Diputados aprueban 15 años de cárcel a quien ataque con ácido

EFE - EL SIE7E

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves sancionar hasta con 15 años de prisión a quien infiera lesiones con ácido o sustancias similares.

Con 453 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara aprobó en lo general el dictamen que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Víctimas para castigar las lesiones inferidas con ácido o sustancias similares. La diputada Alma González, del partido gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lamentó que en México no exista un banco de datos de las mujeres atacadas con ácido. “Algunas cifras indican que son al menos 3.354 mujeres las que han sido víctimas de esos crímenes durante los últimos 12 años y la mayoría perpetradas por hombres; este es el momento de que las mujeres vivan libres y sin miedo, y que se haga realidad sus demandas”, señaló.

El dictamen aprobado adiciona un capítulo I Bis denominado “Lesiones inferidas con ácido o sustancias similares”, con un artículo 301 Bis al Título Decimonoveno del Código Penal Fede - ral. Establece que “se impondrán de siete a quince años de prisión y de trescientos a setecientos días multas, a quien por sí o por interpósita persona, infiera lesión o lesiones a otra persona utilizando para ello cualquier tipo de ácido, álcali, agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable”.

También señala que cuando la lesión o lesiones afecten la cara, el cuello, el brazo, la mano o los órganos sexuales de la víctima, la pena “se aumentará hasta en un tercio, en su mínimo y en su máximo. Cuando la víctima sea mujer, persona con discapacidad o menor de edad, la pena se aumentará hasta en una mitad”.

Además, el texto indica que, si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o más de la mitad del cuerpo, “se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa”, según corresponda.

También se adicionó el artículo 36 de la Ley General de Víctimas a fin de estipular que, “a las víctimas de lesiones inferidas

Corrupci N

con ácido o sustancias similares, se garantizará el acceso a cirugías reconstructivas”. El documento refiere que “los ataques con ácido o sustancias corrosivas menoscaban la integridad y la libertad humana de las víctimas, pues les ocasionan graves y notorias lesiones en diversos partes del cuerpo, como cara, rostro, cuello o manos”. Señala que los ataques con ácido son cometidos contra mujeres por factores como el rechazo de insinuaciones sexuales, las ofertas de matrimonio que reciben, los celos, el odio o la venganza. De acuerdo con cifras de la Organización Acid Survivors Trust International (ASTI), se calcula que al año se producen al menos 1.500 agresiones, más del 80 % son contra mujeres latinas. Hace una semana, el Congreso del estado mexicano de Puebla, en el centro del país, aprobó leyes pioneras para considerar los ataques de ácido a mujeres como tentativas de feminicidio y para quitar la custodia de los hijos a hombres acusados de matar a mujeres. Los diputados aprobaron por unanimidad la llamada Ley Ácido y la Ley Monzón, en recuerdo al feminicidio del 21 de mayo de 2022 de la méxico-española Cecilia Monzón en ese estado, donde se reveló que su expareja fue responsable.

Un caso emblemático es el de María Elena Ríos, saxofonista y activista contra la violencia contra la mujer que fue víctima de un ataque con ácido presuntamente instigado por el exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Vera Carrizal, actualmente detenido. De acuerdo con cifras de la organización Carmen Sánchez, en las últimas dos décadas se registraron al menos 34 ataques con ácido contra mujeres en México.

FGR denuncia a la esposa de García Luna por presunta cómplice

EFE - EL SIE7E

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Linda Cristina

Pereyra por ser presunta cómplice de su esposo, el exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 Genaro García

Luna, declarado culpable el mes pasado por narcotráfico en Estados Unidos.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, acusó este jueves a la mujer de ser partícipe del entramado de corrupción que obtuvo más de 700 millones de dólares de procedencia ilícita que terminaron en la ciudad estadounidense de Miami.

“Ella está denunciada por el

Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos otros delitos, al igual que varios de sus familiares, que han sido beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Gómez en conferencia.

La denuncia se revela después de que un jurado en Nueva York declarara culpable el 21 de febrero a García Luna -quien lideró “la guerra contra el narco” en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense.

En el caso, Pereyra subió al estrado como la única testi - go de descargo en contra del exfuncionario mexicano.

Pero, en paralelo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador interpuso una demanda civil en 2020 en Florida para reclamar el dinero público que, según él, García Luna y su familia se llevaron a Miami.

“Ella es propietaria de cua - tro departamentos en Miami que están intervenidos por la Corte; de la lista larga de los inmuebles que están asegurados por la Corte de Miami, donde está interpuesto el juicio civil que reclama estos bienes, cuatro de ellos están directamente a nombre de ella”, detalló Gómez.

El titular de la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, denunció también que un entramado de empresas relacionadas con García Luna recibió 10 contratos por más de 316 millones de dólares con entidades del Gobierno entre 2006 y 2012.

“Esas operaciones que están ahí señaladas con dinero, ese dinero salió de México rumbo a Barbados y de Barbados a Florida. Todo ese torrente”, sostuvo al exhibir una gráfica de la presunta red.

Aunque argumentó que la FGR es una entidad autónoma y le corresponde a ella indagar, Gómez afirmó que “están abiertas las carpetas de investigación” y que la UIF ha pedido emitir órdenes de aprehensión al presentar entre 10 y 15 denuncias.