EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA
PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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Comunicación y nueva ciudadanía EN UN CONTEXTO MEDIÁTICO DE PERMANENTE DISPUTA DE SENTIDOS E INTERESES, LA SOCIEDAD ARGENTINA SE DEBATE EN UNA BATALLA CULTURAL POR ESTABLECER EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN COMO GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA. Páginas y · A O
EDITORIAL
¿Quién fabrica la herramienta? mos logrado. La lógica indica que la organización es el sustento necesario para manejar cualquier herramienta. Sin un colectivo de pertenencia que sostenga la reflexión y ayude a desaprender e internalizar una nueva forma de analizar la realidad, no estaremos aportando a los cambios estructurales que tanto demandamos. Por el contrario, es fortaleciendo las células organizativas –por más pequeñas que sean– como desde este medio estaremos dándole sentido a lo soñado: que la sociedad tome como propios los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia.
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Comunicación y DDHH “Hay que pensar desde la ocupación territorial integral, por múltiples vías de comunicación articuladas”. P N M · Página
Mercedes Ferreyra
esa fragua para forjar tan importante tarea? Hasta ahora, son muchos los que se han encargado de formatear miles de cabezas, con capacidad para llegar con un discurso frenético de frases vacías, fáciles de repetir en cualquier mesa familiar y en cualquier taxi o verdulería. Su objetivo estuvo siempre claro: promover la atomización y desarticular cualquier intento de participación colectiva, además de tergiversar la historia. El voto es participación colectiva, de allí a que la herramienta que elijamos nos sirva o no dependerá del grado de organización que haya-
Continúan los alegatos en el juicio La Perla
La problemática de la salud mental
Mercedes Ferreyra
Hace mucho tiempo que Será Justicia llega a escuelas, gremios, instituciones, estudios jurídicos y miles de ciudadanos cordobeses de todos los rincones de la provincia. Pero este año particularmente hemos recibido la demanda de sectores barriales donde maestras y referentes han elegido la palabra, la creatividad y las más variadas formas de comunicación como herramienta de formación. Allí es donde recurren a nuestro periódico o medios similares para conocer nuestra historia reciente. Pero, ¿quién construye esa herramienta? ¿Cuánta potencia debe tener
QUERELLAS PIDEN DURAS CONDENAS
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EL JUICIO POR DENTRO
Octubre de 2015 | Será Justicia
SECUESTRADO EL 26 DE ENERO DE 1976 • ERA UN DELEGADO DE LA COMISIÓN INTERNA DE GRANDES MOTORES DIESEL
Justicia para un dirigente gremial las 14, pero nunca volvió. Pedro era delegado de la comisión interna de Grandes Motores Diesel, explicó la querellante. Remarcó que una vez en cautiverio, Finger fue sometido a prácticas tormentosas, como asfixia, submarino, picanas y vejaciones sexuales.
“Pedro se preocupaba porque las decisiones consensuadas en asamblea fueran fielmente respetadas”, expresó la querellante Patricia Chalup, quien alegó por la víctima. Pedro Cipriano Finger tenía 24 años cuando fue secuestrado y desaparecido. Luego retomó el testimonio de su esposa, Marta Ofelia Ramírez, para contar lo sucedido. El caso de Finger es uno de los cientos de casos de gremialistas desaparecidos durante el golpe, que tuvo como uno de los blancos centrales a la clase obrera. La tarde del 26 de enero de 1976, integrantes de las Fuerzas Armadas lo secuestraron en barrio General Paz y lo trasladaron a Campo de La Ribera. Había quedado en regresar a su casa a
D. Al día siguiente de su desaparición, su esposa dio con una nota publicada en un diario que ratificaba el secuestro. “La testigo fue a la fábrica, que estaba tomada en protesta por este episodio, y trató de recabar alguna información”, indicó Chalup. Y se remitió también a la declaración de su hermano, el único sobreviviente de los hermanos, Carlos Finger.
Nicolás Castiglioni
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Hermanos Finger. Carlos Finger, con el retrato de sus dos hermanos desaparecidos.
“En su secuestro participó personal policial del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2). Esto es así en virtud del auto Fiat 128 perteneciente a Pedro Cipriano, que apareció en poder de la Policía y luego fue devuelto a Marta Ofelia, su
LOS SOBREVIVIENTES DE LA PERLA • TESTIMONIOS QUE REAFIRMAN LOS HECHOS
Relatos que resisten Como era de suponer, ciertas declaraciones que tuvieron características de testimonios documentales en la descripción de sus vivencias, pero también del contexto del terrorismo de Estado, vuelven a resurgir en el juicio, dentro de la fase de alegatos. Los casi tres años de audiencias de este proceso toman forma jurídica y reconstruyen los hechos. Algunos testimonios se transforman en una suerte de bibliografía a la que acudir, porque ilustran la maquinaría de horror desplegada en este período oscuro de nuestra historia. Tal es el caso del testimonio de Piero Di Monti, que en un lapso de nueve horas explicó ante los jueces del Tribunal cómo era La Perla, a la que definió como “una fábrica” y “una industria de la muerte”. Militaba en el frente gremial del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y trabajaba en la empresa Sancor. Fue secuestrado junto a su esposa embarazada, y trasladado a La Perla. No sólo describió cómo era el cautiverio en aquel sitio, sino que también registró a los represores y los intimó en pleno testimonio a que “rompan ese estúpido pacto de sangre”. La querellante Marité Sánchez
Nicolás Castiglioni
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esposa”, expresó. La querellante describió que Finger sufrió persecuciones antes de ser capturado. “En este momento muchos gremios luchaban contra la burocracia sindical que no representaba a los trabajadores”, subrayó la abogada querellante.
OTROS ESCENARIOS
D En el marco de la decisión política de desclasificar archivos secretos de la dictadura del Banco Central, el organismo aportó documentos a causas judiciales que investigan ciertas vinculaciones entre empresarios y las cúpulas militares durante el terrorismo de Estado. Entre los archivos, apareció el caso de Mackentor, la empresa que fue saqueada, vaciada y fundida durante la dictadura, siendo sus socios y accionistas detenidos y secuestrados en Campo de La Ribera. Mackentor era un grupo empresario nacional dedicado a la construcción vial e hidráulica. La información documentada constituye una nueva tangente de la expropiación de empresas y el robo de bienes durante la dictadura. El presidente del grupo, Natalio Kejner, había decidido dividir el paquete accionario de Mackentor con el personal jerárquico, que tenía activa participación sobre las ganancias. Los documentos desclasificados también corresponden a otros casos, como la causa Papel Prensa y la colaboración de Acindar con los militares.
DOS MILITANTES SECUNDARIOS SECUESTRADOS EN 1975
J C Los hermanos Oscar Domingo y Juan José Chabrol tenían y años cuando fueron secuestrados el de octubre de , en cercanías del viejo matadero en la ruta . Continúan desaparecidos. Eduardo ‘Mirmi’ Chabrol, otro de los hermanos, fue un testigo central en la reconstrucción de la suerte que corrieron los adolescentes, secuestrados antes del golpe de Estado. La querellante Marité Sánchez ratificó en sus alegatos que fueron capturados por policías de la Guardia de Infantería y un grupo del Comando Radioeléctrico, que pertenecían al Comando Libertadores de América, constituido
–según la información recabada– el de julio de . Sánchez expuso que el CLA funcionó expresamente bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, al igual que otros grupos paramilitares que actuaron en otras provincias, como Tucumán. La abogada solicitó prisión perpetua para los responsables por la desaparición forzada de los hermanos Chabrol, y también señaló el secuestro de Eduardo, quien fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía (D) y torturado. “Recordó a Herminio Antón porque tenía su nombre, y también pudo ver a la ‘Cuca’ Antón, participando activamente”.
UNA LISTA SAGRADA DE NOMBRES, APODOS Y FECHAS Liliana Callizo. Sobreviviente de La Perla que declaró a comienzos del juicio.
retomó el documento titulado Testimonios sobre el campo de detención clandestino La Perla, presentado ante el consulado argentino en Milán, que se encuentra incorporado como prueba en varias causas. L . Cecilia Suzzara fue detenida el 24 de marzo de 1976, y permaneció largo tiempo en La Perla, donde pudo ver a muchos detenidos e imputados, y sobrevivió para contarlo. En su testimonio nombró a los represores, que en el mismo cautiverio relacionó con los alias que utilizaban para ocultar sus identidades. Así también ocurrió con el caso de Liliana Callizo, y el de Susana Geuna, quien también resurgió en los alegatos. Apenas salió
de su secuestro, en 1979, Geuna viajó a Suiza y jamás regresó a Argentina, salvo en 2013, cuando declaró por sus vivencias en La Perla. Sánchez se refirió en sus alegatos a los testimonios del juicio que “ilustran sobre el significado que le daban en La Perla al término ‘traslado’. Término que figura en los testimonios individuales y colectivos de los sobrevivientes”, dijo. Y señaló el testimonio de Teresa Meschiati, quien describió cómo era el ritual de los traslados. “Se obligaba a los secuestrados a ajustarse la venda de los ojos. Colocaban biombos de tela blanca en la entrada y comenzaban a llamarlos por número, y a veces por nombre”, relató.
E G A I La sobreviviente de La Perla, Ana Iliovich, memorizó y escribió cada nombre que registró durante su cautiverio en el centro clandestino. Fue secuestrada el de mayo de por integrantes de la célebre ‘patota’ de La Perla, y trasladada hacia dicho campo de concentración. Luego de relatar en el juicio en diciembre de los padecimientos, torturas y vejaciones que sufrió, Iliovich exhibió aquel cuaderno Gloria en el que anotó los nombres de las personas que vio durante su detención. Aquellas hojas ya no sólo configuran un aporte a su memoria, sino que constituyen una de las cientos de pruebas incorporadas
por las querellas. La querellante Marité Sánchez hizo hincapié en aquel cuaderno en más de uno de sus alegatos, como en la reconstrucción del secuestro de Sergio Comba. “La testigo confeccionó el listado con tanto riesgo, en medio de sus esfuerzos por ser lo más rigurosa y fiel posible a sus recuerdos. Porque el hecho de sacar esos nombres, dijo, constituía un instinto de preservar a las familias. Con absoluta seguridad, Iliovich sostuvo que si los nombres figuraban en su lista es porque allí (en La Perla) estuvieron, o los vio escritos”, expresó Sánchez y añadió que aquellas listas “no dejan margen de dudas”.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VII · Nº 52
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ROSARIO AREDES LIDERABA UNA LUCHA POR MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO • LA PERSECUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL FRIGORÍFICO
Los alegatos sobre el secuestro y desaparición de una mujer obrera L M S R A, F M S C, .
R. Sánchez retomó la declaración de Antonio Aredes, testigo presencial del secuestro de su madre. También la de Carlos Alberto Duarte, quien conoció a Charo cerca de 1961, cuando junto con su hijo llegó a la casa de sus padres. Rosario
trabajó durante diez años como empleada doméstica de los Duarte, hasta que a principios de los años 70 comenzó a desempeñarse como obrera del frigorífico. Una vez allí, Charo tomó las banderas de los obreros y se transformó en una reconocida luchadora gremial, que impregnada de una humildad que casi cuarenta años después sus conocidos recuerdan, reivindicó los salarios y las condiciones dignas de trabajo, en un clima convulsionado por la militancia, pero también por la represión. “¿Qué hacemos con este?, ¿lo matamos?”, preguntó uno de los represores en la habitación de Antonio. Su madre se levantaba todos los días a las cinco y cuarto de la mañana para ir a trabajar. Aquella madrugada, el despertador aún no había sonado. Rosario Aredes fue secuestrada y llevada a La Perla, donde la torturaron hasta el momento de su traslado y desaparición. Por esas fechas, Charo ya convivía con la preocupación por el destino de su hijo, en caso de que a ella le pasara algo. L . La misma suerte corrieron los otros trabajadores del frigorífico, delegados del Sindicato de Trabajadores de la Carne. En total, nueve
L Entre marzo y agosto de , fueron secuestrados nueve trabajadores del Frigorífico Mediterráneo de Sierras Chicas, que luchaban por una mejora en las condiciones de trabajo y salario digno. Actualmente todos permanecen desaparecidos.
Mercedes Ferreyra
“¡A mi hijo no, a mi hijo no!”, gritó ‘Charo’ rompiendo el silencio de la madrugada del 26 de marzo de 1976. Un grupo de militares había violentado la puerta de su casa de Unquillo, dispuestos a secuestrarla. Cuando en medio del escándalo y los empujones su hijo Antonio, de 13 años, se levantó a ver qué pasaba, alguien le pisó la cabeza con una bota. Tres personas lo vigilaban en su habitación. Antonio pudo ver cómo a su madre la llevaron de los pelos hacia la cocina. Aquella sería su despedida. Rosario Gudelia Aredes –aunque la llamaban Charo o la catamarqueña– era obrera y delegada gremial del Frigorífico Mediterráneo de Sierras Chicas, actualmente Estancias del Sur. La querellante Marité Sánchez reconstruyó su vida y su secuestro a partir de testigos que declararon en el juicio La Perla, y pidió condenas para los responsables de su desaparición forzada.
Público en los alegatos. Participar de las audiencias sólo requiere llevar DNI.
de ellos fueron secuestrados y desaparecidos entre marzo y agosto de 1976: José Andrada, Rosario Aredes, Eduardo Biocca, Aldo Jesús Camaño, Daniel Carigniano, Gustavo Correa, Mario Alberto Graiev, Hugo Alberto Junco y Horacio San Martín. Los reclamos que encabezaban no eran bienvenidos para el dueño de la empresa, Oscar Mediavilla, y ya por esos años la lucha se desplegaba en un entorno de amenazas y persecuciones.
En su alegato, Sánchez retomó el relato de María del Carmen Torres, esposa de Daniel Carigniano. “Ella declaró que su esposo hablaba de Charo, porque junto a Hugo Junco eran los líderes del frigorífico y llevaban adelante la lucha de los trabajadores”, expresó. Y añadió, que según el relato de la testigo, en el período previo al golpe de Estado, habían desplegado un plan de lucha con una comisión gremial interna que trabajaba fuertemente para me-
jorar las condiciones de trabajo. “Ricardo Manuel Maidana declaró que pocos días antes de testimoniar habló con su esposa, quien le confesó (luego de 39 años de no hablar sobre las atrocidades que padecieron) que en el auto en donde la raptaron también estaban secuestrados Mario Graiev y una señora a la que Graiev se refirió como Charo”, pormenorizó Sánchez. De esta forma, ilustró las coincidencias de fechas entre los testigos que declararon por Rosario Aredes, y luego solicitó la prisión perpetua para Menéndez y los demás imputados. En mayo de 2014, antes de retirarse del recinto, el hijo de Charo afirmó ante los jueces del Tribunal: “No me mueve la venganza. Pero no tengo una tumba, no tengo sus restos a donde ir a llorarla, y eso no me parece justo”.
CRONOGRAMA DE ALEGATOS Y PEDIDOS DE SENTENCIA EN LAS ÚLTIMAS AUDIENCIAS A 262/263 28-29
A 264/265 5-6 O
A. 266/267 7-8 O
A 268 13 O
A 269 14 O
A 270 15 O
La querellante Adriana Gentile solicitó el pedido de prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro Vergez, José Diedrichs, Carlos Yanicelli, Yamil Yabour, Marcelo Luna, Arnaldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morard, Ricardo Alberto Lardone, Herminio Jesús Antón, en perjuicio del secuestro, tormentos y homicidio agravados de María del Carmen Sosa y Ricardo José Zucaría Hit. Por su parte, Patricia Chalup alegó por Alicia de Cicco de Moukarzel, Pedro Cipriano Finger y Miguel Hugo Vaca Narvaja, y solicitó perpetua para Menéndez, Diedrichs, Vergez, Manzanelli, Herrera, Morard, López, Lardone, Pérez, Antón, Flores, Yabour, Molina, Lucero, Melfi y Yanicelli.
La querellante Marité Sánchez pidió prisión perpetua para Menéndez, Yanicelli, Yabour, Grandi, Filiz, los hermanos Antón, Flores, Luna, Molina, Pérez, Lucero y Melfi, por el secuestro, tormentos y homicidio agravados de Juan José y Oscar Domingo Chabrol. Solicitó que los delitos se encuadren en la figura de genocidio. También pidió perpetua para los imputados Menéndez, Diedrichs, Díaz, Manzanelli, Herrera, Lardone, Morard, López, Yanicelli, Yabour, Grandi, Filiz, Molina, Flores, Antón, Pérez, Lucero y Melfi, por el secuestro, tormentos y homicidio de Marta Susana Ledesma de Comba y Héctor Sergio Comba. La querellante Adriana Gentile pidió prisión perpetua para Menéndez, Barreiro, Díaz, Vega, Lardone, López, Romero, Acosta, Manzanelli, Morard, Diedrichs, Vergez y Herrera, en perjuicio de Juana del Carmen Avendaño de Gómez y Mario Alberto Nívoli.
Gentile solicitó prisión perpetua para Menéndez, Barreiro, Acosta, Diedrichs, Manzanelli, Lardone, López, Herrera, Romero, Morard, Vega y Díaz, en perjuicio de las víctimas Jorge Alejandro Monjeau y Raúl Mateo Molina. Por su parte, Patricia Chalup alegó por Ana María Guadalupe Esteban y Cecilio Manuel Salguero, y solicitó la prisión perpetua de Menéndez, Fierro, Barreiro, Acosta, Díaz, Manzanelli, Lardone, Tófalo, Padován, Morard, Vega, Romero y López.
La querellante Gentile solicitó perpetua en perjuicio de María del Carmen y Adriana Vera Vanella Boll, Carlos Altamira Yofre, María Ines Muchiutti, Ignacio Cisneros, Félix López Carrizo, Eduardo Stregger y Pablo Rosales, para Menéndez, Fierro, Navarro, Martella, Chilo, Diedrichs, Vergez, Barreiro, Acosta, Díaz, Manzanelli, Herrera, Morard, Romero, López, Lardone, Tófalo. Y años a Juan Eusebio Vega. Marité Sánchez alegó por Elsa Landaburu, Rosario Aredes y Juan Carlos Yabour, y pidió prisión perpetua para Menéndez y demás imputados.
Patricia Chalup solicitó la prisión perpetua para Menéndez, Fierro, Diedrichs, Acosta, Díaz, Manzanelli, Herrera, Morard, Romero, López, Lardone y Vergez por el secuestro, tortura y homicidio de Luis Mario Finger, Pedro Antonio Juárez, Humberto Enrique Pache y Luis Roque Leiva. Pidió lo mismo para Daniel Leopoldo Burgos, Romelia Villalba, Raúl Levin, Raúl Castellano, Carlos Hugo Correa, María Cristina Demarchi y Néstor Aguilar Vouillat, y solicitó perpetua para Diedrichs, Barreiro, Acosta, Díaz, Manzanelli, Herrera, Romero, López, Lardone y Morard.
La querellante Adriana Gentile expuso su alegato por Silvio Viotti hijo, Raúl Francisco Vijande, María Irene Gavalda, María Mercedes Carriquiriborde, Perla Shneider Pesoa, y solicitó prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, Ernesto Barreiro, Tófalo, José Luis Manzanelli, Díaz, Oreste Padován, por su privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio calificado.
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COMUNICACION Y DERECHOS HUMANOS: UN RECORRIDO
Octubre de 2015 | Será Justicia
INFORME ESPECIAL • EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA | Por Alexis Oliva
La conquista del derecho a la palabra
C , . R , , . ace apenas seis años que la Argentina pudo reemplazar el decreto-ley de radiodifusión de la dictadura por una ley de la democracia. Los 26 años de demora fueron resultado de la subordinación de la clase política a un poder tan disimulado como implacable: las corporaciones mediáticas. Prohijadas por la dictadura y fortalecidas por el menemato, fueron –y siguen siendo– refractarias a eso que es el primer objetivo de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522: “La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos”. Objetivo al que se añaden, entre otros, el impulso al federalismo y la integración latinoamericana, la eliminación de brechas en el acceso al conocimiento, la promoción de la cultura y la educación popular, la formación de ciudadanía y el aliento a la participación social, el rechazo a toda discriminación y la preservación de la identidad y cultura de los pueblos originarios. Apenas recuperada la democracia, aquellos medios favorecidos con la entre-
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ga de Papel Prensa en noviembre de 1976 y el decreto-ley 22.285 en septiembre de 1980, se opusieron al reclamo de memoria, verdad y justicia, cristalizado en la Conadep y el Juicio a las Juntas. Sintonizaron sus líneas editoriales para abonar la “teoría de los dos demonios”, el “punto final” y la “obediencia debida” –durante el alfonsinismo– y los “indultos pacificadores” de “reconciliación nacional” sobre la base de la impunidad durante el menemismo. Al mismo tiempo, proclamaron el dogma privatizador y la ficción de la paridad peso-dólar, para legitimar el modelo que durante más de una década liquidó la infraestructura económica estatal, consagró la especulación financiera y condenó al desempleo y la exclusión a millones de argentinos. Quienes desde mediados de los 90 comenzaron a organizarse y protestar en las rutas, fueron demonizados por esos mismos medios que bendecían la causa de sus padecimientos. Mientras tanto, los ciudadanos eran bombardeados con mensajes que inoculaban el consumismo, el individualismo y el rechazo a la política. Con gran eficacia, los medios capitalistas cumplían, como describe Armand Mattelart en La comunicación masiva en el proceso de liberación,
«Hoy, los movimientos sociales han experimentado que la comunicación es una herramienta fundamental de organización y de lucha y están en condiciones de asumir el desafío» “una función esencialmente desorganizadora y desmovilizadora de las clases dominadas”, y su credibilidad estaba lejos de ser puesta en tela de juicio. C . Hasta que la coartada del objetivismo y la neutralidad comenzó a resquebrajarse, y ya el 19 y 20 de diciembre de 2001, junto con el “que se vayan todos”, hubo también escraches a medios hegemónicos de comunicación que habían apoyado al modelo que se derrumbaba. En ese fin de ciclo que se cobró 33 vidas, la corporación mediática rompió el matrimonio de conveniencia que contribuyó a llevar al gobierno a la tibia Alianza UCR-Frepaso. A partir de 2003, la historia cambió. El desplante del presidente electo Néstor Kirchner al “pliego de condiciones” que
pretendió imponerle el subdirector del diario La Nación, José Escribano, presagiaba otro fin de ciclo: el del cogobierno mediático. En los primeros años del kirchnerismo, su política de impulso a los juicios al terrorismo de Estado, ampliación de derechos sociales y militancia por la unidad y emancipación latinoamericana tuvo en los medios hegemónicos una respuesta beligerante. En 2008, el conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades del agro-empresariado resultó ilustrativo del retorno a una estrategia comunicacional propia de la Guerra Fría: los mismos medios que antes se dedicaban a entretener, despolitizar y predicar el individualismo, frente a una política que afectaba intereses propios y de aliados, repentinamente se ideologizaron y desplegaron una comunicación militante –de derecha, claro–, amplificadora de la música tocada por el cuarteto de las patronales agropecuarias. Tal como en tiempos más recientes se convirtieron en propaladoras del “Yo soy Nisman” y las movilizaciones opositoras de la corporación judicial. “Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia”, alertaba el centenar de actores sociales nuclea-
O POR LOS HITOS RECIENTES DE LA BATALLA CULTURAL dos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en los 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación que había presentado en agosto de 2004. Ese documento fue la base del proyecto que el Poder Ejecutivo elaboró y el Legislativo convirtió en ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en octubre de 2009. A pesar de haber sido debatida por la sociedad civil y en un Congreso nacional que la aprobó con amplia mayoría, la ley de medios fue bloqueada durante cuatro años por el Poder Judicial, a instancias del grupo Clarín. Pero el intento de anular las cláusulas antimonopólicas –que justamente se hacen eco de aquel alerta de la Coalición– fracasó y la Corte Suprema de Justicia tuvo que reconocer su carácter constitucional. Por estos tiempos de campaña presidencial, algunos candidatos prometen derogar la ley o por lo menos los artículos que resultan molestos al poder mediático que los respalda. Que esto no suceda dependerá del criterio electoral y la capacidad de movilización del pueblo argentino, y del compromiso democrático de quienes resulten electos. También habrá que bregar por el estricto cumplimiento de la ley y su eventual actualización, a fin de evitar que la evolución tecnológica se convierta en el caballo de Troya del oligopolio mediático. P . La ley 26.522 abre también la posibilidad de subsanar la discriminación de la que fueron objeto numerosos actores sociales a los que la norma anterior vedaba el acceso a la comunicación masiva, al restringir en su artículo 45 el acceso a las licencias sólo a las sociedades comerciales. Hoy, la reserva del 33 por ciento del espectro radioeléctrico para las entidades sin fines de lucro (artículo 89) es una oportunidad y un desafío de poblar ese tercio del espacio con voces comprometidas con el cambio social y la
construcción de ciudadanía. Pero una ley por sí sola no engendra realidad. La concreción de ese largo reclamo dependerá de que la autoridad de aplicación garantice la igualdad de oportunidades ante la ley y también de la capacidad de organización de los sectores populares. Hoy, los organismos de derechos humanos, los sindicatos y organizaciones territoriales, las entidades campesinas y de pueblos originarios, el movimiento de mujeres, la militancia ecologista, por la educación popular, la diversidad sexual y toda causa que procure reclamar un derecho negado, han experimentado que la comunicación es una herramienta fundamental de organización y de lucha, y están en condiciones de asumir ese desafío. “Ahora podremos difundir por este medio todas las luchas y conquistas que estamos teniendo desde los sectores populares, como las escuelas campesinas y los centros de producción, y sobre todo seguir dialogando para que se conozcan los derechos campesinos”, dijo Juan José Villalba, militante del Movimiento Campesino de Córdoba, en la reciente inauguración de la FM 103.3 Radio Pueblo en la ciudad de Deán Funes, la primera emisora de los pequeños productores rurales organizados de la provincia. Desde la barriada sur de la ciudad de Córdoba y con treinta años de experiencia en comunicación popular, Alberto Dipietromica, cronista de la radio FM Sur de barrio Villa El Libertador, sostiene: “Ser una radio comunitaria es una definición política. Pensar qué nota vamos a hacer y a quién vamos a entrevistar es una definición política. Pero además, desde el rol nuestro, queremos trabajar en red, enredados con la gente y las instituciones que se dan los ciudadanos y vecinos. Donde hay un derecho conculcado, ahí tenemos que estar; o al revés, donde hay un derecho en marcha, también tenemos que estar. Lo importante es saber que tenemos
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 52
UNC • LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN CUMPLE SU ANHELO
El ‘nido marxista’ será facultad
Un pedido de larga data. La Escuela de Ciencias de la Información, en octubre de 2009.
Un mes después del golpe de Estado del de marzo de , Luciano Benjamín Menéndez ordenó cerrar la Escuela de Ciencias de la Información. La decisión se basó en un informe de inteligencia de la Comunidad Informativa del Tercer Cuerpo de Ejército, donde se alertaba que los egresados de la ECI eran “casi todos elementos marxistas que se injertarían en los distintos medios de comunicación y/o difusión”. A esa altura, la guerrilla ya había sido derrotada en el plano militar y en este caso sólo subsistía la amenaza ideológica y cultural de un ámbito universitario que propiciaba la formación de la conciencia del pueblo. Pero la dictadura era consciente de que esa era –como se dice hoy– “la madre de todas las batallas”, y actuó en consecuencia. La ‘Escuelita’ reabrió sus puertas con el retorno democrático, y durante el lar-
una misión y nos debemos a una gente. Y ser uno más de ellos. No de ellos, de nosotros”. En esos espacios de militancia está la
go reinado neoliberal resistió el arancelamiento y se sostuvo como una isla de pensamiento crítico, desafiante al oleaje del “fin de la historia” y la “muerte de las ideologías”. En ella nos formamos quienes hacemos el Será Justicia. Cerca de cumplirse años de aquel informe, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba acaba de convocar a la Asamblea Universitaria para que a fines de noviembre próximo debata la creación de dos nuevas unidades académicas: la Facultad de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Sociales. En un tiempo de recuperación de la educación pública y de creciente discusión sobre el valor político de la comunicación, será todo un reconocimiento a una historia de coherencia académica, y a los docentes y estudiantes víctimas del terrorismo de Estado.
garantía de que la democratización de la comunicación se potencie y profundice, como una herramienta al servicio de los derechos y las necesidades del pueblo.
ANÁLISIS • UN PUNTO DE VISTA SOBRE EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA EN SERÁ JUSTICIA | Por A. O.
Paula De la Fuente
Por memoria, verdad y justicia… con política y rigor Desde su nombre, Será Justicia asume su intención política: la de contribuir a la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Es el periódico de los organismos de derechos humanos de Córdoba, un medio de comunicación ‘de parte’. A la vez, procura ser un producto periodístico elaborado con rigor profesional y honestidad intelectual, porque así debe ser y porque esa es la mejor manera de informar que los juicios de lesa humanidad son un acontecimiento relevante para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, cronicar desde este periódico los juicios implica el primer desafío de comunicar su importancia y desmentir la idea instalada por la prensa hegemónica y ciertos sectores políticos de que son un “teatro revanchista”, con un libreto escrito de antemano que se interpreta sin resquicios. En realidad, son una conquista, fruto de muchos años de lucha y de un gobierno que los convirtió en política de Estado. Una conquista que debe ser defendida frente a poderosos adversarios, en cada proceso y cada audiencia, y también en la calle. El segundo desafío es refutar la llamada “teoría de los dos demonios”, ese engendro elaborado tras la vuelta a la democracia para afirmar que en los violentos años fue tan criminal la izquierda revolucionaria como la derecha que asaltó el Estado para perpetrar un plan de exterminio político, entrega económica y exclusión social. Esa ha sido la impronta con que los medios de comunicación hegemónicos han enfocado el tema del terroris-
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mo de Estado desde el retorno democrático hasta mucho tiempo después de que los ‘dos demonios’ dejaran de ser la teoría oficial del Estado nacional. Sin embargo, muchos medios siguen invocándola, como en tantas oportunidades que acompañaron el discurso de “culpar a la víctima”, esgrimido por los represores y sus defensas. Otra herencia de las coberturas periodísticas de los años que intentamos superar es la truculencia y el morbo. En este caso, hay un dilema de difícil solución:
por un lado, la necesidad de informar sobre actos que efectivamente ocurrieron, que se están juzgando y por lo tanto es necesario probar, y que todavía hay gente que desconoce o niega; por el otro, la de respetar a las víctimas y sus familias, y evitar el efecto de parálisis política que puede generar la referencia exacerbada a torturas, violaciones y asesinatos alevosos. Esta inclinación amarillista suele venir acompañada de una hipótesis implícita que explica estos hechos a partir de la maldad humana, desde la imagen de asesinos sádicos y seriales, que –más allá de que en algunos casos lo sean– descontextualiza, despolitiza e impide entender los porqués de un hecho político, económico y social como el terrorismo de Estado. Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a instalar cada vez con más fundamentos y evidencias la noción de dictadura cívico-militar, que no es nueva, que está en la misma carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar de marzo de , pero que aún cuesta mucho sostener, porque desenmascara a actores institucionales que todavía ostentan poder: empresarios, clérigos, políticos, magistrados… Esa es una de las líneas de trabajo que desde Será Justicia tratamos de profundizar, porque es la que mejor explica el horror y la que más herramientas nos aporta como sociedad, no sólo para que esto no se repita ‘Nunca Más’, sino para construir el país por el que trabajaron y pelearon quienes dieron sus vidas.
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EN PROFUNDIDAD
Octubre de 2015 | Será Justicia
DERECHOS PARA TODOS • SE REALIZÓ LA SEGUNDA MARCHA PARA RECLAMAR APLICACIÓN DE LEYES DE SALUD MENTAL | Por César Pucheta
Sujetos de derecho y luchas contra el estigma Mercedes Ferreyra
S . En la tarde del jueves 8 de octubre, las principales calles de la ciudad de Córdoba se volvieron a poblar de manifestantes cuando miles de personas decidieron salir nuevamente a ocupar el espacio público. Han pasado cinco años desde la sanción de las leyes de Salud Mental Nacional (Nº 26.657) y Provincial (Nº 9848), y “hasta ahora, las políticas y programas llevados adelante por el gobierno provincial no se condicen con los enormes desafíos que implica una transformación estructural del sistema de salud, que permita garantizar el derecho a la salud mental para todos los cordobeses”, según lo expresaba el colectivo organizador de la movilización. La marcha, que se realizó bajo la consigna Del dicho al hecho, ¿qué pasa con nuestros Derechos?, expresó públicamente la necesidad de “transformar discursos, intervenciones, prácticas profesionales y políticas públicas en relación a la Salud Mental”; un reclamo y un trabajo que desde hace años se viene llevando a cabo desde colectivos de la sociedad civil, que no sólo buscan que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de políticas de salud, sino que también intentan trabajar socialmente para erradicar las actitudes estigmatizantes y excluyentes en relación a la salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental fue aprobada en el año 2010 y reglamentada en 2013. Entre otros puntos, establece el cierre de manicomios públicos y privados para el año 2020. De esa forma, la ley focalizó la atención sobre un grupo social que históricamente ha sido invisibilizado y marginado del ejercicio de sus derechos, al ser comprendidos como “objetos
Con cánticos y murgas. En la marcha que colmó las principales calles de Córdoba, participaron jóvenes, estudiantes, profesionales de la salud y familiares.
de tutela” y privados de la participación en la vida social. Así, la norma prohíbe la creación de nuevos manicomios o neuropsiquiátricos y establece que las internaciones en salud mental deben realizarse en hospitales generales. Esas internaciones, que son comprendidas como un “recurso excepcional”, deberán ser proyectadas en el menor lapso de tiempo posible y estarán monitoreadas para justificar su pertinencia, y siempre comprenderán el padecimiento mental como un episodio temporal que será tratado con base en el respeto a la condición ciudadana del paciente, que como sujeto de derecho, deberá ser considerado por encima de cualquier diagnóstico. El trabajo que derivó en esa ley fue impulsado principalmente desde las organizaciones de la sociedad civil que llevaron a la creación del Área de Salud Mental y Derechos Humanos en el año 2004, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para precisamente pro-
mover el diseño de políticas públicas y prácticas en salud mental con un enfoque de derechos humanos, desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial que permita un abordaje integral de la problemática. En la cultura que ha regido hegemónicamente y a lo largo del tiempo en torno a esta cuestión, los discursos se imponen desde una comprensión de los derechos y la salud, pero también desde la construcción comunicacional. En el marco de la ruptura de esos paradigmas que han guiado la comprensión sobre la problemática de modo histórico, la Defensoría del Pueblo trabajó junto con otras organizaciones en la confección de una guía para el tratamiento mediático del tema, que busca terminar con las “representaciones socioculturales y mediáticas sobre la salud mental, fuertemente ancladas en la visión asistencialista y discriminatoria”, que replican las “referencias negativas y erróneas que no dan cuenta del
fenómeno en su especificidad y en sus alcances”, y reproducen y legitiman “estereotipos y prejuicios que vulneran los derechos de las personas con algún padecimiento mental y que afectan a su entorno”. En sus puntos más importantes, esa guía propone desarrollar los temas de salud mental bajo la categoría de “salud pública” y evitar la tendencia que los ubica de modo casi excluyente en las categorías “policiales”, entendiendo los padecimientos mentales como “delitos”. Con similar dirección, en el documento elaborado colectivamente se recomienda “propiciar abordajes que no asocien el padecimiento mental con la peligrosidad, la anormalidad, la incapacidad o como causa de acciones violentas y delictivas, ya que estas conductas no son uni-causales”. La guía también señala que “el diagnóstico en el campo de la salud mental no habilita la presunción de daño. Es importante tener presente que este tipo de enfoques pueden reforzar la exclusión social”.
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VII · Nº 52
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ANÁLISIS · EL ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES FUE UN HITO HISTÓRICO: CONVOCÓ A MÁS DE 60.000 ASISTENTES DE TODO EL PAÍS | Por Agostina Parisí
La vivencia individual, un motor colectivo E 30? E N M M P . B . “Se va a acabar, se va a acabar, esa costumbre de matar”, cantaron las mujeres que participaron del XXX Encuentro Nacional de Mujeres, que este año tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata. La movilización histórica Ni una menos le dio un tinte diferente a estas jornadas, propagando aún más fuerza para discutir no sólo sobre temas relacionados a la violencia de género, sino también a los derechos sexuales y reproductivos, la trata de personas, sexualidad, lesbianismo, activismos, VIH sida, discapacidad, y otras cuestiones que se trabajaron en distintos talleres. A través de los relatos, se descubre que el encuentro no sólo implica un espacio de problematización y discusión de estas temáticas, sino también un sitio en donde se rompe el silencio y las experiencias compartidas aumentan la potencialidad de la lucha. “Las vivencias individuales se vuelven motor colectivo”, ex-
Histórica marcha. Al descomunal cupo de asistentes al encuentro, miles de mujeres se sumaron a marchar.
presaba una parte del documento que leyeron las organizadoras del encuentro ante aproximadamente 60 mil asistentes. Entre ellos, estuvo Maru Acosta, hermana de Paola, a pocos días del fallo que condenó a perpetua al homicida de su hermana. El primer encuentro se realizó por primera vez en 1986, sobre el período de reanudación de la democracia, en el Centro Cultural San Martín. Treinta años más tar-
Será Justicia cuenta con el aporte solidario de:
de, implica una tradición y una cita obligada para quienes eligen debatir y compartir la lucha. Cada año, entre la multitud, se observan mujeres de todo tipo: trabajadoras, estudiantes, desempleadas, lesbianas, militantes, heterosexuales, trans, profesionales, etc. La jornada finalizó con una marcha histórica a la que se sumaron 5000 mujeres más. Así, 65.000 personas marcharon por
la ciudad balnearia bajo los cánticos y las consignas de acabar con la violencia machista y los femicidios, pidiendo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Los temas relacionados al aborto legal y seguro causaron el resquemor de cada año entre los sectores más conservadores de la sociedad, y la marcha finalizó con algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el factor más entristecedor, pero que contextualizó la lucha en un marco de real emergencia, fue el saldo de femicidios que dejó la semana en la que se realizó el encuentro. Entre el 6 y el 11 de octubre se registraron nueve femicidios en distintos puntos del país, dos de ellos ocurridos en Mar del Plata, en el mismo momento en que las mujeres debatían y se emponderaban de este espacio una vez más. En este marco de violencia, luego del fin de semana de discusión y militancia, los conocidos de Diana Sacayán descubrieron por qué Diana no había asistido al encuentro al que había prometido ir. La activista y reconocida luchadora trans fue hallada muerta en su departamento y su homicidio aún se investiga. Con nombres anotados con tinta fresca en el listado de víctimas de violencia de género, ya está hecha la convocatoria para la segunda marcha Ni una menos que se realizará el próximo 25 de noviembre.
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CONTRATAPA
La comunicación desde la perspectiva de los DDHH.
Octubre de 2015 | Será Justicia
Por Nahúm Mirad Fundador de la cooperativa de trabajo Comercio y Justicia. Ha sido director del programa Usina de Medios, preside la mutual Conexión y es referente del movimiento de la economía solidaria argentina.
Miradas antagónicas fusión de la información y respetando las identidades culturales e individuales. El accionar de EEUU, encabezado entonces por el presidente Reagan enfrascado en el ajedrez de la Guerra Fría, hizo fracasar la posible influencia de MacBride. En nuestro país, la preminencia del plan norteamericano es la que consolidó el sistema de medios concentrados bajo la lógica mercantil. Con la cesión de la única planta papelera a un grupo económico (Papel Prensa) se articuló desde allí toda la actividad de prensa en Argentina. Más tarde, la aprobación de la Ley de Radiodifusión ancló la actividad en la perspectiva de la comunicación como bien transable y bajo la Doctrina de Seguridad Nacional contra el enemigo interno, dejando fuera de la posibilidad de ejercer la actividad por organizaciones sin fines comerciales, de base solidaria y democrática. A tal punto que varias organizaciones, entre ellas cooperativas, debieron entregar a las autoridades de facto licencias y equipos que con los años terminaron en manos de grupos económicos. El aspecto mercantil se exacerbó luego durante el gobierno menemista al ampliarse la cantidad de licencias posibles de acumular, mientras se persiguió y judicializó la actividad radiofónica de pymes y organizaciones sociales. También el Estado nacional neoliberal cedió la mejor parte de las privatizaciones del desarrollado esquema público de comunicaciones a grandes grupos comunicativos. De todos ellos, el grupo Clarín fue el que más acumuló en estos procesos. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la comunicación, necesariamente debe encontrar su accesibilidad desde la clara y precisa definición de los servicios públicos, regulables y garantizables por la acción estatal, entendiendo bajo este concepto la convergencia de las infotelecomunicaciones. A seis años de sancionada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde esta perspectiva, el gran desafío no es aplicar u ‘ocupar’ una ley, sino consolidar un sistema de medios que articule tanto al sector estatal como a los privados con y sin fines de lucro bajo una serie de principios comunes, que pueden resumirse en tres puntos fundamentales: • La Comunicación como Servicio Público: Pensar la comunicación como servicio público y los medios como sus plataformas de acceso implica abandonar el 'paradigma de la escasez', fundador de la mercantilización que caracteriza al sector concentrado de las industrias culturales. En cuanto a la utilización de los contenidos, éstos tiene en el copyright, o la propiedad intelectual, el principal generador artificial de esa escasez. Esta noción está puesta en duda no sólo por la perspectiva de que las ideas son bienes comunes que van recreándose en un esfuerzo social, sino por la creciente masividad de las tecnologías de
Ilustración: Hernán Cappelletti
a comunicación, esa fundacional capacidad humana que comparte parentesco etimológico con la palabra cooperación, permitió a los homínidos la conformación de su ser social, su capacidad de coordinar acciones para, por ejemplo, cazar animales mayores a los que podían conseguir de manera individual, la habilidad para recordar los mecanismos para cultivar, etc. Sobre esa base los procesos de evolución y revolución fueron acuñando las distintas fases de nuestra vida en sociedad. Con el andar de la historia, esta capacidad humana se transformó en un producto de diseño tecnológico, que fue elaborando lenguajes cada vez más sofisticados e instrumentos de creciente complejidad y potencia para amplificar (masificar) y trasmitir mensajes tanto a contemporáneos como a habitantes del futuro. Tras la aparición del capitalismo como lógica de organización económica y social, los avances por convertir la comunicación en diferentes formas de mercancía fueron in crescendo. Subrayemos el tenor del ‘problema’: Una función inherente a la condición de Humanidad termina subsumida a una lógica mercantilizada. Esa mercantilización, orientando los procesos tecnológicos, desarrolló un sistema de redes de medios (mediaciones sociales) que provee a los ciudadanos de sus experiencias sociales y que es ya su principal fuente de conocimiento. Al estar impulsadas por la lógica de mercado, estas redes terminan siendo enlazadas por los conglomerados empresarios más concentrados y articuladas desde el sector financiero. La crítica a este modelo comunicacional fue expuesta con mucho detalle y preocupación en 1980, en el conocido Informe MacBride (llamado Voces múltiples, un solo mundo), publicado por la Unesco. El organismo internacional sugería un nuevo orden comunicacional que promoviese la paz y el desarrollo humano. La idea de este informe se originó en 1977, tras un discurso pronunciado por el irlandés Sean MacBride, centrado en la fragilidad de la prensa por las grandes presiones económicas, financieras y políticas que sufrían los medios de comunicación del momento. Estas presiones tenían su origen en los intereses de las multinacionales y de los grandes grupos de comunicación. En su informe, MacBride ve en la integración de los medios de comunicación (íntimamente relacionada con la informática) un punto imprescindible para el desarrollo mundial. Tanto en 1970 como en 1980 se preveía la gran revolución informática, por lo que resultaba de extrema necesidad que los países del tercer mundo pudieran alcanzar, en igualdad de condiciones, los avances tecnológicos que mejoraran sus flujos de comunicación. Esa ‘popularización’ del acceso a la información debía darse bajo la lógica de la Declaración Universal de los DDHH, promoviendo la idea de que la comunicación es un derecho fundamental de los ciudadanos y grupos sociales, aminorando las distorsiones que se producen en el momento de la di-
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copiado y de modificación. El modelo de sustentabilidad debe basarse en plataformas de servicios, no en la mercantilización del acceso o de los contenidos. • La integración asociativa: La principal estrategia de los conglomerados de medios basados en la comunicación como mercancía es segmentar mercados y diversificar servicios y productos desde la centralidad empresaria. Con este esquema maximizan su participación en el mercado. Desde la lógica de la comunicación como Derecho Humano, la estrategia supone desarrollar la capacidad de crear escala y poder de mercado integrando desde la diversidad, de manera distribuida. El desafío es hacer confluir a consumidores, productores (emprendedores, empresarios y trabajadores) y anunciantes bajo objetivos comunes. • El desarrollo de contenidos multiplataformas: Que permitan ‘ocupar’ integralmente territorios digitales/sociales/culturales/políticos. La planificación de la comunicación en la era de la convergencia tecnológica no puede realizarse pensando en televidentes, lectores o radioescuchas por separados. Por el contrario, es preciso planificar desde el punto de vista de la ocupación territorial de manera integral, por múltiples vías y con la capacidad de regular el alcance y la llegada de los mensajes. Sobre estos tres puntos, estamos discutiendo un cambio de paradigma para pensar el modelo sustentable de la actividad para el llamado sector no comercial y el sector comercial no concentrado en Argentina.
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Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Mercedes Ferreyra · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Ernesto Torres, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: Guadalupe Samoluk, Matilde Nasser, Paula De la Fuente Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com
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