EL DIARIO DE LOS JUICIOS EN CÓRDOBA
PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA
A VIII · N 55 · M 2016
55
Medios, política y corrupción LA CARA MENOS VISIBLE DEL CAPITALISMO FINANCIERO GLOBAL: LA FILTRACIÓN DE LOS PANAMÁ PAPERS Y EL BOMBARDEO MEDIÁTICO DE LA “RUTA DEL DINERO K” REDUCEN LA AGENDA POLÍTICA A UN SIMPLE CONTEO DE HECHOS DE CORRUPCIÓN, IMPIDIENDO UN DEBATE PROFUNDO Y DEMOCRÁTICO SOBRE LOS MODELOS DE PAÍS, LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO. Páginas y · A O
ALEGARON POR LAS 716 VÍCTIMAS DE LA CAUSA Y PIDIERON CONDENA A TODOS LOS ACUSADOS
Mercedes Ferreyra
Los fiscales pidieron perpetua a los imputados del juicio
Fiscales. Los miembros del Ministerio Público Rafael V. Ruiz (izq), Virginia M. Carmona (centro) y Facundo Trotta (izq.)
EN UNA AUDIENCIA MULTITUDINARIA, LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CERRARON LA ETAPA DE ALEGATOS CON DUROS PEDIDOS DE CONDENA A LOS 45 IMPUTADOS DEL JUICIO LA PERLA. AHORA SERÁ EL TURNO DE LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS Y SE ESTIMA QUE EN POCOS MESES EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL DICTARÁ LA ESPERADA SENTENCIA.
ANÁLISIS
Deuda Externa EL ACUERDO CON LOS FONDOS BUITRE VUELVE A PONER EN JAQUE LA SOBERANÍA ECONÓMICA ARGENTINA.
Página · P C P
C
Latinoamérica en crisis “La lucha es entre corporaciones y democracia, capitalismo y Estados, entre los generales y los pueblos”. P M S · Página
2
EL JUICIO POR DENTRO
EDITORIAL
Retomar la unidad En todos estos años en que nuestro camino ha ido dejando surcos, la idea de unidad nos ha marcado el rumbo. En muchas oportunidades nos sorprendimos con la legitimidad con que se van concretando los objetivos estipulados. Las 70.000 personas que acompañaron la marcha del 24 de marzo son la muestra de un trabajo minucioso de articulación y amplitud con el que los organismos de DDHH hemos abierto las puertas a todas las organizaciones que nos han requerido apoyo. De la misma manera, formamos parte de cuanto espacio de lucha y militancia nos ha convocado, sin diferenciar sellos partidarios ni ideologías, siempre que pertenezcan al campo popular. Con los gobiernos tenemos la misma conducta, acompañamos y denunciamos de acuerdo a nuestros principios, y en la medida en que se nos ha permitido intervenir, lo hemos hecho, respetando los consensos y las decisiones internas. Pero sin duda, nuestro objetivo desde hace muchos años está centrado en la comunicación no sólo de los procesos de memoria, verdad y justicia, sino de toda violación de derechos que se detecten en la sociedad. Hoy se repite un pasado que ya vivimos, la implementación de un modelo económico salvaje que produce la peor violación de derechos que puede soportar un pueblo: la falta de información y la complicidad de los medios masivos para ocultar la ola de despidos y el empobrecimiento de grandes sectores de la sociedad. Nos encontramos ante un panorama de desigualdad, que es a su vez el mejor escenario para recuperar la fuerza de la organización y la participación. Como las quince cuadras de cordobeses que el 24 de marzo gritaron “Nunca Más”, le diremos nunca más a un proyecto de hambre, desocupación y miseria que viene de la mano de empresarios cuyo principal objetivo es el achicamiento del Estado y el aniquilamiento de las fuerzas productivas. La lectura de las sentencias a los genocidas en el juicio de la megacausa nos dará la razón, ya que quedará claro el entramado de poder económico que acompañó al golpe cívico-militareclesiástico. Hemos trabajado duro para llegar a este momento, luego de 40 años quedará probado que la justicia existe como valor sólo cuando el pueblo la defiende más allá de los poderes judiciales instituidos.
Mayo de 2016 | Será Justicia
DESPIDOS EN LA SECRETARÍA DE DDHH DELEGACIÓN CÓRDOBA • CUANDO EL ESTADO DEJA DE GARANTIZAR DERECHOS
Retroceso en las políticas de DDHH L . La política de despidos de trabajadores de la administración pública implementada de manera masiva por el gobierno de Mauricio Macri afectó a una de las áreas construidas para federalizar y ampliar políticas públicas y derechos a todos los ciudadanos del país. Entre enero y abril de 2016 fueron despedidos sin justificación más de la mitad de un plantel de 27 trabajadores de la delegación Córdoba de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El vaciamiento de esta filial produjo la desarticulación de áreas claves para el ejercicio de la protección y promoción de derechos humanos, principalmente en relación a la reparación y el acompañamiento de las víctimas de violaciones –muchas veces perpetradas por el mismo Estado– de estos derechos. “Los objetivos de la Secretaría se fueron construyendo a lo largo de todos estos años de democracia”, advirtió Silvia Di Toffino, trabajadora de la delegación y militante de los derechos humanos. “Y estos despidos tienen que ver con una decisión política de achicar el Estado, en el marco de un proyecto neoliberal donde efectivamente siempre se corta por el lado más fino, que es la clase trabajadora”. En Córdoba, la delegación fue creada en abril de 2015 para des-
Trabajadores en lucha. Héctor Valenzuela, psicólogo del centro Dr. Fernando Ulloa
V “El Estado argentio suscribió a nivel internacional a convenios y pactos en materia de derechos humanos, que con este resentimiento en la estructura de la Secretaría, no se están cumpliendo”. centralizar de la capital del país el despliegue de políticas de derechos humanos. El puntapié para su constitución fue el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad y la necesidad de darle asistencia a las víctimas, en una provincia que desde 2008 a la fecha juzgó en ocho ocasiones el accionar del terrorismo de Estado a lo largo de la última dictadura cívico-militar.
EL DESPUÉS DEL DESPIDO • FUNCIONES DE LA SECRETARÍA
Sin embargo, no es este el único público para el cual trabaja esta dependencia. Según señaló Di Toffino: “La Secretaría está llena de demandas ciudadanas vinculadas a violaciones a los DDHH, que incluyen, por ejemplo, a víctimas de violencia institucional y de violencia de género”. CONSECUENCIAS. “Esta situa-
ción es un retroceso en las políticas de derechos humanos”, enfatizó Héctor Valente, psicólogo del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, una de las áreas de la Secretaría que por el momento sobrevive al desmantelamiento. “El Estado argentino suscribió a nivel internacional a convenios y pactos en materia de DDHH, que con este resentimiento en la estructura de la Secretaría, no se estarían cumpliendo. De por sí, se sobreentiende que es un Estado de derecho el que tiene que permitirle a sectores que han sido violentados, incluso por él mismo –pero en el caso de que no, también–, el acceso a ciertos derechos. Y actualmente, las áreas de trabajo de la Secretaría están desmembradas”, expresó. Valenzuela se refirió a las víctimas de violencia de género y violencia institucional en Córdoba, que año a año arrojan índices alarmantes. “¿El Estado argentino va a poder querellar más en estos casos? Tuvimos nuevos femicidios en los últimos días, y la parte jurídica de la Secretaría que trataba estos casos quedó paralizada tras el despido de la abogada que se especializaba en dicha área”, cuestionó. Los empleados de la delegación recibieron telegramas de despido sin ninguna justificación por parte de las autoridades. “Es macabro y es una vulnerabilidad muy fuerte al derecho del trabajador”, reflexionó Di Toffino.
CENTRO ULLOA · ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONALIZADO
Áreas desmanteladas
Asistencia a víctimas
De las 10 áreas que hasta diciembre de 2015 se desarrollaban con normalidad y en un escenario de constante demanda y crecimiento, hoy sólo quedan dos en funcionamiento. Una ola de despidos arrasó a la Secretaría de DDHH de la Nación, delegación Córdoba, provocando el desmembramiento de muchas de sus funciones. Una de las áreas actualmente paralizadas es la de Gestión y Políticas Reparatorias, encargada del asesoramiento al público, gestión de trámites y seguimiento de casos, no sólo de Córdoba sino de otras provincias. Si la situación no se restablece, los ciudadanos deberán viajar a Buenos Aires para ser atendidos en la sede central. En el mismo estado de erosión se encuentra la Dirección Nacional de Gestión de la Información, encargada de la digitalización de causas y expedien-
Hoy dependiente de la Secretaría de DDHH de la Nación, el Centro Ulloa nació en para dar respuesta al secuestro y la desaparición en democracia de Jorge Julio López. Actualmente atiende, acompaña y asesora a personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos –y a sus familias–, tanto en el marco del terrorismo de Estado como en democracia. Se trabaja desde una perspectiva integral de la salud, que incluye tratamientos psicoterapéuticos y psiquiátricos, orientación desde el trabajo social y acompañamiento en las audiencias judiciales, tanto en Córdoba como en las provincias de Cuyo. A través de este espacio, también se gestiona la creación de juntas de evaluación interdisciplinarias del daño, que la red de servicios públicos debe garantizar a las personas.
tes, situación por la cual el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ya se expidió ante el Consejo de la Magistratura y la Secretaría a nivel nacional para exigir respuestas. Por su parte, el área de Asuntos Jurídicos-Legales sólo cuenta con un abogado encargado del asesoramiento y de la representación de las víctimas. La abogada especializada en violencia de género fue despedida.
En el caso de la violencia institucional, el Ulloa genera articulaciones con el Observatorio de DDHH de la Uiversidad Nacional de Córdoba, la Dirección de DDHH de la Municipalidad, la SENAF y otras entidades y organizaciones. “Es una contradicción porque el Estado tiene que disponer sus recursos para reparar en los mismos derechos que ha violado o viola”, opinó el psicólogo Héctor Valenzuela, quien se desempeña en la delegación Córdoba de este centro y defiende la importancia de que esta área de la Secretaría, al igual que las demás, pueda seguir trabajando. “Sucede que en las áreas que se vacían no hay una reparación. En algunos casos, directamente es un borramiento y la persona que estaba accediendo a una serie de derechos, quedó a la deriva”, advirtió.
EL JUICIO POR DENTRO
El diario de los Juicios en Córdoba| Año VIII · Nº 55
3
EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL FINALIZA SUS ALEGATOS • UNA MULTITUDINARIA AUDIENCIA ESCUCHÓ EL PEDIDO DE LOS FISCALES | Por Agostina Parisí
La fiscalía cerró sus alegatos con pedidos de prisión perpetua E 45 . L , T .
Las penas solicitadas
Mercedes Ferreyra
Un recinto colmado de familiares, víctimas, amigos, estudiantes y demás personas que se acercaron a Tribunales Federales, escuchó expectante la audiencia final de los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Los fiscales Facundo Trotta, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz, representantes del Estado acusador y de los intereses de la sociedad, solicitaron las correspondientes penas a los 45 imputados que hoy se encuentran sentados en el banquillo de los acusados del juicio La Perla-La Ribera. Hubo emoción, aplausos y un sentimiento generalizado de ansiedad por la esperada sentencia, que según lo estimado tendrá lugar en el mes de agosto. Luego de más de tres años de audiencias, testimonios, pruebas y alegatos, los fiscales expusieron ante el Tribunal –presidido por el juez Jaime Díaz Gavier– los fundamentos de los pedidos de condena. También aportaron algunas reflexiones en materia de derechos humanos sobre este histórico juicio. “Los hechos probados en este juicio constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles, inamnistiables e inindultables. Fueron cometidos por funcionarios del Estado como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y con conciencia de tal ataque”, sostuvo Facundo Trotta al iniciar su intervención. Los fiscales describieron los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad contra las 716 víctimas que conforman la megacausa La Perla-La Ribera, y que en Córdoba funcionaron bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, a cargo del genocida e imputado Luciano Benjamín Menéndez: privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, allanamiento ilegal de domicilio, robo calificado, sustracción de menores –en relación al robo del nieto de Sonia Torres–, violaciones sexuales e imposición de tormentos agravados. “Tan crueles fueron en su forma de proceder, que a pesar de haber pasado cuarenta años, nos hemos conmovido al describir sus actos en estos alegatos, como estoy seguro que pocos de los que presenciaron este juicio pudieron evitar”, dijo Trotta. Y en el mismo sentido se expresó
Con asistencia completa. El público de la sala acompañó con fotos de las víctimas y aplausos el pedido de condena de los fiscales.
la fiscal Miguel Carmona: “Los imputados ocultaron y desmembraron miles de cuerpos para lograr su impunidad”, la cual “debe ser revertida por el Estado”, según afirmó. Trotta avanzó en la exposición y apuntó contra los imputados: “Desde que estos hechos se cometieron y desde que empezó el juicio, ninguno de los acusados ha demostrado el más mínimo arrepentimiento por los delitos cometidos”. Su actuación fue de manera agazapada, sostuvo, con pleno goce de la impunidad. “Cada una de las víctimas de esta causa tenía sueños, proyectos de vida, metas que fueron literalmente destruidas, arrasadas por mentes perversas que cometieron atrocidades que desafían la imaginación”, aseguró. L . “Sin ellos no estaríamos acá. Quiero agradecerles por la valentía y el tesón, a ellos y a sus familiares. Hoy me pararía yo y los aplaudiría a ellos”, dijo el fiscal Rafael Vehils Ruiz y miró los rostros del público presente en la sala. Los tres repararon en el efecto positivo que tienen las penas sobre las víctimas de estos “terribles delitos”. En su turno, Trotta recalcó: “Cuando el Estado decide castigar por una pena, le está diciendo a la víctima que el sufrimiento que padeció no le es indiferente y que sus autores no que-
darán impunes”. P . La fiscal Miguel Carmona se dirigió al Tribunal: “Señores jueces, las consecuencias de estos hechos deben ser cicatrizadas con la Constitución en la mano, para que el «Nunca Más» cobre definitivamente su verdadero significado”. Trotta, por su parte, se refirió a una porción de la población que reclama el cese de los juicios y
utiliza la expresión “¿hasta cuándo?”. “Queremos decirles hasta cuándo: hasta que no se determine la responsabilidad de los cómplices del terrorismo de Estado, hasta que no quede ni una sola víctima sin recibir una respuesta de la Justicia, hasta que no ubiquemos al nieto de Sonia Torres y las demás Abuelas que siguen buscando, hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos”.
Ángel Corvalán: años de prisión. Carlos Edgardo Monti: años. Raúl Alejandro Contrera: años. José Idelfonso Vélez: años. Rubén Osvaldo Brocos: años. Antonio Reginaldo Castro: años. Wenceslao Claro: años. Juan Carlos Cerutti: prisión perpetua. Miguel Ángel Lemoine: años. José Luis Yañéz: años. Enrique Alfredo Maffei: años. Fernando Andrés Pérez: p. perpetua. Francisco José Melfi: p. perpetua. Juan E. Ramón Molina: p. perpetua. Marcelo Luna: p. perpetua. Eduardo Grandi: p. perpetua. Alberto Luis Lucero: p. perpetua. Calixto Luis Flores: p. perpetua. Miguel Ángel Gómez: p. perpetua. Mirta Graciela Antón: p. perpetua. Antonio Filiz: p. perpetua. Yamil Jabour: p. perpetua. Herminio Jesús Antón: p. perpetua. Carlos Alfredo Yanicelli: p. perpetua. Alberto Luis Choux: p. perpetua. Carlos E. Villanueva: p. perpetua. Juan Eusebio Vega: p. perpetua. José Andrés Tófalo: p. perpetua. Emilio Morard: p. perpetua. Oreste V. Padován: p. perpetua. Ricardo Alberto Lardone: p. perpetua. Carlos Alberto Díaz: p. perpetua. José Hugo Herrera: p. perpetua. Arnoldo José López: p. perpetua. Héctor Raúl Romero: p. perpetua. Jorge Exequiel Acosta: p. perpetua. Ernesto G. Barreiro: p. perpetua. Luis Gustavo Diedrichs: p. perpetua. Héctor Pedro Vergez: p. perpetua. Carlos Alberto Lucena: p. perpetua. Luis Santiago Martella: p. perpetua. Héctor Hugo Chilo: p. perpetua. Jorge Gorleri: p. perpetua. Jorge González Navarro: p. perpetua Luciano B. Menéndez: p. perpetua
PEDIDO DE LA FISCAL MIGUEL CARMONA· VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS CCD
Los delitos contra la integridad sexual En el marco del pedido de condena a los imputados del juicio La Perla, la fiscal Virginia Miguel Carmona realizó una solicitud al Tribunal de la megacausa a propósito de los delitos contra la integridad sexual. A lo largo de las audiencias del juicio, fueron varios los testimonios de mujeres sobrevivientes de los ex centros clandestinos de detención de la provincia que dejaron al descubierto las atrocidades cometidas contra sus propios cuerpos. “Es innegable que la violencia sexual ejercida dentro de los campos de concentración –o durante los procedimientos por los cuales se secuestraba a las víctimas para trasladarlas allí– debe ser considerada como parte del ataque sistemático generalizado y un crimen contra la humanidad”, señaló. Asimismo, cuestionó el hecho de “absorber” este tipo de delitos dentro de otros cometi-
La fiscal Virginia Miguel Carmona.
dos en los centros clandestinos, ya que implica desconocer la singularidad de los crímenes sexuales, que tienen “una entidad propia y diferenciada”. La fiscal planteó que los delitos contra la integridad sexual generan un daño tan profundo, que aún pasados muchísimos años, siguen impactando en la
subjetividad de quienes lo sufrieron, tal como se desprende del testimonio de las propias víctimas. Enmarcó este tipo de violencia dentro de un contexto “ancestral que tiene su fuente en el estereotipo patriarcal y machista”, y subrayó que en el caso particular de los centros clandestinos –como los lugares de encierro– es en donde se potencian estos actos, por la total impunidad con la que actúan quienes los ejercen. Las palabras de Carmona repercuten en el escenario actual y alarmante de violencia de género que en los últimos años se ha visto expresado en una sumatoria de femicidios en Córdoba y el resto del país. “Otorgarle visibilidad a este contexto de violencia sexual que vivieron las mujeres en los centros de detención contribuye, señores jueces, a modificar pautas culturales de nuestra historia presente”, señaló.
4
EL MAPA DEL CAPITALISMO SALVAJE: CORRUPCIÓN POLÍT
Mayo de 2016 | Será Justicia
INFORME ESPECIAL • DE LOS ALIADOS TRANSNACIONALES DE LAS DICTADURAS AL PANAMÁ PAPERS Y EL PLAN CÓNDOR JUDICIAL | Por Alexis Oliva
La mano que sacude la marioneta E P P " " , " " A S . “(Los conductores de las limusinas) aguardaban la aparición del gestor de inversiones, del promotor inmobiliario, del asesor financiero y experto en capital de riesgo, del empresario de la informática, del gran señor de la televisión por satélite y por cable, del agente de bolsa al por menor, del directivo de medios con gran olfato, del exiliado que fuera jefe del Estado en algún destrozado paisaje de hambrunas y de guerra”. Don DeLillo. electoral? La respuesta es la misma: no”. Es llamativo el respeto a ese pacto por parte del mismo diario que –con un criterio razonable que no le deparó ningún costo– quebró en agosto de 2000 el off the record del senador nacional peronista Marcelo Cantarero, para denunciar las coimas en la votación de la ley de flexibilización laboral impulsada por la Alianza UCR-Frepaso, lo que derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos ‘Chacho’ Álvarez y el primer episodio crítico de la gobernabilidad pos-menemista. Esta vez, La Nación y el Grupo Clarín esperaban que los Panamá Papers involucraran al kirchnerismo y no al macrismo, con el que los une la sintonía ideológica y el interés económico que derivan en una suerte de blindaje mediático. Por eso en esos días se dedicaron a exprimir a fondo el “video de La Rosadita”, donde se ve al hijo del empresario Lázaro Báez en la financiera SGI, contando fajos de billetes de origen presuntamente delictivo. Y más tarde, las indagatorias del juez Claudio Bonadío al ex ministro de Economía Axel Kicillof y a la ex presidenta Cristina Fernández por la causa del “dólar futuro”, episodio que la reinstaló en la escena política. Mientras tanto, se conocía que además de Fleg Trading Ltd –la firma de los Macri revelada por los Panamá Papers– el actual presidente integraba el directorio de una segunda firma offshore radicada en Panamá: Kagemusha S.A. Luego de la denuncia presentada por el diputado nacional por el Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, el fiscal federal Federico Delgado imputó a Macri por “presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas”. La parcialidad de estos grandes medios les deparó el reproche de su principal socio en el ICIJ. “Llama la atención que el Presidente -ante la gravedad de la denuncia- sea tratado tan amablemente por los medios argentinos, con contadas excepciones. Sin dudas a su antecesora Kirchner se la hubiese sometido a fuertes presiones de todos los sectores para que deje el cargo”, expresaba un artículo de Süddeutsche Zeitung, el periódico alemán que recibió los documentos y luego los compartió con el consorcio internacional. Su autor, Boris Herrmann, cuestionaba también la versión oficial (“Que fuera director de una empresa fantasma por mera casualidad: difícilmente Mauricio Macri pueda tener éxito con esa explicación”) y la actitud de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por “justificar al presidente demasiado rápido”(1). Acaso lo más lamentable –al menos en
Ilustración: Hernán Cappelletti
La caudalosa filtración informativa de los Panamá Papers penetró en las vidas de millones de personas en el mundo. Es el más reciente paradigma de una conspiración corporativa global urdida desde esas sombras donde se mueven los grandes flujos de dinero salpicado con sangre, drogas, armas o corrupción política. En la Argentina, con el Presidente de la Nación y el máximo ídolo futbolístico involucrados en la documentación del bufet de abogados Mossack Fonseca, el escándalo se filtra en conversaciones de bares, colectivos y supermercados, en la paqueta mesa de la longeva señora de los almuerzos televisivos, en letras de la estrella cuartetera de las masturbaciones públicas y las ganancias secretas, en especulaciones sobre la merma goleadora de Lionel Messi, en carteles de legisladores opositores y –sobre todo– en las agendas periodísticas de un país signado por la influencia del oligopolio informativo. El 3 de abril, los alrededor de cien medios de ochenta países que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) publicaron la utilización de la consultora jurídica panameña para ocultar empresas, patrimonio y ganancias a través de firmas offshore inscriptas en paraísos fiscales. En los 11,5 millones de archivos que registraban 40 años de actividad de Mossack Fonseca, figuraba una multitud de beneficiados con el servicio de “ocultar la identidad de los propietarios de esas empresas”, que incluía a personajes de la política, los negocios, el deporte y el espectáculo, entre ellos doce jefes y ex jefes de estado. Los más notorios, el primer ministro de Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, el presidente de Ucrania Petró Poroshenko, el premier pakistaní Nawaz Sharif, varios allegados al presidente ruso Vladimir Putin y el presidente argentino Mauricio Macri. En nuestro país, sólo integran el ICIJ el diario La Nación y Canal 13 (Grupo Clarín), que accedieron a la información mucho antes de las elecciones del 22 de noviembre, en las que el principal involucrado argentino fue electo presidente. En su sitio valijeros.blogspot.com.ar, Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación, explicó que publicarla antes implicaba “violar un acuerdo de confidencialidad, romper la palabra acordada y convertirnos en parias del periodismo global (…) ¿Queríamos publicar antes? Sí. ¿Podíamos? No. ¿Habríamos publicado antes si en vez de una sociedad offshore vinculada a Macri hubiera aparecido una cuenta secreta de los Kirchner o de Daniel Scioli en plena campaña
“Esta vez, La Nación y el Grupo Clarín esperaban que los Panamá Papers involucraran al kirchnerismo y no al macrismo”. el caso argentino– es que los Panamá Papers y su contrapeso “la ruta del dinero K” instalan a la corrupción como “el tema” de debate público, obturando una discusión de fondo sobre la esencia de proyectos políticos pensados para ampliar derechos o restringirlos, para distribuir riqueza o concentrarla. En un tiempo en que es justo eso lo que está en juego en la Argentina. L . Al contrario, para el filósofo y sociólogo Slavoj Žižek, la lección de los Panamá Papers es que “la corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, es parte de su funcionamiento básico”. El esloveno observa que en las protestas derivadas de esta revelación el propósito es democratizar el capitalismo, pero “el sistema como tal no se cuestiona y el marco institucional democrático del Estado de Derecho sigue siendo la vaca sagrada”.
Además de señalar “la contundente ausencia de los Estados Unidos (entre los ‘inversores’ denunciados), que le presta cierta credibilidad al reclamo de Rusia y China de que hay involucrados en la investigación intereses políticos particularizados”, Žižek sostiene: “La realidad que surge de los PP es la de la división de clases, tan simple como eso. Los documentos nos enseñan cómo los ricos viven en un mundo separado en el que se aplican reglas diferentes, en el que el sistema legal y la autoridad se inclinan a su favor y no sólo los protegen, sino que siempre están preparados para torcer sistemáticamente las leyes para acomodarlos”(2). En el pasado, no sólo han torcido las leyes, sino también la voluntad popular, al apoyar a dictaduras, instruir y armar a represores o directamente organizar golpes de Estado. Con pasmosa claridad lo expresaba Henry Kissinger el 27 de junio de 1970, meses antes del triunfo electoral de Salvador Allende en Chile: “No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo”. Lo decía en una reunión del Comité 40, en-
ICA, DELITOS ECONÓMICOS, Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. tidad creada para frenar el avance del comunismo en el mundo, con entusiasta apoyo financiero de las grandes corporaciones. Como presidente del Comité 40, Kissinger puso en marcha –con la CIA como ejecutora– la conspiración que derivó en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la extensa y sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Un mes después del golpe, la Academia Sueca les otorgó a Kissinger y Le Duc Tho el Premio Nobel de la Paz, por el alto el fuego –que poco duraría– en la guerra de Vietnam. El líder vietnamita rechazó el galardón. D . La dictadura argentina tuvo aliados internacionales más discretos. Su superministro de Economía y jefe civil, José Alfredo Martínez de Hoz, de origen oligárquico y aceitados contactos con el capital trasnacional, fue el encargado de gestionarlos. “Contrarrestar la acción psicológica emprendida por intereses y grupos extranacionales, dirigida contra el prestigio de la Nación Argentina en el exterior”, ordenaba el decreto 960, firmado por Jorge Rafael Videla el 17 de junio de 1976, con el que el gobierno de facto intentó contrarrestar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en el país. Para ello era necesario recurrir a “sectores y grupos de poder de los más importantes países del mundo desde el punto de vista de su poder político, económico y financiero”. Concretamente, agencias de publicidad y relaciones públicas que tuvieran influencia en los grandes medios de comunicación y complementaran la tarea propagandística del Centro Piloto París. Al principio se recurrió a la agencia argentina Diálogo, pero el grueso de la tarea recaería en la multinacional estadouni-
dense Burson-Masteller, que según el contrato del 11 de enero de 1978 debía realizar en el exterior “una labor de información, asesoramiento y difusión de la actividad económica argentina y de su desenvolvimiento, cuyos objetivos primordiales serán la promoción de las inversiones externas en la República Argentina”(3). Por ese servicio, a desarrollarse en EEUU, el Reino Unido, Japón, Bélgica, Holanda, México, Colombia y Canadá, la agencia recibió 848.000 dólares, cifra equivalente a cuatro millones U$S actuales. “Los asuntos del terrorismo y de los derechos humanos, el alegado antisemitismo y represión y el aislacionismo deben llamarse a reposo si la Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo”, sostenía el diagnóstico de Burson-Masteller, previo al inicio de su trabajo que incluyó la creación del famoso slogan: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Es la agencia que Mauricio Macri contrató en 2004, cuando siendo presidente de Boca Juniors quiso mejorar la imagen y recaudación del club. “La movida incluía el lanzamiento de Boca como marca comercial de productos, actos televisados para el remate de palcos VIP de La Bombonera, y un ‘Fondo Común Cerrado Boca Juniors’ que recibiera aportes, cotizara en la Bolsa y supuestamente diera ganancia a los arriesgados aventureros que pusieran un billete”, relata una nota del diario Tiempo Argentino (4). En 2007, el actual presidente volvió a recurrir a Burson-Masteller para que lo asesorara en su carrera por la Jefatura del Gobierno porteño. ¿P C ? Detrás de las cortinas de humo, se despliega camuflado de lucha contra la corrupción lo que parece ser un recurso para consolidar el
MILAGRO SALA • LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO | Por A. O.
La presa política del macrismo El Día del Trabajador cumplió días presa Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru, organización creada durante la debacle social de , que actualmente cuenta con setenta mil afiliados en Jujuy y otras quince provincias. Desde el de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Gutiérrez y su reemplazante Gastón Mercau la privaron de su libertad por “instigación a cometer delitos y tumulto”, como líder del acampe de protesta contra el gobernador radical Gerardo Morales por el corte del pago de los planes sociales encubierto tras el “plan de transparencia” que impulsaba su bancarización. El de enero se le notificó el cese de su detención por el acampe, pero el Poder Judicial de Jujuy la mantuvo presa con una nueva imputación: “Fraude a la Administración Pública, asociación ilícita y extorsión”. En un artículo publicado en Página , Horacio Verbitsky reveló que el secretario de derechos humanos de la Nación, Claudio Avruj, envió en febrero pasado a dos de sus colaboradores a entrevistarse con Sala y sugerirle que “solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer (por el de febrero) en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña”. Como era de prever, “Sala no aceptó la extorsión”. Además, citaba un informe de la Procuraduría
contra la Violencia Institucional (Procuvin), que describía una decena de irregularidades y arbitrariedades procesales cometidas en perjuicio de la dirigente. Ante ese cuadro, el fiscal general Miguel Angel Palazzani y su adjunto José Nebbia dictaminaron que Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia, el desamparo es absoluto”. El agravante adicional de que se trata de una diputada electa del Parlamento del Mercosur convierte a Milagro Sala en una presa política, tal como han denunciado numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos y referentes políticos del país y el exterior. Tres días antes de que Cristina Fernández declarara en la Justicia Federal porteña en la causa por el “dólar futuro”, Milagro le envió una carta desde la cárcel de mujeres de Alto Comedero, que terminaba así: “Nosotros seguiremos militando desde el lugar que nos toque, la cárcel o la calle, siempre con la cabeza en alto, con la tranquilidad de poder ver a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros compañeros, como Vos y Néstor nos enseñaron, con dignidad y con coherencia. Fuerza y a no aflojar que nosotros no aflojamos. Te quiero mucho”.
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VIII · Nº 55
“Los Panamá Papers y su contrapeso 'la ruta del dinero K' instalan a la corrupción como 'el tema' de debate, obturando una discusión de fondo sobre proyectos políticos pensados para distribuir riqueza o concentrarla”. retorno de la derecha neoliberal en Latinoamérica: la persecución penal a quienes lideraron o lideran gobiernos populares y una integración regional autónoma. El llamado ‘Plan Cóndor judicial’ incluye en Brasil la imputación al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio y lavado de dinero en la causa Petrobras y el juicio político a la actual presidenta Dilma Russef, acusada de disi-
mular el déficit fiscal; en la Argentina, la investigación a Cristina Fernández por las causas “dólar futuro” y Hotesur, además de las pesquisas al contratista Lázaro Báez, señalado como testaferro del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Y no parece casual que los latiguillos del “megaescándalo Petrobras” y “la ruta del dinero K” convivan en los zócalos televisivos y en los titulares de diarios con el “régimen autoritario” y la “crisis terminal” de Nicolás Maduro, jaqueado por un virulento embate opositor en Venezuela. En estos casos, ¿el Poder Judicial actúa con independencia y apego a las pruebas? ¿El aporte del periodismo a estas causas es genuino o se trata de campañas mediáticas disfrazadas de periodismo investigativo? ¿No existen motivaciones revanchistas en estos poderes corporativos (judicial y mediático) cuyos privilegios se intentó eliminar o al menos poner en debate en los años recientes? ¿No campea un ánimo de ‘ahora o nunca’ para aprovechar a fondo la coyuntura política y confinar los proyectos emancipadores en el descrédito social y si es posible en una celda? La historia responderá. Notas: 1) So reagiert Argentiniens Staatspräsident (Así respondió el presidente argentino), Boris Herrmann en diario Süddeutsche Zeitung, Alemania, //. 2) Explaining the Panama Papers, or, why does a dog lick himself? (Explicación del Panamá Papers, o, ¿por qué un perro se lame solo?), Slavoj Zizek en revista Newsweek, EEUU, //. 3) La verdadera campaña antiargentina, artículo de Martín Granovsky basado en la investigación de la ex funcionaria de la Cancillería María Teresa Piñero, diario Página|, //. 4) Los creadores de la propaganda de la dictadura asesoran a Macri, Tiempo Argentino, //.
BURSON-MASTELLER • LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL | Por A. O.
Los publicistas del terror Creada en por Harold Burson y Bill Marsteller, la agencia de “comunicaciones integradas” Burson-Marsteller ha resuelto problemas de imagen y financiamiento a miles de poderosos clientes, entre ellos dos notorios casos argentinos: la dictadura de Jorge Rafael Videla y el Boca Juniors de Mauricio Macri. Para su libro Un léxico del terror, la investigadora de la Universidad de Harvard, Marguerite Feitlowitz, entrevistó a Victor Emmanuel, el ejecutivo de Burson-Marsteller a cargo de promover la dictadura argentina en el mundo. “La violencia era necesaria para abrir la economía proteccionista, estatista. Nadie, pero nadie, invierte en un país envuelto en una guerra civil”, le confesó Emmanuel. “Muchas personas inocentes probablemente fueron asesinadas”, pero “dada la situación, se requería una inmensa fuerza”, completó. La multinacional que desde hace años opera en países y seis continentes nunca afrontó consecuencias jurídicas por su colaboración con la dictadura argentina, que permitió financiar el plan sistemático de eliminación de opositores políticos. “Analizar el rol cómplice –y en especial el nexo causal entre las contribuciones corporativas y las violaciones de derechos humanos– de las empresas en la Argentina requiere prestar atención a los factores políticos, sociales y económicos que le permitieron a la Junta Militar dar el golpe, pros-
5
perar, consolidarse y sobrevivir mientras ejecutaba su plan”, propone Juan Pablo Bohoslavsky en su ensayo Responsabilidad por complicidad corporativa. “Si se observa cómo se redistribuyó el producto nacional durante la dictadura y la evolución del presupuesto militar, es posible entender, por un lado, por qué numerosos empresarios y sus asociaciones gremiales declaraban públicamente su apoyo al régimen y, por otro lado, cómo la ayuda económica al Estado facilitaba una política presupuestaria represiva eficaz”, explica el autor. En ese texto, Bohoslavsky también describe la cordillera de obstáculos que debe escalar el derecho internacional para sancionar la complicidad empresarial en casos de terrorismo de Estado. Tan empinada que a veces resulta imposible de escalar y termina motivando otras opciones. El de diciembre de , el filósofo y matemático estadounidense Theodore Kaczynski asesinó con una carta bomba a Thomas J. Mosse, un ejecutivo de Burson-Masteller. En una carta al diario New York Times, el Unambomber explicó que el atentado obedecía a que la compañía “ayudó a la Exxon a limpiar su imagen pública luego del desastre del (buque petrolero) Exxon Valdez (la catástrofe ambiental causada por el derrame de millones de litros de crudo en Alaska, el de marzo de )”, y porque “su negocio es el desarrollo de técnicas para manipular la posición de las personas”.
6
EN PROFUNDIDAD
Mayo de 2016 | Será Justicia
UNA HISTORIA DE NUNCA ACABAR • LA DEUDA EXTERNA Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL | Por César Pucheta
La deuda del eterno retorno E . L .
E . Todos los caminos conducen a la dictadura. La crisis mundial de comienzos de la década del 70 sirvió de marco para que las grandes economías del mundo buscaran en las necesidades de los países subdesarrollados una salida viable a la imposibilidad de hacer ‘trabajar’ el dinero en sus propios territorios. Allí nació la receta que disparó todas las deudas de las economías emergentes: la deuda del Tercer Mundo, generada a través de los préstamos internacionales. A la par de la toma del poder por parte de la Junta Militar, la política liberal-monetarista de José Alfredo Martínez de Hoz, supo ver oportunidades donde sólo había un callejón sin salida. Sólo durante los primeros meses del alfonsinismo se intentó una especie de moratoria unilateral que se diluyó rápidamente. Ante la adversa situación internacional del país, se buscó una salida con el Plan Austral, que incluyó un ajuste que dio aire a la balanza comercial a cambio de un desplome en las cuentas públicas. Incluso a pesar de Alfonsín, el ministro Sourrouille echó mano a la emisión excesiva de bonos que elevó la especulación y generó una disparada en los montos adeudados. Fue el final del gobierno radical, que dejó el poder en medio de una crisis hiperinflacionaria sin precedentes. “L ”. Las corridas continuaron durante los primeros años de Menem. Para resolverla, Domingo Cavallo instauró el régimen de convertibilidad, que igualaba ficticiamente el peso argentino al dólar
Mario Rapoport y Sebastián Guiñazú Deuda externa y soberanía: los casos de Argentina y Grecia, revista Kamtchatka, /.
Ilustración: Hernán Cappelletti
La deuda externa argentina es un fenómeno de existencia permanente desde el nacimiento mismo de nuestro país como Nación independiente. Desde comienzos de la historia, los créditos provenientes de capitales extranjeros se fueron acumulando y conjugando con la incapacidad de las administraciones locales para hacer frente a sus respectivas devoluciones, lo que fue atando al país a la constante necesidad de acomodar sus políticas económicas a esos compromisos, casi siempre heredados de malas gestiones anteriores y remendados por equivocadas políticas propias. La participación de los grupos concentrados de la economía mundial y de los organismos multilaterales de crédito fue forzando a los países emergentes a ceder por completo su soberanía económica y política. Las condiciones paulatinamente se fueron convirtiendo en órdenes y la Argentina, como otros tantos países, observó cómo el ‘ingreso al mundo’ se pagaba a través de políticas que beneficiaban a los capitales trasnacionales en detrimento de la atención de las necesidades urgentes de un pueblo que siempre fue el único que pagó las consecuencias.
“Como lo demuestran los casos de Argentina y Grecia, la deuda externa cumple un doble papel en esta coyuntura. Por un lado, permite la efectiva colocación de excedentes de los países desarrollados bajo la forma de capitales financieros, que se dirigen a la periferia para lograr su valorización a través de la actividad especulativa. Por otro lado, una vez que la deuda se acumula, actúa, bajo la presión de los organismos internacionales, como una herramienta de disciplinamiento en favor de las políticas de ajuste y apertura en los países periféricos, perpetuando así su atraso relativo”.
norteamericano. En un país en crisis, la ficción sólo podía sostenerse mediante el endeudamiento. Para eso, el país cedió la soberanía jurisdiccional en pos de atraer inversiones extranjeras. Las reformas exigidas por los capitales trasnacionales implicaron la privatización de empresas nacionales, la reducción del gasto, el achicamiento del Estado, la baja de los salarios, la suba de impuestos y la apertura de las fronteras. El plan resultó durante los primeros años, pero sin superávit y con los mercados internacionales adversos, con desocupación récord y con una economía interna devastada.
Nada mejoró con el arribo de la Alianza. Con la situación insostenible, el FMI acordó con la Argentina un ‘blindaje’ que suponía el ingreso de 40 mil millones de dólares que tenían como único fin el pago de deudas. A cambio, exigió el congelamiento del gasto público, la reducción del déficit y la reforma del sistema previsional. El argumento central era que ese combo de iniciativas podría convertir a la Argentina en un país confiable para los capitales multinacionales, lo que derivaría en una lluvia de inversiones que generarían las condiciones para comenzar a salir de la crisis. Nada de eso sucedió. Todo explotó
, El cálculo sobre la deuda Argentina se ha caracterizado también por su opacidad a la hora de ser estimada a partir de la acumulación de intereses y las nuevas emisiones. Los bloqueos a la información fidedigna han sido utilizados por los gobiernos para negociar en cada uno de las etapas del país. Los medios concentrados, atados a los intereses transnacionales concentrados y a sus relaciones con los gobiernos colaboraron para ocultar datos y replicar los cálculos oficiales que las administraciones en el poder utilizaban para sustentar sus medidas. No obstante existen coincidencias a partir de estudios históricos en torno a la progresividad de la deuda y su impacto en la economía doméstica. Lo que resta por saber es cuánto se debe a partir de la última toma de deuda. • El porcentaje del PBI que se debería haber destinado para el pago de la deuda fue creciendo desde hasta tocar su punto más alto en el , cuando la relación superaba el %. • Las políticas de la década neoliberal arrasaron con los mercados internos y los montos de las deudas se agigantaron. Cuando Menem asumió la relación deuda-PBI rozaba el %, al finalizar su mandato casi se había triplicado llegando al % y disparándose a partir de la crisis del . • Kirchner asumió con la relación deuda-PBI rondando el %. Durante su gestión y la de Cristina Fernández, el PBI creció sostenidamente entre el % y el %. Eso le permitió al país cancelar y renegociar deudas a partir de la utilización de fondos genuinos. La relación deuda-PBI fue disminuyendo hasta llegar al % en el . • La última toma de deuda sumó . millones de dólares a los compromisos de pago actuales. Se trata de la colocación de deuda más grande de la historia con bonos a , , y años a una tasa promedio del , %. Las perspectivas oficiales señala un PBI negativo para el con un repunte de puntos en el . Vaivenes internacionales y potenciales nuevos litigios marcarán el rumbo de la nueva deuda.
en diciembre de 2001. De la Rúa renunció en medio de una revuelta popular con un saldo de 36 muertos. El país entró en default. Para el año 2002 el endeudamiento externo ya representaba más del 150 por ciento del PBI, el desempleo rozaba el 25 por ciento y la pobreza el 50. El ciclo que encabezaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández estuvo marcado por la política de desendeudamiento. Se impulsaron dos instancias de canje de la deuda que fueron aceptadas por el 92,4 por ciento de los acreedores. Sin financiamiento externo, se avanzó en la recuperación de la soberanía mediante la cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI, y se le pagó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y al Club de París. Cuando el crecimiento parecía propicio para volver a solicitar créditos, una crisis interna hizo que el gobierno privilegiara la solución de los problemas domésticos al tiempo que los bonistas que no ingresaron al canje avanzaron con litigios que incluyeron una treintena de embargos, hasta que la gestión Cambiemos decidió pagar al contado. Para cerrar el litigio, se colocaron títulos a 3, 5, 10 y 30 años. Así, el país se endeuda en 16.500 millones de dólares: una mitad para pagar la deuda reclamada y la otra, para reponer la parte de las reservas que también se utilizan para cancelar la deuda. ‘La vuelta’ de la Argentina a los mercados internacionales y la posibilidad que se abre para que las administraciones nacionales, provinciales y municipales accedan nuevamente al crédito externo son las razones que se ponen de argumento para justificar la toma de deuda más grande por parte de un país emergente desde mediados de los noventa hasta la actualidad. Todo vuelve al comienzo. Una vez más.
EN PROFUNDIDAD
El diario de los Juicios en Córdoba | Año VIII · Nº 55
7
INSITUCIONAL · LA MASIVA MARCHA DEL 24 DE MARZO, UNA MARCA DE ÉPOCA | Por H.I.J.O.S. Córdoba
Cada 24 de marzo, los argentinos asumimos, cada vez más, un compromiso indiscutible en la lucha por defender la democracia y los derechos humanos. Cada 24 de marzo. los organismos de DDHH vemos cómo la lucha que desde hace 40 años iniciaron las primeras madres en soledad y en medio del terror, crece y se trasmite no sólo de generación en generación, sino hacia toda la sociedad en su conjunto. Esta masividad en las marchas “del 24” ha sido posible porque los organismos de DDHH nunca abandonamos la convicción de buscar justicia y trasmitir que la dictadura nos atravesó a todos como sociedad. La lucha por justicia y la posibilidad de los juicios que hoy se llevan a cabo, la conquista de los ex CCD (Centros Clandestinos de Detención) para ser sitios de memoria, donde muchos niños, jóvenes, sindicatos, intelectuales, extranjeros, y la sociedad en su conjunto puede saber no sólo qué ocurrió en esos lugares, sino a quiénes perseguían y por qué motivos. Todo ello es parte de esa lucha en la que los organismos convocan a amplios sectores de la sociedad a encolumnarse tras la bandera del Nunca Más. C M Para algunos era su primera marcha y estaban expectantes. Otros recién estaban empezando a leer y a escuchar lo que significó el golpe de Estado cívico-militar del año 1976, del que justamente ese día se estaban cumpliendo 40 años. Había quienes conociendo la historia nunca habían sentido la necesidad de movilizarse un 24 de marzo, pero viendo las sombras de los buitres y los cóndores que revoloteaban en el cielo argentino, decidieron que tenían que salir a la calle. Otros se preparaban para marchar una vez más, como todos los años, por su
Mercedes Ferreyra
40 años de la lucha que nos parió
Multitudinaria. Año a año se suman más adherentes a la marcha por la Memoria, Verdad y Justicia.
compromiso inclaudicable con la memoria. Esos mismos estarían a las 18:15 cuando estábamos por empezar a marchar, recordando alguna otra marcha a la que habían ido con su abuela, con su abuelo, con su vieja o con su viejo, que hoy ya no están. Estarían pensando: “Yo hoy también marcho por vos abuela, yo hoy también marcho por vos papá”. Otros habían marchado ya muchas veces, pero esta era su primera vez como parte de un gremio, de un partido político o de algún organismo de Derechos Humanos. Y seguramente, a ese pibe, a esa piba se le infló el pecho y se le llenaron los ojos de lágrimas, quizás iba sosteniendo la bandera de su organización, pensando cuántos la habrían sostenido antes, cuántos y qué necesarios habían sido para que hoy la pueda estar llevando él, para que
hoy la pueda estar llevando ella. Una abuela le estaba explicando a su nieto chiquito por qué estaban ahí, por qué había tanta gente marchando con ellos y le contaba que a muchas abuelas aún les faltan sus nietos. Unos metros más allá, un padre miraba a su hija. Sonreían, se abrazaban y lloraban emocionados, recordando a su abuelo desaparecido por la dictadura genocida que barrió con el sueño de una toda una generación por una patria más justa. Y en el mismo momento, una pareja se estaba mirando, y en esa mirada se decían que querían compartir muchas marchas del 24, que querían seguir marchando juntos, siempre, que querían concretar su proyecto y que no iban a permitir que ningún poder vuelva a arrebatarle el futuro a nadie.
Y también en ese instante, pero dos cuadras más adelante, dos viejos militantes se abrazaban, y en ese abrazo recordaban sus luchas pasadas, que estaban reencarnando en ese nieto que escuchaba a su abuela contarle qué es la marcha del 24, en esa hija que se miraba con su papá y lloraba recordando a su abuelo, en esa pareja que va a marchar siempre junta, y en las 70 mil almas que acompañaron ese abrazo, y que abrazan. Y en ese abrazo masivo, gritamos que las banderas de “Memoria, Verdad y Justicia” son de todos y todas, y que no las van a poder bajar. Que somos un pueblo que marcha sabiendo que sin memoria no hay libertad. Que somos un pueblo que se abraza y no se va a olvidar nunca de los 30.000 compañeros desaparecidos, de sus luchas y de sus vidas. Que vamos a seguir exigiendo Justicia, hasta ver condenados a todos los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices. Que no toleramos la visita del presidente del Imperio que perpetró el Plan Cóndor en nuestra patria un 24. Que vamos a continuar luchando por la conquista de políticas públicas de memoria y reparación histórica. No usamos sinónimos para la palabra marcha. Creemos que la palabra marcha no tiene sinónimos. Marchar es mucho más que caminar. Marchar tiene que ver con ir hacia adelante, pensando, recordando, cantando. Ir hacia adelante al lado de otro, que es uno mismo que también es otro. La lucha por los derechos humanos es eso, es trabajar por el otro, recordando y yendo hacia adelante y también es una lucha cotidiana reflexionando, recordando y cantando. El jueves 24 de marzo de 2016, 70.000 personas salieron a la calle para decir Nunca Más y abrazarse.
8
CONTRATAPA
EL GOLPE PARLAMENTARIO PARA DESTITUIR A DILMA ROUSSEF
Por Mariano Saravia
Mayo de 2016 | Será Justicia
Mariano Saravia es escritor y periodista. Magister en Relaciones Internacionales. Autor de los libros La sombra azul y El grito armenio, entre otros.
Brasil: corporaciones o democracia n Brasil hay un golpe de Estado en marcha, un golpe de la oligarquía vernácula en complicidad con el Imperio. Igual que en 1954, igual que en 1964. Aunque distinto. Este es un típico ‘golpe blando’ o ‘golpe suave’, aunque yo lo llamaría neogolpe, porque no tiene mucho de blando ni de suave, como se ha visto en Venezuela, donde el último intento de 2013 dejó 43 muertos. Pero sí es un golpe distinto, porque se basa en dos pilares fundamentales: los medios de comunicación hegemónicos y el llamado Partido Judicial. El papel de los medios está siendo fundamental en Brasil para crear un estado de opinión pública que avale el golpe. En este punto, la batalla cultural se retrotrae a su momento inicial: la guerra por las palabras, por los sentidos y por los significados. Los más corruptos denuncian la corrupción y en nombre de la democracia, se hiere de muerte a la democracia, llegando al colmo del grotesco y el ridículo: el presidente de la Cámara de Diputados es Eduardo Cunha, principal promotor del proceso destituyente en marcha, y uno de los campeones de la corrupción, con cinco cuentas millonarias en Suiza, comprobadas y producto de coimas en el escándalo Petrobras. Y más del 50 por ciento de los diputados y senadores tienen alguna causa judicial abierta, la mayoría por corrupción. Por contraposición, la presidenta Dilma Rousseff no tiene ninguna acusación por corrupción. La investigación que da origen a esta farsa de juicio político es por ‘maquillar’ el déficit fiscal en el presupuesto del año 2013. Por lo tanto, no hay ningún argumento jurídico que justifique el accionar espurio del Poder Judicial, que actúa descaradamente como un partido totalitario, que se ubica por encima de los otros poderes del Estado y condiciona la democracia en sí misma. Su ataque más directo y brutal es contra el ex presidente Lula, a quien apuntan todos sus cañones para meterlo preso, a cualquier precio, igual que en Argentina contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Simplemente porque el Partido Judicial es el brazo ejecutivo por excelencia de las oligarquías locales, que tienen terror a estos líderes populares y nacionales, y hoy te-
E
men que puedan volver a ganar elecciones en el corto plazo. Entonces, necesitan imperiosamente destruirlos, quebrarlos moral y políticamente, y enterrarlos lo más profundamente posible. Si pudieran, los borrarían también de la historia, tal como le escribió Bartolomé Mitre a Vicente Fidel López en 1881: “Usted y yo hemos hecho una tarea muy importante: hemos enterrado históricamente a Artigas”. Este golpe parlamentario disfrazado de juicio político es muy parecido al de Paraguay de hace cuatro años. La diferencia es que en aquella oportunidad, Fernando Lugo agachó la cabeza y se fue prácticamente sin protestar, mientras que ahora, Dilma Rousseff está haciendo todo lo posible para denunciar el golpe en foros internacionales. La otra diferencia es que en aquel momento, todos los países de la región se pusieron del lado de la democracia y suspendieron del Mercosur al Paraguay de los golpistas. Ahora, la situación regional es totalmente otra: Argentina está gobernada por la misma facción política que está detrás del golpe en Brasil, de hecho, para el gobierno de Macri no hay nada extraño y sólo están funcionando las instituciones; Venezuela afronta su propia guerra económica contra los monopolios y contra la oposición que busca destituir a Nicolás Maduro; Ecuador intenta levantarse de a poco del devastador terremoto de hace unos días; Bolivia también tiene sus problemas internos; y de Uruguay y Chile no puede esperarse mucho. Menos aún de países gobernados por la derecha como Paraguay, Perú o Colombia. Pero el tema es que quien está contra las cuerdas ahora es nada más ni nada menos que Brasil, un gigante mundial. No es lo mismo que ninguno de los otros países latinoamericanos. Con la caída de Brasil, cambiará el mundo. Por eso es tan importante entender las razones profundas detrás del golpe, que trascienden las moti-
vaciones antidemocráticas de las fuerzas que lo impulsan. La lucha que hay en el mundo de hoy es entre corporaciones y democracia, entre el capitalismo financiero y los Estados, entre los gerentes y los pueblos. Y esta lucha es también entre la vida y la muerte. Porque este capitalismo financiero es muy distinto del capitalismo histórico, basado en la producción y, por ende, en la explotación del trabajador. En este capitalismo financiero, las grandes ganancias responden no tanto a trabajo no remunerado o plusvalía, sino a la especulación. Por lo tanto, literalmente, sobra gente para este sistema, y eso es lo que lo vuelve más cruel, marginante y excluyente. Este esquema especulativo se complementa con un saqueo total de los recursos naturales y una sobreexplotación de la menor cantidad posible de trabajadores.
Atrás de este ataque contra la democracia brasileña está la intención de entregar a empresas trasnacionales el Presal (enorme cuenca petrolera marítima en manos exclusivas de la compañía estatal Petrobras), y romper el bloque de potencias emergentes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Por lo tanto, con el golpe en Brasil, cambia el propio Brasil, cambia la región y cambia el mundo. Lo cierto es que hoy un grupo de congresistas corruptos vale más que 54 millones de electores, por eso es un golpe de Estado. Tanto como el golpe que en 1954 llevó a Getulio Vargas al suicidio, o de 1964 contra Joao Goulart que inauguró las dictaduras modernas en el Cono Sur. El mejor ejemplo de la continuidad de ese poder es la justificación del voto destituyente que hizo el diputado del Partido Progresista Jair Bolsonaro. Empezó diciendo: “Ustedes perdieron en el 64 y vuelven a perder ahora en 2016… por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el terror de Dilma Rousseff, por las Fuerzas Armadas, por el Brasil”. El citado militar, muerto el año pasado en la impunidad, es nada más ni nada menos que uno de los genocidas que torturó a la presidenta. En otras oportunidades, Bolsonaro había dicho: “El error de la dictadura fue sólo torturar y no matar”, y otra vez: “Pinochet tendría que haber matado a más gente”. Ellos son quienes van por la destitución de la presidenta brasileña, por eso no sorprenderá que el próximo gobierno ilegal e ilegítimo del Brasil actúe como lo está haciendo hoy el gobierno argentino (que hay que decirlo, llegó a la Casa Rosada por vías legales y legítimas), es decir, ajustando a los más débiles, dejando sin trabajo a cientos de miles de trabajadores, explotando a los que conserven sus puestos, saqueando la naturaleza, destruyendo la producción nacional y entregando la Patria a la ‘dictadura’ financiera mundial.
E D J L H C
55
Consejo Editor: Betty Argañaraz, María del Carmen Torres, Olga Acosta. Director: Sebastián Puechagut • Coordinadora Editorial: Agostina Parisí · Redacción: Alexis Oliva, César Pucheta • Corrección: Victoria Picatto Fotografía: Mercedes Ferreyra · Ilustración: Hernán Cappelletti · Distribución: Julia Soulier, Ernesto Torres, Rosario Rodríguez • Colaboraron en este número: María Laura Villa, Matilde Nasser, Héctor Valenzuela Administración: Mario Toranzo • Impresión: Comercio y Justicia Editores • Producción gráfica y editorial: Usina Creativa - agencia de comunicación - Tel: (0351) 4271736 - usinacreativa.com.ar - info.usinacreativa@gmail.com
Tirada de esta edición: 30.000 ejemplares de distribución gratuita · ISSN: 1853-8290 · Será Justicia es propiedad de Familiares Córdoba (Personería Jurídica 234-A-1992) Avales y reconocimientos: Beneplácito del Concejo Deliberante de Córdoba (2010) • Declaración de Interés Legislativo por la Legislatura de la provincia de Córdoba (2010) • Declaración de Interés por el Senado de la Nación (2010) • Reconocimiento institucional del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (2010) • Aval Institucional de la Escuela de Ciencias de la Información (2010 y 2011). Distribución: en red de organizaciones y con los siguientes diarios y periódicos: La Mañana, Comercio y Justicia y Energía Positiva (Córdoba) · Tribuna (Bell Ville), Sumario (Alta Gracia), Megáfono (Río IV), El Despertador (Jesús María), El Ciudadano (Va. Dolores), Tortuga (Alta Gracia), El Diario (Carlos Paz), Informarte (Mina Clavero)
Santa Fe 11, Bº Alberdi · Córdoba · Tel: (0351) 425 6502 Correo electrónico: famdesapcba@yahoo.com.ar
Secretaría de Prensa y Difusión: Betty Argañaraz (3515551949) Contacto Será Justicia: info.serájusticia@gmail.com facebook.com/diarioserajusticia