Estrategia de Territorialización del Enfoque Diferencial

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ESTRATEGIA DE TERRITORIALIZACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACUERDO A LOS DESARROLLOS JURÍDICOS Y CONCEPTUALES MUNDIALES , NACIONALES Y DEPARTAMENTALES. GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

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ENFOQUE DIFERENCIAL: REFLEXIONES JURÍDICO - CONCEPTUALES Autoría de Contenido

ALEJANDRA ARIAS GARCÍA Antropóloga y Politóloga con énfasis en relaciones internacionales.

Aspirante a magister en estudios latinoamericanos.

Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión del material para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos de autor, siempre que se especifique claramente la fuente.

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GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA Ubeimar Delgado Gobernador Diego Ramiro Obando Domínguez Secretario de Participación y Desarrollo Social Andrés Felipe Solarte Álvarez Subsecretario de Programas Sociales y Participación Harold Humberto Zuluaga García Coordinador Sistema de Información Social (SIS) CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA CORPOVALLE Diego Ramiro Obando Domínguez Director Ejecutivo Corpovalle EQUIPO TÉCNICO David Andrés Santos Ruiz Coordinador del proceso de diseño del Sistema de Gestión Social Integral. (SIGESI) Autoría de Contenido: Alejandra Arias García.

Antropóloga y Politóloga Apoyo Administrativo: María Liliana Fernández Barriga Asistente contable Corpovalle Yadira Campo Montenegro Asistente Administrativa Corpovalle

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CONTENIDO CONTENIDO INTRODUCCIÓN

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ENFOQUE DIFERENCIAL, REFLEXIONES CONCEPTUALES 1.1. Contextos de emergencia.

1.1.1. El Estado Social de Derecho en la Constitución Política de Colombia de 1991.

Los antecedentes sociales y políticos del Enfoque Diferencial.

1.2. Contextos de Consolidación del ED. 1.2.1. En búsqueda del principio de la diferencia. El multiculturalismo como reivindicación de la diversidad.

1.2.2. En búsqueda del principio de igualdad: las Acción Afirmativas para revertir la discriminación y la vulnerabilidad 1.2.3. Enfoque de Derechos

EL GÉNERO: LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO PARA LA DIGNIDAD 2.1. Identidad de Género y Orientación Sexual.

Precisiones conceptuales 2.2 Poblaciones en necesidad de protección constitucional según la variable género; mujeres y población LGBTI 2.3. Mujeres. En búsqueda de la igualdad 2.4. Población LGBTI: El reconocimiento de la diversidad por fuera de lo diádico

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ENFOQUE DIFERENCIAL POR CICLO DE VIDA 3.1. Niños, niñas y adolescentes: de menores de edad a sujetos de derecho 3.2. Jóvenes: hacia la construcción de ciudadanía 3.3. Adultos Mayores: potencializar la experiencias

ENFOQUE DIFERENCIAL EN PERSPECTIVA ÉTNICO-RACIAL . LA IMPORTANCIA DE LA PLURIETNICIDAD 4.1. Raza y etnia. Precisiones conceptuales 4.2. Pueblos indígenas 4.3. Afrocolombianos, comunidades negras raizales y palenqueras 4.3.1. Raizales 4.3.2. Palenqueros 4.3. Pueblo Rrom o Gitano

LAS SITUACIONES Y/O CONDICIONES QUE MARCAN LA DESIGUALDAD SOCIAL. POBLACIONES EN VULNERABILIDAD SOCIAL 5.1. Víctimas del Conflicto Armado Interno 5.2. Personas en situación de discapacidad

6. BIBLIOGRAFÍA

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INTRODUCCIÓN El presente informe hace parte de una serie de documentos que tienen el propósito de convertirse en la estrategia de territorialización del Enfoque Diferencial en la gestión pública del Departamento del Valle del Cauca. Busca ser una guía jurídica-conceptual, que sirva de referente para la articulación y transversalización del Enfoque Diferencial en la formulación e implementación de políticas públicas sociales.

Por ED (Enfoque Diferencial) se entiende el reconocimiento de ciertas poblaciones, que a razón de su género, etnia, edad, situación o condición de vida, necesitan recibir tratamiento especial estatal, que responda a sus identidades culturales y características sociales (OHCHR; Ley 1709, 2014).

A partir del reconocimiento de la diferencia y la protección integral de los derechos el Enfoque Diferencial permite diagnosticar las vulnerabilidades y vulneraciones sufridas por grupos poblacionales y colectivos sociales, para, consecuentemente, transformar sus realidades en búsqueda de la equidad y de la dignidad (Rusinke, 2013).

La necesidad de realizar políticas públicas diferenciadas, aparece plasmada en la Constitución Política de 1991, que declara a Colombia un “Estado social de derecho, [...] fundado en el respeto a la dignidad humana” (Art. 1 CPC, 1991). Además, “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (Art.. 7 CPC, 1991), y se compromete a adoptar medidas que promuevan “el goce real y efectivo de la igualdad, por parte de grupos discriminados o marginados” (Art. 13 CPC, 1991).

Es así como, a partir de la promulgación de la carta constitucional, se puso en primer plano el compromiso del Estado por respetar, reconocer y garantizar, los derechos de aquellos que han estado históricamente en desventaja.

No obstante, no es suficiente con declarar a Colombia un Estado social de derecho en la Constitución Política. A eso, debe sumarse una serie de voluntades, desarrollos normativos e implementación de pautas de acción, que permitan materializar su compromiso con el goce efectivo de los derechos. En consonancia, está planteado, se aplica la Ordenanza 330 de 2011, a nivel departamental (Gobernación del Valle del Cauca, 2011).

El ED se relaciona directamente con el Enfoque de Derechos, que reconoce que los derechos son un “conjunto de principios y libertades de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna y orientados a asegurar la dignidad en las dimensiones individual, social, material y espiritual” (Rusinke, 2013) .

No debe pensarse, empero, que el carácter universal del Enfoque de Derechos va en detrimento del Enfoque Diferencial. Al contrario, se parte de reconocer que en el ejercicio real del poder, existen asimetrías caracterizadas, en lo político, por la restricción o limitación en la toma de decisiones de determinados sujetos individuales o colectivos; en lo económico, por su dificultad en el acceso a los recursos y, en lo cultural, por la naturalización de pr ej ui ci os y prácti cas s oci al es , q u e l o s convierten en foco de discriminación y exclusión.

Con ese diagnóstico, el ED se convierte en la estrategia fundamental para el goce efectivo de los derechos de equidad e igualdad.

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La voluntad política del Departamento también se presenta en la promulgación de la Ordenanza 330, cuya finalidad es establecer el marco general para las políticas públicas sociales del Valle del Cauca.

Pone especial énfasis en las personas como sujetos de derecho, protagonistas de las transformaciones y cambios sociales, y afirma que existe en esta materia una urgencia: realizar políticas públicas con principio de equidad, que favorezcan a los excluidos. (Art. 4 Ord. 330, 2011) ; de igual forma, destaca la diversidad étnica como una ventaja para el desarrollo social, por lo que se valora la promoción de las diferencias, en detrimento de prácticas y representaciones que incentiven los prejuicios y las discriminaciones (Art. 3 Ord. 330, 2011).

Teniendo claro el marco normativo descrito, se puede afirmar que el compromiso del Departamento, al transversalizar el ED radica en reconocer la deuda del Valle del Cauca con sus poblaciones más vulnerables. Para lograr lo anterior, se apuesta a la construcción de una política social como política de Estado. Pensarla en estos términos, asegura lograr sus altos grados de institucionalidad y su continuidad temporal, cuestiones necesarias para lograr un verdadero desarrollo social. Para conseguirlo, es indispensable cambiar la perspectiva desde la que se entiende la gestión social estatal, de una perspectiva fragmentada, a una perspectiva integradora del ser humano y sus realidades.

Para ello, es vital pasar de la cimentación de políticas públicas focalizadas, a políticas públicas integrales.

No se trata de ignorar la eficacia de las políticas focalizadas en las dos décadas anteriores.

Al contrario, se reconoce la importancia de su aplicabilidad para combatir la desigualdad, segre gación e intolerancia social; también se admite que, a corto plazo, respondieron a las demandas específicas de diferentes grupos poblacionales (Candia, 1998). Se trata, más bien, de reconocer que el mundo contemporáneo se caracteriza por poseer realidades sociales que con múltiples dimensiones, por lo que la focalización resulta reduccionista, en tanto solo logra arremeter contra

causas singulares de vulneración y vulnerabilidad.

Las políticas sociales integrales no son políticas sociales universales. Es decir, no se generan respuestas homogéneas a realidades heterogéneas. No se trata, tampoco, de institucionalizar situaciones de desigualdad social. Por el contrario, plantea la urgencia de una gestión social que abarque todas las identidades del ser humano.

Para lograr construir una Política Pública con ED, se debe emprender un ejercicio interpretativo que direccionado en dos sentidos: (i) , en la formalización de las reglas de juego institucionales, que demarquen el “deber ser”, no solo del Estado, sino también de los ciudadanos y, (ii) como la implementación de planes de acción para el cumplimiento efectivo del ED en las políticas públicas, planes, programas y proyectos sociales. El documento “Política pública social con Enfoque Diferencial” está direccionado en el primer sentido, entre tanto el texto “Estrategia para la inclusión y el monitoreo del Enfoque Diferencial en la Gestión Pública”, busca servir como hoja de ruta para la consecución del segundo.

El presente documento busca desarrollarse en dos partes fundamentales. En la primera, se realiza una reflexión conceptual sobre el Enfoque Diferencial: su pertinencia, contexto de emergencia, y corrientes de pensamiento que lo nutren. En la segunda, se describe cada grupo poblacional - por género, ciclo de vida, etnia, y otras condiciones o situaciones de existencia de vulnerabilidad - y se comentan los marcos jurídico-normativos que lo cubren, a nivel internacional, nacional y departamental. Con esto se pretende realizar un diagnóstico inaugural del ámbito departamental, que sirva de antesala para la toma de decisiones.

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l enfoque diferencial aparece con el reconocimiento de los principios de diferencia y de equidad.

Entiende que nuestras identidades son múltiples, dinámicas y contextuales. Como enfoque, pone la atención sobre la categoría de poder, pues asegura que la vulnerabilidad y la discriminación se generan, precisamente, por las desigualdades existentes entre distintos grupos poblacionales y en la dominación que unos han ejercido, históricamente, sobre otros. Nace de la necesidad de reparación integral hacia personas que, de manera individual o colectiva, han sufrido daños desproporcionados, por razón de su etnia, género, generación, condición y/o situación de vida y, por ello, deben ser amparados bajo una especial protección constitucional (Ley 1448, 2011).

Se debe entender el ED en su doble función. Por un lado, como método de análisis que permite leer realidades, de vulnerabilidad y discriminación, sufridas por determinadas poblaciones o colectivos, considerados cultural o socialmente diferentes; y, por el otro, como guía de acción que permita brindar, desde la perspectiva de los derechos humanos, atención prioritaria a dichas poblaciones, por parte de entidades públicas. En esta línea, en el ED se desarrolla un ejercicio interpretativo que ayuda a generar, tanto la imagen diagnóstica, como el plan de acción, para la transformación y el cambio social. Esto se logra, a partir de la adecuación de modalidades de atención, que permitan brindar respuestas estatales integrales, para la modificación de condiciones políticas, sociales y culturales, que afectan la vida de los

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sujetos (OHCHR). Mediante el ED, el Estado reconoce su deuda jurisprudencial e institucional, frente al “reconocimiento, valoración, registro, caracterización, prevención, atención, asistencia y reparación integral, conforme a las particularidades y características propias de los diversos sectores de población de especial protección constitucional” (Ley 1448, 2011).

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la aplicación del ED se realiza a partir de las variables de género, ciclo vital, etnia, y situación o condición de vida. En esta última se encuentran colectivos como: víctimas de la violencia y el conflicto armado, población en situación de discapacidad, ciudadanos-as habitantes de calle, población privada de la libertad, población en situación y/o ejercicio de prostitución, y población portadora del VIH-SIDA. Las primeras variables mencionadas, género y ciclo de vida, son consideradas transversales dentro este enfoque, en tanto permean e influyen las identidades de cualquiera,

independientemente de su adscripción étnica, condición o situación de vida.

El presente capítulo se dividirá en dos partes fundamentales. En la primera, se recrearán los contextos históricos, políticos y sociales, que hicieron posible la emergencia de lo que hoy llamamos ED. En el segundo, los contextos de consolidación, que son los mecanismos tomados por el Estado para responder a las demandas sociales diferenciadas: la cimentación de la nación colombiana como multicultural y las medidas de acción afirmativa y el Enfoque de Derechos.

1.1. CONTEXTOS DE EMERGENCIA. Se entienden por contexto de emergencia aquellos fenómenos sociales y políticos, que sirvieron de base para el cambio de reglas de juego institucionales, como la adopción del Estado Social de Derecho en la Constitución Política de 1991.

1.1.1. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. LOS ANTECEDENTES SOCIALES Y POLÍTICOS DEL ENFOQUE DIFERENCIAL El Estado Social de Derecho es definido como “aquel que acepta e incorpora al orden jurídico, a partir de la propia Constitución, derechos sociales fundamentales, junto a los clásicos derechos políticos y civiles” (Villar Borda, 2007, pág. 83).

Definirlo así no implica que los derechos sociales no existieran antes de su amparo constitucional.

Indica, más bien, que el Estado debe comprometerse, fundamentalmente, con la generación de ofertas de servicios públicos que los garanticen.

siguientes estuvieron generalmente sesgadas por el bipartidismo en formación. Según indica el texto “Conflicto, Violencia y Actividad criminal en Colombia: Un análisis espacial”, del Departamento Nacional de Planeación (2003), se alcanzaron a contabilizar “54 guerras civiles en 20 años dentro de los diferentes estados, que comprendían tanto confrontaciones entre los partidos como dentro de los partidos” (p.4).

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La re-configuración del Estado colombiano hacia el Estado Social de Derecho, aparece como respuesta a dos cuestiones fundamentales: la primera, el deseo de la transformación social de una historia marcada por una superposición de violencias políticas públicas, las cuales van desde las guerras civiles del siglo XIX, las múltiples confrontaciones bipartidistas que llevaron al periodo reconocido como la época de La Violencia, hasta la configuración de fuerzas insurgentes guerrilleras y otros grupos armados ilegales, dedicados a las economías ilícitas como el narcotráfico; la segunda, lograr ampliar los derechos políticos de sujetos históricamente marginados de la toma de decisiones.

La primera guerra civil que conoció la República de Colombia, se generó solo veinte años después de su separación definitiva de España y es reconocida como la Guerra de los Supremos Cuando ésta llega a su fin, en el año 1941, se forman los partidos tradicionales Liberal y Conservador, por lo que las guerras civiles

En la historia contemporánea colombiana, la época de La Violencia es un episodio considerado como antecedente determinante de la CPC de 1991. Se caracterizó por una oposición bélica entre los dos partidos tradicionales, Liberal y Conservador.

Sus disputas no tenían un carácter ideológico, ni se basaban en oposiciones de clase, etnia o religión, sino que respondían a una confrontación en torno al control del Estado (Hurtado, 2006: 99).

Siguiendo el estudio de La Violencia en Colombia, escrito en 1962 por Orlando Fals Borda, Monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna, se puede afirmar que la época de La Violencia presenta su inicio en el año 1946, “cuando se empiezan a presentar ataques conservadores contra los liberales en un afán de cambiar la composición del electorado con miras a las elecciones de 1947.

Durante este último año hubo 14.000 víctimas” (Valencia A. , 2012, pág. 22).

El asesinato del líder del partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en el episodio conocido como el Bogotazo, marca un punto de inflexión de esta confrontación política, en tanto desata un descontento generalizado por gran parte de la población, que se materializa en la conformación de incipientes guerrillas liberales y comunistas.

Si bien el Frente Nacional logró resarcir los repertorios violentos provenientes de la esfera estatal, cerró las posibilidades de representación política de otros grupos o colectivos, lo que generó un fuerte malestar social entre aquellos que no se sentían representados bajo dicho modelo, por lo que tuvo una serie de oposiciones políticas, legales e ilegales; las legales, tenían la pretensión de ampliar los procesos de participación política; las ilegales, disputar directamente el control del Estado. Entre las oposiciones legítimas se encontraba, principalmente, las facciones internas del liberalismo y el conservadurismo, pero también, sectores sociales y populares que poseían mucha visibilidad –principalmente campesinos, trabajadores y estudiantes- y de forma menos visible pero igual de importante, indígenas y mujeres. Entre las que iban en detrimento de la legalidad, se pueden enumerar las guerrillas que hoy son ampliamente reconocidas.

La muerte del líder liberal mencionado, también fue determinante en la conformación de las “Repúblicas Independientes”, denominadas de esta manera por ser consideradas zonas territoriales que escapaban del control del Estado colombiano. En 1964, las Fuerzas Armadas intentan recuperar Marquetalia, que es uno de estos territorios ocupados por los grupos al margen de la ley. De esta confrontación armada logran salir Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, sus principales líderes y fundan dos años después, en 1966, la guerrilla de las FARC. De esta manera, en términos oficiales el ELN y el EPL (la primera guerrilla de corte guevarista y la segunda de tipo maoísta), preceden a la fundación de las FARC,

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en tanto fueron constituidas en 1964 y 1965 y, por último, la posteriormente, la guerrilla urbana M-19, conformada en 1970.

La conformación de estas guerrillas, y su continuidad hasta la actualidad, reconfiguraron la historia de Colombia y marcaron el inicio de un nuevo conflicto y de un nuevo periodo de violencia política (Arias García, 2013; retomando a Pecaut, 1987, pág. 39).

Recién hacia principios de la década de los noventa, fue posible establecer una respuesta a esta falta de participación política, y la ampliación de los derechos sociales, mediante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Se pretendía elaborar una nueva Carta Magna donde se asentaran todas las demandas sociales de los colombianos, principalmente en lo referente a la participación política de los grupos poblacionales subrepresentados. Su objetivo era, también, ahondar en un modelo de democracia que fuera abarcadora de la diversidad cultural y étnica de la nación colombiana. La CPC de 1991 es, entonces, la materialización de ese deseo de cambio social y “un nuevo pacto político en el que participan minorías étnicas, religiosas y partidistas , tradicionalmente marginadas de las grandes decisiones políticas” Además, pretendía “dar respuesta a la profunda crisis del Estado, manifiesta a través de todas sus instituciones”, y devolver la credibilidad, legitimidad y gobernabilidad de los organismos estatales (Villar Borda, 2007, pág. 91).

La CPC genera un salto cualitativo fundamental en la relación Estado – Sociedad: suscita un avance institucional sin precedentes, logra consensos en relación al modelo de país que se desea tener, y pone el foco sobre cuestiones como la inequidad y desigualdad social, lo que logra, en últimas, la ampliación del ejercicio de la ciudadanía, mediante la promoción de sus derechos.

En este nuevo contexto, y al establecerse la igualdad y la dignidad como principios constitucionales, Colombia se compromete a tomar medidas que puedan resarcir una historia completa de abandono estatal. En consonancia con esos dos principios constitucionales, el Estado considera necesario reconocer el carácter multicultural de la nación, proporcionando los espacios institucionales necesarios para promocionar el principio de la diversidad, al igual que, tomar medidas de acción afirmativa, que conduzcan a cumplir y garantizar el principio de igualdad.

1.2. CONTEXTOS DE CONSOLIDACIÓN DEL ED. El acápite que se desarrolla a continuación, trata de describir los contextos de consolidación del ED en Colombia. Por consolidación se comprenden las prácticas políticas que toma el Estado para resarcir las condiciones desfavorables de determinadas poblaciones, como las medidas de acción afirmativa, el reconocimiento de Colombia como nación multicultural y el Enfoque de Derechos Humanos, estableciendo así la hoja de ruta para todas las acciones públicas.

1.2.1. EN BÚSQUEDA DEL PRINCIPIO DE LA DIFERENCIA. EL MULTICULTURALISMO COMO REIVINDICACIÓN DE LA DIVERSIDAD Desde 1991, se ha convertido en parte rutinaria del lenguaje popular reconocer la nación como pluriétnica y multicultural. Aunque estos conceptos influyen en nuestras realidades, no reconocemos claramente las diferencias entre ambos.

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Por el carácter pluriétnico de la nación debe entenderse el reconocimiento de la diversidad étnica y su importancia para la historia, cultura y sociedad. La multiculturalidad se define como “el hecho social e histórico de la heterogeneidad constitutiva de cualquier formación social” (Restrepo & Bocarejo, 2011, pág. 13). Es, entonces, un concepto más amplio, abarcador de la plurietnicidad, pero no restringida a la misma. Pensar en términos monoculturales, implica definir las sociedades como sistemas donde todos comparten las mismas nociones. Al contrario, pensar en términos multiculturales, ayuda a comprender que la estructuración social se genera a partir de la conjunción de las diferencias en estilos de vida, ideología, religión, etc.

Multiculturalidad es, también, distinto a multiculturalismo. Al último se lo concibe como “las prácticas que en un momento determinado se adoptan con respecto al hecho histórico social de la heterogeneidad cultural” (Restrepo & Bocarejo, 20 11, pág. 9). En este sentido, por multiculturalismo se entiende no solo la existencia real de distintas culturas sino, también, la práctica social y política de reivindicación de la diferencia. “El multiculturalismo es un arte de gobierno, de otros y de nosotros mismos, cuya especificidad radica en la producción, el manejo y la disputa de poblaciones desde su diferencia cultural, así como en la configuración de una noción del bienestar que regula su vida social (Restrepo & Bocarejo, 2011, pág.

10). El multiculturalismo, como práctica, es ejercido en escenarios de múltiples disputas que encabezan distintos actores sociales, en búsqueda de sus derechos diferenciales.

En Estados con poblaciones ampliamente diversas, como el colombiano, solo es posible hablar de democracia en consonancia con la diversidad, lo que implica establecer diálogos interculturales respetuosos. El multiculturalismo parte de reconocer la necesidad de fortalecer las identidades culturales y las autonomías de los pueblos, bajo sus propios valores, representaciones e imaginarios. Por eso, entendido desde la óptica estatal, implica la adopción de medidas afirmativas que permitan redimir las prácticas culturales, sociales y políticas que, generalmente, ponen a algunos grupos en posiciones de dominación respecto a otros, minoritarios. El multiculturalismo, como práctica política, es el resultado de la lucha por el reconocimiento que es, al mismo tiempo, una lucha por la identidad. Se convierte, además, en la base desde la que se paran distintos movimientos sociales minoritarios, tratando de modificar la imagen que tienen sobre sobre ellos, de igual manera que recomponer la imagen que tienen sobre sí mismos (Moreno Parra, 2010, págs. 3-4).

El multiculturalismo, además, es un proceso de construcción conjunta, si se entiende que no es un ejercicio político que se genera en la articulación de la institucionalidad estatal, con los actores sociales que definen, de manera directa o indirecta, los marcos sociales para su ejercicio. “Cuando hablamos del multiculturalismo como práctica social y política buscamos, de manera explícita, favorecer una comprensión amplia del concepto de política, que implica entender que son muchos los campos sociales en los que el multiculturalismo se construye, no solo en el marco de las cortes y de las negociaciones legales de las instituciones estatales” (Restrepo & Bocarejo, 2011, pág. 9).

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1.2.2. EN BÚSQUEDA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD: LAS ACCIÓN AFIRMATIVAS PARA REVERTIR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VULNERABILIDAD. Las Acciones Afirmativas emergen como acciones o intervenciones públicas estatales, que buscan establecer el principio de igualdad en la diferencia. Aparecen para responder a discriminaciones basadas en prejuicios de distintos tipos y establecen como meta el trato preferencial, en el acceso a determinados servicios públicos, hasta que la situación de vulnerabilidad o exclusión se considere reparada (Mosquera Rosero-Labbé & León Días, 2009). Parte de reconocer que si “la discriminación es antigua, esto es, anclada de manera profunda en las estructuras sociales, políticas, mentales y simbólicas, los mecanismos de exclusión son percibidos como naturales, por tanto no actuar desde la acción pública estatal conduce a reforzar la exclusión y las desigualdades” (Mosquera& León Días; 2009; retomando a Keslassy, 2004: 9, 36).

En contextos complejos como el colombiano, implementar medidas de Acción Afirmativa o Discriminación Positiva se convirtió en la respuesta eficaz y rápida para hacerle frente a una historia completa de abandono estatal. Por su carácter temporal, las Acciones Afirmativas no tienen el propósito de compensar el pasado, por lo que no se toman medidas de reparación hacia hechos ya sucedidos, sino que intentan mitigar los problemas de vulneración presentes.

Existen distintas teorías que abordan las Acciones Afirmativas. La primera, las trata como mecanismos de reversión de la discriminación negativa e histórica, lo que implica lograr igualar las condiciones materiales que compensen o reviertan formas de discriminación negativa, algunas de esas medidas pueden ser, por ejemplo, las leyes de cuotas fijas en los puestos de la administración pública o en el acceso a la educación superior.

La segunda, las entiende como la búsqueda del principio de igualdad real en oposición a la igualdad formal, lo que aduce considerar la igualdad como un objetivo que debe ser promovido por el Estado, con el fin de transformar comportamientos, prejuicios y mentalidades colectivas hacia ciertos grupos. Las tercera las presenta como estrategia de distribución de bienes, que se traduce en políticas de preferencia de ciertos grupos, sobre otros que compiten por los mismos recursos o servicios sociales, como la educación y el empleo; a diferencia de la primera, esta teoría no piensa que deben existir cuotas fijas, sino que la acción afirmativa debe generarse en contextos de empates o empates técnicos. La última teoría, y la más cercana al Enfoque Diferencial, las entiende como iniciativas públicas de interés social, que consisten en la formulación de políticas públicas para eliminar las desigualdades sociales que afectan

a las minorías (Mosquera Rosero-Labbé & León Días, 2009, págs. 74-78).

Es indudable que deben reconocerse los esfuerzos estatales al tomar este tipo de medidas. Sin embargo, en la actualidad, la adopción de mecanismos de acción afirmativa, o de discriminación positiva, han resultado ser insuficientes para la reparación de cualquier tipo de minoría. A veinte años de su aplicación, persisten y perviven prejuicios, imaginarios sociales desfavorables y tratos discriminatorios hacia poblaciones con necesidad de protección constitucional. Algunas de las medidas, incluso, han tenido una reacción adversa, y de rechazo, por parte de la población general que se siente en desventaja frente a los beneficiarios de las medidas.

Esa insuficiencia es la que permite ahora, y no antes, hablar de Enfoque Diferencial en Colombia, como una estrategia integral que responda a la inmensa diversidad cultural con la que cuenta la nación.

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1.2.3. ENFOQUE DE DERECHOS En políticas públicas, el Enfoque de Derechos es una perspectiva relativamente nueva. Su objetivo es convertirse en el marco de concertación entre Estado y Sociedad Civil. El enfoque de derechos cumple una doble función: por un lado, es un medio, es decir, una forma de ver o entender y, por otro, un proceso, una forma de hacer. Su impacto se genera, tal cual lo indica su nombre, sobre los derechos humanos, entendidos como “la acción objetiva y exigencia subjetiva a lograr u obtener un bien jurídicamente conocido” (Jiménez, 2007: 35). Es necesario concebir, también el EDH como un “deber ser”, una apuesta política que busca combatir “las desigualdades, las prácticas discriminatorias (de jure o de facto) y las relaciones de poder injustas que encierran a menudo en su núcleo los problemas del desarrollo” (HCHR, 2006).

Se basa en los principios de interdependencia e integralidad. Esto implica que cada derecho está relacionado con los demás, por lo que solo pueden ser concebidos como interconectados y solo pueden garantizarse si se los aborda integralmente. Esto rompe con la noción clásica de la división de generaciones de derechos, donde los de primera generación, correspondientes a los civiles y los políticos, se consideran fundamentales y, los de segunda y tercera generación, es decir los sociales y colectivos, son considerados complementarios. En esta perspectiva, todos los derechos humanos son de fundamental cumplimiento, y el Estado debe responder por su garantía, por lo que las generaciones de los derechos son concebidas como “un proceso histórico de ampliación del contenido jurídico sobre la dignidad humana” y no como una jerarquía que marca la importancia de unos en detrimento de otros. (Jiménez Benitez, 2007, pág. 35).

El Enfoque de Derechos permite a distintos grupos sociales pasar de la invisibilidad a convertirse en reales sujetos de derecho. Además, también ha cambiado el paradigma respecto a la participación social sobre las decisiones políticas, en la medida en que la sociedad civil se siente capacitada y legitimada, no sólo para hacerle demandas de bienes sociales al Estado, sino también para actuar políticamente, poder exigirlos y, en muchos casos, producir esos bienes, si aún no han sido considerados como parte del diseño legal – institucional estatal.

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EL GÉNERO: LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO PARA LA DIGNIDAD

na división social básica, es la que separa a su población entre hombres y mujeres. Esta perspectiva, que ha sido hegemónica, se basa en la invisibilización de relaciones de poder entre los sexos, utilizando la siguiente lógica: a un cuerpo que nace con órganos de reproducción sexual masculina, le corresponde tener la identidad de hombre; por el contrario, a una persona nacida con órganos de reproducción sexual femeninos, le corresponde la identidad de mujer.

–heterosexual-, lo que no solo invisibiliza, sino también limita la posibilidad de tener otra identidad u orientación sexual aceptada desde los ámbitos político y social, generando rechazo o exclusión con base en prejuicios sexuales. Esa división social, basada en una supuesta objetividad de las funciones orgánicas reproductivas, ha sido perpetrada también en distintas instituciones sociales, como el Estado, la familia, la escuela, las empresas (estatales y privadas), y los centro de salud, entre otras.

La tesis biologicista mencionada, que busca normativizar las diferencias que se consideran innatas, ha llevado a que se legitimen prácticas de dominación masculina, donde los rasgos femeninos de la mujer se consideren inferiores a los rasgos masculinos del hombre (Carvajal Orlich, Jiménez Mata, & Ulate Rodriguez, 2012). Además, ha contribuido a crear visiones dicotómicas que permiten la existencia de dos únicas identidades de género –hombre, mujer-, y una única orientación sexual correcta

Es por esto, que se presenta la necesidad de hablar del género, como categoría transversal en el Enfoque Diferencial. Es transversal, porque afecta cada contexto de la vida social y “se extiende más allá del sexo de las personas, abarcando otras categorías que son subvaloradas por apartarse del modelo hegemónico” (Carvajal Orlich, Jiménez Mata, & Ulate Rodriguez, 2012, pág. 16).

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El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas -ECOSOC, definió en 1997 la transversalización de género como “el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros” (Organización Internacional del Trabajo -OIT).

Se considera, sin embargo, que sumarse a esta definición específica, conduce, de nuevo, a una concepción binaria de género, que es contradictoria a las realidades sociales efectivas, donde las identidades de género son múltiples y las orientaciones sexuales también.

Se elige, entonces, otro concepto de transversalidad de género, que la entiende como “la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la

a)

b)

evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Lombardo, 2003, pág. 6). Es por ello que, desde esta perspectiva, no basta con la promoción de acciones afirmativas que beneficien a ciertos grupos poblacionales, sino que implica:

Generar una perspectiva de igualdad de género ampliada, que no se limite a la problemática de la mujer, sino que se adapte a la generación y promoción de la equidad de otras identidades de género y a la promoción de la diversidad, respecto a orientaciones sexuales diferentes a la marcada por la heteronormatividad.

La incorporación de la perspectiva de género en la agenda política dominante, que implica “‘abordar los problemas de igualdad de género dentro de las tendencias dominantes de la sociedad, siendo las tendencias dominantes las direcciones, las organizaciones y las ideas que crean decisiones sobre política y los recursos que contemplan políticas generales o específicas” (Lombardo, 2003, pág. 7). Lo anterior se traduce en la búsqueda de cambios en las culturas institucionales del Estado, en tres niveles: el primero, se refiere a los procesos políticos, entendidos como la reorganización institucional, que ayude a los funcionarios en la sensibilización en cuestiones de género, para incorporar esta perspectiva en sus actuaciones políticas; esto implica realizar cambios en las visiones hegemónicas de la participación, a una igualitaria de género, que ha sido menguada por los prejuicios sexistas. El segundo hace referencia a los mecanismos políticos, que tiene como propósitos, (i) cooperación horizontal, entendida como la transformación de la forma tradicional de trabajo vertical, a otra donde todos estén al mismo nivel; (ii), en la construcción de herramientas y técnicas que incorporen la variable de género, y permitan hacer seguimientos y evaluaciones sobre la incorporación de esta perspectiva; y, (iii) un cambio en los actores que participan en los procesos políticos, lo que implica no solo incorporar funcionarios y políticos de carrera que respondan a la diversidad de género, sino también, a la incorporación de especialistas en la materia y la apertura de canales de participación ciudadana (Lombardo, 2003, págs.

9-10).

ENFOQUE DIFERENCIAL: REFLEXIONES JURÍDICO - CONCEPTUALES

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2.1. IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL. PRECISIONES CONCEPTUALES Para poder comprender la variable género, en términos de identidad y de orientación sexual, es preciso, en un primer momento, entender que cuando se hace referencia al sexo, se habla de un hecho biológico, mientras que el género se reconoce como el “significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas” (Secretaría General de las Naciones Unidas, 1979). La problemática social del género se presenta cuando las construcciones identitarias de algunos sujetos no guardan correspondencia con las hegemónicas, pues no coinciden con las de la mayoría, que debe aplicarse un ED, pues quienes las ejercen, pasan inmediatamente a ser considerados población sujeta a la discriminación y el abuso.

Por identidad de género se entiende “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales” (OHCHR). Las identidades de género reconocidas en la actualidad son: hombre, mujer, transgenerista (término que incluye, tanto a las personas travestis, como a transexuales), e intersexuales.

En tanto, la orientación sexual “es independiente del sexo biológico o de la identidad de género; se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es un concepto complejo cuyas formas cambian con el tiempo y difieren entre las diferentes culturas” (OHCHR).Por orientación sexual se comprenden la heterosexualidad, homosexualidad (cuya denominación masculina es “gay”, y femenina es “lesbiana”), y bisexualidad.

2.2. POBLACIONES EN NECESIDAD DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SEGÚN LA VARIABLE GÉNERO; MUJERES Y POBLACIÓN LGBTI A efectos de un análisis que tenga en cuenta el ED, los siguientes desarrollos del capítulo tratarán de comprender dos sujetos que, individual o colectivamente, se han visto perjudicados a razón de su condición de género. Por un lado, la lucha de las mujeres entendida a partir de la búsqueda de la igualdad, y por otro, la del movimiento LGBTI en la búsqueda por la aceptación de la diversidad sexual.

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2.3. MUJERES. EN BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD. Concebir a la mujer como un sujeto de atención estatal prioritaria, nos obliga a plantear como fundamental el principio de la igualdad, entendido como “La igualdad de género supone, por tanto, que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de sí han nacido hombres o mujeres.

La igualdad de género implica la idea de que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones” (PNUD, 2007, pág. 7). Lo que se pretende, es que las diferencias existentes, entre mujeres y hombres, no se conviertan en desigualdades, por lo que es necesario garantizar las mismas condiciones y posibilidades de acceder y gozar de sus derechos.

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: Convención sobre todas la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Fuente especificada no válida.

Ley No. 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

Decreto No. 4463 de 2011, reglamentación laboral.

Decreto No. 4796 de 2011, reglamentación en salud.

Decreto No. 4798 de 2011, reglamentación Educación.

Decreto No. 2733 de 2012, "Por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008".

La evolución del concepto de igualdad de género surge, en gran medida, debido a los aportes de los movimientos de mujeres que exigen ser tratadas en términos de igualdad en varios aspectos: (i) las oportunidades, lo que supone “situar a los miembros de una sociedad en las mismas condiciones de partida dándoles las mismas posibilidades para participar en los distintos ámbitos de la sociedad. Implica, por tanto, compensar las desventajas iniciales”; (ii) el trato: que “consiste en tratar a todas las personas de la misma manera, independientemente del sexo, la raza, edad, religión, etc. Enfatiza el principio de igualdad y no discriminación en un sentido positivo de acceso a servicios, recursos y ejercicio de derechos”; (iii) los resultados: que “implica que todas las personas tengan el mismo punto de llegada en cada una de las áreas en que se insertan y obtengan los mismos beneficios de las acciones implementadas” (Faúndez Meléndez, 2010, pág. 9).

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NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS:  Decreto No. 2734 de 2012, por “el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia”.  Decreto No. 4799 de 2011, reglamentación Justicia.  Conpes Social 161 de 2013 sobre equidad de Género para las mujeres.  Conpes 3784 de 2014, Lineamientos de Política Pública para la Prevención de riesgos, la protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado.  Decreto No. 1930 de 2013, por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación.  Ordenanza No. 317 de 2010, “por medio de la cual se crea y adopta la política pública para las mujeres vallecaucanas” (Consejería Equidad de la Mujer, 2014).

Es necesario cuestionar el patriarcado como sistema social de dominación masculina, pues indica que ésta se genera por la necesidad de dominio del hombre a la mujer, debido a su capacidad reproductiva (Scott, 1996). Visto así, la función social de la mujer, desde la perspectiva patriarcal, queda limitada a su capacidad reproductora y a crianza de los hijos, es decir, a la reproducción adecuada de la especie humana. El rechazo de las mujeres a esta postura radical, desigual, inequitativa y excluyente, las ha llevado a emprender una lucha en las últimas décadas, aduciendo a que su naturaleza reproductora no da la legitimidad a los hombres de someterlas.

2.4. POBLACIÓN LGBTI: EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD POR FUERA DE LO DIÁDICO. La población LGBTI no es una. Es una conjugación de gente que reivindica distintas identidades de género y orientación sexual. Son Lesbianas, Gays, Trangénero, Bisexuales e Intersexuales unidos en la exigencia del derecho a la diversidad sexual.

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Las identidades sexuales invisibles: Personas transgénero y personas intersexualES El transgenerismo es una denominación utilizada para describir a personas “cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este […] El transgenerismo se refiere exclusivamente a la identidad de género del individuo y no a su orientación sexual que por lo tanto puede ser heterosexual, homosexual o bisexual” (OHCHR). Se reconoce como mujer trans, aquella que, habiendo nacido con el órgano reproductor masculino, posee una identidad de género femenina; como hombre trans, a aquel que, naciendo con el aparato reproductor femenino, siente que su identidad pertenece al género masculino; por último, se denomina persona trans, en términos genéricos, a aquella que no logra identificarse con ninguna de las dos identidades construidas en términos binarios, o que transita, recurrentemente, entre ambos.

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: El Gobierno Nacional no posee una política pública para esta población. Sin embargo, existen algunos instrumentos jurídicos que la amparan:  Convención Interamericana sobre toda forma de Discriminación e Intolerancia.  Ley 1428 de 2011, o ley antidiscriminación.

Sentencia T-594/93 “Es viable jurídicamente que un varón se identifique con un nombre usualmente femenino, o viceversa”: Derecho al libre desarrollo de la personalidad. (T-594, 1993) Sentencia C-336 del 2008: Igualdad en pensión sobreviviente al compañero o compañera permanente.

Sentencia SU-617 del 2014: adopción de hijos biológicos de la pareja permanente.

Sentencia T-062 de 2011, “tratamiento de la población reclusa que pertenece a minorías de identidad sexual”.

A nivel departamental sí existe una política que los ampara:  Ordenanza No. 339 de 2011, “por medio de la cual se establecen los lineamientos de la política para la garantía y la exigibilidad de derechos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales”.

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El transgenerismo es de dos tipos. El primero, reconocido como travestismo, es aquel en que las personas “expresan su identidad de género -ya sea de manera permanente o transitoria- mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo. No necesariamente implican modificaciones corporales”; mientras que por transexualismo se entiende la identidad de quienes “se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas –para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social”. En Colombia, y otras partes del mundo, han catalogado el transgenerismo a partir del concepto “disforia de género”.

Las personas intersexuales poseen características anatómicas genitales, sexuales, o funcionales que no corresponden al estándar femenino o masculino culturalmente vigente (Botella Llusiá, 1997). Los intersexuales son, quizás, aquellos que más invisibilizados han estado en la ampliación de sus derechos y, también, quienes más han sido vulnerados. El constante problema con la caracterización del intersexualismo, tiene que ver con que está asociado, desde el imaginario común, al hermafroditismo; es decir, que se lo define directamente con sujetos que tienen, de manera simultánea, un pene y una vagina. Son, sin embargo, dos nociones diferentes, pues hermafroditas solo podrían ser “aquellos individuos en los que el tejido ovárico y el tejido testicular se presentaran al mismo tiempo, sin importar la configuración externa de su cuerpo sexuado” (Benzur, 2005, págs. 283-284). El intersexualismo, es un término mucho más amplio, pues hace referencia a “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente” (OHCHR). Esto no implica, necesariamente, tener los dos órganos reproductores, o los genitales exteriores, sino que aborda otras formas sexuadas

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del cuerpo, por ejemplo, “cuando el tamaño del pene es “demasiado” pequeño y cuando el clítoris es “demasiado” grande de acuerdo a ese mismo estándar del que antes hablaba, cuando el final de la uretra está desplazado de la punta del pene a uno de sus costados o a la base del mismo, o cuando la vagina está ausente” (Benzur, 2005, pág.

184).

Las reivindicaciones particulares de los intersexuales en el colectivo o movimiento LGBTI van en dos vías. La primera relacionada con las personas intersex en forma general, y la segunda, se relacionan directamente con los intersex que se encuentran en su primera infancia, infancia y adolescencia. La primera busca remediar situaciones de prejuicio y discriminación, y la reivindicación de sus cuerpos como sexuados, independientemente de que no cumplan con las características biológicamente establecidas en el código binario masculino-femenino. La segunda, responde directamente a una parte del ciclo vital (primera infancia, infancia y adolescencia), pues se considera que la prevención de las múltiples violencias a las que son sometidos. Algunas de estas reivindicaciones son:

El no ejercicio de la mutilación involuntaria a niños y niñas intersexuales y no imponer la heteronormatividad, basada en el paradigma genitalidad orientación sexual (Escobar Martínez, 2007).

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El no ejercicio de la “racionalidad biomédica” en los protocolos de atención de pacientes intersexuales. Esta se basa en la idea de que “hacer una mujer es más fácil que hacer un hombre”. Su crítica se encuentra en que esta premisa, con la que fueron intervenidas involuntariamente, muchos niños y niñas intersexuales, está cargada de violentos sesgos misóginos y homofóbicos. Misóginos, en la medida en que la feminidad queda reducida una realidad que puede ser imitable y homofóbico porque la masculinidad, tal cual se la entiende culturalmente, no puede ser parodiada. Según expresan, va más allá de la funcionalidad de “hacer” un órgano masculino, como el pene, en la intervención (Benzur, 2005).

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No ser discriminados en condición de ser considerados con cuerpos “mal formados” o “defectuosos”.

Orientaciones sexuales disidentes: Homosexualidad y bisexualidad.

Las orientaciones sexuales no hegemónicas presentan una constante lucha contra la heteronormatividad, entendiendo esta como la “heterosexualidad obligatoria”, que se generan a partir de un “conjunto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano” (Sandoval Zapata, 2014; retomando a Warner, 1991).

Orientaciones sexuales divergentes a la heterosexual hay, por el momento, dos. La primera es llamada homosexualidad, que hace referencia a “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”, Los términos para referirse a la homosexualidad femenina es lesbianismo, y gay a la masculina. La segunda es denominada bisexualidad, y que hace referencia a “la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o también de su mismo género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas” (OHCHR)

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ENFOQUE DIFERENCIAL POR CICLO DE VIDA

or ciclo vital se entienden las diferentes etapas generacionales del desarrollo humano: primera infancia (0 a 5 años) , infancia (6 a 11 años) , adolescencia (12 a 17 años), juventud (14 a 28 años), adultez (18 a 60 años) y adultez mayor (60 años, en adelante). Como puede observarse, en algunas etapas de desarrollo, como la adolescencia y la juventud, se presentan una serie de superposiciones en las edades que establecen como inicio y fin de cada ciclo. Por esto, son consideradas transitorias, pues en ellas el individuo se encuentra en un momento de adaptación. En la misma línea hay que advertir que la fijación de los ciclos vitales por rango de edades, sirve solo como referente operacional, que permite fijar metodologías y estrategias para las actuaciones públicas, pero puede no corresponder, en forma

absoluta e inamovible, a la variedad, individual y cultural, en la que se encuentra cada sujeto.

Las políticas públicas con ED, toman como variable transversal el ciclo de vida, en tanto se piensa que la identidad se construye a partir del cúmulo de las experiencias logradas a lo largo de la vida. Generalmente, ponen énfasis en las primeras etapas del desarrollo humano, pues parten de reconocer que “las intervenciones en u n a generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior” (Ministerio de Salud). También prestan especial énfasis en la adultez mayor, en tanto reconocen las situaciones de extrema vulnerabilidad de esta población específica.

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Se puede tomar por ejemplo un sujeto indígena Nasa.

Si bien, su identidad primaria recae en la pertenencia étnica, su ciclo de vida no corresponde al que generalmente vive el resto de la población. Según Adriana Menza, integrante del Cabildo Nasa de Santiago de Cali, en su pueblo “se es mayor de edad a partir de los 14 años y, de acuerdo al marco normativo, son adultos mayores a partir de los 50 años. La juventud no parte de un ciclo de vida determinado, pues se puede ser adulto mayor y seguir siendo joven de espíritu”. Esto indica que en su cultura no existen ni la adolescencia ni la juventud, tal cual la conocen los colombianos que no pertenecen a su grupo étnico.

Este capítulo tratará de desarrollar tres poblaciones que, por ciclo vital, son parte importante del ED. El primero, los niños, las niñas y adolescentes; los jóvenes, en segundo término y, finalmente, los adultos mayores.

3.1. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: DE MENORES DE EDAD A SUJETOS DE DERECHO. La niñez y la adolescencia son categorías que, en la última década, han sido objeto de un debate jurídico importante: ¿cómo consideramos a los niños, niñas y adolescentes?

Son ¿menores de edad, o sujetos de derecho? Siguiendo el primer término, tienden a ser considerados “sujetos de la minoridad”, lo que los caracteriza como individuos en necesidad de protección por parte de terceros, entre los que se encuentra el Estado. Bajo este esquema, el menor se considera incapaz de valerse por sí mismo, lo que redunda en su incompetencia para tomar decisiones respecto a lo que atañe a su vida personal, estaba a cargo de terceros: familia, tutores o Estado.

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NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen muchas normas legales que los protegen. Las principales son:  La Declaración de los Derechos del Niño (1959) y La Convención de los Derechos del Niño (1989).  Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil OIT (1999).  La Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia.  Conpes 3673 de 2010: Política de prevención del reclutamiento infantil.  Conpes 147 de 2012: estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años.  Decreto 1021 de 2011: se adopta la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y familia en el Valle del Cauca.

En posición contrapuesta, considerar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, implica romper con las nociones de “minoridad” planteadas anteriormente. Sus críticas recaen sobre: (i) la desprotección de la subjetividad, en tanto no se le otorga la capacidad de elección sobre su propia vida; (ii) la incapacidad de autonomía y, (iii) el carácter punitivo, pues al desconocer los derechos del menor, también se desconocen sus obligaciones o responsabilidades sociales (Salomone, 2008). Por el contrario, concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho implica, devolver la titularidad sus derechos, ponerlos en igualdad de condiciones que los adultos ante la ley, con algunas consideraciones especiales debido a sus condiciones y, principalmente, considerarlos actores que inciden en todas las esferas de la vida, tanto privadas como públicas. Además, los derechos son considerados exigibles (Corvera, 2011, pág. 81).

Colombia en el Código de Infancia y Adolescencia, se sumó a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y estableció que, por ley, niños, niñas y adolescentes serían considerados sujetos titulares de derecho, amparados bajo protección integral y protegidos por el principio de “corresponsabilidad”, lo que implica la obligación de todos los actores, -estado, sociedad y familia-, de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el mismo sentido, pone ahínco en la institucionalización de la norma, mediante la creación de políticas públicas integrales de niñez y adolescencia, que en consonancia con el ED (Ley 1098, 2006. Arts 3, 7 y 10).

Es a partir de esto que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha encargado de reestructurar toda la estrategia de Intervención Integral, adoptando dicho enfoque y así poder “fijar las bases y guías para orientar las actuaciones del ICBF y de quienes operan los programas del Instituto desde una perspectiva diferencial, de modo que puedan caracterizar adecuadamente a un niño, una niña o un adolescente, que sean respetuosos de su condición y que la atención que brinden no genere daños o transformaciones negativas en la subjetividad de la persona atendida y evite la perpetuación de estereotipos asociados a los roles de género, la heteronormatividad, la discriminación, la homofobia y el racismo.

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Con este modelo se debe asegurar que las Direcciones Misionales, las Áreas de Apoyo, las Regionales y los Centros Zonales, cuenten con las competencias y capacidades que se requieren para su implementación” (ICBF, 2013, pág. 8). La adopción del ED, además, se genera a partir de la implementación de la perspectiva de derechos, lo que implica implementar una Doctrina de Protección Integral, enfocada el reconocimiento de los derechos, garantía de su ejercicio, prevención de amenazas o vulneración y restablecimiento de los derechos vulnerados.

3.2. JÓVENES: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA La condición juvenil es “una construcción social; dependiendo de la época histórica y de la sociedad en la cual nos encontramos, se considerará joven a personas de diversas edades […] Aunque hay un cierto consenso al pensar que la juventud se inicia con la pubertad y, por lo tanto, es la biología quien la determina, no menos cierto es que no hay ningún acontecimiento biológico que marque su final, que queda marcado por la sociedad, ya que se considera llegado con la independencia económica y la formación familiar” (Observatorio de Juventud de las Illes Balears (OBJIB), 2012).

En la legislación colombiana, se entiende como joven a “toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”; y por juventud el “segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas, relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente. Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población, en relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las capacidades físicas, intelectuales y morales” (Ley 1622, 2013. Art. 5).

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: Los jóvenes están protegidos por:  Ley 1622 de 2013 o Ley Estatuaria de Ciudadanía juvenil.  Ley 1429 de 2006 o Ley de Formalización y Generación de Empleo.

Conpes 173 de 2014, lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes Fuente especificada no válida..

Ordenanza 286 de agosto 12 de 2009. Adopta el sistema y La Política de Juventud del Valle del Cauca.

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En la actualidad los jóvenes son considerados la población mayoritaria de Colombia. Respondiendo esta realidad, la Ley 1622, plantea la necesidad de crear una ciudadanía juvenil, entendida a partir de la exigibilidad de derechos juveniles en tres niveles: (i) Ciudadanía Juvenil Civil, que “hace referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles y políticos, de las y los jóvenes cuyo desarrollo favorece la generación de capacidades para elaborar, revisar, modificar y poner en práctica sus planes de vida”; (ii) Ciudadanía Juvenil Social, entendida como el “ejercicio de una serie de derechos y deberes que posibilitan la participación de las y los jóvenes en los ámbitos sociales, económicos, ambientales y culturales de su comunidad”; y, (iii) indica “el ejercicio de los derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las instancias donde se toman decisiones que inciden en las realidades de los jóvenes”.

3.3. ADULTOS MAYORES: POTENCIALIZAR LA EXPERIENCIAS. La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez (2007), define el envejecimiento como “el conjunto de transformaciones y o cambios que aparecen en el individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales”, y considera adultos mayores a aquellas personas que “tienen 60 años o más (o mayores de 50 años si son poblaciones de riesgo)”.

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: Además de la Ley 1251 de 2008, “por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”, en departamento cuenta con:  Ordenanza No. 329 de 2008, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores del Valle del Cauca, según la Ley 1251 de 2008 y se dictan otras disposiciones”.

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Los prejuicios y prácticas sociales en torno a la vejez, están basados principalmente en las nociones de dependencia, enfermedad, violencia intrafamiliar, intolerancia, soledad, improductividad y la imposibilidad del trabajo remunerado. Esto lleva a que los adultos mayores, se encuentren en la necesidad de ser sujetos de una política pública con ED, que contemple un cambio estructural en la forma cultural de entender la vejez, que la considere como una potencialidad del ser humano, debido a la experiencia adquirida, y no como un obstáculo para el desarrollo social.

Lograrlo implica generar intervenciones “a través de todo el ciclo de vida, creando espacios reales de desarrollo de capacidades y competencias en los individuos, las familias, las comunidades a través de espacios formales de capacitación y educación como lo son la enseñanza básica primaria, la enseñanza secundaria y la enseñanza profesional, especialmente en el área de la salud, las ciencias sociales y de las comunicaciones, sobre envejecimiento activo, actividades y estrategias de promoción de la salud a fin de lograr poblaciones sanas, personas mayores saludables, integrados a la sociedad, participando en los procesos de planificación y gestión de los sectores de su interés, compartiendo experiencias con otros, reconstruyendo la historia local, aportando desde su saber y desde sus potencialidades. Se quiere también desarrollar estrategias e intervenciones tendientes a transformar la imagen de la vejez con estereotipos inadecuados, por aquellos que rescaten el valor de las personas mayores y de la vejez, como proceso” (Ministerio de Protección Social, 2007). La promoción de la imagen positiva del adulto mayor, debe recaer en una serie de estrategias que incluyan la desnaturalización de los prejuicios, el reproche a las prácticas discriminatorias, a la generación de comunicación intergeneracional y, también, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

Se trata, así de adoptar la perspectiva del “envejecimiento activo”, que no refiere solo a la capacidad física, sino también a poder ser tratados, en términos igualitarios, como personas que siguen aportando al desarrollo político, social y cultural de la nación.

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ENFOQUE DIFERENCIAL EN PERSPECTIVA ÉTNICO-RACIAL. LA IMPORTANCIA DE LA PLURIETNICIDAD

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ran parte de la diversidad cultural del Estado colombiano corresponde a la existencia de grupos étnicos minoritarios. Del total de la población, el 10,6% corresponde a los afrocolombianos, 3,4% indígena y 0,001% Rrom (DANE, 2005). Los grupos étnicos se “diferencian en el conjunto de la sociedad nacional o hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de sus costumbres y tradiciones. Estas últimas le permiten construir un sentido de pertenencia con su comunidad de origen, pero tal autoreconocimiento, no es un obstáculo para que sean y se identifiquen como colombianos. De este modo, comparten dos sentires: uno étnico y otro nacional” (Ministerio de Educación).

A pesar de que históricamente Colombia ha sido un país etnodiverso, el reconocimiento de esta condición corresponde a un proceso nuevo. Empieza en la década de los setentas del siglo XX, con los procesos organizativos de los pueblos indígenas, continúa en la década de los ochentas del mismo siglo, con los movimientos sociales de las comunidades negras, y termina en 1999, con la creación de asociaciones de base de la comunidad gitana o Rrom. Estas luchas sociales y políticas, quedan materializadas en la Carta Constitucional de 1991, en tanto “el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Art. 7). “... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, será bilingüe” (Art. 10). “Las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Art. 63). “... tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural...” (Art. 68). “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas” (Art. 286)” (DANE, 2005).

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Mientras indígenas y comunidades negras empezaron sus reivindicaciones sociales antes de la constituyente, exponiendo la urgencia de recibir un trato estatal respetuoso de su diversidad cultural, el pueblo gitano utilizó la invisibilización como estrategia de resistencia. Por ello, sólo hasta la institucionalización del Estado Social de Derecho, y su apuesta por la protección de la diferencial cultural, los Rrom empezaron sus procesos organizativos propios (Gracia & Molnar, 2013). Es importante decir, así, que si bien la existencia de los grupos étnicos colombianos es histórica, la Constitución Política de Colombia de 1991 constituyó “la concreción y expresión normativa de la necesidad de fomentar en toda la sociedad relaciones de mutualidad e interculturalidad, en vez de relaciones de dominación de la sociedad hegemónica hacia las minorías étnicas” (Dane, 2005; retomando a Bodnar, 2005). El ED entra, como postura política, a tejer las redes que ayuden a pasar de los naturalizados procesos de dominación, basados en la raza/etnia, a la apertura de canales de comunicación interculturales.

4.1. RAZA Y ETNIA. PRECISIONES CONCEPTUALES. Las prácticas discriminatorias y prejuiciosas hacia indígenas, comunidades negras y gitanas, se basa en la naturalización de dos conceptos que han regido las dinámicas sociales de sociedades pluriétnicas: raza y etnia. Éstos ponen jerárquicamente lo blanco-mestizo, sobre lo negro, indígena u otras identidades.

El termino raza, como concepto propiamente dicho, solo empezó a utilizarse desde el siglo XIX; sin embargo, antes de eso, ya existían otras nociones de clasificación social basadas en el Otro cultural. El primer concepto que trató de evidenciar la diferencia cultural fue “linaje”, entendido como la “estirpe de descendientes vinculados a un ancestro común; un grupo de personas que compartía una cierta ascendencia, que les debería otorgar cualidades más o menos comunes” (Wade, 2000, pág. 12).

Esta noción se utilizó hasta 1800, con el propósito solo de especificar las líneas de parentesco, por lo que no importaba el aspecto físico de quienes hacían parte. Sin embargo, no fue el linaje la concepción dominante de la época. Según la antropóloga Mary Pratts (2010, pág. 66), fue hasta 1735, con el “Sistema de la Naturaleza”, del botánico Carlos Linneo, que se trató de realizar una teoría biológica de las razas humanas. Linneo, adoptó el método propio de las ciencias naturales para realizar una taxonomía, basada en la clasificación humana, caracterizados de la siguiente manera:

a)

“Hombre salvaje: Cuadrúpedo, mudo, peludo.

b)

Americano: De color cobrizo, colérico, erecto; cabello negro, lacio, espeso, fosas nasales anchas. Rostro áspero; barba escasa, obstinado, contento, libre. Se pinta con finas líneas rojas. Regulado por costumbres.

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c)

Europeo. De tez blanca, sanguíneo, fornido; cabello rubio, castaño, sedoso; ojos azules, amable, agudo, inventivo. Cubierto por vestimentas ceñidas al cuerpo. Regido por las leyes.

d)

Asiático. Oscuro, melancólico, rígido. Cabello negro, ojos oscuros; severo, arrogante, codicioso. Cubierto con vestiduras sueltas.

Regido por opiniones.

e)

Africano: Negro, flemático, relajado. Cabello negro, rizado, piel sedosa, nariz chata, labios túmidos, indolente, negligente. Se unta con grasa. Regido por el capricho” (pág. 66).

Estas formas modernas de entender las diferencias humanas, solo fueron posibles en la medida en que Europa extendía su poder imperial a las colonias que poseía en América Latina, África y Asia. De esta manera, las clasificaciones sociales basadas en las diferencias culturales y en las diferencias físicas, estuvieron marcadas por el fuerte sesgo de superioridad de los europeos sobre los no europeos. A partir del concepto de raza, “la identidad humana y la categoría de persona se definieron cada vez más mediante un discurso de la raza, algunas razas de definieron como no racionales o estéticamente inferiores (sin el equilibrio natural de belleza y armonía) y se hizo posible que la raza definiera a ciertos pueblos como hechos para la esclavitud” (Wade, 2000, pág. 16).

Para el siglo XIX, el concepto de raza tomó más fuerza el paradigma que ponía las cualidades innatas y biológicas, como diferencias naturales entre unos y otros seres humanos. Empieza, desde este siglo, el reconocido “racismo científico”, que se constituyó en la legitimación racional para los procesos anteriormente mencionados de imperialismo, colonialismo y esclavismo, pero también fue

determinante para justificar las posturas de radicalismos raciales, que pueden ejemplificarse en las políticas nazis de la II Guerra Mundial y a la reticencia a acabar con la esclavitud, en algunos países ya constituidos como democráticos. A pesar de lo anterior, y debido también a investigaciones realizadas desde los campos de la biología y la genética, se pudo demostrar que, efectivamente, no existen razas, entendiéndolas como la variabilidad biológica diferenciada entre uno y otro grupo perteneciente al género humano.

El problema de hablar de razas sin tener el sustento científico que lo respaldó durante siglos, llevó a que se decidiera desechar el término. Entre los argumentos se encontraban, que utilizarlo podría generar confusiones, en la medida en que “el término en sí mismo es racista porque fomenta la idea de que sí existen dichos agrupamientos biológicos” (Wade, 1997, pág. 16). Es aquí cuando se empieza a utilizar el término “etnia”, en tanto no hace referencia a las características fenotípicas sino a las diferencias culturales que marca a un grupo como distinto de otros, que hace referencia, generalmente, a ciertos rasgos culturales y lingüísticos compartidos.

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No obstante, desechar la raza como categoría analítica, no es recomendable, ni teórica ni políticamente.

Al contrario, es preciso reconocer que posee efectos sociales de verdad, materializados en prácticas y prejuicios discriminatorios que unen determinados fenotipos o biotipos, como el color de piel, a ideas de inferioridad cultural. Esto implica que, si bien las características fenotípicas no dicen en sí mismas nada sobre los sujetos que las poseen, se les atribuye siempre significados culturales a esos rasgos, ya sea de inferioridad o superioridad social, política y cultural. En esta lógica, es necesario reconocer que el racismo sigue siendo una fuerza social que continúa, a pesar de que ahora entendamos que la raza es una construcción social. Como alude Peter Wade, no ayuda al mejoramiento de las condiciones de quienes quedan en posiciones de desventaja por su adscripción a una minoría.

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS:  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.  Ley 1381 de 2010, o Ley de lenguas.  Decreto 804 de 1995, que regula la atención educativa para los grupos étnicos.  Decreto 1320 de 1998, que reglamenta la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.

En la misma línea, detrás de la discusión terminológica sobre raza y etnia, se encuentra una toma de posición política, que lleva a reconsiderar que, la utilización del término “etnia” sin agregarle su variable racial, invisibiliza todas las experiencias de discriminación basada en las clasificaciones antes mencionadas. Es por ello que, la apuesta que aquí se plantea no es caracterizar el ED en perspectiva étnica, sino étnico-racial, entendiendo que las prácticas y representaciones generales, la diferencia física determina la manera peyorativa de entender los rasgos culturales disímiles a los hegemónicos y naturaliza su supuesta condición de inferioridad. Esto queda evidenciado en opiniones del saber común que indican, por ejemplo, que los negros son perezosos y pasionales, o los indígenas son maliciosos, lo que marca “el lugar de la diferencia”, en el que la raza/etnia es causal de desigualdades sociales.

En el contexto colombiano, el Estado emprendió un proyecto republicano que pretendía tener una sola lengua, la castellana, una sola religión, la católica y una sola raza, el mestizo. Es así como empezó a fundarse el mestizo como el símbolo de la identidad nacional y el mestizaje en el mito fundacional y como ideología que marcaba “el proceso de la homogeneización nacional y el ocultamiento de una realidad de exclusión racista detrás de una máscara de inclusión” (Wade, Repensando el mestizaje, 2003, pág. 273).

El mestizaje como ideología nacionalista, implicó generar una idea de democracia racial, donde había una aceptación de las distintas culturas que componían al sujeto mestizo, de acuerdo a los tres grupos preponderantes que quedaron de la Colombia colonial: blancos europeos, negros e indígenas. Si bien, en términos discursivos, el mestizaje implicaba

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la aceptación de las uniones interraciales, esas tenían como último fin el blanqueamiento racial y la homogenización, con el carácter de establecer el progreso de la nación hacia lo que era considerado culturalmente superior. Esto implica entender “<<la ideología todo inclusiva de la exclusión>>. Es decir, parece ser inclusivo –y las elites nacionalistas la representan como tal–, pero en realidad es exclusiva porque el mestizaje se entiende como un proceso mediante el cual se eliminan paulatinamente las poblaciones negras e indígenas, mientras se blanquea la población nacional” (Wade, 2003, pág. 277; retomando a Stutzman, 1981).

Es por ello que la CPC de 1991 se considera un parte aguas en la forma de entender las relaciones raciales de la nación, pues reconoce que al imponer al mestizo como el sujeto étnico nacional, genera es una coexistencia entre un discurso superficial de inclusión y aceptación de la diferencia cultural con el racismo. Si bien la CPC de 1991 abrió nuevos espacios para la generación de espacios interculturales respetuosos de la diferencia, aún perviven situaciones donde se generan discriminaciones por motivo de la raza o la etnia. Es por ello que la lucha, aún después de veinte años del cambio constitucional, debe seguir en pos de la ampliación de los derechos de las minorías étnicas en contextos de garantía.

4.2. PUEBLOS INDÍGENAS: Solo contando los 83 pueblos indígenas que habitan dentro del territorio nacional, Colombia se posiciona como el segundo país más etnodiverso a América Latina, después de Brasil, que cuenta con 241, y seguido por México, con 67 (UNICEF).

Además, “se reconocen al menos [...] 64 lenguas oficiales en los propios territorios. En la actualidad, existen 710 resguardos 51 titulados, ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del país, que ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas, equivalente al 29,8% del territorio nacional” (Montealegre, 2011, pág. 35).

Debido a la amplia diversidad de pueblos indígenas, ningún organismo, nacional o internacional, ha adoptado un concepto oficial de indígena, sin embargo, en términos generales se los considera pueblos que han ocupado ancestralmente el territorio y que poseen “idiomas, sistemas de conocimiento y creencias particulares y conocimientos importantes de prácticas relacionadas con la ordenación sostenible de los recursos naturales. Su relación con la tierra y el uso tradicional que hacen de ella tienen su particularidad propia. Sus tierras ancestrales tienen importancia fundamental para su supervivencia física y cultural colectiva como pueblos.

Los pueblos indígenas tienen sus propios concepto de desarrollo, basados en sus valores tradicionales, su concepción del mundo, sus necesidades y sus prioridades” (UNESCO, 2012).

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: Los indígenas poseen una amplia legislación que protege sus derechos. Entre las más importantes se encuentran:  Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo: Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales.  Ley No. 21 de 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. Consulta Previa.  Ley No. 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.  Objetivos del Milenio para los Pueblos Indígenas de 2007.

Ley 649 de 2001, para crear la Circunscripción Nacional Especial.

Decreto 1088 de 1993, por la cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.

Ley No. 1454 de 2011 por la cual se dictan las normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

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Para la Organización de las Naciones Unidas (2007), el método más conveniente para identificar a los pueblos indígenas no consiste en generar una definición unívoca de lo que son, sino en considerar unas directrices operacionales que tengan en cuenta cuestiones como:

a)

Auto-adscripción étnica

b)

Existencia de sus grupos desde épocas pre-coloniales

c)

Vínculos simbólicos fuertes con su territorio

d)

Sistemas sociales, económicos y políticos determinados

e)

Idioma, cultura y creencias diferenciados.

Este concepto operacional ha resultado problemático para caracterizar a los pueblos indígenas, en la medida en que dichas características se convirtieron en criterios de exigibilidad para demostrar, ante el Estado y la sociedad, la identidad étnica y, a partir de ello, poder exigir el acceso a ciertos derechos específicos. La dificultad recae en que no reconoce los múltiples contextos en los que los pueblos indígenas se desenvuelven, que en muchos casos están acompañados de procesos de pérdida de territorios, ya sea por migraciones económicas o forzadas, o por el peligro de extinción de determinadas lenguas vernáculas, por los mismos procesos de aculturación del Estado que, les exigió siempre utilizar el castellano como lengua oficial. Es preciso decir, así, que el principal responsable de la discriminación hacia los pueblos indígenas, durante la mayor parte de la historia republicana ha sido, precisamente, el Estado.

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 Decreto 1953 de 2014 Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política.  Decreto 2719 de 2014 Por el cual se definen los parámetros y el procedimiento que los Resguardos Indígenas deberán cumplir para acreditar la experiencia y/o buenas prácticas como requisito para la ejecución directa de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, y se dictan otras disposiciones.  Auto 004 de 2009 para la Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04.

Es por ello que, la principal vulneración que han sufrido estos pueblos y desean resarcir es, “el debilitamiento de la identidad […] y de conocimientos y saberes ancestrales, así como en el debilitamiento de los sistemas de autoridad tradicional y de las formas propias de organización y control social, es uno de los principales factores de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que pone en alto riesgo su pervivencia y el legado cultural para las nuevas generaciones” (Ministerio de Cultura, 2000).

Además “La invisibilización de los indígenas como sujetos colectivos de derecho, como individuos con y como una manera diferente de ser y de ver el mundo y la vida, ha impedido que el país conceptualice correctamente, reconozca jurídicamente, establezca políticas públicas e instancias de participación adecuadas para posibilitar su valoración y desarrollo” (UNICEF).

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Las condiciones de vida sujetas a vulnerabilidad, según indica la ONU (2007), son:

a)

b)

Indígenas en contextos urbanos: cada vez es más grande el porcentaje de migración indígena a las ciudades, lo que representa un cambio, no solo en sus formas de actuar, pensar y sentir el contexto cotidiano, sino también en la poca capacidad institucional de las ciudades para hacer frente a estas realidades.

Indígenas aislados y amenazados: estos casos refieren a los grupos étnicos que han estado aislados o han poseído poco contacto con la sociedad mayoritaria.

Es el caso, por ejemplo, de los Nukak Makú, última tribu nómada del planeta y que apenas tomaron contacto intercultural desde la década de los ochentas, lo que devino en diversos problemas para ellos como el rapto ilegal de niños, el reclutamiento para trabajar cultivos ilegales, el contagio de enfermedades y epidemias a las que no habían estado expuestos antes.

d)

Conflicto interno y violencia política pública: las poblaciones indígenas quedan en medio de la confrontación de los actores, legales e ilegales, del conflicto armado.

Por ello, a pesar de que en términos porcentuales solo representan el 3,4% de la población social, ponen el 12% de los desplazados por conflicto armado.

e)

Extrema pobreza: el 63% de la población indígena se encuentra en la pobreza y el 46,6% en la pobreza estructural, según indica PNUD (2012).

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4.3. AFROCOLOMBIANOS, COMUNIDADES NEGRAS RAIZALES Y PALENQUERAS Las comunidades negras de Colombia fueron reconocidas como grupo étnico, por primera vez, con la ley 70 de 1993, que en el artículo 5 las define como “el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”. A partir de esta ley, se establecieron sus derechos específicos al territorio, cultura e identidad.

Pese a esto, es preciso hacer algunas salvedades para caracterizar a este grupo poblacional: existen distintos etnónimos que se han generado para denominarlos, entre los que se encuentran, principalmente, afrocolombianos, y comunidades negras o negritudes. El primero de ellos, es utilizado para reconocer el “valor cultural y étnico de estas comunidades con huellas de africanía”. Esto indica que los afrocolombianos son aquellos nacionales, cuyos antepasados llegaron desde África hasta el continente americano en condición de esclavos. Quienes reivindican las huellas de africanía como parte constitutiva de las identidades Afro, aluden a la necesidad de entender que los africanos que llegaron a poblar el continente no eran, de ninguna manera, una cultura homogénea sino que, al contrario, pertenecían a distintos grupos étnicos y también una diversidad de lenguas propias (Ministerio de Cultura, 2010).

A pesar de la pérdida de ciertos rasgos culturales, como la lengua, debido a la desintegración de clanes y tribus por parte de las potencias coloniales para convertir a los negros en mano de o b r a esclava, los Afrocolombianos han logrado mantener, en el tiempo y a pesar de la adversidad de los contextos, “formas de adaptación y resistencia cultural, a través de medios simbólicos como las canciones de cuna los tambores, los conocimientos de medicina tradicional, el sincretismo d e manifestaciones mágicoreligiosas, así como a través de mecanismos materiales y directos que incluyeron suicidios, abortos, rebeliones, enfrentamientos, fugas y cimarronaje” (Ministerio de Cultura, 2010).

El término “afrocolombiano”, o “afrodescendiente”, ha sido sometido a crítica en la medida en que es considerado un “eufemismo que invisibiliza los imaginarios negativos y las prácticas de discriminación alrededor de las negritudes en el contexto colonial, y sus pervivencias hasta la actualidad” A partir de toda esta evaluación conceptual, “algunos movimientos se han autodenominado negritudes, para hacer énfasis en la carga peyorativa y en los imaginarios negativos alrededor del color de piel “negro”, que hicieron de una categoría colonial un dispositivo legitimador de marginación” (Ministerio de Cultura, 2010).

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Sus detractores, ven como principal problema conceptual considerar a estas comunidades a partir de sus “huellas de africanía”, pues la piensan una noción restrictiva, en tanto “existe el peligro de que solo aquellos que puedan mostrar o suponer que tiene raíces africanas puede ser considerado como cultura negra “legítima” (Wade, 1997, pág. 19). Aluden a que, efectivamente existe un bricolaje en las prácticas culturales de África que han sido dinamizadoras, hasta hoy, de algunas comunidades negras del pacífico y el caribe colombianos. Sin embargo, la mayoría de la población negra de Colombia, que habita las zonas urbanas, no posee en su cotidianidad estas prácticas, por lo que quedan por fuera de la protección por condición étnica. Además, es un concepto que, al resaltar la tradición, no “capta la constante y crítica participación de las comunidades negras en la modernidad” (Wade, 1997, pág. 19).

4.3.1. RAIZALES Los raizales colombianos hacen parte de las poblaciones caribeñas y se encuentran ubicados en la región del archipiélago: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se caracterizan por poseer identidades culturales en las que converge un carácter étnico –mestizaje entre gente negra e indígena-, con la superposición de olas migratorias -holandeses, ingleses, españoles, franceses y africanos-. Debido a esto, poseen otros dialectos -creole e inglés caribeño- y son practicantes de la religión bautista.

La necesidad de dar un tratamiento especial a Raizales, se debe a que, además de las discriminaciones y vulneraciones ya sufridas a razón de la raza/etnia, fueron ampliamente considerados por el proyecto nacional como una población problemática, en la medida en que sus identidades culturales parecían ser mucho más cercanas a las Antillas Inglesas que a la cultura dominante andina continental. Es por ello que el Estado emprendió un proceso de “colombianización”, que fue en general un proyecto de aculturación,

que empezó con la imposición de la enseñanza en las escuelas en lengua castellana y la imposición de la religión católica, que llevó a mitad del siglo pasado al cierre de “iglesias bautistas, que eran el eje sociocultural y educativo del archipiélago” (Valencia I. H., 2011, pág. 74).

El conflicto social en el Archipiélago se incrementó, además, cuando en 1954 la nación decide consideras a San Andrés puerto libre y turístico, lo que llevó a que muchos isleños abandonaran sus

economías tradicionales para dedicarse al comercio, al mismo tiempo que una nueva ola migratoria de colombianos, principalmente provenientes del caribe continental, Valle del Cauca y Antioquia, que llevó a un malestar general, debido a la poca disponibilidad de recursos y tierras. Esto, además de crear los conflictos ya visibles por la competencia hacia los escasos recursos económicos y ambientales, aumento la tensión social en la medida en que los pobladores provenientes de continente –llamados “pañas” por el isleño/raizal- empezó a considerarse como el enemigo invasor, lo que se materializó, incluso, en la formación de fronteras imaginarias que separaron la isla en dos: la parte norte, dedicada a las economías del turismo y el comercio y, la parte sur de la isla, propiamente raizal, donde en muchas ocasiones se vetó, incluso, la convivencia con no-raizales. Esto, además, se ha ido intensificando en tanto cada vez más la población raizal sufre el desplazamiento territorial y el hacinamiento a los confines de la isla.

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Fue en ese contexto de conflictividad que empezaron sus procesos de etnización. Los isleños/raizales vieron la posibilidad en la CPC de 1991, lo que llevó a que se les reconociera el estatus de departamento especial y algunas medidas especiales para protegerlos como el control de la migración, en la que solo tienen derecho a habitar la isla quienes nacen en ella, la generación de organizaciones civiles de diversas índoles en lo que ahora se denomina movimiento raizal.

4.3.2. PALENQUEROS La necesidad de dar un tratamiento especial a Raizales, se debe a que, además de las discriminaciones y vulneraciones ya sufridas a razón de la raza/etnia, fueron ampliamente considerados por el proyecto nacional como una población problemática, en la medida en que sus identidades culturales parecían ser mucho más cercanas a las Antillas Inglesas que a la cultura dominante andina continental. Es por ello que el Estado emprendió un proceso de “colombianización”, que fue en general un proyecto de aculturación,

Condiciones de VulnerabilidaD

Si bien es cierto que los palenques en la época colonial fueron múltiples, en la actualidad Colombia cuenta con uno que ha logrado mantener sus prácticas culturales propias, este es San Basilio de Palenque. Su importancia radica en que fue el primer pueblo de cimarrones libres de todo el continente americano, y ha logrado conservar, hasta la actualidad, tanto su lengua palenquera, como sus tradiciones africanas.

“Racismo y discriminación racial”

A partir del reconocimiento de este grupo, la Ley 70 reconoció la necesidad de crear en San Basilio de Palenque una autoridad territorial, la propiedad colectiva de las tierras, etnoeducación, y otros derechos colectivos que permitieran la posibilidad de seguir reproduciendo sus prácticas culturales únicas en el tiempo. Además, en 2005 UNESCO lo declaró Patrimonio Intangible de la Humanidad, cuestión que si bien no ha representado un mejoramiento en las condiciones de vida de sus habitantes, sí permite visibilizar la invaluable riqueza cultural de los palenqueros (Ministerio de Cultura, 2010).

Existen, a raíz de la larga historia de exclusión de las comunidades negras y afrodescendientes de Colombia, un número de problemáticas que han pervivido hasta hoy, incluso con los marcos de protección legal de los grupos étnicos. Estos son:

a) b) Baja participación y representación de la población afro en espacios políticos e institucionales de decisión.

c) Débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población afrocolombiana, palenquera y raizal.

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d)

Mayores dificultades para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo educativo, lo cual limita el acceso a empleos de calidad, y opciones de emprendimiento, reduciendo las oportunidades de superación de la pobreza.

e)

Desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja especialización y remuneración (empleos de baja calidad).

f)

Escaso reconocimiento y valoración social de la diversidad étnica y cultural como uno de los factores que definen la identidad nacional.

g)

Deficiencias, en materia de seguridad jurídica, de los derechos de propiedad de los territorios colectivos.

h)

Insuficiencia en la incorporación e implementación de las iniciativas y propuestas que surgen de la población afrocolombiana, palenquera y raizal

i)

Baja disponibilidad de información sobre población afro, que amplíe la cuantificación y focalización de los beneficiarios, y que alimente una política pública adecuada a las particularidades étnicas y territoriales” (Ministerio de Cultura, 2010).

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4.3. PUEBLO RROM O GITANO Los romaníes están en América desde el siglo XV, primero a consecuencia de su deportación de España y Portugal y luego por emigración voluntaria desde el siglo XIX en adelante. La mayor parte de los romaníes colombianos pertenecen a la etnia Vlax y llegaron a Colombia por voluntad propia desde 1880 hasta 1920. Han tenido que afrontar un proceso de asimilación al que se opusieron decidiendo replegarse sobre sí mismos. Así, han podido conservar su idioma y una organización tradicional propia. Empero, como en Europa, los estereotipos sobre los romaníes colombianos son comunes, como asimilarlos a “vagabundos”, “ladrones” o “magos”” (Bustamante Cardona, 2012, pág. 39). El pueblo Rrom se caracteriza por continuar la pertenencia étnica a partir de un grupo de parentesco por vínculo paterno, poseen una lengua propia –el romaní-, y cosmovisiones también diversas.

Este grupo étnico está protegido por la Nación colombiana en:  Resolución No. 22 de 1999  El Decreto Número 2957 de 2010, por el cual se expide el marco normativo para para el pueblo Rrom o Gitano.

El DANE (2005) calcula la presencia de unos 4.858 gitanos o Rrom en el territorio colombiano. Su forma de organización social es reconocida como Kumpania, considerados lugares de co-residencia donde se asientan varias generaciones familiares, que han tenido que cambiar su carácter nómade por restricciones legales sobre la prohibición de montar campamentos en zonas públicas. Poseen, además, una economía asociativa denominada vortechia, mediante la cual se unen “dos (2) o más personas o entre (2) o más grupos familiares para trabajar en pos de una consecución económica mediante un oficio determinado, funcionando para ello bajo la estructura de unidad económica” (Bustamante Cardona, 2012, pág. 39).

La caracterización del pueblo Rrom como grupo étnico debe salir de dos prenociones importantes sobre los gitanos. La primera es su carácter itinerante, la segunda su pertenencia a una nacionalidad.

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LAS SITUACIONES Y/O CONDICIONES QUE MARCAN LA DESIGUALDAD SOCIAL. POBLACIONES EN VULNERABILIDAD SOCIAL

L

os capítulos abordados con antelación lograron evidenciar las condiciones de exclusión a razón de género, ciclo de vida y condición étnica. Las dos primeras, son consideradas variables transversales a cualquier ser humano. La tercera, importantísima en el complejo contexto intercultural colombiano.

Existen, sin embargo, otras condiciones de vulnerabilidad o de exclusión que no abordan la condición general del ser humano, sino que corresponde a situaciones particulares de existencia. Estos son: víctimas de la violencia y conflicto armado, personas en condición de discapacidad, personas en situación y/o ejercicio de la prostitución, ciudadanos habitantes de la calle y portadores del VIH- Sida.

Se los considera poblaciones vulnerables en la medida en que son personas o grupos poblacionales que no tienen la capacidad, material y simbólica, de hacerle frente a sus situaciones por sí mismos, por lo que necesitan de la intervención estatal. “El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos.

Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de ese evento” (Pizarro, 2001, pág. 11). Por condiciones de vulnerabilidad se entienden las desigualdades históricas, culturales, sociales y biológicas que impiden a ciertas poblaciones tener un desarrollo social igualitario al resto de la población (Ministerio de Educación, Portal Educativo Colombia Aprende).

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Si bien es cierto que, las concepciones sobre vulnerabilidad social, durante algunas décadas, primaron como sujeto de intervención al pobre, en tanto considera que el desarrollo implica mejorar las necesidades básicas insatisfechas, una teoría amplia del desarrollo implica no sólo pensar la vulnerabilidad en términos de la desigualdad económica estructural, sino también atender otras condiciones o situaciones de vida que impiden el goce efectivo de los derechos. En por ello que en la actualidad existe un consenso fundamental que indica que hay que entender el desarrollo como la realización completa del ser humano, a partir del efectivo acceso a sus derechos, y no solo en términos de satisfacción de necesidades.

Según el Ministerio de Educación, las principales vulneraciones de las poblaciones con necesidad de protección estatal son:

A. Institucionales

a)

Poca o nula presencia del o en el Estado o acceso a los servicios que éste debe prestar

b)

Carencia de un desarrollo institucional a nivel local y regional que atienda las necesidades básicas de las poblaciones.

c)

Dificultades de comunicación y relaciones de dependencia y desequilibrio con la economía de mercado.

d)

Asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o urbano marginales

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B. Ambientales y del Entorno

a)

Ausencia de manejo sostenible del medio ambiente, deterioro de ecosistemas por fenómenos de extracción indiscriminada de recursos naturales

b)

Presencia de cultivos ilícitos que degrada los ecosistemas intensificando todo tipo de problemas económicos, sociales y culturales

c)

Presencia de condiciones de extrema pobreza.

d)

Expansión de situaciones de violencia armada y desplazamiento forzoso.

e)

Para zonas de frontera, factores como la falta de documentación y el contrabando

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C. Salud

a)

Problemas graves de seguridad alimentaria.

b)

Problemas de desnutrición y anemia

c)

Altos índices de mortalidad, que afectan especialmente a niños y niñas, mujeres y ancianos

D. Culturales

a)

Situación de discriminación o riesgo de extinción no sólo en términos biológicos sino sociales y culturales, como poblaciones y como individuos.

b)

En el caso de las poblaciones étnicas, la vulnerabilidad está relacionada con las afectaciones a la integridad y a la capacidad de pervivir y transformar condiciones de vida y lograr legitimidad en su interacción con el resto de la sociedad, sin perder su cohesión, autonomía e identidad.

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E. Educativas

a)

Bajos índices de escolaridad y de eficiencia interna

b)

Dificultades frente a los procesos de aprendizaje”.

La labor del Estado y la sociedad es encontrar mecanismos de superación de estas condiciones y/o situaciones, a partir de la implementación de políticas públicas sociales que tengan en cuenta los principios de corresponsabilidad, participación, equidad, reconocimiento y multiculturalidad.

5.1. VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO La historia reciente de Colombia, se encuentra caracterizada por la presencia de un conflicto armado de más de medio siglo. En éste, actores legales, como las Fuerzas Armadas, han entrado en confrontación armada directa con actores ilegales, guerrillas y paramilitares, que desean disputar o desestabilizar el legítimo poder estatal. Debido a esto, el Estado colombiano registra en la actualidad 7.028.776 víctimas de la violencia política pública (Unidad de Atención Integral de Víctimas, 2014).

A pesar de que el conflicto armado ha sido de larga data, solo fue reconocida su existencia por parte del gobierno nacional hasta el 2011, con la pretensión de elaborar una ley de víctimas que no fuera ambigua para sus beneficiarios. En la misma línea, la ley considera víctimas a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero

de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima” (Ley 1448, 2011. Artículo 3).

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NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS: El Derecho Internacional Humanitario se aplica a los ciudadanos victimas en los países con conflicto armado, para limitar su evitar o limitar su sufrimiento.

Instrumentos de Derecho Internacional humanitario ratificados en Colombia:  Los Convenios de Ginebra, mediante la Ley 5 de 1960.  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y ratificada el 10 de octubre de 1961.  Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita el 22 de noviembre de 1984.

Aunque es bien sabido que la elección de una fecha para estipular quién es, o no, una víctima puede resultar arbitraria, era necesario la realización de una ley que fuera sostenible en el tiempo contemplara la acción de todos los actores ilegales del conflicto, esto implica que tanto guerrilleros como paramilitares estuvieran en la arena del conflicto. Debido a ello, para efectos de la misma ley, quienes sufrieron hechos victimizantes antes de la fecha estipulada, tendrán derecho a reparación simbólica y medidas de no repetición, pero no al resarcimiento económico.

NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS:  Ley 387 de 1997 "Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia."  Ley 1190 de 2008 "Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones."  Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras

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Para la legislación colombiana se consideran víctimas a aquellas personas que han sufrido los siguientes repertorios de violencia o hechos victimizantes:

1. Asesinatos Selectivos: Son la expresión de una estrategia criminal que busca enmascarar las dimensiones de las acciones de violencia contra la población civil. Esto se debe a que su carácter de acción individual y su patrón de ataque dificultan la identificación de los perpetradores. La estrategia se complementa con un régimen de terror diseñado para silenciar a las víctimas y garantizar así la impunidad del crimen (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 43).

Dentro de estos se encuentran también los asesinatos a persona protegida: “el matar a una persona que goce de protección especial por el DIH de manera dolosa constituye una conducta punible desde el punto de vista legal colombiano e Internacional. El Artículo 135 del Código Penal colombiano señala […] el que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia. Igualmente, el Estatuto de Roma establece en el Artículo 8.2 c).i que: “Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura” (Ley 1448, 2011).

2. Masacres u Homicidios Colectivos “Se entiende como el homicidio intencional de 4 o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del actor armado y la impotencia absoluta de las víctimas” (Grupo de Memoria Histórica, 2013)

3. Tortura: La tortura es entendida como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas” (Unidad de Víctimas, 2012).

4. Desaparición Forzada Se define la desaparición forzada como “una desaparición forzada como la privación de la libertad de una persona de la cual se desconoce su paradero, en la que no se pide algo a cambio y el victimario niega su responsabilidad en el hecho” (Centro de Memoria Histórica, 2013, pág.

59). Es victima el esposo o la esposa, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos (incluyendo adoptivos). A falta de estos, se considerara víctimas a los abuelos.

5. Secuestro: “El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona” y se considera secuestrador a “el que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político” (Centro de Memoria Histórica, 2013)

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6. Desplazamiento Forzado y Despojo Forzado

9. Reclutamiento Ilícito de Niños, Niñas y Adolescentes:

El desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad, que consiste en desalojar a las poblaciones locales, con el objeto de apropiarse de territorios estratégicos para el establecimiento de economías ilícitas. Esto obliga a la gente a migrar forzadamente, perdiendo la mayoría de sus bienes materiales.

Participación forzada de niños, niñas y adolescentes “en actividades bélicas o militares, el apoyo táctico a combatientes y el aporte a la satisfacción de necesidades primarias de los combatientes, como alimentación, enfermería y limpieza (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 86).

7. Despojos y Extorsiones

10. Acciones Bélicas

Es entendido como la expropiación de bienes materiales, para la utilización de los mismos o la apropiación ilegal de las tierras, cuando el bien expropiado es ésta. Se realiza mediante la superposición de distintos “mecanismos de coacción y violencia como pillaje, extorsiones, masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y violencia sexual que obligaban a los campesinos a abandonar las tierras. Una vez deshabitados los campos, los actores armados procedían a ocupar y apropiarse de las mejores tierras” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 76).

Por acciones bélicas se entienden aquellos actos que se realizan en el contexto de guerra, con propósitos de determinar objetivos militares.

Estas son, principalmente, combates, hostigamientos y enfrentamientos.

8. Delitos Contra la Libertad e Integridad sexual: Se entienden como delitos a la integridad sexual, un conjunto de hechos victimizantes, entre los que se encuentran: “la violación sexual; el acoso sexual; la humillación sexual; el matrimonio o co-habitación forzados; el matrimonio forzado de menores; la prostitución forzada y comercialización de mujeres; la esclavitud sexual; la desnudez forzada; el aborto forzado; el embarazo forzado; la esterilización forzada; la denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual o, por el contrario, la imposición de métodos anticonceptivos; la amenaza de violencia sexual; el chantaje sexual; los actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital femenina, y las inspecciones para comprobar la virginidad” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 77).

11. Minas Antipersonales, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo Improvisado: Artefactos explosivos que causan heridas irreparables en las extremidades de las personas víctimas. Es de realización artesanal y tiene un poder destructivo que dura entre 15 y 20 años.

Además, con el tiempo se mimetiza con las plantaciones.

12. Ataques a Bienes Civiles y Sabotajes: El fin último de esta práctica violenta es la “destrucción total o parcial de los bienes y sus entornos”, sin embargo, en muchas ocasiones el acto también “provocó lesiones y muertes de la población”. Responden “a diferentes lógicas que dependieron del actor armado implicado. En el caso del paramilitarismo, estuvieron asociados a prácticas como bloqueo económico, con namiento a comunidades y masacres de tierra arrasada […]por cuenta de las guerrillas se focalizó en las élites locales y regionales, y constituyó una forma de asedio constante con nes políticos y económicos;

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aunque de manera progresiva se ha ido extendiendo a las comunidades en general por medio de las tomas de poblaciones” (Grupo de Memoria Histórica, 2013, págs. 97-98).

13. Acto Terrorista: “Todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad p ú b l i c a d e l a v i o l e n c i a q u e c o n t r i b u y a a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización” (Centro de Memoria Histórica, 2013, pág. 101).

El Estado colombiano también considera víctimas del conflicto armado, según la Ley 1448 de 2013:

a)

Es victima el esposo o la esposa, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos (incluyendo adoptivos) de personas asesinadas en el contexto de conflicto armado. A falta de estos, se considerara víctimas a los abuelos.

b)

El o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados al margen de la ley.

c)

Los miembros de la Fuerza Pública pueden ser víctimas por infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno

d)

Aunque no sean sus familiares, también son consideradas como víctimas las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (por ejemplo, un abogado defensor, un fiscal, un defensor de derechos humanos o un periodista que se haya hecho eco de la denuncia de la víctima).

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Además de la caracterización anterior, también se establecen derechos para grupos poblacionales vulnerables, según indica la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (2012). De esta manera, se han establecido como víctimas colectivas, mediante la aplicación del Enfoque Diferencial, los grupos étnicos, en la medida en que se han visto particularmente afectados por los hechos de violencia.

Son principalmente tenidos en cuenta en los planes de retorno a territorio ancestral, cuando el desplazamiento ha sido un hecho victimizante. Además, se plantea para ellos la realización de Planes Integrales de Reparación Colectiva, son respetuosos de la consulta previa y se realizan mediante metodologías de participación colectiva y las indemnizaciones monetarias serán principalmente colectivas, mediante la creación de fondos comunitarios.

De la misma manera, los niños, niñas y adolescentes, también han sido especialmente protegidos por la ley como víctimas, cuando a razón del conflicto armado colombiano: (i) quedan en orfandad, sufren daños por minas antipersonas u otros explosivos, nacen en consecuencia de la violación sexual de su madre, o son reclutados, de manera forzada o no, por un grupo armado al margen de la ley, antes de cumplir la mayoría de edad.

Las mujeres también se contemplan como víctimas con merecimiento de tratamiento diferencial, en tanto se considera que han sido especialmente afectadas por episodios violentos, como los delitos sexuales y el asesinato de hijos, esposos, etc. Es por ello que se les brinda trato preferencial para la restitución de tierras, aun cuando su nombre no aparezca en los documentos de propiedad, la asignación de viviendas, además de medidas de protección para la no repetición.

Las personas con discapacidad también son consideradas sujetos privilegiado de protección estatal, cuando han sido objeto de alguno de los hechos victimizantes nombrados con antelación y debe garantizarse el trato preferente en términos de registro, atención, asistencia y reparación integral.

5.2. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD La Organización Mundial de la Salud OMS en su Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad –CIDDM, define discapacidad como “un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación” (Egea García & Sarabia Sanchez, 2001) de aquellas personas que poseen algún detrimento en su salud física o mental.

El principal problema que ha poseído la Población con Discapacidad, radica en que se ha privilegiado la intervención pública a partir de enfoques médicos y asistencialistas. Estos modelos tratan a las personas con discapacidad PcD como “sujetos enfermos”, lo que lejos está lejos de contribuir al desarrollo humano de las PcD, en tanto no busca cambios estructurales en los modelos de su atención, que deberían incluir el mejoramiento de su calidad de vida a partir de los principio de inclusión social y accesibilidad (Banquero Torres, 2009).

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NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS:  Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Naciones Unidas, 2006.  Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’  Conpes No. 166 de 2013: Política Publica de discapacidad e inclusión social.  Ordenanza No. 292 de 2009, “por medio de la cual se establecen los lineamientos para la política pública de las personas en condición de discapacidad en el Departamento del Valle del Cauca.

La visión asistencialista sobre la discapacidad basa el problema no social sino individual, pues consideran que los problemas de salud son particulares de quien sufre la discapacidad.

Sin embargo, esta perspectiva olvida que existe también una serie de factores limitantes que son ambientales, sociales, y culturales, que se materializan en la exclusión institucional a ciertos servicios, como lo son la educación, la recreación, entre otros.

Una perspectiva amplia sobre la discapacidad invita, de esta manera, a aplicar un ED que permita entender a las PcD como sujetos de derecho a los que el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía, lo que incluye no solo mejorar sus las condiciones de salud, intrínsecas a la situación de discapacidad, sino pensar en el Desarrollo Humano

de las PcD en un sentido amplio, lo que incluye un cambio no solo la atención médica de calidad, sino también una transformación en todos los ámbitos de su vida, en condiciones de igualdad. Aplicar el ED también implica no tomar a las PcD como una población homogénea, sino indagar acerca de sus especificidades e identidades personales.

Entre las condiciones de vulnerabilidad que sufren las PcD se encuentran principalmente, el aislamiento debido a su condición particular de salud, la discriminación por nociones preconcebidas.

Son también afectadas por la exclusión que genera el poco acceso a los espacios públicos. Se considera, así, como la principal deuda, la adecuación de los territorios y lo espacios públicos, a las PcD, con el propósito de brindar la vida digna que cualquier ciudadano merece.

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En Colombia se encuentran reconocidos los siguientes tipos de discapacidad, según la Unidad de Atención Integral de Víctimas (2012) (Unidad de Atención a Víctimas, 2012):

I. Discapacidad Intelectual o Cognitiva: “Incluye en general a las personas cuyo proceso de pensamiento, aprendizaje y adquisición del c ono c i m i e n t o e s diferent e. E st e t ip o de discapacidad no hace referencia a una incapacidad para aprender, pensar o adquirir el conocimiento, sino a que quienes se enmarcan en este tipo de discapacidad piensan, aprenden y adquieren el conocimiento de otras maneras, en otros tiempos y a otros ritmos. Acá podemos encontrar a las personas con síndrome de down y personas con autismo”.

II. Discapacidad Psicosocial o Mental “Incluye en general a las personas cuyas funciones o estructuras mentales o psicosociales son diferentes. Este tipo de discapacidad hace referencia a personas con diagnósticos como: depresión profunda, trastorno bipolar, a la esquizofrenia, entre otras. La sola enfermedad mental no hace que una persona tenga una discapacidad, sino que se requiere consultar las especiales situaciones que tiene en la interacción con los demás, con la sociedad, con su entorno para determinarla. Este tipo de discapacidad no compromete el proceso de aprendizaje, el cual, en muchos de los casos permanece intacto y por ello la discapacidad psicosocial no es asimilable a la intelectual”.

Acá encontramos a las personas invidentes o de baja visión, a las personas sordas o hipoacúsicas, y a las personas sordociegas. La sordoceguera no es una simple conjunción entre ceguera y sordera, sino una discapacidad independiente”.

IV. Discapacidad Múltiple “Son los casos en que los anteriores tipos de discapacidad se combinan en la misma persona”.

También se definen otros tipos de discapacidades como:

V. Discapacidad Motora: “Está relacionada con trastornos relacionados con la alteración motriz, ya sea por mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso, lo que supone limitaciones para el desarrollo de actividades que implican movilidad. Incluye deficiencias causadas por una anomalía congénita (por ejemplo, el pie equino varo, la ausencia de un miembro), deficiencias causadas por enfermedad (por ejemplo, poliomielitis, tuberculosis de los huesos) y defi ci enci as produci das por otras ca u s a s (por ejemplo, parálisis cerebral, amputaciones, y fracturas o quemaduras que causan contracturas)” (Banquero Torres, 2009).

III. Discapacidad Sensorial: “Incluye en general a las personas que por alguna afectación, completa o parcial, en los sentidos de la vista o de la audición, encuentran dificultades para comunicarse en igualdad de condiciones.

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