EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CĂ“RDOBA
DOS EX MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS BRINDARON SU TESTIMONIO
Nuevas fisuras en el discurso militar
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LA POLICĂ?A DEL GATILLO FĂ CIL
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EDUARDO PEÑALOZA Y PEDRO REINAUDO LÓPEZ FORMARON PARTE DEL EJÉRCITO. NARRARON EN PRIMERA PERSONA EL HORROR DE LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
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PrevenciĂłn de la tortura en cĂĄrceles PĂĄgina ď˜˝ ¡ Pď?Żď?˛ Cď&#x;Šď?łď?Ąď?˛ Pď?ľď?Łď?¨ď?Ľď?´ď?Ą
C��������� Mercedes Ferreyra
Un impasse del genocidio palestino “La muerte de inocentes es un elemento premeditado y fundamental. SĂłlo de esa forma cumple con su papel de aleccionar, aterrorizar y alienar a la poblaciĂłn civilâ€?. Pedro Reinaudo LĂłpez.
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EL JUICIO POR DENTRO
Agosto de 2014 | Será Justicia
OTRO SALDO DE LA DICTADURA • LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
El padecimiento de las familias L L P .
LA PERSECUCIÓN GREMIAL • EL ROL DE LOS DIRECTIVOS
Cómplices en BanCor L B P C Han sido una constante de los últimos meses del juicio los testimonios que hablan del involucramiento de las dirigencias empresariales con los secuestros de delegados gremiales. El Banco de la Provincia de Córdoba no fue una excepción. Lo narrado por Raúl Osvaldo Billar, así volvió a ratificarlo. Dos semanas antes del Golpe, dos personas de civil lo llevan detenido alegando ser parte de un cuerpo de seguridad de esa entidad. Billar pertenecía al ERP, y su captura no tenía otro motivo que –mediante la tortura– obtener información sobre la organización revolucionaria. Lo primero que le sorprendió durante su traslado fue que esas personas mostraban sus credenciales en las distintas dependencias del banco, y se las aceptaban sin problemas. Él sabía con certeza que no eran trabajadores del lugar. La enorme mayoría de quienes comulgaban con esa identidad política fueron secuestrados, desaparecidos o despedidos. La información que manejaban los represores era muy fina, y eso tenía una explicación sencilla que el testigo relató de la siguiente manera: “Los datos
Testigos. Roberto Moyano (izq.) y Luis Alberto Viale (der.) junto a sus familiares.
res de los detenidos-desaparecidos era aún mayor. Al vivir en una comunidad pequeña, donde ciertas instituciones que actuaban en connivencia con la dictadura tenían mucho peso para influir en las visiones de los vecinos, la familia Apontes comenzó a sufrir un creciente aislamiento. El miedo que producía esta situación tan compleja generaba que su entorno fuera alejándose de ellos. Miguel contó que su padre, un inmigrante español, no podía comprender lo que estaba pasando; sentía que lo que ocurría con su hijo era como una “expulsión indirecta” del país.
protección de ningún tipo, sin amparo de las instituciones”, enfatizó en su testimonio Luis Alberto, al reflexionar sobre el sentimiento de condena permanente que él y los suyos acusaron en aquellos años. A . Miguel Apontes es oriundo de la localidad de Cruz del Eje. Su hermano mayor fue detenido por su activismo como delegado gremial en la fábrica de automotores Perkins. En su declaración semanas atrás, el testigo explicó que allí, en el interior de la provincia, la estigmatización a los familia-
E . “Tranquilo, son del Ejército argentino”, le dijo su padre a Roberto Horacio Moyano cuando ambos fueron secuestrados el 8 de abril de 1976. La mención tiene mucho de simbólico. Costaba creer que aquellos que debían defender a los ciudadanos, podían cometer las peores atrocidades con muchos de ellos. Pero su caso no fue la excepción. Los Moyano estuvieron detenidos en La Ribera y luego en la UP1, donde fueron golpeados y picaneados de manera permanente. “Por un lado, mi padre a sus 83 años, hasta hoy, tiene depresión como secuela de ese hecho, y se siente discriminado constantemente. Y por otro, luego de saber de mi secuestro, mi mejor amigo dejó de hablarme por temor”, aseguró Roberto.
LA POSTURA DE PRIMATESTA • SIN LUGAR PARA LOS TERCERMUNDISTAS
La Iglesia y la cacería interna L “ ” .
Raúl Osvaldo Billar.
de los delegados no podían venir de otra parte que de los que estaban en el gremio (el peronismo ortodoxo), con quienes sosteníamos una disputa política permanente, y de las autoridades del banco, que años más tarde nos confesaron arrepentidos haber sido partícipes. Desde la gerencia pedían los legajos y era sugestivo que estaban sacando los de los delegados”. Dentro de esa dirigencia, se destacaba el gerente de personal ‘Turco’ Álvarez, que según el testigo, participó activamente en el facilitamiento de los legajos de gremialistas a las autoridades militares. Muchos de esos delegados aún continúan desaparecidos.
“Tranquilo, vos no estás en las listas negras”, escuchó decir un incrédulo Vicente Emma Rins de la boca del Cardenal Primatesta. “¿Es que existen tales listas?”, preguntó. “Sí. En las que tengo figuraban varios nombres, pero el tuyo no”, concluyó el Cardenal. Así reconstruía el ex sacerdote Emma Rins el diálogo más estremecedor de su vida. Primatesta tenía una posición tomada en torno al golpe de Estado, aquella que rezaba por una Argentina necesitada de “un baño de sangre para purificarse”. La opción por los pobres sostenida por el movimiento de curas tercermundistas no tenía lugar en esa postura tajante y cómplice que asumió la conducción eclesiástica en el marco del genocidio. El testigo, al igual que los seminaristas que declararon en marzo de este año, comenzó a sufrir persecuciones por su participación en grupos de alfabetización en barrios humildes, por su trabajo social solidario que había
Mercedes Ferreyra
F E . La persecución a quienes se organizaban políticamente en las antípodas del proyecto represivo
cívico-militar no sabía de límites. Ambos hermanos de Luis Alberto Viale eran militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Anibal y María Elma eran los nombres de los dos jóvenes que serían, como tantos otros, ferozmente acechados. Una noche, tras no poder encontrar a Anibal, Luis Alberto y su padre fueron detenidos y llevados a campo La Ribera. A pesar de no tener actividad política, allí permanecieron diez días en represalia extorsiva para ver si sus hermanos “saltaban”. Antes, y luego de haber sido liberados, la familia sufrió en reiteradas ocasiones allanamientos y amenazas por parte de los militares, e inclusive tuvieron que huir en más de una ocasión por distintas regiones de la provincia y el país. “Lo peor que le puede ocurrir a un ciudadano es vivir fuera del Estado de derecho, sin
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Al analizarse las consecuencias del terrorismo de Estado, en general, suelen ponerse en relevancia los padecimientos sufridos por las víctimas: las torturas, los traslados, el exilio, las desapariciones, las muertes. Es comprensible que así sea, debido a la brutalidad de la praxis militar. Pero suelen perderse de vista otras secuelas, también en relación directa con las víctimas, más precisamente con sus seres queridos. Durante las últimas semanas del juicio, diversos testimonios hicieron referencia a la estigmatización sufrida por los familiares de quienes eran secuestrados. La ruptura de la confianza con sus entornos, el aislamiento como otro síntoma del miedo.
“Nos afectó mucho. Desde la Iglesia, por ejemplo, se construían versiones falsas y perversas sobre la desaparición de mi hermano. Un día la directora de la escuela llegó a preguntarme si era cierto el rumor de que habían encontrado arsenales de armas en la casa de él en Córdoba”, relató el testigo.
Rodolfo Vicente Emma Rins. El ex sacerdote confirmó que la Iglesia estaba al tanto.
desempeñado en distintos puntos de Latinoamérica. Al llegar a Argentina, Primatesta sólo le había permitido trabajar como médico en el Hospital Infantil, sin embargo, él continuó desarrollando actividades de ese carácter. Como resultado de su accionar, las amenazas hacia su persona se hicieron cada más frenuentes, motivo por el cual Emma Rins decidió entrevistarse con el Cardenal. Allí fue que se produjo el diálogo reproducido al comienzo de la nota. Sus compañeros de trabajo le advirtieron sobre el peligro de quedarse en el país, y el sacerdo-
te comenzó a pensar que los dichos de la autoridad podían ser un señuelo para que no se fuera al exilio y así ser capturado. De manera tal que decidió viajar a Francia, donde pidió de forma inmediata su pase al estado laical, por sus profundas diferencias con la Iglesia Católica. Desde Europa, realizó diversos intercambios epistolares con Primatesta. Entre otras cosas, y como respuesta a sus críticas, el Cardenal le cuenta en esas misivas –que el testigo preserva– que, en su lugar, habían designado a Santiago Weeks, luego secuestrado y alojado en La Perla.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VI · Nº 40
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LAS FISURAS EN EL DISCURSO MILITAR • TESTIGOS QUE RESULTARON DISIDENTES EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Peñaloza y López: dos ex miembros del Ejército confirman acusaciones En cada nueva oportunidad en que los imputados hacen uso de la palabra, dicen que las víctimas y sus compañeros o familiares mienten en sus testimonios, exageran en sus relatos, y ocultan la verdad de lo que ocurría en los Centros Clandestinos de Detención (CCD). Esas expresiones vertidas siempre con vehemencia y seguridad, se deshilachan cuando aparecen testimonios como los de Eduardo Héctor Peñaloza y Pedro Reinaudo López. La razón es muy sencilla: ninguno de ellos fue militante de algún tipo de organización política y/o sindical, ambos eran sus pares de armas. El pacto de silencio, cada tanto, encuentra estas grietas, decisivas para el esclarecimiento de los hechos que se juzgan en esta causa histórica. P . Su rol era cuidar predios donde ocurrían hechos que no se podían contar. Él, que era uno entre miles, no pudo olvidarse tan fácilmente de todo. Eduardo Héctor Peñaloza era gendarme, como muchos en aquella época, lo que lo distingue es su voluntad de haber querido contribuir a la reconstrucción de los días más oscuros de la historia del país. Su testimonio tiene un valor profundo. Al pertenecer al propio ceno interno de las fuerzas de seguridad, con su declaración genera una fisura en el discurso genocida tan delicadamente cuidado. “Yo no vi nunca matar a nadie ahí adentro (en La Perla), pe-
Mercedes Ferreyra
L (E H P) E (P R L), E. E .
Imputados. Luciano Benjamín Menéndez (izq.), y Raúl Eduardo Fierro (der.), sentados en el banquillo de los acusados.
¿S ? “Yo siempre vestí el uniforme. Los testigos mienten en todo”, le retrucó Menéndez a un testigo que declaró haberlo visto en traje de fajina. Aún así, no todos sus pares de armas opinaron lo mismo. ro sí se escuchaban los gritos de cuando ellos (los militares) torturaban o interrogaban a los detenidos”, contó el testigo. Muchos gendarmes intentaban evitar su traspaso a La Ribera o a La Perla, porque según explicó Peñaloza, los “mataban de hambre” y las guardias eran de una semana completa. Sus tareas en los CCD consistían en custodiar los predios y trasladar a los detenidos a las distintas dependencias (oficinas, cuadra, etc). Desde ese rol, Peñaloza recordó las
condiciones en que se encontraban los reclusos. “Era muy fiero (sic) lo que vivía esa gente ahí. Estaban muy doloridos, tiritando, muertos de susto y de terror. Estaban hechos mierda”. Como reflejo del funcionamiento perverso del método de tortura psicológica, el ex gendarme comentó que en cierto momento los militares decían que algunas militantes detenidas habían decidido trabajar y colaborar con el Ejército. Pero cuando vestían pantalón corto o pollera, “se veí-
TESTIMONIOS I · DANIEL ALBERTO BARRIONUEVO
Las secuelas psicológicas Daniel Alberto Barrionuevo declaró ante la justicia que el de marzo de fue detenido por las fuerzas de seguridad junto a su compañero de vivienda. “Recuerdo que me mostraron un bolso de marca Adidas, lo reconocí y les dije que era mío. Adentro había panfletos del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). En ese momento estaba sin venda, pero al instante ya no pude ver más”, explicó. Barrionuevo fue trasladado al Departamento de Informaciones (D), en donde permaneció detenido durante varios días. “Allí me preguntaban por un compañero de mi organización (PRT), Carlos López, y comenzaron a agredirme. Usaron una bolsa de plástico para intentar asfixiarme y hacerme mo-
jarrita”, explicó. El testigo recordó, además, que en el D unas personas violaban a una mujer: “Lo hicieron durante dos horas”, precisó inmediatamente. En días posteriores, cuando recuperó la libertad, Daniel Barrionuevo viajó con su padre a San Juan. “Pero volví a los dos meses para continuar mis estudios en medicina” aclaró. Un tiempo después, una patota volvió a irrumpir en su domilicio para intimidarlo. El testigo pudo reconocer las secuelas psicológicas que le dejó como saldo aquel episodio: “Me ha quedado claustrofobia, a la noche siempre tengo pesadillas que se relacionan con la asfixia y el encierro. Tampoco puedo ver películas de acción en donde hay disparos”.
an las marcas de que habían sido picaneadas”. “Al poco tiempo, pedí la baja en Gendarmería porque sentí que no era para mí. Había muchas injusticias”, concluyó Peñaloza. H ‘’. “Mataron a 3 subversivos extremistas, de apellidos Córdoba, Cávana y Roberto López”, leyó el soldado Pedro López en el diario que todas las tardes llegaba en avión a Villa Dolores. En ese momento no le dio mayor trascendencia, pero horas más tarde, al recibir el llamado desesperado de su padre desde Río IV, comprendió que la noticia que hablaba de un “Roberto”, en realidad se refería a su hermano Félix. Automáticamente, López viajó has-
ta aquella ciudad para acompañar a su familia. No consiguieron obtener ningún detalle sobre lo ocurrido. Sólo unos días más tarde, sus superiores, fieles al estilo castrense de la época, le confirmaban lo peor: “Persuada a sus padres para que no reclamen el cuerpo. Su hermano era un enemigo de la patria, ¿usted qué camiseta lleva?”. Luego, Pedro –que quería continuar con su carrera militar– pide su traslado inmediato a Río IV, para estar cerca de los suyos. Trámite que consigue recién tras la muerte de su padre, a fines de 1981. El asesinato de Félix había sido fulminante para él, “no soportó la tristeza”. En uno de sus días de servicio, uno de sus jefes le dice que tienen que dirigirse a Córdoba capital. Allí lo recibió un hombre vestido de civil, que previo a interrogarlo, sentenció: “Usted ha cometido varios delitos, ponga su hombría sobre la mesa y cuente”. López no comprendía lo que estaba sucediendo. Tras este episodio, fue derivado a Villa Reynolds, provincia de San Luis, donde recibiría una “constante persecución”. Según afirmó el testigo, en ese periodo –entre otros martirios– le propinaron treinta días de arresto. El Mayor Mestre dispuso su baja en 1984 por un cruce con el testigo a raíz de una salida de urgencia para ver a su beba que se encontraba enferma: “Lo voy a sancionar, me dijo. Haga lo que quiera, le contesté”.
TESTIMONIOS II · EDGAR ENRIQUE COMBA
Asesinato por buscar a un hijo Con años de edad, Edgar Enrique Comba relató el secuestro de su sobrino Sergio Héctor Comba, el de diciembre de , y el de su hermana Elsa Gladis, quien fue asesinada por buscar a su hijo que permanecía desaparecido. Al momento de su secuestro, Sergio vivía en Córdoba con su esposa Marta Ledesma, quien fue capturada junto a él. Edgar Comba contó al Tribunal cómo ese hecho impactó en su familia. Su hermana, Elsa Gladis, se alzó en una búsqueda desesperada por encontrar a su hijo, razón por la cual fue detenida en más de una ocasión. Ella pudo contarle a su hermano las torturas extremas que había recibido, algunas protagonizadas por Miguel Ángel Gómez, más conoci-
do como ‘el Gato’, uno de los represores imputados en el juicio. En febrero de , Elsa Gladis fue detenida por última vez. Aquel día, Sergio Comba recibió la noticia de su asesinato: había sido quemada y arrojada en un camino de Alcira Gigena, en cercanías de Río Cuarto. Para reconocer el cuerpo, Edgar –que se había comunicado con el jefe de la Policía de dicha localidad– llevó un zapato, que coincidió perfectamente con el pie de su hermana. “El cuerpo estaba totalmente calcinado y tenía un alambre en el cuello”, relató el testigo ante el Tribunal. “A ella la sepultan sin autopsia, en una fosa común junto a otros dos cuerpos, en el cementerio municipal de Río Cuarto”, recordó Edgar.
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LA POLICIA DEL GATILLO FACIL: UN RECORRIDO SOBRE LOS CA
Agosto de 2014 | Será Justicia
ANÁLISIS • EL “GATILLO FÁCIL”, LA HERENCIA VIGENTE DE LA POLICÍA DICTATORIAL | Por Alexis Oliva
Disparos del pasado N “” “ ”, . L . La bala policial que mató a Fernando ‘Weré’ Pellico (17 años) el sábado 26 de julio pasado en barrio Los Bulevares es la misma que el 25 de enero de 2003 mató a Pablo Luján (21) en barrio Mariano Fragueiro y el 29 de junio de 1996 mató a Ariel Lastra (19) en barrio Ayacucho. Los tres jóvenes, los tres de sectores populares, los tres por la espalda, los tres desarmados y los tres en democracia. Sus victimarios, respectivamente: agente Lucas Chávez, “imputado por homicidio calificado (por ser policía en actividad) y agravado (por el uso de arma de fuego)”; oficial principal Josefa Pereyra, cabos primero Claudio Moyano y Nolberto Cepeda y cabo David Vega, acusados de “homicidio simple”, luego liberados por haber actuado “conforme a las atribuciones inherentes a su función”; y cabo Elio Enrique Fernández, condenado a 22 años de prisión por “homicidio simple”. La disparidad de las consecuencias judiciales contrasta con la similitud de los hechos, acaso por la relatividad de criterio de funcionarios judiciales sensibles a los vientos políticos y mediáticos, o demasiado respetuosos del “brazo armado de la ley”. Como sea, más allá de su responsabilidad personal, quienes apretaron los gatillos han sido en realidad los instrumentos humanos de esa bala asesina serial, como en aquel cuento de Borges en que dos “niños bien” se baten a duelo con dagas de colección para consumar el rencor de sus antiguos dueños. Así también la bala que terminó con estas jóvenes vidas es un proyectil que proviene del pasado, blindado con una sólida aleación de formación ideológica autoritaria e impunidad institucional. Su velocidad y capacidad destructiva obedecen a que ha sido disparada en tiempos dictatoriales, cuando la Policía de Córdoba se subordinó al poder militar para salir a reprimir a sus enemigos con sus grupos “Calle”, “Fábrica” y “Facultad”(1). Con el retorno democrático, se dejaron de lado esas elocuentes denominaciones, pero en los hechos el “Grupo Calle” permaneció. Corregido, aumentado, eufemísticamente denominado como Comando de Acción Preventiva en “operativos de saturación”, y reorientado hacia un enemigo ya no ‘subversivo’ sino ‘delincuente’, categoría invariablemente identificada con jóvenes de sectores sociales marginados. T . Entre los derechos y deberes que la ley establece para el policía de esta provincia, figuran: “El personal policial está facultado para emplear la fuerza en la medida de lo necesario como último arbitrio para imponer su autoridad
en los procedimientos o intervenciones lícitas, resistidos violentamente por los delincuentes o infractores. (…) El personal policial usará el arma en legítima defensa de su vida y derechos y de terceros”(2). Para intentar salvar este abismo entre discurso y realidad, se han elaborado dos teorías: la de los ‘excesos’ y la del ‘caso aislado’. La más reciente formulación de la primera fueron las declaraciones del jefe de Policía, Julio César Suárez, luego de la muerte de Pellico: “Entre el accionar correcto, eficaz y en base a derecho, que tiene un policía como misión, y el exceso, hay una línea muy delgada. Hay gente que
al exceso lo nombra como gatillo fácil. Si hay excesos policiales, nosotros estamos dispuestos a darle conocimiento a la Justicia y no tapar nada”(3). Cuesta definir como ‘exceso’ a la emboscada que describe Maximiliano Peralta, el primo de ‘Weré’, que manejaba la moto y recibió un balazo en una pierna: habían salido del cortadero de ladrillos de su abuelo, donde ambos trabajaban, para ir a comprar bebidas a un kiosco cercano; al regresar, el móvil policial los esperaba con las luces apagadas, y por temor a ser detenidos, trataron de escaparse sin pensar que serían baleados por la espalda. Y
CAUSAS Y EFECTOS • DEL NARCO-ESCÁNDALO AL GATILLO FÁCIL | Por A. O.
Una trama de impunidad policial Desde septiembre del año pasado, una secuela de hechos relacionados con la Policía ocupó los titulares de la prensa local y nacional: narco-escándalo, ‘suicidios’ de Juan Alós y Dámaris Roldán, renuncias del Ministro de Seguridad y el Jefe de Policía, acuartelamiento policial, saqueos, sanciones e imputaciones, linchamientos, ola de gatillo fácil… ¿Es esta serie una cadena de causas y efectos? Entre algunos eslabones la relación es evidente. En otros, hay una carencia de información indispensable: por ejemplo, para afirmar con cierto rigor que los presuntos suicidios de los policías Alós y Roldán fueron en realidad silenciamientos para frenar la investigación del narco-escándalo. Habrá que esperar las autopsias. En realidad, no se trata de una cadena que coincide con la línea cronológica. Es más bien una trama de eslabones unidos
por un tejido complejo. Al reconstruir esa malla, es posible advertir que el narco-escándalo es apenas un vislumbre jurídico-mediático de una corrupción estructural más vasta; que el acuartelamiento no fue un reclamo laboral, sino una reacción política para recuperar impunidad; que los saqueos no fueron el efecto no deseado de la medida de fuerza, sino el resultado de una extorsión colectiva; que los linchamientos no fueron “justicia por mano propia”, sino la consecuencia de una suerte de privatización de la seguridad alentada por el Gobierno provincial y sus voceros mediáticos. Entonces, el actual pico de gatillo fácil es la lógica consecuencia del plan de “saturación” que, con el pretexto de devolver a los uniformados la iniciativa en el combate del delito, terminó restituyéndoles una suerte de permiso para matar.
menos, al posterior intento de justificar la versión oficial del “intenso tiroteo”, cuando dos policías acudieron a un taller mecánico cercano en busca de un arma “para plantarle” al muerto, según denunciaron familiares de Pellico(4). Tampoco cuadra en la definición un emblemático caso de los 90: el 4 de octubre de 1995, Sergio Raúl Pérez (18) fue ultimado de un tiro por la espalda por el policía César Cruz, condenado luego a nueve años de prisión. Fue un ‘silenciamiento’, porque Pérez había sido testigo de la muerte de Miguel Rodríguez (15) –también provocada por disparos policiales en julio del 94–, por la que el suboficial Mario Romero sería condenado a ocho años. Es que los presuntos ‘excesos’ no sólo se han cometido con las armas. ¿Pueden definirse así las torturas seguidas de muerte de que fue víctima Mario Omar Sargiotti en la propia Jefatura de Policía el 12 de diciembre de 1990? ¿O el caso de la trabajadora sexual Sandra Viviana Torres (24), en el que varios testigos vieron a dos policías arrojar a un basural su cadáver maniatado y con la cabeza destrozada a golpes? ¿O la ‘Tragedia del Precinto 5’, en la que siete jóvenes murieron calcinados el 22 de enero de 1999, luego de quemar los colchones de la celda en protesta por las vejaciones padecidas? Por otra parte, el argumento del “caso aislado” se desmorona ante la reciente secuela de muertos por balas estatales que precedió al caso Pellico: Martín Carrizo (35), el 3 de enero en barrio Residencial Vélez Sarsfield; Exequiel Barraza (20), el 24 de marzo en barrio 1º de Mayo; un menor de 15 años, el 6 de abril en Villa Corina, baleado por un empleado del Servicio Penitenciario provincial (no se informaron las identidades de víctima y victimario); Lautaro Torres (16), el 12 de abril en Las
ASOS DE ABUSO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CORDOBESAS Palmas; Pablo Navarro (29), el 12 de mayo en Observatorio; Miguel Torres (33), el 18 de julio en San Roque. En este sentido, una declaración más sincera del comisario Suárez fue expresada cuando la agente Eliana Soledad Rinaudo baleó al menor Lautaro Torres: “Los delincuentes saben perfectamente que si salen a robar armados pueden tener la desgracia de terminar muertos”(5). S . Para las organizaciones que bregan por una seguridad democrática, el homicidio de ‘Weré’ Pellico fue la gota que rebalsó el vaso. La agrupación H.I.J.O.S manifestó su “absoluto rechazo a las políticas represivas que el Estado Provincial lleva adelante en nombre de la seguridad. No existen, en la gestión del gobernador José Manuel de la Sota, políticas de inclusión que garanticen los derechos humanos de todos y todas”. “Por el contrario, asistimos a una policialización de la provincia que lleva años estigmatizando y persiguiendo sistemáticamente a los jóvenes de los sectores más humildes. (…) No vamos a tolerar más una muerte en manos de esta policía asesina”, concluye el comunicado. A su vez, Unidos y Organizados expresó: “No se toleran más muertes de jóvenes. No se tolera esta política de seguridad que estigmatiza a la juventud que, de acuerdo a ciertos estereotipos construidos, molesta; son los jóvenes más vulnerables de esta Córdoba, los que habitan en los barrios periféricos de la ciudad. (…) Es necesario discutir de manera urgente la implementación de una política de seguridad democrática, para evitar nuevas muertes de jóvenes en Córdoba”. Por su parte, la organización comunitaria Serviproh denunció que la familia Pellico “ha sido amenazada varias veces por la misma Policía para que no continúen con el pedido de justicia”, y criticó “las políticas de ‘seguridad’ del Gobierno Provincial, que con la gestión de De la Sota, sólo han provocado violaciones de los derechos humanos y no hacen más que estigmatizar y perseguir deliberadamente a jóvenes de los sectores populares”. Mientras tanto, en el 7° Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial de Córdoba, el 6 de agosto, el gobernador De la Sota redoblaba la apuesta por su modelo de seguridad: “Necesitamos declarar la emergencia juvenil en el país, que aquellos que no lo vean desde el punto de vista social, al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar paco”. Se dirigía a esa otra opinión ciudadana que activa o pasivamente avala la violencia institucional. Porque el discurso de la mano dura policial –además de contar con entusiastas difusores políticos y mediáticos– está dirigido a una parte de la sociedad civil que, así como pudo cometer, celebrar o consentir los linchamientos, también está dispuesta a tirar del gatillo que dispara esa bala que proviene del pasado. Notas: () Grupos de tareas que integraban la Brigada de Investigaciones del Departamento de Informaciones (D) de la Policía de Córdoba, encargada de los secuestros, torturas y asesinatos de militantes políticos tras el golpe de Estado policial de febrero de . () Entrevista de Canal al comisario general Julio César Suárez, de agosto de . () Ley de Personal Policial de la Provincia de Córdoba Nº , Decreto , de julio de . () “Uno de los policías entró a sacudir con la pistola: pum, pum, pum”, Waldo Cebrero, Infojus Noticias, de julio de . () El show de la mañana, Canal , de abril de .
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INFORME • EL TRABAJO DEL OBSERVATORIO DE PRÁCTICAS DE DD.HH | Por César Pucheta
El camino hacia un mecanismo provincial de prevención de la tortura
A comienzos de abril, se reglamentó la Ley . que sienta las bases en nuestro país para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ley fue votada en el año , luego de un proceso comenzado en con la aprobación de la Convención contra la tortura, que adquirió jerarquía constitucional con la reforma de . En el año , se adoptó el Protocolo contra la tortura, y en el , el Estado nacional adoptó el instrumento de ratificación del Protocolo Facultativo de dicha Convención. Esta ley crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y pone en funcionamiento el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos Locales y otros mecanismos que tienen en su horizonte la garantía de la puesta en marcha de un sistema de control en los centros de detención de todo el país, a partir de un protocolo que establece un sistema de visitas periódicas a aquellos espacios en los que se encuentran personas privadas de su libertad. Al estar reglamentado a nivel nacional, el mecanismo se encuentra en condiciones de aplicarse en todo el territorio argentino. Sucede que –al ser nuestro país un territorio que se rige con jurisdicción federal– el protocolo propone que se creen otros protocolos similares en cada distrito, que deben surgir de una ley en la legislatura. “Se supone que el mecanismo nacional debe recorrer todas las provincias, entonces se espera que haya mecanismos y órganos de control más cercanos que permitan una periodicidad mayor en las visitas, en los acuerdos, en el seguimiento de las propuestas, etc. Entonces, lo que el protocolo crea es un comité a nivel internacional, los mecanismos nacionales, y en caso de los países federales, mecanismos locales. Argentina ha llegado hasta el mecanismo nacional y algunas provincias han avanzado en los mecanismos locales”, explica Magdalena
“La policía ha salido a tomar el territorio y a ocuparlo, y en esa ocupación la violencia se acrecienta. Esto se plasma en allanamientos masivos, en los corralitos, en los cortes para que los pibes no circulen...”. Brocca, integrante del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, consultada por Será Justicia. Si bien incipiente, algunas organizaciones de la provincia de Córdoba como el Observatorio y la Comisión Provincial de la Memoria vienen intentando empezar a discutir la creación de los mecanismos locales que garanticen la aplicación de la Ley .. A sabiendas de que en lo inmediato no se buscará establecer una norma local ni tampoco poner el debate en la legislatura, Brocca reconoce un camino que recién comienza, así como las dificultades que ello trae aparejado. Hay que negociar con las organizaciones de la sociedad civil, con el Estado, con diferentes instituciones para armarlo y para que sirva. Se trata de algo relativamente nuevo y hay que crearlo. “Es un proceso complejo y somos conscientes de ello. Nosotros en este momento estamos iniciando la discusión con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de encierro. Trabajamos con organizaciones que están trabajando en cárceles, que están vinculadas con la salud mental y la internación, que trabajan con jóvenes en conflicto con la ley penal y con respecto a los detenidos por la Policía”. En una provincia que en los últimos meses ha visto crecer de modo desesperante la represión policial en sus calles, con preocupantes saldos que llevan los promedios de denuncias por abuso de autoridad a niveles históricos y alarmantes, la discusión se presenta tan urgente como inminente. Sobre todo luego de la reglamen-
tación nacional. “La idea es que esto sea un inicio de la discusión con las organizaciones, para que no nos tome desprevenidos al momento de ser discutido. Muchas organizaciones de la sociedad civil no tienen conocimiento de la existencia del protocolo y es algo que en algún momento se va a discutir”. Al ser consultada por la relación de quienes impulsan la iniciativa con las diferentes órbitas del Estado cordobés, Brocca reconoce que representantes de los tres poderes han sido invitados para las jornadas de discusión convocadas para los días , y de septiembre, en la que “la idea será discutir todo desde cero, porque esto es muy incipiente”. Actualmente es muy difícil acceder a datos sobre cárceles e institutos de menores de Córdoba porque se trata de información que el Estado no hace pública. “Con la Policía es muy difícil trabajar, eso siempre fue así. Con los institutos de menores ha habido cierta apertura para iniciar algún trabajo. En las cárceles, las organizaciones siempre han encontrado un panorama muy difícil. Esos lugares se han cerrado mucho a partir de lo ocurrido en diciembre y otras cosas que han pasado el año pasado”, reconoce Brocca con respecto a las posibilidades de trabajar sobre el tema en un territorio provincial en el que aumenta cada vez más la relación violenta de la Policía hacia los jóvenes y hacia adentro de las comisarías. “La Policía ha salido a tomar el territorio y a ocuparlo, y en esa ocupación, la violencia se acrecienta. Esto se plasma en allanamientos masivos, en los corralitos, en los cortes para que los pibes no circulen ni salgan de los barrios, en la violencia adentro de los barrios, en la violencia en los controles y en los operativos, y en la relación cotidiana con los jóvenes”. La política de seguridad cordobesa cada vez se desboca más por anuencia del Gobierno provincial. Con la reglamentación de la Ley ., el Estado nacional pone en manos de la sociedad cordobesa la posibilidad real de discutir una herramienta que revierta esta crítica situación.
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MEMORIAS EN PRESENTE
Agosto de 2014 | Será Justicia
HISTORIAS DE VIDA • DIRIGENTE DE PERKINS, JOSÉ ANTONIO APONTES FUE SECUESTRADO EN CÓRDOBA A LOS 24 AÑOS
De la España pobre a la militancia sindical J A A J L P. E 1976, F A. S M A, J . “Mis padres son inmigrantes y vinieron a Córdoba con hijos muy pequeños y sin muchos recursos. Una era mi hermana mayor –de un año y medio–, y el otro, José Antonio, de 45 días de vida”, cuenta Miguel Apontes, al recordar la historia de su familia. “Las condiciones no eran las mismas de ahora. Ellos traían apenas un baúl, una bicicleta, y una máquina de coser. Yo nací a los siete años de su llegada”, dice. La familia Apontes, recién llegada de España, se radicó en la localidad de Cruz del Eje. Era una familia especial. “Los viejos venían de una zona muy atrasada, al sur de España. Conocieron el mar para cruzarlo, siendo que vivían sólo a 25 kilómetros. Había muchas limitaciones de formación y además eran muy católicos, lo que hizo que mi grupo familiar sea muy cerrado”, explica Miguel. La diferencia de edades entre José Antonio y Miguel modificó sus relaciones. “Cuando él viaja a Córdoba, después de terminar el secundario, había un clima de altísima revolución política, una ju-
ventud movilizada, además de la influencia externa como el ‘Mayo francés’ y Vietnam. Todos esos vientos de cambio empezaron a llegar a mi casa, y fue un poco de aire fresco”, recuerda Miguel. “Mi hermano, José, había descubierto otro mundo fuera de lo conocido. Y en cierta manera, también me lo hizo descubrir a mí. En cuanto a mi familia, los primeros adelantos que tuvimos en casa, desde la cocina con garrafa hasta un pequeño calefactor y una licuadora, fueron por él”. Miguel, que todavía vivía en una localidad pequeña, comenzó a descubrir de a poco el mundo y la militancia política de la mano de su hermano. “Él me traía en las vacaciones de julio o en las de verano. Yo empecé a absorber el clima que se vivía en Córdoba, que al principio me resultaba muy novedoso. Mi hermano pasó a ser mi ídolo total”. José Antonio se agremió al Sindicato Trabajadores de Motores Diésel Perkins, gremio del cual llegó a integrar la Comisión Directiva. También adhería al Partido Revolucionario de los Traba-
tonces había cumplido 24 años y se desenvolvía como tesorero de Perkins, fue secuestrado por las Fuerzas Armadas. “A toda la familia se le vino el mundo encima. Había sucedido algo inesperado, que no se entendió. Apenas vine a Córdoba, me puse en contacto con los organismos de derechos humanos. Me sentí partícipe de las primeras actividades”, recuerda Miguel.
Retrato familiar. El matrimonio Apontes junto a sus hijos, en 1963.
jadores (PRT). “Él escribía en la revista del sindicato. Eso me llevaba a mí a las primeras lecturas, a alguna bibliografía clandestina que me daba en silencio una suerte de alta estima, por saber
INSTANTÁNEA • EL TESTIMONIO DE CARLOS JERÓNIMO PALACIOS
Un luchador humilde Junto a los pañuelos. Carlos Jerónimo Palacios, ‘Monito’, con Emi D’Ambra, luego de brindar su testimonio.
“Fui detenido en febrero de 1975. Dos personas entraron de prepo (sic) a mi casa. Me hicieron levantar, me dijeron que me lave la cara y me peine, porque me iban a llevar”, relató Carlos Jerónimo Palacios –más conocido como ‘Monito’– ante el Tribunal del juicio La Perla. Carlos tiene 77 años y es zapatero. Su esposa y sus tres hijos presenciaron el momento de su secuestro. Luego sufrieron la discriminación durante los tres años y siete meses que su padre estuvo preso. “A mis hijos los torturaban llamándolos subversivos, los tuvimos que cambiar de escuela”, explicó. Carlos Palacio, que pertenecía al gremio de los metalúrgicos, estuvo en el Departamento de Informaciones, y recuperó su libertad cuando estaba preso en Sierra Chica.
un poco más sobre el mundo y lo que sucedía en él”, relata Miguel, que por esa época ya tenía diecisiete años. El 17 de mayo de 1976, José Antonio Apontes, que en aquel en-
A . “Las cartas eran nuestras armas. Sin los conocimientos suficientes, por aquellos aciagos tiempos con mi papá llevábamos adelante una tarea informativa impresionante, cual agencia clandestina de noticias. En la vieja Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, con esos valientes compañeros, padres y madres que me acogieron, llegué a escribir una carta a la Sociedad Interamericana de Prensa denunciando a La Voz del Interior porque se negaba a publicarnos nada. Fue en 1979, tras la negativa del diario a sacar una solicitada para el Día de la Madre, donde desde la Comisión reclamábamos la aparición con vida”, recuerda Miguel, en una reciente nota publicada en el diario El Argentino, luego de declarar en el juicio La Perla.
IDENTIDAD RECUPERADA · ABUELAS ENCONTRÓ AL NIETO 114
Una abuela, una hija, un nieto. La historia de todos y todas. A mediados de , cautiva en un centro clandestino de la dictadura y embarazada de varios meses, Laura Carlotto habla con una compañera también detenida: “Mi mamá no les va a perdonar a los milicos lo que me están haciendo”. Su madre, Estela de Carlotto, siempre ha pensado que, en ese momento, su hija la conocía más que ella misma. “Nunca iba a imaginar que seguiría toda mi vida en esta lucha”, supo decir en alguna entrevista. Laura sí lo sabía, como tantos militantes que pudieron reconocer en sus madres una energía inusitada, esa que sostiene la vida en las peores condiciones, con la fuerza de la voluntad y el amor. Hace pocos días, Estela y su nieto Guido (o Ignacio, como él prefiere que lo llamen) se descubrieron
juntos. Acompañados por millones de argentinos y argentinas, descorrieron un poco más el velo de mentiras y silencio con que el poder cívico-militar quiso cerrar la historia de este país. Su historia, tan pequeña y tan grande, súbitamente se esparció y fue noticia en todo el mundo. Porque su historia es nuestra historia, que sigue viva y escribiéndose, gracias a décadas de memoria empecinada, gra-
cias a estas viejas que son nuestras madres, abuelas, compañeras. La emoción de estos días seguirá latiendo mucho tiempo, alegre y vigorosa. Servirá para seguir convidando memoria, para saber que desde el de agosto, vivimos en un país mejor, naciendo cada día a un futuro que será hermoso si aprendemos a construirlo como Estela, Laura y Guido nos han enseñado.
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 40
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INSTITUCIONAL: LUCHA CAMPESINA • EN CRUZ DEL EJE COMIENZAN LAS AUDIENCIAS DEL JUICIO POR USURPACIÓN DE TIERRAS CAMPESINAS Por Movimiento Nacional Campesino Indígena
Un empresario al banquillo Monserrat Hubert
Bautista Casimiro Balduzzi está imputado y acusado por dos delitos: usurpación y turbación de la posesión por la grosera impunidad con la que se manejó en contra de la familia campesina Ozan y toda la comunidad de San Antonio, del Departamento de Cruz del Eje. Un día antes del juicio, se informa que Balduzzi solicita la probation, y debido a nuestra oposición, se resuelve llevar la causa a mediación. El próximo miércoles 13 de agosto a las 11 hs, en los Tribunales de Cruz del Eje, comienzan las audiencias. U . En el año 2003, en la comunidad de San Antonio, a 65 kilómetros al norte de la ciudad de Cruz del Eje, Bautista Casimiro Balduzzi compra 95 hectáreas con título y alambra un campo abierto de 500, encerrando a tres familias poseedoras ancestrales. El 9 de septiembre del año 2010 Balduzzi irrumpe con topadora y policías adicionales en la posesión de los Ozan, pero la resistencia de la comunidad organizada logra frenarlos. El 22 del mismo mes, nuevamente con topadora, pero esta vez con más de 11 policías adicionales –es decir, contratados y pagados por él–, avanza sobre la posesión de las familias destrozando los alrededores, borrando la represa y tapando el único pozo de agua que sustentaba la producción y la vida de las fa-
Presentes. El movimiento campesino cordobés defendiendo sus derechos en los tribunales de Cruz del Eje.
milias campesinas. Los Balduzzi tienen como modus operandi alambrar más de lo que compran, pero esta vez Bautista Casimiro, en el ca-
Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:
so de que los campesinos no acepten su ofrecimiento de reparación de los daños y perjuicios causados por su accionar, deberá volver a juicio y enfrentarse a un tri-
bunal penal. Su pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) tiene como requisito para que proceda cesar en forma inmediata los efectos del delito en cuestión, es decir, abandonar el inmueble usurpado y que el ofrecimiento de reparación de los daños causados sea razonable. Por no cumplir Balduzzi ninguno de los dos presupuestos, entre otras causales, los abogados del Movimiento Campesino se opusieron, lo que dio lugar a que se resuelva como última alternativa al juicio de debate, mandar la causa a mediación. Esta vez la posición de los campesinos es claramente distinta a la que estábamos acostumbrados. Será Balduzzi el que deberá tratar de convencer a las familias campesinas y a la justicia para evitar ir a juicio, donde se develarían mucho más que dos delitos penales en su contra. Balduzzi no puede ofrecer ni ceder un derecho que no tiene ni tuvo nunca. Balduzzi debe restituir lo usurpado. Balduzzi debe reparar e indemnizar, como a cualquier ciudadano, todos los daños y perjuicios por él cometidos. Los campesinos estamos cansados de ceder y perder lo que es nuestro a causa de la violencia y la prepotencia. Esta vez no perderemos ni un metro más. ¡Por un campo con campesinos! Ni un metro más, ¡la tierra es nuestra!
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CONTRATAPA
El conflicto armado y los bombardeos en la Franja de Gaza.
Por Mariano Saravia
Agosto de 2014 | Será Justicia Escritor y periodista. Magister en Relaciones Internacionales. Autor del libro La sombra azul.
Un impasse del genocidio palestino Hernán Cappelletti
Estamos en un impasse en el plan sistemático de exterminio del pueblo palestino. Luego de la tregua que puso fin a 28 días de bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza, el balance es aterrador: casi 2.000 muertos palestinos y 67 israelíes. Más de 1.500 de ellos son civiles del lado palestino, tres del lado israelí. Esto no es como dice el gobierno de Benjamin Netanyahu, porque los palestinos no defienden a su pueblo, ni tampoco es producto de los habituales “daños colaterales”. A esta altura no hay ningún error ni exageración. Lo que hay es terrorismo de Estado. Y cuando el terrorismo es usado como herramienta política por un Estado, tiene que cumplir dos condiciones: que sea generalizado y que además sea desproporcionado. A esto lo sabemos muy bien los argentinos. Que el terror sea generalizado significa que es masivo y, sobre todo, que la muerte de inocentes es un elemento premeditado y fundamental, porque sólo de esa forma cumple con su papel de aleccionar, aterrorizar y alienar a la población civil. Nadie sabe a quién le puede tocar. Por eso Israel ataca impunemente casas, mezquitas, escuelas, campos de refugiados y hasta hospitales. Por eso las imágenes de los niños masacrados por Israel son tan importantes para el propio Israel. La otra condición es la desproporción, dejar una ciudad arrasada, 1.500 contra tres. Lo mismo que hicieron los nazis en la masacre de las Fosas Ardeatinas, cuando por orden directa de Hitler asesinaron a diez partisanos por cada nazi muerto en el atentado de Roma. A esta altura ninguna excusa del gobierno de Israel es siquiera atendible. Ni los túneles de Hamas –que obviamente son consentidos hasta donde quiere el propio Israel–, ni los cohetes que no le hacen ni cosquillas, ni la propia presencia de Hamas, un grupo islamista radicalizado que gobierna en Gaza desde 2007 y que se creó en 1987, o sea, 20 años después de que se iniciara la ocupación ilegal e ilegítima de Israel a los territorios palestinos, después de la Guerra de los Seis Días. Desde 1967, la ONU y la comunidad internacional se han cansado de instar a Israel a
que abandone los territorios ocupados. Pero hoy no sólo que no los abandona, no sólo que hace que sigan creciendo las colonias de judíos israelíes allí, sino que se llega al colmo de que el ministro de Relaciones Exteriores, el neofascista Avidgor Lieberman, viva en una colonia. Es decir, la cara visible de Israel en el mundo, vive en territorio robado. Por todo esto, no es tan difícil llegar a la conclusión de que Israel no quiere negociar nada con los palestinos, porque no está dispuesto a aceptar un Estado Palestino, lo que debería ser el objetivo lógico de la negociación: dos Estados para dos pueblos en paz. Lejos de eso, lo que sucederá, seguramente, es que las negociaciones iniciadas en Egipto volverán a fracasar, más tarde o más temprano, ya que el plan de Israel no es otro que el de la limpieza étnica de Palestina, como lo demuestra clara y documentadamente el historiador israelí Ilan Pappe, en un libro que tiene justamente ese título: Limpieza étnica de Palestina (editorial Memoria Crítica, Barcelona, 2009). Esa limpieza étnica se busca a partir de hacerle la vida imposible a los palestinos en su tierra, y con la loca idea de que se
vayan. ¿Adónde? No lo saben los fascistas Netanyahu y Lieberman, como no lo sabían los nazi-fascistas europeos cuando querían hacer una limpieza étnica en Europa y expulsar a todos los judíos. ¿Y cómo se lleva adelante esta limpieza étnica de Palestina? En Gaza, como lo hemos visto, masacrando a su población civil. En Cisjordania, imprimiendo un verdadero régimen de Apartheid. Porque desde hace 47 años, Israel impone en Cisjordania la más brutal ocupación militar, con islas o bantustanes de donde los palestinos no pueden salir o moverse sin el consentimiento del ocupante. Lo dijo el arzobispo sudafricano Desmond Tutu: “Los palestinos sufren una opresión mayor que la jamás soñada por los ideólogos del Apartheid en Sudáfrica”. Pero así como cada vez son más en el mundo quienes denuncian al Estado terrorista de Israel, hay también quienes lo defienden. Y en general, estos últimos esgrimen una teoría de los dos demonios muy parecida a la que sirvió para justificar el genocidio aquí. Todo se termina conectando, porque el Estado de Israel fue uno de los sostenes políticos, económicos y armamentísticos
tanto de la Sudáfrica del Apartheid como de la Argentina de la última dictadura genocida. En mayo de 1978, la celebración en Argentina por los 30 años del Estado de Israel tuvo una dimensión inusitada y se hizo en el Luna Park. Viajó para la ocasión el general israelí Jaim Laskov, que se entrevistó con Videla. Y en el Luna Park hubo una presencia estelar: la del almirante Isaac Rojas. Una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Renée Epelbaum, dijo alguna vez una frase emblemática: “No quisiéramos enterarnos que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas israelíes”. Otra integrante de Madres escribió en diciembre de 2001, en el periódico comunitario Nueva Sión, lo siguiente: “He leído con atención este escrito aberrante que es el ‘Informe oficial de Israel sobre desaparecidos judíos en la Argentina’. No me sorprende el descaro y la desfachatez de las autoridades israelíes, que no dicen absolutamente nada de su nefasto papel en esa época. Israel, al igual que sus patrones norteamericanos, le dio a la dictadura apoyo económico, político, moral y armamentístico. Nuestros queridos hijos sufrieron una doble persecución: por parte de los fascistas uniformados, que los torturaron y los hicieron desaparecer. Y, también, por parte de los fascistas judíos, que armaron a los asesinos. Cuando en 1982 el primer ministro Shamir vino a Buenos Aires, no nos quería recibir. Shamir es un fascista y yo soy antifascista. También lo era mi hijo. Y yo estoy profundamente orgullosa de los sueños revolucionarios y de las luchas de mi hijo. Que era judío y, a lo mejor, fue asesinado con armas israelíes”. Por todo esto, la masacre del pueblo palestino no tiene que ver ni con la religión ni con el judaísmo, sino con el Estado terrorista manejado por Netanyahu y Lieberman. Y muchos de los que justifican el actual genocidio son los mismos que justificaron o callaron ante nuestro propio genocidio en los 70. Dentro de los 30.000 desaparecidos, hay más de 2.000 de origen judío, muchos de ellos asesinados con armas israelíes. Y la misma derecha comunitaria que ayer calló, hoy vuelve a callar o a justificar.
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