EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA
PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
A VI · N 42 · O 2014
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DOS NUEVOS IMPUTADOS SE SIENTAN EN EL BANQUILLO DE ACUSADOS. EN TOTAL SON CINCUENTA Y CUATRO
INFORME ESPECIAL
Una historia de piratería económica de la dictadura
Mechi Ferreyra
Se sumó al juicio la causa Mackentor Menéndez empresario. La expropiación se hizo con la venia del Tercer Cuerpo de Ejército.
LA CAUSA INVESTIGA LA EXPROPIACIÓN ILEGÍTIMA DE LOS BIENES DEL GRUPO MACKENTOR EN 1977, Y LA DETENCIÓN DE SUS EMPLEADOS.
FAMILIARES CÓRDOBA PRESENTE EN EL JUICIO P. / · P A O C P
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“Salvo esfuerzos aislados, la equidad de género en los medios de comunicación no ha sido un punto ni crucial ni prioritario para gobiernos ni empresas de medios”. P L L M · Página
Mechi Ferreyra
Violencia de género en los medios
Tiempo de tensiones y desacatos Asumiendo el riesgo de ser reiterativos en esta columna, sentimos la necesidad de volver sobre el tema, ya que durante este mes se han sucedido nuevos acontecimientos. Por primera vez, en la 69º Asamblea de la ONU se habla de un marco regulatorio para las deudas externas soberanas. En esta ocasión, la Asamblea sancionó la resolución 68/304, por la cual se decidió, por amplia mayoría, abocarse al establecimiento de una norma que regule la reestructuración de deudas soberanas de todos los países. En Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el canciller argenti-
no propone investigar las consecuencias que produce el accionar de los fondos buitres en materia de DDHH. Todos los millones de pesos que se llevan del país, se traducen en cientos de derechos sociales robados al pueblo argentino. Hospitales sin medicamentos, escuelas sin recursos, familias en la miseria; lo que se traduce en inseguridad y violencia. Dicho proyecto hace mención a las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras de los estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo, sociales, económicos y culturales. Este es el principal órgano de la Naciones Unidas encargado de los DDHH. Entre sus fun-
ciones está la de reforzar su promoción en todo el mundo y formular recomendaciones sobre las violaciones graves y sistemáticas. La envestida del capital financiero no es sólo a nivel internacional con el juez Griesa a la cabeza, sino que sus socios locales, los poderes económicos, también juegan muy fuertemente para lograr sus objetivos de mayores ganancias. La disputa de fondo es por beneficios económicos, y no otra cosa. Aquí se trata de cómo se redistribuye la riqueza, qué porcentaje finalmente le corresponde a cada sector social. Queda claro en manos de quién está el verdadero poder; son siempre los mismos, sólo que ya
EDITORIAL
no pueden ir a golpear las puertas de los cuarteles (ni lo necesitan), con sólo generar rumores de caos conducen a un estado de incertidumbre económica y financiera que desestabiliza la economía de un país con la especulación. Es por ello que decimos que aquí no se trata de la defensa de un gobierno o de un modelo, sino de empeñar nuestro esfuerzo en lograr que los derechos humanos básicos estén garantizados para cada uno de los habitantes de nuestra patria. Esta fue la lucha de todo un pueblo a lo largo de nuestra historia reciente, y estas son las banderas que estamos dispuestos a seguir levantando…
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EL JUICIO POR DENTRO
Octubre de 2014 | Será Justicia
LA ILEGALIDAD DE LA REPRESIÓN EN EL CENTRO CLANDESTINO MÁS GRANDE • MARÍA VILLAR Y OSCAR FLORES NARRAN EL TERROR EN PRIMERA PERSONA
“La peor tortura es la psicológica” monal. Un especialista me dijo que era un trauma común en mujeres sobrevivientes de guerras o esta clase de situaciones”.
compartir con sus amigas, ahora se encuentra con ‘Fogo’ Lardone, Luis Manzanelli y otros integrantes de la patota militar. Al narrar este episodio en la sala de audiencias, la víctima señaló que en aquel momento pensó que podían ser ladrones. “¡Qué ladrones, ni ladrones!”, le respondió uno de sus captores, y comenzaron a interrogarla, mostrándole diarios del PST y fotos con indicaciones. En ese ambiente del inmueble ubicado en la intersección de Cañada y Santa Rosa –pleno centro de la capital cordobesa–, la testigo vivenciaría la miseria humana del desquicio genocida, sufriendo todo tipo de abusos contra su cuerpo. Desde ese lugar fue trasladada directamente a La Perla. Allí presenció y fue protagonista de situaciones inabordables, confusas. “Una tarde hicieron entrar a ‘la cuadra’ a una joven cebando mates, y nos decían: «Miren que ricos mates ceba, ella es amiga nuestra»”, afirmó Villar recordando la desesperación que habitaba en los ojos de aquella muchacha. “Al principió no entendía, pero después me di cuenta de que lo que buscaban era provocar una desestabilización”,
“L ”. Respondió con firmeza Oscar Alejandro Flores al protocolo de toma de declaración que le realizaba Jaime Díaz Gavier ante la consulta de si el testigo era deudor o acreedor de algún imputado. “Los deudores son ellos, me han sacado varios años de mi vida”, fue la frase completa con la que Flores inició su testimonio. El 17 de noviembre de 1977 fue secuestrado junto a otros militantes del PST, con los que estaba a punto de abrir un local comercial. Todos ellos fueron trasladados también a La Perla, donde escuchaban permanentemente los gritos de los detenidos que eran sometidos a torturas. “Sufrí muchos golpes, me rompieron la rótula en una de esas biavas (sic) que nos daban, pero la peor tortura era escuchar la tortura a los compañeros”, explicó el testigo de manera sentida. Flores sentía que la sensación de muerte rondaba sin descanso cada rincón del centro clandestino, y temía por la nula existencia de algún registro que demostrara su paso por allí. “Parecía que nos iban a matar. Fuimos secuestrados sin mediar ninguna orden de arresto ni detención, podía pasar cualquier cosa”, concluyó.
L P . Villar sale de su casa rumbo a un recital. Una brisa fresca le hace notar que no ha traído ningún abrigo consigo, y la noche puede cobrarle caro ese olvido. Vuelve sobre sus pasos: en el departamento puede agarrar lo primero que esté a mano y salir tranquila. La puerta del ascensor se abre y, junto con ella, entra un hombre en silencio. Al bajar, él la sigue, ella intuye lo peor. Cuando abre la puerta de su departamento, el hombre la empuja hacia adentro y entra detrás de ella. Villar hace tan sólo un mes ha llegado a Córdoba, y en la habitación que solía
TESTIMONIO · RUBÉN VERGARA
Perder a un hermano “Cuando volví de la escuela, ya no estaba”, dijo Rubén Eduardo ‘Negro’ Vergara refiriéndose al secuestro de su hermano Rodolfo José. Este último fue detenido el de mayo de , poco más de cuatro meses después de que desapareciera su compañera Herminia Falik. En su testimonio, Rubén pudo describir el duro golpe que produjo el secuestro en toda su familia. Los Vergara ya habían sido víctimas de diversos allanamientos por parte de los genocidas en los inicios del golpe de Estado. Pero a partir del secuestro de Falik y el paso a la clandestinidad de Rodolfo, la persecución se recrudeció. La pareja tenía dos pequeñas hijas, que luego de la detención de su madre, Rodolfo decidió separar por temor a que les ocurriera algo. Una de las niñas quedó al cuidado de la familia materna, y la otra, con la familia de su padre. El año pasado, en un emotivo relato, una de ellas, María Silvia Vergara Falik, prestó declara-
ción en la megacausa. Allí se refirió al asesinato de su madre en La Perla y al deterioro físico que llevó a la muerte a su abuelo, luego de conocer el destino de Herminia. Ella sólo pudo disfrutar del amor de sus padres durante un año y medio. Vergara contó que él no pudo asistir al velorio de su padre porque tuvo que viajar a Rosario (Santa Fe), por motivos de seguridad. Sus seres queridos temían que también lo llevaran a él. Rodolfo José Vergara, también conocido como ‘Lole’, era militante del PRT y estudiaba Arquitectura en la UNC.
Sobrevivieron al horror. María Gabriela Villar (izq.) y Oscar Alejandro Flores (der.)
V “Nadie se imagina lo que nosotros hemos vivido allí adentro”, reflexionó Oscar Alejandro Flores al recordar sus días en el CCD La Perla. El testigo se quebró varias veces durante su relato. dios, las ratas, el hambre, el calor y los mosquitos, la llegada de nuevos secuestrados. Pero con el paso de los años, una reflexión abunda en el repaso de aquella experiencia trágica: “Fui víctima de golpes, de picana. Pero creo que el daño psicológico es el más grande. No sabías si te iban a matar o ibas a vivir. Yo negué o preferí olvidarme de la violación, pero mi cuerpo suspendió durante cinco años toda actividad hor-
completó la testigo. En ese mismo sentido, recordó que una noche, Carlos Alberto ‘HB’ Díaz, hizo parar a todos los presos políticos junto a sus respectivas colchonetas, y mientras él se paseaba con un ramo de flores en la mano, los obligó a cantar el himno. En su retina sobrevuelan pequeñas tensiones que la regresan a ese lugar. Golpes de las puertas, pasos apresurados, las ra-
EX JEFE DE LA MATERNIDAD PROVINCIAL • EL SECUESTRO DE MUJERES EMBARAZADAS
La mala praxis de las Fuerzas “¿Usted está diciendo que las pacientes estaban esposadas en el momento del parto?”, preguntó exaltado el presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, al testigo Elio Villar. “Efectivamente. Los grilletes se amarraban a los barrotes de las camillas dejando las manos libres para aferrarse y poder hacer fuerza”, respondió sin vacilar el testigo. El testimonio del ex Jefe de Guardia de la Maternidad Provincial incorporó datos nunca antes pronunciados en las causas por delitos de Lesa Humanidad en Córdoba. Fueron cientas las mujeres secuestradas durante su embarazo, y que dieron a luz en cautiverio. Las condiciones en que lo hacían eran las peores. Los genocidas no hacían ninguna distinción con ellas en cuanto a las torturas, el trato violento, la falta de alimentación y las manipulaciones psicológicas. Allí, más que en ningún otro lugar, concebir un hijo era un acto de amor, de apuesta por un futuro diferente, más justo y mejor.
Mercedes Ferreyra
Cinco años estuvo secuestrada María Gabriela Villar por su pertenencia al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Luego de esa experiencia, no había podido regresar a Córdoba. La brutalidad de lo vivido primero en el centro clandestino La Perla y luego en La Ribera, fisuró para siempre el vínculo que muchos jóvenes de aquellos años tenían con esta provincia, con esta ciudad, con toda nuestra sociedad. Cualquier situación envuelta en la más llana cotidianeidad podía convertirse en el inicio de lo atroz, con sólo un pestaneo.
Mercedes Ferreyra
N L P-L R . S .
Desgarrador. Elio Villar relató cómo las detenidas estaban esposadas al dar a luz.
El médico Villar contó que mientras se hacían los partos en la Maternidad, quienes atendían a las pacientes estaban permanentemente custodiados por personal del Ejército. Asimismo, explicó que en situaciones normales, las pacientes presas eran llevadas allí para que los doctores pudieran hacer un seguimiento de los embarazos y las respectivas historias clínicas; “lo no normal eran pacientes que ingresaban por otro lado, directamente
a sala de parto y con custodia. Se hacía el parto y se los llevaban automáticamente. No quedaba ningún registro”, completó el testigo. Lamentablemente, muchos de los “partes del día”, donde se habían asentado algunos de esos movimientos, se destruyeron debido a que permanecían en el subsuelo de la institución, que sufría inundaciones con cada crecida del Río Suquía. Según Villar, la frecuencia de esos partos era de dos veces por semana.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VI · Nº 42
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LOS CRÍMENES ECONÓMICOS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO • RELATOS DE LA DESTRUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL
La intervención de Mackentor en las voces de sus propios protagonistas
José Miguel Coggiola guardaba en el armario de su oficina los adornos para el arbolito de Navidad. Allí había guirnaldas, lucecitas, y una flamante estrella roja que ubicaría en la punta del pino, orgullo de la decoración festiva en espera de la Nochebuena. Coggiola lo recuerda con enorme confusión ante las preguntas de un Tribunal de Guerra. Acaba de ser picaneado durante quince eternos minutos, y unos tipos vestidos de civil estuvieron preguntándole una y otra vez, desde hace horas: “¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la plata?”. Él –francamente– no sabe a qué se refieren. En el tumulto, Coggiola sólo atina a preguntar por qué delitos lo juzgan: “Porque encontramos una estrella del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en el armario de tu oficina”. Así de forzadas resultaban las interpretaciones para encontrar justificativos que vincularan a la empresa Mackentor con las organizaciones armadas. La intervención planificada por Menéndez (ver informe en páginas 4 y 5) necesitaba motivaciones, cualesquiera que fueran. El objetivo económico era aún menos sutil: esta empresa nacional con enorme presencia en el mercado de la construcción competía en directo con empresas extranjeras que tenían vinculación con el gobierno de facto. Había que correrla del medio, y el comandante en jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, no se anduvo con vueltas.
Mercedes Ferreyra
E M F A, J . L , .
Testigos en primera persona. José Miguel Coggiola, Rubén Fabián García (quien inverstiga el caso), Alejandro Enzo Manassero y Ángel Sargiotto.
F Las Fuerzas Armadas acusaban a José Coggiola de subversivo por guardar un cassette de la banda chilena Quilapayún. El testigo explicó al Tribunal de Guerra que lo juzgaba, que lo había comprado en una disquería de Córdoba. Como represalia, Menéndez mandó a detener a los dueños de diversas disquerías locales. guien que sepa”. Coggiola no pudo rechazar tan sincera proposición. Allí comenzó la parte más trágica de su historia. Enzo Alejandro Manassero aparece en el mismo cuadro. La idiosincrasia organizativa de Kejner distaba enormemente de las formas tradicionales utilizadas en las grandes industrias. El empresario había convencido a sus directivos y empleados de ser accionistas de Mackentor. Fruto de esa concepción, Manassero tenía participación directa en el capital. Si el plan de Menéndez era vincular a la empresa con el financiamiento de las organizaciones armadas, todos sus accionis-
tas eran potenciales culpables. Y Manassero, por ende, también lo era. Las oficinas donde estas dos víctimas del juicio La Perla trabajaban se ubicaban en la sede que Mackentor tenía en la calle Montevideo, en Buenos Aires. Una mañana, allí los sorprendieron varias personas, encañonándolos y metiéndolos dentro de sus despachos. Ambos, junto a otros trabajadores, fueron llevados rumbo a Aeroparque y de allí trasladados a Córdoba. Una vez en la provincia, los empleados fueron alojados en distintos centros de detención públicos y clandestinos.
U . “Fue una persecución que se dio con el objeto de atacar a una empresa que tenía un concepto totalmente claro de qué rol debía cumplir en la sociedad”, afirmó Natalio Kejner durante su declaración desde el Consulado de la República Argentina en México. A sus 89 años, pudo relatar en primera persona el fraude cometido por la dictadura genocida con la firma que él mismo creó. Una línea de su testimonio cla-
D . José Miguel Coggiola, protagonista de esa primera escena absurdamente real, ingresó a la empresa Mackentor por sus conocimientos vinculados a máquinas viales. Natalio Kejner, accionista mayoritario de la firma, al recibirlo, le dijo: “¿Querés trabajar con nosotros? Porque tengo una manga de pelotudos que no saben nada de repuestos y compran cualquier cosa. Necesito al-
Natalio Kejner. Radicado en México, fue accionista mayoritario de la firma Mackentor.
rifica el por qué del hostigamiento recibido durante el terrorismo de Estado, y aún en la joven democracia: “Me negaba a operar con las lógicas corruptas de la Cámara Argentina de la Construcción. Mackentor era una empresa con una concepción que valoraba para el país la importancia de las empresas nacionales. Las motivaciones fueron des-
truir esta concepción”, explicó Kejner. Esta afirmación tiene un destinatario directo que suele ocuparse mucho en ocultar su pasado: una parte importante del empresariado nacional que fue cómplice y beneficiario de las políticas de liberalización económica de las Fuerzas Armadas, que afectaron seriamente a las mayorías populares de nuestro país.
REPERCUSIONES EN LA SALA · PRENSA Y ABOGADOS
Atención y expectativa frente una causa inédita Las distintas partes involucradas en la causa Mackentor dieron su visión sobre los primeros pasos de su etapa oral. El periodista Fabián García, citado como testigo de contexto por su profunda investigación en torno a la apropiación militar de la fábrica, explicó –luego de declarar– que las motivaciones de la misma tuvieron que ver con intereses económicos y políticos. “En agosto de la dictadura rescinde el contrato del acueducto Villa María-San Francisco (a cargo de la firma) con la excusa de que (Mackentor) era el sostén económico de la subversión; cuestión que ni siquiera los militares pudieron probar a través de los Consejos de Guerra que se le realizaron a los directivos de la empresa luego de ser detenidos en abril del ”, subrayó García. Luego agregó que al rescindirles la obra, se hizo una nueva licitación para que ganara la empresa Supercemento (vinculada a Obras Sanitarias de la Nación durante el genocidio), en el año . “La
intervención se realizó con el fin de mantener el status quo que poseía Supercemento, previo a la aparición de Mackentor”, concluyó el periodista. Por su parte, el abogado querellante en representación de Natalio Kejner, Juan Carlos Vega, recordó que Mackentor era una de las tres empresas de obras viales más importantes del país en la década del . “Esta causa tiene una particularidad que todavía no se ha develado en el seno de la Justicia, que es dilucidar quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores, en términos económicos, durante el Terrorismo de Estado”, dijo. Finalmente, uno de los abogado de la Megacausa –Claudio Orosz– expresó su deseo de que se haga justicia en torno a lo ocurrido con Mackentor. “Ojalá todo salga bien y queden probados los delitos de lesa humanidad que estas víctimas sufrieron, aún en contra de la impericia profesional de cada uno”, señaló el querellante.
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DELITOS ECONOMICOS EN LA DICTADURA: EL CASO DE UN GRUP
Octubre de 2014 | Será Justicia
INFORME ESPECIAL • LA TRAMA DEL CASO MACKENTOR | Por Alexis Oliva
Una historia de piratería “cívico-militar”
Fue un operativo planificado y ejecutado con implacable precisión, acorde al objetivo que Luciano Benjamín Menéndez había señalado como un enemigo importante. En la madrugada del 25 de abril de 1977, las tropas de la Brigada Aerotransportada IV tomaron por asalto diez propiedades de la empresa Mackentor en Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y San Juan: oficinas administrativas, talleres, depósitos, alrededor de diez mil hectáreas de campo y los predios de las fábricas de caños de alta presión en el barrio cordobés de Las Flores, de hormigón centrifugado (Horcen) en el parque industrial de Ferreyra, la productora de refrescos Menor Sacif y Edisa S.A. Al mismo tiempo, veinte directivos y empleados eran secuestrados y recluidos en centros clandestinos de detención del Tercer Cuerpo de Ejército. Hermenegildo Bruno Paván, accionista y directivo de Mackentor, fue apresado en Monte Quemado, Santiago del Estero, y trasladado al campo de concentración La Ribera. Otro directivo, Alejandro Enzo Manassero, fue detenido con su esposa Leila Norma Rapuzzi y su hijo Edgardo, en Buenos Aires. Días después, padre e hijo fueron subidos a un avión con destino a Córdoba y también fueron a parar a La Ribera. Lo mismo ocurrió con José Miguel Coggiola, supervisor de maquinaria del grupo. Natalio Kejner, director y principal accionista, ya es-
taba exiliado en Venezuela, pero su hermana Marta fue capturada. A pesar de las torturas, no aceptó ser canjeada por su hermano y fue encarcelada en el Buen Pastor, hasta que el 8 de agosto la liberaron y partió al exilio. A Manassero padre le hicieron el “submarino” y simulacros de fusilamiento. En el extremo de su desesperación, llegó a pedir que lo mataran. A Coggiola lo sometieron a sesiones de picana en La Ribera y La Perla. Pero ninguno aceptó firmar la confesión de que Mackentor era un “sostén económico de la subversión”. Ese era el pretexto –nunca acreditado– que el Ejército invocó para copar el grupo que desde 1973 había roto el monopolio de las concesiones de obras públicas que ostentaba la firma Supercemento. Entre ellas, la licitación de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) para un acueducto entre Villa María y San Francisco, de 164 kilómetros de extensión y un presupuesto cercano a los ocho millones de dólares. En esos tiempos, Kejner había renunciado a la Cámara Argentina de la Construcción, a la que consideraba un “club de la obra pública”, y proponía una distribución de acciones semi cooperativista. E . Al día siguiente del megaoperativo, el Banco Central bloqueó los fondos de Mackentor, y dos días después, el general Arturo Gu-
“Ninguno aceptó firmar la confesión de que Mackentor era un «sostén económico de la subversión»” mersindo Centeno, jefe de la Brigada Aerotransportada IV, se presentó en el Juzgado Federal Nº 1. Ante su titular, Adolfo Zamboni Ledesma, informó la existencia de una “investigación militar” sobre el presunto vínculo de las empresas del grupo Mackentor con la guerrilla y solicitó su “urgente intervención judicial” a fin de adjudicar al Ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”. Zamboni Ledesma dio respuesta favorable al pedido y designó al coronel retirado Rodolfo Battistela como interventor. Mientras tanto, los directivos prisioneros –Hermenegildo Paván, Enzo Manassero, Marta Kejner, Ángel Sargiotto, Ramón Ramis y Carlos Zambón– fueron sometidos a consejos de guerra y, de a poco, iban siendo trasladados de los centros clandestinos a la cárcel de barrio San Martín. Las condenas, basadas en la acusación del supuesto financiamiento de la guerrilla, fueron anuladas en 1980 por el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia, lo que determinó la liberación de los que seguían detenidos y la devolución de la empresa a los Kejner.
Es decir, lo que quedaba de ella. Cuando Natalio Kejner regresó al país a fines de 1984 se encontró con su patrimonio saqueado y la firma desprestigiada, imposibilitada de competir en el mercado y participar en licitaciones. “La intervención militar –y más tarde judicial– de Mackentor favoreció a una de sus competidoras: Supercemento, que se quedó con la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, un negocio de 7,8 millones de dólares de aquella época. También actuó como ejemplo para el resto del empresariado local sobre un tipo de empresa que por su organización e ideario no podía prosperar”, es la hipótesis de una investigación del periodista Fabián García sobre el caso, que llegará en 2015 a las librerías. L . A pesar de todo, con el retorno democrático, los Kejner emprendieron la lucha por recuperar lo perdido. En 1985 entablaron una demanda civil por daños y perjuicios contra el Estado nacional, que fue rechazada por la jueza Cristina Garzón de Lascano, a cargo del Juzgado Federal Nº 3, con el fundamento de que los delitos estaban prescriptos. En el contexto de esa causa, a instancias de los fiscales Graciela López de Filoñuk y Luis Rueda –que actuaron en defensa del Estado–, la jueza impuso las costas del proceso a los demandantes. La imposibilidad de Kejner de pagar los 2,3 mi-
Ilustración: Hernán Cappelletti
E E 1977 J 1999 , .
PO ECONOMICO QUE FUE EXPROPIADO ILEGITIMAMENTE EN 1977 llones de dólares a que ascendían los honorarios de una veintena de funcionarios judiciales y abogados particulares que intervinieron en la causa, derivó en un concurso de acreedores y finalmente en la quiebra decretada en 1999 por la Justicia provincial. En palabras de Natalio Kejner: “La democracia argentina llevó la quiebra a la empresa”. Pero la causa resucitaría un 29 de marzo del año 2012, cuando la Cámara de Apelaciones de Córdoba revocó el fallo de Garzón de Lascano y los sobreseimientos a Jorge Rafael Videla, Menéndez y una decena de imputados, al considerar que los delitos cometidos durante la intervención a Mackentor eran de “lesa humanidad”, y por lo tanto, imprescriptibles. Los jueces de la Sala B de la Cámara, Abel Sánchez Torres, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano, ordenaron al Juzgado de Instrucción que “profundice y amplíe” la investigación de la causa con “la mayor celeridad”. Así, el caso Mackentor pudo ser incluido en la megacausa La Perla-La Ribera, donde luego de escuchar con inusual
atención la palabra de las víctimas, Menéndez ejerció su derecho a réplica para hacer algo más que defenderse: “Como comandante de cuerpo, supe que esta empresa tenía contacto con la subversión, que trabajaba con dinero de la subversión, y que devolvía dividendos a la subversión. En ese sentido envié a detenerlos. Y los entregamos a la Justicia. Ni los retuve más tiempo del imprescindible. La Justicia anduvo por sus numerosos vericuetos durante largo tiempo, sin que yo participara nunca más en ninguno de los episodios que lo afectaban. Yo me desentendí de todo trámite (…) Los únicos que estamos involucrados somos los militares o no militares, que detuvimos a las personas acusadas de ayudar a la subversión. Y no hay nadie más involucrado. Es sorprendente, ordenó la intervención el juez... y decidieron su quiebra. Todo eso sin que ninguno de nosotros participáramos (…) Esto involucra a los jueces, a los interventores, a los que hicieron la quiebra… y etcétera”. Un inesperado aporte a la idea de dictadura “cívico-militar”.
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 42
TRES EMBLEMAS DE LA APROPIACIÓN DE EMPRESAS | Por César Pucheta
La explotación económica del terror L M - , E .
ENTREVISTA • FACUNDO TROTTA, FISCAL DEL JUICIO | Por C. P. y A. O.
“Para Menéndez, Mackentor era un enemigo económico” Sagrada unión. Bartolomé Mitre, Héctor Magnetto, Jorge Rafael Videla y Ernestina Herrera de Noble.
La causa Mackentor “tiene la particularidad de que además de juzgar la privación ilegítima de la libertad y tormentos padecidos por sus accionistas y empleados, se agrega el robo calificado de los bienes muebles de la empresa Mackentor y la usurpación que realizó la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, bajo el control operacional del Tercer Cuerpo de Ejército, de los inmuebles que componían esta gran empresa”, destaca Facundo Trotta, fiscal del juicio La Perla-La Ribera, quien analizó la causa con Será Justicia. Será Justicia: ¿Cuál fue la motivación de este despojo? Facundo Trotta: El pretexto principal señala una supuesta vinculación con lo político, porque le atribuyen ser un sostén económico de la subversión, lo que no se acreditó jamás. Yo sostengo que Mackentor era un enemigo económico del orden que se pretendía instaurar desde la dictadura cívico-militar. SJ: ¿En qué sentido? FT: Mackentor implicaba una concepción de la empresa que se apartaba de los estándares que exigían las Fuerzas Armadas. Natalio Kejner, el accionista mayoritario, consideraba que para que la empresa progresara era muy importante que los empleados –jerárquicos y no tanto– pudieran tener participación accionaria. De este modo, ellos van a saber que cada vez que trabajen van a trabajar para algo que es de ellos. Entonces, decide dividir su paquete accionario. El % distribuirlo entre estos empleados estratégicos, y quedarse él con el %, para poder ejercer la dirección de la empresa. Esto es una concepción socialista, o sea que imaginémonos desde las ideas de Menéndez... SJ: ¿Cuál fue la trama judicial detrás de este caso? FT: Las Fuerzas Armadas usurparon, y luego, a los tres días, buscaron el apoyo
judicial del juez Zamboni Ledesma. El jefe de la Brigada de Infantería Aerotransportada expresa en un escrito que tenían elementos de prueba que daban cuenta de que se subvencionaba a la subversión. En el expediente no hay absolutamente nada que acredite esa acusación, pero Zamboni Ledesma ordena la intervención judicial y pone a cargo de esa intervención a un militar. Años después, frente al reclamo de los daños y perjuicios por parte de Kejner, la Justicia Federal le rechaza el reclamo con el pretexto de que estaba prescripta la acción, y lo condena en costas. Le pidieron la condena en costas de la empresa, y la jueza Cristina Garzón de Lascano les hizo lugar. Mackentor no estaba en condiciones de pagar, por lo que se le pidió la quiebra. Es decir que una empresa fue víctima de la dictadura. Luego pretendió que la Justicia haga lugar a un reclamo por los daños que le causaron esos delitos y, sin embargo, termina perdiendo un juicio que desemboca en una quiebra, cuando lo único que estaba pidiendo es que se le reparara el daño que se le había causado en la persecución masiva de personas. Un despropósito.
Fueron pocas cosas las que los militares dejaron libradas al azar en su afán de “refundar el país”. Cada una de las tareas que se plantearon a ese fin, tuvieron su modus operandi específico y una serie de instrumentos a utilizar. Una de las herramientas principales que los militares emplearon para trabajar en la “refundación” en el plano económico tuvo que ver con el endurecimiento de la Ley de Subversión Económica, que se había dictado originalmente en . Desde esa reforma, lograron ampliar el margen de actores y actitudes a criminalizar, y desde allí actuaron en consecuencia. De la mano de socios civiles y en complicidad con otras órbitas del Estado (como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores), lograron ir despojando de la escena de las empresas nacionales a aquellos empresarios que, según ellos, atentaban contra los “intereses de la Patria”. El caso Papel Prensa aparece en el horizonte como un paradigma en las formas de actuar de la dictadura. La causa investigada por el juez federal Julián Ercolini analiza las maniobras y acciones extorsivas contra integrantes del Grupo Graiver para la entrega de las acciones de la empresa, que luego fueron adquiridas por privados cercanos al régimen de facto. Puntualmente: los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El modus operandi no ahorró en detalles con respecto a las vías habituales que los militares y sus cómplices civiles destinaban para estos casos. Por un lado, la extorsión, el secuestro y las torturas; por otro, la aplicación de figuras penales que justificaban la detención, la investigación y la intervención de las empresas y, finalmente, los acuerdos entre el Estado y los particulares en torno a los traspasos accionarios. Otro de los casos paradigmáticos en
este sentido, es el que nace cuando, en , el Grupo Graiver vende el Banco de Hurlingham al grupo Chavanne. Con el argumento de la relación entre Graiver y Montoneros, el BCRA prohibió el traspaso accionario un año más tarde, por lo que Chavanne transfirió sus derechos a Industrias Siderúrgicas Grassi. Tras ese movimiento, el Ministerio de Justicia intervino las empresas y el Banco. Por orden del Primer Cuerpo de Ejército, Juan Carlos Chavanne, Marcelo Chavanne y René Carlos Alberto Grassi fueron privados de su libertad y sometidos a duros interrogatorios, de los que –según se desprende de algunos testimonios– participaron altos referentes del BCRA y la CNV. Inmediatamente, comenzaron a recaer sobre ellos causas que tenían que ver con violaciones a la Ley de Subversión Económica de los militares. Fueron liberados entre el y el . La causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas. Por último, recordamos la historia que derivó en la prisión preventiva a la que José Alfredo Martínez de Hoz (‘Joe’, el cerebro económico de la dictadura) estuvo destinado hasta el momento de su muerte. Se trata del secuestro del empresario textil Federico Gutheim y su hijo Miguel, en . Gutheim era el titular de la empresa Sadeco, que había ganado una licitación por una exportación de fibra de algodón a Hong Kong. El resultado de esa licitación atentaba contra los intereses de una empresa cercana a Joe y los mandos militares. Los Gutheim fueron secuestrados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, debieron renegociar el contrato bajo la vigilancia de la Policía Federal y con la intervención de funcionarios públicos y empresarios de las firmas de Hong Kong. Fueron liberados el de abril de .
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MEMORIAS EN PRESENTE
Octubre de 2014 | Será Justicia
GOBERNADOR POR UN AÑO • LA POLÍTICA DE OBREGÓN CANO TRANSITÓ LA EFERVESCENCIA DE LOS SETENTA.
AUDIENCIA EN EL JUICIO LA PERLA
La historia de un líder peronista
Por ‘portación de apellido’
OTROS ESCENARIOS
Foto Archivo
“La conjunción de esfuerzos se formula como una necesidad imperiosa para que la Argentina pueda insertarse con éxito en el proyecto continental de hacer de Latinoamérica una expresión solidaria y mancomunada de los países del tercer mundo”, palabras que Ricardo Obregón Cano expresaba al pueblo, en medio de aquellos años convulsionados de la Córdoba post Cordobazo. Obregón Cano fue elegido por el voto popular como gobernador de esta provincia en 1973, y derrocado al año siguiente por el Navarrazo, un golpe policial comandado por el teniente coronel Antonio Navarro. Actualmente, el ex gobernador, de 96 años de edad, reside en Buenos Aires, sin realizar ya ningún tipo de actividad política y sin apariciones públicas de ninguna índole. Gobernar la provincia no fue la única tarea que asumió Obregón Cano dentro de la política cordobesa. Fiel al peronismo, desde 1951, ya ocupaba cargos en el Senado provincial, luego en el Bloque de Senadores del Partido Peronista, en el Ministerio de Gobierno, Educación, Culto y Justicia de Córdoba, y en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por el Partido Laborista. El gobierno de Obregón Cano caminó sobre un clima convulsionado, marcado por la fractura entre un peronismo de izquierda tildado de marxista, y otro de cor-
Mercedes Ferreyra
O C C . L .
La fórmula del 73. Obregón Cano (der.) y Atilio López (izq.) fueron líderes populares de Córdoba.
te ortodoxo. En este sentido, Córdoba no estaba ajena a la lucha que existía hacia adentro del justicialismo, y el ex gobernador –encomendado por Perón antes de su vuelta a la presidencia– participó de esa interna, en la que se enfrentó a los sectores más conservadores del peronismo. En su mensaje de asunción, luego de haber prestado juramento el 25 de mayo de 1973 ante la Asamblea Legislativa de Córdoba junto a Atilio López –dirigente sindical elegido por el mismo Obregón Cano como vicegobernador–, el ex gobernador convocó al pueblo para solicitarle una tregua social y política, exhortándolo a “no hacer juego a grupos perturbadores de izquierda o de derecha que están en contra del pueblo que votó el 11 de marzo”.
La fórmula Obregón Cano - Atilio López se levantó ante el pueblo con los antecedentes de las grandes manifestaciones de trabajadores, sindicatos y estudiantes en contra de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1960, alzando, entonces, las banderas de liberación. Ambos líderes se acercaron a las demandas de estos actores sociales, mientras la otra faceta del peronismo había tomado otras decisiones. Obregón Cano ha sido reconocido por su desempeño político en distintas circunstancias. Entre ellas, fue declarado Mayor Notable Argentino por la Cámara de Diputados de la Nación, y distinguido por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC con el premio “José María Aricó al compromiso social y político”.
Ricardo Obregón Cano (hijo).
Luego de ser salvajemente destituido por el golpe policial del Navarrazo, Obregón Cano pasó al exilio junto a su familia. Desde México, aportó primero con su militancia para con el peronismo, y luego, en contra de la dictadura, denunciando en reiteradas oportunidades diversas violaciones a los derechos humanos. Uno de sus hijos, Ricardo Obregón Cano, fue detenido en plena dictadura militar. Por este hecho, prestó declaración en el juicio La Perla, en calidad de sobreviviente. Obregón Cano (h) fue llevado con los ojos vendados a Campo La Ribera. “Recién al día siguiente me enteré que estaba ahí”, expresó. Él no había viajado a México junto a su familia porque en aquel entonces se encontraba estudiando la carrera de Abogacía. También recordó momentos del secuestro junto a otros detenidos: “Estábamos todos en el suelo y nos dieron una frazada para dos o tres. A la noche yo puse la frazada contra la ventana para protegernos del frío, dormíamos amontonados para darnos calor. Entró un militar y al ver la frazada la arrancó diciendo: «¡Maricones de mierda!»”, expresó. También comentó ante el Tribunal que un militar le dijo: “Estás aquí por portación de apellido, tu padre se nos escapó por casualidad.
PREOCUPACIÓN Y RECLAMO A LA JUSTICIA · ORGANIZACIONES SOCIALES PRESENTARON UN DOCUMENTO DE DENUNCIA
Movilizados por la violencia policial “Las instituciones, funcionarios, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, decanos y docentes universitarios, profesionales queremos expresar nuestra profunda preocupación por la violencia policial en la Provincia de Córdoba y nuestro pesar por la muerte de al menos ocho jóvenes –sólo en lo que va de este año– denunciadas como ejecuciones extrajudiciales”. Así comienza el documento creado por distintas organizaciones, luego de presentar un conteo de siete situaciones en las que este año la Policía de Córdoba detentó contra la vida de distintos jóvenes. “Se trata de casos conocidos popularmente como ‘gatillo fácil’, que implican un uso irracional de la violencia estatal, y a la vez, violan principios básicos de un Estado de Derecho: la presunción de inocencia y el derecho a un proceso que determine su eventual responsabilidad penal para la imposición de una pena, que en ningún
caso puede ser la muerte”, continúa el documento. La presentación de este escrito fue pública y se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdóba, con la presencia de distintos actores, entre ellos el rector de la UNC, Francisco Tamarit, y representantes de los organismos de derechos humanos. José ‘Bichi’ Luque, referente del Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, leyó el documento y expresó: “Esta es una actitud y una nueva forma de empezar a trabajar dentro de las instituciones la problemática del abuso policial. “Esta profundización de la violencia letal del Estado se da en un contexto de autonomización de la fuerza policial, que luego de los lamentables sucesos ocurridos a fines del año pasado, goza de un aval político sin precedentes, que le otorga al jefe de la Policía de la Provincia la posibilidad de realizar declaraciones públicas que atentan contra la debida reserva que
debiera respetar a fines de no obstaculizar las investigaciones judiciales en curso, además de realizar amenazas a la prensa. Con ello se busca legitimar una fuerza en crisis social, sin importar las consecuencias que eso pueda generar para la consolidación de un Estado de Derecho respetuoso de los Tratados Internacionales y de Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente.” En un claro pedido a la Justicia, señalaron: “Solicitamos el pronto esclarecimiento de estos casos, ya que la celeridad y transparencia en estos procesos es crucial para acceder a la Verdad y a la Justicia”. Francisco Tamarit, rector de la UNC, refirió al respecto: “Hay tantos casos de asesinatos por las fuerzas del Estado, que lo mejor que puede pasar es que esto salga a la luz y que existan respuestas, porque sino parecería que hay cierta impunidad en los sectores de seguridad estatales, y eso atenta contra la democracia”.
Mesa de debate. Militantes barriales y estudiantes colmaron la actividad.
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VI · Nº 42
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INSTITUCIONAL · LA INICIATIVA INVITA A LOS JÓVENES DE CÓRDOBA A PRESENCIAR LOS JUICIOS, Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL, A TRAVÉS DEL ARTE
¿Vivimos en el país del Nunca Más? El ¿Vivimos en el país del Nunca Más? surge hace diez años, aproximadamente, como espacio de formación, reflexión y sistematización de experiencias en educación popular y Derechos Humanos. Es un espacio colectivo, profundamente político, que nos permite interrogarnos, militar desde el arte, encontrarnos en el juego, embebernos de prepotencia de lucha, descubrirnos en lo que tiene el otro para decir, amucharnos y construir entre todos. Las primeras experiencias que encaramos juntos fueron talleres de formación de formadores que buscaban poner en cuestión los modos de abordar y transmitir experiencias vinculadas a la memoria, la identidad, la justicia, el terrorismo de Estado y los Derechos Humanos, en espacios educativos formales o informales. Fueron talleres enriquecedores y con una profunda intencionalidad política, donde comprendimos que “lo único neutro es el jabón” y que aprehender y conceptualizar tienen mucho de poner el cuerpo y jugar. Todo esto catapultó una miríada de proyectos como espacio colectivo. No sólo nos encontramos con chicos de escuelas primarias, secundarias y terciaras, sino también con institutos de formación docente y organizaciones sociales. No sólo armamos un libro, pensamos dinámicas y construimos juegos desde la educación popular; también comenzamos a interpe-
Apelar desde el arte. Intervención en uno de los puentes cercanos a Ciudad Universitaria (UNC).
larnos desde el arte. Pensar, incomodar, conmover, hacer política desde el arte. Y quizás, el puntapié para que nos animáramos a dar este salto fue el megajuicio por el terrorismo de Estado en Córdoba que comenzó en diciembre de 2012. Esto nos movilizó de muchas maneras y nos descubrimos pergeñando formas de visibilizar este camino reparador por el que esperamos casi cuatro décadas. Así nacieron las flores rojas con los nombres de nuestros desaparecidos, que vamos a seguir haciendo y vamos a llevar con nosotros hasta que tengamos un lugar donde dejarlas. Así se gestó la intervención en el puen-
Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:
te del Parque Las Tejas durante un Juicio a la Calle. Y mientras estos procesos nos atravesaban, nos empezaron a interpelar los pibes de las escuelas que nos preguntaban por qué ellos no podían ingresar a las audiencias, siendo que entre los desaparecidos del juicio había chicos de su misma edad, que militaban en el centro de estudiantes como ellos, que soñaban con las mismas cosas. Los chicos se habían acercado a las historias de vida de los compañeros desaparecidos en la puerta de los tribunales federales a partir de una actividad organizada por las áreas de educación de los tres sitios de memoria, que
Por Lorena Capogrossi. Integrante de H.I.J.O.S. Regional Córdoba y miembro del programa “¿Vivimos en el país del Nunca Más?”
se denominó “La justicia en su lugar”. Desde entonces, la necesidad de ser partícipes de estos procesos de Memoria, Verdad y Justicia se hizo explícita. Los jóvenes querían escuchar, conmoverse con los testimonios, acercarse a los familiares, mirar con esos ojos tan plagados de futuro a los protagonistas de una parte de la historia que explica mucho de nuestro presente. Querían ser parte de un proceso político donde la justicia repara, quiebra silencios, atempera, de algún modo, los dolores que el terrorismo de Estado nos dejó. Los chicos exigían presencia en lugares donde teníamos muchas ausencias. Esto supuso buscar antecedentes de experiencias similares en el país, hablar con escuelas, organismos de Derechos Humanos, sindicatos y sitios de memoria para que nos avalaran el pedido de ingreso de menores de entre 16 y 18 años al juicio. Luego de meses de gestiones, el 16 de septiembre de 2013, pibes de diferentes escuelas de la provincia pudieron ingresar a la sala. Bochincheros, curiosos, conmovedores... irrumpieron en la audiencia y desacralizaron esos recintos con su mucha vida. Estos grupos de jóvenes, inquietos, comprometidos, demandando ser partícipes de los procesos de justicia, sintetizan los fundamentos del ‘¿Vivimos…’, esto es, construir sentidos entre todos, siempre políticos, desde la alegría.
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CONTRATAPA
Violencia de género: La nominación de “lo femenino” en los medios masivos.
Octubre de 2014 | Será Justicia
Por Laura Leonelli Morey
Abogada y lic. en Comunicación Social. Periodista de La Voz del Interior.
Mercedes Ferreyra
¿Qué sucede en los medios?
El femicidio de Paola Acosta, encontrada muerta en una alcantarilla con su hija viva, renovó la preocupación por la violencia de género. Volvieron a aflorar las críticas a un Poder Judicial que –si bien avanzó en los últimos años–, actuó sin conciencia de género al recibir la noticia de la desaparición de esta mujer y su hija Martina. La primera hipótesis de la fiscalía fue la de la ausencia voluntaria de Paola, a pesar de todos los indicios sobre una posible agresión de parte del padre de la niña, Gonzalo Lizarralde. En Córdoba, la violencia de género tiene una magnitud imposible de obviar si el objetivo es vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos de las mujeres: sólo en 2013, hubo 27 femicidios, 37.673 denuncias por violencia familiar y 18 mil medidas de restricción. Pero ¿qué sucede en los medios? Por el alto grado de penetración que tienen en la sociedad, los medios de comunicación tienen un gran potencial para contribuir al cambio hacia la equidad de género, pero a la vez, también pueden naturalizar y hasta reforzar la relación de subordinación en una sociedad patriarcal. Justamente, la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (o Beijing 1995) reconoció el potencial de los medios de comunicación para hacer una gran contribución al avance de las mujeres. El Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing fue un llamado de atención internacional sobre la
importancia de los medios para perpetuar las desigualdades de género, pero también para avanzar en los derechos de las mujeres. Así, estableció objetivos y acciones bien concretas –para los gobiernos y también para las empresas periodísticas– con relación a dos puntos: las desigualdades en el acceso de las mujeres a los medios de comunicación, y los contenidos en cuanto a su aporte a la igualdad de género. Sin embargo, a casi dos décadas, es poco lo que se ha avanzado. Un avance en Argentina es la aún poco conocida y difundida Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), que prevé como una de las formas de violencia, la simbólica, y como una modalidad, la mediática. Además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) que entre sus objetivos resalta el de “promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género”. La violencia simbólica se da cuando se transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. A la vez, la modalidad mediática hace referencia a la difusión de mensajes e imágenes estereotipados que injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Un ejemplo de estas violencias es el tra-
to que tuvo el poderoso chimentero Jorge Rial con la ex participante de Gran Hermano Marianela Mirra. En su programa televisivo de audiencia masiva y su cuenta de Twitter con millones de seguidores, el conductor hacía referencia a Mirra como “la zorra”. Así, con un solo término, la llamaba prostituta a la vez que le quitaba su calidad de humana para configurarla en animal. Y le mostraba al mundo que está bien hacerlo. Pero no sólo en el espectáculo pareciera valer todo. El caso reciente más penoso fue el tratamiento –principalmente de medios de Buenos Aires– del femicidio de Melina Romero. Se escarbó y expuso con brutalidad la intimidad de la adolescente de 17 años, una niña según las leyes argentinas y la Convención sobre los Derechos del Niño. A diferencia de lo que sucedió con Paola Acosta (¿será por su calidad de madre de Martina más que de mujer?), caso en el que los medios repudiaron la violencia de género; Melina fue sujeto de un sinfín de reproches morales. No se hizo hincapié en su femicidio, en las causas y la magnitud de la violencia de género, sino en detalles de su vida privada. Se utilizó la trillada y machista estrategia de culpar a la víctima. En definitiva, no hizo falta decirle “zorra” para tratarla como tal. Salvo esfuerzos aislados, la equidad de género en los medios de comunicación no ha sido un punto ni crucial ni prioritario para los gobiernos y empresas de medios
en Córdoba y en Argentina en particular, pero también en la del mundo en general, según señalan estudios internacionales como el de Global Media Monitoring Project (ver www.whomakesthenews.org). Sin embargo, sí hay cambios que, en general, son el resultado de históricas luchas de organizaciones y movimientos preocupados por los derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo concreto de este traspaso sociedad civil-medios de comunicación es la suplantación del término “crimen pasional” por el de “femicidio” (palabra que será incorporada en la próxima edición del diccionario de la Real Academia Española). La pasión es inexplicable, no sólo no responde a la razón, sino que además se asocia con el amor y parece justificar actos como el de matar. En tanto, “femicidio” da cuenta no sólo del asesinato de una mujer en particular, sino también de un contexto machista general que lo permite. Otro avance es que hoy tratamientos periodísticos como el que se hizo del femicidio de Melina no pasan desapercibidos: son criticados y repudiados. Así, si bien la violencia simbólica a través de los medios existe, también es cierto que hay un crecimiento de la conciencia social sobre la violencia de género y sobre la importancia de que las leyes y las políticas públicas, y también los medios de comunicación, respeten los derechos humanos de las mujeres.
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