Moodle enfoque diferencial by sisvalledelcauca

MOODLE DE ENFOQUE DIFERENCIAL Aplicativos Moodle para capacitación virtual, recursos educativos para el aprendizaje de organizaciones, servidores públicos y ciudadanía en general

PRESENTACIÓN SIGESI

1 La apuesta de la Gobernación del Valle del Cauca es avanzar en el desarrollo de un Sistema de Gestión Social Integral orientado a garantizar derechos, prevenir su vulneración y restablecerlos en las situaciones que lo exijan. Para caminar hacia este sueño colectivo es fundamental la participación y trabajo de todas y todos los servidores públicos, la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia, el sector empresarial y demás actores que harán parte de esta labor: Tejer el Valle del Cauca.

El Sistema de Gestión Social Integral del Valle del Cauca - SIGESI se sostiene en cuatro pilares:

1. Enfoques Diferencial y de Derechos en la gestión pública. 2. Herramientas e instrumentos para la gestión pública. 3. Desarrollo de capacidades y formación técnica. 4. Sistema de Información Social - SIS.

INTRODUCCIÓN MOODLE ED A partir de la Ordenanza 330 de 2011, el Valle del Cauca se compromete a diseñar e implementar Políticas Públicas Sociales que promuevan el desarrollo a partir de la protección de los derechos. Para concretar el objetivo anterior, la Gobernación ha impulsado la creación del Sistema de Gestión Social Integral –SIGESI-, el cual se sustenta fundamentalmente en la incorporación del Enfoque Diferencial en la gestión pública.

El Enfoque Diferencial parte del reconocimiento de que no todos somos iguales; por ende, se convierte en un método para la protección integral de los derechos de aquellas personas que han sido históricamente vulneradas, por su etnia, género, ciclo vital, u otras situaciones de vida. Plantea, la necesidad de actuar con equidad y respeto hacia la diversidad cultural de la nación, mediante la concepción de estrategias donde la diferencia se entienda como una oportunidad para construir referentes acordes a las particularidades territoriales, cosmogonías y cosmovisiones de cada grupo poblacional.

El objetivo de este Moodle es convertirse en modelo de capacitación que en un primer momento, brinda herramientas conceptuales y jurídicas para entendimiento integral del Enfoque Diferencial; posteriormente, da directrices claras sobre su territorialización en el contexto vallecaucano y, en una etapa final, proporciona elementos para la incorporación del mismo en el diseño, ejecución y monitoreo de las políticas, planes, programas y proyectos.

TABLA DE CONTENIDO Tabla de contenido Tabla de contenido............................................................................................................................. 3 1.

Marco teórico - conceptual ........................................................................................................ 5 1.1 ¿Qué es el Enfoque Diferencial? ................................................................................................ 5 1.2 ¿Para qué sirve el Enfoque Diferencial? ................................................................................... 8 1.2.1 Las acciones afirmativas para restituir la discriminación, segregación, y la vulnerabilidad. ............................................................................................................................ 9 1.3 ¿A quiénes protege el Enfoque Diferencial? ....................................................................... 13 1.3.1 Género ................................................................................................................................ 13 1.3.2 Etnia .................................................................................................................................. 20 1.3.3 Personas en situación de Discapacidad .......................................................................... 25 1.3.4 Población Víctima de la Violencia .....................................................................................27

Caracterización Población ED .................................................................................................. 35 2.1.

Situación social y demográfica. ..................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.1.1 Caracterización por ciclo de vida ..................................................................................... 36 2.1.2 Caracterización por género ............................................................................................. 42 2.1.3 Caracterización por Etnias ............................................................................................... 54 2.1.4 Caracterización por discapacidad ................................................................................... 66 2.1.5 Caracterización de otras Poblaciones ............................................................................. 79 2.2.1 Caracterización por ciclo de vida ....................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.2.2 Caracterización por género ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.2.3 Caracterización por etnias................................................. ¡Error! Marcador no definido. 2.2.5 Caracterización de otras Poblaciones............................... ¡Error! Marcador no definido. 3.

Política Pública con Enfoque Diferencial y Enfoque de Derechos ......................................... 90 3.1 Nociones básicas: entendiendo la diferencia entre: “La” Política, “Una” Política y “Lo Público”. ....................................................................................................................................... 90 3.2 ¿Qué es una Política Pública? .................................................................................................. 91

3.3 ¿Qué es el Enfoque de Derechos? .......................................................................................... 96 3.4 ¿Qué es Enfoque Diferencial?................................................................................................. 97 3.5 ¿Qué es una Política Pública con Enfoques Diferencial y de Derechos? ............................ 97 3.6 ¿Cuál es la importancia de los Enfoques Diferencial y de Derechos en las Políticas Públicas? ....................................................................................................................................................... 98 3.7 El desafío de Incluir el Enfoque Diferencial y de Derechos en las políticas públicas: un gran reto!............................................................................................................................................. 100 4.

Evaluación BLOQUE 4 ............................................................................................................. 102

SIGLAS BLOQUE 1

CPC: Constitución Política Colombiana DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DIH: Derecho Internacional Humanitario ED: Enfoque Diferencial LGTBI: Son siglas que designan a Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales OIT: Organización Internacional del Trabajo OMS: Organización Mundial de la Salud

BLOQUE 1 1.

Marco teórico - conceptual

¡Recuerda!: Las Herramientas de Gestión Pública (HGP) son todos los ejercicios de planeación que sirven para definir las acciones que el Estado implementa con el fin de dar respuesta a las problemáticas y demás situaciones sociales.

Una instancia de articulación interinstitucional (entre Instituciones) es un espacio de diálogo, acuerdo, dinamización y evaluación de herramientas de gestión pública como las políticas, planes, programas y proyectos, en el que se encuentran las distintas instituciones públicas y privadas, autoridades indígenas, consejos comunitarios, organizaciones sociales y organizaciones de cooperación internacional entre muchos otros actores de la sociedad; a todos estos actores se les llama: Agentes.

1.1 ¿Qué es el Enfoque Diferencial?

El Enfoque Diferencial es una perspectiva para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y demás herramientas de gestión pública, que ayuda a visibilizar las situaciones históricas de exclusión e inequidad con las que han tenido que vivir algunas La Constitución Política 1991 que declara acambia nuestrola país comode un “Estado social poblaciones en nuestro país. de Como enfoque, visión priorizar solodela derecho en yelarespeto a la dignidad humana”hacia (Artículo Además, conveniencia de[...] las fundado mayorías cambio dirige la atención los 1). sectores delala carta “reconoce protege la diversidad étnica y cultural de Este la población másconstitucional vulnerable, aquellos queycasi siempre son minorías en nuestro país. Nación” (Artículo 7), ycuenta se compromete a adoptar medidas que promuevan “el goce cambio dirigido a tener en las minorías y grupos vulnerables, ha surgido del real y efectivo de la igualdad, por parte de grupos discriminados o marginados” reconocimiento cada vez más evidente de que Colombia es un país pluriétnico y (Artículo 13). De esta manera, y a través del mandato constitucional se puso en multicultural. primer plano el compromiso del Estado por respetar, reconocer y garantizar, los derechos de aquellos que han estado históricamente excluidos.

El Estado Social de Derecho es definido como “aquel que acepta e incorpora al orden jurídico, a partir de la propia Constitución, derechos sociales fundamentales, junto a los clásicos derechos políticos y civiles” (Villar, s.f. 83). Definirlo así no implica que los derechos sociales no existieran antes de su amparo constitucional. Indica, más bien, que el Estado debe comprometerse, fundamentalmente, con la generación de ofertas de servicios públicos que los garanticen. La re-configuración del Estado colombiano, hacia el Estado Social de Derecho, aparece como respuesta a dos retos fundamentales: 1. Ampliar los derechos políticos de sujetos históricamente marginados en la toma de decisiones; 2.

El deseo de la transformación social e histórica marcada por la superposición de violencias políticas, las cuales abarcan desde la confrontación bipartidista, hasta la configuración de fuerzas insurgentes guerrilleras, y grupos armados ilegales dedicados a las economías ilícitas, como el narcotráfico.

La CPC de 1991 es, entonces, la materialización del deseo de cambio social y “un nuevo pacto político en el que participan minorías étnicas, religiosas y partidistas, tradicionalmente marginadas de las grandes decisiones políticas”. Además, pretendía “dar respuesta a la profunda crisis del Estado, manifiesta a través de todas sus instituciones”, y devolver la credibilidad, legitimidad y gobernabilidad de los organismos estatales (Villar, s.f. 91). La CPC genera un salto cualitativo fundamental en la relación entre Estado – Sociedad, siendo así un avance institucional sin precedentes, pues logra consensos en relación al modelo de país deseado, y pone su énfasis sobre cuestiones como la inequidad y desigualdad social; es decir, en últimas consigue la ampliación del ejercicio de la ciudadanía, mediante la promoción de sus derechos. En este nuevo contexto, y al establecerse la igualdad y la dignidad como principios constitucionales, Colombia se compromete entonces, a tomar medidas que logren resarcir una historia de completo abandono estatal. De acuerdo con estos dos principios constitucionales, el Estado Colombiano consideró necesario reconocer el carácter multicultural de la nación, mediante la creación de los espacios institucionales necesarios para promocionar el principio de la diversidad, y las medidas de acción afirmativa, que conducen al cumplimiento y garantía del principio de igualdad. De esta manera, el Enfoque Diferencial tiene su origen entonces, en el reconocimiento

Constitucional de la diversidad y las medidas de acción afirmativa. Con éste, se establecen las múltiples y diversas identidades de los ciudadanos, asociadas a sus propios contextos. Permite interpretar la vulnerabilidad y la discriminación como consecuencia de las desigualdades existentes entre distintos grupos poblacionales y por la dominación que unos han ejercido, históricamente, sobre otros. Recuerda! el Enfoque Diferencial nace de la necesidad de reparación integral hacia personas que, de manera individual o colectiva, han sufrido daños desproporcionados por razón de su etnia, género, generación, u otras situaciones de vida y, por ello, deben ser amparados bajo una especial protección constitucional (Ley 1448 del 2011).

Mediante el Enfoque Diferencial, el Estado reconoce su deuda jurisprudencial e institucional frente al “reconocimiento, valoración, registro, caracterización, prevención, atención, asistencia y reparación integral, conforme a las particularidades y características propias de los diversos sectores de población de especial protección constitucional” (Ley 1448, 2011).

1.2 ¿Para qué sirve el Enfoque Diferencial?

En el contexto de la gestión pública el ED cumple una doble función: 1.

Como método de análisis, permite leer realidades de vulnerabilidad y discriminación, sufridas por determinadas poblaciones o colectivos considerados cultural o socialmente diferentes; y

Como guía de acción, permite brindar atención prioritaria a dichas poblaciones por parte de entidades públicas. En esta línea, permite un ejercicio interpretativo que ayuda a generar tanto la imagen diagnóstica como el plan de acción, para la transformación y el cambio social. Esto se consigue a partir de la adecuación de las modalidades de atención que permitan brindar respuestas estatales integrales, para la modificación de condiciones que afectan la vida de los sujetos (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, s.f.).

En Estados con poblaciones ampliamente diversas, como el colombiano, solo es posible hablar de democracia considerando la diversidad, lo que implica establecer diálogos interculturales respetuosos. El multiculturalismo parte de reconocer la necesidad de fortalecer las identidades culturales y las autonomías de los pueblos, bajo sus propios valores, representaciones e imaginarios. Por eso, entendido desde la óptica estatal, implica la adopción de medidas afirmativas que permitan remediar las prácticas culturales, sociales y políticas que, generalmente, ponen a algunos grupos en posición de dominación respecto a otros, minoritarios. El fenómeno multicultural, como práctica política, es el resultado de la lucha por el reconocimiento, esto es, la lucha por la identidad. Se convierte, además, en la base desde la que se sustentan distintos movimientos sociales minoritarios, los cuales tratan de modificar su imagen que proyectan y la propia. (Parra, 2010: 3-4).

Ten en cuenta que en la página http://sis.valledelcauca.gov.co/ podrás encontrar el documento completo sobre la Estrategia de Territorialización del Enfoque Diferencial en las Políticas Públicas de: Arias García, Alejandra. Texto usado como base para este Moodle y de donde se tomaron algunos apartes.

El multiculturalismo, es además un proceso de construcción conjunta, que va más allá de un ejercicio político generado en la articulación de la institucionalidad estatal, con los actores sociales que definen, de manera directa o indirecta, los marcos sociales para su ejercicio. Como práctica, éste es ejercido en escenarios de múltiples disputas que encabezan distintos actores sociales, en búsqueda de sus derechos diferenciales.

1.2.1 Las acciones afirmativas para restituir la discriminación, segregación, y la vulnerabilidad. Las Acciones Afirmativas son acciones o intervenciones públicas estatales, que buscan establecer el principio de igualdad en medio de las diferencias. Aparecen para responder a discriminaciones basadas en prejuicios de distintos tipos y establecen como meta el trato preferencial, en el acceso a determinados servicios públicos, hasta que la situación de vulnerabilidad o exclusión se considere reparada (Mosquera et al; 2009). Parte de

reconocer que si “la discriminación es antigua, esto es, anclada de manera profunda en las estructuras sociales, políticas, mentales y simbólicas, los mecanismos de exclusión son percibidos como naturales, por tanto no actuar desde la acción pública estatal conduce a reforzar la exclusión y las desigualdades” (Mosquera et al; 2009; retomando a Keslassy, 2004: 9, 36). 10

Existen distintas Afirmativas:

teorías

que

abordan

las

Acciones

- La primera, las considera como mecanismos de restitución contra la discriminación negativa e histórica, lo cual implica lograr igualar las condiciones materiales que compensen o reviertan formas de discriminación negativa, algunas de esas medidas pueden ser, por ejemplo, las leyes de cuotas fijas en los puestos de la administración pública o en el acceso a la educación superior. - La segunda, las entiende como la búsqueda del principio de igualdad real en oposición a la igualdad formal, lo cual se traduce en considerar a la igualdad como un objetivo que debe ser promovido por el Estado, con el fin de transformar con comportamientos, prejuicios y mentalidades colectivas hacia ciertos grupos. - La tercera teoría las presenta como estrategia de distribución de bienes, traducidas en políticas de preferencia hacia ciertos grupos, sobre otros, que compiten por los mismos recursos o servicios sociales, como educación y empleo; a diferencia de la primera, esta teoría no contempla la existencia de cuotas fijas, sino que la acción afirmativa debe generarse en contextos de empates o empates técnicos. La cuarta teoría, y la más cercana al Enfoque Diferencial, la entiende como iniciativas públicas de interés social, que consisten en la formulación de políticas públicas para eliminar las desigualdades sociales que afectan a las minorías (Mosquera et al; 2009: 74-78 ).

En contextos complejos como el colombiano, implementar medidas de Acción Afirmativa o Discriminación Positiva se convirtió en la respuesta eficaz y rápida para hacerle frente a una historia de abandono estatal. Por su carácter temporal, las Las Acciones Afirmativas no tienen el propósito de compensar el pasado, por lo que no se toman medidas de reparación hacia hechos ya sucedidos, sino que intentan mitigar los problemas de vulneración presentes.

Te invito a que vayamos a leer el documento completo de la Estrategia de Territorialización del Enfoque Diferencial en las Políticas Públicas, puedes acceder a través del siguiente enlace al SIS http://sis.valledelcauca.gov.co/.

Aunque deben reconocerse los esfuerzos estatales al tomar este tipo de medidas, en la actualidad, la adopción de mecanismos de acción afirmativa, o de discriminación positiva, han resultado ser insuficientes para la reparación de cualquier tipo de minoría. A más de veinte años de su aplicación, persisten y perviven prejuicios, imaginarios sociales desfavorables y tratos discriminatorios hacia poblaciones con necesidad de protección constitucional. Algunas de las medidas, incluso, han tenido una reacción adversa, y de rechazo, por parte de la población general que se siente en desventaja frente a los beneficiarios de las medidas. Esta situación es la que promueve cada vez más hablar y aplicar el enfoque diferencial en Colombia, como una estrategia integral que responda a la inmensa diversidad cultural con la que cuenta la nación.

1.3 ¿A quiénes protege el Enfoque Diferencial?

Aunque el Estado colombiano se compromete con proteger los derechos de todos los ciudadanos, de acuerdo al Enfoque Diferencial pone especial atención a ciertas poblaciones con el propósito de convertir sus experiencias de vida en oportunidades y potencialidades para el desarrollo social y económico. Son estas poblaciones las protegidas por el Enfoque Diferencial y se pueden categorizar de la siguiente manera:

1.3.1 Género Por género pueden entenderse los roles, prácticas, oficios, estéticas, discursos, etc., que las distintas sociedades y culturas atribuyen a hombres y mujeres sólo por nacer con genitales femeninos o masculinos. Lo anterior implica que no existen formas de sentir, pensar y comportarse innatas a cada sexo sino que están influenciadas por ideales sociales. El ED de género protege a las mujeres y a la población LGBTI, compuesta por Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales.

“Es importante saber que el Enfoque Diferencial en su variable de género protege a las mujeres y la población LGTBI”

Convención sobre todas la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Fuente especificada no válida. Ley No. 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Decreto No. 4463 de 2011, reglamentación laboral.

1.3.1.1 Mujeres

Decreto No. 4796 de 2011, reglamentación en salud. Decreto No. 4798 de 2011, reglamentación educación. Decreto No. 2733 de 2012, "Por medio del cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008". Decreto No. 2734 de 2012, por “el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia”. Decreto No. 4799 de 2011, reglamentación Justicia. Conpes Social 161 de 2013 sobre equidad de Género para las mujeres. Conpes 3784 de 2014, Lineamientos de Política Pública para la Prevención de riesgos, la protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. Decreto No. 1930 de 2013, por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación. Ordenanza No. 317 de 2010, “por medio de la cual se crea y adopta la política pública para las mujeres vallecaucanas” (Consejería Equidad de la Mujer, 2014).

* Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial, accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: www.sis.gov.co

Las mujeres se convierten en una población de atención prioritaria dentro del Enfoque Diferencial, en la medida en que no han tenido las mismas posibilidades y condiciones de igualdad que los hombres en el acceso y goce de derechos. Dicha desigualdad descansa sobre la falsa idea de superioridad del hombre sobre la mujer (patriarcado), la reducción de sus funciones sociales a la reproducción de la especie humana, el cuidado de los niños y del hogar; por lo que a ellas se les considera, también naturalmente, emocionales y maternales.

Es por ello que los movimientos sociales de mujeres y sus organizaciones de base, han justificado su lucha social y política en términos de género: querían hacer notoria la necesidad de entender que esos roles son construcciones sociales impuestas y que las mujeres son capaces y competentes para la práctica de oficios distintos a aquellos que se atribuyen como propios de su naturaleza.

El reto más grande para nosotras las mujeres, ha sido materializar el principio a la igualdad en el trato jurídico, así como el acceso real a tres cuestiones fundamentales: a) las oportunidades –acceso a los mismos puestos de trabajo que los hombres-, b) el trato –ser evaluada por su desempeño y no por su condición de mujer-, c) los resultados –recibir el mismo salario que una persona del sexo opuesto(Organización de los Estados Americanos, 2010).

1.3.1.2 LGBTI

El Gobierno Nacional no tiene una política pública para esta población. Sin embargo, existen algunos instrumentos jurídicos que la amparan:

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Convención Interamericana sobre toda forma de Discriminación e Intolerancia. Ley 1428 de 2011, o ley antidiscriminación. Sentencia T-062 de 2011, “tratamiento de la población reclusa que pertenece a minorías de identidad sexual”.

A nivel departamental sí existe una política que los ampara: 

Ordenanza No. 339 de 2011, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos de la política para la garantía y la exigibilidad de derechos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales”.

* Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial, accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: www.sis.gov.co

La sigla LGBTI aglutina en una sola población personas que reivindican sus derechos de diversidad sexual. Sin embargo, algunos exigen ser respetados de acuerdo a su orientación sexual y otros a su identidad. Los derechos de los miembros de la población LGBTI han sido ampliamente vulnerados y discriminados en tanto los imaginarios y prejuicios sociales suelen considerar que sus prácticas sexuales y su forma de entender el mundo es “antinatural”. Sin embargo, está idea está basada en la falsa interpretación de

los roles sexuales como propios de las funciones y características reproductivas. RECUERDA QUE IDENTIDAD DE GÉNERO ES… La identidad de género es la forma en la que cada persona identifica subjetivamente su propio cuerpo y cómo lo exhibe ante la sociedad en la que vive. Entre las identidades de género divergentes a hombre y mujer se encuentran: Las personas Transgénero, cuya identidad no corresponde al sexo biológico de nacimiento: nacer como hombre y sentirse y actuar como mujer, o viceversa. En el transgenerismo se denomina: * Travesti es quien utiliza prendas de vestir socialmente vinculadas al sexo opuesto y * Transexual es aquella persona que además de la vestimenta, comportamiento y otros roles, deciden practicarse intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos para que su cuerpo cambie radicalmente (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, s.f.). * Las personas Las personas Intersexuales, son quienes poseen características anatómicas genitales, 1 sexuales, 1 o funcionales 1 que no corresponden al estándar femenino o masculino culturalmente vigente (Botella & Fernandez, 1997). A los intersexuales se los ha llamado RECUERDA QUE ORIENTACIÓN SEXUAL ES…. “hermafroditas”. Este término es erróneo porque el hermafroditismo implica La orientación sexual es entendida como la atracción emocional, afectiva y sexual que existan al mismo tiempo características sexuales tanto masculinas, como que unfemeninas. individuo siente por otro. los individuos intersexuales no necesariamente Sin embargo, poseen ambos se aparatos reproductivos * Cuando la atracción genera de un individuosino haciaque otropueden del sexopresentarse opuesto se situaciones en las que sus cuerpos varíen respecto al estándar de la sociedad considera que la persona es heterosexual. (un ejemplo de ello es tener un pene demasiado pequeño, un clítoris * Si la atracción se da hacia personas del mismo sexo, se les denomina homosexual: demasiado grande o una vagina ausente) (Benzur, 2005). lesbianas cuando son mujeres y gays cuando son hombres. * Los bisexuales, sienten atracción sexual, emocional y afectiva, por personas de ambos sexos (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, s.f.).

Ciclo de vida

Este ciclo, comprende las diferentes etapas generacionales del desarrollo humano: primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 a 11 años), adolescencia (12 a 17 años), juventud (14 a 28 años), adultez (18 a 59 años) y adultez mayor (60 años, en adelante). La fijación de los ciclos vitales por rango de edades, sirve como referente operacional que permite precisar metodologías y estrategias para las actuaciones públicas, pero puede no corresponder a la forma en que cada sujeto, individual y culturalmente, se siente (Ministerio de Salud, s.f.).

1.3.1.3 Niños, niñas y adolescentes

Según el DANE (2005), el 33.9% de la población del Valle del Cauca corresponde a niños, niñas y adolescentes. Su protección está basada en reconocer que han sido víctimas recurrentes de maltrato infantil, condiciones de pobreza y conflicto Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen muchas normas legales que armado u otro tipo de vulneración. Por los protegen. Las principales son: ello, como sujetos de derecho deben ser protegidos tanto por el Estado,  La Declaración de los Derechos del Niño (1959) y La Convención como por la sociedad y la familia. “Este de los Derechos del Niño (1989). grupo poblacional se ha convertido en  Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil OIT términos de ciclo vital en el más (1999).  La Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia. protegido en tanto se considera que las  Conpes 3673 de 2010: Política de prevención del reclutamiento intervenciones en una generación infantil. repercutirán en las siguientes”  Conpes 147 de 2012: estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de (Ministerio de salud, 2014). 

vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Decreto 1021 de 2011: se adopta la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y familia en el Valle del Cauca.

Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial, accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: www.sis.gov.co

1.3.1.4 Jóvenes

“Los jóvenes colombianos son el grupo poblacional mayoritario en el país, conformado por más de doce millones de individuos. Entre sus problemáticas actuales se encuentran: la pobreza (el 38% vive con menos de 4.06 dólares per cápita), la violencia juvenil, el desempleo, el reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales, entre otras cuestiones” (Departamento para la Prosperidad Social, 2013). Todo lo anterior hace que deban ser especialmente atendidos por el Estado. “Potencializar la juventud implica comprender que este grupo se encuentra en una edad productiva clave para la promoción del desarrollo económico y social, por lo cual las acciones del Estado deben estar vinculadas a la consecución de una ciudadanía juvenil que garantice su movilidad social, a partir del pleno ejercicio de sus derechos” (Ley 1622, 2013).

Los jóvenes están protegidos por:

18   

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Ley 1622 de 2013 o Ley Estatuaria de Ciudadanía juvenil. Ley 1429 de 2006 o Ley de Formalización y Generación de Empleo. Conpes 173 de 2014, lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes Fuente especificada no válida.. Ordenanza 286 de agosto 12 de 2009. Adopta el sistema y La Política de Juventud del Valle del Cauca.

Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial, accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: www.sis.gov.co

1.3.1.5 Adulto mayor:

El Enfoque Diferencial también protege a los adultos mayores, en la medida en que han sido víctimas de prejuicios y prácticas sociales, en cuanto a nociones de dependencia, enfermedad, violencia intrafamiliar, intolerancia, soledad, improductividad y la imposibilidad del trabajo remunerado. Esto lleva a que las políticas públicas que giren en torno a la vejez, contemplen un cambio

Además de la Ley 1251 de 2008, “Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores”, en departamento cuenta con:

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Ordenanza No. 329 de 2008, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos de la Política Pública para el envejecimiento y las personas mayores del Valle del Cauca, según la Ley 1251 de 2008 y se dictan otras disposiciones”.

Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial, accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: www.sis.gov.co

estructural en la forma cultural de entenderla y sea considerada como una potencialidad del ser humano, debido a la experiencia adquirida, y no como un obstáculo para el desarrollo social (Ley 1251, 2008).

19 RECUERDA! El Enfoque Diferencial protege a los adultos mayores, en la medida en que han sido víctimas de prejuicios y prácticas sociales, en cuanto a nociones de dependencia, enfermedad, violencia intrafamiliar, intolerancia, soledad, improductividad y la imposibilidad del trabajo remunerado.

La promoción de la imagen positiva del adulto mayor, debe apuntar a una serie de estrategias que incluyan la desnaturalización de los prejuicios, la censura de las prácticas discriminatorias, la generación de comunicación intergeneracional, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables que ayuden a llegar a esta etapa de la vida de forma más independiente. Además, es importante recalcar, que el Valle del Cauca es hoy uno de los cinco departamentos de Colombia con la tasa de crecimiento poblacional de adultos mayores más alta del país (29,1%). Dicha población, que hoy es mayor a las 527.000 personas, llegará a 680.000 en el 2020, según proyecciones del DANE.

NOTA IMPORTANTE:

El género y el ciclo de vida se consideran características transversales a cualquier grupo poblacional. Esto significa que se manifiestan dentro de todos los grupos existentes en la sociedad. También, implica comprender que la aplicación del Enfoque Diferencial es integral sólo si se tiene en cuenta que dichas poblaciones se encuentran en un territorio específico; es decir, en contextos determinados que marcan sus experiencias de vida.

1.3.2 Etnia Los grupos étnicos son concebidos como conjuntos de poblaciones que poseen rasgos culturales específicos: cosmovisiones (formas de ver y entender el mundo) y cosmogonías (visiones de sus propios orígenes y los del universo), tradiciones, instituciones religiosas, organizaciones políticas, formas de desarrollo propias y, en algunos casos, lenguas y dialectos (Corte Constitucional, 1996). Estas últimas les “permiten construir un sentido de pertenencia con su comunidad de origen, pero tal auto reconocimiento no es un obstáculo para que sean y se identifiquen como colombianos. De este modo, comparten dos sentires: uno étnico y otro nacional” (Ministerio de Educación).

El concepto anterior, ayuda a comprender que la caracterización de grupos étnicos no se determina solo por sus rasgos raciales, como el color de piel u otras características físicas. Sin embargo, cabe decir que las discriminaciones y vulnerabilidades sufridas por éstos, sí han sido vinculadas a dichas particularidades físicas. Los grupos étnicos de Colombia son: Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales y, por último, el pueblo Rrom. 1.3.2.1 Indígenas Son los pueblos originarios que ocuparon las tierras de América Latina antes de la llegada de los españoles. Durante el siglo XIX y hasta finales del XX, el Estado consideró que eran personas que no podían ser titulares de sus derechos, por lo que decidió darle a la Iglesia Católica la misión de convertirlos de lo que consideraban una vida salvaje a una civilizada (Ley 089, 1890). Esto implicó que se

Los indígenas poseen una amplia legislación que protege sus derechos. Entre las más importantes se encuentran:

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Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo: Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. Objetivos del Milenio para los Pueblos Indígenas de 2007. Ley 649 de 2001, para crear la Circunscripción Nacional Especial. Decreto 1088 de 1993, por la cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.

desconocieran sus religiones y creencias ancestrales, sus lenguas y dialectos propios, entre otras cosas que se realizaron en detrimento de sus culturas particulares. Las luchas sociales de los pueblos indígenas se origina en la lucha por el reconocimiento de sus identidades, en términos de diferencia más no de inferioridad. Por esta razón la Constitución de 1991 reconoce la deuda jurisprudencial y los protege, declarando que la nación colombiana es pluriétnica. Además, se adoptaron medidas legales para la protección de sus derechos.1

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ley 1381 del 2010, o Ley de lenguas. Decreto 804 de 1995, que regula la atención educativa para los grupos étnicos. Decreto 1320 de 1998, que reglamenta 21 la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.

Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial, accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: www.sis.gov.co

SABÍAS QUE… En Colombia “hay 87 pueblos indígenas que hablan 64 lenguas, siendo aproxim adamente 1.378.884 personas, que constituyen menos del 3,4 % de la población total del país” (Procuraduría General de la Nación, 2011). En el territorio vallecaucano hay 22.313 indígenas que pertenecen a los pueblos Nasa, Wounan, Embera Chami, Embera Katio, Inga, Yanacona, Quichua, Misak, Kofan, Eperara Siapidara y Pasto.

A nivel internacional se encuentran: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2006); el Convenio OIT Nro. 169 de 1989: Sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que fue ratificado por Colombia en la Ley 21 de 1991 y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, ratificada en la Ley 22 de 1981. Además de lo anterior, 1

1.3.2.2 Afrocolombianos, comunidades negras, Palenqueras y Raizales

Se consideran afrocolombianos las personas que reconocen en su identidad huellas de africanía: se caracterizan como etnia por el legado cultural de sus antepasados africanos, los cuales llegaron a las tierras colombianas en la época de la colonia siendo obligados por los españoles a ejercer la esclavitud. 

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Ley 70 de 1993, que tiene como “propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico”  Decreto 2249 de 1995, “Por el cual se conforma la Comisión Pedagógica de Comunidades Negras de que trata el artículo 42 de la Ley 70 de 1993”.  Decreto 1745 de 1995, “Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras disposiciones”. Ley 725 de 2001, por la cual se estable el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Decreto 1122 de 1998, “Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones”. Decreto 4181 de 2007, “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal” Auto 005 de 2009, para protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. Ordenanza 299 de 2009, “Por la cual se establecen los lineamientos de la política pública para investigar, reconocer y garantizar los derechos de la comunidad negra afrodescendiente del Departamento del Valle del Cauca. *Puedes conocer la normatividad completa del Enfoque Diferencial , accediendo a la biblioteca virtual en el siguiente link: 

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Vennex Defnir el link

Sin embargo, este concepto no es aceptado por todos, pues otros consideran que invisibiliza las prácticas de discriminación existentes desde esos tiempos hasta la actualidad, fundadas en los imaginarios negativos construidos alrededor de la piel “negra” y los efectos producidos por dichos imaginarios para legitimar su marginación social. Quienes siguen esta idea prefieren llamarse Comunidades Negras, afirmando que es una denominación más cercana a sus realidades presentes (Ministerio de Cultura, 2010). El pueblo raizal es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su identidad cultural se basa en la

conjunción de varias identidades migrantes, debido a la llegada de indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos a ese territorio. Los raizales profesan la religión bautista y su lengua es el Creole (Ministerio de Cultura, 2010). Los palenqueros son los descendientes de los cimarrones: esclavos que se escapaban de sus dueños y establecían formas propias de vida comunitaria. Los palenques eran los territorios en los que se asentaban para llevar a cabo su proceso de resistencia y pelea por la libertad. En la actualidad solo queda un pueblo con estas características: El Palenque de San Basilio. Sus habitantes han logrado conservar su lengua palenquera y se han convertido en el testimonio vivo de sus antepasados (Castro, Liz, s.f.).

Valle del Cauca En nuestro departamento, el censo 2005 registró un total de 1.092.169 afrocolombianos que representan el 26% de la población departamental. De éstos 1.090.943 (99.88%) se reconocen como población negra; 965.077 habitan en las cabeceras municipales y 125.866 viven en las zonas rurales. Por otra parte, 1.225 se reconocieron como raizales (0,11&), de los cuales 1.180 viven en las zonas urbanas y 45 en zonas rurales. Solo una persona, que vive en la zona urbana, se identificó como palenquero. En Buenaventura 271.141 (88,5%) se reconocen como afrodescendientes. También son mayoría Jamundí, Candelaria, Zarzal, Dagua, Pradera, Florida, El Cerrito, Cali y Riofrío también son mayoría. Aunque en Cali, cabecera municipal, habitan 542.936 personas pertenecientes a esta etnia, la cuarta parte de esta población no nació en la ciudad, lo cual la convierte en territorio de inmigrantes. Esto es debido a su importancia como eje económico y puente de conexión del sur del país, recibe habitantes del Valle del Cauca, sino de los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño.

1.3.2.3 Rrom o Gitanos

Este grupo étnico está protegido por la Nación colombiana en:

Los romaníes están en América  Resolución No. 22 de 1999 desde el Siglo XV, primero a  Decreto Número 2957 de 2010, por el consecuencia de su deportación de cual se expide el marco normativo para España y Portugal y luego por para el pueblo Rrom o Gitano. emigración voluntaria desde el siglo Puedes conocer la normatividad XIX en adelante. La mayor parte de completa del Enfoque Diferencial, los romaníes colombianos accediendo a la biblioteca virtual pertenecen a la etnia Vlax y llegaron en el siguiente link: a Colombia por voluntad propia www.sis.gov.co desde 1880 hasta 1920. Han tenido que afrontar un proceso de asimilación al que se opusieron decidiendo replegarse sobre sí mismos. Así, han podido conservar su idioma y una organización tradicional propia. El pueblo Rrom se caracteriza por continuar la pertenencia étnica a partir de un grupo de parentesco por vínculo paterno, poseen una lengua propia–el romaní-, y cosmovisiones también diversas (Bustamante Cardona, 2012). El DANE (2005) calcula la presencia de unos 4.858 gitanos o Rrom en el territorio colombiano. Su forma de organización social es reconocida como Kumpania, considerados lugares de co-residencia donde se asientan varias generaciones familiares, que han tenido que cambiar su carácter nómade por restricciones legales sobre la prohibición de montar campamentos en zonas públicas. En el Valle del Cauca representan el 0,02% de la población (717 personas), pero constituyen el 14,84% de la población Rrom del país (DANE, 2005).

1.3.3 Personas en situación de Discapacidad

RECUERDA QUE Para el Enfoque Diferencial es necesaria una visión amplia sobre la discapacidad que permita entender que los miembros de esta población son personas con plenos derechos, a quienes el Estado debe garantizar todas las condiciones para ejercer la ciudadanía.

De acuerdo al Enfoque Diferencial es necesaria una visión amplia sobre la discapacidad que permita entender que los miembros de esta población son personas con plenos derechos, a quienes el Estado debe garantizar todas las condiciones para ejercer la ciudadanía; esto significa no solo asistirles para mejorar las condiciones de salud (específicas a la situación de la discapacidad) sino también concebir su Desarrollo con una mirada integral que mejore todos los aspectos de su vida y que incluya una atención médica de calidad en condiciones de igualdad. Es decir que aplicar el Enfoque Diferencial implica pensar en estas personas como una población diversa con necesidades específicas e identidades propias.

La Organización Mundial de la Salud OMS (2008) define discapacidad como “un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación” de aquellas personas que poseen algún deterioro en su salud física o mental.

En Colombia, el modelo asistencialista usado generalmente en la intervención pública, es uno de los grandes problemas de las políticas dirigidas a Población con Discapacidad. En este modelo se los concibe como “sujetos enfermos”; lo que entorpece el desarrollo humano de las PcD pues ignora la importancia de incluirlos como parte activa de la sociedad (inclusión social), y al mismo tiempo no promueve mejores condiciones para que accedan a servicios y bienes disponibles en lugares determinados (accesibilidad) (Banquero Torres, 2009).

TIPOS DE DISCAPACIDAD QUE RECONOCE EL ENFOQUE DIFERENCIAL…. En nuestro país se reconoce a la población que sufre los siguientes tipos de discapacidad, según

la Unidad de Atención Integral de Víctimas (2012): -

Personas con discapacidad Intelectual o Cognitiva: Se refiere a la población que tiene un proceso de pensamiento, aprendizaje y adquisición del conocimiento diferente al de la mayoría. Este tipo de discapacidad se refiere a un conjunto de dificultades cognitivas que se expresan en diferentes formas de aprender, pensar o conocer. Pertenecen a este grupo poblacional las personas con síndrome de down y con autismo, entre otros.

Personas con discapacidad psicosocial o mental: Se refiere a la población cuyas funciones mentales o psicosociales son diferentes a los de la mayoría. Este tipo de discapacidad se refiere a que suelen estar diagnosticadas con enfermedades mentales como: depresión profunda, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre otras. Aunque este tipo de discapacidad puede estar definido por un diagnóstico clínico, lo que más debe considerarse son las situaciones especiales de interacción con los demás, la sociedad y el entorno. Las personas que pertenecen a este grupo no tienen dificultades con el proceso de aprendizaje (el cual, en muchos de los casos es igual o superior al del común de la gente); por esa razón, la discapacidad psicosocial es diferente a la intelectual.

Personas con discapacidad Sensorial: Se refiere a la población que tienen dificultades para comunicarse en igualdad de condiciones debido a tienen afectada la vista y/o la audición de forma parcial o completa. Este grupo de personas está compuesto por los invidentes o de baja visión, las personas sordas y las sordociegas. -Personas con discapacidad motora: Se refiere a la población que tiene algún tipo de alteración o trastorno relacionado con su motricidad debido al mal funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso; lo cual, limita y dificulta el desarrollo de actividades que implican movimiento. Además incluye deficiencias causadas por anomalías que vienen desde el nacimiento (por ejemplo, la ausencia de un miembro), deficiencias causadas por enfermedad (por ejemplo, poliomielitis, tuberculosis de los huesos) y deficiencias producidas por otras causas (por ejemplo, parálisis cerebral, amputaciones, y fracturas o quemaduras que causan contracturas)” (Banquero Torres, 2009).

1.3.4 Población Víctima de la Violencia

Desde hace 50 años, los colombianos vienen sufriendo las consecuencias del conflicto armado entre el ejército nacional, las guerrillas, y en los últimos años, los paramilitares. Debido a este conflicto interno, en la actualidad se registran más de siete millones de víctimas (Unidad de Atención Integral de Víctimas, 2014).

Es importante saber que… En el año 2011 el gobierno colombiano reconoció la necesidad de proteger a las víctimas del conflicto con la promulgación de la Ley 1448.

En el año 2011 el gobierno reconoció la necesidad de proteger a las víctimas del conflicto con la promulgación de la Ley 1448. De acuerdo con esta ley, por víctimas se entienden aquellas personas que, El Derecho Internacional Humanitario se individual o grupalmente, han sufrido aplica a los ciudadanos víctimas en los daños por hechos ocurridos a partir del países con conflicto armado, para limitar 1º de enero de 1985, por infracciones al su evitar o limitar su sufrimiento Fuente Derecho Internacional Humanitario o especificada no válida.. por violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos (Artículo 3). De acuerdo a la misma ley, también son víctimas quienes sufrieron hechos de violencia antes de 1985, estas personas tienen derecho a la reparación simbólica y a medidas para que los hechos no se repitan, pero no al resarcimiento económico.

¿Qué tipo de víctimas ampara esta ley?

Instrumentos de Derecho Internacional humanitario ratificados en Colombia:

 Los Convenios de Ginebra, mediante la Ley 5 de 1960.  Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y ratificada el 10 de octubre de 1961.  Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita el 22 de noviembre de 1984.  Leyes, Decretos y Documentos Conpes nacionales que garantizan la protección de las víctimas del Conflicto Armado Interno: 

- Personas que han daños por homicidio:

sufrido 28

Es víctima el compañero sentimental, los padres e hijos (incluyendo adoptivos) de las personas asesinadas como resultado del conflicto armado. A falta de éstos, se considerará víctimas a los abuelos.

- Los asesinatos protegida:

persona

Es víctima una persona que goce de protección especial por el DIH y sea asesinada de manera dolosa (Unidad de Víctimas, 2012).

Personas víctimas de masacres u homicidios colectivos:

Son víctimas de masacre los grupos de cuatro o más personas asesinadas bajo las mismas circunstancias, en el mismo tiempo, lugar y en estado de indefensión. La masacre es “perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del actor armado y la impotencia absoluta de las víctimas” (Centro de Memoria Histórica, 2013).

Personas víctimas de Secuestro:

Son las personas que han sido retenidas contra su voluntad y de forma ilegal e indebida para exigir dinero por su rescate o con otros fines.

Víctimas por Desaparición Forzada: Son aquellas personas que al igual que los secuestrados han sido privadas de su libertad pero se desconoce por completo su paradero y no hay ninguna exigencia a cambio de su liberación. También se consideran víctimas de este delito el esposo o la esposa, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos (incluyendo adoptivos) de las personas desaparecidas. A falta de estos, se considerara víctimas a los abuelos.

Víctimas por Tortura: Son las personas a las cuales se les imponen intencionalmente dolores, sufrimientos o castigos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener información, confesión, o con el ánimo de intimidar, discriminar, o motivados por la sospecha o certeza de un acto que haya cometido (Unidad de Víctimas, 2012).

Víctimas por delitos contra la libertad e integridad sexual: Son las personas que han sufrido un conjunto de hechos violentos, entre los que se encuentran: “la violación sexual; el acoso sexual; la humillación sexual; el matrimonio o unión forzada; el matrimonio forzado de menores; la prostitución forzada y comercialización de mujeres; la esclavitud sexual; la desnudez forzada; el aborto forzado; el embarazo forzado; la esterilización forzada; la negación del derecho a hacer uso de la anticoncepción o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual o, por el contrario, la imposición de métodos anticonceptivos; la amenaza de violencia sexual; el chantaje sexual; los actos de violencia que afecten la integridad sexual de las mujeres, tales como la mutilación genital femenina, y las inspecciones para comprobar la virginidad” (Centro de Memoria Histórica, 2013).

Víctimas por Mina Antipersonal, Munición Sin Explotar o Artefacto Explosivo Improvisado:

Son las personas que sufren pérdida irreparable en sus extremidades por causa de un objeto explosivo que hizo parte del arsenal de los combatientes en conflicto.

Víctimas de acto terroristas:

Son las personas que han sufrido ataques indiscriminados con explosivos en lugares públicos. Estos ataques tiene la intención de generar pánico entre la ciudadanía.

Víctimas por asalto a poblaciones:

Son las personas víctimas del fuego cruzado durante un combate o enfrentamiento entre los actores armados.

Víctimas por desplazamiento forzado y despojo forzado de tierras:

Son las personas o grupo de personas que por consecuencia del conflicto armado se ven obligados a migrar y abandonar sus territorios con sus familias para lograr sobrevivir.

Víctimas por ejecución extrajudicial y falso positivo:

Víctimas asesinadas por las fuerzas Militares y presentadas bajo la figura de “muertos en combate”.

Víctimas de adolescentes

reclutamiento:

Niños,

niñas

La vinculación de menores de edad, como combatientes en los grupos armados ilegales, hace presente uno de los síntomas más preocupantes de la degradación del conflicto armado interno, mostrando el rostro más infamante en el actual panorama de violencia que caracteriza nuestro país. Se trata de un problema de honda repercusión en la conciencia ética universal, pues la participación de estos niños y niñas en un conflicto armado, cualquiera que sea su naturaleza, significa un atentado contra su dignidad humana. A su vez, no sólo es el signo más evidente de su deshumanización, sino el anidamiento de una violencia que se reproduce aún a largo plazo y que aleja cada vez más las posibilidades de paz para Colombia.

Tres días después el Congreso de la República decretó la ley 548 por la cual fue 31 de prorrogada, por tres años más, la vigencia la ley 418 del 26 de diciembre de 1997 (“Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras medidas”), conocida como ley de orden público. La ley 418, en su artículo 13 permitía la vinculación de soldados bachilleres menores de edad, cuando estos se presentaban a filas como voluntarios y con el permiso escrito de sus padres. La nueva ley, hoy vigente, prohibió taxativamente la vinculación de los menores de edad en el servicio militar obligatorio. Con esta ley el Estado colombiano honra su compromiso de establecer como edad mínima los 18 años, para la incorporación en sus fuerzas armadas. Queda el compromiso para el Ejecutivo y el Legislativo de incorporar claramente esta norma sin que se vea amenazada por la temporalidad de la vigencia de la ley 548. Tomado de: GRAJALES, Cesar. “El dolor oculto de la infancia”. Bogotá: UNICEF, 1999. (Cita Textual). En: www.bibliotecapiloto.gov.co/virtual/noticias/c olombia/enero/10a_31.htm

Frente a esta problemática, el Gobierno colombiano, responsable de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, particularmente de aquellos que, como los menores, son la población más vulnerable, ha venido diseñando e implementando una serie de políticas y programas, encaminados a la detención del reclutamiento y a lograr la desvinculación definitiva de los ya vinculados; sobre estos mismos aspectos versarán las recomendaciones, que en la presente investigación se pretenden enunciar. Si bien han existido programas, éstos han sido coyunturales, destinados a la atención de la infancia en general, los cuales cambian de acuerdo con las prioridades del gobierno de turno, sin que ninguno de éstos haya garantizado con él, un compromiso serio con nuestra infancia, pues no existe una política de Estado que tutele los derechos de la niñez.

Por niño soldado se entiende “cualquier niño o niña menor de 18 años, que voluntaria o forzosamente se encuentre reclutado o sea utilizado en las hostilidades de un conflicto armado, ya sea por parte de las fuerzas armadas, paramilitares, unidades de defensa civil o cualquier otro grupo armado” (Hernández, 2000).

Vale mencionar, que uno de los primeros avances significativos en la erradicación del reclutamiento de menores en el conflicto armado se dio en julio de 1999 cuando la Fuerzas Militares hicieron pública su decisión de desvincular a todos los soldados bachilleres que no hubieran cumplido al momento de su ingreso la mayoría de edad y así mismo, su decisión de no volver a vincular en ninguno de sus contingentes a menores de edad. Para tal propósito, en diciembre del mismo año fueron desvinculados 980 soldados que no contaban aún con 18 años (Grajales, 1999). Según el Informe realizado por Watch List (Red de Organizaciones No Gubernamentales), “Colombia es el cuarto país del mundo después de Myanmar, Liberia y el Congo, con el mayor número de niños combatientes, con un número entre 11.000 y 14.000” (Abad, 2004). Si bien se calcula que existe un alto porcentaje de los integrantes de los grupos armados ilegales que son menores de edad, no hay información que permita establecer con exactitud el número de ellos que combaten en sus filas. Aun

cuando en el país se han diseñado y ejecutado políticas públicas para la desvinculación de menores de edad, su resultado no ha sido eficiente. Los menores de edad, siguen siendo reclutados voluntaria o forzosamente por las organizaciones armadas ilegales. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley, representa uno de los problemas más acuciantes en el actual contexto sociopolítico colombiano. Se trata no sólo de una transgresión a los derechos vitales de libertad, en la que la víctima resulta una de las más vulnerables del conflicto, sino de un hecho que genera graves consecuencias tanto en el desarrollo social como en el económico y el político de una nación. Simultáneamente, al no ser superado, estimula el escalamiento de la guerra, confinándola a un círculo que nutre y reproduce incesantemente el panorama de violaciones contra los derechos que asisten a los menores.

OTRAS VÍCTIMAS: -

Al compañero o compañera sentimental, y los parientes de los miembros de grupos armados al margen de la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública también pueden ser víctimas por infracciones al DIH, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Aunque no sean sus familiares, también son consideradas como víctimas las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (por ejemplo: un abogado defensor, un fiscal, un defensor de derechos humanos o un periodista que haya hecho eco de la denuncia de la víctima).

Para finalizar, la Ley de Víctimas presta especial atención a cualquier población objetivo del Enfoque Diferencial, como niños, niñas y adolescentes, mujeres, grupos étnicos y personas con discapacidad. Reconoce que hay repertorios de acción (formas de violencia específica) que utilizan en cada uno de ellos para vulnerar su dignidad humana (el

reclutamiento infantil, los crímenes sexuales en contextos de guerra, o el desplazamiento forzado de tierras ancestrales son algunos de estos casos).

Sabías que… “La condición de víctima se adquiere independientemente de que se identifique, capture, procese o condene al autor del delito y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.

BLOQUE 2

2. Caracterización Población ED por situación social, demográfica, organizacional e Institucional

Se refiere a las condiciones en la que subsisten las poblaciones excluidas, y su participación en cada uno de los hechos sociales con respecto al conjunto de la población.

A través de la historia existen distintos grupos que por razón de su condición, de su género, situación económica, física y/o sentimental han sido excluidos por el Estado y a la vez, por el conjunto mayoritario de personas que conforman la sociedad. En Colombia a partir de la constitución de 1991 se hace una transición hacia un Estado Social de Derecho concebido, como aquel que busca la inclusión de grupos tradicionalmente marginados por el modelo Estado de Derecho. La diferencia entre uno u otro modelo de se define a través de los derechos a la igualdad y la equidad entendidos desde la necesidad de incluir aquellas personas que no estaban contempladas dentro de las políticas públicas.

RECUERDA QUE…

El enfoque diferencial es una herramienta de la gestión pública (propia del Estado social de Derecho), que permite diseñar sistemas, programas, proyectos y estrategias enfocadas a atender grupos que han sido histórica y socialmente excluidos en razón a su condición distinta a los parámetros del imaginario colectivo en el cual se maneja el concepto de lo socialmente aceptable.

Para poder aplicar este enfoque, es necesario establecer un proceso de clasificación sobre las poblaciones que han sido socialmente excluidas de las políticas de Estado, a este proceso se le llama caracterización. ¿ PARA QUÉ SIRVE ESTA CARACTERIZACIÓN? El uso de la caracterización es importante en la medida que permite reconocer e identificar los grupos excluidos por medio de unas características especiales que les son comunes y propias, una vez establece los parámetros de identificación, se puede hacer un diagnóstico con el fin de conocer la situación actual e histórica por las cuales atraviesa cada uno de estos grupos de población.

2.1 Caracterización por ciclo de vida

Se entiende por la clasificación, mediante la cual se hace uso de rangos por edad, establecidos por la ley para identificar la totalidad de la población.

2.1.1 Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

a) Social y Demográfico: Según el DANE (2005) del total de la población que habita en el departamento, el 33.9% corresponde a niños, niñas y adolescentes; y del total de la población infantil y adolescente, predominan en un 51% el sexo masculino y con un 40% el grupo de edad de 5 a 11 años. De la población con edades entre 0 y 17 años (primera infancia, Infancia, Adolescencia) hay un total de 1.349.981 personas lo que equivale al 30% de la población del Valle del cauca, distribuido por sexo así: 689.273 corresponde a hombres y 660.708 a mujeres lo que equivale a 16% y 15% respectivamente. Con respecto a la población total del Departamento los municipios con mayor número de población infantil y adolescente son: Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Cartago, Buga, Jamundí, Yumbo, Candelaria y Florida, en cuanto a esta misma población los

municipios que tienen mayor población que el promedio en el Departamento son: Buenaventura (44%), Florida (41%) El Cairo (40%). En la distribución étnica, de acuerdo al Censo DANE 2005, el 72.3% de la población que reside en el departamento se autoreconoce como blanco, el 27.2% como afrocolombiano y el 0.5% indígena. Con respecto al total de la población infantil y adolescente del Departamento, el 0.52%, (8089 niños, niñas y adolescentes) son indígenas y el 29.5% (452.806 niños, niñas y adolescentes) son afrocolombianos. (Censo DANE, 2005). Por su parte PROFAMILIA registró que en el departamento, el 51% de los niños menores de 15 años vive con ambos padres, el 33% por ciento vive solo con la madre pero tiene el padre vivo, un 3% vive solo con el padre aunque tiene la madre viva, y un 6% no vive con ninguno de los dos padres aunque ambos están vivos. Según las proyecciones de población del DANE para el año 2011, la población en edad escolar es de 1.116.221 de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 226.740 podrán estar en preescolar (20%), 398.708 en básica primaria (36%), 330.042 en básica secundaria (30%) y 160.731 en media (14%). En los municipios no certificados la población en edad escolar es de 226.046 personas, presentándose un porcentaje por nivel educativo muy similar al del Valle del Cauca en su totalidad. (Plan Sectorial de Educación 2012-2015)

Si quieres conocer más información sobre este y otros grupos poblacionales en Colombia y Valle del Cauca, puedes visitar el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/ b) Organizacional:

A comienzos del siglo XIX, muchos intelectuales se plantearon la necesidad de reunir una serie de normas que cobijaron a los niños de los países industrializados. Charles Dickens, el escritor británico, había logrado un gran éxito con su novela Oliver Twist, en la cual se relatan las vivencias de un grupo de huérfanos que se deben enfrentar a un mundo hostil, transformado por la revolución industrial. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.)

Por esa época algunos círculos de pensadores comenzaron a realizar bosquejos sobre los derechos del niño; entre ellos se encontraba el escritor francés Jules Vallès, quien esbozó varios fragmentos y planteó interrogantes. Este trabajo fue retomado por Kate D. Wiggin quien finalmente escribe Los Derechos de los Niños en 1892 38 SABIAS QUE…

En 1924 los líderes del mundo acogen y dan a conocer la Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como la Declaración de Ginebra.

En 1924 los líderes del mundo acogen y dan a conocer la Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como la Declaración de Ginebra, nombrada así por el ser el lugar donde se realizó la aprobación de dicho documento. En esta convención se ampara en una carta redactada por Eglantyne Jebb fundadora de Save the Children (Salven a los Niños) una organización internacional dedicada a la defensa de la niñez. Esta resolución posteriormente es rectificada en 1948, mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego es reestructurada por la Asamblea General de la ONU, en 1959.

c) Institucional: La Convención Internacional de los Derechos del Niño reconoce los derechos de los niños y las niñas, en ella señala que el Estado tiene la obligación de garantizar a toda la niñez, una serie de medidas de protección y asistencia especiales, como el acceso a la educación y atención médica; condiciones favorables para el libre desarrollo de su personalidad, habilidades y talentos; un entorno adecuado para crecer apropiadamente; y la información pertinente al goce sus derechos de manera participativa. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, deﬁne a los niños como individuos y miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades propios de edad. Por tanto, ellos son seres integrales autónomos y sujetos de derechos

Valle del Cauca Las proyecciones del DANE, muestran que “para el año 2010 la población de niños, niñas y Adolescentes (NNA) entre 0 y 18 años de edad en el departamento alcanzó 1.442.973 personas, representando la tercera parte de la población total del departamento, es decir el 33% de toda su población. De este total, el 51% son del sexo masculino y el 49% del sexo femenino” (Secretaría de Participación y Desarrollo Social, Gobernación Valle del Cauca, 2014). En el Valle del Cauca, la política pública para la familia, niñez y adolescencia está fundamentada en: 1. La Promoción de los derechos, posicionando el núcleo familiar como espacio privilegiado de socialización y de formación del ser humano. Reconociendo el valor de la vida, el respeto, la dignidad, la defensa a la diversidad, la diferencia, y su inclusión en las prácticas sociales ciudadanas. 2. El reconocimiento y valoración de los Niños, Niñas y Adolescentes, como sujetos activos con características propias, conformes a su etapa del ciclo vital, género y al contexto en el que se desarrollan (etnia y cultura). 3. Pertinencia, en cuanto a las estrategias de la política, porque reconoce las diferencias entre los niños, niñas y adolescentes, con relación a lo cultural, social, biológico, y psicológico para lograr equidad y calidad.

En el Plan Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2009 – 2019, el gobierno nacional se compromete en aumentar esfuerzos, para que los NNA de Colombia gocen de las garantías elementales para el ejercicio de sus derechos, mejoramiento de sus condiciones de vida y oportunidades, hasta lograr las condiciones adecuadas que permitan proteger su existencia, desarrollo, y el derecho a la participación.

Sabías que… El Código de Infancia y Adolescencia, garantiza el desarrollo armónico y pleno a los niños, a las niñas y a los adolescentes, para que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión dentro del seno de la familia y la comunidad.

En el código de infancia y adolescencia se crearon las normas sustantivas y procesales para la protección integral de la población infantil y adolescente, garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades Esta garantía debe ser velada por el Estado y la familia. Por su parte, la ley 1361 de 2009 se dedica a abordar el fortalecimiento y la garantía del desarrollo familiar integral, como núcleo fundamental de la sociedad. En ella se establecen las disposiciones necesarias para la producción de políticas públicas dirigidas a la familia.

Si quieres tener más información sobre este grupo poblacional en Colombia y Valle del Cauca, puedes visitar el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/

2.1.2

Adulto Mayor

a) Demográfico y Social: El Valle del Cauca es hoy uno de los cinco departamentos de Colombia con la tasa de crecimiento poblacional de adultos mayores (personas con 60 años y más) más alta del país: 29,1 %. Esto significa que en el Valle, en un futuro no muy lejano, habrá más ancianos que jóvenes. Dicha población, que hoy es mayor a las 527.000 personas, llegará a 680.000 en el 2020, según proyecciones del DANE (El País, 2013).

Para la protección de los adultos mayores en el Valle del Cauca, en enero del 2013 entró en vigencia en el Departamento la Estampilla del Adulto Mayor, por medio de la cual se buscan aforar $100.000 millones en vigencias futuras a través de la Secretaría de Hacienda con el fin de construir y adecuar centros de atención al adulto mayor en toda la región. Actualmente, el Valle cuenta con 178 centros de bienestar del anciano (donde pasan la noche y reciben atención básica) y siete centros día (hogares de paso). (El País, 2013).

También es importante mencionar que la población adulta mayor presenta altos índices de discapacidad debido a múltiples factores como los propios de la edad, la malnutrición por carencia de recursos, entre otras. Tal y como se presenta en la siguiente gráfica, es notable que las mayores dificultades la experimentan durante el desarrollo de sus actividades diarias son las personas de 60 años o más.

Valle del Cauca. Distribución porcentual de las personas registradas que requieren ayuda permanente de otra persona, según grupos de edad – 2008 De las discapacidades y limitaciones más usuales en adulto mayor, en porcentajes, son: el 35,4% presenta limitaciones para pensar y memorizar; el 48,3%, para percibir la luz, distinguir objetos o personas, a pesar de usar lentes o gafas; el 45,3%, para oír aun con aparatos especiales; el 50,1%, para caminar trechos cortos por problemas cardiorespiratorios; el 44,2%, para producir, retener o expulsar la orina, tener relaciones

sexuales; el 42,1%, para cambiar y mantener las posiciones del cuerpo; el 22,4%, para hablar y comunicarse; el 38,9%, para masticar, tragar y asimilar los alimentos; el 38%, para mantener piel, uñas y cabellos sanos, y el 28,3%, para relacionarse con los demás, están concentradas en este grupo de edad. Sobre las barreras conductuales manifestadas con actitudes negativas en razón a la edad, afectan con mayor frecuencia a las personas mayores de 60 años (7%). (DANE, 2005).

b) Organizacional: Desde finales de la década de los años cuarenta a nivel internacional, se viene trabajando en la comprensión y desarrollo del concepto de envejecimiento y de la vejez. En este sentido vemos que desde la Asamblea General de las Naciones Unidas se abordó de forma indirecta con la aprobación de la Resolución 213 (III) relativa a la Declaración de los Derechos de la Vejez. En este sentido, ya para el año 1982 se aprobó el “Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento”, el cual establecía en su contenido medidas que versan sobre los temas de seguridad económica, empleo, salud, nutrición, educación, vivienda y bienestar social, focalizado a una población con necesidades especiales. En 1991 mientras en Colombia nació una nueva Constitución Política, a nivel internacional se aprobaban los Principios de la Organización de las Naciones Unidas que favorecían a las personas que hoy son llamados adultos mayores, donde además se establecieron normas universales para ese grupo poblacional en los siguientes espacios: atención, independencia, dignidad, participación y realización personal.

Sabías que… La Constitución Política de 1991 establece que en Colombia tanto el Estado, como la sociedad y la familia, deben asistir a los adultos mayores en su protección y asistencia, además de promover su integración con la comunidad.

A nivel nacional la Constitución Política de 1991, establece que en Colombia tanto el Estado, como la sociedad y la familia, deben asistir a los adultos mayores en su

protección y asistencia, además de promover su integración con la comunidad. En este mismo sentido, el Estado queda como garante de los servicios de seguridad social integral a todos los ciudadanos. Años más tarde, nuestro país hace parte de la negociación del Plan de Acción de Madrid, uno de los escenarios donde se comprometió a construir de forma participativa e incluyente una política de largo plazo en materia de envejecimiento, con base en un diagnóstico que se ajustara a las necesidades del país. Es por esto, que entre 2003 y 2006 se plantearon los lineamientos que contendría la política, los objetivos, metas, las debilidades y se ubica a Colombia en el contexto de América Latina. Así, se establece el marco nacional y las diferencias regionales sobre la situación de las personas mayores en Colombia, planteando los aspectos estructurales de la misma. Esta es una Política Pública de Estado, que fue concertada y articula a todos los agentes del gobierno y la sociedad civil en un propósito común: visibilizar e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez en el periodo 2007-2019, que además pretende su operación integral en todos los niveles, nacional, departamental, distrital y municipal, de manera que se articulen los planes de desarrollo junto con las acciones positivas que mejoren las condiciones de vida y envejecimiento de los adultos mayores.

En la actualidad, existe la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez que está dirigida a los colombianos y sus residentes, y en especial a los mayores de 60 años.

c) Institucional: (Mejía, Calvo Benal, & Marmolejo, Actualización de la Política Pública para el Adulto Mayor (Valle del Cauca), 2013). En el Año 2013 la Secretaría de Participación y Desarrollo Social Realizó un taller denominado “Actualización de la Política Pública para el Adulto Mayor”, el cual contó con la presencia de diversos representantes de organizaciones de adulto mayor. En este evento se llegaron a las siguientes conclusiones: En materia de acceso a los derechos preferenciales, los adultos mayores víctimas no son simplemente aquellos desplazados por la violencia, sino también son aquellos que han

sido vulnerados en sus derechos adquiridos. Un ejemplo de ello es, la ley de los ojos morados, la cual reconoce que el adulto se vuelve víctima cuando deja de producir para atender los gastos de la casa, de esta manera la persona en esta situación se ve desplazado dentro de su propia casa al rincón más olvidado de la vivienda. Otros ejemplos de la legislación existente sobre el tema se encuentran en la Ley 1251 de 2008, Ley del adulto mayor tiene como fin, empoderar al adulto mayor, enseñándole a ejercer los derechos adquiridos. La Ley 1171 de 2007, Ley 1315 de 2009 regulan el funcionamiento y finalidad de los hogares día, hogares de paso y ancianatos.

Entre las tareas que están por cumplirse en el tema del adulto mayor, se hace énfasis en varios aspectos que abarcan la educación, la salud, recreación y la cultura; desde la educación se encuentran como tareas pendientes las siguientes: 1. Rescatar el papel (rol) del adulto mayor en la familia; 2. Diseñar programas universitarios para adultos mayores. 3. Preparar a los ciudadanos que están próximos a jubilarse para el retiro Laboral. 4. Establecer programas de educación continua para esta población, con enfoque diferencial. En la medida que un adulto mayor pueda actualizar sus conocimientos, esto va a permitir que el sujeto se mantenga vigente en el marco social. El adulto mayor suele ser maltratado desde sus propias familias, y en general no conocen las leyes que establecidas para su protección. Hay gobernantes que desconocen las Políticas Públicas de Adulto Mayor y por tanto, se desatienden los programas en el tema.

Diagnóstico derechos:

materia

De acuerdo con el Enfoque Diferencial, el adulto mayor es víctima de los distintos niveles de gobierno. Hasta que las políticas de adulto mayor no respondan a una política de mediano y largo plazo, los adultos mayores seguirán siendo víctimas. Un ejemplo de ello, lo constituye la Ley 1171 de 2007 a cual ordena y recomienda a las EPS agendar las citas al adulto mayor en un periodo no mayor a 48 horas, pero en la práctica la asignación se demora hasta dos meses. Otra situación que ejemplifica la situación actual es la entrega de medicina, la cual según la ley debe ser entregada al adulto mayor en el plazo de 72 horas a domicilio, en la práctica tampoco sucede.

Si quieres tener más información sobre este grupo poblacional en Colombia y Valle del Cauca, puedes visitar el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/

2.2 Caracterización por género

Esta clasificación corresponde a las condiciones físicas, sexuales, apariencia, auto imagen y afectividad propias de cada ser humano.

2.2.1 Las Mujeres, la discriminación y la violencia por género

a) Social y Demográfico: La población femenina en Colombia, según el censo del año 2005, son 21’422.345 mujeres, que corresponde al 51.2% de la población total. De éstas, el 8,2% de las mujeres son analfabetas; el 44,7% de las mujeres gestantes sufrían de anemia y un 47% presentaban bajo peso para su edad gestacional (Plataforma DH Colombia).

En cuanto al contexto laboral, La discriminación por género es notable pues las diferencias en ingreso percibido por igual posición ocupada entre hombres y mujeres son significativas. En el área metropolitana de Cali, por ejemplo, en todos los empleos se remunera menos a las mujeres que a los hombres en cargos de similar responsabilidad.

El accionar violento de los diferentes grupos armados al margen de la ley sobre las mujeres en Colombia, ha sido también notable y se ha ejercido de manera especialmente desproporcional contra las mujeres de grupos étnicos. El impacto negativo que ha tenido la violencia en los cuerpos y en las vidas de las mujeres, sumando a la discriminación, la exclusión y la violencia de género ha sido denunciado en términos urgentes por diversas instancias nacionales e internacionales en los últimos años.

La violencia, según el Informe de Desarrollo Humano (De Roux, 2008, p.85), les menoscaba a las mujeres y a los menores su desarrollo personal pleno, les limita sus potencialidades, les coarta sus libertades, los conduce al aislamiento, les dificulta encontrar opciones satisfactorias de vida, disfrutar sus derechos humanos e integrase a la sociedad. Además información recaba en Cali por CISALVA (2003) mostró que maltratar a la pareja era una conducta frecuente inclusive en los estratos medios y que

las personas con patrones culturales que admiten la violencia como instrumento para resolver las diferencias son quienes tienden más a maltratar a su pareja y a los niños. La violencia de género, a pesar de su carácter oculto por cuanto ocurre con frecuencia en escenarios de lo privado, viene visibilizándose progresivamente. Sin embargo, existen serias dificultades en la recopilación de datos sobre la violencia contra la mujer por falta de información ya que la violencia intrafamiliar no siempre se denuncia y por ende el subregistro es muy grande. Las Comisarías de Familia vienen realizando en el Departamento un trabajo importante de apoyo a la mujer maltratada y de sanción a los agresores. (Centro de Desarrollo Humano, s.f.) Aunque existe información municipalizada sobre las denuncias registradas por las Comisarías de Familia, esta no refleja necesariamente la dimensión del problema. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud realizada en 2005 indagó sobre este tema preguntando a las mujeres si habían sido objeto de maltrato (físico, sexual o psicológico) durante el mes anterior a la realización de la encuesta; los porcentajes sobre agresión física por parte del compañero o pareja son: Valle 35.0% (violencia física) y 78.5% (lesión por agresión); Valle sin Cali ni Litoral: agresión violencia física: 34.0%, lesión por violencia: 82.2% (De Roux, 2008). En relación con las violencias y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, el informe de la Comisión IDH (2005) observa que: Los crímenes perpetrados contra mujeres y niñas […] se traducen en: (1) ataques, masacres y homicidios perpetrados contra comunidades a fin de causar su desplazamiento; (2) homicidios, actos de tortura, y señalamientos contra las mujeres por mantener relaciones afectivas con simpatizantes o combatientes o por estar involucradas directamente o a través de sus familiares en actividades políticas; y (3) registros domiciliarios y secuestros para obtener información, aterrorizar, castigar, intimidar o coaccionar a las mujeres.

Por otra parte, la persecución a mujeres líderes y pertenecientes al movimiento de mujeres es amplia y está perpetrada tanto por agentes estatales como por grupos ilegales; entre 2002 y 2007, se registraron 82 casos de torturas a mujeres y la detención arbitraria de 483.65 Se han registrado muertes, desapariciones forzadas, amenazas y el desplazamiento de mujeres líderes pertenecientes a la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas, ANMUCIC, y a la Organización Femenina Popular, OFP.

Te invitamos a consultar más información sobre este grupo poblacional en Colombia y Valle del Cauca, en el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/ 48 b) Organizacional: Otro grupo que históricamente ha sido relegado, es el conformado por las mujeres, la cual se ha considerado desde tiempos remotos como un objeto el cual es susceptible de ser dominado y para cumplir las funciones sociales que se le han preestablecido, las cuales en ocasiones, tienen rasgos de esclavismo; este fenómeno se ha dado por la cultura machista y la aparente debilidad de la mujer y su papel biológico en la procreación de la raza humana. Sin embargo, a través de la historia han existido mujeres que han logrado grandes cambios sociales cumpliendo papeles primordiales en los procesos de evolución y revolución social, a pesar de ello su papel se ha invisibilizado. UN EJEMPLO DE DISCRIMINACIÓN E INSIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA Ocurrió en la Revolución Francesa en 1789, el cual da inicio a la sociedad moderna. En ese proceso revolucionario la burguesía se vio apoyada por un gran sector explotado por la nobleza, los campesinos, que mediante una agitada multitud revolucionaria constituida por hombres y mujeres hastiados de la injusticia y el hambre, se dirigen violentamente hacia la bastilla, lugar donde se encontraban encarcelados los opositores al sistema absolutista del gobierno. A pesar del papel fundamental de la mujer en este proceso revolucionario, encontramos que nuevamente ha sido ha sido borrada del documento conocido como la "declaración de los derechos del hombre y el ciudadano", en el cual vemos como el papel de la mujer ha sido borrado desde el mismo título del documento, pues éste sólo considera los derechos correspondientes al ciudadano hombre y establecidos bajo tres principios: igualdad, fraternidad y libertad.

Es preciso que los sistemas democráticos modernos ofrezcan seguridad y bienestar a la población, pero además deben garantizar los mecanismos necesarios para la

participación ciudadana en los asuntos públicos. En estos sistemas, los ideales de la democracia moderna suponen la igualdad de mujeres y hombres sin distinción de raza, sexo, religión, lengua, entre otros. Las organizaciones de mujeres han impulsado la búsqueda de estrategias que apunten a la profundización democrática, teniendo conciencia sobre la importancia que reviste la participación de la mujer en el pleno desarrollo de la ciudadanía y la democracia. Aunque en la legislación formal, las mujeres han ganado autonomía, participación e identidad en los espacios públicos, en la praxis hay una ausencia total o parcial de ellas en la representación.

Sabías que… en su lucha como movimiento por la reivindicación de los derechos a las mujeres, en Colombia se les dio participación política en términos del sufragio universal, solo hasta 1951. Sin embargo, más de 50 años después, aún es muy limitada la participación de ellas en los espacios efectivos de poder, como lo constatan las cifras sobre mujeres elegidas para cargos públicos (2006): Congreso 12%, Alcaldías: 18%, Concejos municipales 13%, Gobernaciones 3%, Asambleas 16%.

La inclusión real y efectiva de las mujeres en los espacios de poder político y toma de decisiones se concreta, al interior de los Movimientos y Partidos Políticos en el momento que se amplían sus estructuras para incluir a las mujeres, en sus relaciones con aquellos que luchan por enriquecer la democracia representativa, participativa y directa. Uno de los principales métodos para involucrar a las mujeres dentro de los partidos políticos, es la conformación interna de un grupo de mujeres. La forma y estructura determina la eficacia de estos grupos. El Gobierno Nacional reconoce las dificultades que afectan la plena participación de las mujeres en la política colombiana y ha tomado una serie de medidas para impulsar la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

c) Institucional: Mediante el Pacto para la Inclusión efectiva de las mujeres en la Política se pone en marcha el proceso de integración de las mujeres en el debate político, permitiendo a nuestro país, enriquecerse con la perspectiva de las

mujeres. El mencionado documento contiene las siguientes estrategias: (Congreso de la República, 2005).

Estrategias políticas: 50 1. Impulsar internamente en los partidos y movimientos políticos, campañas para que los estatutos de estas colectividades incluyan: a) Un porcentaje significativo de cupos para las mujeres en listas que se presenten a elecciones y en los cargos directivos del partido o movimiento político. b) Un comité de oportunidades igualitarias conformado por personas de ambos sexos de forma paritaria que verifique el cumplimiento de los estatutos de los partidos. 2. Fortalecer los objetivos de las oficinas de género frente a los temas de equidad entre mujeres y hombres en los partidos y movimientos políticos, e incidir en las oficinas de género y en las políticas públicas a nivel nacional, departamental y local, para que incorporen una agenda de género. 3. Establecer en las estructuras internas de los partidos, y en general en los ámbitos de toma de decisión enlaces para garantizar: a) La inclusión y adopción de la agenda de género. b) El ingreso de las mujeres a estos espacios. 4. Al interior de los partidos y movimientos políticos con representación en los distintos cuerpos colegiados, nombrar una persona responsable de velar por la disciplina partidista sobre los temas de la mujer y vigilar que se rindan cuentas sobre su aplicación en la asamblea.

Estrategias económicas: Para la financiación de las campañas electorales de las mujeres se propone adelantar acciones concretas que permitan la inclusión de garantías económicas para ellas, en la reglamentación de la reforma política.

Estrategias comunicativas:

a) Hacer uso de los medios de comunicación internos de los partidos y aquellos que pertenezcan a diferentes entidades o instituciones, para darles mayor visibilidad a las mujeres candidatas; b) Promover el uso de un lenguaje no sexista y la inclusión de la agenda de las mujeres y la equidad de género, en el discurso y programa de candidatos/as y así lograr un cambio en las actitudes públicas y en la cultura política.

Alianzas estratégicas: Fortalecer lazos y realizar alianzas estratégicas entre las mujeres y los hombres que ocupan cargos políticos, los partidos y movimientos, así como los diferentes grupos civiles que conforman la organización de mujeres, para la construcción de una agenda de género.

Estrategias educativas y de capacitación: a) Desarrollar programas de capacitación sobre participación política, para mujeres y hombres. b) Participar en la Mesa de Enlaces de Género para el seguimiento de los compromisos establecidos en este Pacto.

2.2.2 Comunidad LGTBI

a) Social y Demográfico: Históricamente, la población el LGTBI ha sido violentada constantemente en sus derechos a la igualdad por la discriminación de la cual son víctimas, impidiendo muchas veces el acceso de ésta a servicios como salud, acceso a la educación y oportunidades de trabajo. Lo anterior se explica a partir del imaginario colectivo que identifica a este grupo poblacional como personas mentalmente enfermas, cuyos gustos y comportamientos se consideran aberrantes y desviados del comportamiento "normal", entendiendo por normal la visión histórica y socialmente aceptada de la heterosexualidad.

Esta situación ha obligado a la población LGTBI a organizarse para luchar con el fin de conquistar la igualdad de sus derechos y poder acceder a una vida digna alejada de todo tipo de estigmatización y eliminación; a la fecha se han tenido logros significativos en cuanto a la ratificación de los derechos que históricamente se les había negado. La sociedad ha sido influenciada a través de la cultura para que adopte estereotipos, creencias ideas e ideales en torno al sexo femenino y masculino imponiéndose un "deber El concepto de sexualidad ha venido cambiando a través de la historia, ser" de la sexualidad. hasta nuestros días gracias a las presiones sociales de la población el LGTBI, que a su vez han impulsado paulatinamente el cambio social para garantizar el respeto por los derechos humanos de los sexualmente excluidos. La sexualidad, entonces se concibe como la variedad de experiencias eróticas y sentimientos que se experimentan en la relación sexual la cual, busca la autosatisfacción, y/o la interacción con otras personas de sexos biológicos iguales, similares o distintos. La sexualidad ofrece inmensas posibilidades de realización humana, y de distintas expresiones, en aspectos que involucran la identidad de género, la orientación sexual y su infinidad de variaciones en las generaciones, grupos sociales y poblacionales.

De esta forma el varón es concebido como una persona que exhibe su masculinidad a través de través del gusto por el sexo opuesto, mostrándose como una persona económicamente independiente capaz de sostener un hogar y con la capacidad de conseguir una pareja heterosexual para procrear. Por otra parte, la mujer es concebida como aquella persona que está destinada a concebir en su vientre, cuidar y criar a sus hijos, ser ama de casa, destinada a desempeñar las labores domésticas. Estos modelos o estereotipos hacen que si una persona se manifiesta en contra o de otro modo a lo preestablecido culturalmente, automáticamente es rechazada y considerada como indeseable por el hecho de ser diferente. De esta forma se le desacredita y se le ve como una persona de condición inferior, a la cual se le niegan los derechos que pueden disfrutar las personas que son socialmente aceptadas. Debido a este imaginario hegemónico de la sexualidad son excluidos quienes por su sexualidad, su percepción de sí mismos, el estilo de vida y construcción corporal, no encajan en el modelo mayoritario.

Valle del Cauca En el Valle del Cauca nos encontramos ante una población LGTBI creciente, siendo Cali el municipio con mayor nivel de concentración de esta población dada su densidad poblacional y características de ciudad capital del departamento; por este motivo la Gobernación ha trabajado para convertir al Valle del Cauca, en el primer departamento en establecer una marco jurídico propio que adopte la política pública hacia la población conformada por lesbianas, gays, travestis, bisexuales e intersexuales, mediante la Ordenanza No. 339 del 28 diciembre 2011. Esta política, busca garantizar el ejercicio pleno los de derechos de las personas LGTBI, bajo el principio que la garantía de derechos de todas las personas y de todos los sectores sociales es indispensable para la construcción y fortalecimiento de un Estado Social de derecho. La Gobernación del Valle del Cauca viene impulsando la construcción conjunta con las organizaciones de mujeres pertenecientes al sector LGTBI, para conformar el Comité de impulso con fin es apoyar, asesorar y contribuir con mecanismos, acciones afirmativas y estrategias encaminadas a la operativización de los reglamentado en la ordenanza mencionada, para la protección y garantía de los derechos humanos vulnerados a esta población. Las personas de la comunidad LGTBI suelen ser estigmatizadas, especialmente los trans, de manera grave cuando se las percibe como desviadas de un patrón moral de conducta; esto se trata de comportamientos culturalmente arraigados y no de conductas esporádicas u ocasionales. Por eso en la vida cotidiana se les condena a ser clandestina en sus expresiones de afecto, impidiéndoles acceder a los mismos derechos de las parejas heterosexuales. Como fue señalado en la Consulta realizada con representantes de organizaciones LGTB, la estigmatización tiene dimensiones variadas y es más o menos marcada dependiendo de si se es homosexual, transexual o bisexual. Las personas trans-afirmaron los representantes- son las más discriminadas y excluidas por su identidad y expresión de género. En términos generales, la población trans no acude a la universidad, al bachillerato y tiene dificultades para conseguir empleo. Por otra parte, se discrimina más a las mujeres lesbianas que a los hombres gay, sobre todo por la cultura machista. Se sabe de algunas mujeres lesbianas que, por asumirse en sus trabajos como homosexuales, fueron despedidas de sus trabajos.

La violencia es también una forma de negarles libertades a ciertos grupos sociales como la población LGTBI. De hecho no existen en la Defensoría del Pueblo ni en los otros organismos de control formatos especiales para recepcionar los reclamos por maltrato de personas LGTBI, lo que facilita evadir el registro e invisibilizar casos de violación de sus derechos. De las denuncias sobre vulneración de derechos que dijeron haber realizado 65 personas trans entrevistadas, solamente una expresó que su denuncia había sido registrada. En el Valle del Cauca, pese a los esfuerzos que hace el gobierno departamental para proteger a los miembros de esta comunidad, la violencia contra ellos es notable “el Valle del Cauca es el segundo departamento con mayor número de homicidios de personas que pertenecen a la comunidad LGTBI (lesbianas, gay, bisexuales y personas trans) en Colombia´´ -según el último informe de Derechos Humanos de la fundación Colombia Diversa- debido a los prejuicios y a la débil promoción de la plena inclusión, el respeto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la movilización de los LGTBI en el país. El Valle del Cauca es el primer departamento de Colombia en tener una política pública para esta comunidad y cabe anotar que la Constitución política establece que los miembros de este colectivo son sujetos de especial protección.

Conoce conmigo más información sobre este grupo poblacional en Colombia y Valle del Cauca, visitando el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/

b) Organizacional: A nivel Internacional, se han producido avances significativos que van encaminados hacia la garantía al ejercicio de la orientación sexual y la identidad de género con el fin de obtener un trato igualitario y respetuoso de la misma forma

que la recibe un ciudadano heterosexual, prueba de ello lo constituye el documento donde se plasma en los principios de Yogykarta referentes a la aplicabilidad de la legislación internacional en materia de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género, las cuales deben ser cumplidas por todos los estados. (Fundación casa GAMI - Mesa departamental de diversidad sexual y VIH, 2010)

En la constitución política encontramos entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad (Artículo 16 constitución política) el respeto por la dignidad protege la libertad de acción, involucrando el derecho a la construcción de una imagen propia y libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad que merecen protección por el Estado. Este derecho permite escoger y adoptar un plan de comportamiento acorde a su concepción del mundo y del entorno social. Sólo es limitado por el respeto al derecho de otros ciudadanos y el no causar perjuicio social.

En el Valle del Cauca, específicamente en Cali se celebra, en el mes de junio la marcha del "orgullo gay", dicha tradición está asociada a la conmemoración de los disturbios en el bar Stonewall de la ciudad de Nueva York en el año 1969, cuando un grupo de hombres gay se reúnen por primera vez en la historia para manifestarse en contra de la opresión por parte de la policía.

Principio de igualdad como garantía de derechos (artículo 13 constitución política) que garantiza el trato igualitario de cualquier persona ante la ley; por lo tanto, en la protección, en el trato, y el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación con base en criterios de sexo, raza y origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Sabías que… A pesar del significado histórico de este evento, también es preciso reconocer que estos hechos dejaron una impresión errónea en el imaginario colectivo de las personas acerca de cuándo se le debe reconocer los derechos a los grupos LGBTI: (Rojas, 2011) 1) Las personas que le LGBTI pueden ser consideradas como respetables, y sujetas a derechos en la medida que puedan trabajar, y aportar económicamente a la sociedad. Esta visión sesgada atenta contra la integridad de todas las personas, si se tiene en cuenta que la dignidad y la igualdad son derechos universales y no están sujetos a cuantías económicas, sino que son inherentes al ser humano. 2) La dignidad de este grupo poblacional comenzó a ser reconocida bajo la condición de que sus expresiones de género y de construcción de identidades no entrara en contravía con el imaginario social; aunque en apariencia esta es una visión incluyente en la medida que los gays no sean afeminados, sin embargo, que excluye a las personas que no usan prendas o comportamientos que estén de acuerdo a su sexo biológico. Estas dos condiciones, establecidas socialmente para los LGTBI permitieron establecer un camino de aceptación y tolerancia, la cual no necesariamente va asociada al respeto; sin embargo, paulatinamente se ha ido avanzando en los derechos de este grupo poblacional a nivel internacional, nacional y local. Éste proceso de inclusión social, está en constante avance, evolución y expansión encaminado a lograr una sociedad igualitaria. Prueba de lo anterior, es la evolución en la celebración de la marcha de del orgullo gay a través de la historia, inicialmente estas marchas eran discretas y lúgubres, su finalidad era concientizar a la gente de que este tipo de población también era parte de la sociedad, ocupaban los cargos que ostenta cualquier otro individuo socialmente aceptado, poseían afectividad propia y sexualidad propia, por tanto merecían respeto al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la educación y a la salud.

PARA TENER EN CUENTA… Las problemáticas que vive y la sociedad colombiana en materia de derechos humanos; por razón de identidad y orientación sexual encontramos las siguientes: 57 

Tortura y malos tratos en las calles a los transexuales por parte de distintos grupos poblacionales.



Crímenes que quedan en impunidad como el asesinato de transexuales y gays.



La detención arbitraria a la población que le LGTBI en razón de su condición.



Agresiones de tipo sexual incluyendo abusos.



Uso el lenguaje despectivo hacia este tipo de población.



Intromisión y vulneración del derecho a la privacidad.



Exclusión de las oportunidades de empleo y educativas.



Discriminación a la hora de ejercer el goce de otros derechos humanos.

Estas formas de violencia se agudizan cuando se combinan con otros factores de violencia, odio, exclusión y discriminación, como son aquellas sustentadas en la raza, la edad, la religión, la discapacidad o la condición económica, social, o de otra índole. La violencia y desigualdad motivadas por razones de género, son materia de vigilancia y salvaguarda del Estado y la sociedad, los cuales deben propugnar por avances en materia de inclusión. Con el fin de abordar y subsanar estas situaciones, el departamento del Valle del Cauca, es el primero del país en aprobar la Ordenanza 339 del 28 diciembre 2011 "por medio de la cual se establecen los lineamientos de la política para la garantía y la exigibilidad de derechos de las personas (LGTBI) lesbianas, gays, bisexuales trans generalistas e intersexuales, en el Valle del Cauca y se editan otras disposiciones".

Otro avance en materia de el restablecimiento de los derechos, lo constituye el establecimiento de fechas especiales en las cuales se expresan públicamente las reivindicaciones que buscan revalidar este tipo de identidades. Entre ellas encontramos, el día de la no homofobia y transfobia (IDAHO por su sigla en inglés); dicha celebración se conmemora el 17 de mayo, por tal motivo en esa fecha convergen múltiples manifestaciones internacionales y nacionales que reivindican y reconocen los derechos del sector LGTBI. Esta celebración comienza en el año 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad, de la lista desórdenes mentales. Dicha decisión fue tomada por los activistas, marcando un logro fundamental para aquellos que ostentan una orientación sexual e identidades de género no hegemónicas, establecido como un derecho fundamental.

Para el caso colombiano, encontramos avances importantes en materia de inclusión, construidos a partir de casos particulares, que generalizan una interpretación de la ley aplicable a todo ciudadano LGTBI que se encuentre en una situación de vulneración en aspectos comunes de la vida diaria. A continuación puedes encontrar la referencia para algunas de las sentencias más relevantes para la protección de los derechos en nuestro país. SENTENCIAS RELEVANTES: 

Sentencia T 569 de 1994: derecho al libre desarrollo de la personalidad, límites, homosexualidad en el colegio.



Sentencia T 101 de 1998: derecho a la educación de personas homosexuales.



Sentencia SU 337 de 1999: derecho de personas intersexuales a decidir sobre tratamientos intervenciones quirúrgicas -intersexualidad.



Sentencia C -507 de 1999: unión marital de hecho.



Sentencia T 692 de 1999 y T 268 de 2000: derecho a la intimidad personal y familiar. Suspensión de identificación del menor y progenitor en asunto de sexualidad humana.



Sentencia C 336 de 2008: derecho a ser beneficiario (a) de la pensión de sobrevivientes de la pareja del mismo sexo.



Sentencia C 798 de 2008: derecho - deber de asistencia alimentaria para parejas del mismo sexo.



Sentencia T 435 de 2002: derecho a la libre opción sexual.



Sentencia T 1096 de 2004 derecho a la salud. Fundamental por conexidad con la vida digna.



Sentencia C 075 2007: régimen patrimonial de compañeros permanentes.



Sentencia T 152 de 2007: derecho a la igualdad, trato discriminatorio, orientación sexual.



Sentencia C 811 de 2007: régimen de seguridad social en salud de pareja homosexual.



Sentencia C 029 de 2009: equipar a uniones de hecho del mismo sexo con uniones maritales heterosexuales, por lo que se establece que los miembros de parejas del mismo sexo pueden: constituir un patrimonio de familia inembargable.



Sentencia T 062 de 2011: mujeres trans genetistas privadas de la libertad.



Sentencia C 283 de 2011: derecho la porción conyugal de las uniones maritales de hecho y las parejas del mismo sexo.



Sentencia T 716 de 2011: las parejas del mismo sexo son beneficiarios del régimen de pensión de sobrevivientes.



Sentencia T 314 de 2011: Política Pública Integral Nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI.

2.3 Caracterización por Etnias

Son aquellos grupos humanos que tienen una raíz ancestral común, los cuales habitan un territorio definido y en otros casos se han visto obligados a desplazarse por razón de la violencia o por falta de oportunidades educativas y laborales en sus lugares de origen.

2.3.1 Afrocolombianos

a) Social y Demográfico: El censo 2005 registró un total de 1.092.169 afrocolombianos en el departamento de Valle del Cauca, que representan el 26% del total de la población departamental (4.161.425 habitantes). Del total de población afrocolombiana, 1.090.943 (99.88%) se reconocen como población negra, de ellos, 965.077 habitan en las cabeceras municipales y 125.866 viven en las zonas rurales; por otra parte, 1.225 se reconocieron como raizales (0.11%), de los cuales 1.180 viven en las zonas urbanas y 45 en rurales y finalmente una persona que vive en la zona urbana, se identificó como palenquero.

Las personas que se reconocen a sí mismas como afrodescendientes son mayoría en: Buenaventura (271.141; 88,5%), seguido por Jamundí, Candelaria, Zarzal, Dagua, Pradera, Florida, El Cerrito, Cali y Riofrío; Santiago de Cali cuenta con 542.936) afrocolombianos aproximadamente, aunque una cuarta parte de la población no nació en esta ciudad, lo que convierte a Cali en territorio de inmigrantes. Esto es debido a que como importante eje económico y puente de conexión del sur del país, recibe habitantes no sólo del Valle del Cauca, sino de los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, especialmente.

SABÍAS QUE…. Dentro de los espacios del territorio para las comunidades negras y afrocolombianas, los espacios en los que se desarrollan las diferentes actividades tradicionales están claramente identificadas con los roles de género de hombres y mujeres, siendo los espacios de las labores que exigen mayor fortaleza física están reservadas para los hombres, y el resto de espacios son de actividades desarrolladas por mujeres y niños, o por la comunidad. Para la población afrocolombiana el territorio expresa formas organizativas alrededor de las actividades de pesca, la minería, la caza, la búsqueda de la madera, la siembra y la cosecha. El territorio está constituido por conocimientos de las propiedades curativas de las plantas medicinales en los cuerpos y las almas de las personas (Comité de Comunidades Negras, 2009).

Además, 10.000 afrocolombianos conservan el lenguaje palenquero y la mayoría de ellos conservan las tradiciones de los afrodescendientes y las creencias en los santos que se practican al interior de las comunidades verbi gratia las músicas y los cantos afrocolombianos que son heredadas de múltiples tradiciones del África occidental como son los toques de tambor y de marimba, sonajas y cantos. Los bailes más practicados son el currulao, el mapalé, el bunde y la Caredona. Los relatos de tradición oralespecialmente fuerte en la cultura afro- es una forma de memoria colectiva, que reconocen el origen africano y el pasado colonial, y afianzan los sentidos de identidad y de pertenencia de los afrodescendientes. Las comidas son apetecidas por su originalidad y buen sabor; las más acostumbradas son: el Chere (carne salada con plátano popocho y otros ingredientes), el Coyano (masa de maíz calentado para asar), el Paco (fruto del árbol paco que se le agrega al sancocho” (Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2008, Art. 5°).

b) Organizacional: Movimiento social afrocolombiano, negro, raizal y palenquero

El final de la década de los ochenta estuvo marcada por movilizaciones civiles, que permearon como forma de hacer política en las comunidades afrocolombianas, ejemplo de ello el caso de los dos paros cívicos que surgieron en Tumaco y Chocó buscando la reivindicación de derechos étnico-raciales representados por afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros. Ese tinte cívico permitió que convergieran manifestaciones organizativas que buscaban para la época el mejoramiento de los servicios públicos, lo que evidencia que no siempre buscaban la reivindicación de los derechos diferenciales o las acciones afirmativas. Muchas de las movilizaciones sociales de esa época, no fueron registradas como de afrodescendientes, e incluso lo aprendido terminó siendo usado en las organizaciones afrocolombianas que fueron fundadas en esa década y las que nacerían después de la Constitución Política de 1991 (Molina, 2012).

Es importante saber que, antes de 1991, desde la década de los años setenta se venía hablando del “Movimiento Social de Comunidades Negras”, como expresión organizativa del Pacífico colombiano que buscaba legitimar su identidad étnica negra.

En este contexto, “Desde la eclosión del Movimiento Social Afrocolombiano (MSA), se observa el surgimiento de distintas vertientes de organizaciones sociales afro, entre las cuales se destacan tres. La primera vertiente se relaciona con las organizaciones de corte étnico-racial, surgidas de zonas rurales, las cuales han ido reivindicando sus derechos al territorio y el reconocimiento de sus prácticas culturales y ancestrales. La segunda se refiere a las organizaciones que surgen de áreas urbanas con el fin de afirmar su presencia en estos

espacios, tener una influencia en la acción política y articularse con las organizaciones de las zonas rurales. La última, que es, a su vez, la más reciente, surge de los procesos de desestabilización y debilitamiento del MSA, promovidos desde el Estado y otras fuerzas políticas (oficialistas y/o paraestatales), basados en mecanismos clientelistas y politiqueros, al igual que en las diferencias de opinión al interior de las organizaciones, en general, y en sus divergencias para encontrar estrategias comunes de lucha política” (Wabgou, Arocha Rodriguez, Salgado Cassiani, & Carabalí Ospina, 2012)

El fortalecimiento de las organizaciones de afrodescendientes, su articulación con el Estado y el papel que cumplan, promoverá la participación, exigibilidad de sus derechos e incidencia política. El movimiento étnico-racial, se ha venido articulando para buscar reivindicaciones en varios niveles, empoderándose para la defensa como sujetos de derechos que se han organizado para exigir al Estado que sean tratados diferencialmente. En la actualidad existen varias Organizaciones Sociales Afrocolombianas entre las cuales se encuentran: AFRODES, CIMARRÓN, CNOA y PCN.

Si quieres leer más sobre estas comunidades y más temas, acompáñame a http://sis.valledelcauca. gov.co/ donde podrás encontrar una Biblioteca Virtual con documentos de tu interés.

c) Institucional: Factores que limitan la eficacia de las políticas públicas para comunidades afrodescendientes, raizales o palenqueras en el Valle del Cauca

Colombia ha avanzado claramente en cuanto a la afirmación de los derechos de los ciudadanos afro descendientes, reconociendo su contribución a la conformación de la identidad nacional. Actualmente hay un volumen significativo de programas diseñados

para promover el desarrollo de esta población, a pesar de ello la aplicación de la norma colombiana dentro de las comunidades afro colombianas sigue siendo lamentablemente inadecuada, limitada y esporádica. (Roux, 2010) Prueba de ello, lo constituye la Mesa de Concertación Afrodescendiente en el departamento del Valle del Cauca, la cual ha estado inactiva por varios años, sin embargo en la actualidad la Gobernación está uniendo esfuerzos para recuperar este espacio de diálogo las organizaciones y las instituciones en torno a estas poblaciones. En resumen, a pesar de la abundancia de herramientas jurídicas para la defensa de los derechos de estos grupos poblacionales por ahora sólo se encuentran en el papel. Los programas planteados en los documentos CONPES, han obtenido resultados poco alentadores, en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de estos habitantes por dos razones; la primera razón, es el bajo nivel de inversión para la ejecución de estos programas, lo que impide romper los círculos de pobreza en los cuales se encuentra inmersa esta población y; en segundo lugar, encontramos que muchos de estos están mal diseñados, entre tanto, las comunidades siguen reclamando más presencia del Estado para garantizar todos sus derechos constitucionales. Por las condiciones externas que impiden a la política pública implementar acciones eficaces dirigidas a reducir la brecha que existe entre las comunidades afro descendientes de la población mayoritaria, podemos encontrar las siguientes razones:

1) Estamos en medio de un modelo de desarrollo totalizante y homogeneizante, el cual antepone la producción económica a gran escala, por encima de la producción cultural de estos pueblos. En el Valle del Cauca encontramos comunidades afrodescendientes que habitan en tierra sin titulación, y con niveles de fertilidad limitados para la producción de alimentos que satisfagan el consumo humano.

2) La presencia de actores armados por fuera de la ley que favorecen la economía ilegal relacionada con el cultivo, procesamiento, a la producción y distribución de alcaloides. Esta economía ha permeado las distintas esferas de la sociedad Vallecaucana, conllevando a otras problemáticas en cuanto a violencia, corrupción política y administrativa y aumento en el consumo de psicoactivas. Entre las manifestaciones de violencia encontramos: los ajustes de cuentas, la guerra entre pandillas, la guerra entre carteles, la inseguridad en las ciudades, el aumento de homicidios por arma de fuego y

por arma blanca y el reclutamiento a niños niñas y adolescentes reclutados por estos. En cuanto a la corrupción política y administrativa vemos cómo se refleja a través del desvío de recursos públicos, apropiación indebida, clientelismo, procesos de licitación viciados, etc. Por otra parte debemos cada día un aumento en el consumo de sustancias activas dentro de la población infantil, adolescente y juvenil. 65

Si te interesa conocer más sobre nosotros, la familia afrodescendiente, puedes leer el informe completo, en el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/

2.3.2 Indígenas

a) Social y Demográfico: En el país existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas, que cuentan con una población de 1.378.884 personas, equivalente al 3,3% de la población, según el Censo DANE de 2005. Esta diversidad, que se refleja también en las 68 lenguas o dialectos diferentes que se hablan en Colombia, es la que los constituyentes de 1991 quisieron proteger, con una serie de normas tendientes a garantizar la identidad especial de las comunidades indígenas, concediéndoles un fuero jurisdiccional para que ellas mismas resuelvan sus conflictos, otorgándoles la

propiedad colectiva de sus resguardos y permitiéndoles que se autogobiernen según sus propios usos y costumbres, siempre y cuando no desborden la Constitución y las leyes.

ACIVA: Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca- RP. En el 2001 tuvo reconocimiento legal la ACIVA (Asociación de Cabildos Indígena del Valle del Cauca Región Pacifico). Esta asociación está conformada por 5 etnias indígenas, que se encuentran asentadas en diferentes zonas, como son las Wounaan Nonam, Eperara Siapidara, Embera Chamí, Nasa e Ingas. El conjunto de comunidades en la actualidad asciende a 38 y su distribución geográfica abarca las cabeceras de los ríos San Juan, Naya, Anchicayá, Dagua, Bongo, calima y la sierpecita. Tiene sede principal en Buenaventura y desde 2004 fue creada la subsede en Quibdó.

b) Organizacional: Desde la época de la conquista las comunidades indígenas han librado contiendas. Para ese entonces las luchas fueron principalmente en el departamento del Cauca para detener la invasión de sus territorios, no dejarse esclavizar y más aún, impedir que saquearan sus riquezas.

Desde finales de la década del sesenta, esta

En Valle del Cauca… Actualmente, las comunidades indígenas reconocidas que habitan en territorios del Valle del Cauca son los Embera, Embera Chamí, Nasa, Waunan. La mayoría de estas comunidades habitan en resguardos, que es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio (Art.21 Dcto. 2164/95).

La tercera parte de los municipios del departamento cuenta con resguardos indígenas legalmente reconocidos. Los 22.313 indígenas que residen en el territorio representan el 0,6% de su población total. El municipio de Cali concentra 58,3% de ellos, seguido por Florida (11,6%) y Buenaventura (8%).

región se ha caracterizado por sus protestas contra los gobiernos locales para la protección de las tierras donde se encuentran sus resguardos. Para esta época, se desató una aguda violencia contra la Comunidad Nasa, los cuales volvieron a perder un porcentaje considerable de las tierras de los Resguardos y vieron destruidas sus organizaciones. En los años setenta, formaron el Consejo Regional Indígena del Cauca, con el propósito de recuperar la tierra, defender la cultura y conquistar la autonomía. Fue entonces como recuperaron con éxito territorios ancestrales para establecer sus comunidades, y buscar su bienestar económico y social. Su situación económica y social se había vuelto cada vez más difícil de sostener por la falta de tierras, y era entonces perentorio dominar de nuevo los espacios que fueron ocupados por sus ancestros. Y así fue, consiguieron ampliar sus resguardos a más de 500.000 hectáreas de tierra, mejoraron sus condiciones de vida, implementaron sistemas propios de salud, justicia, salud y educación. Desde finales del Siglo XIX, el Movimiento de Quintín Lame luchó por la recuperación de los resguardos en el Cauca, lo cual se multiplicó en los departamentos con presencia de Pueblos Indígenas. Desde hace un par décadas a la fecha, gran parte de las movilizaciones indígenas se han enfocado en la búsqueda de representación política, pues ha sido característico el no permitir la cooptación de parte de los partidos políticos tradicionales, evitando de esta manera que otras personas no indígenas determinen sus agendas. Buscan en sí, abrir espacios político-organizativos como movimiento social que lucha contra la exclusión, la desigualdad y la inequidad de muchos pueblos. Pese a tener metas en común, aún persisten divisiones como las que se presentaron a finales de los años setenta al interior del CRIC.

RECUERDE! Quintín Lame dirigió desde comienzos del Siglo XX la lucha por la recuperación de los Resguardos Indígenas en el departamento del Cauca.

La lucha de los pueblos indígenas ha conseguido sus frutos: fueron incluidos en la Constitución de 1991, a través de la cual se reconocen sus derechos fundamentales

como la autonomía y la inalienabilidad de los Resguardos en tanto “el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Art. 7). “... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias, será bilingüe” (Art. 10). “Las tierras de resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Art. 63). “... tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural...” (Art. 68). “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas” (Art. 286)” (DANE, 2007). Pese a ello, continúan siendo unas de las víctimas de violencia y el conflicto que vive Colombia.

Sabías que … En la actualidad, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC se concibe a sí misma “como proyecto político de carácter nacional, constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia, para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática”. Si quieres saber más ingresa a: www.onic.org.co/

El Primer Congreso Indígena Nacional que institucionalizó la Organización Nacional indígena de Colombia, fue celebrado en la Localidad de Bosa en febrero de 1982, y estuvo conformado por representantes del 90% de los pueblos indígenas colombianos y contó con la presencia de 12 delegaciones indígenas internacionales. Por primera vez en la historia nacional, dos mil quinientos delegados de los diferentes pueblos indígenas del país, se reunían para conversar sobre su pasado, presente y futuro; además para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de la integralidad de sus identidades étnicas”. (ONIC, s.f.)

Por su lado, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana según ellos mismos informan, albergan a por lo menos 56 pueblos indígenas amazónicos distribuidos en 162 Resguardos. En palabras de ellos, “es una institución de carácter

especial indígena que ejerce representación política de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana e instituciones de orden nacional; su objetivo es velar para que todos los derechos colectivos e individuales de sus afiliados sean respetados y reconocidos por todos los actores”. (OPIAC, 2013)

c) Institucional: Las comunidades indígenas del Valle del Cauca, compuestas por aproximadamente 22.000 personas, pertenecientes a cinco etnias, aún están esperando que en el Valle del Cauca se ejecute el “Plan de Salvaguarda Indígena”, el cual fue ordenado por parte de la Corte Constitucional hace cinco años. Las etnias que habitan en el departamento han formulado sus planes de acuerdo con el Auto 004 de la Corte Constitucional, pero no han sido tenidos en cuenta. Dicha corte ordena mediante este plan, cobijar a los pueblos Inga, Wounaan, Nasa, Eperara Siapidara y Embera Chamí, las cuales pertenecen a las 34 etnias colombianas en riesgo de extinción física y cultural. (El Tiempo Cali, 2015) Según datos del Ministerio de Educación, la matricula indígena en el departamento del Valle del Cauca es de 1.674 niños, los cuales son atendidos por 35 maestros indígenas en 62 sedes de instituciones educativas, ubicadas en su mayoría, en el sector rural y en los municipios de Florida y Buenaventura. (Defensoría del Pueblo, 2012) Respecto a la gestión del servicio educativo las organizaciones indígenas del departamento manifiestan está enfocada a la cosmovisión Afrodescendiente la cual no corresponde con la propia, por tanto se considera una negación de la presencia de poblaciones indígenas en el departamento. Existe una preocupación por la competencia territorial de los diferentes entes frente a la prestación de los servicios públicos, en especial, el educativo. Por ejemplo, no hay acceso a la Universidad del Pacifico para miembros de comunidades indígenas, y ausencia de apoyo institucional para publicar y reproducir materiales didácticos en lengua materna.

Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Valle del Cauca

a) Amenazas Colectivas: Según ellos mismos, se han reportado cuatro en contra de dos organizaciones indígenas: La Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del

Cauca ACIVA-RP- y la Organización Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC-, siendo declaradas como objetivo militar por parte de grupos post desmovilización de las “Águilas Negras y Rastrojos del bloque militar Valle del Cauca”. Estas organizaciones son amenazadas, por su presunto papel de auxiliadores de la guerrilla y por obstaculizar la industrialización de la tierra. El Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, también han sido estigmatizadas y señaladas por parte de estos grupos paramilitares.

b) Confinamiento: Son impuestos por los grupos armados, los cuales ocupan las vías de acceso principal que comunican con los territorios Indígenas esta situación provoca un grave desabastecimiento alimentario y de salud, dejando a estos pueblos incomunicados durante períodos de tiempo que pueden durar hasta varios meses. En los territorios indígenas hay una fuerte presencia de grupos armados legales e ilegales, ello provoca que aumente el enfrentamiento armado entre estos grupos y la Fuerza pública, afectando a los miembros de las comunidades indígenas, los cuales quedan en medio del fuego cruzado y bombardeos. Esta infracción al derecho internacional humanitario se incrementa cada día, se reportaron (236) víctimas por confinamiento, el más afectado es el pueblo indígena Wonaan, situado en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca con (200) personas afectadas en el año 2014. Igualmente, el pueblo Emberá Eyábida, ha sido víctima de esta contravención con un reporte de (35) víctimas; este pueblo se encuentra ubicado entre el departamento del Valle del Cauca y Chocó.

c) Amenaza individual en persona protegida: Se han realizado diez amenazas contra los líderes, lideresas e indígenas, de los pueblos Emberá Chamí del departamento del Valle del Cauca, con cuatro afectaciones.

Si quieres conocer más información sobre la situación de mi comunidad y todas las Comunidades Indígenas en Colombia, puedes visitar el siguiente link: http://www.sis.valledelcauca.gov.co/

2.2.3.3 Pueblo Rrom o gitanos

En el caso del pueblo Rrom o gitano, la información de antecedentes históricos sobre su migración a Colombia no es fácil de conseguir. Incluso, se cree que hay referencias que hacen alusión con otros nombres o etnónimos, pues es un pueblo ágrafo que reconstruye su historia utilizando la tradición oral que recogen los hombres y las mujeres con mayor edad que viven en las Kumpanias.

En nuestro país existen familias gitanas de máximo cuatro generaciones, evidenciando que su historia probablemente comenzó a partir de la mitad del siglo XIX luego de la gran migración europea. En Colombia los clanes que se reconocen son los Bolochoc, que son la mayoría, los Boyhas, los Churon, los Mijhaís, los Jhanes, los Langosesti y los Bimbay. En casi todos los pueblos del mundo los Rrom tienen contenido heterogéneo, sin embargo pese a comparten elementos culturales étnicos comunes

Sabías que… Las Kumpanias son: Los diferentes clanes que forman unidades comunitarias de residencia y circulación, que en Colombia se asientan en un barrio o se dispersan por familias en las viviendas de los demás habitantes donde mantienen vínculos con las demás kumpanias.

sus diferencias que los caracterizan, como

su propio Himno Nacional donde se plasma su origen, un único Dios pero sin enmarcarse dentro de una religión porque cuando las mujeres se han acercado a alguna, TEN EN CUENTA: dejaban de practicar la quiromancia que practican desde niñas, así mismo comparten su 1. Se es Rrom por derecho de nacimiento. propio sistema de justicia a través de la Ley Kriss Romaní con la cual resuelven los problemas por 2. Ser Rrom está asociado sus propios medios, además del con hacer parte de una desconocimiento del sistema jurídico familia colombiano, su tradicional forma de vestir con 3. La Kriss Romaní es el colores vivos y accesorios distintivos e incluso la Tribunal de Sere forma de caminar que hace que otros gitanos los Romengue o autoridades reconozcan donde estén. Los gitanos han tradicionales, donde Kriss significa organización procurado conservar sus costumbres y social gitana. transmitir en cada generación su idioma el romaní o romanes, así como su habilidad 4. El Pueblo Rrom o gitano artesanal en los hombres para trabajar el cobre no usa cárceles. La pena y el acero. más alta que se impone a quien comete un delito, es

Pese a su gusto por los viajes y conocer el el destierro. mundo, hay factores externos que le impiden a muchas familias Rrom continuar con su cultura ancestral nómada de ir de pueblo en pueblo, debido a su situación económica, razón por la cual ahora son considerados por algunos como un pueblo semi nómada. Sin embargo, no se ubican en un lugar específico, dado que están donde el trabajo se los permita y puedan ocuparse.

Dentro del Pueblo Rrom o gitano, el poder no está centralizado en representantes que dirijan a las personas, porque este reside en la familia al ser un grupo patrilineal y patrilocal. Según estadísticas del DANE, el 94% de 4.858 personas que son del Pueblo Rrom viven en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander y Nariño, y en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta, Girón e Ipiales. Sin embargo, no están interesados en ser reconocidos públicamente sino como los demás ciudadanos y gozar de los mismos derechos, pese a tener diferencias en su forma de vida.

El Pueblo Rrom no tiene en Colombia acceso a muchas oportunidades por no ser reconocidos de la misma forma que los demás ciudadanos y esa relación con ellos resulta un poco compleja por la prevención que existe hacia los no gitanos, lo cual imposibilita conocer más sobre sus necesidades. Su educación sigue siendo nómada pues estudian muy poco y en promedio cursan sólo primaria pues se dedican a los oficios de la casa o tradicionales. A nivel internacional el Pueblo Rrom o gitano, fue reconocido por el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”; pese a ello, se les sigue invisibilizando en algunos sectores de la sociedad colombiana. En la actualidad reclaman al gobierno protección y la garantía de sus derechos como grupo étnico, y por lo tanto la forma en que se ganan la vida. A través de la Constitución Política de 1991 en sus artículos 40, 42, 43, 44 y 45, se reconoció la existencia de grupos poblacionales que requieren protección diferencial por parte del Estado dado que enfrentan a obstáculos al momento de acceder a sus derechos como ciudadanos y a verse discriminados en diversas áreas de la sociedad. Ten en cuenta que … Mediante el Decreto 2957 del 6 de agosto de 2010, se reconoció la identidad propia del Pueblo Rrom y se crearon las herramientas para la promoción de sus prácticas culturales. En este sentido, se hace evidente que existe la necesidad de valorar las contribuciones históricas que han realizado exaltando la riqueza étnica y cultural de la nación, así como avanzar en la consolidación de una relación con el Estado que buscan desde hace varias décadas. En un sentido más específico se estableció el Decreto 4634 de 2011 a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo RROM o gitano.

Aunque este decreto abre el camino, para que se establezca que las herramientas de gestión pública se diseñen acordes con la cultura, cosmovisión, lengua, educación, trabajo, salud y vivienda, para lograr la garantía de sus derechos, se observa que el

reconocimiento por parte del Estado no ha sido fácil de conseguir, pues aunque la ley con Enfoque Diferencial los protege, continúan sin ser identificados como grupo social y no existe una legislación específica que mejore sus condiciones de vida. Es de anotar que el marco jurídico ha venido siendo construido bajo la lógica de pueblos sedentarios con territorios definidos, y no ha sido diseñado según su movilidad geográfica, hecho que también los afecta en la prestación de los servicios de seguridad social para el uso de régimen subsidiado de salud y educación. Por ejemplo, en cuanto a educación se refiere es evidente que el sistema homogeniza y no diferencia lo que se enseña en las instituciones educativas oficiales o colegios privados, donde se ven obligados a hablar en castellano idioma que no es su lengua romaní llevándolos a ir perdiendo una de sus tradiciones. Carecen de proyectos que sirvan para mejorar sus niveles de vida, pues los planes nacionales o locales de desarrollo hasta hace unos años no los incluía con su especificidad. Existe una tendencia generalizada en algunos sectores de la sociedad por desconocimiento a pensar que los grupos étnicos son los pueblos indígenas y afrodescendientes, con lo cual excluyen a los gitanos y a los raizales. Buscan a través del Movimiento Social Gitano y de PROROM que el gobierno nacional construya un marco jurídico que reglamente las relaciones entre ellos y el Estado colombiano, que incluya entre otras cosas un estatuto de autonomía cultural que impulse soluciones a las problemáticas que afectan su calidad de vida, y que propenda por la visibilización de su pueblo. En este mismo sentido, reclaman al igual que los pueblos indígenas y afrodescendientes tener circunscripciones especiales que garanticen un lugar en el proceso político colombiano, puesto que el no tenerla los lleva a que se vean en desventaja frente a los otros grupos poblacionales y a los ciudadanos que no son gitanos.

En Cali (Valle del Cauca) existe una Kumpania, en el barrio El Jardín. También hay grupos familiares dispersos en distintos pueblos del departamento del Valle del Cauca, y otras regiones del país. Se localizan principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Nariño y ciudades como Bogotá D.C.

Finalmente, la dinamización de estas iniciativas organizativas del Pueblo Rrom o gitano,

tanto a nivel nacional como internacional donde hacen presencia a través del Consejo de Organizaciones y Kumpeniyi Rom de las Américas, demuestran la necesidad de continuar el proceso de visibilización en aras de construir una sociedad más equitativa e incluyente donde se reconozca de manera integral sus derechos colectivos y patrimoniales. 75

2.2.4 Discapacidad Con la Constitución Política de 1991 en sus artículos 13, 47, 49 y 54, y con el establecimiento de que Colombia es un Estado Social de Derecho, se establece la defensa de quienes por su condición de vulnerabilidad e indefensión pueden ser discriminados o marginados por acciones u omisiones del mismo Estado o de particulares. En el caso de las personas con discapacidad, es evidente que necesitan de una protección diferencial en la medida que se busca su no discriminación y la garantía del acceso a los bienes y servicios que favorezcan su desarrollo integral.

RECUERDA! La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 13, 47, 49 y 54 propende por los derechos fundamentales, servicios, planes de prevención y rehabilitación de los discapacitados y exige al Estado garantizarlos.

Según el DANE (2005), Colombia tiene aproximadamente 2.650.000 personas que presentan algún tipo de discapacidad, En este sentido, se hace necesario conocer las acciones que desde el Estado se vienen desarrollando para las entidades nacionales, departamentales y municipales, incluyan los enfoques diferencial y de derechos para las personas con discapacidad.

Desde la década de los años setenta, el país viene consolidando un amplio marco jurídico a través del cual se establecen los derechos y se normativizan las necesidades de las

personas con discapacidad. Por ejemplo en 1981 se creó el Sistema Nacional de Rehabilitación a través del Decreto 2358, con el cual se identifican acciones para fortalecer algunos sectores relacionados con el tema. En 1985, mediante la Resolución 14861 se habla de la protección, salud, seguridad y bienestar de las personas en el ambiente, pero en especial de los discapacitados. Por su lado, la Ley 12 de 1987 establece requisitos para la construcción del espacio público para la eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el desplazamiento de las personas discapacitadas. Para los menores de edad con discapacidad, se expidió en el Decreto 2737 de 1989 un Código que focaliza en el Título VII a esta población. En la década de los años noventa se promulgaron dos antecedentes importantes en esta materia, primero la Ley 361 de 1997 estableció los mecanismos de integración social de las personas discapacitadas, y luego entre 1999 y 2000 a través del Plan Nacional a las Personas con Discapacidad, se definen los lineamientos para la asistencia integral a esta población dentro del gobierno de turno. A nivel internacional por ejemplo, partimos de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías –CIDDM de 1980 y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, presentada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1999. La cual se convirtió en el primer tratado del siglo XXI sobre Derechos Humanos el cual pretende dejar atrás las prácticas discriminatorias en contra de quienes tienen alguna discapacidad. Otros de los instrumentos internacionales con los que cuentan las personas con discapacidad, es la Declaración de los Derechos de los Impedidos; el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, a través del cual se establecieron medidas para lograr la igualdad y su participación en la sociedad; las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, adoptadas en 1993, en donde se señalan las responsabilidades de los Estados en relación con estas personas en términos de inequidad y desigualdad social que reclaman soluciones políticas.

Accesibilidad La Ley 361 de 1997, los Decretos 1618 y 1469 de 2010; están relacionados de la regulación en materia de licencias urbanísticas, en ellas establece su cumplimiento obligatorio en poblaciones superiores a los 500.000 habitantes. Sin embargo, los curadores urbanos no están teniendo en cuenta esta legislación, en general ellos sólo exigen el cumplimiento de las normas de sismo resistencia, pero no realizan la verificación desde el diseño de las

obras mismas. Es un hecho grave que no se esté exigiendo en materia de comunicación, ni de señalización en las obras; por eso es necesario poner en marcha una estrategia de promoción y sensibilización hacia estos funcionarios. Como consecuencia de esta situación, las edificaciones no están cumpliendo con las normas arquitectónicas que incluyan a la población discapacitada, convirtiendo estas construcciones, en una barrera de acceso, ello se debe a la falta de responsabilidad de las entidades y empresas que evaden la norma.

En cuanto al tratamiento hacia los discapacitados, solamente se les reconoce sujetos de derechos en materia de salud, pero cada persona debe ser tratada a nivel individual, colectivo e institucional. Son necesarias, políticas integrales que atiendan las necesidades de esta población en el tema educativo, laboral, de vivienda y demás derechos sociales.

Es importante ampliar la cobertura a nivel de organizaciones de las personas con discapacidad, para que puedan ocupar todos los comités y mesas a nivel municipal y departamental, con el fin de realizar una veeduría constante.

Integración educativa

Es necesario revisar la ley de inclusión educativa y su aplicación, ya que hay docentes sin preparación en materia de inclusión. Además, con frecuencia, las instalaciones no cumplen la normatividad para espacios accesibles. La inclusión educativa también debe verse reflejada en la revisión de las cuotas de acceso a la educación superior por parte de esta población, con el objetivo de lograr la inclusión junto con otros grupos beneficiados de las políticas diferenciales como por ejemplo; los indígenas, afros y desplazados. Lo anterior es necesario pues actualmente las personas en esta condición entran a competir con la población general. La formación educativa para la inclusión de las personas con discapacidad en el Departamento, debe ser orientada hacia la educación para el trabajo y el

emprendimiento. En cuanto a la accesibilidad, las personas en situación de discapacidad en edad escolar no cuentan con recursos para transportarse hacia las instituciones educativas ubicadas en lugares de difícil acceso. Sin contar que el Valle del Cauca solo cuenta con 3 salas con acceso informático, equipadas para atender los discapacitados en todo el departamento. Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad dependen mucho de la voluntad política de los gobernantes de turno, de ahí que las que no disfrutan de estos acompañamientos están más rezagadas, y el problema es que a medida que aumenta la demanda de esta población, también disminuyen los recursos para atenderlos; se requieren más apoyos del Estado a estas organizaciones a través del aprovisionamiento de educadores, equipos de rehabilitación; proyectos de recreación, deportivos y culturales e integración para la educación y el trabajo. Sólo de esta manera se puede brindar a la población en esta situación, una atención integral de forma ideal. No todos los apoyos del gobierno tienen que ser forzosamente económicos, también se puede considerar las dotaciones como: uniformes, instrumentos, material didáctico los cuales también son apoyos estratégicos.

a) Demográfico y Social: En el Censo de Población y Vivienda de 1993, el departamento del Valle del Cauca reportó un total de 62.296 personas con deficiencias severas, y una prevalencia del 1,89%. Más adelante, en el censo de 2005 se identificaron 267.348 personas con limitaciones permanentes, para una prevalencia del 6,64%; según los resultados obtenidos con la aplicación del Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, se han registrado 59.472 personas, quedando un total por registrar de 207.876.

Prevalencia: El municipio de Vijes es el que presenta la mayor prevalencia en el registro con 7,2%, seguido de Caicedonia con el 4,6%.

En el Valle del Cauca, mientras 3,3 de cada 1.000 personas de cero a 4 años están en situación de discapacidad, en las personas mayores de 80 años la tasa de prevalencia es del 94,5 por cada mil. En promedio las personas menores de 60 años presentan una prevalencia del 10,3 por cada mil personas, mientras que la prevalencia en las personas

mayores de los 60 años la prevalencia sube al 54,6. Adicionalmente, el 79,6% de la población registrada habita en viviendas del estrato 1 y 2, el 16,1% en el estrato 3, el restante 3,5% corresponde a estrato 4, 5 y 6, siendo éstos principalmente personas que habitan en instituciones públicas o privadas. De las personas registradas que presentan algún tipo de deficiencia, el 47% requieren de la ayuda permanente de una persona para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismos (ver tabla). De éstas, el 5% son niños entre los cero y los 4 años de edad; el 11% son niños entre los 5 y 14 años, el 30% personas entre los 15 y 44 años, el 16% son personas entre los 45 y los 59 años, y el 39% son personas mayores de 60 años de edad. Esta dependencia se encuentra principalmente en aquellas personas con deficiencias relacionadas con el sistema nervioso (52%), voz y habla (47,9%), y con el movimiento de cuerpo o extremidades (52%).

b) Organizacional: Con la Constitución Política de 1991 en sus artículos 13, 47, 49 y 54, y con el establecimiento de que Colombia es un Estado Social de Derecho, se establece la defensa de quienes por su condición de vulnerabilidad e indefensión pueden ser discriminados o marginados por acciones u omisiones del mismo Estado o de particulares. En el caso de las personas con discapacidad, es evidente que necesitan de una protección diferencial en la medida que se busca su no discriminación y la garantía del acceso a los bienes y servicios que favorezcan su desarrollo integral.

Según el DANE (2005), Colombia tiene aproximadamente 2.650.000 personas que presentan algún tipo de discapacidad, por lo que se reclaman políticas puntuales para esta población. En este sentido, se hace necesario conocer las acciones que desde el Estado se vienen desarrollando para las entidades nacionales, departamentales y municipales, incluyan los enfoques diferencial y de derechos para las personas con discapacidad.

c) Institucional: Desde la década de los años setenta, el país viene consolidando un amplio marco jurídico a través del cual se establecen los derechos y se normativizan las necesidades de las personas con discapacidad. Por ejemplo en 1981 se creó el Sistema Nacional de Rehabilitación a través del Decreto 2358, con el cual se RECUERDE! identifican acciones para fortalecer algunos sectores relacionados con el La Constitución Política de tema. En 1985, mediante la Resolución Colombia, en sus artículos 13, 47, 49 y 54 propende por los 14861 se habla de la protección, salud, derechos fundamentales, seguridad y bienestar de las personas en servicios, planes de el ambiente, pero en especial de los prevención y rehabilitación discapacitados. de los discapacitados y exige al Estado garantizarlos.

Por su lado, la Ley 12 de 1987 establece requisitos para la construcción del espacio público para la eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el desplazamiento de las personas discapacitadas. Para los menores de edad con discapacidad, se expidió en el Decreto 2737 de 1989 un Código que focaliza en el Título VII a esta población. En la década de los años noventa se promulgaron dos antecedentes importantes en esta materia, primero la Ley 361 de 1997 estableció los mecanismos de integración social de las personas discapacitadas, y luego entre 1999 y 2000 a través del Plan Nacional a las Personas con Discapacidad, se definen los lineamientos para la asistencia integral a esta población dentro del gobierno de turno. A nivel internacional por ejemplo, partimos de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías –CIDDM de 1980 y de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, presentada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1999. La cual se convirtió en el primer tratado del Siglo XXI sobre Derechos Humanos el cual pretende dejar atrás las prácticas discriminatorias en contra de quienes tienen alguna discapacidad.

Otros de los instrumentos internacionales con los que cuentan las personas con discapacidad, es la Declaración de los Derechos de los Impedidos; el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, a través del cual se establecieron medidas para lograr la igualdad y su participación en la sociedad; las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, adoptadas en 1993, en donde se señalan las responsabilidades de los Estados en relación con estas personas en términos de inequidad y desigualdad social que reclaman soluciones políticas.

2.5 Población Víctima de la Violencia Armada Interna -Desplazados-

a) Social y Demográfica: La presencia en la región de fenómenos como el narcotráfico y los grupos insurgentes que aprovechan la ubicación estratégica del Departamento, más las razones sociales vinculadas a la crisis del sector agrario (economía cafetera del norte y ganadería en expansión) y la falta de oportunidades que atrajeron a miles de personas para vincularse a las actividades delictivas, han motivado la expansión del conflicto armado, que ha afectado en forma especialmente aguda algunas regiones del Departamento (Buenaventura y el andén del Pacifico y las dos cordilleras), impactando drásticamente a las estructuras familiares, la convivencia, la calidad de vida y el ejercicio de los derechos fundamentales -la vida y la libertad-.

Consecuencia de los fenómenos relacionados, el Valle del Cauca vio aumentar en forma dramática las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la violencia, desde mediados de los años ochenta y, si bien disminuyeron a finales de los noventa, aún hoy se mantienen niveles elevados, por encima de la media nacional. En resumen la presencia de diversas dinámicas y actores de violencia o las violencias asociadas a conflictos complejos de la sociedad han terminado convirtiéndose a su vez en factores y dinámicas generadoras de exclusión e inequidades (De Roux, 2008). También se reconoce que es consecuencia de lo anterior, el fenómeno migratorio interno de la población desde los territorios tradicionales hacia las grandes ciudades, en busca de seguridad y mejores oportunidades; fenómeno migratorio del que el Censo de 2005 afirma que “entre los años 1996 a 2002, la intensidad del desplazamiento de los municipios con población afrocolombiana ha sido mayor a la de otros municipios”.

En 1999 se intensificó el desplazamiento en el Departamento debido a la intensificación del conflicto armado, el fortalecimiento de organizaciones paramilitares y la consecuente disputa por territorios en los que las organizaciones guerrilleras mantenían algún control. Así, hasta 2001, el índice de expulsión (intensidad) aumentó continuamente para caer en 2002 y remontar de nuevo en 2003. La tendencia volvió a caer drásticamente en 2004 pero desde entonces los expulsados en el Valle del Cauca han venido aumentando. En 2006 el Departamento ocupó el sexto lugar en la nación como región expulsora.

Según informes de diferentes organizaciones comunitarias e instancias gubernamentales, en la región de Buenaventura (Colombia) solo el año 2006, 592 personas fueron muertas en esta región y según instancias gubernamentales estas tuvieron que ver con razones políticas (ACNUR, 2009, p. 18).

Según CODHES 182, en el añoVALLE 2005 en Valle del Cauca había 35.074 personas en situación DELelCAUCA de desplazamiento, que representaban un poco más del diez por ciento del total nacional. Las personas desplazadas no solamente son objeto de exclusión económica, social y Valle delterritorial Cauca ha por sidola tradicionalmente y expulsor desplazados. Aunque enpolítica. los vía de la fuerza,receptor sino que tambiénde son objeto de exclusión Sus primeros años de la década las expulsiones superaron a las recepciones, sigue siendo más posibilidades de ejercer su libertad para optar libremente a favor de los candidatos de su receptorpredilección, que expulsor. comparación los niveles nacionales, fuelos uno de los al principales seEn ven cercenadascon abruptamente por quienes obligan desplazamiento. departamentos expulsores entre 2000 y 2001 para caer a la séptima posición en 2002. En de la Pero además sus posibilidades de ejercerlas en los lugares a donde llegan huyendo 2003 fuemuerte, el departamento del limitadas país con más y el tercero en 2006. son también por recepciones desconocimiento del medio, porHistóricamente la discriminación social se han de destacado como municipios receptores Buenaventura, San Pedro que son objeto, por miedo y por los demás factores implícitos yenJamundí, la tragedia del seguidos de Bugalagrande, Tuluá y Dagua. El desplazamiento afecta principalmente a la desplazamiento (De Roux, 2008 p. 294) población más vulnerable entre la que se encuentran las minorías étnicas. En el Valle del Cauca se han visto muy afectados los grupos indígenas y los afrodescendientes, principalmente en los últimos tres años (De Roux, 2008).

b) Organizacional: “…no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido ahora que es la hora de saber quiénes somos…” 83 Mario Benedetti Padrenuestro Latinoamericano Las víctimas en Colombia son sujetos de derecho social y político, pero además son testimonios reales que ayudan a mantener en la memoria los recuerdos de los hechos, indispensables para la comprensión del conflicto y los proyectos que se llevan a cabo para darle fin. La palabra víctima agrupa como unidad de análisis a personas que por diferentes circunstancias han sufrido los efectos de un conflicto armado o guerra como son: secuestrados, asesinadas, heridos por minas antipersonales, viudas, huérfanos, desaparecidos, desplazados, niños y niñas combatientes, entre otros. En este sentido, la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, afirmó que el informe que presentó el Gobierno Nacional con corte a abril de 2014, “el Registro Único de Víctimas contaba con 6 millones 372 mil víctimas, el 87 % de estas, 5 millones 537 mil, corresponden a desplazamiento forzado”. (Redacción de El País, 2014)

RECUERDA…

“Se entenderá por “víctimas”, las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder… Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico”. (Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Resolución 40/34 de la Asamblea General).

(United Nations Office on Drugs and Crime, 2015) A nivel internacional, la figura nació desde la Primera Guerra Mundial cuando surgió la idea de crear la Corte Internacional de Justicia por los crímenes cometidos durante la confrontación y la necesidad de enjuiciar a los culpables de la violación de derechos humanos. Años después, pasados los juicios de Japón y Alemania por los vejámenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, se retomó la idea de un Tribunal Penal Internacional que quedaría de manera permanente, pero no fue posible llevar a cabo en ese entonces esta iniciativa. Sin embargo, fue en 1960 durante el juicio a Eichmann en Israel que cobró mayor importancia gracias a la aparición de las víctimas para dejar su testimonio y declarar en su contra. Otro hecho importante en este sentido, fue la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder. A nivel nacional, las víctimas del conflicto armado colombiano han estado presentes en diferentes momentos de la legislación por más de una década, mostrando los rostros ocultos de quienes lo padecen. Ejemplo de ello fue el Proyecto de Alternatividad Penal en 2003, que tuvo que ser modificado para incluir una definición a la figura frente a sus derechos sociales, políticos y económicos que se convertiría años más tarde en la Ley de Justicia y paz. Sin embargo, se presentaron críticas frente a dicha ley que llevarían a tramitar en el 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sobre este punto, es preciso tener en cuenta: En primer lugar, “la definición amplia de víctima que permite el pleno reconocimiento de todos sus derechos… y segundo, el proceso de restitución de tierra a campesinos desplazados y despojados con base en el principio de inversión de la carga de la prueba. Y más teniendo en cuenta que casi cuatro millones de personas –hombres, mujeres, niños y niñas–, es decir el 10% de la población colombiana, son víctimas del conflicto armado” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD., 2011) Además, sobre esta ley, vale la pena subrayar el artículo 13 donde se expone lo siguiente: El principio de Enfoque Diferencial “reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, y que, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral

deberán contar con dicho enfoque. Por lo tanto, el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo, como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado”. La invisibilización de las víctimas en diferentes escenarios, los hechos violentos que dejaron huellas imborrables y su revictimización, afectan tanto a las personas que lo viven como a sus familias. Esta ley es entonces, una de las acciones realizadas por el Estado para visibilizar a las víctimas en la medida que las incluyen en el proyecto como población civil que ha hecho parte del conflicto al tiempo que hace presencia donde no lo ha hecho. Los sujetos de derecho de ésta, han puesto una cuota muy alta en pérdidas humanas, sociales y económicas. Valle del Cauca La cuota más alta de víctimas en Colombia, la pone el Valle del Cauca. Un informe de la Unidad de Víctimas acerca del desplazamiento forzado en 2013 concluye que este departamento es la zona del país donde más se presentan víctimas por este flagelo. Retomando lo citado por El Espectador en su columna del 11 de junio de 2014 titulada Valle del Cauca el departamento con más desplazados en Colombia, “En general los desplazamientos disminuyeron en todos los departamentos del país entre los años 2012 y 2013, salvo en el Valle del Cauca, donde se incrementaron en un 14, 6 % de un año a otro…De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, Buenaventura es el municipio donde mayor cantidad de desplazamientos se registran teniendo en cuenta que en 2013 ocurrieron 24.978 casos, lo que indica que 88% de las víctimas provienen del puerto. En el resto del departamento, las estadísticas por desplazamiento fueron encabezadas por Cali (con 1.585 casos), Tuluá (568), Jamundí (323), Trujillo (277) y Pradera (264)”. Sin embargo, para CODHES la cifra asciende a 32.892 tal como

lo enuncia en el informe el Desplazamiento Forzado y la Imperiosa Necesidad de la Paz (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), 2013)

Estas son algunas organizaciones de civiles víctimas en el Valle del Cauca: Asociación de Afrocolombianos Desplazados - Buenaventura (AFRODES) Asociación de Mujeres Marcando Huellas de Paz (AMAHUPAZ) Fundación de Desplazados Nuevo Amanecer de Cartago Fundación de Desplazados del Bajo Calima FUNDEBACAL Fundación de Desplazados Unidos Los Emigrantes (FUNDEMUD) Asociación de Desplazados de Florida Valle (ASODEFLOVALLE)

TEN EN CUENTA: Para contactar las organizaciones de víctimas del Valle del Cauca llamar a: 87 Unidad de Atención y Orientación de Cali: Carrera 16 no. 15 - 75 Teléfono: (572) 8960763 Unidad de Atención y Orientación de Buenaventura: Carrera 1 no. 7 -31

Si quieres conocer más información las víctimas de la violencia en el Valle del Cauca, puedes visitar la página del Observatorio Social de la Presidencia de la República: 88

*http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/EstadisticasDepartamento.a spx *http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/DiagnosticoEstadisticoDepto/dd/200 3-2008/valle.pdf

O también puedes consultar más información sobre este grupo poblacional en Colombia y Valle del Cauca, visitando el siguiente link:

http://www.sis.valledelcauca.gov.co/

c) Institucional: Oficina Gestión de Paz y Convivencia

Es una de las entidades fundamentales de la Gobernación del Valle del Cauca, la cual tiene como misión, crear espacios sociales, participativos, investigativos e intersectoriales contribuyendo decididamente en la construcción de un entorno de armonía y convivencia, orientando recursos institucionales, tecnológicos, financieros y humanos para afianzar el bienestar de los vallecaucanos. Su visión es crear las condiciones favorables para que el Valle del Cauca asuma un papel protagónico como modelo de convivencia para el país, con bases sólidas que propicien la transformación pacifica de los conflictos y siente las bases para una región pujante y competitiva con una sociedad que partícipe en la búsqueda de solución a sus conflictos.

Funciones:

1. Apoyar y asesorar a las Administraciones Municipales en articulación e implementación de Políticas Públicas de Paz y Convivencia así como la elaboración y ejecución de Programas y proyectos. 2. Emprender acciones para fortalecer la promoción de los Derechos Humanos y fomentar los mecanismos para su defensa. 3. Fomentar los mecanismos de resolución Pacífica de Conflictos y de acercamiento de las instancias de Justicia a los Ciudadanos. 4. Contribuir a la desactivación de factores de violencia, mediante el fomento de políticas, planes y acciones dirigidas al fortalecimiento de la Sociedad Civil y su actuación colectiva en forma concertada. 5. Contribuir a la desactivación de factores de violencia, mediante el fomento de políticas, planes y acciones dirigidas al fortalecimiento de la Sociedad Civil y su actuación colectiva en forma concertada. 6. Fortalecer los procesos de organización y participación de la Comunidad en la definición y gestión de su desarrollo.

7. Desarrollar actividades de Comunicación por diversos medios, que permitan dar a conocer las políticas públicas de Paz y los programas proyectos y acciones que se adelantan desde el gobierno Departamental. 8. Concertar con las diferentes entidades Nacionales, Departamentales y Municipales el desarrollo de políticas y estrategias que apunten a disminuir los índices de violencia en el Departamento. 9. Coordinar el Comité Departamental para la atención Integral a la población Desplazada por la violencia. 10. Trabajar en la socialización de un comportamiento seguro ante el peligro de las Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explotar (MUSE) 11. Promover la Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) 12. Promover líneas de investigación permanente parar la identificación de factores de violencia en el territorio Vallecaucano que permitan diseñar políticas de Estado. 13. Promover la participación de los grupos de interés expresados en los Gremios económicos en el Proceso de construcción de la Paz.

BLOQUE 3 3.

Política Pública con Enfoque Diferencial y Enfoque de Derechos

3.1 Nociones básicas: entendiendo la diferencia entre: “La” Política, “Una” Política y “Lo Público”.

Podemos definir “Lo Público” como: el conjunto de bienes que pertenecen y son administrados por el Estado, para uso de todos los habitantes de una zona o región específica como un municipio o un departamento. Los servicios públicos son aquellos que el Estado pone a la disposición de las personas los cuales son financiados mediante impuestos, como: la educación, la salud, la seguridad y la justicia.

Empleados públicos son aquellos cuyo empleador es el Estado y no una persona física o jurídica de tipo no gubernamental. Se entiende “La Política” como la ciencia y arte de gobernar, referidos a la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. La política también es una actividad de comunicación pública. (Villanueva, 2007). En resumen: es un comportamiento planeado (compuesto por un conjunto de acciones, con el fin de alcanzar objetivos definidos).

Para el SIGESI, la política pública se entiende como una herramienta de gestión pública en la que se establecen acuerdos ciudadanos para la transformación de la sociedad

3.2 ¿Qué es una Política Pública?

La Política Pública es definida entonces, como el “proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas, con la participación eventual de los particulares, y dirigido a solucionar o prevenir una situación definida como problemática.” (Gavilanes, 2009)

En este contexto, para el Sistema de Gestión Social Integral -SIGESI, la política pública se entiende como una herramienta de gestión pública en la que se establecen acuerdos ciudadanos para la transformación de la sociedad. Está orientada a generar desarrollo social y económico, mediante la visibilización de las múltiples identidades culturales y sus potencialidades, la protección de los derechos por parte del Estado y la exigibilidad de los mismos por parte de los ciudadanos. La política pública se operacionaliza mediante un ciclo que articula planes, programas y proyectos, se dinamiza en los escenarios interinstitucionales y la implementan los actores públicos y privados responsables de su ejecución. Ésta herramienta cuenta con las siguientes etapas:

A. Definición de agenda Política: Es el conjunto de temas coordinados y establecidos entre el gobierno y los distintos actores sociales. Esto significa, la realización de acuerdo social y ciudadano para definir qué es lo que se desea hacer para una población o sector específico que se organizan de manera ordenada, con el fin de encontrar soluciones a una problemática, en un periodo de tiempo determinado.

B. Formulación y toma de decisiones: La formulación puede implicar dos procesos diferentes. El primero es diseñar la política, buscando alternativas a los problemas específicos que se desean abordar. El segundo es ajustar una política existente, la cual ha generado buenos resultados, pero que necesita armonizarse con las realidades existentes en el momento de la formulación. Una vez hecha la escogencia, es necesario reglamentarla para darle el soporte legal correspondiente.

C. Pasos de la formulación:

1. Identificación de problema a solucionar, definición de objetivos y metas relevantes. 2. Búsqueda de alternativas: examinar todas las soluciones alternativas para el logro de metas y analizar todas las consecuencias posibles para cada alternativa de política. 3. Comparar las alternativas con los objetivos y metas previamente definidas, y elegir solución cuyos resultados proporcionan mayor alcance de objetivos, y mayores beneficios que se ajusten a los recursos disponibles. 4. Definición, evaluación: es la aprobación o rechazo de opciones de política. 5. Proceso de articulación técnico-política: en el cual se determina que es lo deseable y lo posible; es la etapa de discusión e interacción con los actores sociales relevantes.

Es importante recalcar que la política pública se concreta en la vida real, cuando es articulada a otras herramientas de gestión pública como planes, programas y proyectos los cuales posibilitan su desarrollo de manera efectiva.

6. Selección de una solución al problema: diseño de la política pública. 7. Asignación de recursos.

D. Implementación la Política Pública: Se implementa una política cuando ya se han tomado decisiones sobre qué líneas son las más importantes a intervenir. Se desarrollan determinadas actividades, se define cuáles estructuras institucionales van a participar y coordinar, y se definen modelos de monitoreo.

E. Elementos a tener en cuenta para la Implementación:

1. Se pone en marcha la Política seleccionada. 2. Comprende las actividades desarrolladas hasta alcanzar los efectos buscados por la intervención pública que solucionen la problemática presentada. 3. Utilización recursos institucionales entendidos como los recursos humanos y económicos disponibles, para desarrollar la política o supervisar la gestión privada cuando se encarga a este sector la ejecución de la política o parte de ella. 4. Es un proceso que tiene una gran complejidad por la cantidad de actores y disposiciones que circulan en los espacios de toma de decisiones, articulación (donde se vigila que las medidas adoptadas, se vean reflejadas de la forma más fiel posible en el proceso de ejecución por numerosos actores y decisiones) requiere constante monitoreo y coordinación. 5. Generalmente se considera un proceso de arriba abajo donde el sector público toma la última decisión. 6. El modelo de abajo hacia arriba se cumple cuando los flujos de información, fluyen adecuadamente para ajustar continuamente decisiones específicas que modifiquen las formas de articulación y durante las distintas etapas de la ejecución. 7. Problemas de implementación:

– Problema de diseño – Problemas Imprevistos – Cambios de contexto social

F. Evaluar sus impactos y efectos: Implica hacer un examen exhaustivo sobre el cumplimiento de los objetivos sobre los cuales se diseñó dicha política pública. Del resultado de la evaluación, dependen las modificaciones (ajustes), o diseños de una nueva política que logre los resultados deseados. 95 “El aprendizaje a través del estudio sistemático de cómo mejor diseñar, implementar y entregar los programas y políticas públicos (Evalsed, Unión Europea, 2008)” referido por: (Winchester, 2011)

El sistema de evaluación es parte integral de los procesos de decisión y de articulación, porque permite analizar constantemente las políticas públicas, para decidir si se mantienen, se modifican o se terminan.

Beneficios:

• Mejoramiento en las políticas en el mediano plazo • Diseño de programas adecuados. • Facilita la selección entre varias alternativas de solución y/o Intervención • Mejoramiento en la calidad de la gestión pública reflejada en el aumento de cobertura de la población beneficiada, además de la eficiencia y eficacia en la entrega de los servicios y bienes públicos. • Identificación clara y precisa de los productos, resultados, e impactos

3.3 ¿Qué es el Enfoque de Derechos?

RECUERDA QUE… El Enfoque de Derechos es considerado un como marco conceptual que indica cuáles son las normas legales que deben seguir las personas, la sociedad y el Estado para vivir en armonía. A esas normas se les conoce comúnmente como “derechos”. Por tanto, el objetivo de este enfoque es convertirse en el marco de concertación entre Estado y Sociedad Civil. A su vez es concebido como una apuesta política que busca combatir la discriminación, las desigualdades y las injustas relaciones de poder, que se generan tanto en los imaginarios colectivos como en las prácticas sociales (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2006).

Este enfoque se basa en los principios de interdependencia e integralidad. La interdependencia implica que los derechos solo pueden ser concebidos como vinculados entre sí, es decir, que todos están relacionados; la integralidad plantea que un derecho se puede garantizar solo si se garantizan los demás. Esto rompe con la noción clásica de derechos, la cual los divide en: los fundamentales o de primera generación (derechos civiles y políticos), y los complementarios o de segunda y tercera generación (derechos sociales y colectivos). En cambio, en el Enfoque de Derechos, todos son de esencial cumplimiento y el Estado debe responder por ellos. Así, las generaciones de derechos antes nombradas son concebidas “como un proceso histórico de ampliación del contenido jurídico sobre la dignidad humana” (Jiménez, 2007, p-35) y no como una jerarquía que marca la importancia de unos en detrimento de otros.

3.4 ¿Qué es enfoque diferencial?

RECUERDA QUE…

El Enfoque Diferencial tiene dos elementos que construyen su significado: por una parte es un método de análisis y por otra es una guía para la acción pública. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014).

Se considera un método de análisis porque lee y analiza la realidad, haciendo visible las formas de discriminación contra aquellos grupos o pobladores considerados diferentes respecto al grueso de la población. Además, es también una guía para acción pública porque, toma en cuenta dicho análisis con el fin de brindar una adecuada atención dirigida a proteger los derechos de la población.

3.5 ¿Qué es una Política Pública con Enfoques Diferencial y de Derechos?

Te invitamos a ingresar a http://sis.valledelcauca.gov. co/ y leer más sobre la Territorialización del Enfoque Diferencial en las Políticas Públicas

Se define como aquella que se ha diseñado teniendo en cuenta el Enfoque Diferencial y de Derechos. Esta se Define más ampliamente como el conjunto de procesos que integran las decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos adelantados por autoridades públicas junto con otros miembros de la sociedad, encaminados a solucionar o prevenir una problemática social identificada y beneficiar a los habitantes, mejorando su calidad

de vida. Este análisis también sirve de guía para conocer la manera como han avanzado los gobiernos, en la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, en especial aquellos que han sido históricamente excluidos.

3.6 ¿Cuál es la importancia de los Enfoques Diferencial y de Derechos en las Políticas Públicas?

La importancia de aplicar estos enfoques en las Políticas Públicas, radica en que solo mediante la comprensión e intervención diferenciada de las poblaciones y territorios, es posible proteger la dignidad humana, desarrollar las capacidades y proporcionar condiciones que garanticen la libertad, la justicia, la equidad y la vida digna, reconociendo los modos de vida particulares y la noción de desarrollo que cada una de las poblaciones han definido para sí mismos. Siendo así, el enfoque diferencial juega un papel importante como herramienta que debe manejar todo funcionario público, y en especial aquellas instituciones cuya obligación está en velar por el bienestar y el goce de los derechos de los ciudadanos, como es el caso de las personerías. Si nos preguntamos por la razón de ello encontramos que el enfoque diferencial permite:

EL ENFOQUE DIFERENCIAL PERMITE: 

Visibilizar el recrudecimiento de la violencia y violación de los derechos humanos en forma sistemática a poblaciones y grupos considerados histórica y culturalmente con criterios discriminatorios.



Evidenciar la ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos.



Señalar las dificultades y resistencias para reconocer las asimetrías, desigualdades, vulnerabilidad y necesidades de las poblaciones consideradas como diferentes.



Mostrar la invisibilización y visión limitada sobre las características de dichas poblaciones.

También es conveniente recordar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es enfático en reconocer que ciertos pueblos y grupos tienen necesidades de protección diferenciada basada en situaciones específicas de vulnerabilidad manifiesta o de inequidades y asimetrías de las sociedades históricamente constituidas a las que pertenecen. En el sistema de Naciones Unidas dichas necesidades especiales de protección han sido reiteradas por órganos de supervisión de derechos humanos como el “Comité de Derechos Humanos” y el “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

RECUERDA QUE … Todos los seres humanos tienen derechos de los cuales son titulares, esto significa que poseen la libertad para ejercerlos y la capacidad para realizarlos. Tanto en el Enfoque Diferencial, como en el de Derechos, las personas deben ser capaces de exigirlos y reivindicarlos.

El Estado, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia, deben generar y aplicar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos, prevenir su vulneración o restablecerlos en los casos que así se requiera. La concreción de estos derechos se logra mediante las políticas públicas, por lo que su diseño debe basarse en un proceso riguroso de diagnóstico social, que identifique las problemáticas más importantes y sus soluciones. En tal sentido, las diferencias históricas, étnicas, culturales, etarias, territoriales, raciales, sexuales e ideológicas, nutren las identidades colectivas y se constituyen en la riqueza que movilizan el desarrollo social y económico en la región; por tanto, la función del Estado debe partir de este reconocimiento y potenciarlo a partir de la puesta en marcha de las Herramientas de Gestión Pública que se implementen de manera lógica, mediante la articulación entre políticas públicas, planes, programas y proyectos. Por ello, las Políticas Públicas como herramientas dinamizadoras de la gestión pública, deben contemplar desde su diseño la realización de diagnósticos sociales participativos que vinculen de forma transversal los indicadores diferenciales y medir el tiempo, el impacto y el efecto que tuvo la política en la vida de las poblaciones en relación directa con sus particularidad e historia, como sujetos colectivos. Esto supone que los programas y proyectos, sean diseñados, implementados y evaluados con criterios de ED, conllevando nuevos retos para los gobiernos locales, construcción de agendas públicas que reconozcan las diferencias de los sujetos y propuestas de acciones concretas que promuevan la protección integral de sus derechos, mediante la garantía, prevención de vulneración y restablecimiento en los casos que sea necesario.

3.7 El desafío de Incluir el Enfoque Diferencial y de Derechos en las políticas públicas: un gran reto!.

Materializar dichos enfoques dentro de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, es un gran reto. No es suficiente enunciar en una herramienta de gestión pública las palabras: “aplíquese el Enfoque Diferencial” o “aplíquese el Enfoque de Derechos”. Es necesario, construir agendas públicas y diseñar políticas que contengan propuestas y acciones concretas que sirvan como insumo para el desarrollo de las capacidades humanas, la protección de las diferencias poblacionales y la garantía efectiva de los derechos en todo el ciclo de la política pública:

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Para Incluir estos enfoques en la Política Pública se requiere: 1. Definir los principios orientadores de la acción pública para cada una de las poblaciones incluidas en el Enfoque Diferencial. 2. Realizar un acuerdo social y ciudadano para definir los principios que se incluirán en la agenda pública. 3. Definir las Líneas de Política Pública según los principios del acuerdo ciudadano con el que se construyó la agenda pública. 4. Elaborar un plan de gestión de la política pública, en el que se concreten sus líneas de acción, mediante metas e indicadores orientados a la garantía, prevención de la vulneración y restablecimiento de los derechos de la población. 5. Ejecutar la política pública del Plan de Desarrollo en ente territorial (municipio o departamento), con su respectiva realización en programas y proyectos.

RECUERDA… El Sistema de Gestión Social Integral del Valle del Cauca (SIGESI) cuenta con una caja de herramientas que contiene instructivos, los cuales te ayudarán en el proceso de diseño, implementación, evaluación y ajuste de políticas, planes, programas y proyectos con enfoques diferencial y de derechos. Para entrar a esta caja de herramientas, pulsa AQUI

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El desafío del Departamento del Valle del Cauca es avanzar en procesos de gestión pública que, efectivamente, protejan los derechos de todos y todas!!

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Evaluación BLOQUE 4

TALLERES Y EVALUACIÓN

INSTRUCTIVOS

Manual de Inclusión de ED en las PP. Procesos y Procedimientos SIG asociados. Estrategia de Territorialización del Enfoque Diferencial ¿Qué es el Sistema de Gestión Social Integral del Valle del Cauca?

VÍSITANOS EN: http://sis.valledelcauca.gov.co/

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