EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA EDITORIAL
PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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LAS AUDIENCIAS DEL JUICIO: ESPACIO DE ENCUENTRO Y RENOVACIÓN DEL ESPÍRITU DE LUCHA
Deudas pendientes La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido con la finalidad de establecer una fecha que “recuerde a las víctimas que fueron detenidas ilegalmente durante la dictadura”. La desaparición forzada de personas es un delito caracterizado como crimen de Lesa Humanidad por la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU). Esta declaración es un “aporte a los esfuerzos para promover la memoria y efectivizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares”. En tal sentido, subraya el “deber de investigar los hechos”, ya que ello es “una obligación del Estado y, conocida la verdad, someter a los autores materiales e intelectuales a la Justicia”. En las décadas de los setenta y ochenta, los regímenes dictatoriales del Cono Sur (Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Argentina), coordinados y financiados por EE.UU, implementaron el Plan Cóndor. Éste se constituyó en una gran organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, que instrumentó el asesinato y la desaparición de decenas de miles de opositores políticos –la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos sociales–, como una forma de garantizar la dependencia y la dominación económica. De los diez países más afectados por esta siniestra organización, sólo Argentina y Ecuador (este año) han podido desarrollar políticas de Estado al respecto. Organizaciones de derechos humanos de todo el continente luchan por justicia desde hace tres décadas, sin obtener aún respuestas. Desde el año 2003, nuestro país inició un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que posibilitó el juzgamiento a los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad en juicios orales y públicos en todo el país, respetando el debido proceso. En la actualidad, ya son casi 550 represores condenados y más de 1100 los procesados. Esto nos convierte en un país referente en materia de derechos humanos para el resto del continente. Pero la justicia también significa igualdad, y aún quedan deudas pendientes que afectan los derechos económicos y sociales, lo que nos compromete como sociedad a seguir profundizando esta democracia.
El hall de los pañuelos blancos. La testigo Isolda Elva Sosa es acompañada por Sonia Torres (Abuelas) y Emi D’Ambra (Familiares), entre otros militantes de DDHH cordobeses.
EL JUICIO POR DENTRO | Por Miguel Magnasco · Página 3
La Iglesia que fue perseguida
INFORME ESPECIAL
Los organismos de DDHH, la ciencia y el Estado argentino en una búsqueda común
A MEDIADOS DE LOS 60, EL SEGUNDO CONCILIO VATICANO ESTABLECIÓ COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA PRÁCTICA CATÓLICA LA “OPCIÓN POR LOS POBRES”. DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA, LOS SEMINARISTAS QUE SIGUIERON ESA LÍNEA FUERON FEROZMENTE PERSEGUIDOS.
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A 40 años del septiembre negro cordobés Hace 40 años, Córdoba vivió una ola criminal de la Triple A en la que resultaron asesinados algunos de los más importantes dirigentes políticos provinciales: Alfredo Curutchet, Atilio López, Juan José Varas, el pequeño hijo de Raúl Laguzzi y Julio Troxler. Tercermundismo cordobés. José Expedito Herrera recordó a monseñor Angelelli como su gran maestro.
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EL JUICIO POR DENTRO
Septiembre de 2014 | Será Justicia
MUJERES Y POLÍTICAS: ALICIA GUTIÉRREZ Y SUSANA CANELA • CONTINUAR CON EL COMPROMISO LUEGO DEL TERRORISMO DE ESTADO
Diputadas que sobrevivieron al horror L A G (S ) S C (S). L E T M R. N L R.
Diputadas. Susana Canela (izq.) implicó al juez Luis Rueda, y Alicia Gutiérrez.
J La Diputada salteña, Susana Canela, contó que en , cuando su causa pasó de la justicia castrense a la Justicia Federal, sin juicio previo ni posibilidad alguna de defensa, le dieron mayor condena que la otorgada por el Ejército. Santa Fe, declaró la semana última en la megacausa. Toniolli había sido enviado a Córdoba para reforzar la organización Montoneros local, debido a la cantidad de secuestros y desapariciones que la organización estaba sufriendo en este territorio. Ambos se conocían de la militancia universitaria, y en Rosario ya habían sufrido persecuciones a manos de la derecha peronista. Ya en La Docta, en octubre del 76, la pareja tuvo que atravesar el asesinato de la hermana de Gutiérrez, y el 9 de febrero del año siguiente, los militares se lleva-
ron a Eduardo. A través de distintos testimonios de sobrevivientes, Alicia supo que su compañero había estado en La Perla, donde había sido salvajemente apaleado. Como su seudónimo era ‘Juan’, los torturadores comenzaron a llamarle “juaneada” a esas golpizas. La testigo contó que desde allí lo trasladaron a Rosario, trayéndolo de nuevo a Córdoba en dos ocasiones durante 1977. Luego de la fallida ‘Operación México’ (1978), Toniolli, junto con otros quince referentes de las organizaciones revolucionarias, fueron sacados de la Quinta de Funes para ser alojados en otros CCD conocidos como la Escuela Magnasco y la Intermedia. Todos ellos continúan desaparecidos. “Le pido al Tribunal que no se fije en los daños individuales que sufrieron las familias, si no en el daño sobre el tejido social que significó el plan sistemático de represión en nuestro país. Esa es la Justicia que venimos a buscar”, concluyó Gutiérrez.
INSTANTÁNEA • ALUMNOS DEL COLEGIO SECUNDARIO J. M. GARRO ASISTIERON AL JUICIO
Con la presencia de los más jóvenes Un grupo de alumnos del IPEM Nº 189 Juan Mamerto Garro, un colegio de Córdoba, se acercó junto a su docente a cargo a una de las audiencias del juicio La Perla. Los chicos pudieron experimentar en persona lo que se vive en el recinto, escucharon los testimonios asignados del día, y dialogaron con el fiscal federal Facundo Trotta, quien les explicó cómo funciona el juicio.
jada, su causa pasó a la Justicia Federal, desde la cual le enviaron un escribiente para entrevistarla. Aquel emisario tenía en sus manos una resolución enviada por el Juzgado Federal Nº 1, firmado de puño y letra por el secretario Luis Rueda. Al momento de su declaración, la testigo conservaba la notificación, que fue puesta a disposición del Tribunal a cargo de esta megacausa. Tras aquella entrevista en Devoto, y sin juicio alguno, Canela fue condenada a cuatro años de prisión por el mismo motivo falaz que lo había hecho el Consejo de Guerra del Ejército. La justicia castrense fue aún menos severa que la Federal. Rueda es hoy Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en Córdoba y, como el de Susana Canela, diversos testimonios señalan su activa complicidad con los genocidas.
LA REPRESIÓN EN CÓRDOBA • EL ROL DE LA POLICÍA LOCAL
Marchen presos M E R B P C Mercedes Ferreyra
En 1978, Leopoldo Fortunato Galtieri jugaba al estratega, entretenimiento que a la sazón se le haría costumbre, a pesar de los fracasos a la vista de la historia. Había logrado convencer a sus pares de llevar adelante la ‘Operación México’, misión que consistía en viajar al país azteca y, aprovechando el factor sorpresa, capturar a la conducción de Montoneros allí exiliada. Él, en aquel entonces jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, mostraba su as bajo la manga: Tulio ‘Tucho’ Valenzuela, dirigente montonero, estaba dispuesto a ayudarlo. Según Galtieri, claro. Sonaba perfecto. Pero algo salió mal. Tucho le había confiado a su mujer, Raquel Negro, que fingiría estar colaborando para luego boicotear la operación. Y así lo hizo: una vez en México, el militante acudió directamente a los medios de comunicación y denunció públicamente las atrocidades que se estaban cometiendo en el país, en particular en el Centro Clandestino de Detención conocido como Quinta de Funes, en la provincia de Santa Fe. Los planes de Galtieri se fraguaron, y el Ejército desmanteló automáticamente ese CCD. Allí mismo estuvo detenido Eduardo Toniolli, quien había sido uno de los mayores responsable de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios) en Rosario. Su mujer, Alicia Gutiérrez, actualmente Diputada Nacional por
D R. “Si vos decís la verdad, te vamos a llevar de vuelta a que te torturen”, le dijo el presidente del Consejo de Guerra a Susana Canela, luego de que ella relatara las torturas y abusos que había padecido en el Departamento de Informaciones (D2). Como sentencia por “supuesta tenencia de armas”, la actual Diputada Nacional por la provincia de Salta recibió tres años y medio de prisión. Quien la juzgaba en aquel entonces era la ‘justicia’ de la misma fuerza de seguridad que la había secuestrado. “Nos defendían estudiantes de la Escuela del Ejército, que no tenían idea de cómo hacerlo, andaban con el Código (de Justicia) Militar en la mano”, explicó la testigo. Para cumplir con su condena, Canela es llevada a la cárcel de Devoto. Mientras estaba allí alo-
“Nosotros no podemos hacer nada, esos son operativos a cargo del Ejército”, es la respuesta que recibían miles de familiares que –tras los secuestros de sus seres queridos– se presentaban en las distintas dependencias de la Policía de la provincia en busca de información sobre su paradero. Sin embargo, a medida que avanza la megacausa, se ratifica el tándem represivo que llevaron adelante las fuerzas de seguridad en su conjunto. Marta Elena Ríos Barrera marcó uno a uno a los máximos responsables policiales que replicaban con sádica exactitud el método de desaparición, tortura y exterminio que sus pares militares habían instaurado. “El trato con los detenidos era siempre muy violento, se burlaban todo el tiempo, nos golpeaban con violencia por cualquier cosa”, relata la testigo. En Campo La Ribera, Ríos Barrera pudo ver a los hermanos Antón, Graciela y Herminio, y a Miguel Ángel ‘Gato’ Gómez, quien tras ser
descripto físicamente con irrefutable precisión por la testigo, se retiró de la sala de audiencias. “El Gato era un hombre muy malo, pegaba mucho. Nos hacía levantar el brazo derecho, y decir ‘hail Hitler’, para saludarlo. En alguna ocasión, quiso besarme y abrazarme”, recordó la víctima. Por otro lado, Ríos Barrera se refirió a un parapolicía de apellido Tissera (Juan Antonio), al que le decían ‘El Tío’, que andaba “con una valijita y se jactaba de que allí guardaba la picana”. Así también, indicó que el ‘Turco’ Yamil Yabur tenía mayor jerarquía dentro de la Policía. “Era quien ordenaba los operativos de secuestro y las torturas que el resto de los oficiales realizaban”, subrayó en su declaración. Por último, los hermanos Yanicelli, Carlos y Raúl, fueron señalados por Ríos Barrera como integrantes de los grupos que realizaban interrogatorios y demás prácticas represivas a los presos políticos.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VI · Nº 41
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LA REPRESIÓN A LOS CURAS TERCERMUNDISTAS • EL TERRORISMO DE ESTADO ANTES DEL GOLPE
La persecución dentro de la Iglesia y la “opción por los pobres” L V A J E H . A 1974, C. E , . mó el testigo. Nunca encontraron nada. Fruto de esta constante persecución, Acha se vio obligado a marchar al exilio en Colombia.
T . La “opción por los po-
Mercedes Ferreyra
En el cierre del Concilio Vaticano II, el 7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI, expresaba en su discurso: “Tal vez nunca como en esta ocasión ha sentido la Iglesia la necesidad de conocer, de acercarse, de comprender, de penetrar, de servir, de evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla, de alcanzarla casi en su rápido y continuo cambio (…) Recordamos que el mismo Cristo es quien nos enseña que el amor a los hermanos es el carácter distintivo de sus discípulos, y cuando dejamos que resuenen en nuestras almas las palabras apostólicas: ‘la religión pura y sin mancha a los ojos de Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones’ (…) El Concilio ha enviado al mundo contemporáneo en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores, en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza”. Sus palabras hacían crujir el paradigma hegemónico que hasta allí reinaba en la Iglesia, de escindir la práctica católica y su producción intelectual de lo que ocurría en una sociedad con permanentes cambios culturales, sociales, políticos y económicos. La nueva premisa era exactamente la opuesta: hay que meterse en el barro. A partir de allí, miles de curas y fieles adoptaron los valores del compromiso con la realidad social, la solidaridad con los más vulnerables, la idea de obrar activamente por un mundo más equitativo.
En el hall. Al finalizar su testimonio, Víctor Acha (centro) se reencontró con viejos compañeros de militancia.
En América Latina, fue el movimiento de curas tercermundistas el que comenzó a intervenir bajo el nuevo orden establecido en el Concilio II. Este grupo fue ferozmente perseguido en tiempos del terrorismo de Estado en Argentina. Sus ideas interferían en los planes militares, y diferían con las de uno de sus mayores cómplices locales: la propia Iglesia católica.
“L I ”. Once ‘allanamientos’ sufrió el Padre Víctor Acha en su capilla de Villa El Libertador, entre el año 74 y 76. Es que en esa barriada cordobesa, Acha –junto a otros sacerdotes y militantes barriales– había generado un espacio de expresión de de-
P ... “...pero no quería que se difundiera. Yo le pedía que hiciera una manifestación pública, pero él me respondía: «Esto lo manejo yo, te prohíbo que lo hagas público»”, aseguró Acha en su testimonio. mandas populares que permanentemente instalaba en el debate público local las problemáticas existentes en esa comunidad. Con el golpe policial al gobierno democrático de Ricardo Obregón Cano (el Navarrazo), el clima comenzó a oscurecerse en la Villa. Acha contó, en su testimonio, que Gervasio Mecca, un seminarista que convivía con él en la parroquia, fue secuestrado allí mismo, sin que el comando que realizaba el operativo (todos vestidos de civil) diera explicación al-
TESTIMONIOS I · EDUARDO LEANDRO CUESTA
“Salían hechos una lechuguita” Así se refirió el médico Eduardo Leandro Cuestas a un encuentro “casual” que tuvo con el entonces Ministro de Salud Provincial, Carlos Rezzónico, en las afueras de Campo La Ribera (en el año ). Cuestas había permanecido varios días allí secuestrado, debido a su pasado como funcionario del gobierno de Ricardo Obregón Cano, destituido por el golpe policial conocido como El Navarrazo (). El doctor Rezzónico –que estaba acompañado de un colega de apellido Guili–, tenía una larga trayectoria en la medicina local, y fue designado días después del Golpe. Incluso tuvo un decreto-ley a su nombre, el . del año , que entre otras cosas, inhabilitaba “recetar o aconsejar sobre méto-
dos anticonceptivos y ligaduras tubarias en los hospitales públicos”. La referencia de Cuestas sobre Rezzónico, no es menor. No existen muchos antecedentes en el terrorismo de Estado donde civiles estuvieran al frente de los ministerios provinciales. Estos eran en su mayoría ocupados por miembros de las Fuerzas Armadas. Había que estar muy en sintonía con las ideas e intereses de los genocidas para acceder a ellos. El testigo, además, fue categórico al describir las significaciones que tenía ser un preso político de la dictadura: “Lo primero que te sacan con el secuestro es la pertenencia. Hacen lo posible para que pierdas tu identidad”, subrayó.
guna de los motivos por los cuales se lo llevaban. “Las explicaciones pídaselas al Arzobispado”, sentenciaron los captores. El padre relató que el propio interventor de la provincia, Raúl Lacabanne, supervisó en persona desde un helicóptero una de las tantas irrupciones por la fuerza que hicieron en su hogar. “Querían mover el altar porque decían que debajo estaba el acceso al sótano y que había armas. Rompieron la puerta del templo buscando lo mismo”, afir-
bres” parecía no ser una opción viable en la Argentina ensombrecida del terrorismo de Estado. José Expedito Herrera, movilizado también por los cambios en los principios rectores de la Iglesia surgidos a partir del II Concilio, militaba activamente como seminarista en Córdoba. “Desde 1930, se quería construir un país para pocos. A nosotros nos despierta Juan XXIII (Papa que abrió el II Concilio en 1962) y nos dice que la Iglesia no es para adentro, que hay que salir a hacer lío. Entonces, ¿cómo nos íbamos a quedar en la parroquia? Nosotros no estábamos por la opción armada porque habíamos tomado otra opción, pero todos estábamos organizados”, aseguró el testigo durante su declaración. Herrera contó que compartía su acción comunitaria con referentes como Navor Gómez, gremialista bancario afiliado al Partido Revolucionario Cristiano. Además, recordó conmovido el trabajo comprometido que llevaban adelante otros militantes, como Tito Yornet, Cristina Galíndez de Rossi, Marta González de Baronetto, “y por supuesto, mi gran maestro, (Enrique) Angelelli”.
TESTIMONIOS II · ISOLDA ELVA SOSA DE LIÑEIRA
Discutir a solas con Barreiro Todas las tardes, Guillermo Barreiro, uno de los máximos responsables del CCD La Perla, repetía la misma solicitud: “Tráiganlo a Liñeira”. Se refería a Oscar, el hijo de Isolda Elva Sosa, histórica militante de Familiares Córdoba, que testificó en la audiencia del juicio. Barreiro ponía especial atención en Liñeira debido a la alta formación intelectual y política del joven. Según relató su madre, el Teniente Primero –como una suerte de desafío para sí mismo–, lo convocaba a diario para debatir temas vinculados a mitología, religión, economía o política. “Oscar desde niño fue muy aplicado, estudiaba mucho. Pasó el exámen de ingreso al Belgrano con puntaje de %. Fue abanderado desde la
primaria”, explicó Isolda. Gustavo Contepomi, sobreviviente de ese CCD, le contó a la testigo que ‘El Nabo’ –como lo apodabana a Barreiro–, tras regresar de un viaje a Buenos Aires, tuvo una discusión con Juan Carlos González, que había quedado a cargo en su ausencia. El intercambio empezó luego de que Barreiro preguntara por Liñeira, sin obtener respuestas. “Yo sé la gente que tengo acá”, le recriminaba reiteradamente el Teniente Primero a González. Esa anécdota condujo a Sosa de Liñeira a comprobar lo peor: su hijo había sido asesinado en La Perla. “Barreiro y Verges tienen que decirme la verdad sobre Oscar, qué paso con él”, concluyó.
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INSTITUCIONES Y MEMORIA: UN RECORRIDO POR LOS DISPOSIT
Septiembre de 2014 | Será Justicia
INFORME ESPECIAL • LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS, LA CIENCIA Y EL ESTADO NACIONAL, EN UNA BÚSQUEDA COMÚN | Por César Pucheta
Herramientas para la identidad C , DD.HH . E , , E , . Entre el conglomerado de atrocidades que han cometido los responsables de la última dictadura en la Argentina, la apropiación de niños aparece, sin dudas, como el más repudiable. Si la lucha en pos de conseguir justicia sobre los 30.000 desaparecidos logró una inmediata atención interna y externa, la situación de los niños apropiados se convirtió en una de las iniciativas que más apoyo recibió desde todos los ámbitos del quehacer político alrededor del globo. Esa lucha llega a nuestros días con el reencuentro de 115 nietos apropiados con sus familias de origen, y con un conjunto de herramientas construidas desde el seno de las organizaciones que, en concordancia con el Estado, llevan adelante trabajos que permiten continuar la búsqueda con las esperanzas intactas de seguir avanzando. En tiempos de la retirada de los militares, una comisión de Abuelas de Plaza de Mayo participó, en Washington, del encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Una vez en EEUU, se reunieron con el reconocido hematólogo Fred Allen, quien les prometió estudiar y trabajar sobre la posibilidad de aportar, desde el área de la genética, a la causa de los abuelos que buscaban a sus nietos en la República Argentina. A ese trabajo, se sumaron los especialistas del programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias y Mary-Claire King, una reconocida genetista doctorada en la Universidad de California. Los estudios y las posibilidades de concreción fueron creciendo y tratados colectivamente en varios simposios y encuentros alrededor del
mundo. Avanzados en esta tarea, hacia comienzos de la etapa alfonsinista, la CONADEP invitó a un grupo de científicos a la Argentina para estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio y trabajar en ese sentido. Entre ellos, se encontraban Mary-Claire King y el antropólogo Clyde Snow. El primer antecedente del Banco Nacional de Datos Genéticos se puso en marcha desde el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, allí se realizaron los primeros exámenes de histocompatibilidad, y tomó forma el hoy reconocido en el mundo ‘índice de abuelidad’. V D. Para 1987, Alfonsín había tenido que ceder en los caminos que la Justicia había comenzado a trazar con el Juicio a las Juntas en 1985, pero el camino no se detendría. La apropiación de bebés no había entrado en la Obediencia Debida ni en el Punto Final, por lo que los procesos seguían abiertos y la posibilidad de que los mismos sean juzgados se mantenía firme. En ese marco, la presión de las Abuelas (que ya había conseguido que el entonces presidente designara dos fiscales abocados especialmente a los casos de secuestro y desaparición de niños) impulsó a Raúl Alfonsín a promover la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que tiene como objetivo “garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de Lesa Humanidad y cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983”. A partir del trabajo de
esta institución es que se han obtenido las pruebas suficientes para devolverle su identidad a 115 nietos.
“La situación de los niños apropiados se convirtió en la causa que más apoyo recibió desde los ámbitos del quehacer político”. L . En la historia de la lucha por la identidad y la memoria, los pasos avanzan con reveses y conquistas. Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia en 1989, las expectativas se renovaban a una velocidad tan espasmódica como en la que se desmoronaban. En sus primeros discursos, Menem hablaba de “reconciliación nacional” en una tónica que se adelantaba a una de sus decisiones más infaustas: los indultos. Sesenta y siete represores procesados y condenados por causas contra la humanidad eran liberados a partir de un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente, tres meses después de asumir. Con ese antecedente, no era impensado imaginar una relación compleja entre Menem y Abuelas. Los conflictos se fueron sucediendo en medio de desplantes, denuncias y comentarios desacertados. Las Abuelas insistieron con el pedido para que el presidente las reciba. A su vez, el riojano dilataba las respuestas, mientras arrojaba señales permanentes de estar pensando con una claridad ideológica que lo ubicaba bien lejos de los reclamos propios de las organiza-
ciones de DDHH. En 1991, el entonces presidente habló de la “necesidad de sepultar definitivamente a los 30.000 desaparecidos”. Los organismos repudiaron los dichos y volvieron a exigir ser recibidos, Menem continuaba haciéndose esperar. El punto más álgido de las declaraciones cruzadas se daría el 9 de julio de 1992. En una conferencia de prensa que se realizaba en Tucumán, luego de los festejos por un nuevo aniversario de la Patria, el presidente advirtió a los padres para que evitaran la presencia de sus hijos en las manifestaciones que por esos días llevaban a cabo algunos grupos docentes. “Quienes no olvidan su historia, la repiten”, dijo Menem, quien remató con un llamado a la conciencia para no lamentar “otro contingente de Madres de Plaza de Mayo en la Argentina”. El límite había encontrado su punto y los organismos de DDHH convocaron a una masiva movilización para el 17 de julio de ese año, bajo la consigna: “Por el Derecho a defender nuestros Derechos”. En ese momento, Menem entendió que había llegado el momento de sentarse a conversar con Abuelas. Dos días antes de la movilización, el Presidente recibió a las Abuelas en la quinta presidencial de Olivos. Los pedidos de la organización eran concretos. El Estado debía comprometerse para reparar el daño que el propio Estado (en manos de los militares) había causado a miles de familias argentinas. Para ello, exigieron al Estado, entre otras cuestiones, la creación de una comisión especial para la búsqueda de los menores apropiados, que debía funcionar
TIVOS CREADOS POR EL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS DDHH
en la órbita del Ministerio del Interior. Menem accedió sin poner demasiados reparos. En noviembre de 1992, la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la
Identidad inauguró el trabajo conjunto entre el Estado y un organismo de DDHH. Su objetivo de origen se basó en la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura militar, área de trabajo que se vio superada ante las denuncias sobre robo, tráfico de menores, despojo y otros delitos relacionados con la identidad. Al ser este el único ámbito del Estado Nacional especializado y dedicado a la temática de garantizar el derecho a la identidad, esos objetivos iniciales se fueron ampliando para abarcar la mayor cantidad de casos posibles en torno a la problemática de la identidad. Actualmente, la CONADI funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando el antropólogo texano Clyde Snow viajó a Buenos Aires con la intención de trabajar en la problemática de la búsqueda de la identidad en nuestro país, convocó a un equipo de pares a los que se sumaron genetistas, médicos e investigadores, quienes se abocaron a la búsqueda de restos de desaparecidos en las fosas comunes de los cementerios del conurbano bonaerense. Ese fue el comienzo de una historia que se extendió a lo largo del mundo. Snow entrenó a un conjunto de antropólogos para poder finalmente aplicar los conocimientos y las técnicas que se utilizaban para el reconocimiento de fósiles prehistóricos al reconocimiento de víctimas del terrorismo de Estado.
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 41
“En noviembre de 1992, la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad inauguró el trabajo conjunto entre el Estado en la búsqueda y localización de niños desaparecidos durante la última dictadura”. E . Hasta fines del 2007, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había logrado identificar 250 cuerpos de desaparecidos, ese número se duplicó, superando hoy las 550 identificaciones a partir de la puesta en marcha de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La iniciativa, trabajada en conjunto con la Fundación Antropológica Forense de Guatemala y el Equipo Peruano de Antropología Forense, está destinada a identificar restos de personas desaparecidas por razones políticas en América Latina. Para ello se impulsa una campaña de toma de muestras de sangre y se ha puesto en marcha la creación del Banco de Sangre de Familiares, creado por un convenio entre el EAAF, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud. Es otro de los importantes avances que, en los últimos años, siguen ampliando el abanico de posibilidades para continuar el proceso de recuperación de la identidad y la memoria en la República Argentina.
REUNIÓN CON EL EAAF
Trabajo conjunto
A pedido del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se llevó a cabo una reunión con representantes de los organismos de derechos humanos de Córdoba. En la misma, luego de recibir un informe hecho por el EAAF, sobre las tareas a las que se han abocado en el último tiempo, se analizaron las distintas líneas de trabajo abiertas y cómo lograr aunar esfuerzos y recursos a la hora de facilitar y potenciar las mismas. Se hizo hincapié en el trabajo en equipo, con el objetivo de encontrar los restos de miles de militantes asesinados en La Perla. Y se acordó realizar una campaña de difusión masiva, a fin de conseguir que más familiares se acerquen a prestar muestras para la identificación de sus familiares.
ENTREVISTA • EMILIANO FESSIA, DIRECTOR DEL ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PERLA | Por César Pucheta
“Los organismos nunca han dejado de actuar con el Estado” “Desde que han nacido, los organismos de DDHH nunca han dejado de interactuar con el Estado. Hay una claridad muy grande que siempre estuvo presente en la lucha de los organismos y que señala que es el Estado quien debe resolver los crímenes que el mismo Estado cometió”. La afirmación pertenece a Emiliano Fessia, Director del Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos ‘La Perla’. Militante histórico de H.I.J.O.S, Fessia ocupa hoy ese lugar en el que confluyen la militancia, la lucha de años y generaciones, con las estructuras del Estado, en este caso el provincial, tan inestable y locuaz en sus posturas con respecto a la problemática de los DDHH en nuestro país. Será Justicia: ¿Qué implicaron las políticas de DDHH impulsadas desde el Estado a partir de , para los espacios institucionales como La Perla? Emiliano Fessia: Cuando se avanzó desde el para acá en todo lo que tiene que ver con los avances de la Justicia, los organismos asumimos el desafío de construir políticas de Estado. Hay que entender que el Estado no es una cosa monolítica sino el fruto de una construcción de todos, que expresa en su interior la convivencia y las disputas de las diferentes fuerzas sociales y que son los gobiernos elegidos popularmente los que le dan una inclinación política u otra. El desafío al tener un gobierno que da lugar a que las luchas de años se hagan realidad, fue disputar hacia adentro de ese Estado las posibilidades de construcción de política públicas en ese sentido. Es indudable que la derogación de las leyes, el impulso a la reapertura de los juicios, el traspaso de la ESMA y ese tipo de iniciativas hicieron fuerza para que los diferentes Estados provinciales tomaran nota e impulsaran diferentes políticas relacionadas a memoria, verdad y justicia. En ese contexto, en Córdoba, muchas de las marchas del de Marzo terminaban al lado del Cabildo, en el espacio en que funcionaba el D, y una de las exigencias que fue cobrando fuerzas, fue que ese lugar se convirtiera en un Espacio para la Memoria. Así fue como, para los años del golpe (), la Legislatura, por unanimidad, sacó la ley de la
Fessia. “Los organismos tenemos que pensar políticas públicas”.
memoria, lo que es un hito central en toda esta historia. SJ: ¿Qué significó para vos la transición de la militancia en un organismo de derechos humanos al trabajo en un dispositivo estatal que vela por esos derechos? EF: Un enorme aprendizaje que continúa hasta el día de hoy. A mí me ayudó mucho participar política e institucionalmente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Ciencias de la Información. Ahí, en mi primer experiencia de construcción colectiva de una política dentro de una institución, aprendí a comprender las formas institucionales. Evidentemente en esta construcción de memoria trabajada históricamente por los organismos, los desafíos son más grandes. Tenemos que ser capaces de pensar políticas públicas, construir-
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las públicamente, planificar anualmente, manejar fondos públicos... sigue siendo todo un aprendizaje. Cuando uno construye desde una institución pública, el posicionamiento político debe ser mucho más cuidadoso y complejo, siempre en la línea de promoción y defensa de los DDHH, pero con una concepción más amplia que lo vuelve más complejo y más rico al mismo tiempo. SJ: ¿Cómo se discute el sentido del trabajo diario por la memoria y la identidad en términos de construcción política? EF: Creo que con mucho trabajo e intentando que no te atrape lo burocrático en sentido negativo, trayendo lo mejor de lo aprendido en términos de ideas desde los organismos pero sabiendo que las instituciones públicas son de todos los ciudadanos que aportan a las instituciones públicas. Es un desafío porque hay que trabajar en algo que es muy difícil en la cultura política de nuestro país, que es la concepción de políticas de Estado. Políticas entendidas en el sentido que señala que más allá que fluctúen los gobiernos y que haya signos ideológicos contrarios, las políticas continúen. Queremos que La Perla continúe y que siga para siempre porque lo que pasó ahí no nos puede pasar nunca más y el Espacio debe servir para eso. Eso traducido al día a día es algo muy complejo, sobre todo en una sociedad con una cultura autoritaria y con fuerzas de seguridad e instituciones de encierro que se manejan con lógicas heredadas de la cultura dictatorial. Eso nos pone en un lugar muy tenso porque, siendo parte del Estado, tenés que construir una visión crítica hacia el mismo Estado de que esas prácticas deben dejar de existir. SJ: ¿Existe el riesgo de que toda esta construcción pierda fuerza en el supuesto caso de que en accediera al Gobierno un proyecto opositor a las actuales políticas de DDHH? EF: El riesgo existe en la medida de que se trata de una batalla cultural que nos trasciende enormemente. Si la ciudadanía vota gobernantes con perfiles más conservadores, el trabajo de los Espacios de Memoria seguramente se va resentir.
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EL JUICIO POR DENTRO
Septiembre de 2014 | Será Justicia
TESTIMONIOS III • ALBERTO PESARINI Y JOSÉ ANTONIO BRIZUELA, VÍCTIMAS DEL JUICIO LA PERLA
Las vivencias de las familias F A P J A B .
Gentileza Télam
“En el 77 teníamos una tornería con mi padre, allí trabajábamos con mi hermano. Una vez, un hombre llega preguntando por Alberto. Lo llaman y le preguntan sobre su número de documento”. Así comenzó el testimonio de Juan Domingo, hermano de Alberto Pesarini. “Todo pareció un malentendido y el hombre se retiró. Al rato volvieron otros hombres, le ataron las manos y lo subieron a un auto Taunus amarillo”, continuó. Aquel episodio significó el comienzo de una pesadilla y la búsqueda de Alberto. La familia lo buscó en la Jefatura de Policía, en otras comisarías, en la Iglesia, sin obtener respuestas. “En el 79 y 80, tuve contacto con organizaciones de familiares de desaparecidos. Nos empezamos a enterar de que los secuestros en realidad eran masivos”, relató Juan Domingo. Debido a testimonios de sobrevivientes, la familia pu-
lescencia entre prejuicios de los demás. Es algo que no sana nunca”, dijo Paula ante el tribunal.
Rostros de la memoria. Luisa Inés Vilardo junto a Marcos Brizuela (izq.) y Paula Pesarini (der.).
do saber que Alberto había estado detenido en La Perla. Alberto se había casado el mismo año de su secuestro, y esperaba una hija, que nació un año después. “Fue muy duro para mis padres. Mi madre se levantaba a esperarlo. Tengo el ejemplo del mejor hombre”, recordó su hermano. Y agregó: “El compromiso político que tenía era muy grande y solidario, un referente para todos nosotros como hombre”. Paula Pesarini, hija de Alberto –quien al momento de su secuestro estaba en la
panza de su mamá–, tuvo una infancia marcada por el silencio. “Recién de adolescente me animé a preguntar más”, declaró en el juicio. En una ocasión, su madre le mostró una carpeta donde habían guardado los certificados y notas recolectadas por su abuelo mientras hacían las averiguaciones. “Fui testigo del trauma que había sufrido toda la familia, de los silencios y las lágrimas contenidas. Fue difícil preguntar, vivir con esa incertidumbre permanente. Es un duelo que no se termina de cerrar. He vivido mi infancia y ado-
LA PERSECUCIÓN EN LA UNC• JUAN MANUEL TORRES BERROTARÁN Y JOSÉ ALFREDO SANTA
Estudiantes de Agronomía Al igual que en varias de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la dictadura dejó un saldo oscuro en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Según un estudio realizado por Gonzalo Pedano, egresado de Filosofía y Humanidades, donde hace un relevamiento de los detenidos-desaparecidos de cada facultad, son catorce los estudiantes de Agronomía que se cuentan entre las víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba. En febrero de 1976, un operativo allanó el domicilio de Juan Manuel Torres Berrotarán. El testigo explicó: “Me llevaron al D2 (Departamento de Informaciones), allí fui fotografiado contra una pared. Me preguntaron si era militante de la JUP (Juventud
Universitaria Peronista), y como les dije que no, me llevaron a otro ambiente. Allí me hicieron el submarino y me dieron trompadas en el estómago, entre tres o cuatro personas”. Y agrega: “A la mañana siguiente me liberaron”. Berrotarán se reintegró a la Universidad, pero en noviembre de 1976 volvió a ser detenido y trasladado en el baúl de un auto. Su próxima parada fue La Perla. A los golpes, “me preguntaban qué hacía yo, el nombre de mis compañeros y por la militancia, que hacía un año yo había dejado”. Finalmente, lo trasladan a Campo La Ribera. José Alfredo Santa, otro testigo del juicio, también fue estudiante de Agronomía en la UNC. “La carrera recién se había creado, en
tiempos de no democracia. Llegué a Córdoba de Deán Funes, y a los dos meses fue el Cordobazo”, contó en su testimonio. Con los años, y junto a sus compañeros, comenzaron a organizarse “para pedir por las cuestiones que estaban mal”, y formaron el centro de estudiantes de la Facultad, explicó José Alfredo, quien en el año 75 fue el primer presidente de dicha organización. En el 77, Berrotarán se encontraba en su oficina de trabajo, en Carlos Paz, cuando aparecieron personas armadas y vestidas de civil, que irrumpieron en el lugar y se lo llevaron en un jeep. El testigo sufrió la detención y la tortura. Fue llevado al D2, y luego trasladado a Campo La Ribera, junto con su hermano.
L . José Antonio Brizuela estaba por egresar de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC). “En noviembre del 75, mi esposo es citado al Batallón 141 para hacer el servicio militar obligatorio. Fue incorporado un año después, y su destino fue la Unidad Penitenciaria Nº 1. También hacía guardia militar”, declaró su esposa Luisa Inés Vilardo. Una mañana, José Antonio se fue temprano al destacamento militar. Aquella fue la última vez que su familia lo vio.“Ahí empezó mi investigación, mi búsqueda por encontrarlo”, recordó su esposa, que ya tenía un hijo con José Antonio, además de un embarazo de cuatro meses. Marcos Ernesto Brizuela, su hijo, declaró: “Me siento privado de conocer a mi padre. Mi hermano mayor era el que siempre preguntaba, y esa situación llevaba a que mi mamá se ponga muy triste”, dijo. “Nosotros nos sentíamos muy culpables, decidimos entonces hacer un pacto de silencio, que nos llevó más de treinta años. Recuerdo cómo era no tener un padre”.
MENÉNDEZ• PRISIÓN DOMICILIARIA Y EL “ 2 X 1”
Con viento a favor Tal como lo publicó Será Justicia en la edición Nº , el máximo represor de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, se encuentra actualmente en prisión “preventiva” domiciliaria debido a su vinculación con el juicio La Perla, y con otros juicios por delitos de Lesa Humanidad. Las razones de su excarcelamiento son, por un lado, la aplicación del “ X ” –el cómputo doble de los días de prisión para quienes superen los dos años de detención sin condena–, y porque la condena firme que recibió en por la causa Brandalisis se ajustó al Código Penal vigente en , el cual asignaba años a cumplir por prisión perpetua. Ante esta situación, la Fiscalía y la querella de Familiares e H.I.J.O.S presentaron un recurso de casación al TOF Nº, que fue rechazado. Sin embargo, en una instancia posterior, la Cámara Nacional de Casación Penal
aceptó un recurso de queja, rechazando el pedido de la defensa de Menéndez, sosteniendo –en relación a la prisión domiciliaria– que al represor le sigue correspondiendo la cárcel común. Quedan instancias jurídicas, técnicas y morales a resolver, como la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que días atrás mostró públicamente un cambio en su criterio y dejó firme la detención domiciliaria del represor Roque Italo Pappalardo –condenado a prisión perpetua por el asesinato del abogado Carlos Moreno en . “La domiciliaria nunca se cumple, nunca tuvo un verdadero control”, explicó a Será Justicia María López, abogada querellante del juicio La Perla. Pero hasta ahora la situación particular de Menéndez, añadió la abogada, “marcha de manera favorable y procesualmente hay que seguir esperando”.
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 41
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INSTITUCIONAL · CONFERENCIA DE PRENSA DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA DESFINANCIACIÓN DE LOS SITIOS DE MEMORIA
La lucha contra la falta de recursos Monserrat Hubert
Los organismos de Derechos Humanos que participan en la Comisión Provincial de la Memoria realizaron una conferencia de prensa en el Archivo Provincial de la Memoria, el pasado 2 de septiembre. En la misma, expresaron su preocupación respecto a la situación de los Sitios de Memoria, por cuanto el gobierno provincial no gira regularmente los recursos para su normal funcionamiento. Los Sitios de Memoria fueron creados por la Ley provincial Nº 9286 y su decreto reglamentario. El presupuesto para su funcionamiento se aprueba cada año en la ley general de presupuesto de la provincia. El mismo contempla tres grandes ejes: gastos corrientes, personal y mantenimiento e infraestructura. En cuanto al aporte para gastos corrientes, se informó que en los últimos años se ha transferido siempre un valor menor a lo presupuestado. En los últimos tres años la transferencias se han reducido cada año, pasando desde un 60% de lo presupuestado en 2012, aproximadamente el 40% en 2013, y en lo que va del presente ejercicio, apenas ha sido transferidos el 22% del valor previsto. Por lo tanto, los montos de la trasferencia de dinero es menor cada año, sin tener en cuenta inflación u otro incremento. Por otro lado, no hay ninguna previsibilidad posible en cuanto a fechas y mon-
Conferencia. Emilia D’Ambra, María del Carmen Torres, Sonia Torres y Emiliano Salguero fueron los panelistas
tos de transferencia, lo que dificulta seriamente el desenvolvimiento de las distintas actividades previstas en la planificación anual. Con respecto a la inversión en mantenimiento, no se ejecuta desde hace tres o cuatro ejercicios. Es necesario tener en cuenta que los tres sitios de memoria, el ex D2, Campo de la Ribera y La Perla, son edificios de larga data que requieren mantenimiento permanente y, como en el caso de Campo la Ribera, una inversión para su reparación y puesta en valor. En relación al personal de los Sitios (unos 55 trabajadores), si bien la provin-
Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:
cia abona mensualmente sus haberes y aportes, es importante tener en cuenta que todos son contratados. Es decir, no hay cargos de planta permanente. Por otro lado, frente a renuncias o pases en comisión, no se cambia la titularidad de los mismos, sino que los sitios ven reducida la planta de personal año a año. Los comisionados y representantes de los organismos de derechos humanos explicaron que la rendición de cuentas se realiza de acuerdo a las leyes y normas de procedimiento vigentes, siendo el Tribunal de Cuentas de la provincia quien audita balances y comprobantes de gastos.
Asimismo, se remiten trimestralmente los balances de gastos e inversiones y los balances anuales al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de quien dependen administrativamente los sitios. Quienes tuvieron la responsabilidad de referirse a la situación planteada, destacaron la labor que cumplen directores y trabajadores, quienes a pesar de la precariedad y falta de recursos, llevan adelante una tarea que es ejemplo en Argentina y en el mundo. De ello dan cuenta la cantidad de visitantes que reciben, incrementada año a año, la calidad y variedad de las actividades que se realizan, los reconocimientos que logran las distintas áreas de trabajo, tanto en lo local, nacional e inclusive de países como Chile, Brasil, Alemania, Corea o México. También se destacó la labor que realizan con niños y jóvenes, alumnos de las escuelas, quienes tienen un gran protagonismo en los tres espacios. Finalmente, apelaron a la buena voluntad del gobernador de la provincia, para lograr un diálogo directo con él, pues consideran que las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, tienen significación y valor para el conjunto de la sociedad y no sólo para quienes fueron las víctimas directas del terrorismo de Estado, a fin de lograr que las mismas cuenten con los recursos necesarios.
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CONTRATAPA
A 40 años del ‘septiembre negro’ que cambió la política cordobesa.
Septiembre de 2014 | Será Justicia
Por Alexis Oliva
La cacería L T A A C, A L, J J V, S F, R L J T, . 20 de septiembre de 1974, 11:30 horas. Desde un Peugeot 504 negro, la patota lo acecha. En la esquina porteña de Figueroa Alcorta y La Pampa, él espera el colectivo 130 para ir hasta Plaza de Mayo, donde hay una manifestación por el anuncio de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Los cuatro matones se bajan, lo encañonan y lo obligan a subir al auto. Maniatado y tirado en el piso, lo llevan hasta el pasaje Coronel Rico, en el barrio de Barracas. Antes de bajarlo, le pegan en la cabeza para atontarlo. Con los brazos atados, él comienza a correr por una vereda donde no hay dónde guarecerse. La ráfaga de ametralladora le cruza la espalda y hace que su sangre salpique el paredón. Luego lo rematan con cuatro disparos en la cabeza. Hace 40 años, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) alcanzaba su apoteosis criminal durante ese ‘septiembre negro’ con una secuela de asesinatos a referentes de izquierda. En particular, de la izquierda peronista, víctimas del ala derecha del movimiento al que la muerte del líder –heredado por su viuda María Estela Martínez y el ‘Brujo’ José López Rega– dio vía libre para emprender la purga sangrienta que precedió al terrorismo de Estado encabezado por otras tres A: las tres armas. “La lista sigue... Murió Troxler. El próximo para rimar será... Sandler??? Mañana vence el plazo... Adjuntamos lista de ejecuciones. Troxler murió por bolche y mal argentino... Ya van cinco y seguirán cayendo los zurdos, estén donde estén”, decía el comunicado que la banda paraestatal difundió aquel 20 de septiembre, en el que también figuraban los nombres de las víctimas marcados con cruces: Ortega Peña, Curutchet, López, Varas y Troxler. De esa lista, el único que sobrevivió fue el diputado Héctor Sandler, quien luego de la amenaza recibida en su estudio de abogado el 11 de septiembre debió refugiarse un tiempo en el edificio del Congreso Nacional y luego partir hacia el exilio. Y fuera de la lista, cerraron la serie de aquel siniestro septiembre el abogado defensor
de presos políticos e intelectual marxista Silvio Frondizi y su yerno Luis Ángel Mendiburu, militante de la Juventud Peronista. Al mediodía del día 27 y en pleno centro de Buenos Aires, fueron secuestrados y asesinados con un despliegue de armas y vehículos que revelaba el firme apoyo estatal al grupo ultraderechista. El crimen que la Triple A no asumió fue el de Pablo Laguzzi, de cinco meses de edad, muerto en un fallido atentado contra su padre, Raúl Laguzzi, entonces decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el 7 de septiembre. Rodolfo Ortega Peña, abogado de presos políticos, director –junto a Eduardo Luis Duhalde– de la revista Militancia Peronista y diputado nacional por la Juventud Peronista, había sido acribillado el 31 de julio de 1974 al salir de su estudio, en la Capital Federal. Alfredo ‘Cuqui’ Curutchet, abogado laboralista del Sitrac-Sitram y defensor de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue secuestrado y asesinado el 10 de septiembre del 74. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la localidad de Béccar, en el partido de San Isidro, rodeado de 31 cápsulas servidas de calibre 9 mm y dos cartuchos de escopeta 12 mm. A Hipólito Atilio López, ex secretario general de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba, uno de los líderes del Cordobazo y vice de Ricardo Obregón Cano en el gobierno popular derrocado por el golpe policial del Navarrazo, los sicarios de la Triple A le dispararon 132 balazos. Ese 16 de septiembre, en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, junto al ‘Negro’, fue también asesinado el contador Juan José Varas, ex subsecretario de Economía de la provincia de Córdoba. Cuatro días después, la patota comandada por los comisarios Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón asesinaba al militante más paradigmático de la resistencia peronista. Julio Tomás Troxler, egresado de la escuela Juan Vucetich, había alcan-
Acto por Tosco. Atilio López (centro), acompañado por Tomás DiToffino (izq.) y René Salamanca (der.).
zado en la Policía Bonaerense el grado de oficial inspector. Tras la autodenominada Revolución Libertadora que en 1955 derrocó a Juan Perón, se retiró de la fuerza y se sumó a la insurgencia contra la dictadura militar de Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas. El 9 de junio de 1956, Troxler participó de la rebelión que encabezaron los generales peronistas Juan José Valle y Raúl Tanco. Detenido junto a un grupo de civiles de la resistencia, logró escapar del fusilamiento en el que cinco acusados de participar en el alzamiento fueron ejecutados ilegalmente en un basural de la localidad bonaerense de José León Suárez. Luego de este episodio –narrado por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre–, Troxler se refugió en Bolivia y regresó para continuar la lucha por el retorno del líder proscripto, desde el Consejo Coordinador y Supervisor del Partido Justicialista. Encarcelado y torturado, el ex policía se enroló en el peronismo revolucionario. En 1972, Troxler se interpretó a sí mismo en la versión cinematográfica de Operación Masacre filmada por Jorge Cedrón en la clandestinidad. También participó en los filmes de Fernando ‘Pino’ Solanas La Hora de los Hornos –codirigida con Octavio Gettino– y Los Hijos de Fierro. Al retornar en 1973 el peronismo al poder con Héctor Cámpora, fue designado por el gobernador Oscar Bidegain como subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la que trató de imbuir de una impronta democrática durante los 84 días que duró en el cargo, hasta que el ala derecha del partido los obligó, primero a él y luego a Bidegain, a renunciar. Al dimitir a la subjefatura de la Policía
de Buenos Aires –la misma que con el correr del tiempo se ganaría el adjetivo de “maldita”–, el 20 de agosto de 1973, Troxler envió al gobernador Bidegain una carta con fundamentos que en nuestros días de ‘gatillo fácil’, prepotencia y discriminación policial vale la pena releer: “Al asumir la función conocía las limitaciones que las circunstancias imponían al nuevo gobierno como resultado de un estado de postración económica reflejado, entre otras injusticias, en la presencia de un millón y medio de desocupados impelidos por lo tanto a delinquir. Tampoco ignoraba la incidencia negativa de esta injusta situación de despojo sufrida por tantos argentinos, sobre el ejercicio de la función policial. Por estas razones es que imprimí a mi gestión el sello definido y propio de una experiencia forjada en la lucha junto a los humildes, contra los poderosos y enfrentando a los mercaderes, en el pueblo y con el pueblo (…). De allí que esta renuncia no signifique para mí más que un cambio de destino, para continuar la tarea desde cualquier lugar, siempre fiel a los que regaron con su sangre el camino de la liberación nacional”. Quien escribiera esto, en 1957 había sido torturado por esa misma policía que luego no lograría democratizar. En La Hora de los Hornos, después de narrar la experiencia de la picana eléctrica, Troxler reflexiona: “En fin, describirlo es una cosa y vivirlo es otra mucho más seria que la descripción fría que pueda hacer yo de todo esto. Lo importante es hacer resaltar que yo fui uno de los tantos ciudadanos que por el sólo hecho de defender un ideal y defender la Constitución he sido objeto de este tipo de trato”.
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