PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE Y GRATUITA
A VII · A 2015
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Ilustración: Hernán Cappelletti
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COBERTURA DEL JUICIO POR DENTRO
RICARDO MAIDANA RECORDÓ A SUS CAPTORES Y A LOS COMPAÑEROS CON QUIENES FUE SECUESTRADO.
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Memoria y batalla cultural “Hemos avanzado muchísimo desde 1983. Pero hay batallas que siguen siendo enormemente desiguales”. P E B · Página
50 Veces Gracias Con la edición 50 en tus manos celebramos el crecimiento de este periódico, pero sobre todo queremos expresar nuestro más amplio agradecimiento. A los sindicatos, a la Universidad Nacional, a Télam, a los compañeros organizados y a los organismos de DDHH, que cotidianamente hacen su aporte solidario para sostener el Será Justicia. Agradecemos a ellos, y también al equipo editorial. A todos los que pasaron por estas páginas, sepan que nos enseñaron a mejorar y que siempre formarán parte de este proyecto. Cada vez más cerca de la culminación del juicio, agradecemos incansablemente a nuestros lectores: son ustedes quienes dan sentido a cada una de nuestras palabras.
DECLARÓ COMO TESTIGO EN EL JUICIO LA PERLA - LA RIBERA
Estela de Carlotto: “Hay que cuidar lo logrado” P. · P A P
Mercedes Ferreyra
Al detalle
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EL JUICIO POR DENTRO
Agosto de 2015 | Será Justicia
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Fue secuestrado el de abril de . Era empleado de Fiat. “Me subieron a un auto y me llevaron a mi casa, allí había militares y encontré a mi mujer llorando”, dijo. Pasó por La Ribera y La Perla, donde lo interrogaron por su militancia, y por la UP, donde estuvo hasta el de diciembre. “Se corría la voz de que los soldados estaban comandados por un tal Barreiro”, recordó.
Declaró por el secuestro de su esposo, José Ricardo Cepeda, el de agosto de . “Tenía que presentarse al mediodía en la Jefatura de Policía, con una recomendación del diputado Pablo Figuereo para entrar a la fuerza. No regresó a casa”, relató Marta Inés. A través de una noticia que escuchó por la radio, supo que su marido fue encontrado muerto en un paraje de Villa Allende. “Teníamos cuatro hijos y uno en camino”, explicó. “Su cuerpo apareció reventado, con la mandíbula quebrada, y marcas de atadura en las muñecas”, aclaró. “Hasta el día de hoy no puedo asimilar lo que pasó”, se lamenta la testigo.
M E R Declaró por José Nicolás Brizuela, hermano de crianza, empleado de Epec y militante del Partido Comunista. “Era el guardaespaldas de Agustín Tosco”, recordó. Fue secuestrado de su domicilio por un grupo militar. “Eran como o coches blancos”, afirmó. Brizuela fue llevado a La Perla. “El doctor Rueda me tomó declaración, o Zamboni Ledesma. Me preguntaron cómo había sido el allanamiento”, contó la testigo. Brizuela aún se encuentra desaparecido.
E B El testigo fue citado a declarar a raíz de su secuestro: “Entraron como militares. Habían cortado la calle. Me subieron a un Jeep del Ejército y me llevaron a la Jefatura de Policía”. Batalla no logró recordar precisamente los lugares en los que estuvo, pero rememoró sobre el D: “Estuve un día y me pareció un año. Ahí conocí la tortura. Se escuchaban los gritos de otras personas”.
D L A Fue citado por el secuestro de sus dos hermanos, Jorge y Alfredo (menor de edad). A los años, Alfredo militaba en la Juventud Guevarista, mientras que su hermano Jorge, de , en el PRT. Ambos fueron vistos en La Perla, según otros relatos de sobrevivientes. Jorge fue secuestrado el de mayo de cuando salía del domicilio de sus padres, en barrio Alberdi. Y el menor fue raptado unos meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, en una casa de campo en Carlos Paz, mientras esperaba a sus padres. En , la casa de la familia fue allanada a la madrugada. “Eran como una jauría de perros salvajes. El modo en que se condujeron. Empujaron a Alfredo y yo intercedí, por lo que nos detuvieron a los dos y nos llevaron al D”.
J M R Secuestrado el de marzo de , en su lugar de trabajo. “Trabajaba en el Centro Editor de América Latina –una cooperativa–, cuando entró un grupo de soldados. Bajaron la persiana y me rompieron toda la mercadería. Me llevaron en un Jeep al colegio Carbó, donde había oficinas con personal militar”, narró el testigo. Fue trasladado a Campo de La Ribera. “Nos metieron en un galpón, nos acostaron sobre colchones, y me dijeron que tratara de no mirar porque sino después encontrarlos en la calle iba a ser muy desagradable”, recordó.
R E M Fue privado de su libertad el de enero de , a los dieciocho años. “Había estado escondido en Resistencia, y en febrero de , vine a Córdoba. Estuve en la provincia durante todo el militando en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES)”, contó. Fue llevado a La Perla, donde fue torturado: “Me llevaron a una sala muy chica, donde había elementos de tortura colgados en la pared. Me empezaron a golpear”.
A N Declaró por el secuestro de su hermano Claudio Nardini, el de abril de . “Entraron a casa a la medianoche, apuntando con armas y pidiendo por mi hermano. Estábamos todos acostados”, relató el testigo. Claudio Nardini fue asesinado en La Perla. “Mi hermano trabajaba en Sancor. Estudiaba inglés y era traductor en la empresa, además estaba metido en el sindicato”, dijo.
E : Juan Villegas, Javier Gómez, María Márquez, Miguel D’Agostino, Olga Odasso, Ramón Roque, Teresita Hazurun, María Núñez, Olga Mallet, Ernesto Paillalef, Jesús Braulio López, Ana Lescano, Rafael George.
COMPLICIDAD ENTRE LAS MONJAS Y LA JUSTICIA • PASÓ SU CAUTIVERIO EN EL BUEN PASTOR
La intimidación de una jueza Mercedes Ferreyra
Fotografías: Mercedes Ferreyra
TESTIMONIOS
L M 27 1976. L B P, . Laura Marrone fue citada a declarar por su detención en 1976, cuando fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor, donde permaneció hasta el 23 de septiembre del mismo año. Durante esos meses, expresó haber compartido su detención junto a varias mujeres, muchas de ellas embarazadas: “No recibían la atención médica y alimentaria necesaria. Recuerdo a Susana Zapiola, que tuvo a su hijo y luego lo retiró su familia”, relató. La testigo no pudo dar cuenta del nacimiento de aquellos niños por haber sido liberada antes. Expresó: “Supe por medio de otros relatos, que después del 23 de septiembre cayeron muchas embarazadas más”.
S . En 2008, la jueza Cristina Garzón de Lascano –la misma que intentó proteger a sus amigos jueces vinculados a la causa de los magistrados (ver informe especial Será Justicia Nº 49)– citó a Marrone a declarar en Comodoro Py (Buenos Aires), en relación a los hechos ocurridos en el Buen Pastor.
Mercedes Ferreyra
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Hall de audiencias. Marrone acompañada por sus afectos y su amiga Liliana Olivero.
“Me mostró un plano de la UP1, pero ahí sólo estuve una semana. Me preguntó por Silvina Parodi, la hija de Sonia Torres, a quien yo no conocí”, relató. Aquel episodio dejó como saldo una incógnita en la testigo, quien se decidió a investigar el destino que había corrido Parodi y su hijo, pero también las demás mujeres secuestradas y embarazadas. “Me sentí moralmente comprometida a averiguar”, dijo.
L . Marrone se animó a buscar a las monjas de la cárcel del Buen Pastor. “Supe que estaban en el geriátrico San Camilo, cerca de Cosquín. Cuando llegué, me encontré con Angélica Olmos Garzón, quien había sido directora de la orden religiosa dentro de la cárcel, y me reconoció”, contó.
“Cuando dije que buscaba a Silvina Parodi, cambió el tono fraternal. Me dijo que no quería saber nada con esa subversiva”, añadió. Aquella monja de apellido Garzón era la tía de la jueza que había tomado la declaración de la testigo en Comodoro Py. Pero esa no fue la única visita al geriátrico, recuerda otra oportunidad en que regresó: “Hablamos de política. Estaban lúcidas, manejaban celulares y sabían más de actualidad que yo”. La monja Nilda Herrera admitió que ella misma le llevaba comida a Silvina a su calabozo, y que a su bebé le había puesto nombre: Daniel Efraín. Cuando Marrone quiso ampliar su declaración y relatar estos encuentros, Garzón de Lascano la intimidó preguntándole si su madre vivía sola en Córdoba.
FELICIANO FIGUEROA FUE DETENIDO A LOS 14 AÑOS • SECUESTRADO SIN EXPLICACIONES
Una adolescencia en cautiverio Feliciano Figueroa fue citado a declarar por hechos que ocurrieron en su adolescencia. En 1976, cuando tenía catorce años, fue detenido en el puente La Tablada. “Todo partió de lo que podría llamarse una travesura”, expresó el testigo. “Habíamos roto unos vidrios en la concesionaria Citroën. La Policía llegó, nos sacó corriendo y, finalmente, nos detuvo”, relató ante los jueces. Había una chica pelirroja en medio de ese grupo de jóvenes, recordó Figueroa. “A mí y a Britos (compañero de la Juventud Guevarista), nos suben a un patrullero. Me echaron Raid en la boca para que no gritara”, rememoró. El testigo fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía (D2). “Volví a ver a aquella chica pelirroja, pero en el baño del D2. Desnuda en el suelo y muy golpeada. Trataba de comunicarse conmigo, pero yo sentí que tenía alguien detrás de mí y no me animé a ayudar”, relató. Figueroa fue trasladado a la cárcel de barrio San Martín, y en
En la cárcel de Encausados. Pidió ayuda a Amnistía Internacional, sin resultados.
noviembre de 1976, a Sierra Chica. Expresó que fue en aquel lugar donde transcurrió la mayor parte de su detención. Recién entre octubre y noviembre de 1979, ya con 17 años de edad, fue liberado en La Plata, luego de haber pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Feliciano Figueroa atravesó su adolescencia preso, desaparecido, sin causa ni justificación alguna. “Cumplí los 15 años adentro de la cárcel de San Martín”, señaló a la audiencia. “(En Encausados) le pregunté a
una persona de Amnistía Internacional, que justo se encontraba de visita, si podía sacarme de allí, y el señor me respondió que por algo estaría en ese lugar”. Durante aquellos tres años, los padres del menor de edad realizaron todo tipo de averiguaciones en pos de encontrar a su hijo. Presentaron hábeas corpus sin obtener respuesta alguna. Al finalizar su testimonio, la fiscal María Virginia Miguel Carmona solicitó a los jueces incorporar el nombre del testigo en el listado de víctimas.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VII · Nº 50
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EN 1976 FUE TRASLADADO A LA PERLA JUNTO A SU ESPOSA • EL TESTIGO RECORDÓ A SUS COMPAÑEROS DE MILITANCIA Y SEÑALÓ A IMPUTADOS DEL JUICIO
“Vergez me dijo que él decidía sobre la vida y la muerte” R M M 1976 R C, B. R H V L P, B. terráneo de Sierras Chicas, que fueron secuestrados durante la última dictadura. Esa noche también fueron secuestrados Daniel Sanmartín, Aldo Caamaño y Daniel Carignano, todos trabajadores del mismo frigorífico.
L L P. “Apenas me bajaron del auto me hicieron ingresar a una sala vendado. Vergez y un flaco narigón me empezaron a pegar. Yo tenía 26 años, todos ellos eran jóvenes. Me daban muchas trompadas”, describió Maidana, y explicó haber sido sometido a severos tratos y torturas. “Yo decido sobre la vida y la muerte de quienes están acá”, le apuntó Héctor Vergez. El testigo presenció un episodio de tortura con picana hacia su mujer, y fue amenazado con ver a su hijo en el edificio del ex centro clandestino de detención. “Les pedí que por favor no torturen más a mi mujer, y que a cambio les hablaría sobre mi militancia”, rememoró. “Ellos (los militares) invocaban siempre el lema del Ejército: «Dios, patria y hogar». Yo no podía entender cómo personas que se decían cristianas podían torturar y matar así”, lamentó.
E T. Luego de sesiones de ‘mojarrita’, tortura y picana, en las que Mai-
Mercedes Ferreyra
La madrugada del 29 de marzo de 1976, un grupo armado ingresó por la fuerza al domicilio de Río Ceballos en donde vivía Ricardo Manuel Maidana junto a su esposa Beatriz Boaglio, su hijo de ocho meses y sus padres. La pareja vivía en el altillo de la vivienda. “Me bajaron junto a mi esposa y me esposaron las manos. Después de nosotros, el señor que después reconocí como Vergez, bajó con mi hijo en sus brazos. Lo había retirado de la cuna. Mi esposa, espantada, comenzó a gritar”, relató el testigo ante los jueces del tribunal. “El señor Vergez (imputado en el juicio) le dejó a mi padre un teléfono y una dirección anotados en una agendita”, explicó Maidana. Mientras transcurría el secuestro y allanamiento, afuera de la casa un operativo armado aguardaba la salida de ambos. “Nos sacaron en autos distintos. A mí, en un Peugeot 404”, recordó el testigo. Y agregó: “Mi ex esposa me contó hace unos días que en su auto iba Mario ‘la Pulga’ Graieb, quien en medio de los recorridos, dijo que Charo Aredes estaba por vomitar. Supe que también estaba esa joven en el vehículo”, dijo. “Es que nosotros nunca más volvimos a hablar de esto”, argumentó. Maidana continuó su relato, en el que mencionó a varios de los trabajadores del Frigorífico Medi-
Ricardo Maidana. “No podía entender cómo los militares se decían cristianos y podían torturar y matar así”, expresó.
“J ” Ricardo Maidana aseguró haber estado convencido de que lo iban a matar los militares. “Esperaba el momento en que me peguen un tiro”, confesó en plena audiencia del juicio. dana también dijo recordar con claridad la presencia de Ernesto Barreiro –a quien señaló como “un rubio trajeado”–, el testigo fue trasladado en un auto junto a Vergez camino a Tucumán, y su esposa quedó en libertad. “Luciano Benjamín Menéndez –en ese entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército– se encontraba en Tucumán y me hizo una serie de preguntas sobre los militantes de aquella provincia, a la cual yo sí conocía. Me propuso que hable en la televisión sobre eso, y me prometió que luego me sacaban del país”, afirmó. Dos meses más tarde, Vergez
TESTIMONIOS I · VÍCTOR PUJADAS
La masacre de la familia Pujadas Víctor Pujadas fue el sobreviviente, junto a su sobrina, de la trágica masacre en la que resultó secuestrada y luego asesinada toda su familia, la noche del de agosto de . En el domicilio donde vivían los Pujadas, descansaban sus padres José María Pujadas y Josefa Badell, y sus hijos José María, Víctor y María José. También la esposa de José María, junto a su hija pequeña, María Eugenia. Dos hijos de la familia Pujadas ya no vivían en la misma vivienda, y el otro, Mariano Pujadas, había sido asesinado tres años antes, en . Víctor, el sobreviviente de aquella trágica noche junto a la pequeña María Eugenia, logró reconstruir su historia a través de recuerdos y relatos sobre lo que ocurrió esa madrugada luego de que su familia fue secuestrada de la vivienda. “Llegaron unos coches y golpearon fuerte las ventanas. Entraron a mi casa. Me vendaron, me sa-
caron de la habitación y me encerraron en el baño. Yo escuchaba ruidos, hicieron destrozos en las habitaciones”, recordó. Y agregó: “Tenían una manta o una sábana con la que se tapaban. Y una linterna muy potente. Me preguntaron la edad. Cuando salí del baño la busqué a María Eugenia, que se encontraba arriba de las escaleras donde era la habitación de sus padres. Después de eso, apareció toda mi familia muerta”. Sus padres y hermanos fueron secuestrados en mitad de la noche, fusilados y sus cuerpos –luego de ser arrojados a un pozo– fueron volados con explosivos. El testigo relató acerca de la “normalidad” de los allanamientos en su casa, antes de la masacre. Estas circunstancias se repitieron a partir del asesinato de su hermano Mariano Pujadas –militante y uno de los fundadores de Montoneros–, en la Masacre de Trelew, el de agosto de .
apareció nuevamente en Tucumán, y subió al testigo en un auto de regreso a Córdoba. “Ya no no nos servís más a nosotros, y tampoco a la guerrilla. Que se ensucien las manos ellos”, le dijo, según el testigo.
U . Maidana expresó recordar el “sadismo y la morbosidad” entre los grupos militares. Confesó que durante el camino de regreso a Córdoba pensó que en cualquier momento los captores le arrebatarían la vida. “Jamás pensé que me iban a largar. Esperaba el momento en que me peguen un tiro”, sostuvo
ante la audiencia del juicio. Después de horas de viaje, el auto frenó en la casa de su padre. Maidana se acercó a la vivienda y su padre le preguntó qué necesitaba, sin caer en la cuenta de que se trataba de su hijo. “Seguro no me reconoció por el deterioro que yo tenía”, afirmó emocionado. Y agregó: “Vergez le había dejado un teléfono y una dirección en una libreta a mi padre. Le había dicho que llame todos los días a ese número”. Luego de su secuestro, Maidana se refugió –siempre con libertad vigilada– en Etruria hast ael año 1978, cuando regresó nuevamente a Río Ceballos con su familia, para comenzar de nuevo. “Estuve mucho tiempo con libertad vigilada. No podía conseguir ni siquiera un certificado de buena conducta de la Policía”, recordó el testigo.
TESTIMONIOS II · CARLOS ARTURO ORTIZ
El relato de una fuga Carlos Arturo Ortiz fue privado de su libertad el de marzo de , en barrio Ferreyra. Durante su juventud se desempeñaba como trabajador de Perkins y militaba en el Partido Revolucionario del Pueblo (PRT). Ortiz fue interceptado por sus captores y secuestrado junto a un compañero, ‘Pipo’ Romero, y ambos fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D). En medio de su secuestro, el testigo dijo haber reconocido a varios compañeros que también estaban detenidos: “Atilio Baso, Carlos Palacios (de Forja), Llorens, Wenceslao Cabral, y otros”. “Recibí golpes, torturas y picana. Me sacaron la capucha y vi a los torturadores”, recordó. Ortiz explicó a los jueces que durante su secuestro también fue detenida su madre, quien quedó
privada de su libertad en la cárcel del Buen Pastor. Relató, además, que luego de los episodios en el D y la Alcaldía, fue trasladado a otro sitio en donde fue salvajemente torturado con picana. Entre los represores, reconoció a la ‘Cuca’ Antón: “Era muy cínica”, añadió. También a “Héctor Vergez, Chux, Merlo, Demonte, Sérpico, Buceta”. “Me sacaron y me metieron en el baúl de un Falcon. Adelante iban o . Logré abrir el baúl. Yo quería saltar, no me importaba lastimarme”, dijo. Ortiz detalló ese momento: “El auto paró y me sacaron del baúl. Les pegué unos codazos y salí corriendo. Uno de ellos gritó: «¡Se va, el culiau!». Me dolían las piernas por los golpes, pero corrí. Seguí caminando entre el monte. Escuché que paraban el fuego. Había logrado escapar”.
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LAS CONQUISTAS POPULARES QUE SON LA BASE INNEGOCIABLE
Agosto de 2015 | Será Justicia
ESPECIAL Nº 50 • TRIUNFOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL | Por César Pucheta y Sebastián Puechagut
Irreversibles
E La recuperación económica que la Argentina vivió luego de la gran crisis de los años 2001 y 2002 permitió grandes avances. El Estado finalmente respondió a históricas demandas de los movimientos de trabajadores organizados, uno de los sectores más activos de la vida nacional durante la segunda mitad del siglo XX. Las negociaciones paritarias libres, que reaparecen en el año 2004, marcaron un quiebre en las formas de distribución de la renta entre los ciudadanos argentinos, resolviendo un reclamo que el mundo del trabajo sostuvo durante casi 30 años. Pero la administración nacional fue más allá con los reclamos del grueso de organizaciones sociales y políticas del país, y avanzó hacia la atención de las banderas que habían sido génesis y razón de miles de trabajadores organizados y desocupados desde hacía más de una década: la recuperación de las empresas nacionales que fueron privatizadas durante los 90. Así, Aerolíneas Argentinas, YPF, el correo y los ferrocarriles volvieron a manos de la Nación. Además de una base ideológica y política, todo esto pudo sustentarse a partir de una base técnica que consistió en la recuperación más importante de estas décadas: los fondos de las jubilaciones. El fin de las AFJP terminó con años de especulación financiera y estafa a los trabajadores argentinos que al momento de jubilarse se percataban de cómo sus aportes habían sido arrojados a la suerte del mercado internacional, y cómo eso derivaba en crisis permanentes que dejaban migajas para los trabajadores pasivos. La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino transforma al anterior en un sistema “solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional”. La reestatización del sistema implicó, a su vez,
claras mejoras en el monto recibido por los jubilados, que gracias a Ley de Movilidad Jubilatoria perciben al menos dos aumentos al año, lo que redunda en una mayor capacidad adquisitiva y una mejor calidad de vida. Esta política, por otra parte, pudo ampliarse a más de medio millón de trabajadores que no habían realizado sus aportes por no haber tenido la oportunidad de hacerlo al no haber formado parte del mercado regular de trabajo a lo largo de su vida laboral. Los fondos que manejaban las AFJP son administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social o el ANSES, ente que se convirtió en la columna vertebral de los recursos del Estado que se utilizan solidariamente para avanzar en la ampliación de posibilidades para los ciudadanos con menos poder adquisitivo. La Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, el Plan Procrear, el Plan Progresar, entre otras medidas vertebrales de la recuperación económica, junto a la universalización del acceso a derechos fundamentales, se sustentan políticamente en una decisión direccionada a atender los reclamos más latentes de las masas organizadas de las últimas décadas. En términos económicos, la base fue aquella recuperación de los fondos de las AFJP. A su vez, venciendo la desidia con la que las aseguradoras privadas utilizaban los recursos de los trabajadores, el Estado argentino heredó acciones de casi medio centenar de empresas, algunas de ellas de gran influencia en el mercado interno. Esta situación no sólo amplifica la posibilidad de ensanchar las arcas del tesoro nacional, sino que además permite al Ejecutivo participar en la toma de decisiones de algunas de las firmas que conducen el rumbo económico del país.
En tiempos de concentración económica global, poderes corporativos y desarticulación social, el movimiento de derechos humanos en Argentina decidió hace años aportar a la reconstrucción del entramado solidario quebrado por las dictaduras y el neoliberalismo. Una tarea que lleva décadas y florece en cada lucha, en cada salto generacional, en cada nuevo compañero o compañera que se suma al trabajo colectivo. Habitamos un país rico en recursos y en historia, que
D La crítica situación a la que llegaron las poblaciones originarias de nuestro territorio fue durante mucho tiempo una problemática de alcance continental. La condena al olvido y al desamparo fue una realidad cuyos reclamos permanentes encontraron algún tipo de eco en políticas estatales de los últimos años. En noviembre de 2006, el Congreso Nacional sentó las bases para disponer la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas originarias desde hace siglos. Y en 2013, se ordenó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación de dominio de dichas tierras. Para ello, se estableció un concepto de territorio indígena sensiblemente distinto al regulado en el Código Civil, ya que se considera que esa propiedad es “de naturaleza colectiva y está basada en la relación espiritual de los pueblos originarios con sus tierras como un elemento primordial para su existencia y el mantenimiento de sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura. El territorio es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por tal motivo, la pérdida de tierras ancestrales amenaza su supervivencia como comunidad y como pueblo”. Entre las medidas que incorporan a las comunidades originarias a la vida institucional de nuestro país, se destaca la creación de la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas, cuyo objetivo es “promover la mayor participación de los pueblos indígenas en la elaboración y ejecución de políticas públicas que tengan impacto en sus comunidades, e impulsar entre éstas el pleno ejercicio de sus derechos a través de su conocimiento y de las herramientas para ejercerlos”.
En otro orden, aunque con una línea similar de respeto de la pluralidad, nació en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de décadas de movilización de sectores académicos y comunitarios de la comunicación. Esta ley, que reemplazó a una regulación arbitraria y represiva vigente desde la dictadura, declara a los servicios de comunicación audiovisual de “interés público”, y garantiza el acceso a medios para todo el abanico cultural de la nación, promoviendo la desconcentración y democratizando la palabra. Todavía no encuentra las posibilidades de su aplicación plena merced a la presión de intereses concentrados, que aún conservan el amparo del anquilosado aparato judicial argentino. Otro de los avances significativos en materia de participación, se encuentra en la ley de voto joven que amplifica la participación política y electoral al permitir el acceso al sufragio desde los 16 años; pero posiblemente los avances de mayor impacto en materia de ampliación de derechos, se vinculan a aquellas leyes que promueven la igualdad de género. La ley que lleva ese nombre y la Ley de Matrimonio Igualitario fueron pioneras a nivel mundial. Desde su sanción, las personas del mismo sexo pudieron casarse y alcanzar los mismos beneficios que el resto de los ciudadanos. Además, otros y otras habitantes de nuestro país accedieron al derecho a la identidad, y pudieron modificar su situación registral de sexo y nombre. Todos estos derechos son reconocidos y amplificados por el nuevo Código Civil y Comercial que comprende y legisla sobre miles de comportamientos que estructuran la vida cotidiana en las sociedades actuales, dejando sin efecto a su antecesor que se mantuvo vigente durante 144 años.
E DEL FUTURO NACIONAL, DESDE LA MIRADA DE SERA JUSTICIA en las últimas décadas ha consolidado su democracia y ha logrado avances insospechados tiempo atrás. Sin embargo, cada ciclo electoral es también un cambio de escenario, una apuesta colectiva a futuros inciertos (algunos más inciertos que otros, todos ellos desconocidos). Será Justicia intenta ser, desde su nacimiento, una expresión sencilla de un deseo compartido por millones: el fin de la impunidad de los genocidas como base de la recuperación nacional y de la reconstrucción de la Patria Grande
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 50
latinoamericana. Sabemos que la organización social es la única fuerza capaz de acelerar las conquistas populares, y sabemos también que es mucho lo que queda por hacer. Pero hemos querido, por una vez, presentar aquí un resumen de los logros de esas múltiples y diversas formas de la organización social en estos años. Abarcar la totalidad de los complejos procesos de empoderamiento popular sería imposible. Por eso este es sólo un recorte inacabado, que expresa una visión y un posi-
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cionamiento: estas victorias no pueden ser negociadas, bajo ninguna condición, por ningún gobierno. Son algunas de las más importantes victorias que los argentinos le arrebatamos al poder real. Son nuestras porque son de todos, y no estamos dispuestos a volver atrás. Invitamos a nuestros lectores a pensar las conquistas que nos faltan. Aquellas que no están aquí escritas, pero sobre todo aquellas que no están todavía escritas en la historia y anidan en cada nuevo derecho posible.
Ilustraciones: Hernán Cappelletti
L , Tras años de apatía gubernamental, en el año 2003, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron anuladas, el indulto fue declarado inconstitucional y se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad. Cientos de militares y responsables civiles han sido condenados por esos crímenes, convirtiendo a nuestro país en un ejemplo a nivel global. La movilización social, que comenzó en plena dictadura, no se detuvo. Hoy propone resignificar la historia convirtiendo los ex centros clandestinos de detención y exterminio en espacios para la memoria. En el año 2007, la Argentina convirtió en ley la adhesión a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Y en 2015, el Congreso aprobó el proyecto para prohibir los indultos, las amnistías y la conmutación de penas en delitos de lesa humanidad, lo que establece un marco normativo para evitar futuras decisiones que impliquen retrocesos en las conquistas obtenidas. No obstante, sigue vigente la lucha para que se reconozca el derecho de las víctimas y que todos los responsables del genocidio cumplan su condena en cárceles comunes. Los organismos de DDHH han sido promotores y garantes contra los atropellos que se comenten desde diferentes órbitas e instituciones del Estado. Aún en la actualidad, se identifican y denuncian abusos que atentan contra las libertades básicas y que tienen al personal de las fuerzas de seguridad como principal protagonista. Ante los hechos de violencia policial que se sucedieron en los últimos años, los propios organismos junto a militantes políticos, sindicatos y trabajadores de la justicia pusieron en marcha la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que se propone “desarmar discursos y prácticas
en torno a la seguridad basada en la lógica del ‘enemigo’, donde el respeto y ejercicio de los DDHH aparecen como obstáculos y la seguridad queda limitada a una cuestión punitiva y directamente represiva”. Las banderas de Memoria, Verdad y Justicia también tuvieron eco en muchas otras luchas, como la trata de personas. La explotación con fines sexuales, de trabajos forzados o incluso de esclavitud, es denunciada de modo permanente por organismos que pocos años atrás investigaban y denunciaban casi en soledad. Hasta el año 2008, cuando el Congreso aprobó la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Al calor de estas reivindicaciones, con innumerables reclamos y movilizaciones masivas, se hizo visible también la violencia de género y contra la mujer. Así se logró la sanción de la Ley de protección integral de las mujeres. En ella se contempla la existencia de la ‘línea 144’, una línea de atención telefónica unificada que funciona en todo el país con una guía de recursos jurídicos, sociales y de salud para todas las provincias. La norma tipifica las situaciones en que las mujeres son violentadas en las sociedades actuales. Aparecen aquellas que son más evidentes y extremas, como la violencia física. Pero agrega también otras de mayor complejidad, como la violencia simbólica, sobre cuyas acciones germinan las demás, construyendo patrones estereotipados que universalizan criterios de dominación, desigualdad y discriminación. La ley es acompañada de un cuerpo de medidas, campañas y programas, y cuenta con la colaboración de otros organismos del Estado que aportan la necesaria cuota de información y asesoramiento jurídico a las campañas centradas en la toma de conciencia.
S En el año 2010, finalmente, se alcanzó el objetivo de base que se había trazado desde la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006. Esa norma establece que el 6% del PBI es el piso presupuestario nacional para destinar a la educación y responde al reclamo histórico de organizaciones docentes, estudiantiles, académicas y de sectores sociales movilizados en general en pos de garantizar el acceso universal a la educación. El plan de desarrollo en materia educativa fue de la mano de otro conjunto de medidas, que contempló el pedido histórico de los investigadores y científicos formados en las universidades argentinas que se veían obligados a abandonar el país debido a las pocas posibilidades de desarrollo. El reclamo, latente y permanente desde que la ‘fuga de cerebros’ se convirtiera en moneda corriente, vino a evitar el desarraigo de los científicos e investigadores y a potenciar el desarrollo tecnológico nacional en pos de afianzar la soberanía en todos sus órdenes. Se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el cual se arbitraron los planes para repatriar a miles de científicos argentinos que se encontraban desperdigados alrededor del mundo. En 2011 se puso en marcha el Plan Raíces, que promueve la actividad científica y tecnológica, instalando el desarrollo argentino en el ámbito internacional. Esto potenció el diálogo entre los científicos argentinos y extranjeros con el fin de consensuar un plan de trabajo, que no sólo trajo aparejado el regreso de los profesionales a la Argentina, sino el desarrollo de la actividad científica puesta a disposición de las necesidades nacionales. La puesta en funcionamiento de satélites nacionales para infotelecomunicaciones (Arsat 1 y 2) constituye un ejemplo fundacional de los
avances en materia de soberanía tecnológica, resguardando las telecomunicaciones bajo la órbita del Estado en un contexto global de hiperconcentración empresaria de los canales de comunicación. En materia cultural, la democratización también fue la base para garantizar el acceso cultural a gran parte de los argentinos, principalmente aquellos alejados de los centros urbanos. Uno de los ejes fundamentales se encuentra en el Plan Nacional Igualdad Cultural, que en todas sus expresiones, brinda la posibilidad de llevar a cabo encuentros artísticos que amplifican el concepto de democracia cultural a extremos poco comparables en la historia contemporánea. Por un lado, porque brinda a miles de argentinos la posibilidad de disfrutar de expresiones artísticas en puntos geográficos que a lo largo del tiempo estuvieron relegados de ese privilegio por los caprichos del mercado, que entiende la expresión artística únicamente desde sus valores monetarios; y por otro lado, porque la mayor parte de esos encuentros logran plasmar sobre el escenario un entrecruzamiento generacional y expresivo que enriquece a los artistas involucrados y al auditorio, y fomenta la multiculturalidad que se plasma en cada una de las manifestaciones artísticas de nuestro país. Otra decisión política, surgida del esfuerzo y el trabajo conjunto del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Casi con la misma lógica de la Ley de Medios, el Fútbol Para Todos universalizó el acceso a uno de los bienes culturales tradicionales de los argentinos, al transmitir de manera gratuita los partidos de fútbol y los eventos deportivos de interés nacional, desconcentrando el mercado en pos del libre acceso por canales abiertos.
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MEMORIAS EN PRESENTE
Agosto de 2015 | Será Justicia
UNA REFERENTE DE LOS DDHH EN CÓRDOBA • DECLARÓ EN EL JUICIO LA PERLA Y DIALOGÓ SOBRE LA ACTUALIDAD POLÍTICA Y SOCIAL | Por Agostina Parisí
Estela de Carlotto: “No nos anima el odio y la revancha, sino la verdad”
Estela de Carlotto prestó su declaración ante el tribunal del juicio La Perla en calidad de testigo de contexto. Con una sala de audiencias colmada de público, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo desplegó –a través de las preguntas de la querella de Abuelas filial Córdoba– un relato sobre la constitución de dicha organización, pero también sobre la ya probada existencia de un plan sistemático de robo de bebés a nivel nacional durante la dictadura; las complicidades civiles, judiciales y eclesiásticas; los casos de Sonia Torres y Otilia Argañaraz como referentes importantes de Córdoba; y además, su propia historia, a un año del hallazgo de su nieto Ignacio Montoya Carlotto. “No nos anima el odio y la revancha, sino conseguir la verdad. Agradezco la posibilidad que tenemos de obtener justicia”, expresó ante el tribunal. Manifestó que “Sonia Torres y Otilia Argañaraz fueron unas de las portavoces de Córdoba. Y, concretamente, el caso de Sonia fue derivado a Córdoba para que se trate en esta jurisdicción. Sonia tiene derecho a encontrarse con su nieto. Las abuelas no buscamos a los propios nietos, sino a todos”.
Mauro Montu
L A P M L P . D A.
En el hall de Tribunales Federales. Estela se llevó el afecto de Córdoba y confesó irse “contenta y orgullosa del tribunal y las miradas francas” ante las que declaró.
A través de un relato claro, Estela sintetizó algunas de las fases claves en la constitución de Abuelas, una institución que caminó tímidamente sus primeros pasos en 1977, cuando el terrorismo de Estado azotaba salvajemente al país. “Fuimos creciendo e inventando formas de contacto con la sociedad. Nuestro lema en aquel entonces era que la dictadura nos tocó a todas. Hoy, luego de 38 años, la difusión es
enorme”, resaltó. “Cuando en 1985 finaliza el juicio a los comandantes, llevamos los casos para que los militares también sean castigados por el robo de bebés. Pero en ese momento no había muchas pruebas, era difícil presentarlas con la claridad necesaria”, sostuvo. En 1996, durante los gobiernos neoliberales, Abuelas inició una denuncia para probar que fehacientemente había un plan
sistemático de robo de bebés. “Y esa causa recién fue admitida en 2012, cuando se trata de un delito gravísimo de lesa humanidad”, lamentó en su declaración. Estela hizo hincapié en sectores que cooperaron con la dictadura, y que aún no se sentaron en el banquillo de los acusados. Apuntó hacia la Iglesia y acusó: “Hubo complicidad en la entrega de nuestros nietos. Uno recurría a la Iglesia, y después
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 50
“Hay candidatos que pregonan dejar de hablar de los derechos humanos. Gobernando someterían al pueblo a injusticias. Hay que cuidar la democracia”. res ya no los buscan”, expresó. A un año del hallazgo de su nieto –el hijo de Laura Carlotto, secuestrada en La Plata en 1977, con un embarazo en curso–, Estela describió algunas particularidades de su historia personal. “Fue a través del relato de exiliados que supe que mi hija había tenido un varón. Fue robado cuando era recién nacido, todavía tenía su cordón umbilical”, relató. “Para mi familia fue un martirio. Mis hijos enterraron a una hermana. Mi marido fue secuestrado y torturado por buscar. Las familias quisieron ser quebradas sembrando el miedo”, añadió. Consultada luego de su testimonio en una conferencia de prensa, Estela afirmó: “Queremos continuar la lucha como institución mientras tengamos vida, y dejar el relevo para lo que falta y para que esta historia no se repita en ningún otro lado del mundo. Estas cosas se imitan, si no tienen castigo”, sostuvo. A dos meses de las elecciones presidenciales, Estela reflexionó: “Quienes tienen la sana intención de que esto continúe, se han acercado incluso a nuestra institución a contarnos cuáles son sus proyectos; cómo elevar la Secretaría de Derechos Humanos a ministerio, lo cual le daría mucha más fuerza para investigar estos crímenes aberrantes”. Y agregó:
Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:
M Mercedes Ferreyra
supimos que esas confesiones servían para entregar gente”. Y añadió: “También hubo participación civil y judicial. Hay médicos que han inscripto hijos con datos falsos, y jueces que han entregado bebés a familias amigas”. La referente de Abuelas destacó: “Tenemos la certeza absoluta de no equivocarnos como institución cuando encontramos un nieto”, luego de un recorrido político, social, judicial, y de avances científicos que hicieron posible la existencia de dichas condiciones. “Nuestra búsqueda se alimenta con testimonios de gente que pasó por los centros clandestinos. En aquel tiempo, la fuente eran los exiliados políticos que nos contaban los agravios sufridos”, narró. Y agregó: “A las mujeres las dejaban vivir para que tengan a sus hijos, y luego las mataban, como pasó con mi hija”. Celebró la existencia de la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad, y expresó su satisfacción por el nivel de difusión mundial logrado por Abuelas de Plaza de Mayo. “Tenemos libros publicados por todo el mundo, tenemos la ayuda de jóvenes, artistas, el deporte... Todo el día estamos pensando qué más podemos hacer”, sostuvo, y resaltó la afluencia de jóvenes que cada día se acercan a la institución para averiguar por su identidad. En muchos casos, según testimonió, se han acercado familias a averiguar por un nieto, cuando tiempo atrás esa persona ya se había presentado antes a buscar a su verdadera familia. Del mismo modo, “hay jóvenes que se acercan con dudas muy grandes, teniendo casi la certeza de que son hijos de desaparecidos, y sus familia-
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Las tres juntas. Estela de Carlotto junto a Sonia Torres (Abuelas Cba) y Emi D’Ambra (Familiares).
Al finalizar su testimonio, Estela de Carlotto se sentó junto a dos referentes de Córdoba en la lucha de los organismos de derechos humanos: la representante de Abuelas filial Córdoba, Sonia Torres, y la secretaria ejecutiva de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba, Emilia Villares de D'Ambra. “Hay abuelas que aún esperan, pero también hay una persona que todavía vive sin conocer su historia y su verdad”, dijo Estela. Y agregó: “La historia y la verdad los libera y los hace felices. Los construye con una personalidad plena y sin mentiras”, en relación a los nietos encontrados y los que resta por encontrar, según las estimaciones de la organización, aproximadamente . “En condición de madres y abuelas, jamás vamos a olvidar. Porque el olvido promete la repetición de todo esto”, aseguró y miró a sus compañeras. Sonia Torres también tomó la palabra y aprovechó para pedir, una vez más, que quienes tienen dudas sobre su identidad se acerquen a Abuelas Córdoba. “Van a ser tratados con mucho cariño y desde el amor, porque desde allí hemos trabajado siempre”, expresó. Y agradeció la compañía de Estela de Carlotto: “Tantos años trabajando juntas nos han hermanado”. “Otros pregonan abrir las cárceles para que salgan los ‘pobres’ ancianos imputados, que durante la audiencia se levantaron y se fueron. No se aguantan lo que tendrían que escuchar”. Por último, señaló: “Los candidatos que piden «basta de ha-
blar de derechos humanos» serían malos gobernantes, someterían al pueblo a injusticias de todo tipo. Hay que cuidar la democracia. Incluso, quienes están siendo condenados, no se arrepienten de lo que han hecho. Lo dicen en sus declaracio-
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CONTRATAPA
Agosto de 2015 | Será Justicia
Por Eduardo Blaustein
Eduardo Blaustein es periodista y escritor. Graduado en Barcelona, ha integrado las redacciones de Página y Miradas al Sur, y se ha desempeñado como jefe de redacción de otros medios gráficos.
La batalla perpetua ace ya unos cuantos años, cuando se discutía en Londres y el mundo si Augusto Pinochet estaba loco y si merecía o no ser extraditado, me tocó viajar a Santiago de Chile para palpar el clima que se vivía allí. Acompañé las marchas de las pequeñas minorías que reclamaban justicia; me asombré por el nivel de fanatismo, poder y ceguera que encontré en el bunker de los pinochetistas, y por el poder que aun conservaban. Estos días, en Uruguay, se discute erigir un monumento en honor a la reconciliación, inspirado en un viejo episodio/monumento relacionado con las antiguas luchas entre blancos y colorados. Hoy mismo, domingo 16 de agosto de 2015, el diario La Nación celebra una iniciativa de la UCA en pos de la pacificación empleando los mismos argumentos que viene usando la derecha dura/durísima argentina desde fines de la dictadura y afirmando por enésima vez que la violencia política en el país comenzó con la experiencia de la lucha armada. Felizmente ese editorial habla de una importante soledad político-cultural del diario fundado por Bartolomé Mitre. Hace un año o dos hubo quienes propusieron imitar las políticas de memoria y justicia escasa aplicadas en Sudáfrica como modelo para nuestro país, como si las experiencias culturales e históricas pudieran trasvasarse de un tupper a otro. Trazo una bisectriz entre estos episodios para reiterar algo conocido: el rol de los muy diversos organismos de derechos humanos en Argentina, las políticas de memoria nacidas desde abajo o desde el Estado, los juicios por lesa humanidad, los consensos alcanzados (que nunca
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pueden ser plenos) sobre lo sucedido en la década de los 70 colocan a nuestro país a la vanguardia de las experiencias históricas mundiales. Pero La Nación publica el editorial que publica, otros medios poderosos hacen silencio sobre los juicios de lesa humanidad, en campaña la mayoría de los candidatos tampoco aludieron a las políticas de memoria y justicia. Y, se sabe, aun circula con generosidad la muletilla sobre los derechos humanos y los delincuentes. La figura de “batalla cultural” que emergió en estos últimos años podría aplicarse a las múltiples iniciativas surgidas en torno de los reclamos e iniciativas de memoria y justicia si no fuera que ha sido abusada, es reduccionista, y si no fuera finalmente que late en ella una idea paradójica de “fin de la historia”. Las batallas culturales no tienen nunca un final. Y la que se relaciona con la memoria, la justicia, los juicios, se sigue dando todos los días. En iniciativas como las de Será Justicia, en cada nuevo sitio de memoria que se erige, en la recuperación de la historia todavía reciente en los espacios sociales o geográficos a los que más costó llegar: provincias con una cultura política conservadora, otras con un fuerte peso del poder judicial igualmente conservador, las luchas y desaparecidos doblemente desaparecidos de las villas miseria porteñas que hoy son motivo de investigaciones de muchachos salidos de las facultades de Sociología o Ciencias Políticas junto a los pocos sobrevivientes memoriosos. Eso que solemos llamar medios domi-
nantes y cuya presunta dominancia es siempre relativa, cambiante, practican hoy, en términos generales, el mismo silencio que practicaron en dictadura. Claro, son políticamente correctos y no reivindican como reivindicaron (aunque a veces se les escapa) “los triunfos sobre la subversión”, ni aplauden lo que aplaudieron, ni condenan campañas antiargentinas. Pero ese silencio, al que ayudan a romper sólo unos pocos medios comerciales, los alternativos, los bancados-como-sepueda, los homenajes, los sitios de memoria, las producciones ensayísticas o literarias o teatrales o cinematográficas sobre lo sucedido en la dictadura, ese silencio que aun hoy hacen los medios que con un poco de haraganería llamamos dominantes, hace su trabajo insidioso. Ese silencio oportunista, sibilino, colabora con el hecho cultual de que pueda naturalizarse el ejercicio de calificar a un gobierno elegido libremente por la sociedad como “dictadura”. Que se compare a agrupaciones juveniles con formaciones hitleristas.
Paradójicamente, aun cuando hayan sido potentes las políticas de memoria y justicia aplicadas estos años (y aunque pueda cuestionarse severamente qué sucede con los derechos humanos del presente), hay una batalla que sigue siendo similar a la de veinte, treinta, cuarenta años atrás. Hay una batalla que necesariamente se sigue dando desde el abajo social contra esas alianzas todavía hoy poderosas de los ilustrados de la justica, los medios, el poder económico, ciertos poderes feudales provinciales. Es que la historia no tiene final, y las batallas culturales son a perpetuidad. Pienso, peligrosamente desde lejos, como casi porteño que soy, en el rol de Será Justicia en Córdoba. Lo confieso: digo peligrosamente porque no conozco seriamente la realidad de la provincia. Sólo intuyo: una batalla cultural más entre infinitas desde una posición de debilidad contra una cultura o unos políticos o unos sectores económicos conservadores. Hemos avanzado muchísimo desde 1983 a hoy. Pero hay batallas que siguen siendo enormemente desiguales. No son tan terribles, ni se libran en la espantosa soledad de 1977, 1979 o la de los años 90. Somos muchos más para contenernos. Pero siguen siendo batallas difíciles, batallas necesarias. Desde lejos, muy lejos, me alegra saber que en Córdoba hay quienes las siguen librando.
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