela, como me duele. Hay un hecho reparador que es la justicia.
EL JUICIO, DÍA X DÍA DÍA 3 - MARTES 06/07
Eduardo Luis Duhalde - sec. Derechos Humanos de la Nación:
Sonia Torres - Abuelas de Plaza de Mayo Filial Córdoba: Estos días que vivimos son el corolario de las luchas de tantos años. Si no hubiésemos salido las madres y el resto de los organismos de derechos humanos a denunciar en el país y en el mundo lo que se vivía en Argentina, no habríamos llegado aquí. Hubiesen seguido impunes hasta morir. Estos juicios aportan muchísimo. Hoy en día los jóvenes ya no son indiferentes, hay una ebullición que se nota en los actos culturales y políticos, en la necesidad de saber sobre el pasado reciente.
Lunes 12 de Julio de 2010
Se mezclan la perplejidad con la tranquilidad. Por un lado son tantos años donde esto aparecía como el horizonte: dabas un paso y se alejaba más. Pero es sanador ver que la justicia federal de Córdoba salda esta cuenta tan grande. Creo que hay que construir un sentido común en donde todos veamos que estas barbaridades no podían pasar si no había un cierto consenso de una parte de la sociedad que acompañaba. Una parte de la sociedad que estaba de acuerdo con esta resolución terrorista del conflicto político. Lo cual es gravísimo, y por lo cual esto no debe detenerse, porque cuando una cosa fue posible, quiere decir que en determinadas circunstancias esas cosas son posibles.
EL JUICIO EN LA CALLE
Sara Liliana Waitman - Asociación Ex Presos Políticos de Cba. (Sobreviviente de la UP1): Creo que este juicio es totalmente diferente a los otros dos que se hicieron en Córdoba. En este los militares están muy dispuestos a hablar y defender explícitamente sus crímenes. Justificando una guerra que no existió, porque existen 30 mil desaparecidos y 500 niños robados que no pudieron defenderse; 10 mil presos políticos, miles de exiliados, que eran atacados cuando estaban indefensos. Es algo para festejar que tengamos juicios en todo el país.
Turco en la neblina El primero en tomar la palabra el día martes es Yamil “el Turco” Jabour. Habla durante más de una hora y niega cualquier participación en las torturas del D2. La audiencia, impaciente, se molesta con semejantes declaraciones y lo abuchea. El imputado reacciona y motiva la reprimenda del presidente del tribunal.
Virilidad Jorge Agüero, el abogado más mediático e histriónico entre los defensores, monta una de sus primeras intervenciones con un curioso reclamo al presidente del tribunal: pidió “más virilidad” para conducir el proceso. La queja es motivada por el bullicio en la sala de audiencias mientras declaraba el imputado Jabour.
El clon Pese a que Luis David Merlo confiesa no saber usar un arma, durante la indagatoria sale a la luz que su trabajo en el año 1976 fue custodiar al máximo jefe del D2, Raúl Pedro Telleldin. Su principal hipótesis para desvincularse de los hechos es afirmar que fue confundido con un homónimo que actuó en el D2 en la misma época llamado Luis Ricardo “El Moro” Merlo, a quien sí identificó como miembro de las brigadas especiales.
CAUSA UP1
Como funcionario, siento satisfacción de que esta política de Estado esté dando frutos. La justicia está a la altura de las circunstancias y juzga a los asesinos con todas las garantías constitucionales y legales. Aquí está sentado el principal responsable del genocidio, Jorge Rafael Videla. Lo eligieron para que tuviera las relaciones con un poder judicial cómplice, un sector de la iglesia cómplice, un sector de la sociedad civil. Yo le pido que si es cristiano como se dice, que diga donde están enterrados los cuerpos, para poder llevar una flor a sus tumbas.
• El 30 de abril de 1976, son asesinados en el D2 en un supuesto intento de fuga montando de manera especial la escena: Eduardo Daniel Bártoli: (29) Estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en la Juventud Peronista (JP). Víctor Hugo Ramón Chiavarini: (22) Estudiaba agronomía en la UNC. Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). María Eugenia Irazusta: (28) Estudiaba en la Escuela Superior de Idiomas de la UNC. Militaba en Vanguardia Comunista (VC). • El 17 de mayo de 1976, desde la UP1 son trasladados y asesinados en inmediaciones de la calle Neuquén al 700, de barrio San Martín, en un supuesto intento de fuga: Diana Beatriz “la Gringa” Fidelman: (24) Estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA), radicada en Córdoba. Militaba en Montoneros. Eduardo Alberto “Tero” Hernández: (21) Estudiaba derecho en la UBA. Se mudó a Córdoba para estudiar medicina en la UNC. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Miguel Ángel “Chicato” Mozé: (27) Oriundo de Cruz del Eje (Córdoba). Seminarista, estudiante de ciencias de la información (UNC). Dirigente de la JP, delegado de la Regional III. Militaba en Montoneros. José Alberto “Pato” Svagusa: (28) Oriundo de Monte Maíz (Córdoba), vivió en Río Cuarto y se estableció en la Capital. Militaba en Montoneros. Luis Ricardo “el Gordo” Verón: (27) Oriundo de Mercedes (Corrientes). Trabajaba en el Banco Nación y estudiaba derecho en la UNC. Militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Ricardo “Otto, el Alemán” Yung: (32) Jujeño, se radica en Cba. para estudiar ingeniería en la UNC, era obrero metalúrgico. Militaba en Montoneros. • El 28 de mayo de 1976, son trasladados desde la UP1 y simulando un intento de fuga son asesinados en la vía pública: Carlos Alberto Sgandurra: (29) Estudiaba
Olegario Martínez - testigo caso Morales (Juicio Menéndez II): Siento tristeza porque en este juicio se va a tocar el fusilamiento de 31 compañeros, y alegría por ver sentados a Videla y Menéndez en el banquillo de los acusados, y más a Videla aquí en Córdoba. Creo que esa es la mayor satisfacción que podemos tener todos los que queremos que se traten los temas de la justicia realmente como tienen que ser y que tengan un debido proceso como no lo tuvimos nosotros en la década del 70. Esperemos que salga la mayor condena posible. Liliana Olivero - legisladora por Izquierda Unida: Ya vivieron en la impunidad durante años. En este sentido es cárcel común, perpetua y efectiva, no solamente para los militares que hoy están sentados, entre ellos Videla, sino también los policías, los civiles y todavía faltan muchos. El poder judicial, la cúpula de la iglesia, todos fueron cómplices de este gran genocidio. Gracias a la lucha de madres, hijos, familiares, abuelas, los partidos de izquierda, que hemos luchado para que llegue este día.
«Siempre trabajamos para esto» “El viernes, cuando comenzó el juicio, estaba nerviosa y angustiada. Sentí en el cuerpo ese primer día de audiencias, y quedé agotada”, dice Rosario Rodríguez, ya más distendida, en los pasillos de tribunales federales. Con los días, esa rara energía que genera la inminencia del juicio, se canaliza en optimismo y fortaleza. Son signos que se entrevén en los rostros expectantes de los familiares de las víctimas. A Rosario todos la conocen como “Negrita”, fue pareja de Pablo Balustra, delegado gremial de Obras Sanitarias de la Nación y militante social, fusilado el 11 de octubre de 1976 junto a cinco presos políticos alojados en la cárcel de barrio San Martín. Enriqueta es la hija menor de ambos. Tenía dos meses cuando secuestraron a su padre en julio del 75, y Pablo, su hermano mayor, apenas cuatro años. Toda una vida lidiando con la ausencia y toda una vida exigiendo juicio y castigo. Hoy, madre e hija se muestran juntas, se acompañan, se sostienen. Militan en organismos de derechos humanos, Rosario en Familiares de Desaparecidos y Enriqueta en H.I.J.O.S. Pese a ser víctimas directas del terrorismo de Estado, no pierden de vista que es “un juicio de la sociedad, importante para reconstruir la historia y la identidad”. Será Justicia: Pasaron 34 años de la muerte de Pablo Balustra. En ese tiempo, ¿imaginaron alguna vez que llegaría el momento de juzgar a los responsables? Rosario: Si bien hubo momentos en que parecía imposible, nunca bajamos los bra-
JUNTAS. La “Negrita” junto a su hija, Enriqueta Balustra, mostraron su satisfacción por el inicio del juicio en el que son querellantes.
zos. Siempre trabajamos para esto, como organización y en lo personal. Pero hubo períodos que se hicieron cuesta arriba y fue duro seguir con esperanzas. Recurríamos a todas las instituciones y siempre recibíamos negativas o malos tratos. El nacimiento de la organización H.I.J.O.S trajo la fuerza que estábamos necesitando. Yo sentí que se renovaba todo, que nos estaban apuntalando en todo momento, y ahora más. Fue un motor importante. SJ: ¿Cómo se combinan esas tensiones más íntimas que genera ser víctima del terrorismo de Estado, con el trabajo y los tiempos de una organización? Enriqueta: En los organismos, cada uno acarrea su propia historia, pero en el fon-
Razones para seguir luchando
Raúl Sánchez - sec. de Derechos Humanos de la pcia. de Córdoba:
Carlos Vicente - viceintendente de la ciudad de Córdoba: Creo que es el segundo en importancia desde el juicio a las Juntas en 1985. Porque en el banquillo está sentado Videla, el jefe máximo de la aplicación de un plan sistemático de exterminio. Y Menéndez como jefe del área. Este juicio además tiene un valor inmenso por la calidad de las pruebas documentales y testimoniales que se han podido recolectar y que comprueban justamente los crímenes aberrantes y la vinculación de los jefes policiales, y también del poder judicial.
ENTREVISTA · ENRIQUETA BALUSTRA Y ROSARIO “NEGRITA” RODRÍGUEZ - QUERELLANTES CAUSA UP1
La derrota en el mundial golpearía duro al día siguiente, pero ni siquiera lo imaginábamos. Jugábamos otro partido, la revancha contra la impunidad y el olvido. Antes de pisar el campo de juego varias imágenes cayeron, como un balde de agua helada sobre la frente, bautizando la memoria de los presentes. Muchos habrán recordado aquella foto de Videla arengando a la multitud en el Monumental, hace 32 años, cuando se disputaban otra copa del mundo. “Hoy es un día de júbilo para la nación argentina” proclamaba el dictador y los titulares reproducían su discurso con tono marcial. Mientras rodaba la pelota, el silencio se hacía grande, y nuestros jugadores, los de cancha afuera, desaparecían en las sombras. Y Kempes les robaba el título a los que envestidos en la lucha contra la subversión hacían de la calle un campo de exterminio. Ahora la pelota no tapa la muerte, y los colores de la camiseta no se confunden con el saco oscuro de Videla, sentado frente a un tribunal constitucional. Hoy el dictador se reencontró con sus antiguos convocados: una selección del horror con 31 jugadores en el banco. La conocida táctica vuelve a repetirse: no mirar atrás, reivindicar sus jugarretas, revivir a un demonio inexistente y colgarse del travesaño para evitar los goles sobre la hora que intenta colarles la sedienta verdad. Así las fieras
de antaño, envejecidas y adormiladas en sus asientos, pretenden dar batalla a la siempre joven selección de la memoria. Este acontecimiento histórico, se vivió en Córdoba con alegría. Por tercera vez, una concentración masiva frente a tribunales celebró ese ritual cada vez más frecuente, acompañando a los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Esta vez los cánticos, las banderas de diferentes sectores sociales y las evocaciones emotivas a los ausentes, acordaron con el marco futbolero que instaló el mundial. Mientras el tribunal leía las acusaciones, en la calle se improvisaba un picado de fútbol, distendido y abierto a la participación de todos. En las tribunas, las bellas y coloridas siluetas que representaban a los compañeros asesinados, observaban el partido. La consigna: “Un gol de la democracia”. Lo que se jugaba no era ya “el honor y el buen nombre de la nación frente a los ojos del mundo”, como supo decir Videla en el 78. Se festejaba sencillamente la lucha irrenunciable. Y si el fiasco futbolístico nos dejó un sabor amargo, hemos comenzado a tomarle el gusto a la victoria, que viene de la mano de la justicia. Perdimos y quedamos afuera, pero hoy, luego de aguantar el partido durante treinta años, empezamos a ganarle a esa historia que nos quisieron mentir.
arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán y luego en la UNC. Militaba en el PRT y en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). José Ángel Pucheta: (31) Periodista, fue traductor de inglés y tornero de fábrica. Militaba en el PRT-ERP. José Osvaldo Villada: (30) Se desconocen las circunstancias en que fue detenido, aunque se sabe que era militante político y social. • El 19 de junio de 1976, son trasladados de la UP1 en vehículos militares, y cerca del Parque Sarmiento son fusilados en un supuesto intento de fuga: Mirta Noemí “la Turca” Abdón de Maggi: (29) Estudiaba arquitectura y bellas artes en la UNC. Empleada del centro de cómputos de la DGR. Militaba en el PRT-ERP. Esther María “Tati” Barberis: (19) Oriunda de San Francisco (Córdoba), estudiante de medicina en la UNC. Empleada doméstica. Militaba en el PRT-ERP. Miguel Ángel “Tarzán” Barrera: (25) Trabajaba en el Área Material Córdoba. Militaba en el PRT-ERP. Claudio Aníbal Zorrilla: (21) Estudiaba arquitectura en la UNC y militaba en Política Obrera. • El 30 de junio de 1976, son trasladados desde la UP1 y posteriormente asesinados en la vía pública, en un supuesto intento de fuga: Marta del Carmen Rossetti de Arquiola: (27) Oriunda de San Francisco (Córdoba). Maestra normal y estudiante de psicología. Militaba en el PRT-ERP. José Cristian “el Diablito” Funes: (23) Zapatero, marino mercante y obrero metalúrgico. Militaba en Juventud Comunista y en Peronismo Revolucionario. • El 5 de julio de 1976, durante una requisa en uno de los patios de recreo de la UP1 es brutalmente asesinado: Raúl Augusto “Paco” Bauducco: (28) Oriundo de Río Cuarto (Córdoba), estudiaba ciencias de la información en la UNC. Militaba en el PRT-ERP. • El 15 de julio de 1976, muere tras ser largamente torturado y estaqueado en uno de los patios de la cárcel de barrio San Martín (UP1): José René “el Turco” Moukarzel: (26) Oriundo de
do el dolor es el mismo, y la lucha por verdad y justicia es también la misma. Con el tiempo, cada uno ha ido madurando y creciendo, y las posturas personales no son impedimento en el trabajo cotidiano. En lo personal, todo eso se combina con las sensaciones que genera el juicio, donde se revive tu pasado, y se hurgan cosas que parecían olvidadas. De a poco se siente que es el momento de reencontrarse con la identidad y con nuestra historia. SJ: ¿Tiene algún sentido reparador el juicio para ustedes? E: El juicio no curará las heridas, y no va a sanar el dolor de la pérdida. Pero sirve para cerrar cosas que estaban abiertas, latentes en la sociedad. En todo caso, sirve para curar otras heridas, como la de la justicia. En esos sentidos es reparador. Eso en algún punto te hace feliz, porque esperamos 34 años para un juicio democrático como el que no tuvo mi papá, con todas las garantías para los genocidas. SJ: A pesar de que en el banquillo falten algunos responsables implicados, ¿el juicio sigue siendo igual de importante? R: Con todas las demoras que surgieron, esta es la posibilidad que se nos presentó ahora, lo que tenemos. Con trabajo de los organismos y de las querellas, pero también del tribunal y la fiscalía. Para nosotros, evidentemente faltan responsables en el banquillo, como la justicia, la iglesia o los muertos impunes, pero la lucha por la memoria no termina aquí. H.I.J.O.S. y Familiares decimos: “vamos a ir por más”.
LAS VÍCTIMAS DE LOS HECHOS QUE SE JUZGAN
Frías (Santiago del Estero). Maestro rural y médico egresado de la UNC. Militaba en el PRT-ERP. • El 12 de agosto de 1976, son retirados de la UP1 y asesinados en cercanías al Chateau Carreras, en un supuesto intento de fuga: Gustavo Adolfo De Breuil: (23) Estudiaba derecho en la UNC. Militaba en Montoneros. Arnaldo Higinio Toranzo: (20) Oriundo de San Francisco del Chañar (Córdoba), participaba en la parroquia de barrio Talleres. Militaba en la JP. Miguel Hugo Vaca Narvaja (h): (35) Periodista y abogado, defensor de presos políticos, militante de Montoneros y apoderado del Partido Peronista Auténtico. Eduardo Alfredo De Breuil: (29) Militaba en Montoneros. Fue sacado de la UP1 para presenciar el asesinato de su hermano y otros compañeros, y luego lo contara en el penal. • El 20 de agosto de 1976, en un supuesto intento de fuga son asesinados en la vía pública: Liliana Felisa “la Negra” Páez de Rinaldi: (25) Estudiante del profesorado de matemática. Militante del PRT-ERP. Ricardo Alberto Tramontini: (21) Oriundo de Buenos Aires, estudiaba composición musical en la UNC. Trabajaba como operario en CORMATIC. Militaba en el PRT-ERP. • El 11 de octubre de 1976, son trasladados desde la UP1 para ser asesinados en un descampado, en un supuesto intento de fuga: Pablo Alberto “el Flaco” Balustra: (33) Oriundo de Villa Dolores (Córdoba), trabajaba en Obras Sanitarias de la Nación, era delegado sindical. Militaba en Montoneros. Miguel Ángel “Niki” Ceballos: (37) Oriundo de Frías (Santiago del Estero), cursó sus estudios en la UNC. Presidente de la Federación Universitaria de Córdoba y fundador del Movimiento Nacional Reformista (MNR). Militaba en el PRT-ERP. Florencio Esteban Díaz: (45) Oriundo de San Nicolás (Bs. As.), se radicó en Córdoba y trabajó en Fiat y en Vialidad Provincial, integrando la Coordinadora de
gremios en lucha y el bloque gremial del Peronismo Auténtico. Militaba en Montoneros. Jorge Oscar “Vinchuca” o “Paco” García: (26) Militaba en Montoneros. Oscar Hugo Hubert: (34) Oriundo de Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba), trabajaba en la municipalidad de la ciudad y estudiaba en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Militaba en Montoneros y luego en la JP. Marta Juana González de Baronetto: (26) Oriunda de Guasapampa (Córdoba). Maestra y catequista, militaba en Montoneros. Integraba el Partido Peronista Auténtico.
CAUSA GONTERO • Fueron detenidos el 12 de noviembre en diferentes circunstancias, salvo Urzagasti Matorras, un día después. Estuvieron secuestrados y torturados en el D2. Luego fueron trasladados al Campo de la Ribera y el 9 de diciembre de 1976 a la UP1. Estuvieron detenidos allí hasta el 8 de agosto de 1978, fecha en que recuperaron su libertad, menos Urquiza que lo hizo el 14 de septiembre. José María Arguello: (24) Agente del Comando Radioeléctrico de la policía de Córdoba. Detenido en la vía pública en el centro de la ciudad. Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga: (23) Agente de la sección canes de la policía Córdoba. Estudiante de psicología. Detenido en su domicilio particular. Horacio Samamé: (21) Ex empleado de la policía. Estudiante de abogacía. Detenido en su trabajo. Oscar Samamé: (23) Empleado de una empresa constructora. Estudiante de abogacía. Detenido en su domicilio particular. Luis Alberto Urquiza: (24) Agente del Departamento de Informaciones Policiales de la policía de Córdoba. Estudiante de psicología. Detenido en su domicilio. Raúl Urzagasti Matorras: (33) Agente de la sección canes de la policía de Córdoba. Estudiante de ingeniería. El día de su detención se había presentado en la Unidad Regional Cba. y de allí fue trasladado al D2 para una supuesta audiencia con el jefe quedando detenido. Falleció en junio de 2009.
Lunes 12 de Julio de 2010 CONTRATAPA
Tiempo de Justicia
Luego de décadas de lucha, arrancó la mega causa por el asesinato de treinta y un militantes políticos que estaban detenidos en la cárcel de San Martín, y por seis policías que fueron torturados por otros policías. Por la dimensión y extensión de estos crímenes cometidos desde los aparatos del Estado, están siendo juzgados militares, policías y civiles que actuaron en toda la cadena de mando que ejecutó el terrorismo de Estado: desde los jerarcas Videla y Menéndez, hasta los encargados cotidianos de realizar las torturas. Seguramente con el desarrollo de la causa, saldrá a la luz cuál fue la responsabilidad de diferentes actores del poder judicial en la comisión de crímenes. Por ello, como todos los juicios por delitos de lesa humanidad, el presente es una nueva oportunidad que tenemos como sociedad para reconstruir vínculos más sólidos y saludables con las instituciones de nuestra república en su funcionamiento institucional democrático, a partir de esclarecer y determinar las responsabilidades que tuvo y cuál fue su rol en la dictadura. En la mitología griega, el titán Cronos se devora a sus hermanos para reinar absolutamente los designios del mundo. Como símbolo, esa leyenda nos recuerda que nada ni nadie escapa al paso del tiempo “que todo lo devora”. Pero la mitología enseña también que el mundo vuelve a su orden sólo después de que un hijo de Cronos, el dios Zeus, hace justicia por los asesinatos cometidos por su padre, al liberar del dolor infinito a quienes cruelmente Cronos había deglutido. Es decir, nos enseña que hay un tiempo de justicia que si bien no puede revertir el devenir de los hechos históricos, puede sí escapar del imperio del tiempo pasado al ordenar los hechos, o mejor, su interpretación para el devenir. ••• Quizás por lo anterior, los seres humanos en todos los tiempos y todos los puntos geográficos, hemos construido normas, valores e instituciones, que nos permitan de alguna manera reparar las acciones crueles que cometemos contra otros seres humanos. Principalmente para una de las acciones más fuertes que podemos cometer: quitarle la vida a otro ser humano. Estos sistemas son
siempre imperfectos ya que oscilan dentro de la paradoja que nos presenta la mitología griega: por un lado es imposible revertir los tiempos ya que los muertos no vuelven y el dolor de de su ausencia es imborrable; pero por otro lado, es necesario que quienes seguimos vivos hagamos justicia para “acomodar” a las víctimas y a sus victimarios en el lugar que les corresponde, con el fin de que el futuro no siga siendo tan doloroso, es decir con el fin de darle lugar a la vida. ••• En la larga historia de la lucha por los derechos humanos, hay principios fundamentales de todo Estado de derecho que se precie de democrático: que todos somos iguales ante la ley; que son los actores que ocupan los lugares de poder del Estado quienes deben velar por el cumplimiento de las normas; y que si esos mismos actores son los que violan las normas, todos los hombres y mujeres tenemos derechos inalienables que nos protegen ante esas violaciones. Por eso es que frente a hechos conocidos como delitos “comunes” (asesinatos, robos, estafas, etc) tenemos los códigos legales para juzgar a quienes los cometen, sean poderosos o no. Por eso también, hablamos de violaciones a los derechos humanos en estos casos que estamos juzgando ahora: los Videla, Menéndez, Yanicelli, como funcionarios públicos, violaron los derechos de miles de seres humanos desde la usurpación de los aparatos de poder. Es esta una de las razones por las que aquellos delitos que atentan contra la dignidad de toda la humanidad no pueden “prescribir”: porque una sociedad que realmente quiera desarrollarse integralmente, con vital honestidad, no puede perdonar ni olvidar esos crímenes. Nunca. Pase el tiempo que pase, los victimarios tienen que llegar a ese sistema imperfecto llamado justicia. Si no es así, la impunidad sólo generará más impunidad: los soldados estaqueados en la guerra de Malvinas; las voladuras de la embajada de Israel y la Amia; las explosiones en la fábrica militar de Río Tercero; los muertos por la caída del avión de Lapa; la desaparición en democracia de Jorge Julio López… Son algunos ejemplos dolorosos de lo que su-
cede si no juzgamos a los mayores criminales que tuvo nuestra Patria en el siglo XX. Y en todos estos hechos dolorosos, siempre aparece la vinculación con algún personaje nefasto de la dictadura que hacía sus negocios sobre los muertos que dejaba la represión. No es casual. ••• Sabemos por experiencia lo duro y difícil que es la lucha para que estos principios sean realidad. Llegar a la situación de juzgar a personajes poderosos, implica siempre enfrentar factores de poder en los que sustentan su accionar. Más aún si esos factores de poder se construyen sobre delitos aberrantes, como crear campos de concentración, ejercer la tortura sistemáticamente, asesinar a opositores políticos, condenar sin juicio previo o robar bebés de las detenidas. Que se haga justicia, y no venganza, es el aprendizaje más fuerte que tuvimos en este largo camino de años. Ha sido muy duro ir viendo cómo se morían madres o padres de desaparecidos pidiendo hasta último momento aunque sea tener los restos de su ser querido. Ha sido muy duro ver a las abuelas aferradas a la foto de sus hijas, pensando día tras día si su nieto o nieta se parecerá en sus gestos a ellas… Pero también es muy duro ver las filas de desocupados pidiendo trabajo digno; o niños desnutridos en las escuelas; o… ••• Por eso, que se haga justicia es muy importante para todos, aun para los descendientes de esos genocidas que siguen escupiendo odio y delegando sus responsabilidades en otras personas. Ellos hablan para reivindicar el genocidio, mientras que nosotros hablamos del fin de la impunidad, no sólo para que las cosas se ordenen, sino fundamentalmente como un canto cargado de futuro. El Juicio y Castigo es una bandera que nos hace mejores a los argentinos, porque las injusticias que nos heredó la dictadura nos afectaron a todos, y porque sin justicia nuestros descendientes no podrán ver renacer todo lo que el horror y la crueldad quiso enterrar para siempre: la convicción de que es posible soñar un país en el que todos, sin distinción, tengamos las mismas posibilidades de ser felices. Es decir, un país verdaderamente democrático.
F a m i l i a r e s d e D e s a p a r e c i d o s y D e t e n i d o s p o r R a z o n e s P o l í t i c a s d e C ó r d o b a •H . I . J . O . S . ( H i j o s e H i j a s p o r l a I d e n t i d a d y l a J u s t i c i a c o n t r a e l O l v i d o y e l S i l e n c i o ) Santa Fe 11, Bº Alberdi | Córdoba, Argentina | Tel: (0351) 425 6502 | famdesapcba@yahoo.com.ar | hijoscba@hijos.org.ar | www.eldiariodeljuicio.com.ar