E L D IARIO DEL J UICIO L A P ERLA · C ÓRDOBA · A RGENTINA P · A V · N$ 32 · E 14 27 2013 · : 1853-8290
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EL TESTIGO BOROBIO DESCRIBIÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISARÍA DE PILAR, UN CCD POCO CONOCIDO
INFORME ESPECIAL
Historias cruzadas de sindicalismo y juventud
Las leyes que nos heredó la dictadura
Páginas y · P C P
L J P
Página
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Justicia y democracia “No hay motivo que obligue a darle fin a estos juicios, salvo un pobre pensamiento sobre la inmediatez política”. P H G · Página
Nicolás Castiglioni
Duras sentencias a tres represores en Catamarca
Sordidez. Carlos José Borobio definió en su testimonio a la comisaría de Pilar: “Un lugar sórdido, donde no veías nunca el sol”.
YA SON 87 LAS AUDIENCIAS. CON LA DECLARACIÓN DE MIGUEL ‘VITÍN’ BARONETTO, QUIEN AÚN NO HA TERMINADO SU TESTIMONIO, LLEGÓ A 159 LA LISTA DE PERSONAS QUE PUDIERON HABLAR ANTE LA JUSTICIA DE
LA DEMOCRACIA. EN ESTAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS, SE UNIERON TESTIMONIOS SOBRE EL ATAQUE Y LA PERSECUCIÓN AL SINDICALISMO Y A LOS JÓVENES MILITANTES, POR PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. EDITORIAL
Votar y/o Botar A pocos días de las elecciones nacionales, demasiadas cosas están en juego como para no señalar la complejidad del momento político por el que estamos atravesando. Vale destacar las marcas que han dejado décadas de impunidad, y poner negro sobre blanco en relación a las conquistas adquiridas y los riesgos a perderlas. En el largo camino que llevamos transitando en busca de justicia, hemos logrado ampliar democracia, libertad y, sobre todo, igualdad. El mayor de los obstáculos, que encontramos tanto ayer como hoy, es y sigue siendo la colonización de las conciencias a través de los medios de comunicación, donde los lenguajes mediáticos se ofrecen como los únicos constructores de la re-
alidad e intentan clausurar esta etapa de reparación histórica del tejido social y político, tan brutalmente dañado desde el golpe militar. Este camino recorrido corre peligro porque está en juego la continuidad de una política de Estado que ha permitido juzgar a los genocidas. Ha podido, con sus dificultades y contradicciones, reinstalar en el centro de la escena la disputa por la distribución de la riqueza material y simbólica; recuperar el valor de las identidades culturales y de género; introducir en el debate político a los jóvenes, a los viejos, a las minorías como sujetos y ya no como objetos de una casta política que se encargó de desprestigiar a la militancia como lo corrupto y sucio.
Hoy la inclusión de los jóvenes nos garantiza una generación de sujetos comprometidos con el hacer y el decidir. Todo joven sabe que lo que resulte de estas elecciones tiene mucho que ver con él, que fue partícipe de este pedazo de historia o no lo fue por decisión propia, porque se le permitió decidir. No obstante los intentos de colonización, hoy denominamos al 11 de octubre como el ‘último día de libertad’. Y el 12 de octubre es ahora el Día de la Diversidad Cultural. Acompañamos a los pueblos originarios en la re-afirmación de su identidad y en el reclamo de derechos que hasta hace una década atrás era imposible siquiera imaginar.
Si hacemos foco en nuestra lastimada provincia, vemos atónitos una fotografía de los peores años, donde la narco-policía reprime salvajemente a quienes se oponen a la instalación de una planta de tratamiento de semillas de la multinacional Monsanto. Esta resistencia organizada es nuestra realidad social, y como tal, sigue siendo un territorio en disputa que no estamos dispuestos a ceder. Seguiremos multiplicando las voces para defender lo conquistado. Por eso, hoy más que nunca, asumimos nuestro compromiso con la democracia militando desde las convicciones, denunciando las injusticias y redoblando la participación para no perder ni una pizca de los logros obtenidos.
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EL JUICIO POR DENTRO
14 al 27 de octubre de 2013 | Será Justicia
SECUESTROS PERSONALES Y PATRIMONIALES • A LOS ANALES DE LA MISERIA HUMANA
Memorias de una extorsión morbosa
Perversamente abarcativo. Así era el proyecto que diagramaron las fuerzas militares junto con distintos sectores de la sociedad civil. Cubría todos los aspectos de la vida cotidiana de miles y miles de personas en la Argentina; el social, político, cultural, y por supuesto, el económico. Pero no sólo en relación a medidas públicas diseñadas para favorecer a los grandes grupos concentrados de la economía –que las hubo y en obscena cantidad–, sino en el saqueo de los bienes patrimoniales de quienes habían decidido comprometerse en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. El accionar criminal del aparato estatal de facto, no tenía ningún tipo de límite. Fueron por todo. En ese marco, también se inscribe la historia de la familia Suárez. Marta, hermana de Silvia y Osvaldo, secuestrados a principios de 1976, relató en Tribuna-
Manuel Bomheker
E . L M S .
Expectación. La sala de audiencias momentos antes de ingresar uno de los testigos.
que la obligó a exiliarse, primero en Brasil y luego en Suiza. Al llegar al país europeo (1979), recién pudo tener noticias de su madre y de su hermano menor, que permanecían en Córdoba. “Cuando llegué, tomé conocimiento de hechos muy extraños que habían comenzado a ocurrir”, aseguró Suárez. Es que por aquellas horas habían comenzado a recibir constantes llamadas telefónicas y casetes que llegaban al negocio donde trabajaba su hermano. Las voces que se escuchaban al otro lado del parlante provenían de la cinta de
les Federales la extorsión permanente que sufrió su madre para entregar el patrimonio familiar. Marta Suárez contó que luego de la desaparición de sus hermanos, ella se fue a vivir a Buenos Aires, y que allí –en el año 78– fue secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Durante su detención en ese centro clandestino, uno de sus torturadores le dijo que sus hermanos habían muerto. Si bien a los pocos días las Fuerzas Armadas la dejaron ir, la testigo recibió permanentes amenazas de muerte, tanto ella como su familia, hecho
una ‘banda registrada’, en la cual se les solicitaba, en principio, material médico muy sofisticado. Ambos familiares estaban desconcertados porque no entendían la razón de esa solicitud. Sin embargo, con el correr de los días, y las cada vez más recurrentes llamadas, comenzaron a comprender qué estaba sucediendo. S … El padre de la testigo, que había fallecido años antes, era un prestigioso profesional de la odontología. Durante su carrera, había logrado construir un importante patrimonio con propiedades urbanas y rurales, que fue heredada a sus seres queridos. Las preguntas de las mafias cívico-militares comenzaron a dirigirse en sentido de esa información: querían saber qué parte correspondía a los hermanos desaparecidos de Marta. Así fue que comenzaron pidiéndole 3 millones de dólares, para luego bajarse a un millón. La familia Suárez, presionada y presa de negociaciones extorsivas en medio de tanto horror, construía una certeza dolorosa: si venían por la herencia, era porque habían matado a Silvia y a Osvaldo. E ‘P’ S. Un personaje ambiguo irrumpe en la escena dramática que sufrían los Suárez. Héctor Martín Sueldo, alias ‘Pato’, se acerca a ofrecer ayuda en la búsqueda de Osvaldo y Silvia. El Pato, era el vecino de la casa de al lado. La testigo reconoció, inclusive, que merced de las ges-
CIRCUITO REPRESIVO • UN TESTIGO DESCRIBIÓ EN DETALLE AL CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN A LA VERA DE LA RUTA 9
Pilar: un lugar donde no veías el sol “Un lugar sórdido, donde no veías nunca el sol. Te daban de comer un líquido con grasa, y cada vez que pedías ir al baño, te molían a golpes”. Así describió Carlos José Borobio al centro clandestino de detención que funcionó en el puesto caminero de Pilar, donde pasó varios días luego de ser secuestrado el 4 de junio del 76, cuando militaba en la Juventud Guevarista (JG) del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), a sus 16 años. En Pilar, sus captores lo interrogaron sobre “qué hacía en la organización, qué cargos ocupaba, qué nombres sabía y descripción de compañeros”. “Ese día me molieron a golpes, hasta desmayarme. Al despertarme por unos gritos, escuché también un zumbido. Era la picana. Lo estaban quemando a un compañero del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), que luego perdió el
conocimiento”, relató el testigo. Allí vio también a Adriana Gelbspan, su compañera de militancia, cuyo cuerpo aparecería el 1º de julio junto a otros siete prisioneros asesinados en un enfrentamiento fraguado, al que Borobio definió irónicamente como la “heroica batalla de Ascochinga”. Entonces, comenzó a elaborar un “relato”, procurando que “la cadena de caídas de compañeros se cortara” con su detención. Sus captores lo creyeron “desvinculado de la organización” y lo trasladaron a La Ribera. P T... M. Fue llevado luego a la 4ª Brigada de Infantería Aerotransportada, donde lo obligaron a pasar por escrito su declaración, publicada posteriormente en la revista de distribución nacional Para Ti, bajo el título: “Habla un joven delincuente subversivo arrepentido”.
Nicolás Castiglioni
“C P, L R S”, C B, JG.
Irónico. En pasajes de su relato, Borobio se refirió a los represores como ‘los valientes’.
Según Borobio, a la publicación la gestionó el ex teniente coronel y hoy imputado, Raúl Eduardo Fierro, quien al escuchar su nombre hizo un gesto de desconcierto, como si no supiera de lo que hablaba el testigo. “Le agradezco al ex coronel Fierro la cortesía de haberse quedado a escucharme. Y le pido disculpas, pero debo decirle que lo engañé,
que inventé ese relato del subversivo arrepentido. Se trataba de sobrevivir”, expresó. Finalmente, reivindicó a “los compañeros que dignamente dieron sus vidas y no ahorraron ningún esfuerzo para fortalecerme en medio de la destrucción. Ellos merecen esto que está pasando acá y cada pibe que se levanta a militar les rinde un homenaje”.
tiones de Sueldo, ella fue liberada en Buenos Aires. Sin embargo, en el momento de las presiones por el patrimonio, descubrieron la verdadera misión del vecino. Sueldo actuó “muy activamente”. Cuando la madre de Marta cede frente a los aprietes y decide vender sus campos, el ‘Pato’ consigue un comprador “de un día para el otro”: era el abogado Félix Gigena. Lo que se vende es toda la parte de la fortuna correspondiente a la madre. No conformes con eso, vuelven las llamadas y los casetes reclamando la parte de los jóvenes desaparecidos. I . “Esta es gente muy peligrosa, son el Comando Libertadores de América”, le confió el ‘bueno’ de Sueldo a la madre de la testigo, previo a proponerle una “solución” a las presiones morbosas de las patotas militares. Tenía que firmar un poder a nombre de Silvia Suárez, como si ella se presentara frente a un escribano para habilitar la venta de sus propiedades. Así fue. Silvia Suárez, secuestrada en 1976, y desaparecida aún hoy, autorizó la operación. Lo notable es que aquella Silvia Suárez estaba soltera, y la que se habían llevado, era casada y tenía dos hijos. Las propiedades, actualmente, siguen en manos de gente vinculada a Sueldo y a un cómplice suyo, Fernando Perdomo.
INSTIGACIÓN MEDIÁTICA
L T El testigo Víctor Hugo Saiz aportó información sobre el secuestro de Nora Peretti, Gustavo Gallardo, Oscar Liwaki y Néstor Carmides Pérez, perpetrado en la madrugada del de mayo de , en la ciudad de San Francisco. Saiz y Gallardo eran egresados de la Facultad de Derecho, donde fundaron la Unión Reformista Universitaria Principista. Luego, Gallardo fue abogado de los protagonistas del Tampierazo, el paro de los trabajadores de la fábrica de fideos y galletas Tampieri, que derivó en la protesta social del de julio de . Según señaló el testigo, en los días previos a los secuestros, el diario local La Voz de San Justo publicó un editorial que planteaba la “necesidad de reprimir a los subversivos”, que habían generado “hechos de violencia” y “estaban individualizados”. “En realidad, (el Tampierazo) fue un conflicto gremial. Yo entiendo que el artículo fue una clara apología e instigación pública a la comisión de delitos”, consideró Saiz. Ante lo manifestado por el testigo, el abogado querellante Claudio Orosz y el fiscal Facundo Trotta plantearon al TOF Nº que solicite al diario sanfrancisqueño una copia del artículo citado. Luego de consultar a sus pares, el juez Julián Falcucci confirmó: “Vamos a pedir a La Voz de San Justo que nos envíe una copia”.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario del Juicio La Perla| Año V · Nº 32
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REPRESIÓN A LOS SINDICATOS • NUEVA EVIDENCIA SOBRE EL SECUESTRO DE ROBERTO YORNET Y EDUARDO REQUENA, DE LA MESA DE GREMIOS EN LUCHA
El sindicalismo combativo, uno de los blancos del plan de exterminio L O F, S G, J L R D S E . El 23 de julio de 1976, Roberto Julio Yornet y Eduardo Requena fueron secuestrados por una patota del Ejército en el bar Miracles, de avenida Colón 1.112. Como dirigentes del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) y de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), respectivamente, iban a participar en una reunión de la Mesa de Gremios en Lucha para discutir las estrategias de resistencia del sindicalismo combativo cordobés frente a la dictadura. Ambos serían vistos, con señales de haber sido torturados, en el campo de La Perla, de donde fueron trasladados en un lapso no mayor a “sus treinta días de cautiverio” a “las inmediaciones, dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlos, ocultando sus restos”, según establece el auto de procesamiento de la causa “Romero”. Con un hijo de dos años y a punto de dar a luz, Olga Foncea de Yornet debió afrontar la infructuosa búsqueda de su esposo. “Yo sabía que si pasaban quince días desde que se lo llevaban era muy difícil que lo volviéramos a ver. Me costaba imaginarlo en las torturas. Me lo imaginaba mirando las ventanas, pensando en cómo escapar”, recordó al declarar en la audiencia 83 del juicio La Perla - La Ribera. La testigo relató que Yornet era perseguido por su militancia gremial desde antes del golpe militar del 24 de marzo del 76, cuando era empleado de la Secretaría de Comercio y Turismo de la Pro-
P Tres meses antes de su desaparición, Roberto Yornet había sido cesanteado. “Por estar vinculado a actividades de carácter subversivo, disociador o que en forma abierta o solapada preconiza dichas actividades”, justificaba el decreto.
Combativos. Dos figuras del sindicalismo cordobés que fue diezmado por el terrosismo de Estado, Atilio López y Agustín Tosco.
vincia. Incluso, presentó al Tribunal la copia de un decreto donde consta que en abril del 76 su esposo fue cesanteado “por razones de seguridad, por estar vinculado a actividades de carácter subversivo, disociador o que en forma abierta o solapada preconiza dichas actividades”. N . Compañera de militancia y pareja de Requena, Soledad Edelweis García, dirigente sindical y ex presa política, señaló ante el Tribunal que la Mesa de Gremios en Lucha, formada luego del golpe de Estado policial de febrero de 1974, tuvo “un montón de compañeros y compañeras desaparecidas”. La propia testigo había sido secuestrada el 9 de marzo de 1976, cuando con otros integrantes de
la Mesa preparaba una movilización en la zona fabril de Ferreyra. Junto con Rafael Antonio Flores, secretario general del Sindicato del Caucho, fue llevada al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2). En tanto, un obrero que pasaba en colectivo reconoció el “inconfundible Citroën amarillo de la Sole García con una persona rara”, y dio alerta a sus compañeros de trabajo y militancia, que junto a su familia, acudieron al D2 para reclamar su legalización. “Los primeros días fueron de terror, porque sabíamos que había compañeros secuestrados que no habían vuelto. Yo hubiera querido que me interrogaran, porque nuestra movilización era completamente legal; pero no hicieron demasiadas preguntas, si-
TESTIMONIOS I · PATRICIA PROTTI DECLARÓ POR EL SECUESTRO DE MÓNICA
Fueron sorprendidos en su casa Patricia Protti declaró cómo los militares irrumpieron en su casa de manera violenta y se llevaron a su hermana, Mónica, y su cuñado, Enrique Guillén. “Mis padres fueron a hacer la denuncia en la Comisaría , donde les dijeron que se queden tranquilos y que ya los iban a soltar”. Protti relató que ese mismo día habían sido secuestrados otros miembros del Partido Comunista (PC), y que la única sobreviviente –quien fuera liberada al poco tiempo–, pudo reunirse con las distintas familias para contarles lo
que había pasado. Así, los Protti supieron el destino de Mónica. Además, Piero Di Monti, que pasó por el centro de detención La Perla y declaró semanas atrás en este juicio, le envió una carta a la familia diciéndole que recordaba haber visto a Enrique Guillén, en muy malas condiciones de salud. Enrique era dirigente estudiantil en la universidad: “Mi hermana estaba afiliada pero tenía menos visibilidad. El día anterior, alguien fue a casa a decirle que estaban pasando cosas y que se fueran”, declaró Patricia.
no gritos, patadas, golpes”, recordó la testigo, quien también fue sometida a las torturas por asfixia conocidas como ‘mojarrita’ y ‘submarino’, además de simulacros de fusilamiento. L . El ex delegado del Banco Nación y actual congresal nacional de la Asociación Bancaria de Córdoba, Dardo Sillem, recordó su despido en abril del 76 por la Ley 21.260 de Seguridad Nacional de la dictadura. “Fue el mismo día que nació mi hijo –narró el gremialista–. Era un calvario. No sólo no me pagaron el sueldo, sino que me avisaron que no me correspondía indemnización. También me echaron de la facultad”. Con su familia “totalmente cercada”, en 1977 Sillem se entregó al Tercer
Cuerpo de Ejército y fue confinado en el campo de La Ribera. Entre otros cargos, se lo acusaba de haber participado en los incidentes del entierro de Agustín Tosco, el 5 de noviembre de 1975, cuando la policía de la Intervención provincial y la Triple A atacaron a quienes asistieron al Cementerio San Jerónimo. Esa noche, Sillem y otros militantes habían escondido el féretro en uno de los panteones. “Esa era para ellos mi peor actividad subversiva, además del banco, donde luchaba por las condiciones de trabajo. Ahora sigo haciendo lo mismo”, manifestó el testigo. Por su parte, Jorge Luis Ríos, ex delegado de fábrica y testigo del secuestro de Requena y Yornet, narró su propio cautiverio, que increíblemente no figuraba en la instrucción de la causa. En octubre del 76 fue llevado al D2, donde luego de interrogatorios y golpizas, fue ‘blanqueado’. “Me tuvieron casi ocho años. Me hicieron un consejo de guerra y me sobreseyeron, pero quedé a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) y (el juez) Miguel Ángel Puga me condenó por asociación ilícita a seis años más”.
TESTIMONIOS II · DORA EINIS DE GELBSPAN, MADRE DE ADRIANA
“Me gustaría verles los ojos” Con años y el dolor más grande que puede sufrir una madre sobre sus espaldas, Dora Einis de Gelbspan se paró frente a los acusados y dijo: “Me gustaría verles los ojos a los que mataron a mi hija”. Adriana Ruth Gelbspan, militante de Vanguardia Comunista, fue secuestrada a sus años, el de mayo de . Fue conducida a La Perla y luego fusilada con otros siete prisioneros en un enfrentamiento fraguado en Ascochinga, el º de junio. Al buscarla en el Departamento de Informaciones de la
Policía (D), su madre reconoció a Alejandra Jaimovich “con los anteojitos puestos, un guardapolvo y unos libros en la mano”. “Yo pensé que Alejandra estaba ahí para preguntar por Adriana. No sabía lo que pasaba en el D, pero seguramente estaba secuestrada”, afirmó la testigo. Finalmente, en la morgue le entregaron el cuerpo de su hija, con huellas de haber sido torturado y acribillado. “En el velatorio hubo muy poca gente, y había una persona que yo no conocía, de traje y anteojos”, recordó Dora.
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INFORME ESPECIAL: EL APARATO LEGISLATIVO QUE REGUL
14 al 27 octubre de 2013 | Será Justicia
REPORTAJE • CUANDO LA CONSTITUCIÓN PERDIÓ SU SENTIDO, LA MIRADA DEL JURISTA ROBERTO BOICO | Por César Pucheta
El marco normativo que instauró el Gobierno Militar
Ilustración: Luis Paredes
T ‘ N’, - , , .
do Argentino había decidido adoptar desde mediados del siglo XIX”. Los principios básicos de funcionamiento institucional del país quedaron plasmados en diversas normas: el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo; el Acta para la Reorganización Nacional, del 24 de marzo de 1976; el Estatuto para la Reorganización Nacional, del 29 del mismo mes; y el Acta
22 DE AGOSTO DE 1984
Anulación de la Autoamnistía
Ley de Defensa de la Democracia
Una semana después de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Pacificación Nacional promulgada por los militares el de septiembre de (conocida como Ley de Autoamnistía). Por medio de esta ley, los militares en retirada auguraban resguardarse de las consecuencias legales de su accionar durante el Proceso de Reorganización Nacional. La Ley . se promulgó el de diciembre, constituyéndose en la primera ley aprobada por el Congreso argentino tras la restitución de la democracia en .
La Ley . introdujo modificaciones sustanciales a las leyes heredadas del gobierno de facto: derogó artículos de la Ley de Seguridad Nacional de , eliminó leyes militares y modificó otras . La intención de Alfonsín con esta ley (enviada al Congreso apenas asumido su mandato y aprobada casi un año después) fue encarar centralmente la modificación de la Ley . y sus derivaciones posteriores. Esta última, había sido dictaminada en . La dictadura se fortalecía con decretos que dotaban de mayor poder de acción a las fuerzas de seguridad y a los Consejos de Guerra Especiales. Para ello, sancionó las leyes ., . y .. La primera modificación había sido sancionada el mismo de marzo y se dictó para señalar lo que los militares entendían como “actos de incitación a la violencia colectiva y de sabotaje terrorista”. La Ley . dispuso la creación de Consejos de Guerra Especiales Estables en todo el territorio del país. Finalmente, la Ley . deroga la ., prosiguiendo las causas en trámite de esta última ley.
2002 - 2003
Ley de subversión económica (derogación) La Ley . (Defensa de la Democracia) había modificado, en , cuatro artículos de los relacionados con la subversión económica, dejando en vigencia los demás. La ley de Seguridad Nacional data de octubre de . En , los militares la agravaron por medio de la Ley . que aumentaba las penas y ampliaba el número de personas a criminalizar. Ese instrumento, utilizado para tipificar delitos económicos en el anacrónico marco de la “subversión”, siguió vigente hasta el año , cuando a pedido del FMI, el gobierno duhaldista impulsó su derogación. Esta se hizo efectiva luego de un intenso debate que terminó con un empate en el Senado Nacional. El gobierno logró imponerse con el voto del presidente de la Cámara, el cordobés Juan Carlos Maqueda (hoy, Ministro de la Corte Suprema de Justicia).
28 DE NOVIEMBRE DE 2006
Anulación del registro de los presos po del Registro de Reincidencia
2003 - 2007
30 DE MAYO DE 2002
GOBIERNO DE NÉSTOR KIRCHNER
Durante su período presidencial, no se llevaron a cabo modificaciones del marco jurídico tendientes a cambiar y/o modificar la legislación heredada del terrorismo de Estado.
que deberían someterse todas las demás leyes estatales. Será Justicia entrevistó al abogado constitucionalista Roberto Boico, quien comenta al respecto: “En realidad, la Constitución no se suspende, sino que queda subordinada al Estatuto de la Reorganización Nacional, norma por la cual, por ejemplo, han sido nombrados los jueces en la dictadura. A partir del bando usurpante, se produce una subversión de la jerarquía normativa que el Esta-
27 DE DICIEMBRE DE 1983
GOBIERNO DE EDUARDO DUHALDE
Un corto período sin avances
1999 - 2001
GOBIERNO DE FERNANDO DE LA RÚA
A partir de la reapertura democrática, los distintos gobiernos presidenciales llevaron adelante reformas jurídicas que tuvieron que ver con la modificación de leyes sancionadas durante la dictadura. Las siguientes son algunas de las más sustanciales.
1983 - 1989
Las leyes de la dictadura que cambió la democracia
na. La Primera Junta Militar estuvo a cargo de Jorge Rafael Videla (del Ejército, que luego fue nombrado para ejercer las funciones de presidente de facto), Emilio Eduardo Massera (de la Marina) y Orlando Ramón Agosti (de la Fuerza Aérea). Para el funcionamiento normativo, la Junta puso en práctica un conjunto de “principios liminares y objetivos básicos” expresados en las actas y los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, al
GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN
Apenas ejecutado el golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, las Fuerzas Armadas comenzaron a plantear los lineamientos necesarios para implementar un sistema de gobierno, que en principio no tenía plazos ni tiempos estipulados. Aquel día, los golpistas pusieron en marcha un plan rector que establecía como “órgano supremo del Estado” una Junta de Comandantes que adoptaba un reparto del poder entre las tres fuerzas: Ejército, Aviación y Mari-
Este proyecto es otra modi sobre lo actuado por los Co Guerra Especiales Estables territorio del país, ampara Ley . de . El proy propuesto por el oficialism establece la obligación de del registro “los anteceden relativos a sentencias y res dictadas por los Consejos d Especiales Estables del último gobierno de facto”. La iniciativa incluye, a que esos datos se incorporen al Archivo Nacional de la Memoria y al Arc General de la Nación para que se conserven como registros históricos.
fijando el Propósito y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, publicada oficialmente el 31 de marzo de 1976. “Por acto de la fuerza y la subordinación de las normas a estos estatutos –continua Boico–, se produce un intento por ejercer la hegemonía desde el terror; y para eso era necesario limitar la Constitución, que las garantías constitucionales más importantes estuviesen restringidas. ¿Cómo puede subsistir esto? Primero, por la fuerza, y luego por una situación de connivencia de las fuerzas usurpantes que conocemos, y personas y actores concretos de la sociedad civil. No es posible el mantenimiento de un plan semejante si no hay una complicidad cívica que lo respalde. En esto radica uno de los sustentos más importantes de lo que se dice cuando se habla de dictadura cívico-corporativo-militar”. Bajo la órbita de sucesivos gobiernos militares, en aquella época de la historia argentina estos principios fueron los que marcaron la vida en el seno de la sociedad civil. El terrorismo de Estado estaba presente ‘espiritualmente’ en las leyes que él mismo llegó a desconocer de la manera más violenta. Los códigos militares, los consejos de guerra, las funciones de la Justicia, fueron pasados por alto por la dictadura que implementó, entre otras cosas, la práctica de la desaparición, el secuestro y la puesta en marcha de gran cantidad de centros de exterminio, cosa que no se plasmaba explícitamente en aquellos marcos ‘legales’. Roberto Boico señala que el fin de la dictadura no marcó, precisamente, un abandono de esas normas que los militares habían ideado; al menos en lo que respecta a la concepción política de aquellas normas. El reconocido constitucionalista afirma: “Una vez asumidas las autoridades democráticas, en las primeras sesiones de tablas del Congreso, la discusión giró en torno al mantenimiento o la supresión de la normativa dictaminada durante la dictadura militar. En ese momento, la gran
ficación onsejos de en todo el dos en la ecto mo suprimir ntes soluciones de Guerra además, chivo
Roberto Boico. Abogado constitucionalista.
“Hoy tenemos importantes leyes que diagraman nuestro sistema institucional y que provienen no sólo de la última dictadura, sino también de las anteriores”. polémica se centró en la derogación total de todas las normas que podían generar algún tipo de inseguridad jurídica a partir de 1983. Entonces, la posición que tomó el oficialismo fue plasmada en una doctrina de la cual se encargó un autor del derecho, que fue acompañando al alfonsinismo en aquellos años (Carlos Lino). Dicha doctrina, establecía que las normas sancionadas en la dictadura tenían, en principio, una ilegitimidad de origen. Si no eran aberrantemente contrarias a la Constitución y a la Democracia, debían existir en pos del mantenimiento de la seguridad jurídica. De modo tal que la gran mayoría de las normas que no tenían relación directa con la represión hacia las personas, siguieron existiendo”. Consultado acerca del tiempo que estas normas permanecieron en vigor en nuestro país, Boico comenta: “Todavía están. Al día de hoy, tenemos importantes leyes que diagraman nuestro sistema institucional y que provienen no sólo de la última dictadura militar, sino también de las anteriores. Tal es el caso de la que encabezaron, en su momento, Onganía, Levingston y Lanusse; en relación a la cual hoy siguen vigentes leyes como la de socieda-
des comerciales o la ley de procedimientos administrativos, que son muy importantes y hacen al funcionamiento institucional actual de la vida civil. Por lo tanto, no ha habido una ruptura de la vida institucional en relación a cómo fue pensada esta durante las dictaduras; precisamente, por esta posición que mencionábamos y que yo impugnaría, pero es lo que ha primado en nuestra historia. Salvo algunas leyes muy puntuales, como la ley de autoadmistía, aquello se ha mantenido vigente. Otro claro ejemplo, es la asunción de los jueces que en aquellos años han tenido funciones como magistrados y registrados, y aún hoy mantienen su cargo”. El paso de los años y el afianzamiento de la vida democrática han logrado en nuestro país que muchas de las normas de la dictadura comenzasen a ser modificadas. Y no sólo aquellas leyes que habilitaban el marco del terrorismo de Estado, sino también aquellas que establecían proyectos a largo plazo, por parte de los sectores que convivían en el poder dictatorial. Boico comenta a Será Justicia que no debemos olvidar que la antigua ley de radiodifusión estuvo vigente hasta poco tiempo atrás, y opina: “Creo que estamos tratando de modificar esas normas, de a poco. Puntualmente, la ley de radiodifusión era, incluso, una ley mala. Ahora tenemos una mejor, que es ejemplo en el mundo. De todas maneras, también hay otras que podrían modificarse, como por ejemplo el régimen penal juvenil a nivel federal que aún se mantiene y es algo que vuelve a ponerse en el tapete cuando surgen discusiones en torno a si bajamos la imputabilidad o no, que es algo que se replantea a menudo. Hay varias cuestiones que la Argentina no ha podido soslayar a partir del debate parlamentario. Creo que son muchas las normas que tendríamos que discutir, más allá de que en sus artículos no se aprecien vestigios de la época de la dictadura; pero sí se aprecia en ellas, intenciones y conceptos de un modelo de país que estamos intentando dejar atrás”.
28 DE JULIO DE 1993
Ley Federal de Educación
Ley de Radiodifusión, Mod. Art.
La Ley ., dictada en , vuelve a poner a las dependencias del Estado nacional al frente de las políticas educativas del país, derogando los decretos que en épocas dictatoriales habían apostado a un fuerte proceso desintegrador del sistema educativo. En , un decreto transfirió la totalidad de las escuelas primarias nacionales a la dependencia de las provincias. Ya desde , una resolución ministerial anticipaba la necesidad de acelerar un proceso de descentralización, apostando a la autonomía de las autoridades provinciales y a las capacidades de coordinación que esas autoridades podrían proyectar a partir de la creación del cargo de “inspector”. La ley menemista volvió a poner al Ministerio de Cultura y Educación como garante del cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del Sistema Nacional de Educación, debiendo este establecer “los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza”. Esta ley significó la mercantilización de la educación, considerada como un servicio y no como un derecho. Fue una medida con raíz fuertemente neoliberal.
La llegada a la presidencia de Carlos Menem estuvo apoyada por varios acuerdos previos, que si bien eran desconocidos, se hicieron carne ni bien el riojano se calzó la banda presidencial. Muchos de esos acuerdos tuvieron que ver con los grandes grupos empresarios. Poco después de asumir, Carlos Menem derogó el artículo de la Ley ., que imposibilitaba que las empresas periodísticas (diarios, revistas) pudieran incursionar en el campo de la radiodifusión. Así, quedaba abierto el camino para la privatización de los canales y , una de las primeras medidas de la era neoliberal.
2002 - 2003
líticos
El diario del Juicio La Perla | Año V · Nº 32
29 DE ABRIL DE 1993
GOBIERNO DE CRISTINA FERNÁNDEZ
1983 - 1989
GOBIERNO DE CARLOS SAÚL MENEM
LO LA VIDA DE LOS ARGENTINOS DURANTE LA DICTADURA
10 DE OCTUBRE DE 2009
21 DE DICIEMBRE DE 2011
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Ley de Estatuto del Peón Rural
La Ley de Radiodifusión (.) fue promulgada por la dictadura y está destinada a regular los servicios de comunicación audiovisual. Desde la recuperación de la democracia, todos los presidentes –excepto Duhalde– habían tenido la intención de modificar la norma, o bien de impulsar grupos de trabajo para ello, pero se habían visto imposibilitados por las presiones de los grupos mediáticos. La ley, que fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras luego de un proceso de participación que incluyó foros en las principales ciudades del país, establece mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La ley original data del año , pero había sido modificada por la dictadura en , mediante la Ley .. La nueva norma incorpora a este sector dentro de la Ley general del Contrato de Trabajo, y fija que las remuneraciones no podrán ser menores al salario mínimo, a la vez que contempla el pago de horas extras, obliga al descanso semanal y exige condiciones adecuadas de higiene, seguridad y vivienda para los peones rurales.
EL JUICIO, DÍA X DÍA DÍA 83 - MARTES 01/10
Otra del ‘Chiche’ y van... Según la testigo Olga Foncea, viuda del gremialista desaparecido Roberto Yornet, en la Secretaría de Comercio y Turismo de la Provincia era funcionario Julio César ‘Chiche’ Aráoz, quien “había anticipado a algunos de los empleados que no durmieran esa noche en sus casas”, luego allanadas, demostrando que Chiche sabía lo que sucedía. El ex ministro menemista fue denunciado por la agrupación H.I.J.O.S como “partícipe” de la desaparición de un estudiante en junio de 1976.
DÍA 84 - MIÉRCOLES 02/10
Gracias, desde Berna Al iniciar su declaración por teleconferencia desde Berna, Suiza, Marta Herminia Suárez, hermana de Silvia y Osvaldo Suárez, víctimas de la dictadura, expresa: “La desaparición de tantas personas obligó a sus familias a transitar caminos sin respuestas. Nos han impuesto lo inaceptable: un duelo postergado. Agradezco a quienes con coraje, tenacidad y convicción escucharon nuestro reclamo. Mi agradecimiento a mi madre y a todas las madres”.
DÍA 85 - JUEVES 03/10
La memoria del hermano Angel ‘Tito’ Villanueva consagró gran parte de su asombrosa memoria a preservar los tesoros de su hermana Ana, asesinada por el Comando Radioeléctrico junto a su novio Jorge Diez y Carlos Delfín Oliva, el 2 de junio del 76: “Ana tenía una agenda de tapa azul. Rescatamos más de cien escritos de ella, 18 poemas manuscritos y 37 pasados a máquina por nosotros. Entre el 74 y el 76, escribía poemas y frases de Bob Dylan y Martin Luther King”.
El exilio no es la libertad “A mí me obligaron a la opción por salir del país. ¡Qué paradoja! Yo no quería irme, porque en la cárcel me enteré de que mi compañero (Eduardo Requena) estaba desaparecido. Pero mi familia y mis compañeros insistían en que me fuera, hasta que un día, con mucha rabia, le dije a mi hermana en el locutorio: «Me voy a tener que ir». Yo no era nacionalistoide, pero no me quería ir, porque el exilio no es la libertad”. Soledad García, ex presa política y dirigente sindical docente.
DÍA 86 - MIÉRCOLES 09/10
“Nunca imaginamos...” “Soy de una familia con ideología política. Sabíamos que en cualquier momento podían allanar y había libros que debíamos esconder. De chica aprendí que había cosas que no podía decir, por el peligro. Pero nunca imaginamos que lo que se venía era tan perverso", dice Patricia Protti, hermana de Mónica, desaparecida con su esposo Enrique Guillén .
DÍA 87 - JUEVES 10/10
“Ustedes la mataron” El ex policía del D2 Juan Carlos Cerutti fue uno de los secuestradores y torturadores de Luis Miguel Baronetto y su esposa Marta Juana González, asesinada en octubre de 1976 en la cárcel de barrio San Martín. Tras varios años de cárcel, Baronetto salió en libertad. Un día, al entrar al cementerio se topó con Cerutti y le mostró una invitación a un homenaje a Marta: “¿Se acuerda? Ustedes la mataron”.
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MEMORIAS EN PRESENTE
14 al 27 octubre de 2013 | Será Justicia
LA INTERVENCIÓN MILITAR EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA· FILOSOFÍA Y HUMANIDADES FUE UNA INSTITUCIÓN GOLPEADA DURANTE LA DICTADURA
Los estudiantes de Filosofía L F F H U N C (UNC) G . El gobierno militar azotó a casi todas las facultades y escuelas de la universidad pública. Cinco días después de aquel aciago 24 de marzo de 1976 se reglamentó la Ley 21.276, que en su artículo Nº 7 prohibía una vez más en las universidades “toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil o no docente”. La Facultad de Filosofía y Humanidades, que actualmente tiene más de sesenta años de antigüedad, fue una de las tantas unidades en las que el terrorismo de Estado dejó su impronta. A través de la Ley ‘Universidades Nacionales’, el gobierno militar logró disolver todos los órganos de decisión colectiva, asignando en cada espacio a distintos interventores militares. Una investigación exhaustiva que llevaron a cabo estudiantes y docentes de la Facultad dio con el hallazgo de documentos institucionales que habían sido emitidos durante el período de los 70. Entre los archivos, una resolución con fecha del año 1976 anunciaba que más de treinta alumnos de las escuelas de Historia, Ciencias de la Educación, Archivología y Filosofía fueron expulsados por tener “una conducta reñida con lo dispuesto por el artículo Nº 7 (de la Ley 21.276)”. Aquel marco de normas y reglamentaciones impuesto por la dictadura, también recayó sobre los docentes universitarios. Tiempo antes del Golpe, algunos ya habían sido expulsados de la Facultad.
EL JUICIO POR DENTRO
Otro documento con el que dieron en aquella investigación los miembros de Filosofía fue un informe de la Comisión de Autoevaluación de la Escuela de Artes, con fecha de emisión en 1999: “A finales de 1975 los planteles docentes de las dependencias que más incomodaban a la intervención fueron desmantelados (…) En el año 1976 los departamentos de Cine y
Teatro desaparecieron en la práctica sin que exista medida alguna que lo disponga oficialmente”. Toda esta documentación hallada permitió unir y reconstruir partes de la historia, no sólo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, sino también de muchas otras instituciones de la UNC. La Resolución Nº 667 de la Delegación Militar en la UNC, decretada el 1º de junio
del 76, ordenaba que toda designación, ascenso y nuevas incorporaciones debían tener la correspondiente aprobación e información pertinente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La intervención militar se desplegó en todas sus facetas. En total, son más de cuarenta los estudiantes de Filosofía desaparecidos durante la dictadura.
HISTORIAS DE VIDA MILITANTE POLÍTICO Y ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA EN LA UNC•
Ángel Santiago Baudracco Nació el 13 de agosto de 1946 en Sacanta, Córdoba. Ángel tuvo dos hermanas, Ana y Rita. Cursó sus estudios secundarios en el Seminario Claretiano, y luego continuó el sacerdocio hasta 1969, año en el que comenzó sus estudios en Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. “Cuando nací, Ángel tenía ocho años, por eso mi relación con él fue muy linda. Me hacía jugar, era una de esas personas que andan Retrato. Ángel junto a sus hijos, Javier y Verónica (circa ). por el mundo sin hacer daño. Pasaron unos años y se fue al seminario, ¡cómo lo extrañé! Pero empezó a ingreso en el año 1969. Él era un poco mavenir de visitas y me daba orgullo verlo yor que el resto de los compañeros. Fue de monaguillo, ayudando en la misa”, re- la voz de la política y la militancia que escuchamos apenas entramos a la Faculcuerda Ana María, su hermana. Ángel se desempeñó como empleado tad”, rememora María del Carmen Torres, de la Municipalidad de Córdoba. En 1972 quien compartió con Ángel algunos años se casó con María Inés Oberlín. Juntos estudiando Piscología. “Tenía un modo decidieron irse a vivir a barrio Comercial, claro y convincente para explicar de qué donde trabajaron en compañía del cura se trataba eso que él proponía. Te convencía de que el camino de la revolución Justo ‘Vasco’ Irazábal. “Rescato el entusiasmo y la fuerza de era el único posible en la vida”, dice Masus convicciones. Fuimos compañeros de ría. “Para mí y para varios compañeros,
aquellas charlas fueron la puerta de entrada a la militancia. El Cordobazo se nos venía encima, casi después de haber empezado a cursar. Aquello nos mantuvo juntos y sirvió como lección práctica acelerada de qué significaba transformar la sociedad y cuál era el mejor camino para hacerlo. En ese camino nos hicimos entrañables amigos”, recuerda. “Cuando nos dimos cuenta que compartíamos todo, decidimos unirnos para siempre. «Uno para el otro y los dos para todos», decía Ángel. Y quién si no (Justo) el ‘Vasco’ Irazábal iba a celebrar nuestro compromiso. Él nos enseñó a vivir entre los pobres y a sufrir con y por ellos. Por eso decidimos vivir en barrio Comercial, junto a tantos otros compañeros”, rememora María Inés, quien fue su esposa. Ángel fue secuestrado el 8 de enero de 1976 en la casa de su cuñado en barrio Comercial. Permaneció cautivo en el centro clandestino Campo La Ribera. Tenía 28 años. Aún continúa desaparecido.
LOS JUICIOS EN EL PAÍS · TRES NUEVAS CONDENAS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN CATAMARCA
El martes 9 de octubre fueron juzgados tres represores por el fusilamiento de 14 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Los condenados fueron Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital catamarqueña, integrado por los jueces Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla, dictaminó prisión perpetua para los imputados por considerarlos coautores penalmente responsables de la comisión del delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. Esta masacre acabó con la vida de Mario Lescano, Juan de Olivera, Héctor Moreno, Rogelio Gutiérrez, José María Molina, Luis Bi-
llinger, Carlos Anabia, Raúl Sainz, Juan Carlos Lescano, Luis Roque López, Silverio Orbano, Roberto Jerez, Rutilio Dardo Betancour Roth, Alberto Rosalez y Hugo Caccivilliani Caligari; militantes del ERP. El hecho se produjo el 12 de agosto de 1974 en la quebrada de ‘Los Walther’, en cercanías de Capilla del Rosario, a unos 20 kilómetros al norte de la capital. Luego de ser sorprendidos por la policía cuando intentaban copar el Regimiento Aerotransportado 17 de aquella ciudad, algunos militantes del ERP fueron detenidos, mientras que otros lograron darse a la fuga. El grupo que fue cercado en Capilla del Rosario, a pesar de haber entregado sus armas, fue ejecutado por las fuerzas del Ejército. La búsqueda de justicia por este hecho se inició en 2004, a pe-
Ariel Pacheco
La Masacre de Capilla del Rosario
Asesores. El represor Mario Nakagama junto a sus defensores en la audiencia final.
dido de organismos de Derechos Humanos de Catamarca y Córdoba, que reclamaron conocer la identidad de los cuerpos que habían sido enterrados en el cementerio local. El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) realizó las exhumaciones necesarias e identificó al santiagueño Rozales, y a los uruguayos Betancour Roth y Cacciavillani Caligari. Con la investigación a cargo del fiscal Santos Reynoso, co-
menzaron a declarar militares, policías y soldados. En mayo de 2009, Nakagama se convirtió en el primer detenido por el hecho. El TOF de Catamarca dispuso que los condenados Carrizo Salvadores y Nakagama continúen detenidos en el Servicio Penitenciario de Miraflores, en Catamarca; mientras que Acosta deberá cumplir su condena en el penal de la localidad de Bower, en nuestra provincia. Jorge Exequiel Acosta se desempeñó como oficial de Inteligencia del Ejército entre el 1976 y 1977. Fue parte de la ‘patota’ de La Perla, y a mediados de 1976 pasó a dirigir el centro clandestino. En julio de 2008 fue condenado a prisión perpetua por delitos de Lesa Humanidad. Actualmente está siendo procesado en la megacausa La Perla, con la que sumará tres condenas sucesivas.
EN PROFUNDIDAD
El diario del Juicio La Perla | Año V · Nº 32
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INSTITUCIONAL • EN EL ESPACIO LA PERLA, LA JORNADA ‘JÓVENES ORGANIZÁNDOSE’ SE COLMÓ DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
En el Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH La Perla, el pasado 5 de octubre, se realizó la jornada de cierre de los encuentros de experiencias y de reflexión sobre prácticas de organización y formación políticas ‘Jóvenes Organizándose’. Desde el Espacio, se viene trabajando hace ya tres años en una serie de actividades y proyectos que se agrupan bajo el eje ‘Jóvenes y Política’. Fruto de esta trayectoria, se desprenden experiencias como la Cátedra Popular (2010/2011), el Encuentro de Estudiantes Secundarios (2011), las jornadas de visitas educativas de colectivos de jóvenes organizados (2011) y el encuentro ‘Joven y Política’ (2012). En términos generales, coherentemente con uno de los ejes fundamentales del Espacio, se busca reflexionar con los estudiantes sobre el cómo y para qué de la participación en el ámbito escolar. Las actividades propuestas procuran que los jóvenes se reconozcan no sólo como protagonistas de su vida en el ámbito de la escuela, sino también como sujetos de derecho en el ejercicio de su ciudadanía. En la jornada de cierre, se hicieron presentes más de 100 estudiantes de las localidades vecinas de Unquillo y Alta Gracia, y del barrio capitalino Villa el Libertador. Los jóvenes, luego de haber participado en una serie de pre-encuentros realizados en sus propias localidades, confluyeron el
Noel Tabera
Jóvenes organizándonos
En el interior de La Perla. Los jóvenes participaron entusiasmados de las actividades.
5 de octubre en un espacio dedicado a generar y profundizar la participación y la organización política juvenil. Las actividades estuvieron orientadas al reconocimiento mutuo y al abordaje compartido de experiencias, dificultades, logros y expectativas en clave de la reivindicación de derechos. Fue un encuentro donde los estudiantes pudieron compartir sus experiencias previas y construir nuevas herramientas para reflexionar sobre
Este ejemplar contó con el aporte solidario de las siguientes organizaciones:
· Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) · Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) · Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Pcia. de Cba. (AGEP) · Sindicato Luz y Fuerza - Córdoba · Unión Obrera Gráfica Cordobesa (UOGC) · Cooperativa Integral de Carlos Paz (Coopi)
cómo y para qué generar espacios de participación en sus propias escuelas. Las formas de expresar y visibilizar las problemáticas juveniles actuales se vieron plasmadas a través de distintos formatos que facilitaron la manifestación de las particularidades propias de cada experiencia, así como también, de las diversas maneras de expresarlas y, por lo tanto, de considerarlas. Se hizo especial hincapié en la recuperación de las problemáticas vividas
Por el equipo del Espacio para la Memoria y la Promoción de derechos humanos La Perla.
por los jóvenes en términos reivindicativos y su vinculación con los derechos como construcciones sociales, fruto de las luchas colectivas. El hecho de que el encuentro se haya desarrollado en el Espacio La Perla permitió articular estas experiencias dentro de procesos históricos mayores, más abarcativos; favoreciendo así una reflexión acerca de las continuidades y las consecuencias en relación con otras luchas reivindicativas. La propuesta se centró en profundizar cuál es el lugar de la organización colectiva para poder abordar los conflictos o situaciones problemáticas, qué formas puede asumir esa organización y qué herramientas hacen falta. Este trabajo se focalizó en los procesos organizativos de los estudiantes en escuelas secundarias, principalmente en la organización de centros de estudiantes. Pero no son exclusivamente esas las únicas experiencias que se tuvieron en cuenta. Entre otros de los aspectos de la propuesta, se trabajó acerca de la necesidad de recuperar los procesos abiertos y las iniciativas que surgieron de experiencias anteriores; además de generar una articulación con los proyectos vinculados a jóvenes que se vienen desarrollando en otros sitios (Ronda de la Memoria, Jóvenes y Memoria) y con otras organizaciones, como La Casita de Villa El Libertador.
CONTRATAPA
14 al 27 octubre de 2013 | Será Justicia
Ilustración: Zeque Bracco
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Continuidad de los juicios Por Horacio González Sociólogo, docente y ensayista argentino. Director de la Biblioteca Nacional desde el año .
Desde hace tiempo aparecen publicaciones y libros que ponen en tela de juicio la prosecución de los juicios a las personas –militares y civiles– actuantes en los años del terrorismo de Estado. Estos juicios son el hilo conductor de la democracia en la Argentina, democracia en las estrías profundas del vivir diario y del destino común. No son simples hechos jurídicos, aunque son realizados por magistrados comunes de todas las sedes jurídicas del país. El despliegue de estas causas obliga a un delicado horizonte de declaraciones, que en el caso de las víctimas adquiere un dramatismo singular. Se reviven episodios y se dicen –en sede judicial– historias y relatos repetidos miles de veces, en otras declaraciones, ante amigos y en el interior
de las propias conciencias agrietadas. La reposición judicial de una tragedia es lo propio del drama judicial. Forma parte de la verdad, que nunca es lo dado como piedra inmutable del conocimiento, sino como un rito del habla: por hacerse ahora frente a jueces que indagan sobre hechos precisos, ajenos aparentemente al vibrar angustioso de la voz, permite sin embargo realizar, esta vez con sostenes en la lengua jurídica fija, la asombrosa forma de la catarsis, que bien se conoció en la Antigüedad. Es decir, la forma de justicia que tiene el lenguaje consigo mismo y con la sociedad para reponer la herida abierta en el lenguaje común de la sociedad. Terminar con estos juicios supondría un modo indebido de la reconciliación, pues si bien esta está entre tantos otros de los
E D J L P C
valores profundos del impulso colectivo luego de las grandes catástrofes morales, no puede mentarse de un modo que acabe siendo parte de la falsedad y del olvido de lo acontecido. También el olvido es un arte superior al del perdón, pero ninguna de estas cosas ocurre en el exterior de la depuración o purificación de las pasiones, tal como lo enunciaron los antiguos. Por la compasión y el miedo se producen los nuevos sentimientos provocados por la justicia –escenario teatral por excelencia– que indaga, coloca penas en los culpables y les permite su defensa. Siempre se recuerdan las clásicas definiciones de Aristóteles sobre la catarsis como facultad trágica de redención de las pasiones que surgen de la estructura fa-
miliar –de lo familiar como funesto–, o de los aciagos derramamientos de sangre que han ocasionado miles de víctimas en la historia. Somos, en este caso particular, una gran audiencia en estos juicios. Podemos experimentar dichas pasiones junto con los actores principales, evocando dramáticamente los efectos del sufrimiento de las víctimas y las profundidades de lo siniestro desde la que hablan los autores de tan conocidos crímenes. No hay motivo que obligue a darle fin a estos juicios, salvo un pobre pensamiento sobre la inmediatez política; ya sea invirtiendo la historia y viendo victimarios en las víctimas, ya sea diciendo que los victimarios pueden canjear su culpa dando información sobre el destino final de sus acciones (los secuestros de niños, los no-sitios donde están los últimos osarios), ya sea postulando que deben recibir en las prisiones donde purgan sus penas el tipo de educación superior que la Universidad destina a todo interno que no haya traspasado los límites de lo simplemente humano y de los derechos del ser viviente, por mero imperativo de las razones en que cada ser humano revela sus actos y pensamientos ante los otros. No se trata de no mirar errores propios, de sustanciar en nuestra propia conciencia la amarga carga que nos toca con la responsabilidad de lo que en otro momento acaso no supimos ver, pero estos juicios son razonamientos de la autoconciencia libre. No está autorizada la sociedad argentina –autorizada por su historia, sus pasiones y el resultado último de sus vetas de acción más facciosas– a dar fin a estos juicios nada más que por razones políticas, inmediatistas, practicistas, pseudo-democráticas o abstractamente igualitaristas. La reposición de justicia e igualdad deben ser considerados valores específicos y existenciales al servicio de la continuación de esta tarea reconstitutiva a través de las formas de la justicia –justicia corriente, tribunales ordinarios–, pero con el sostén inequívoco de una sólida conciencia pública, cuyos alcances también están en debate. Es por eso que seguir dialogando en torno a ella sigue siendo una tarea esencial, y también una manera de la justicia en la forma del habla común ciudadana.
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Consejo Editor: Por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Cba.: Betty Argañaraz, Rosario Rodríguez, María del Carmen Torres, Angel Villanueva. Por Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba: Lucas Fanchín Director: Sebastián Puechagut • Secretaría de Redacción: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta, Miguel Magnasco • Corrección: Victoria Picatto • Dirección de Arte: Sebastián Puechagut · Diseño: Pablo Gamboa Fotografía: Nicolás Castiglioni · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Ernesto Torres • Colaboraron en este número: Delia Galará, Ariel Pacheco, Zeque Bracco, Luis Paredes, Matías Capra, Fernando González Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com
Tirada de esta edición: 30.000 ejemplares de distribución gratuita · ISSN: 1853-8290 · Será Justicia es propiedad de Familiares Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Avales y reconocimientos: Beneplácito del Concejo Deliberante de Córdoba (2010) • Declaración de Interés Legislativo por la Legislatura de la provincia de Córdoba (2010) • Declaración de Interés por el Senado de la Nación (2010) • Reconocimiento institucional del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (2010) • Aval Institucional de la Escuela de Ciencias de la Información (2010 y 2011). Distribución: en red de organizaciones y con los siguientes diarios y periódicos: La Mañana, Comercio y Justicia y Energía Positiva (Córdoba) · Tribuna (Bell Ville), Sumario (Alta Gracia), Megáfono (Río IV), El Despertador (Jesús María), El Ciudadano (Va. Dolores), Tortuga (Alta Gracia), El Diario (Carlos Paz), Informarte (Mina Clavero)
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