E-Boock_Envío Año 7 No 21_ok by eri santos

envio

Esta edición de la Revista Envío-Honduras es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (eric). Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.

ERIC: Apartado Postal N° 10 Teléfonos: (504) 647 4227 Fax: (504) 647 0907 El Progreso, Yoro, Honduras E-mail: info@eric-sj.net www.eric-sj.net

Consejo de redacción: Ismael Moreno SJ, Thelma Mejía, Isolda Arita y Marvin Barahona.

Año 7 • N° 21 • Honduras • Marzo de 2008

• • • • • • • • •

¿Hay lógica en este caos?............................................................... 1 Último año de un gobierno sin rumbo............................................ 3 La crisis de la economía y la crisisde la política en Honduras..... 10 Balance legislativo 2008: El Congreso Nacional no tiene visión estrátegica........................ 17 Militares y policías: ¿Al servicio del Partido o del Estado?.......................................... 23 La campaña de incidencia del 23, 24 y 25 de enero: Una apuesta por el Poder Judicial y la legalidad.......................... 27 El litigio internacional del caso Jeannette Kawas: Una reivindicación para el movimiento ambientalista hondureño..................................................................................... 30 Análisis de las ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en Honduras......................................... 37 Etnicidad y género en los dictados de la Comintern al primer Partido Comunista de Honduras.................................... 43

Colaboran en este número: Ismael Moreno SJ, Gustavo Irías, CIPRODEH, Thelma Mejía, Guillermo López Lone, Marcia Aguiluz, Gisela de León, Casa Alianza de Honduras y Rina Villars. Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita Diagramación: Oscar Alejandro Mendoza G. Esta revista se publica con el apoyo del Gobierno del País Vasco. Edición e impresión: Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras. Tiraje: 1 000 ejemplares

Lo dijo hace 247 años Mas, cuando los vínculos sociales comienzan a debilitarse y el Estado a languidecer; cuando los intereses particulares comienzan a hacerse sentir y las pequeñas sociedades a in fluir sobre la general, el interés común se altera y se escinde en opuesto; desaparece la unanimidad; la voluntad general no sintetiza ya la voluntad de todos; surgen contradicciones y debates, y el consejo más sano provoca disputa. En fin, cuando el Estado, próximo a su ruina, sólo subsiste por una forma ilusoria y vana, y el lazo social se ha roto en todos los corazones; cuando el interés envilecido se reviste descaradamente con el manto sagrado del bien público, entonces la voluntad general enmudece. Todos, guiados por móviles secretos, opinan como ciudadanos de un Estado que jamás hubiese existido, y permiten que pasen subrepticiamente, bajo el nombre de leyes, decretos inicuos que únicamente tienen como objeto un interés particular. (…) Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social (libro IV, cap. I)

editorial

¿Hay lógica en este caos? os acontecimientos del primer trimestre de este año nos han llevado, con la L intensidad de un carnaval, a los extremos propios de un país sin cohesión social y política, que no logra encontrar su rumbo, porque sus actores sociales están más atentos al disfraz que han de ponerse, que al papel que deben desempeñar como responsables del destino de Honduras.

Los hechos están a la vista: una ola de violencia, secuestros y asaltos sin precedentes; una espiral incontenible de corrupción pública y privada; un manoseo desenfrenado de las instituciones; índices crecientes de desempleo y desocupación; un escandaloso menosprecio por la vida y la dignidad humana; un corrosivo cinismo gremial y un vergonzoso circo político. La impresión que deja este escenario es que los valores y los principios, como sus significados, han sido trastocados en lo opuesto a su esencia. Así, las relaciones de convivencia social se han convertido en un infierno; la moral y la ética en cinismo descarado y corruptor; el Estado de Derecho y sus instituciones en un recinto sin ley ni autoridad; la prevención de la hecatombe económica en indiferencia y desdén. Sin embargo, para unos pocos, este escenario es una “fiesta inolvidable”*. Un lucrativo entretenimiento en el que poco importa el bien público y el interés nacional. Por ello el país marcha a la deriva, como nave sin rumbo, mientras la astucia en el poder impone su agenda, se divierte en su fiesta privada, a sabiendas de que los costos de la resaca los pagaremos otros y otras, más temprano que tarde. En medio de esta tragicomedia se debate la legitimidad del Estado de Derecho, la institucionalidad política y la estabilidad social; se echa de menos la ausencia de una sociedad civil con conciencia ciudadana, y de ciudadanos conscientes del valor de la ética y del comportamiento recto ante los asuntos públicos, que demuestren que, ante los desmanes del poder, hay gente decente dispuesta a exigir una conducta honrada de sus gobernantes; y también capaz de descubrir el verdadero significado de las palabras, cuando las pronuncian quienes creen tener la sartén por el mango. Hoy vivimos uno de los peores episodios de la democracia electoral iniciada en 1982, cuando entró en vigor la Constitución actual, cuya reiterada violación se discute y lamenta, tan apasionadamente, en estos días. Esta vez asistimos —más con impavidez que con conciencia crítica— a una aguda crisis del frágil contrato social que posibilitó la democracia electoral, ahora en entredicho por la demostrada incapacidad de gobernar del bipartidismo de viejo cuño. Pero no sólo eso. Su incapacidad y anacronismo le ha hecho perder toda vergüenza, al extremo de presentar a los políticos más corruptos y desfasados como líderes sociales, a los más tramposos y menos capaces como aspirantes a cargos de *

En alusión a la película “La fiesta inolvidable” cuyo protagonista, Peter Sellers, se introduce en una fiesta en la que siembra el caos, a causa de sus torpezas. Sin embargo, él la disfruta a más no poder.

1 marzo 2009

editorial elección popular y a otros, de pocas luces y salpicados de inmoralidad, como candidatos, para el caso, a la Rectoría de la Universidad Nacional y a la dirección de instituciones que, por su trascendencia, debieran estar en manos de personas capaces y, sobre todo, honradas. A pesar de este contexto deplorable y letal para el futuro del país y su gente, hasta hoy no ha surgido una voz con autoridad legítima y liderazgo popular, capaz de convocar al consenso político y social que este momento exige. La oposición política, si es que la hay, brilla por su ausencia y desluce por su miopía. Peor aún, quienes debieran asumir ese papel, parecen atrapados en sus propias redes, cuidándose de que otros les pisen la cola. Por eso el poder tiene un amplio margen para pisotear la Constitución de la República, para manipular la conciencia nacional con los fuegos artificiales que nos han alucinado en los últimos tres años. ¿Qué otra cosa puede ser esta alharaca sobre la “cuarta urna”? ¿Por qué no propusieron reformar la Constitución desde el primer año de gobierno? ¿Desde cuándo la consulta popular es tan importante para el poder? ¿Por qué no someten a consulta popular los estatutos gremiales, las dispensas de los diputados o las indecentes exenciones fiscales a las transnacionales? ¿Por qué disfrazan los intereses de un grupúsculo con el ropaje de una consulta popular, haciendo aparecer a sus promotores como los nuevos mesías? Estos artificios sólo sirven para encubrir el deterioro de la legitimidad del Estado de Derecho; y para desviar la atención de la calamitosa situación en que este gobierno entregará las finanzas públicas, así como del descalabro sin fin en que están sumidos aspectos tan vitales como la seguridad, la educación y la salud. El gobierno sabe que elevar la discusión de una Asamblea Nacional Constituyente al primer plano le servirá, en última instancia, para incrementar su poder de negociación con las corrientes mayoritarias del liberalismo y con su contendiente tradicional. Esa negociación que siempre se hace en el último año de gobierno, cuando los que se van recuerdan las cuentas pendientes, los escándalos potenciales y los trapos sucios. Los actores del movimiento popular, que se han sumado a esta representación teatral, podrían recibir una desagradable sorpresa. Al final, pueden quedarse sin la cuota de poder con que el gobierno del “Poder Ciudadano” los ha engolosinado, y sin el crédito que, en otros momentos, han recibido de sus organizaciones. Lo mismo cabe decir de algunas organizaciones agrupadas bajo el paraguas de la sociedad civil, que sólo acechan mientras se anuncia el ganador de la contienda. Pero, como la “fiesta inolvidable” no ha terminado, en el círculo del poder continúa la exaltación verbal propia de la demagogia, que proclama el cambio por decreto y que, a falta de imaginación más fecunda, ahora inventa una “izquierda” que parece salir de los abrazos con otros gobernantes, y de un discurso poco creíble en boca de terratenientes aficionados a viajes, aviones, motocicletas y caballos que sólo es posible adquirir en el “infame sistema capitalista”. Pero estas son puras manotadas de ahogado. Los hombres y las mujeres del Presidente están hoy más aislados y solitarios que cuando tomaron posesión en enero de 2006. El tiempo se les acaba, y ellos lo saben. De estas realidades trata este número de Envío-Honduras porque, no hay que olvidar, todo caos tiene su lógica.

2 envío

Actualidad

Último año de un gobierno sin rumbo Ismael Moreno, SJ

Después de casi treinta años de haber pasado de los regímenes militares a la democracia representativa, tenemos menos democracia y menos Estado de Derecho. Y, cuanto más pasa el tiempo, más constatamos que el país sigue sin rumbo. A la “zumbamarumba”. O, quizá peor, al vaivén de los arrebatos de la elite gobernante, tan urgida por consultar al pueblo, ahora que ya está en la recta final.

l primer trimestre ha estado revuelto. El tambaleo de la economía, originado en los centros de poder de los ricos del mundo, ya tiene consecuencias sobre países tan empobrecidos como el nuestro. Cuando finaliza el tercer mes del año, la cifra de deportados hondureños de Estados Unidos sobrepasa con mucho los cinco mil, venidos sólo por medios aéreos. Y cada día aumenta el número de mujeres que se acerca al banco o a una agencia de envíos, no para retirar la remesa que le envía su esposo o hijo, sino para depositar 100 ó 200 dólares para algún familiar que se quedó desempleado en Estados Unidos. Por estos lados, la crisis tiene nombres propios: es la gente que vive en barrios de San Pedro Sula, o de La Ceiba, o de El Progreso. Es la gente que vive en las zonas fronterizas con El Salvador, y que la vida la ha orillado a depender exclusivamente de las remesas que les envían

sus familiares desde Estados Unidos. Es la población que, en los últimos diez años, ha vivido de la remesa, especialmente tras el Mitch, que trajo tanta ayuda internacional, pero nunca trastocó la inequidad social y la vulnerabilidad ambiental. En esta población es donde ya impacta el primer golpe de una crisis que los expertos analistas apellidan como global. Hay también otros nombres en esta crisis. Unas 30 mil trabajadoras de la industria de las maquilas han sido despedidas y están en sus casas de los barrios marginales, ya lejos de las encerradas y calurosas construcciones de la costa norte hondureña, en las que heredaron graves problemas pulmonares por absorber cotidianamente el “tamo”, esa diminuta fibra que en millones de partículas despide la tela con la que confeccionaron los vestidos y la ropa interior que ya no demanda el consumista Norte en tanto volumen.

ESFUERZOS INÚTILES: UNA CORTE PARTIDISTA

A la par de los primeros golpes de la crisis, se sucedieron los debates, tiras y aflojas, a finales de enero, en torno de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en la primera quincena de febrero, de la elección del Fiscal General y su Adjunto en el Ministerio Público. Muchas personas —especialmente profesionales de la capital y de San Pedro Sula— invirtieron enormes energías en favor o en contra de las futuras autoridades, sin que al final todo ese esfuerzo cambiara un solo pelo de los acuerdos que previamente habían tomado los barones de la política y del gran capital. Varios sectores de la sociedad civil se esforzaron para que las autoridades judiciales se eligieran con independencia de los partidos políticos y de los intereses de los grupos económicos. Comunicados pagados 3 marzo 2009

Actualidad

Casa Presidencial ya se gastó más de la mitad En los primeros dos meses y medio de este año, la Casa Presidencial ya gastó el 51% del presupuesto correspondiente al período fiscal 2008-2009, pese a que, de conformidad con las normas de ejecución presupuestaria, lo correcto es no excederse del 25%. El análisis del informe de gasto durante enero, febrero y marzo de 2009, realizado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), revela que la Presidencia de la República erogó, hasta el 12 de marzo, 159.28 millones de lempiras, lo que equivale al 50.9% del monto global del presupuesto, con el agravante de que éste aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. El Congreso amplió recientemente la vigencia del presupuesto 20072008, en vista de que la Secretaría de Finanzas no logra identificar las fuentes para financiar el presupuesto de 2009, lo cual es un síntoma del caos en que se encuentran las finanzas públicas. En cuanto a derroche de fondos, a la Casa Presidencial le sigue la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente que, en lo que va del año, ha ejecutado el 59.2% de su presupuesto; es decir, L 477.12 millones. Se desconoce en qué áreas o sectores sociales se ha invertido esta abultada suma.

4 envío

en medios de comunicación, denuncias públicas, reuniones y manifestaciones en la capital. Y todo para que, finalmente, en la media noche del 25 de enero, los diputados levantaran la mano para elegir a ocho magistrados del Partido Liberal y a siete del Partido Nacional, cumpliendo los acuerdos decididos tres años atrás: en esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia le correspondía a los liberales. TAMBIÉN EN EL MINISTERIO PÚBLICO

De igual manera, los diputados fueron convocados para elegir a las máximas autoridades del Ministerio Público. Un año atrás, un grupo de fiscales se lanzó desesperadamente a una huelga de hambre haciendo un llamado a reflexionar sobre la corrupción en esta institución del Estado, cuya función es la de defender a la sociedad ante las autoridades públicas. Cuando se aproximaba la fecha de la elección, recordaron que se debía respetar la demanda de aquella huelga: no seguir corrompiendo a la institución eligiendo a autoridades subordinadas a los partidos políticos. Pero, al final también a la media noche, el 8 de febrero, los diputados levantaron la mano para elegir a un fiscal puesto por los liberales, y a un adjunto puesto por los nacionalistas. Y así se confirmó lo que sabiamente dicen nuestros abuelos: “Perro que come huevos, aunque le quemen el hocico…”.

DESCONTENTO Y DESCONFIANZA EN LOS POLÍTICOS

Los políticos y funcionarios públicos no sólo no aprenden. Se empecinan en seguir cayendo en sus propias dinámicas que los descalifican. Una encuesta de mediados de febrero mostró que si las elecciones hubiesen sido en los días en que se eligió a las autoridades judiciales y a los fiscales, un 48% no hubiese ido a las urnas por desconfiar de los políticos. En una investigación reciente, una universidad de Estados Unidos arrojó un dato preciso: el 52% de los entrevistados se ha venido desafiliando de los partidos políticos en los últimos seis años, y ninguna de esas personas se apuntaría a un nuevo partido político por su desencanto ante la práctica deshonesta y oportunista de los actuales partidos políticos. Con casi treinta años de elecciones y alternabilidad en el poder de liberales y cachurecos, la gente sigue sin lograr entender ni poder explicar qué es democracia. Para los hondureños, los partidos políticos, el sistema de justicia y la policía, son las instituciones con menos credibilidad, según este estudio de la Universidad de Vanderbilt. Sin embargo, los líderes políticos y los jueces se hicieron un racimo en torno a la elección de las autoridades responsables de impartir justicia. Las elecciones primarias e internas de los partidos, en noviembre 2008, dejaron una advertencia: cerca del 70% de las personas con derecho a votar no se acercaron a las urnas y, si la tendencia de los políticos conti-

Actualidad núa en esta misma práctica de controlar las mesas electorales por encima del respeto al voto del ciudadano, en las elecciones generales de noviembre próximo, el ausentismo podría alcanzar cifras alarmantes. Los líderes políticos conocen estos datos. Sin embargo, siguen como los perros mañosos: quemándose su propio hocico. ZELAYA: A LA ZUMBAMARUMBA

En el marco de elecciones de las autoridades de justicia, culminó el tercer año de la administración de Manuel Zelaya Rosales, y comenzó la inexorable cuenta regresiva de su último año. En su día, en Envío nos hicimos eco de la acertada figura inventada por el político Matías Funes para identificar a Mel Zelaya y a su grupo de gobierno. Dijo que eran una “patastera ideológica”. Un gobierno enredado y ecléctico sin que nadie, en su sano juicio, logre entender dónde comienzan sus ideas y dónde terminan sus desvaríos. “Este gobierno nos está llevando a la zumbamarumba”: así lo resumió una señora que asiste a los análisis de realidad que celebramos en la cuenca baja de la margen derecha del río Ulúa, en el Valle de Sula. Tiene razón: son más de tres años de andar sin rumbo fijo. Cuando la huelga de hambre del grupo de fiscales, personeros del equipo de gobierno se afanaron en acercarse a los dirigentes de la iniciativa huelguística con el fin de influir en las decisiones que allí se tomaran, pero nunca se supo a ciencia cierta si era

sólo para quedar bien con los fiscales o para usarlos de cara a una extraña maniobra de ruptura constitucional. Aquel fantasma de una ruptura de la institucionalidad democrática emergió de nuevo con fuerza en los días de las elecciones de las autoridades del Poder Judicial. Es de dominio público que Enrique Flores, el ministro de la Presidencia, apuró todos los asuntos que pudo para que el entonces ministro de Defensa, Arístides Mejía, amenazara con invadir con tanques de guerra el edificio del Congreso Nacional si no se reelegía como magistrada de la Corte Suprema —y eventualmente como la presidenta—, a su esposa, la abogada Sonia Marlina Dubón. Lo cierto es que los sectores políticos que adversan al ALBA y toda relación con Hugo Chávez, con Daniel Ortega y con Cuba, se hicieron un nudo en contra de Mel Zelaya y su equipo y, al arrancar su último año de gobierno, nadie duda de que el Ejecutivo está gobernando en solitario con el equipo de los llamados “patricios” y enfrentado con el resto de corrientes y sectores de los dos partidos políticos tradicionales.

La cuarta urna Mediante un Decreto Ejecutivo “de ejecución inmediata” el presidente Manuel Zelaya, acuerpado por sus ministros, convocó la noche del 23 de marzo a una consulta popular para definir si en las elecciones del 29 de noviembre se votará, además, sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que redacte una nueva Constitución. “Como una forma de practicar la democracia participativa es procedente realizar una amplia consulta popular para determinar de forma legítima si la sociedad hondureña está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva constitución política”, anunció el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. A falta de otro recurso legal e institucional para tan inusual consulta, que no es plebiscito ni referéndum, ésta estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y se realizará a

EL PRIMER AÑO DE ZELAYA

El gobierno de Mel Zelaya ha radicalizado sus posiciones en la medida que avanzaba el tiempo. El primer año habría buscado establecer alianzas al interior del Partido Liberal, así como con los sectores económicos y políticos que controlan los hilos del poder. Poco tiempo duró en

más tardar el último domingo de junio de 2009. Para no perder la costumbre, el Poder Ejecutivo no informó a la ciudadanía a cuánto asciende el presupuesto para la “amplia consulta popular”, ni de dónde saldrán tales recursos.

5 marzo 2009

Actualidad

Concluyó el primer trimestre y seguimos sin presupuesto y sin plan anticrisis Mientras Costa Rica, Guatemala y El Salvador ya tienen un plan para enfrentar la crisis, y han blindado sus economías con recursos provenientes de organismos financieros internacionales, Honduras continúa a la deriva. Mientras miles de trabajadores son despedidos, y las exportaciones y remesas se reducen a causa de la crisis mundial, el llamado Plan Anticrisis, coordinado por el comisionado Arístides Mejía, aún no ve la luz ni ha sido socializado. Para colmo, Honduras es el único país de la región que aún carece de un presupuesto general de ingresos y egresos que regule el funcionamiento del Estado. Peor todavía, tampoco hay fecha para su aprobación, porque la secretaría de Finanzas no ha enviado la propuesta al Congreso Nacional. La conclusión es obvia: Durante la mayor parte del año, el país no contará con un plan definido por el cual regirse en 2009, el año más difícil de la crisis económica internacional, según los expertos.

6 envío

esta empresa; una empresa que coincidió con evidentes signos de soberbia de los miembros del equipo cercano a casa presidencial. En aquel primer año, el equipo de Zelaya no estuvo interesado en relacionarse con los sectores sociales y populares, tradicionalmente opositores a las políticas públicas y al modelo de dominación. En los comienzos de su mandato, Mel Zelaya, con su equipo, se bastaba a sí mismo. El propio Canciller de la República hizo denodados esfuerzos por estrechar relaciones con el gobierno de Estados Unidos, y no dudó en sentarse en el mismo escritorio con John Dimitri Negroponte —responsable de las torturas y vejaciones de las que este funcionario hondureño fue objeto a comienzos de los 80, siendo estudiante universitario—, buscando, con la acción de comer en la misma mesa quitarse el estigma de izquierdista que incomodaba tanto al imperio como a los sectores pudientes del país. De todos modos, nadie entre la gente de poder les creyó. Tampoco los sectores populares les creyeron. SEGUNDO AÑO: ZELAYA AL ALBA

En el segundo año, el gobierno de Zelaya fue definiendo lo que serían las nuevas y más significativas alianzas. En mayo de 2007, el propio Canciller de la República habría de expresar, en un evento convocado por los países cooperantes, que existían grupos de poder que, desde los últimos pisos de hoteles de lujo de la capital y de San Pedro Sula,

buscaban desestabilizar al gobierno del “Poder Ciudadano”. Ese año, en julio, Patricia Rodas, presidenta del Partido Liberal y progenitora de los “patricios”, se abrazaba enfervorizada en Managua con Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rosario Murillo, al ritmo de la consigna “¡El pueblo unido jamás será vencido!”. Sellaba la alianza que definiría el nuevo rumbo de la administración de Zelaya. Desde entonces, Zelaya y su equipo buscaron acercarse al movimiento popular y a la izquierda tradicional, para convertirla en base social que respalde su política energética, económica y social, expresada, primero, en el acuerdo con Petrocaribe y, después, en su incorporación al ALBA. Así, su proyecto quedó más claro: una nueva alianza con el bloque latinoamericano liderado por Chávez, construcción de una base social interna con los sectores de la izquierda tradicional y, distanciamiento y eventual confrontación con los grupos tradicionales de poder, tanto políticos como económicos. Hoy, la administración Zelaya comienza su cuarto y último año de gobierno. Su fase final arranca acuerpado por el reducido equipo de los “patricios” y respaldado por algunos sectores populares, particularmente los gremios, deslumbrados por la aprobación de un aumento del salario mínimo y por la poderosa sombra de Chávez, detrás de Patricia Rodas, la nueva canciller de la República.

Actualidad TRACTORES SÍ, REFORMA AGRARIA NO

En la segunda quincena de febrero, y tras meses de espera, llegaron los cien tractores prometidos por Hugo Chávez para que el gobierno los entregara a los campesinos. Desembarcaron en el Caribe hondureño y fueron recibidos por una enorme caravana del “Poder Ciudadano”. En Honduras, una reforma agraria y una legislación que defienda a los campesinos de la voracidad del capital, son asuntos que ni siquiera entran a discusión en las diversas instancias del Estado. 32 campesinos de la comunidad agraria “Guadalupe Carney”, organizados en el Movimiento Campesino del Aguán, andan huyendo tras una orden de captura que pende en su contra de parte de los tribunales de una justicia que se aplica con celeridad cuando los afectados son los terratenientes. Dos de ellos ya están en la cárcel, en La Ceiba. Pero los tractores de Chávez llegaron y el gobierno lo celebró como si se tratara de la fundación de una brillante política agraria. Un antiguo dirigente campesino, actual militante de la izquierda tradicional, también los recibió lanzando vivas a Zelaya, a Chávez y a Cuba, en medio de un llanto agradecido. Se olvidó de reclamar la reforma agraria y de demandar justicia para los campesinos perseguidos en la región del Aguán. En el campo hondureño, cada vez más un campo sin campesinos, los tractores venezolanos proclamarán las maravillas de la izquierda latinoamericana; mientras, no asomará en el horizonte la necesaria reforma agraria.

CON LAS ALFORJAS CARGADAS

Cuando Mel Zelaya comenzó su mandato el 27 de enero de 2006, los “patricios” se creyeron los dueños de la patria. Y así lo hacían sentir. En el camino, se fueron quedando solos, aunque seguramente con sus alforjas bien cargadas gracias a las generosas arcas del Estado y a los negocios que la política propicia. Una porción muy alta de los recursos con los que ha actuado el equipo de Mel Zelaya en estos años provino de la condonación de la deuda externa y de los fondos millonarios destinados a la llamada Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Hoy, ya en su recta final, rodeados de sectores de izquierda sin sustento popular, e impulsados por el mar de petróleo venezolano, pretenden ir más allá de los cuatro años, sin tener claridad hacia dónde, pero sí seguros de buscar más poder y tranquilidades económicas. La cuarta urna apunta a un camino que, más que afirmarse internamente, busca consolidar compromisos con el bloque latinoamericano liderado por Hugo Chávez. UNA DE LAS ÁREAS MÁS VIOLENTAS DEL MUNDO

Una vez que pasó la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los dirigentes de los partidos políticos dedicaron sus esfuerzos a reestructurar sus equipos y sus agendas para la campaña política que culminará en las

Una mujer muere de manera violenta cada día Según el informe “Muerte de mujeres por violencia intencional 2008” del Observatorio de la Violencia de la UNAH y el PNUD, 312 mujeres murieron de forma violenta entre enero y diciembre de 2008 en Honduras. Se registraron, dice el estudio, 26 muertes violentas de mujeres al mes, un promedio diario aproximado de una víctima. 67% de los homicidios ocurrieron en los departamentos de Cortés, Atlántida y Francisco Morazán. San Pedro Sula, con 62 casos, el Distrito Central con 54, y Choloma y La Ceiba, con 23 cada uno, son los municipios en los que más casos se han registrado. El 29,8% de los casos ocurrió los fines de semana; el 68,6% de las muertes fue con armas de fuego, y 78 tuvieron como modalidad el sicariato. En el 56,1% se desconoce el agresor y, en el 12,5%, el agresor fue la pareja o ex pareja de la víctima. Del total de víctimas, 53 eran menores de edad y 102 jóvenes entre 20 y 30 años. El documento indica que es urgente revisar la institucionalidad que protege y garantiza el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, y que el Estado es el principal responsable de garantizarlo.

7 marzo 2009

Actualidad

Un buen hombre El líder cubano Fidel Castro calificó al presidente Zelaya como “un hombre bueno” y de “inteligencia asombrosa”, educado en la religión cristiana, “que constituye la base de sus sentimientos actuales. Como Hugo Chávez, encontró en las ideas de Cristo la fuente de inspiración que alimenta su concepción de la justicia”, afirmó el 5 de marzo en una nueva Reflexión aparecida en la página electrónica oficial cubadebate.cu. Al revelar que el mandatario hondureño se lamentó de que su periodo de gobierno dure sólo cuatro años, Fidel Castro dijo que “eso no le ofrece al líder de un país ni siquiera un segundo, en busca del Estado eficiente que cualquier sociedad necesita hoy más que nunca”. Atribuyó a Zelaya la opinión de que “el sistema capitalista es la más repugnante concepción de la justicia que pueda albergar el ser humano”, y dijo que él “es un hombre que sufre profundamente los abusos del imperio…”. “Yo ignoraba que el 19 de julio de 1980, mientras hablaba a una multitud de nicaragüenses y centroamericanos en la plaza de Sandino, un joven hondureño de 17 años [evidente error, quizá de transcripción pues, en 1980, M. Zelaya tenía 27 años] y futuro presidente de Honduras, estaba entre ellos”, concluyó.

8 envío

Actualidad

9 marzo 2009

Actualidad

La crisis de la economía y la crisis de la política en Honduras Gustavo Irías*

El pesimismo y la poca confianza de la población en el futuro coinciden con el deterioro de las condiciones económicas y la paulatina descomposición del sistema de partidos políticos. Como aquí se señala, la gente se inclina a pensar que la democracia no está resolviendo sus problemas y necesidades, lo cual perfila un panorama muy complejo para el presente y futuro del país.

1. Del auge económico al deterioro de la economía

Al igual que América Latina en su conjunto, Honduras vivió un período excepcional de crecimiento económico de 2003 a 2008. En este marco se experimentó un incremento de la inversión privada (nacional e internacional), mayores niveles de empleo y hasta una reducción porcentual de la pobreza. Los datos est án a la vista; en ese período, Honduras alcanzó un crecimiento promedio del PIB del 5,5% anual, superior al de América Latina y el Caribe (4,9%). El crecimiento del producto interno por habitante (o per cápita) también fue aceptable, 3,4% anual, similar al promedio latinoamericano (3,5%). De acuerdo al Anuario Estadístico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la pobreza también se redujo, pasando de afectar al 79,9% de la población, en 1994, al 68,9% en 2007. Esto ratificó como válida aquella afirmación que indica que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente, para superar la pobreza y asegurar un desarrollo sostenible y equitativo. *

Economista. 10 envío

Crecimiento del PIB y del PIB per capita en Honduras y América Latina 2003-2008 Promedio

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Honduras PIB

4,5

6,2

6,1

6,3

3,8

5.5

América Latina y el Caribe PIB

2,2

6,1

4,9

5,8

5,7

4,8

4.9

Honduras PIB per capita

2,5

4,1

3,9

4,2

1,7

3,4

América Latina y el Caribe PIB per capita

0,9

4,7

3,5

4,3

3,3

3,5

Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico 2008.

Lo insuficiente de este comportamiento económico es que aún no salimos del “club de los países más pobres” del subcontinente, posición compartida con Haití, Guyana, Nicaragua y Boli-

Actualidad via. En parte, esto tiene que ver con un “modelo de desarrollo” que se fundamenta principalmente en el consumo, la intermediación financiera y las exportaciones. Nuestro mercado interno es limitado, fragmentado y con escasos eslabonamientos horizontales y verticales, por lo que ofrece pocas oportunidades de desarrollo a los micro, pequeños e incluso medianos empresarios. Es un hecho que el notorio crecimiento experimentado entre 2003-2008 ha continuado beneficiando a un reducido grupo social. Honduras sigue siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad interna o, en otras palabras, con mayores grados de concentración de la riqueza en pocas manos. Así, tenemos que, en 2007, mientras el 20% más pobre de la población apenas captaba el 1,9 del ingreso nacional, el 20% más rico concentraba el 43,7% de este ingreso (CEPAL, Anuario Estadístico 2008). Sin embargo, debido al comportamiento cíclico de la economía capitalista, este período de auge económico se ha cerrado. A finales de 2008 el crecimiento del PIB decreció en 2,5 puntos, lo que se explica por la pérdida de dinamismo de las exportaciones, los gastos de consumo final y de la inversión bruta fija, especialmente del sector público. Esta tendencia al decaimiento se profundizará en 2009, en el contexto de crisis económica mundial. De tal manera que, en un escenario optimista, la CEPAL prevé para Honduras un crecimiento del PIB del 2,0%. El gobierno hondureño, más optimista, espera un crecimiento del 2,8%. Honduras es una de las economías más abiertas de América; en otras palabras, altamente dependiente de la dinámica del mercado internacional. El 45% del PIB está constituido por las exportaciones, y otro 20% es aportado por las remesas familiares provenientes, especialmente, de los Estados Unidos. Del total del monto exportado, el 39,3% está destinado al mercado de Estados Unidos y el 22,2% a Europa; el restante 22,7% está orientado al mercado centroamericano. Tanto el mercado de EUA, como el de Europa, están afectados por la crisis mundial. Es por ello que, inevitablemente, Honduras será afectada por la presente recesión de la economía internacional iniciada en el sector inmobiliario de los Estados Unidos (2007), que ha evolucionado a una crisis financiera internacional (septiembre 2008) y, más recientemente, a una recesión mundial. Cálculos

hechos por organismos internacionales, indican que el crecimiento económico mundial, en 2009, apenas será del 0,5%. En nuestro país, la trasmisión de la crisis se operará por cuatro vías1 : a) La reducción de la demanda mundial de los rubros de exportación. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), en 2008 se experimentó un decrecimiento de las exportaciones de la maquila en 2,6%, y esta tendencia se ha profundizado en los primeros meses de 2009. Similar comportamiento mostraron las exportaciones agroindustriales, que se redujeron en 10,2% en relación con su desempeño de 2007, y las exportaciones manufactureras (sin incluir maquila), que decrecieron en 7,7%. También se espera una reducción de la dinámica de crecimiento de los turistas internacionales. b) La caída de las remesas familiares. Siempre de acuerdo con el BCH, estas sumaron en 2008 US$ 2,800.7 millones, presentando un decrecimiento del 1% como porcentaje del PIB (19.6% en 2008). Con la depresión económica actual de los EUA es de esperar, en 2009, una reducción real de su monto y de su porcentaje en el PIB. c) Dificultades para obtener financiamiento internacional. Al corto plazo, el gobierno ha sorteado favorablemente esta situación con el ingreso de recursos provenientes de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, (más de US$ 100 millones) y la suscripción de nuevos préstamos por un total de US$ 112 millones (BID y Banco Mundial) que han fortalecido las reservas internacionales, lo que permite no recurrir a una devaluación de la moneda, al menos durante 2009. Pero esta situación será más difícil de 2010 en adelante, si se hace efectiva la predicción de la reducción de las exportaciones y la caída de las remesas familiares. Y, 1

Para mayor información sobre los pronósticos de la crisis en la región, consultar: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2008.

11 marzo 2009

Actualidad d) Reducción de la inversión extranjera directa (IED). A finales de 2008 ésta experimentó una reducción de su monto en US$ 52.7 millones en relación con el desempeño de 2007; en 2008 sumó la cantidad de US$ 875.2. Se debe indicar que la IED ha sido uno de los factores que han sustentado el crecimiento económico alcanzado por Honduras en los últimos seis años. Todas las fuentes predicen una segura caída del monto de la IED a partir de los próximos meses. Siendo objetivos, los efectos de la crisis mundial aún no se han expresado con toda su dureza en las cuatro vías indicadas. Así que es de esperar, en el transcurso de 2009, un empeoramiento de la situación arriba descrita. Ahora bien, lo más terrible de las crisis cíclicas del capitalismo son los costos sociales que traen consigo, en especial el desempleo y, por consiguiente, el incremento de la pobreza. Según informes periodísticos, respaldados por fuentes gubernamentales y de la empresa privada, en los primeros meses de este año se han perdido cien mil puestos de trabajo en los sectores de la maquila, construcción, sector financiero, y por los ajustes de personal de empresas de diversos sectores. 2. De la democracia electoral modelo a la crisis de expectativas

En Honduras, los efectos de la crisis o recesión económica mundial se combinan con un deterioro de las expectativas de la gente y de su confianza en el sistema de partidos políticos. Es un hecho que la periodicidad y buen desempeño de la democracia electoral no se ha correspondido con la solución de los problemas y necesidades sustanciales de la gente (producción, empleo, vivienda, salud, educación y servicios básicos de calidad), especialmente de los más pobres. En tal sentido, es interesante construir una rápida radiografía de las percepciones de la población hondureña registradas en el Latinobarómetro 2008, en septiembre de ese año, que corresponde al primer año de desaceleración económica del país (3,8% de crecimiento del PIB, en comparación al 6,3% del año anterior). De ese informe se extraen los datos siguientes:

12 envío

•

La democracia funciona mejor o igual que en el resto de países de América Latina. El promedio de toda la región latinoamericana es bajo (21%). Se cree que la democracia funciona mejor en Chile (44%), Uruguay (43%) y Costa Rica (42%). Pero es en Honduras donde se piensa que peor funciona (7%), acompañada por Perú (7%) y El Salvador (8%). La efectividad del voto para influir en que las cosas cambien. En general, el 59% de los latinoamericanos piensa que esto es efectivo votando por los que creen que defienden sus posiciones. El más alto promedio de la región se registra en Venezuela (80%), siendo los más bajos en Perú (45%) y Honduras (45%). Evolución de las desigualdades. Para un buen porcentaje de latinoamericanos, las desigualdades se han mantenido igual (48%); apenas el 21% piensa que éstas han disminuido. En Honduras, apenas el 18% piensa que han disminuido. No importa si no es un gobierno democrático electoralmente, si es que resuelve los problemas económicos. El promedio latinoamericano que piensa de esta manera es alto (53%), pero es aún más alto en Honduras (63%). Confianza en el gobierno. Esta variable ha crecido en América Latina desde 2003 (19%) hasta 2008 (44%). Sin embargo, en Honduras, continúa siendo baja (sólo el 25% declara tener confianza en el gobierno). ¿Para quién se gobierna? En América Latina, la percepción de que se gobierna no para la mayoría, sino para los intereses de unos pocos, es mayoritaria (70%). Y más mayoritaria aún es en Honduras (80%). Un país violento. De una escala de 1 a 10, donde 1 es muy pacífico y 10 muy violento, la mayoría de los latinoamericanos se ubican en 5.6, pero Honduras supera ese promedio (6.2). Bajos niveles de confianza en la empresa privada. No son muchas las personas que expresan confianza en la empresa privada como un actor del desarrollo; el promedio latinoamericano es del 41%, pero donde menos confianza se registra hacia el sector privado es en Honduras (30%) y Nicaragua (30%).

Actualidad •

•

Quién debe resolver los problemas, ¿el Estado o el mercado? En una escala de 1 a 10, 1 es el Estado y 10 el mercado. La mayoría de latinoamericanos piensa que es el Estado el mejor mecanismo para resolver los problemas (el promedio de la región es de 3,9%). Honduras se ubica en ese promedio con 3,8%. Esto evidencia una visión altamente estatista de la sociedad. No obstante la preferencia por el Estado, existe una valoración muy negativa sobre el funcionamiento de las instituciones públicas. Sólo para el 23% de los latinoamericanos estas instituciones funcionan bien y, apenas el 14% de los hondureños, comparte esa opinión. Percepción de altos niveles de corrupción pública. La gran mayoría de los latinoamericanos (68.6%) cree que los funcionarios públicos son corruptos, siendo el promedio más alto en Honduras (80.6%).

Esta información debe ser complementada con la última encuesta de CID GALLUP para Honduras (febrero de 2009), realizada cuando ya se había hecho manifiesta la recesión económica mundial. •

•

• •

Situación económica de los hogares. En general, se percibe que la situación ha empeorado en relación con 2008, y hay poca esperanza de que esta mejore en los próximos doce meses. Sólo para el 14% de los encuestados la situación es mejor; es igual para el 45%, y peor para el 39%. La crisis mundial afectará personalmente. Aunque los efectos de la crisis mundial apenas comienzan a sentirse, el 41% cree que ésta lo afectará mucho, el 23% piensa que algo, el 17% opina que poco, y hay un 8% que cree que no lo afectará. Transparencia electoral. Se manifiesta una creciente desconfianza en la credibilidad del proceso electoral, al grado que un grupo muy significativo (48%) piensa que las elecciones de noviembre 2009 serán “algo o muy fraudulentas”. Participación en las elecciones. En la actualidad, sólo uno de cada tres declara que es “muy seguro” que votará en la contienda actual. Problemas principales. En febrero de 2009, para los hondureños y hondureñas encuesta-

das los principales problemas eran, por su orden: 1) No alcanza el dinero (36%); 2) mucho crimen donde vive (14%); 3) jefe de hogar sin empleo (13%); 4) el futuro de los niños (8%); y, 5) la calidad de la educación (7%). Todo lo anterior nos retrata un panorama muy complejo para el presente y futuro del país. En general, la “subjetividad” de la gente se inclina a pensar que la democracia no está resolviendo sus problemas y necesidades, que la sociedad está siendo gobernada en función de los intereses de unos pocos, que no se ha logrado disminuir las desigualdades sociales. Por eso, probablemente, hay poca confianza en el gobierno, pero también en el sector privado. Un punto importante es que se cree que el Estado es el principal instrumento para resolver los problemas, y se le otorga un menor peso al mercado. Además, un buen porcentaje (45%) continúa creyendo en la efectividad del voto para cambiar la situación del país, pero esto se combina con la creciente desconfianza en la transparencia electoral (48%) y una menor voluntad para participar como electores. Finalmente, en el contexto de la crisis, existe una creciente percepción de que la situación económica de los hogares empeora; llama la atención la fuerza que tiene la falta de dinero como problema principal, muy distante del problema de seguridad, aunque éste mantiene un segundo lugar. Esta “subjetividad”, casi siempre pesimista y con poca confianza en el futuro, está coincidiendo con un deterioro real de las condiciones que hicieron posible uno de los períodos de mayor auge económico en la historia del país (2003-2008). Pero también coincide con la real descomposición y disminución de la confianza ciudadana en el sistema de partidos políticos. Por supuesto, esto no significa que estamos ante el colapso eminente de este sistema, pero sí es un hecho que cada día se acumulan más elementos que nos indican la aproximación a una crisis política institucional similar a la acontecida en varios países de Sudamérica. Al respecto, resulta interesante retomar algunas reflexiones del Proyecto PAPEP2. Según éste, ante una eventual crisis político-institucional, 2

ASDI/PNUD. Honduras 2008-2009. Desafíos, Riesgos y Oportunidades. Proyecto PAPEP, Honduras. 13 marzo 2009

Actualidad una posible solución “es una ruptura y escisión de los partidos mayores, con la emergencia de un líder que se distancia de su partido inicial pero, de alguna manera, logra conservar la visibilidad y al menos parte de los legados históricos positivos de su partido de origen, facilitando su llegada rápida al gobierno (como ocurrió en Colombia y como, según algunos analistas, casi ocurre en Costa Rica). Otra posibilidad es la formación de una coalición que, bajo un liderazgo fuerte y carismático, capitaliza los apoyos e historias de sus miembros y, por esa vía, accede rápidamente al gobierno (como habría ocurrido en Paraguay con la victoria del Presidente Lugo)”. Agrega en sus reflexiones: “En circunstancias comparables a las hondureñas también hay otras posibilidades, más traumáticas y menos benignas que las anteriores. La falta de legitimidad de los partidos puede favorecer la emergencia de figuras menos preocupadas por el fortalecimiento institucional, con liderazgos fuertemente personalizados. Estos liderazgos, aún si persiguen fines socialmente deseables, pueden conducir a prácticas políticas (no necesariamente discursos) poco democráticas. Suelen ser outsiders (como ocurrió en Perú, Venezuela o Ecuador), pero podrían surgir desde alguno de los partidos establecidos”. Las características particulares de la actual coyuntura electoral confirman la necesidad de considerar esta hipótesis, o una ampliación de la misma, como un norte explicativo del acontecer político en el corto y mediano plazo. 3. Del bipartidismo tradicional a los primeros signos de ruptura

Los efectos de la recesión económica mundial y la crisis de expectativas de la población están marcando el escenario electoral que, además, está adquiriendo un alto grado de polarización y confrontación, muy propio del bipartidismo hondureño, pero agudizado por las acusaciones de continuismo presidencial, fraude y ruptura constitucional. En los últimos días, el presidente Zelaya ha buscado distanciarse de lo que él denomina las “elites conservadoras” de los dos partidos tradicionales, y ha reconocido la existencia de una “corriente reformista” dentro del Partido Liberal, representada por su gobierno “del Poder Ciudadano”. Por otra parte, el Partido Nacional celebró su 14 envío

convención y anunció el cambio de su orientación ideológica, definiéndola como “centro humanista”; incluso algunos de sus dirigentes, reconocidos por sus posiciones de derecha, han anunciado “el inicio de un proceso revolucionario” por la transformación del país y para reducir la pobreza. Estos hechos expresan, con claridad, que los partidos políticos tradicionales, ante el nuevo contexto político en América Latina, están abandonando sus históricos referentes ideológicos y reconociendo que hoy no basta con el cambio de rostros y consignas para mantener su vigencia. De hecho, viven un proceso de recomposición, pero también de descomposición política. Quién se presenta muy bien posicionado en esta coyuntura es el presidente Manuel Zelaya que, a pesar de la crisis y del deterioro económico y político creciente del país, ha logrado una mejora apreciable de la opinión ciudadana respecto a la gestión de su gobierno y sobre su desempeño como presidente (según la citada encuesta CID GALLUP, de 6 puntos negativos en octubre de 2008, ha evolucionado a 15 puntos positivos en febrero de 2009). Es muy probable que a ello haya contribuido el incremento unilateral del salario mínimo, aun enfrentando al sector empresarial, así como los resultados que está percibiendo la población sobre la firma de la controvertida ALBA. En este contexto, resulta innegable la evolución ideológica de Zelaya de un liberalismo tradicional a un pensamiento muy próximo al populismo de Sudamérica3, coincidiendo en el rechazo al modelo neoliberal y en los esfuerzos por posicionar al Estado como un actor central del desarrollo. La clara intención de Zelaya de distanciarse de las “elites conservadoras” de los partidos tradicionales, probablemente, esté indicando la voluntad y decisión de construir un liderazgo más independiente para la ruptura de la institucionalidad 3

Siguiendo a Ludolfo Paramio, “El término ‘populismo’ es demasiado polisémico y frecuentemente peyorativo, lo que obliga a algunas precisiones. El uso que se pretende hacer aquí es el de una forma de gobernar o una estrategia política basada en la descalificación global de toda la ‘clase política’ anterior, y en el propósito de gobernar para ‘el pueblo’ realizando una política económica estatista y redistribuidora que a menudo toma la forma clientelar”. En, El regreso del Estado: entre el populismo y la regulación, noviembre 2008.

Actualidad hasta ahora vigente en el país, la cual muestra signos crecientes de deterioro. Ese es un posible escenario para el corto plazo. Según la mencionada encuesta CID GALLUP, si en aquel momento se hubieran realizado las elecciones, el ganador sería Elvin Santos. Sin embargo, para que esto se materialice en noviembre, se requeriría, al menos, de tres condiciones: a) La construcción de la unidad interna del Partido Liberal, con base en la difícil negociación de cuotas de poder y, dentro de ello, asegurar el respaldo abierto del presidente Zelaya. b) Que el desempeño del actual gobierno, en lo que resta del año, aporte resultados que se traduzcan en una cuota electoral significativa. c) Que la propuesta electoral del candidato Porfirio Lobo se mantenga inalterada en su temática central de la seguridad, y que sus asesores de campaña no logren “borrar” la imagen que heredó del proceso electoral anterior. En realidad, hace falta mucho camino por recorrer. La realización de las elecciones en noviembre de 2009, tal como están planificadas, es otro de los posibles escenarios políticos en el corto plazo. Este es el telón de fondo del actual proceso electoral. Además, hay tres elementos que le aportan una particularidad especial, respecto a los cuales quisiera aportar algunos elementos para su discusión: a) el giro político del gobierno de Zelaya; b) la cuarta urna; y, c) el plan anticrisis. • El giro político del gobierno de Zelaya. Desde la adhesión al ALBA, en agosto de 2008, se produjo un cambio notable en la conducción política del gobierno. La acuñación de frases como “liberalismo socialista” o “socialismo liberal”, que no resisten el análisis académico, muestran, en un entendible lenguaje popular, la intencionalidad del nuevo rumbo político que, desde el Ejecutivo, se le quiere dar al país. Ahora se aproxima más al “modelo” de los gobiernos de izquierda de la región, y trata de establecer una prudente distancia con el gobierno de los Estados Unidos, que aporte señales de mayores cuotas de autonomía con respecto a la tradicional dependencia del “Norte”. Los cambios del gabinete ministerial, en diciembre de 2008, no hacen más que confirmar ese nuevo rumbo. Además, está rompiendo con la tradición del Partido Liberal, consistente en ejercer el último año de gobierno en función de los intereses del candidato presidencial, promoviendo su agenda electoral y

asegurándole votos. Resulta claro que la intención de Zelaya es que Santos se comprometa a dar continuidad a su actual agenda de gobierno, y no él en promover su propuesta electoral, lo que plantea un espacio de negociación muy complejo y peligroso para el candidato Santos. Es un hecho que, en 2009, el gobierno concentrará esfuerzos en consolidar su política exterior, orientada a diversificar las relaciones políticas y comerciales (por ejemplo, sobre el tapete está la apertura de relaciones con Irán y China continental); también fortalecerá su participación en el ALBA y, a la vez, reforzará iniciativas orientadas a fortalecer la participación del Estado en la economía (las nuevas hidroeléctricas, la ENEE y otras). • La “cuarta urna”. La propuesta de Zelaya de colocar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre para consultar a la ciudadanía, por medio de un referéndum, sobre su acuerdo o desacuerdo para convocar a una Constituyente con el propósito de reformar la Constitución, ha generado mucho nerviosismo en las elites de los partidos tradicionales y en algunos de los llamados “emergentes”. La fuerte oposición de la institucionalidad estatal y de los partidos políticos a esta propuesta ha llevado al Consejo de Ministros, presidido por Zelaya, a emitir un Decreto Ejecutivo para organizar y llevar a cabo una consulta popular donde se responda la interrogante siguiente: “¿Está de acuerdo con que en las elecciones generales de noviembre del 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución política?”. En realidad, más que una consulta será una encuesta, al estilo de la Encuesta de Hogares, que levantará el Instituto Nacional de Estadística (INE) a más tardar a finales de junio. Los resultados servirán para fundamentar, desde el Ejecutivo, su propuesta al Congreso Nacional de colocar la “cuarta urna” en las elecciones generales. Ciertamente, con esto no se violenta ninguna norma jurídica vigente, pero sí deja en precario la legitimidad y viabilidad de los instrumentos de consulta popular tal como están concebidos en la actual institucionalidad (por ejemplo, el referéndum); en el fondo, nos indica cuán limitada es nuestra democracia política. Todo lo que estamos observando en estos días expresa un audaz uso del poder del Estado, por parte de Zelaya, para promover una nueva propuesta 15 marzo 2009

Actualidad política. Resulta claro que, con la cuarta urna, Zelaya está apostando a construir su propio caudal electoral y bases de apoyo social, lo que podría ser el inicio de la ruptura con lo que él denomina las “elites conservadoras” de los partidos tradicionales. La interrogante que queda planteada, si es que los acontecimientos políticos en los próximos meses discurren en esa dirección, es: ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades para la profundización de la democracia en un escenario de esta naturaleza? • El plan “anticrisis”. En la compleja situación económica y social de Honduras, lo más sensato es pensar en un plan concertado entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para hacer frente a los efectos de la crisis mundial. Sin embargo, en el ambiente político descrito anteriormente, parece que resulta poco viable un espacio de esta naturaleza. Además, como reflejo del deterioro institucional, estas iniciativas se están gestando desde diversos actores y poderes del Estado, duplicando esfuerzos y abonando a la deslegitimidad de las instituciones. Para el caso, recientemente, el Congreso Nacional convocó a la construcción de un “Plan de País” para enfrentar la crisis, atropellando así una iniciativa similar que, desde el año anterior, ha impulsado el Ejecutivo; por cierto, con pocos resultados y avances. Es de resaltar que la representación del Ejecutivo no asistió a esta cita convocada por el Congreso. Lo más probable es que, al final, el “plan anticrisis” quede limitado a un conjunto de medidas del Banco Central, y a otras sugeridas por el sector privado, para manejar la situación al corto plazo (hasta diciembre de 2009). Sin embargo, esto dejará expuesto al país a una situación muy difícil de manejar, no sólo en lo económico, sino en lo político y social. En todo caso, agregará material inflamable a la crisis económica y a la crisis de expectativas ya descritas, que abonará también al probable desencadenamiento de la crisis político-institucional.

16 envío

De cara al próximo proceso electoral, tenemos dos escenarios: 1) La ruptura del bipartidismo tradicional, desde el bipartidismo mismo, con la continuidad y radicalización del liderazgo de Zelaya para transformar la institucionalidad vigente; y, 2) La realización de las elecciones en noviembre de 2009, como está previsto, a tono con lo que establece la Constitución de la República. Que prevalezca uno u otro escenario dependerá de las reales voluntades e intenciones de los actores involucrados, así como de la acumulación de fuerza social en cada uno de los bandos en pugna, los cuales están bien definidos. Por un lado, el Poder Ejecutivo con toda su capacidad de comunicación, movilización y logística. Y, por el otro, las elites conservadoras de los partidos tradicionales, con sus medios de comunicación, con sus partidos políticos, con los poderes del Estado bajo su control (Ministerio Público, Corte Suprema, Congreso Nacional y otros). En este escenario, muy poco espacio quedará para posiciones que, desde un centro democrático, pretendan empujar un proceso transformador. Paradójicamente, los signos de deterioro del sistema político electoral coinciden con el debilitamiento de las expresiones políticas “emergentes” construidas por los sectores populares, y hoy día afectadas por la fragmentación, confusión y carencia de claros objetivos estratégicos. El “melismo” hace esfuerzos por constituirse en una alternativa creíble de cambio entre los sectores populares y, de hecho, realiza acciones concretas para construir alianzas con sus sectores más activos. Sin embargo, cabe la siguiente interrogante: ¿Acaso ya se le acabó el tiempo político al “melismo” y en realidad sólo asistimos a sus estertores o jadeos finales? Sólo el tiempo lo dirá.

debate

Balance Legislativo 2008: El Congreso Nacional no tiene visión estratégica CIPRODEH*

Este informe salió a luz pública el 25 de febrero. Al siguiente día, el presidente del Congreso, R. Micheletti, amenazó con demandar judicialmente a los responsables del CIPRODEH pues, según él, algunos datos “ponen en duda la honorabilidad de los diputados en el manejo de los subsidios”. Y, de inmediato, inició una cruzada para aprobar una ley reguladora de las ONG con un ímpetu digno de mejores causas. ¿Por qué tanto aspaviento? Que juzguen los lectores.

l Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) presenta a la sociedad hondureña un resumen del Balance Legislativo 2008, como parte del monitoreo que hemos venido desarrollando desde el año 2000, con el objetivo de que nuestras observaciones contribuyan a mejorar el funcionamiento del Congreso Nacional a fin de volverlo una instancia más democrática, transparente y apegada *

El CIPRODEH es una organización de la sociedad civil comprometida con la investigación y promoción de los derechos humanos, a fin de fortalecer y mejorar los procesos de empoderamiento ciudadano. Para más información véase: http://www.ciprodeh.org.hn, donde también se puede acceder a la versión completa de este informe.

a los intereses de la ciudadanía a la que dice representar. Previo a la descripción e interpretación de los hallazgos encontrados, y tomando en cuenta la reacción violenta y amenazante que ha provocado este informe —por parte del Presidente del Congreso Nacional y de un grupo de diputados y diputadas—, para CIPRODEH es necesario indicar que desearíamos haber informado a la población que, en la actualidad, hay un mejor Congreso Nacional, con mejores perspectivas, con visión estratégica de su quehacer a favor del desarrollo equitativo e igualitario en Honduras; que transcurridos tres años en el poder, el Congreso Nacional y la democracia se han fortalecido. Lamentablemente, no es así; hay algunos avances positivos,

pero la tendencia general nos preocupa, puesto que el Congreso Nacional, en palabras de la ciudadanía, sigue siendo “altamente subordinado al Poder Ejecutivo, con capacidades limitadas para representar a la ciudadanía, para legislar adecuadamente y para fiscalizar a los otros poderes del Estado”. En general, el Congreso Nacional continúa siendo el espacio idóneo para gerenciar el manipuleo político y económico del país. El Poder Legislativo enfrenta hoy su peor crisis de representación, que se refleja en una creciente falta de credibilidad que está estrechamente ligada a la crisis de los partidos políticos, a la escasa o controversial presencia del Congreso en la solución de los problemas nacionales, a su débil democracia interna, al 17 marzo 2009

debate manejo abusivo y poco transparente de los subsidios, y a la falta de mecanismos claros de consulta con la ciudadanía. El CIPRODEH no puede, ni quiere, ocultar esta realidad; ni siquiera después de escuchar la campaña de intimidación que emana desde el mismo Congreso Nacional. CIPRODEH es una organización que ha ganado su prestigio a partir del trabajo correcto, y sobre todo honesto; nunca ha buscado el “favor” de nadie ni por nada, y no goza de ninguna prebenda, lo que le permite denunciar con libertad ética y moral, algo que no muchas personas e instituciones pueden hacer. Finalmente, confiamos en que el Poder Legislativo supere su visión obtusa con respecto a este informe, y que pueda encontrar en él algunas claves que le permitan democratizarse y transparentar sus relaciones con la ciudadanía, y aprobar leyes que sustenten políticas públicas equitativas y justas. Queda pues, en manos de la ciudadanía y, por supuesto, de los diputados y diputadas, otra contribución al debate para la transformación. Resumen de los hallazgos encontrados en el Balance Legislativo 2008

Para CIPRODEH, el Balance Legislativo 2008 es una herramienta que permite evidenciar el trabajo desarrollado por el Congreso Nacional durante este período y establecer si el mismo corresponde a las necesidades y 18 envío

prioridades de la población. En ese sentido, destaca: Intereses del Poder Legislativo vrs. necesidades de la ciudadanía El Congreso Nacional, en este período, se mantuvo alejado de la problemática nacional y de los intereses de los electores lo que, inevitablemente, provoca falta de transparencia en la toma de decisiones y en el manejo de la institución. Este hecho se evidencia plenamente al hacer el balance entre lo que fueron las promesas hechas durante la ceremonia de instalación de la tercera legislatura, y las leyes finalmente aprobadas en el período. A nivel de discurso, el Congreso anunció que su trabajo se concentraría en dar respuesta a la problemática del alza en el precio de los insumos, productos alimenticios, prevención de los desastres naturales, contención de la inflación, y que sus esfuerzos se destinarían a la aprobación de leyes como: la Ley de Telecomunicaciones, Ley de Minería, Ley de Aguas, Ley para el Reciclaje de Desechos Sólidos, Ley para el Acceso a Suelo y Vivienda Social Mínima, Ley de Protección al Consumidor y la Ley Orgánica de la Policía. No obstante, el año terminó y únicamente se aprobaron las últimas dos. De manera general, el quehacer del Congreso Nacional se concentró en la aprobación de siete leyes: 1. Ley de Protección al Consumidor

2. Ley de Emergencia para Prevenir el Desabastecimiento de Granos Básicos 3. Ley de Promoción en la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables 4. Ley Orgánica de la Policía Nacional 5. Ley de Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 6. Fondo de Capitalización del Sistema Financiero 7. Ley para la Administración de los Recurso de PETROCARIBE. De igual manera, se aprobaron cerca de doscientos decretos; 41 de ellos tratan sobre leyes de aplicación general, entre las que destacan: la modificación de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que incrementa la base exenta del tributo personal, y la reforma al Código del Trabajo para incrementar el monto de la cesantía laboral. Productividad legislativa en 2008 El monitoreo legislativo del

CIPRODEH confirmó nuevamente

que el actual Congreso Nacional es uno de los de menor producción legislativa de los últimos períodos. Existe una “represa” grande de proyectos de leyes no aprobadas, y la mayoría de los proyectos y mociones aprobadas se refieren a contratos de obras públicas y acciones administrativas (condecoraciones, apertura de escuelas y otras). Paralelamente, es notoria la debilidad de los diputados para preparar, analizar y aprobar pro-

debate yectos de ley. En la actualidad no existen iniciativas oficiales para mejorar la calidad de las leyes mediante un debate riguroso y de mayor contenido técnico y conceptual. Es frecuente, incluso, la queja de que en la Cámara Legislativa no se practica un adecuado análisis de la viabilidad, costo e impacto económico y social de las decisiones aprobadas. Durante 2008, el Congreso Nacional realizó noventa sesiones, lo que significó aproximadamente 290 horas de trabajo, un poco más de tres horas por día de sesión, que se realizan de martes a jueves de cada semana por un período de ocho meses y medio. En este período se aprobaron 186 decretos, la mayoría destinada a asuntos generales como reconocimiento a artistas, deportistas, embajadores; en segundo lugar están los decretos del área de finanzas, destacándose los contratos de préstamos y las ampliaciones presupuestarias, entre ellas la disponibilidad de 7 mil millones de lempiras para atender la emergencia nacional a causa de la tormenta tropical número 16. De los 186 decretos aprobados, 107 fueron presentados a iniciativa del Poder Ejecutivo; 78 del Poder Legislativo; y uno del Tribunal Supremo Electoral. La Corte Suprema de Justicia no presentó ningún proyecto. Estas cifras denotan que gran parte del trabajo legislativo se hace a partir de los intereses del Poder Ejecutivo. De igual manera vale destacar que, a pesar de que el trabajo de los legisladores se concentró en la aprobación de los decretos, la

mayoría fue aprobada en un único debate; por ejemplo, la ampliación de la base exenta del pago del impuesto sobre la renta. También es importante señalar que los 186 decretos representan únicamente el 40.7% de los 456 decretos presentados durante 2008; la mayoría de los no aprobados son iniciativas orientadas al área social, especialmente al sector de niñez y mujer. Otro factor que influye en la aprobación o no de leyes y decretos es la filiación política y la cercanía del proponente con el Presidente del Congreso o el jefe de bancada: si el diputado es liberal y de la corriente michelettista, tiene muchas más posibilidades de que su propuesta sea aprobada. Sobre el trabajo de las Comisiones Ordinarias se indica que, del total de 61 comisiones, apenas a unas 25 se les asignan proyectos; la mayoría de éstas realiza un trabajo poco eficiente, al redactar “dictámenes automáticos”. Sobre este aspecto es importante señalar el comportamiento poco transparente, pero usual, de las autoridades del Congreso Nacional, al nombrar “comisiones especiales” para dictaminar un determinado proyecto, especialmente cuando se trata de iniciativas que sólo los allegados a las autoridades del Congreso pueden conocerlas y analizarlas. Por ejemplo, las reformas a la Ley del Ministerio Público durante la huelga de los fiscales, el nombramiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o el caso del ex vicepresidente Elvin Santos. Finalmente, es importante recalcar que la mora legislativa

permaneció casi inalterable. Entre las leyes que continúan en espera están: Ley General de Minería, Ley de Paternidad Responsable, Ley Penitenciaria, Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Ley de Telecomunicaciones, y las reformas a la Ley de Portación de Armas y a la Ley de Municipalidades, entre otras. El costo del Congreso Nacional: un millón de lempiras por sesión El presupuesto total del Congreso Nacional fue de 390 millones de lempiras. Sin embargo, a diciembre de 2008 se hicieron ampliaciones presupuestarias por el orden de los 440 millones. ¿En qué se utilizaron estos recursos? Esta es todavía una pregunta con respuesta pendiente. A lo interno, la distribución de este presupuesto, por objeto de gasto, se concentra en dos áreas: subsidios y salarios. Algunos datos proporcionados por miembros del Congreso Nacional y confirmados por varios congresistas indican que, mensualmente, se erogan 9 millones 960 mil lempiras para el pago salarios de los diputados y diputadas. El salario mensual de cada uno de los 128 parlamentarios propietarios asciende a 63 mil lempiras (55 mil por salario y 8 mil por concepto de dieta); los 79 diputados suplentes incorporados al trabajo legislativo reciben, de manera global, 24 mil lempiras mensuales (20 mil de salario y 4 mil de dieta). En ambos casos, hay que aclarar, estos montos no incluyen las 19 marzo 2009

debate bonificaciones por integrar la junta directiva, por fungir como jefe de bancada, por presidir una comisión ordinaria, las cuales varían dependiendo de la filiación política del diputado o su cercanía con las autoridades del Congreso Nacional. A partir de lo anterior, y recordando que durante 2008 se realizaron únicamente 90 sesiones que contaron con la participación, en promedio, de 80 diputados y diputadas, se puede indicar que el costo promedio de cada sesión fue de un millón de lempiras (aunque sesiones realizadas en el interior del país, como la desarrollada en 2008 en Intibucá, representan un costo mucho mayor que este promedio). El manejo de subsidios… ¿una función del Congreso Nacional? Durante 2008, el Congreso dispuso para subsidios de 147 millones de lempiras procedentes del presupuesto general del Poder Legislativo. A esta cifra hay que sumar los 400 millones que constituyen el Fondo Social de Planificación Departamental que también son manejados por los parlamentarios (en calidad de subsidios, pero asignados dentro del Presupuesto de la Secretaría de Finanzas). En síntesis, se puede indicar que los y las congresistas dispusieron de 547 millones de lempiras en total para otorgar subsidios. ¿Cómo se otorgaron estos subsidios? ¿Con qué metodología? ¿Cuáles son los criterios de selección de los proyectos? ¿A quiénes han beneficiado? ¿Cómo se administran estos 20 envío

recursos? ¿Cuáles son los resultados obtenidos?... Estas son apenas algunas de las preguntas sin respuesta que CIPRODEH y la ciudadanía se hacen respecto a estos subsidios. Sin embargo, la pregunta central es si el Congreso Nacional está facultado para manejar subsidios, o si es pertinente que diputados y diputadas desarrollen este tipo de funciones. A juicio del CIPRODEH, esta no es ni debe ser una función del Congreso, puesto que degenera y pone en entredicho su función legislativa, contralora y fiscalizadora; además, tergiversa y reduce la labor de los parlamentarios a meros trámites administrativos, por los cuales pueden ganar imagen pública y comprar votos. El artículo 205 de la Constitución de la República, donde se plasman las atribuciones del Congreso Nacional, señala en el numeral 37 que es función del Poder Legislativo: “Establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social”. Con ello queda claro que los subsidios deben contar con una ley que regule y transparente su otorgamiento, y que deben conferirse cuando sea necesario. Actualmente, ninguna de las dos vetas de subsidios de que dispone el Congreso Nacional cuenta con una ley que regule su funcionamiento. El Fondo Social de Planificación Departamental cuenta apenas con un decreto de creación (195/2006); pero, desde su conformación en 2006 hasta la fecha, ni el Congreso ni la Secretaría de Finanzas han pre-

sentado una sola liquidación que demuestre a qué tipo de obras se destinaron los recursos y quiénes han sido los beneficiados. Entre las quejas esgrimidas por los propios parlamentarios en torno del manejo de subsidios destacan: 1. “El Presidente del Congreso Nacional es el que tiene el poder absoluto para decidir a qué diputados les da el visto bueno para recibir o no subsidios”. 2. “El monto de los subsidios depende de los arreglos entre los partidos políticos y los grupos de poder, al grado de sumisión o adulación que se haga al titular del Congreso Nacional”. 3. “Si no se sigue la línea del partido, las mismas autoridades del partido deciden quitarle los subsidios para que uno no se proyecte a la comunidad”. 4. “En el caso de los liberales, se le otorgan más subsidios a los diputados que pertenecen a la corriente que lidera el presidente del Congreso”. Paralelamente a los cuestionamientos de los mismos diputados, existen otros problemas en el manejo de estos fondos: 1. Los subsidios son partidas confidenciales que no trascienden a la luz pública; ni siquiera los mismos diputados conocen a ciencia cierta el monto total de los recursos disponibles. Solamente el presidente del Congreso y los jefes de bancada (aunque no todos) conocen cuántos recursos se destinan a sus miembros.

debate 2. Hasta la fecha, el Congreso Nacional no ha presentado una liquidación real y total de estos recursos; ni siquiera haciendo uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la población ha podido conocer en detalle el destino de los mismos. 3. No existe ningún mecanismo que garantice la inversión de estos recursos por parte de diputados y diputadas; se pueden presentar facturas y liquidaciones, “pero eso no garantiza que los recibos correspondan con las obras, puesto que nadie las audita, ni las supervisa”. Finalmente, es importante contrastar la inequidad y el manipuleo político que se presenta en el otorgamiento de recursos. Por ejemplo, el Congreso Nacional, vía subsidios discrecionales, maneja casi el mismo monto de recursos otorgados a los municipios en nombre de la Estrategia para la Reducción a la Pobreza (ERP); es decir, que los 128 diputados disponen de 547 millones sin mayores exigencias en cuanto a la rendición de cuentas y, en contraste, 298 municipalidades reciben “supuestamente” alrededor de 650 millones anuales para combatir su pobreza, para lo cual deben seguir una larga y engorrosa tramitología. Relación del Poder Legislativo y el Ejecutivo Durante 2008 las relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo continuaron con un sabor agridulce. Al inicio del año las relaciones fueron tirantes y

hasta controversiales; sin embargo, a finales del período, en el marco de las elecciones primarias de los partidos políticos, las relaciones se volvieron un tanto “armoniosas”. Entre los casos más relevantes que evidenciaron un supuesto estira y encoge entre ambos poderes se encuentran: 1. La aprobación y posterior derogación del decreto mediante el cual se pretendía financiar con más de mil millones de lempiras las actividades de los partidos políticos. 2. Las reformas a la Ley del Ministerio Público, en el contexto de la huelga de hambre de los fiscales, que supuestamente contaba con la venia del Ejecutivo, pero no del Legislativo. 3. El Tratado de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que inicialmente fue rechazado por el Presidente del Congreso Nacional, pero, posteriormente, fue alabado y aprobado por el mismo. No obstante lo anterior, CIreitera que una de las características principales del actual Congreso Nacional es su sumisión ante el Poder Ejecutivo, hecho que queda demostrado a partir de: PRODEH

1. La concentración del trabajo del Legislativo en la aprobación de 107 proyectos emanados del Ejecutivo. 2. La complicidad del Congreso Nacional con el Poder Ejecutivo, al decidir prorrogar en los últimos tres años el Presupuesto General de

Ingresos y Egresos de la República, sin importar las repercusiones que esto genera sobre la inversión social pública. Pese a su responsabilidad constitucional, en el Congreso Nacional no existe una unidad responsable de evaluar el comportamiento global del país, de los indicadores económicos, sociales y políticos, de asesorar sobre las directrices fiscales y financieras que hagan algún contrapeso a las acciones desde el Poder Ejecutivo. Temas de gran trascendencia como la aprobación del presupuesto, su seguimiento y evaluación, no pueden tratarse con profesionalismo y profundidad, puesto que el Congreso evita, de manera consciente y por puro interés político-electoral, calcular los impactos fiscales potenciales de los diferentes proyectos de ley. Elementos para un Plan Maestro de Modernización del Congreso Nacional

Pese a que entre la ciudadanía crece el consenso respecto a que para consolidar el sistema democrático se debe democratizar y cualificar el Congreso Nacional estableciendo mecanismos que aseguren una práctica legislativa transparente, agilidad en las acciones de relacionamiento con la sociedad civil y en la aprobación de leyes que sustenten verdaderas políticas públicas, el Poder Legislativo parece alejarse cada vez más de esta demanda.

21 marzo 2009

debate En tal sentido, y teniendo en cuenta que al menos 90 de los 128 diputados pretenden reelegirse —46 del Partido Nacional y 44 del Liberal— para el período 2010-2014, CIPRODEH considera necesario implementar un plan que permita el fortalecimiento del Congreso Nacional a partir de:

Acciones inmediatas 1. Consensuar la reforma del reglamento interno del Congreso Nacional. 2. Hacer pública la agenda del Congreso Nacional. 3. Definir la unidad administrativa en la que se deben presentar los proyectos de ley. 4. Intensificar las publicaciones, no proselitistas, del Legislativo, que den a conocer su quehacer y transparenten la rendición de cuentas de este poder del Estado. Acciones de mediano plazo 1. Reformar el funcionamiento de las comisiones del Congreso, a fin de brindarles más autonomía interna y mayor sustento técnico a su trabajo. 2. Revisar las atribuciones del Presidente, a fin de otorgarle funciones específicas que no

22 envío

estén por encima de la Junta Directiva del Congreso. Establecer el Estatuto de los Diputados, donde se establezcan claramente los deberes, derechos y prohibiciones de los mismos, además de un apartado que regule el comportamiento ético del parlamentario. Transformar al Congreso Nacional en un espacio más incluyente; es decir, que se permita la participación de la ciudadanía en temas que la afectan directa o indirectamente. Fortalecer la asesoría técnica y legislativa del Congreso Nacional, a partir del establecimiento de asesores especializados, sin denominación partidaria. Crear la radio parlamentaria, con el fin de mejorar la transparencia. A largo plazo

1. Incrementar la democracia en las elecciones internas del Congreso. 2. Incrementar la transparencia en los procesos de votación. 3. Incluir las votaciones por mayoría absoluta para proyectos de trascendencia nacional. 4. Revisión y corrección del lenguaje sexista. 5. Realizar la reforma integral del reglamento interno.

6. Mejorar el rendimiento institucional. 7. Establecer el Observatorio Legislativo. 8. Revisar las normas discrecionales en el Reglamento. 9. Establecer la línea telefónica gratuita y directa al Congreso. 10. Crear el canal de televisión del Congreso Nacional. Finalmente, CIPRODEH desea indicar que en esta etapa política convulsa y confusa que vive el país, se requiere un profundo debate acerca de la adecuación de las instituciones y las leyes a las necesidades de la sociedad. En este sentido, cobra mayor relevancia la responsabilidad del Congreso Nacional para liderar este debate, dada su conformación pluralista, basada en la elección popular directa y por nominación de los partidos políticos, así como por sus funciones de legislación y control. El Congreso se constituye, pues, en el espacio central y de mayor importancia para el debate político nacional en la coyuntura actual.

opinión

Militares y policías: ¿Al servicio del Partido o del Estado? Thelma Mejía*

En los últimos meses, las dos principales instituciones encargadas de velar por la defensa del Estado y la seguridad de las personas entraron en la vorágine política de confrontación que, desde hace tres años, vive el país. Un inusual comunicado de la Policía Nacional sembró duda y preocupación acerca del papel de los militares y policías, quienes parecen estar más inclinados a reeditar la época en que eran arte y parte de la política deliberante, que a garantizar la seguridad y defensa externa e interna del país y su gente.

esde que la Policía fue separada de la égida militar a mediados de los años noventa, las fuerzas policiales como tal nunca habían emitido un pronunciamiento público, en un espacio pagado en los medios de comunicación, declarando su afinidad político-partidaria y abierto respaldo a un gobierno en turno. Los oficiales, suboficiales, clases, policías, señoritas y caballeros cadetes, personal técnico y auxiliar de la Policía Nacional, como se acreditaron en el comunicado del 25 de febrero, expresaron que, debido al poco interés mostrado en el pasado reciente de fortalecer la Institución policial, le ha correspondido a la actual administración realizar, junto a la Policía Nacional, denodados esfuerzos para adecuarse rápida y oportunamente a las nuevas exigencias que presenta la sociedad (…).

Los suscritos miembros de la Policía Nacional o Policía Preventiva —responsables de garantizar la vida y la seguridad de las personas—, reaccionaron molestos por las opiniones generadas a raíz del último informe del Observatorio de la Violencia *

Periodista

de la UNAH y el PNUD, que registró en 2008 un promedio mensual de 373 muertes, a un ritmo diario de doce ejecuciones. Según los autores del pretencioso pronunciamiento, “los problemas de inseguridad suscitados en los últimos días han elevado el grado de preocupación en la ciudadanía, llevando a algunos a emitir opiniones que no son objetivas”. Nadie, según los “apolíticos” policías, puede emitir opiniones en un tema de uso “exclusivo” de la jerga policial. Desviación política versus realidad

El pronunciamiento se produjo horas antes de que el ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, fuera interpelado por el Congreso Nacional para explicar el porqué del rebrote de la ola delictiva y de inseguridad. Los policías quisieron respaldar a su jefe y responder a los intereses del partido gobernante, rompiendo así el molde de neutralidad y apoliticidad a que los obliga la Constitución de la República en su artículo 293. Luego, su máximo jerarca, el militar retirado Jorge Rodas Gamero dijo, al salir del Congreso, 23 marzo 2009

opinión que no respondió las inquietudes de la oposición, especialmente del ala del Partido Nacional, porque “quisieron politizar mi exposición”. Así, un tema de país quedó convertido en un debate político-partidario sectario. A éste se sumó el presidente Manuel Zelaya, al aseverar que las voces de alarma ante la galopante inseguridad es una campaña montada por la prensa para elevar la popularidad del candidato nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, quien aparece con menos preferencias que su contendor liberal, Elvin Santos, en las últimas encuestas. Recientemente, en un foro televisivo participaron el ex ministro de Seguridad, Óscar Álvarez y el actual titular del ramo, Jorge Rodas Gamero. Ambos, públicamente, han estado corresponsabilizándose de los aciertos o desaciertos en el tema de la inseguridad. En el debate televisivo no dijeron nada nuevo. Pero sí llamó la atención un hecho peculiar: Óscar Álvarez lucía una corbata azul, y Rodas Gamero una roja. Las visiones “azules” o “rojas”, cuando de seguridad ciudadana y de defensa nacional se trata, son profundamente inquietantes y agudizan en la población la sensación de impotencia y desprotección ante la cruenta ofensiva del crimen organizado y las agresiones constantes de la omnipresente delincuencia común. Es de recordar que la policía salió del control de los militares en 1995, tras graves denuncias de corrupción y abuso de poder, y en medio de fuertes presiones por una depuración, que nunca se dio. No obstante, en los informes sobre corrupción, nacionales e internacionales, la policía sigue siendo percibida por la ciudadanía como uno de los entes más corruptos, seguida de los políticos. Politización en las FFAA avanza gradualmente

A estas alturas, es notorio que las Fuerzas Armadas han vivido una politización paulatina. Sus máximos jerarcas lucen cada vez más cercanos al poder político partidario, y menos como militares profesionales con capacidad de cumplir lo que les ordena la Constitución en su artículo 274. 24 envío

Las últimas posturas de las Fuerzas Armadas ante el reciente proceso electoral primario, cuando se declararon “cansadas” para custodiar las urnas en el plazo previsto inicialmente, y la posición ambivalente de la cúpula, ante la evidente intentona golpista de parte de funcionarios del gobierno —al momento de elegir una nueva Corte Suprema de Justicia—, dejan más dudas que certezas acerca del verdadero rol de las Fuerzas Armadas en la actual coyuntura. Diputados del gobernante Partido Liberal y de la oposición denunciaron públicamente, y ante el Ministerio Público, que el día de la elección de la nueva Corte se produjo una especie de intentona golpista gestada por quienes, en décadas pasadas, abanderaron la defensa de los derechos humanos. “Ellos dijeron que si a las doce de la noche con tres segundos no había una nueva Corte, el presidente Zelaya tenía lista a las Fuerzas Armadas en la antigua Casa Presidencial (frente al edificio del Congreso) para irrumpir el orden constitucional por no haber conformación de los tres poderes del Estado”, dijo el parlamentario liberal Wenceslao Lara, en un programa de televisión, donde fue respaldado por dos parlamentarios más de su partido. Del lado del izquierdista partido Unificación Democrática, trascendió que el gobernante habría llamado a “diputados claves” en las bancadas de los cinco partidos representados en el Legislativo para convencerlos de que apoyaran la reelección —al margen de la Constitución— de una magistrada. “Ofreció dinero; de mi partido llamó a dos compañeros, y dijo que si no se daba la elección de la Corte, tenía a las Fuerzas Armadas y a su Consejo Superior reunido en la antigua Casa Presidencial para dar el golpe”, revelaron parlamentarios de esa bancada. Pese a las denuncias, las Fuerzas Armadas se llamaron al silencio, y su comandante en jefe, Romeo Vásquez, salió con posturas ambivalentes, sin solidez alguna en sus respuestas. Dos semanas después de esa intentona, confirmada por los diputados, los militares efectuaron sus tradicionales ascensos. Hubo cambios radicales, y hasta se ase-

opinión vera que fueron “purgados” algunos oficiales que se opusieron a la intentona continuista del 25 de enero de 2009. Así, algunos oficiales que se han rebelado a esa tendencia político-partidaria de las Fuerzas Armadas en la era del ministro Arístides Mejía, han sido “depurados” elegantemente bajo nuevas figuras castrenses. Al parecer, las FFAA no se percatan de que su racha de buena imagen y confianza, que tanto les ha costado recuperar, se puede venir abajo en un santiamén. Estigmatizadas por las violaciones de los derechos humanos en los años ochenta, y la corrupción durante el periodo que gobernaron el país, los militares hondureños iniciaron un proceso de reforma y profesionalización que, al parecer, se truncó con la salida del general Isaías Barahona. Su sucesor parece más entretenido en acciones insípidas y publicitarias, que en dar a la institucionalidad a su cargo la relevancia que merece. A esa falta de rumbo e incertidumbre que marca tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía, se suman las carencias de los líderes de los partidos políticos del bipartidismo. Todo indica que, en estos temas, su visión e información es tan raquítica como superficial. PL y PN con propuestas descabelladas

En un evento universitario, el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, hizo la propuesta más retrógrada que el país haya podido escuchar en materia de seguridad ciudadana y defensa nacional: propuso volver a la antigua Guardia Nacional, una especie de aparato de “mano dura” disfrazada de civilismo. Según Santos, su propuesta se centrará en “hermanar la operatividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, de tal forma que “el elemento de las Fuerzas Armadas reciba un entrenamiento de inmediato, que tenga dos uniformes, el de fatiga y el de policía; y que se conviertan todos los hombres que están bajo las armas en una fuerza que constituya la Guardia Nacional para preservar la institucionalidad del país”.

Obviamente, el candidato liberal desconoce, por ejemplo, que la formación del militar es distinta a la de un policía; que no es sólo cuestión de uniforme. Mientras el militar está entrenado para responder al ataque, el policía recibe una formación preventiva. Por eso, incluso, el armamento y equipo que ambos utilizan debe ser distinto. La propuesta de Santos parece orientarse a reeditar la época de las montoneras, cuando cada partido político en el poder conformaba sus propias fuerzas del orden. En otras palabras, volver a las primeras décadas del siglo pasado, o a la cuestionada Guardia Civil del ex presidente Villeda Morales. Esos hechos —hoy superados para dar tránsito a la profesionalización de los militares como de la policía—, por lo visto quieren ser revividos por el pensamiento regresivo de los “liderazgos políticos renovados” con que cuenta el partido gobernante. Si Elvin Santos quiere revivir la Guardia Nacional, el candidato nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, aboga por utilizar los batallones como cárceles para combatir la inseguridad. Ambos, sin duda, no tienen hasta ahora una propuesta responsable e integral de cómo enfrentar la inseguridad y el avance de los llamados grupos paralelos de poder ligados al crimen organizado. Armas de doble filo

Es precisamente el crimen organizado quien mantiene de rodillas al Estado. En una cadena de radio y televisión, el presidente Manuel Zelaya aceptó tal indefensión al anunciar una serie de medidas para “enfrentar la delincuencia” que pasa por la intervención de las comunicaciones, unas con orden judicial y, el resto, “a discreción” de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que buscará los “mecanismos legales” para intervenir las comunicaciones privadas y mensajes en poder de las empresas de telefonía móvil, además de “interceptar” la información que circule por los llamados café-net. Estas medidas —generales e imprecisas hasta en las fechas de inicio y término—, abren una gran discrecionalidad al gobierno para que, en nombre 25 marzo 2009

opinión del combate a la violencia, se puedan conculcar garantías individuales como el derecho a la privacidad en las comunicaciones; más todavía, para instaurar “estados regionales de excepción”, entre otras, según confesara en los medios de comunicación el propio ministro de Seguridad. Ex secretarios de Seguridad, consultados por Envío-Honduras, que pidieron no ser citados, alertaron acerca de la necesidad de “estudiar una a una esas medidas, porque da la impresión de que se nos quiere hacer ver a todos los hondureños como delincuentes… estamos a las puertas de un espionaje telefónico legalizado por el Estado”. ¿La desmilitarización en retroceso?

Nuevamente, en este juego de garantías y libertades, el gobierno se ha apoyado en sus dos ramas del orden: militares y policías, quienes se han mostrado “ofendidos” porque un partido político cuestionó su pasividad ante el interés

gubernamental de promover consultas populares respecto a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, sin que exista un reglamento para el referéndum y el plebiscito. La voz castrense retumbó como trueno, al preguntar que quiénes eran esos políticos que los cuestionaban, afirmando a la vez que “por eso el pueblo no les ha dado el poder”. Pero, al mismo tiempo, eludieron hablar con firmeza sobre su posición en cuanto a un posible interés continuista del actual gobierno. De esta suerte, el proceso de desmilitarización de la sociedad —una de las grandes reformas y conquistas ciudadanas que impulsó el ex presidente Carlos Roberto Reina y que profundizaron sus sucesores, Carlos Flores y Ricardo Maduro—, enfrenta, actualmente, en la era del Poder Ciudadano, un grave retroceso que ni la ciudadanía, ni la academia, ni los analistas y expertos en el tema, han querido advertir: la politización partidaria de las fuerzas del orden. Estamos viviendo tiempos aciagos.

Qué dice la Constitución de la República Art. 293.- La Policía Nacional es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en el sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos. La Policía Nacional se regirá por legislación especial.

26 envío

reflexión

La campaña de incidencia del 23, 24 y 25 de enero: Una apuesta por el Poder Judicial y la legalidad Guillermo López Lone*

La elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia se desarrolló, para no perder la costumbre, en un ambiente tenso, cargado de amenazas a la institucionalidad democrática. Y aunque siempre prevaleció el 7 a 8, esta vez en favor del Partido Liberal, el resultado pudo ser peor, de no haber sido por la presión activa y constante de la ciudadanía y sus organizaciones, como aquí se relata.

n los últimos días de enero se sintió el frío propio de la época. Pero ahí, en la Plaza La Merced, aledaña al Palacio Legislativo, un calor especial calentaba y contagiaba. Así se sentía desde las cinco de la mañana del viernes 23 de enero, cuando la gente empezó a reunirse. Las cosas iban según los preparativos, casi sin sorpresas; ni siquiera el acordonamiento del edificio del Congreso, por los militares y la Policía Nacional, nos hizo desistir de nuestros propósitos de desarrollar la campaña de incidencia. Esperábamos que la militarización ocurriera, pues sabíamos que después de la Huelga de hambre de abril y mayo, la clase política nos disputaría el espacio de los bajos del Congreso Nacional. Llegamos con nuestros bártulos: mantas, afiches, carpas y todo el equipaje necesario para *

Abogado, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

permanecer allí durante 72 horas, desde el 23 hasta el 25 de enero. Teníamos un plan B, concreto y realizable: si acordonaban y militarizaban el Congreso, nos quedaríamos en la Plaza La Merced y, si esto tampoco se podía, nos ubicaríamos en la calle o en algún lugar aledaño. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Nos instalaríamos, y la clase política tendría que escucharnos. Se inicia la campaña

Ocupamos la Plaza La Merced. Nos quedamos al lado del cerco de militares y policías pertrechados con toletes, escudos y fusiles calados de bayonetas. En pocos minutos colgamos mantas, instalamos el equipo de sonido y la campaña arrancó como Dios manda: con una actividad ecuménica organizada por católicos y evangélicos. A las once de la mañana del 23 de enero, la dirigencia compareció ante la prensa y leyó el comunicado de entrada, en el que se denunciaron 27 marzo 2009

Reflexión los intereses extraños a la justicia y en base a los cuales han electo a los magistrados y magistradas a lo largo de la historia; se reiteró que la reelección directa, por parte del Congreso Nacional, de los entonces integrantes de la Corte Suprema de Justicia constituiría una flagrante violación a la Constitución de la República que pondría en precario la legitimidad del Poder Judicial y, por ende, del sistema democrático; asimismo, exigimos que las y los magistrados a elegir fueran honestos, capaces e independientes. Quizá era mucho pedir a la clase política, pero esa era nuestra apuesta mínima. En esa rueda de prensa comparecieron dirigentes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, de la Asociación de Jueces por la Democracia, de la Iglesia Cristiana Vida Abundante, de la Alianza por la Justicia, del Bloque Popular, de las Centrales Obreras y otras organizaciones que se sumaron a lo que se denominó la Campaña Popular por la Justicia. No a la reelección

El propósito de esta Campaña —que se materializó en el lema: “Reelección: NO”—, fue convocar a la ciudadanía para incidir en la defensa de la legalidad, en particular el respeto a la Constitución. Aun cuando el tiempo parecía estar a favor de los “reeleccionistas”, nuestra convicción siempre fue que podríamos, en esos tres días, generar un movimiento capaz de oponerse a las maniobras, los acuerdos y el cinismo de la clase política, empecinada en repartirse descaradamente los futuros magistrados, sin importar el marco constitucional. Así, el movimiento se posicionó, apostando por el Poder Judicial y la defensa de la legalidad. La gente comenzó a llegar, firmaba el libro, se quedaba en los foros, en las conferencias de prensa, en las actividades culturales de la noche, hasta que aquello se convirtió en una auténtica vigilia. La Plaza La Merced se pobló de carpas; del interior llegaron al menos doscientas personas, y aquello era un enjambre de gente y esperanzas. Los aires de abril y mayo de la Huelga de Hambre de los Fiscales soplaban otra vez. Los militares y los 28 envío

policías que acordonaban el Congreso sucumbían al cansancio. La partidocracia, la clase política y el Ejecutivo se despedazaban en su estira y encoge. Unos pugnaban por la reelección, y otros, de manera oportunista, defendían el listado que presentó la Junta Nominadora. Un reparto complicado y mezquino

Mientras la Plaza seguía poblándose, la clase política se disgregaba en reuniones aquí y allá. En unas encerronas intervenía la nomenclatura de los partidos políticos, es decir, los “meros-meros”; en otras los diputados y diputadas, y hasta hubo una en la que el embajador gringo los llamó al orden. A ratos los consensos parecían posibles, pero en otros las divergencias los separaban. El reparto se complicaba, las proclamas de La Merced los desesperaban, la ética de la justicia de la vigilia los inquietaba. Unos, los lobos con piel de oveja se rasgaban las vestiduras, otros, los más cínicos, vociferaban continuismo y reelección. Aquello fue una pelea que, una vez más, deslegitimó a la clase política y exhibió sus mezquinos intereses. Y en aquel dime que te diré, el campamento de la sociedad civil se convertía en mítines y marchas que recorrían el centro de la ciudad. Hasta el Congreso llegaron los hombres del presidente Zelaya a “persuadir” y a “convencer” a los diputados de sus razones para incluir en la próxima Corte a algunos de los magistrados y magistradas salientes. Para entonces, hasta se hablaba del rompimiento del orden constitucional. La situación era confusa, pero no había que perder el norte. En la Plaza La Merced se asumió el reto de defender la Constitución, por lo que se llamó a la población a reforzar la vigilia, y se responsabilizó a la clase política de cualquier atentado contra el Estado de Derecho. El movimiento se empoderó y, el 25 de enero —el día que el Congreso elegiría a los nuevos magistrados—, las banderas se desplegaron más alto y las consignas se corearon en voz más alta. Ese día, también, el acordonamiento militar se estrechó para permitir el libre paso a la cámara legislativa de los funcionarios del Ejecutivo y los

reflexión salientes magistrados y magistradas por la valla que formaron los cadetes de la Escuela Nacional de Policía. El ritual de otras elecciones tenía que cumplirse. Sin embargo, temiendo la reprobación de los ciudadanos congregados en La Merced, los ya prácticamente ex magistrados se escurrieron por la puerta trasera, eludiendo así desfilar frente a los y las manifestantes. Al tiempo que la sesión del Congreso iniciaba, los equipos de sonido de la campaña popular retumbaron, y los discursos pronunciados en la Plaza penetraban hasta el hemiciclo. La asamblea popular se medía de esta forma con las bancadas de los partidos tradicionales y reiteraba su disposición de defender la legalidad. En cuestión de horas, la batalla por la dignidad y el respeto a la Constitución tenía que decidirse. Siguiendo las reglas del juego, el reparto se consumó

Pasó la mañana del 25 de enero, vino la tarde y, en lugar de humo blanco, lo que se veía era humo negro, sobre todo por los vaticinios de que la reelección iba a cualquier costo. Se hablaba de un Consejo de Ministros convocado de emergencia, de una junta de comandantes militares que estaba reunida, de que los “azules” cambiarían de decisión en aras de “preservar” el orden constitucional. Con estos augurios, la sesión del Congreso se instaló y, al final de los cabildeos, con pataleo, lloreta y mea culpa, el Presidente del Legislativo anunció que se respetaría el listado de la Junta Nominadora, y mocionó la propuesta de quiénes integrarían la futura Corte. La discusión, aprobación y elección de los magistrados y magistrados, más que una cuestión de fondo, fue de forma. El reparto político partidario estaba negociado y consumado… una vez más.

El proceso de la elección se siguió paso a paso en La Merced. Al conocer que no habría reelecciones y que se respetaría el listado de la Junta Nominadora, los centenares de ciudadanos y ciudadanas allí congregados alzamos los brazos y gritamos. Y no era para menos. La tensión se disipaba, pues se había ganado la apuesta por la legalidad constitucional y por un mínimo respeto a la institucionalidad del Poder Judicial. La alianza popular, forjada desde la huelga de hambre de abril y mayo de 2008, cerraba un nuevo capítulo y enarbolaba un logro. Nace un nuevo desafío

Después, cuando el asunto político estuvo superado, cuando los ex magistrados ya eran parte de una triste historia, y una nueva Corte había sido electa, en ese mismo espacio de la Plaza, con las pancartas y las mantas de fondo, nacía un nuevo desafío: denunciar los contubernios y compromisos que los magistrados y las magistradas podrían asumir para devolver el favor a las personas y los grupos políticos y económicos que patrocinaron su elección. Ese es el reto para los próximos siete años; si las ejecutorias de esta nueva Corte siguen por el camino del irrespeto de la institucionalidad, habrá que volver a La Merced. A manera de epílogo, hay que decir que hemos guardado las pancartas que rezan Reelección: NO, al igual que los afiches donde destaca la frase La justicia es un Quijote sin manchas, por si acaso es necesario utilizarlos de nuevo. Y, quizá lo más importante después de estos tres días, es que la histórica Plaza La Merced nos dejó una Asociación de Jueces con mayores atributos para defender la democracia y el Poder Judicial, y para hacer entender a los políticos y sus lacayos, de una vez por todas, que con la Constitución y las leyes no se juega.

29 marzo 2009

Reflexión

El litigio internacional del caso Jeannette Kawas: Una reivindicación para el movimiento ambientalista hondureño Marcia Aguiluz y Gisela De León*

Jeannette Kawas ya falleció y no es posible recuperarla. Pero el litigio de su caso a nivel internacional es un paso crucial hacia la reivindicación de derechos fundamentales de los ambientalistas. El Estado de Honduras está en deuda con la sociedad hondureña. Las autoridades deben tomar conciencia del grave contexto de violencia e impunidad que afecta al movimiento ambientalista pues, una verdadera protección del ambiente, implica una adecuada y efectiva protección de sus defensores.

eannette Kawas nació el 16 de enero de 1946, en el puerto de Tela, Atlántida. Era la mayor de cuatro hermanos y madre de dos hijos: Damaris y Jaime. Era una madre, una hija, y una hermana excepcional. Sus familiares comentan que desde muy temprana edad asumió el liderazgo de la familia, el cual mantuvo hasta su muerte: la llamaban “la capitana”. Además, Jeannette Kawas fue una defensora de derechos humanos que luchó valiente y permanentemente por la protección de los recursos naturales en *

Abogadas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 30 envío

su país. Desde 1989 se incorporó a la Asociación Hondureña de Ecología (AHE), la primera organización ambientalista que se estableció en Tela. Un año después, junto con miembros de esta asociación, creó la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat (PROLANSATE). En 1993, Kawas fue electa presidenta de PROLANSATE . Bajo su presidencia la fundación logró presencia institucional en las áreas protegidas cercanas a la Bahía de Tela. Este cargo la enfrentó con empresas madereras, y con otras vinculadas a la explotación de la palma africana, así como con personas

involucradas en delitos ambientales. Los poderosos intereses económicos que desafió pusieron en riesgo su vida hasta que se la arrebataron. Jeannette Kawas fue asesinada de un disparo el 6 de febrero de 1995, alrededor de las 7:30 p.m., mientras se encontraba en su casa de habitación con su asistente personal, Marcial Bueno. Han trascurrido catorce años desde entonces y aunque la investigación se inició al día siguiente, este hecho permanece en la más absoluta impunidad. Las actuaciones de las autoridades a cargo de las investigaciones han estado cargadas de

reflexión irregularidades, siendo algunas de las más graves la coacción de testigos y la introducción de elementos falsos para distraer la atención y garantizar la impunidad de los responsables. Esta situación hizo que los familiares de Jeannette se vieran obligados a buscar justicia fuera de las fronteras hondureñas. El presente artículo relata la ruta que ellos han seguido, contando con el apoyo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y explica por qué es necesario que el Estado de Honduras, además de reparar los derechos violentados a los familiares de Jeannette adopte medidas concretas para evitar que los defensores ambientalistas sigan siendo objeto de actos de violencia en el futuro. El caso de Jeannette Kawas ante la justicia internacional

La ausencia de justicia dentro del sistema judicial hondureño provocó que el 16 de enero de 2003 el ERIC-SJ y CEJIL, en representación de los familiares de Jeannette Kawas, presentaran una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Honduras. En dicha petición se alegó que la ejecución de Jeannette Kawas y la impunidad en el caso habían violado los derechos de la víctima y sus familiares contenidos en la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana”). En resumen se alegó que estos graves hechos eran violatorios del derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva de Jeannette; y que estos dos últimos y el derecho a la integridad personal fueron violados en perjuicio de sus familiares. La CIDH es uno de los órganos que en conjunto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Su objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente americano y servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. En atención a ello, una de sus potestades es el conocimiento y análisis de las peticiones individuales que alegan violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado o personas que actúan con tolerancia estatal. Con base en el análisis que la Comisión realiza de las peticiones sujetas a su conocimiento, a través del proceso establecido en la propia Convención Americana, este órgano tiene la potestad de realizar recomendaciones a los Estados para reparar las violaciones causadas, o bien someter el conocimiento del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es así como la CIDH presentó, en enero de 2008, el caso sobre la ejecución de Jeannette Kawas para conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal de

la región en materia de Derechos Humanos. La CIDH alegó que la ejecución extrajudicial de la ambientalista Jeannette Kawas, la posterior falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de su muerte y en general la obstrucción de la justicia, así como la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares constituyen violaciones a los derechos protegidos en los artículo 4 (derecho a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana. Asimismo, la Comisión concluyó que “el caso refleja la situación de los defensores del medio ambiente y los recursos naturales en Honduras, los ataques en contra de tales personas y los obstáculos en la investigación de los actos de hostigamiento y persecución”. Posteriormente, en mayo de 2008, el ERIC-SJ y CEJIL presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, mediante el cual establecieron la posición de los familiares de Jeannette, en su calidad de representantes de éstos. Las referidas organizaciones apoyaron lo señalado por la Comisión Interamericana, pero además alegaron la violación del derecho a la libertad de asociación en perjuicio de Jeannette Kawas, porque su ejecución fue motivada por su labor como defensora de derechos humanos y de la conservación del ambiente, labor que ejercía a través de PROLANSATE, así como por el efecto que tuvo su muerte en los miembros de esta organización; y, la violación del derecho a la integridad personal 31 marzo 2009

Reflexión de los familiares de la señora Kawas, porque su muerte y la impunidad que impera en el caso les han ocasionado un profundo sufrimiento. Por su parte, el Estado de Honduras contestó la demanda de la CIDH y el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas del ERIC-SJ y CEJIL el 3 de julio de 2008, aceptando su responsabilidad por la ausencia de justicia en el caso, pero negándola por el asesinato de la víctima y la violación de su derecho a la asociación producto de éste. Una vez recibida la contestación estatal, la Corte fijó la fecha de la audiencia pública para recibir prueba testimonial y pericial, y para presentar alegatos orales respecto de los puntos en discusión. La audiencia se llevó a cabo en la Ciudad de México, D.F, el 2 de diciembre de 2008. En la audiencia estuvieron presentes la señora Damaris Watt Kawas, hija de la víctima, y además se contó con la declaración de los señores Jacobo Kawas y Rafael Sambulá como testigos, y de la señora Clarissa Vega, como perito. Jacobo Kawas rindió una declaración exhaustiva que incluyó los detalles sobre los múltiples obstáculos que su familia ha debido enfrentar en Honduras para que se castigue a los responsables de la muerte de su hermana, asimismo se refirió al sufrimiento que se les ha causado tanto por la ejecución de Jeannette como por la impunidad en el caso. Finalmente, don Jacobo pidió a la Corte 32 envío

tomar medidas para proteger a las personas que luchan por el interés de la comunidad, hacer justicia por aquellos que ven en Jeannette un ejemplo a seguir para que puedan continuar en libertad con la labor que Jeannette no pudo concluir.

La ejecución de Jeannette Kawas como caso emblemático para los ecologistas en Honduras

La ejecución de Jeannette Kawas no es un hecho aislado. La misma refleja la situación de cientos de defensores y defensoras de derechos humanos de nuestro hemisferio que, cada día, son objeto de represalias y actos de violencia debido a la labor que realizan. En particular, ilustra la situación de los y las defensoras de derechos humanos en Honduras y más específicamente de los y las ambientalistas, que al verse enfrentados/as a grupos de poder en su afán de contribuir activamente a la sociedad, ponen en peligro sus vidas. El asesinato de Jeannette Kawas no es la primera muerte que afecta al movimiento ambientalista en Honduras. El primer asesinato de ecologistas que se registra en los archivos de las organizaciones de derechos humanos de Honduras es el del joven Héctor Rodrigo Pastor Fasquelle en 1990. Héctor dedicó su vida a proteger las áreas de reserva en Honduras, principalmente el río Plátano y el Cerro Azul, y luchó contra la explotación del Parque Nacional Punta Sal. Fue además una de

las personas que inspiraron a Jeannette Kawas a dedicarse a la protección de este refugio ubicado en Tela, Atlántida1. Durante los inicios de la década de los 90, el movimiento ambientalista también fue objeto de otro tipo de actos violentos y de intimidación. Por ejemplo, se conocen las amenazas sufridas por Mauricio Alvarado, Presidente del Comité para la Defensa de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca en 1991. También, las denuncias presentadas por Silvia Rodríguez, Presidenta de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) en relación con amenazas que empresarios madereros habían hecho contra varios miembros de las comunidades indígenas (1992). Además, las agresiones sufridas por Leonidas Hernández y por miembros de la Asociación para el Desarrollo de Honduras (ADROH) en el marco de protestas contra aserraderos asentados en el occidente del país (1993)2. En 2001, el Padre Andrés Tamayo, uno de los principales líderes del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO)3, fue sacado de la carretera a 1

Ver reseña publicada en la página: http://www.cerveceriahondurena. com/premionacionaldelambientehn/ganadores_anteriores.php?pagp_ id=7&orden_id=6 Información brindada el día 13 de enero de 2009 a CEJIL por el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH). CEJIL solicitó medidas cautelares a la CIDH para los dirigentes del MAO a mediados de 2006.

reflexión empujones por otro vehículo, encañonado y amenazado de muerte con una granada contra su pecho. También fueron objeto de amenazas, en 2003, el predicador religioso Gilberto Flores, quien sobrevivió a un atentado contra su vida; y el sacerdote diocesano Ángel de Jesús Bertrand Sevilla4. Por otro lado, en 2003, trabajadores de un aserradero de Olancho denunciaron que los dueños de los aserraderos pagan a sicarios para asesinar a personas que figuran en una lista, cuyos nombres ya conocen las autoridades, todos ellos reconocidos ambientalistas de la zona, como Elvin Noé Lanza, Efraín Paguada, René Wilfredo Gradiz, Pedro Amado Acosta, Arturo Reyes, Mario Martínez, Redin Hernández, Denis Reinierio Vargas, Ramón Martínez, Arnaldo Díaz, Leonel Jácome, Francisco Pacheco, el Padre Osmín Flores, Gilberto Flores y Rafael Ulloa5. También han denunciado amenazas integrantes de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), entidad que informó públicamente que al menos la mitad de 2.5 millones de hectáreas boscosas del departamento de Olancho fue depredada6.

Al igual que Jeannette, otras personas han sido asesinadas por su labor como ambientalistas. En 1997 fue asesinado Carlos Escaleras, uno de los más reconocidos líderes populares del Valle del Aguán; luego Carlos Luna, en 1998, activista ambiental y regidor municipal de Catacamas, Olancho; le siguió Carlos Flores, en 2001, líder comunal y activista ambientalista del mismo departamento. En 2003 fue asesinado Oscar Arturo Reyes, promotor de la Pastoral Social del Medio Ambiente de la Iglesia Católica y organizador de la Marcha por la Vida7 y, en mayo de 2006, Heraldo Zúñiga y Róger Iván Cartagena, miembros del MAO, fueron ejecutados por policías hondureños8.

5 6

Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). El Costo Humano de Defender el Planeta. Violaciones de Derechos Humanos a Defensores Ambientalistas en las Américas, Informe 2002-2003, p. 34 Ibíd., p. 34 Ibíd., p. 35

Al permitirse que la mayoría de los crímenes y amenazas contra ambientalistas queden impunes, la consecuencia inmediata es que este tipo de actos delictivos continúen, ya que los autores materiales y principalmente los intelectuales, creen tener el poder suficiente para eliminar a las personas que les desafían y no enfrentar ninguna consecuencia por sus actuaciones. En palabras de Amnistía Internacional: Cuando un gobierno no condena, impide ni remedia violaciones contra defensores o defensoras de derechos humanos, transmite un mensaje de que tales violaciones se toleran. Al no adoptar los gobiernos medidas positivas, decisivas e integrales que protejan al colectivo de defensores de los derechos humanos de modo que puedan llevar a cabo su trabajo, se genera un entorno susceptible de contribuir a socavar su labor y a comprometer gravemente su seguridad9.

Es evidente que los ambientalistas son víctimas de violencia debido al rol importante que tienen en la protección del ambiente y en la denuncia pública de hechos que atentan contra éste. En este proceso se enfrentan con grupos de interés económico ligados al poder y, por ello, también son amenazados y estigma7

8 4

tizados, creándose condiciones adversas para la realización de su labor de defensa.

Ibíd., p. 33. La Marcha por la Vida es organizada por ambientalistas para promover la defensa de los recursos naturales, renovables y no renovables, como la defensa del derecho a la vida, estrechamente vinculado con la garantía de los demás derechos humanos. Amnistía Internacional. Honduras. Asesinatos de activistas medioambientalistas en el Departamento de Olancho. Febrero de 2007. Índice: AI 37/001/2007. Amnistía Internacional. Persecución y resistencia. La experiencia de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y Honduras. Agosto 2007. Índice AI: AMR 02/001/2007, p. 26.

Ahora bien, la impunidad que ha sido descrita no surge a partir de los casos de los ambientalistas, sino que se inserta en un contexto más amplio en que se ha privilegiado la existencia de una impunidad generalizada en relación con las 9

Amnistía Internacional. Persecución y resistencia. La experiencia de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y Honduras. Agosto 2007. Índice AI: AMR 02/001/2007, p. 2. 33 marzo 2009

Reflexión graves violaciones de derechos humanos. En el libro Erguidos como pinos se afirma que: Si en la década de 1980 hubo muchos asesinatos y desapariciones forzadas en Honduras por motivos políticos, que nunca fueron esclarecidos, en el presente siguen asesinando a personas que luchan por defender el bosque, el agua y la vida sin que se juzgue a los culpables, porque se cubren maliciosamente con el denso manto de la impunidad10.

Por su parte, el propio Estado hondureño reconoció, en el Informe que presentó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2005, que: …en algunos casos los pobladores que defienden los recursos naturales y el medio ambiente pierden su vida (v.g. Janeth Kawas) al oponerse a la destrucción o apropiación indebida de sitios considerados patrimonio de todos los habitantes por su belleza escénica y fuente de trabajo (v.g. Bahía de Tela) que significan alivio a las familias para la obtención de ingresos y alimentos. Carlos Luna es otro mártir que perdió su vida por defender los recursos forestales de Olancho. Otros pobladores que defienden sus derechos de disponer libremente de las riquezas y recursos naturales (v.g. esteros, lagunas naturales, manglares), corren igual fin al perder la vida por encargo o

10 Erguidos como pinos, COFADEH, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2006, p. 12.

34 envío

por ser un estorbo a intereses de sectores económicos pudientes (v.g. 12 pescadores de la zona sur fueron asesinados entre el año 1990 al 2001), y sus muertes permanecen en la impunidad. Esta supuesta buena fe, expresada en el reconocimiento de la situación de violencia e impunidad que enfrentan los ambientalistas, no se ha traducido en ninguna acción concreta para erradicar la impunidad. En la práctica, gracias a ella, los ambientalistas no pueden desarrollar su labor en condiciones seguras y muchos de ellos, además de perder su vida o ser objeto de amenazas, se sienten intimidados y son obligados a abandonar sus luchas y hasta sus hogares.

En conclusión, el caso de Jeanette Kawas demuestra una vez más cómo ciertos sectores del Estado en nuestra región y en la propia Honduras pueden quedar presos y al servicio de intereses sectoriales y grupos de poder, de poderes de facto a costa del goce efectivo de los derechos de buena parte de la ciudadanía. En él se expresa la capacidad silenciadora de los poderes de facto que, en algunos de nuestros países, generan cómplices activos o silenciosos en partes de la institucionalidad estatal. La responsabilidad internacional del Estado de Honduras y el deber de reparar el daño

El artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el deber de los Estados de reparar las viola-

ciones de los derechos humanos, cuando ha sido acreditada su responsabilidad internacional por estas11. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que la reparación del daño causado consiste en el restablecimiento de la situación anterior en que se encontraba la víctima antes de que ocurriera la violación. De no ser esto posible, la Corte puede ordenar la adopción de “una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados”12. A ello hay que añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso13 . 11 Este artículo señala: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. 12 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez. V. Guatemala Reparaciones, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, Párr. 53; y Corte IDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, Párr. 224. 13 Corte IDH., Caso Hermanas Serrano Cruz V. El Salvador, Sentencia de 1 de

reflexión Así las cosas, la responsabilidad del Estado hondureño por las violaciones sufridas por la señora Jeannette Kawas y su familia, se debe expresar en medidas de reparación adecuadas y que de alguna manera contribuyan a la no repetición de hechos como los ocurridos a la señora Kawas. En este orden de ideas, una vez que la Corte Interamericana determine la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones cometidas, éste tendrá como primera obligación el establecimiento de la verdad, lo que requiere una investigación real, objetiva y eficiente. Para la familia Kawas esta medida es fundamental en aras de recuperar la confianza en el sistema de justicia hondureño. Por otra parte, ante la grave situación de riesgo, violencia e impunidad que sufren los ambientalistas en Honduras, la familia Kawas aspira a que el Estado adopte medidas para que otros ambientalistas no corran la misma suerte de Jeannette; así lo declaró el señor Jacobo Kawas en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana. En atención a ello, CEJIL y el ERIC-SJ han solicitado a la Corte marzo de 2005. Serie C No. 120, Párr. 135; Corte IDH; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez V. Guatemala. Reparaciones, (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párrafo 54; Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No. 112, Párr. 260.

ordenar al Estado hondureño la formulación e implementación de políticas públicas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las amenazas y muertes en contra de los ambientalistas. Como mínimo, estas políticas deben contemplar • Actividades de educación y divulgación dirigidas a todos los agentes del Estado, y a la sociedad en general, para combatir la estigmatización de los y las defensoras del ambiente14. •

•

Acciones para dar participación a las organizaciones ambientalistas en la formulación e implementación de las políticas que les afecten. La creación de un sistema de alerta temprana y protección para los defensores y defensoras del ambiente15.

14 CIDH; Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en las Américas; OEA/ Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, p. 89, párr. 3. Ver además Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. 15 CIDH; Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos en las Américas; OEA/ Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, disponible en Internet en la página http://www. cidh.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm, 7 de marzo 2006, p. 89, párr. 8, p 90, párr. 6 y 8. Ver Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los de-

•

El establecimiento de un cuerpo especializado en la investigación de delitos contra ambientalistas.

•

Medidas necesarias para que exista una coordinación adecuada y clara en la competencia institucional para investigar y juzgar los crímenes contra las defensoras y los defensores de derechos humanos cuando son menoscabados en razón de sus actividades como tales.

La adopción de una política pública integral para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos, que contenga al menos los componentes enunciados, es esencial para que hechos como la ejecución de Jeannette Kawas no vuelvan a ocurrir, y para permitir que los defensores y las defensoras del ambiente puedan llevar a cabo su labor sin intromisiones y sin temor a represalias. El Estado de Honduras se encuentra en deuda con la sociedad hondureña. Las autorifensores de los derechos humanos, de conformidad con la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos. UN Doc. E/CN.4/2005/101. Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.P AG/RES. 1671 (XXIX-O/99) 7 de junio de 1999. Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

35 marzo 2009

Reflexión dades deben tomar conciencia del grave contexto de violencia e impunidad que afecta al movimiento ambientalista, y principalmente deben reconocer la importante labor que desempeñan en la defensa y protección del medio ambiente. Una verdadera protección del ambiente implica una adecuada y efectiva protección de los ecologistas, de

manera que puedan ejercer sus derechos en condiciones seguras y libres de temores. Jeannette Kawas ya falleció y no es posible recuperarla. El litigio de su caso a nivel internacional es solo un paso más hacia la reivindicación de derechos fundamentales de los ambientalistas. El reto continúa y los

obstáculos son numerosos. Sin embargo, no debemos desfallecer en este esfuerzo conjunto por acabar con la impunidad en Honduras y por contribuir a la construcción de un país más justo y solidario.

¿Cuáles son las causas del constante antagonismo entre los pueblos indígenas, el Estado y la nación? ¿Cómo se gestó la reapropiación de la memoria colectiva de estos pueblos? ¿Cuál es la trascendencia de las peregrinaciones indígenas iniciadas en 1994? ¿Por qué y cómo se produce la evocación consciente de la figura de Lempira? Las respuestas a estas y otras preguntas se pueden encontrar en este libro de Marvin Barahona, editado por la editorial Casa San Ignacio y Editorial Guaymuras, con el apoyo de la aecid.

36 envío

documento

Análisis de las ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en Honduras (enero-febrero de 2009) Casa Alianza de Honduras*

La violencia contra la niñez y la juventud no se detiene y, al parecer, tampoco conmueve ni indigna. Ni siquiera a los agentes del Estado, obligados a proteger y garantizar la vida de la población, en especial de la más indefensa. Tal como clama y exige este descarnado informe —uno más de Casa Alianza—, es urgente actuar para frenar o reducir las graves agresiones contra niños, niñas y jóvenes. De lo contrario, ¿cómo negar que vivimos en una sociedad fallida?

Introducción

egún el Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), las muertes violentas en Honduras se incrementaron durante el año 2008 en un 25% con relación al año anterior. La violencia contra la niñez y la juventud se refleja en la agudización de problemas como el maltrato infantil, la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual comercial; y, el incremento de las ejecuciones y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes que, por lo general, quedan impunes. *

Casa Alianza de Honduras es una institución que realiza un seguimiento permanente de este tema y mantiene un compromiso constante con la niñez y la juventud en situación de riesgo.

Gran parte de la violencia desatada contra niños, niñas y jóvenes en nuestro país ocurre en lugares donde debieran ser protegidos como la familia, la escuela y sus comunidades. A ello se agrega que las víctimas principales provienen de los estratos más empobrecidos de nuestra sociedad. Y, todavía más preocupante, es que con el paso de los años se han generado rasgos de aceptación y tolerancia social ante este género de violencia, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales. Según la Organización de las Naciones Unidas, las “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, constituyen una severísima violación a los derechos humanos, además de debilitar la obligación general del Estado de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Hoy es de suma importancia que se realicen acciones para frenar o reducir las agresiones graves contra la niñez y la juventud, para proteger 37 marzo 2009

Documento sus vidas y su dignidad. Además, resulta inhumano que las familias de las víctimas continúen esperando justicia, sumidas en el dolor y el llanto, mientras los verdugos andan libres y cuentan con el salvoconducto de la impunidad. Este informe, correspondiente a enero y febrero de 2009, aparte de proporcionar el número de muertes ocurridas en este período, también subraya que la ejecución extrajudicial de niños, niñas y jóvenes, lejos de reducirse, manifiesta señales inequívocas de incrementarse. Por tanto, es imperativo que la sociedad y sus instituciones adopten medidas adecuadas y pertinentes para detener esta ola de violencia que, por sus graves consecuencias, ha provocado declaraciones como la del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño que expresa su extrema preocupación “por el elevado número de desapariciones y asesinatos extrajudiciales de niños, incluso a manos de las fuerzas policiales en Honduras”1. Esta preocupación y llamado de atención, sostenida durante casi una década, es la misma que Casa Alianza ha hecho ante las autoridades de turno, la opinión pública y la sociedad en general, para que se tomen acciones inmediatas y de largo plazo para contrarrestar esta trágica situación. Las ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en los primeros meses de 2009

En estos primeros meses del año la violencia contra niños y jóvenes ha cobrado muchas vidas, hasta registrar un total de 71 muertes violentas y/o ejecuciones arbitrarias de personas menores de 23 años2. Las cifras de este período reflejan una alta incidencia de la violencia, estableciéndose un promedio de 1-2 muertes por día. Finalizado el tercer año del presente gobierno, han ocurrido un total de 1613 asesinatos, muchos de los cuales presentan las características de ejecuciones arbitrarias. Este fenómeno ha crecido continuamente desde 1998, año en que Casa Alianza inició el registro sistemático de muertes violentas 1 El Heraldo, Tegucigalpa, 03/02/2007, p. 38. 2 Casa Alianza basa este registro en la consulta y seguimiento de fuentes periodísticas nacionales. 38 envío

y ejecuciones arbitrarias de niños, niñas y jóvenes. Desde ese momento, hasta febrero de 2009, se reporta la escalofriante cifra de 4608 crímenes de esta naturaleza que afectaron a personas menores de 23 años. De éstos, 1473 víctimas (32%) eran niños y niñas. Casa Alianza ha establecido que, a pesar de las numerosas promesas e iniciativas gubernamentales desde 2001 y 2002, así como en el gobierno actual, en la práctica no se ha visto una reducción de la cifra de muertes; o la realización de procesos verdaderamente efectivos para investigarlas y sancionar a los responsables intelectuales y materiales de tales delitos. Además, se ha fallado en la responsabilidad de prevenir las violaciones de los derechos humanos y en la de proteger a las víctimas, así como en investigar adecuadamente todos los casos de homicidios extrajudiciales denunciados. La responsabilidad del Estado radica en identificar la identidad de los autores de estos delitos, ya sea que se trate de autoridades o de personas particulares, para someterles a la norma jurídica correspondiente y sancionarles conforme a derecho en los tribunales de justicia correspondientes. Para acabar con la impunidad es de enorme importancia que las autoridades dinamicen los procesos de investigación, acusación y condena de los involucrados en estos delitos contra la vida. Los centros urbanos continúan siendo los principales escenarios de muerte

De las 71 muertes violentas y/o ejecuciones ocurridas en enero y febrero de 2009, el 21% se escenificó en el Municipio del Distrito Central, principalmente en las ciudades de Tegucigalpa (6) y Comayagüela (9). En la Costa Norte, la ciudad con mayor incidencia de asesinatos sigue siendo San Pedro Sula (51% de las 36 muertes reportadas en este período); pero también se vieron afectados por este fenómeno otros municipios de la zona industrial como Choloma, Cofradía y Villanueva (11% de las ejecuciones). Otros crímenes reportados en estos dos meses se produjeron en ciudades con menor densidad poblacional (16.73%). En estas ciudades, los cuerpos de los niños y jóvenes asesinados son encontrados en cunetas,

documento orillas de carreteras, botaderos de basura, canales con aguas estancadas y, cuando el descaro de sus verdugos es mayor, las ejecuciones se realizan en las calles de sus propias colonias y barrios; a veces a escasos metros de sus casas de habitación. El género y la edad de las víctimas no detienen a los verdugos

En relación con el género de las víctimas, el 10% (7 asesinatos) eran mujeres y el 90% (64 asesinatos) hombres. La violencia contra las mujeres se ejerce, en algunos casos, contra jóvenes no vinculadas a pandillas, sino más bien contra jóvenes mujeres trabajadoras de la industria maquiladora y de la economía informal en las calles. De los 71 asesinatos ocurridos en estos dos meses, sólo el 23% (16 casos) correspondió a menores de 18 años; por lo tanto, la mayor incidencia se presentó en los rangos de edad de los mayores de 18 años (77% del total de casos) distribuidos así: 20-22 años (80%) y 18-20 años (20%). Modos de operar ya conocidos y repetidos

La mayoría de los crímenes de estos dos meses presenta características similares en cuanto al patrón de ejecución: jóvenes que son sustraídos violentamente de sus barrios y colonias por sujetos desconocidos fuertemente armados, que posteriormente aparecen ejecutados y atados de pies y manos. En otros casos, sus cuerpos son encontrados con certeros disparos en la cabeza u órganos vitales, en cunetas, quebradas o botaderos de basura. Otra forma de operar es la de acribillar a las víctimas desde automóviles en marcha con armas de grueso calibre (AK-47 y otras), o la de disparar sobre los automóviles donde éstas se conducen. En otros casos se sustrae a las víctimas de sus barrios o colonias, para luego asesinarlas y abandonar sus cadáveres en sitios distantes del lugar donde se perpetró el crimen.

Armas de fuego: principal herramienta de muerte

Las armas de fuego, con un 93% (66 asesinatos), siguen siendo los instrumentos de muerte predilectos de los victimarios para perpetrar sus crímenes. La utilización de armas de fuego de grueso calibre, como las AK-47, cuya posesión viola las leyes del país, revela además la existencia de un mercado clandestino de estas armas, o de otros mecanismos por los que se pueden obtener tales artefactos. La eterna impunidad para los ejecutores

La presunta autoría material de estos asesinatos le es atribuida a pandilleros (4.3%) por las fuentes periodísticas consultadas; un 3% a personas particulares; un 4.1% a personas vestidas de policías; un 3% a guardias de seguridad; y, 86%, a desconocidos. Esta última cifra, sobre presuntos responsables desconocidos, es más preocupante porque deja abierta la posibilidad para pensar que se trata de grupos de exterminio, o de “limpieza social”, del crimen organizado o de autoridades que abusan de su condición de tales. Por ello, Casa Alianza considera de vital importancia que las instancias de Justicia profundicen en la investigación de todos estos crímenes, para descubrir a los responsables y establecer las sanciones que correspondan. Casa Alianza reitera que es imperativo centrar la atención y realizar los máximos esfuerzos institucionales, por parte del Estado, la opinión pública y la sociedad civil, para detener las ejecuciones y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes en Honduras. A continuación, los cuadros que detallan esta inaceptable realidad.

39 marzo 2009

Documento Muertes violentas y ejecuciones de niños y niñas menores de 18 años (Por ciudad, enero 2009) CIUDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

San Pedro Sula /Cortés

50%

Comayagua

13%

Otros municipios de Francisco Morazán

38%

Total

100%

Muertes violentas y ejecuciones de niñas y niños menores de 18 años (Por género, enero 2009) GÉNERO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Masculino

88%

Femenino

13%

Total

100%

Arma o método utilizado para las muertes violentas y ejecuciones de niñas y niños menores de 18 años (enero 2009) TIPO DE ARMA Arma de fuego

CANTIDAD

PORCENTAJE

88%

Arma blanca

13%

Total

100%

Muertes violentas y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años de edad (Por ciudad, enero de 2009) CIUDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

Comayagüela /Francisco Morazán

18%

Tegucigalpa/Francisco Morazán

18%

San Pedro Sula/Cortés

46%

Otros municipios de Cortés

Otros municipios de Fco. Morazán Total

11%

100%

Muertes violentas y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años de edad (Por género, enero de 2009) GÉNERO Masculino Femenino Total

CANTIDAD

PORCENTAJE

86%

14%

100%

Arma o método utilizado para la muerte violenta y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años (enero de 2009) TIPO DE ARMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

Arma de fuego

96%

Arma blanca

100%

Total

40 envío

documento Presunto responsable de muertes violentas y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años (enero de 2009) AUTORES

TOTAL

porcentaje mayoria

Desconocidos

93%

Desconocidos con uniformes de policía

Personas particulares Total

100%

Muertes violentas y ejecuciones de niños y niñas menores de 18 años (Por ciudad, febrero de 2009) CIUDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

San Pedro Sula /Cortés

38%

Otros municipios de Cortés

13%

Otros municipios de Francisco Morazán

50%

Total

100%

Muertes violentas y ejecuciones de niños y niñas menores de 18 años (Por género, febrero 2009) GÉNERO Masculino

CANTIDAD

PORCENTAJE

100%

Femenino

Total

100%

Arma o método utilizado para las Muertes violentas y ejecuciones de niños y niñas menores de 18 años (febrero de 2009) CANTIDAD

PORCENTAJE

Arma de fuego

TIPO DE ARMA

100%

Arma blanca

No determinada

Politraumatismos

Total

100%

Presunto responsable de muertes violentas y ejecuciones de niñas y niños menores de 18 años (febrero de 2009) CANTIDAD

PORCENTAJE

Guardias de seguridad

RESPONSABLE

Personas particulares

Pandilleros

Desconocidos

100%

Total

100%

41 marzo 2009

Documento Muertes violentas y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años de edad (febrero de 2009) CIUDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

Comayagüela/Francisco Morazán

15%

Tegucigalpa/Francisco Morazán

San Pedro Sula/Cortés

62%

Otros municipios de Francisco Morazán

19%

100%

Total

Muertes violentas y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años de edad (Por género, febrero de 2009) GÉNERO

CANTIDAD

PORCENTAJE

92%

Masculino Femenino Total

100%

Arma o método utilizado para las muertes violentas y ejecuciones de jóvenes de 18-22 años (febrero de 2009) TIPO DE ARMA

CANTIDAD

PORCENTAJE

92%

Arma de fuego Arma blanca Total

100%

Muertes violentas y ejecuciones extrajudiciales Febrero 1998 - Febrero 2009 0-17 años

18 - 23 años

Total

1998

Año

1999

144

139

283

2000

127

225

2001

157

261

418

2002

185

364

549

2003

164

393

557

2004

112

283

395

2005

161

314

475

2006

109

385

494

2007

118

386

504

2008

128

416

544

2009

TOTAL

1473

3135

4608

32%

68%

100%

42 envío

Gobierno

Total

Carlos Flores (febrero 1998 a enero 2002)

1019

Ricardo Maduro (febrero 2002 a enero 2006)

1976

Manuel Zelaya (febrero 2006 a febrero 2009)

1613

4608

memoria

Etnicidad y género en los dictados de la Comintern al primer Partido Comunista de Honduras Rina Villars*

He aquí una acuciosa y esclarecedora exploración de los mandatos que los agentes de la Internacional Comunista enviaron, entre 1930 y 1934, a los dirigentes del Partido Comunista de Honduras sobre el problema de “las mujeres” y el de las “nacionalidades oprimidas”. La poca o ninguna importancia que los primeros comunistas hondureños dieron a estos temas marcó la ruta del movimiento popular y revolucionario a lo largo del siglo xx porque, aunque a veces no lo parezca, nada nace desvinculado de su pasado.

a Comintern1 , o la (Tercera) Internacional Comunista, fue fundada en marzo de 1919 por iniciativa del gobierno ruso para coordinar y propagar las actividades de los partidos comunistas en el mundo. En 1925, la Comintern creó el Secretariado Sudamericano, con sede en Buenos Aires, Argentina, con el fin de “dirigir las actividades de los partidos comunistas y las campañas internacionales de la Comintern en los varios países de Sur América”2. El Secretariado Sudamericano fue reemplazado en 1930 por el Buró del Caribe, con sede en Nueva York. De acuerdo a su envergadura, los partidos comunistas latinoamericanos de los años veinte y treinta son clasificados por algunos teóricos en * 1 2

Doctora en Lingüística hispánica. Comintern: abreviatura en inglés de Communist International (Internacional Comunista). Citado por Manuel Caballero, Latin American and the Comintern 1919-1943, Cambridge University Press: Cambridge, 1986, pp. 27-28.

partidos “reales” y partidos “menores”. Tal es la clasificación que ofrece Manuel Caballero, quien incluye a los partidos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y Cuba en la lista de los partidos “reales”. De Centroamérica, los partidos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica son considerados partidos “menores”3. En el caso de Honduras y Nicaragua —nos dice Caballero—, hubo “minúsculos grupos de militantes”, pero “nada semejante a un partido, menos a un partido bolchevizado”4. Otro experto en la historia de la Comintern, Rolie E. Poppino, no desecha al Partido Comunista de Honduras, como hace Caballero, sino que lo califica como uno de los partidos “más nebulosos” de América Latina5. 3 4 5

Ibíd., pp. 44-53. Ibíd., p. 53. Rollie E. Poppino, International Communism in Latin America: A History of the Movement 1917-1963. The Free Press of Glencoe: Londres, 1964, p. 84.

43 marzo 2009

memoria Los planteamientos de Caballero y de Poppino se derivan no sólo del aislamiento internacional que caracteriza al movimiento comunista hondureño en la década de los veinte y treinta, sino también del enterramiento de que fue objeto este movimiento en la memoria histórica una vez desarticulado —alrededor de 1934-1935—, por el régimen dictatorial de Tiburcio Carías Andino (1932-1949). Este enterramiento se hace especialmente visible cuando el “Partido Comunista de Honduras”, que se crea en 1954, no hace referencia a su antecedente de los años veinte y treinta. ¿Desconocimiento? ¿Negligencia? El conocido escritor comunista Ramón Amaya Amador se refería en los siguientes términos a esta laguna en la historia del movimiento comunista hondureño en una carta que le envió desde Praga, el 7 de diciembre de 1965, a Graciela García, militante del “primer” Partido Comunista hondureño: [Yo] no me explico por qué razones el movimiento actual (sindical y político) marcha desvinculado de su pasado, ignorando casi todo lo que hicieron ustedes, desconociendo sus grandes luchas, sus sacrificios, abnegaciones y heroísmos. Es raro que en Honduras nosotros no hayamos encontrado personas de las que participaron en aquellas luchas, y obtener así una información verídica. Verdad es que todavía no hemos hecho una investigación a fondo de archivos; pero al menos debiéramos haber encontrado personas de las que participaron, que las hay, mas parece que no desean hablar sobre esa etapa que es para nosotros de mucha importancia y lo será también para las generaciones por venir6.

Es a partir de 1977, con la publicación de un valioso libro de Mario Posas, Las sociedades artesanales y los orígenes del movimiento obrero hondureño (Tegucigalpa: ESP Editorial), que se comienza a llenar el vacio historiográfico del que nos habla Amaya Amador. En los comienzos de los ochenta se sigue llenado el vacío con la publicación de otros libros sobre la historia del movimiento obrero hondureño, la cual es indisociable de los orígenes del movimiento comunista. Víctor Meza publica en 1980 Historia del movimiento obrero 6

Véase la carta completa de Ramón Amaya Amador en: Rina Villars, Porque quiero seguir viviendo: Habla Graciela García. Guaymuras: Tegucigalpa, 1991, pp. 338-340. 44 envío

hondureño (Guaymuras: Tegucigalpa) y Mario Posas nos ofrece, en 1981, Luchas del movimiento obrero hondureño (Educa, San José); en 1989 Marvin Barahona publica La hegemonía de los Estados Unidos en Honduras (1907-1932) (CEDOH: Tegucigalpa), con un capítulo sobre las primeras organizaciones gremiales; y, en 1991, Rina Villars publica Porque quiero seguir viviendo: Habla Graciela García (Guaymuras: Tegucigalpa), en el cual se reconstruye parcialmente la historia del movimiento comunista de los años veinte y treinta. El vacío historiográfico no se llena con las publicaciones anteriores, pues todas se enfrentan, de una forma u otra, con la falta de acceso a fuentes que permitan hacer una aproximación más exacta y exhaustiva a los orígenes del movimiento comunista hondureño. Para dar sólo un ejemplo, la fecha misma de fundación del Partido Comunista permanece irresoluble en dichas obras, oscilando entre 1922 y 1929. De próxima publicación es mi biografía sobre el comunista Juan Pablo Wainwright; este libro llenará en gran parte el vacío mencionado, pues en su proceso de elaboración he tenido acceso a más de cien documentos de la Comintern sobre la correspondencia entre el Partido Comunista de Honduras y esa organización internacional, entre 1930 y 1934. Mi acceso a esos documentos se debe a la generosidad del historiador Erick Ching, quien me permitió revisar las aproximadamente mil páginas en microfilme sobre la correspondencia entre los cinco partidos comunistas de Centroamérica y la Internacional Comunista durante los años veinte y treinta, que él obtuvo directamente en los archivos de la ex Unión Soviética. Basada, especialmente, en los documentos de la Comintern que he revisado, en el presente artículo exploro los mandatos que los agentes del Secretariado Sudamericano y del Buró del Caribe enviaron, entre 1930 y 1934, a los dirigentes del Partido Comunista de Honduras sobre el problema de “las mujeres” y el de las “nacionalidades oprimidas”, dos temas que, en términos modernos, se englobarían en las categorías de “género” y “etnicidad”, respectivamente. Mientras el tema de etnicidad fue tratado con insistencia por los agentes de la Comintern, el de género lo fue ligeramente. Los comunistas hondureños desoyeron los mandatos de sus superiores, pues subsumieron siempre el

memoria problema de “las mujeres” y de las “nacionalidades oprimidas” en el problema omnipresente de la “lucha de clases”. Creación del primer Partido Comunista hondureño

El primer Partido Comunista hondureño fue creado en 1928 por un grupo de miembros disidentes de la Federación Obrera Hondureña (FOH), de orientación mutualista. El grupo en cuestión, autodenominado “Izquierda Proletaria”, fue dirigido por Manuel Cálix Herrera, un joven olanchano de 22 años quien, atraído por la corriente migratoria de la producción bananera, había emigrado a la zona norte del país a comienzos de la década del veinte. Ya en octubre de 1927, Cálix Herrera y Zoroastro Montes de Oca habían intentado crear el “Partido Socialista Hondureño”, pero su intento se limitó a la publicación de un manifiesto de fundación del partido y de un “semanario radical”, llamado El Forjador, el cual desapareció pronto “gracias a la intervención de las autoridades locales”, como informaba el cónsul norteamericano en La Ceiba, Nelson R. Park, al ministro de la Legación norteamericana en Tegucigalpa, George Summermin, el 7 de noviembre de 19277. El 11 de mayo de 1928, Cálix Herrera fue expulsado de la FOH, luego de que el Consejo Directivo de esa organización lo considerara el gestor “del primer brote comunista” que se da el en el seno del movimiento obrero. La decisión de la FOH se fundamentó, principalmente, en el contenido de una hoja suelta que “Izquierda Proletaria” hizo circular entre los trabajadores de la FOH, el 1 de mayo de 1928, Día Internacional del Trabajo. Cálix Herrera confesó, ante el Consejo Directivo de la FOH, que él era el autor de la hoja suelta y que “eran diez los obreros comunistas”8. A raíz de la expulsión de Cálix Herrera, varias organizaciones obreras influenciadas por los comunistas se salieron de la FOH y formaron, el 1 7 8

National Archives (Washington). RG59. M647. Microfilm # 22. 815-00B/13. “Memoria del Consejo Directivo de la Federación Obrera Hondureña, en la que da cuenta a la Convención de las labores realizadas durante su período social de 1928 a 1929”, en Orientación Obrera (Tegucigalpa), Nº 5, 26 de mayo de 1929, p. 3.

de mayo de 1929, su propia federación obrera: La Federación Sindical Hondureña (FSH). Pero ya en 1928 habrían formado, en el contexto del conflicto mencionado con la FOH, el “Partido Comunista”. En el informe de la delegación de Honduras en el V Congreso de la Internacional Sindical Roja, realizado en Moscú, en julio de 1930, se dice que fue a finales de abril de 1928 cuando los representantes ante la FOH “de las fracciones comunistas de Tela, San Pedro Sula, Progreso, Tegucigalpa y Puerto Castilla” realizaron una conferencia en la que delinearon las consignas que se llevarían a la práctica “sobre el papel de los sindicatos en la lucha por el derrumbamiento del capitalismo”. Luego, el 1 de mayo de 1928, se lanzó un manifiesto a los trabajadores del campo y del taller, llamándolos a la organización, explicándoles el contenido de esa fecha revolucionaria y demostrándoles que nuestra lucha no era sólo por la conquista de miserables mejoras económicas, sino una lucha sin tregua hasta el derrumbamiento del capitalismo9.

Fue entonces, aparentemente en este momento, cuando se funda el “Partido Comunista”, o al menos lo que los comunistas hondureños llaman “partido” en los informes que envían posteriormente a la Comintern: “El partido Comunista se fundó en 1928”, se dice en dichos informes. Resulta relevante destacar aquí que los intentos, entre 1927 y 1929, de los comunistas hondureños de fundar o desarrollar su partido se realizan al margen de la Internacional Comunista. Es hasta comienzos de 1930 cuando inician una correspondencia permanente con el Secretariado Sudamericano, primero, y luego con el Buró del Caribe, con sede en Nueva York. El problema de la etnicidad o de las “nacionalidades oprimidas” en la agenda de la Comintern

La “cuestión negra” En el Cuarto Congreso de la Comintern, realizado en 1922, se discutió la situación de la opresión de los negros en el mundo, especialmente en Estados Unidos. La “cuestión negra” se subsumió, 9

“Informe de la delegación de Honduras en el V Congreso de la I.S.R.”, RGASPI, fondo 534, inventario 7, archivo 231, p. 4. 45 marzo 2009

memoria sin embargo, en el marco hegemónico de la “opresión capitalista e imperialista”, sin considerar su especificidad10. En el Quinto Congreso de la Comintern, realizado en 1924, la “cuestión negra” fue otra vez discutida como expresión del antagonismo de clases, pero esta vez un participante en el Congreso, el afroamericano Lovett Fort-Whiteman, señaló que los negros en Estados Unidos “no eran discriminados como clase, sino como raza”, ya que aún la burguesía negra sufría persecución. Los socialistas y los comunistas no se han dado cuenta, agregó, que el problema negro debe ser tratado de una manera especializada. El Congreso desoyó este planteamiento, empero, y recordó que el antagonismo racial era producto de una sociedad dividida en clases y que sólo desaparecería con la victoria del proletariado11. Fue en el Sexto Congreso de la Comintern, llevado a cabo en 1928, cuando la discusión de la “cuestión negra” revistió la especificidad que había sido reclamada por Fort-Whiteman en 1925. La Comintern ordenó a los partidos comunistas bajo su égida que incorporaran en sus agendas “la cuestión negra” como un problema específico, aunque estrechamente ligado, por supuesto, a la lucha general de emancipación del proletariado. En el caso, por ejemplo, de los dictámenes al Partido Comunista de Estados Unidos, la consigna fue que se intensificara la lucha “por la completa igualdad política y social de los negros”, la cual debía incluir el derecho a la autodeterminación en los estados sureños, donde los negros constituían la mayoría de la población. Se condenó también el “chauvinismo blanco” existente aun entre los miembros del Partido, aunque tal “chauvinismo” fue visto como “la expresión de la influencia ideológica del imperialismo americano entre los trabajadores”12. 10 “Fourth Congress of the Communist International. The Black Question”. http://www.marxists.org/history/international/ comintern/4th-congress/blacks.htm 11 Oscar Berland, “The Emergence of the Communist Perspective on the ‘Negro Question’ in America: 1919-1931”. Science and Society, vol. 63, 4. 1999-2000, pp. 426-28. 12 Janes Degras (editor), The Communist International 1919-1943, Documents, Vol II, 1923-1928. Oxford University Press: Londres, 1960, pp. 552-56. 46 envío

La “cuestión negra” en las directivas de la Comintern al PCH

Las primeras directivas de la Comintern al PCH sobre la “cuestión negra” se encuentran en un informe elaborado por un delegado de ese organismo que visitó Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y El Progreso en la primavera de 1930, el venezolano Ricardo Martínez. Una de las principales conclusiones a la que llegó Martínez en su informe evaluativo, fue que los comunistas hondureños sólo podrían desarrollar un verdadero partido comunista si centraban sus energías en la organización de los trabajadores de la United Fruit Company, la cual controlaba no sólo la producción del banano, sino otros sectores claves de la economía del país. El hecho de que en todos los lugares visitados —dijo Martínez—, no existieron dos compañeros que pudieran informar de las condiciones de los trabajadores agrícolas del sector industrial más importante de Honduras, donde trabajan miles de asalariados agrícolas, en las posesiones de la United Fruit Company, demuestra claramente que los compañeros no se han ocupado de los problemas del sector proletario más importante de Honduras, de las masas hondureñas.

Por tanto, los “revolucionarios hondureños” sólo podrían formar un verdadero partido comunista si transformaban “nuestras organizaciones en verdaderas organizaciones de masas, atrayendo a nuestras filas al proletariado en las plantaciones de la United Fruit Co.”13. La organización de los trabajadores bananeros debía incluir, según Martínez, a los trabajadores negros. Estos provenían especialmente de Belice y Jamaica, y su presencia había sido, desde comienzos de siglo, fuente de tensiones y conflictos entre ellos y los trabajadores nacionales. La razón se debía, como explica el historiador Marvin Barahona, a que —de acuerdo con un convenio entre el gobierno hondureño y las compañías bananeras— la contratación de los trabajadores anglohablantes de raza negra estaba legalmente

13 “A los compañeros organizadores del movimiento revolucionario de Honduras, San Pedro Sula”. RGASPI, fondo 495, inventario 113, Archivo 1.

memoria restringida al campo de la construcción ferroviaria, y debían, una vez concluido su trabajo, ser devueltos por sus empleadores a sus países de origen. Sin embargo, en la práctica esto no sucedía, ya que los trabajadores seguían permaneciendo en el país ilegalmente, contratados por las compañías como obreros en las plantaciones14. Los conflictos interraciales entre los trabajadores bananeros fueron tema de los informes de los agentes consulares estadounidenses al Departamento de Estado en Washington. Así, el 14 de julio de 1924, George P. Waller, cónsul norteamericano en La Ceiba, señalaba que como he tenido repetidamente la ocasión de mencionar en estos informes políticos confidenciales, sentimientos contra los negros que desempeñan diferentes trabajos a lo largo de la costa norte de Honduras está rápidamente aumentando.

Una de las zonas de mayor conflicto interracial era Puerto Castilla, donde “se dice que un hondureño fue asesinado por un negro jamaiquino recientemente”. Una petición firmada por aproximadamente trescientas personas de Puerto Castilla y Trujillo había sido también enviada al presidente Vicente Tosta, pidiendo la expulsión de todos los negros de la Costa Atlántica de Honduras. “Amenazas de exterminación en caso de que los negros no sean deportados han sido ampliamente hechas según se dice”. El cónsul Waller terminaba su informe señalando que, excepto casos individuales, él no había encontrado ningún sentimiento antinegro de gran escala en las inmediaciones de La Ceiba, pero pedía al Departamento de Estado “instrucciones” para enfrentar una posible situación de fuerte agitación antinegra15. El “problema negro” era para los comunistas hondureños de espinoso tratamiento, según lo expresado por ellos mismos. En las resoluciones de la Primera Asamblea Obrera y Campesina llevada a cabo en el puerto de Tela, el 1 de mayo de 1929, y que dio vida a la Federación Sindical Hondureña (FSH), se dice que uno de los puntos “más difíciles de resolver” por la asamblea fue el “problema negro”: 14 Marvin Barahona, La hegemonía de los Estados Unidos en Honduras (1907-1932). CEDOH: Tegucigalpa, 1989, p. 61. 15 National Archives, RG59. M647 Microfilm # 16. 815.00/3222.

Las masas se quejan de que son víctimas de atropellos por parte de la raza de color, además los compañeros delegados sabían que el elemento de color desplaza al paisano por la baratura de la mano de obra. Los trabajadores han protestado ya como en puerto Castilla, donde gracias a la pronta intervención de la Unión Ferrocarrilera [organización sindical controlada por los comunistas] se evitó que la sangre corriera. En este asunto racial estaba de por medio la defensa del trabajador nacional y también los principios del internacionalismo proletario. Más, es necesario declarar que la asamblea trató este asunto con la delicadeza requerida. Se acordó exigir el cumplimiento de la Ley de Inmigración, burlada siempre por las compañías bananeras y al mismo tiempo desarrollar una intensa campaña de agitación hasta hacer que el elemento negro llegue a la organización para disciplinarlo y conducirlo a la lucha por su emancipación16.

En mayo de 1929, se anunciaba en El Martillo, semanario comunista dirigido por Manuel Cálix Herrera, que muy pronto estaría a la venta “El problema negro”, “pequeño folleto de difusión ideológica”; aunque no se mencionaba el nombre del autor, es probable que éste fuera Cálix Herrera, quien para entonces acababa de publicar otro folleto sobre el socialismo titulado “Verdad”17. Sin embargo, el “problema negro” no ocupó, en la agenda de los comunistas hondureños, el lugar que reclamaba para éste la Comintern. Así, en el informe de Ricardo Martínez se dedicó un epígrafe al tratamiento que debía dársele a la “cuestión negra”: Cuestión negra: Debido a la situación y la composición de los trabajadores en las bananeras, el Partido debe discutir muy seriamente los medios de ponerse en contacto con los miles de trabajadores negros en las bananeras, pues el trabajo de organización del Partido y de la Federación, si no se hace paralelamente entre los trabajadores negros, puede ser de serias consecuencias para el movimiento revolucionario de Honduras, pues el trabajo hecho entre los nativos solamente contribuiría a darle posibilidades a la United F. C. a intensificar más y más los prejuicios y antagonismo raciales y nacionales entre los compañeros negros y nativos. Todos los trabajos de agitación, de organización etc. deben ser paralelamente hechos, de lo 16 “Lo que hizo la Asamblea Obrera y Campesina”, en R. Villars, Porque quiero seguir viviendo, op. cit. p. 87. 17 El Martillo, Tela, Honduras, Nº 9, 19 de mayo de 1929, p. 4.

47 marzo 2009

memoria contrario, la compañía, cuando este trabajo cristalizara en la movilización de los obreros contra las condiciones miserables en que viven, la United transformaría estas manifestaciones en conflictos inter-raciales porque obligaría a los trabajadores negros a esquirolear18.

Los “prejuicios y antagonismos raciales”, mencionados por Martínez, se reflejan con nitidez en “¡Guerra a los negros!”, un artículo de Manuel García Silva, publicado en El Martillo. En este artículo se destila un sentimiento antinegro que está lejos de la “delicadeza” con que la FSH dijo que se había tratado el “problema negro” en la primera Asamblea Obrera y Campesina. En el artículo se hace referencia a los negros como a esa “raza ignorante y deforme”, “sanguijuela sumisa y perpetua de la clase roja”, que “hoy nos mandan en los muelles, en los campos, en los talleres y en los trenes”. El articulista se refiere a los negros que, “burlando las leyes de la república”, “nos llegan por centenares procedentes de Belice, Jamaica, etc.”, pero hace “la debida excepción de los negros connacionales”19. En los pronunciamientos posteriores de la FSH no se aborda el “problema negro”; aunque sí se llama de manera general a todos los trabajadores “sin distinción de raza, color, profesión o cultura” a incorporarse a dicho “conglomerado clasista”. En el IV congreso de la FSH, realizado en enero de 1932 en San Pedro Sula, se establece como resolución central organizar al “proletariado de la industria bananera”. El problema racial se aborda en las resoluciones no sólo de manera genérica, sino que su causa de delega a la United Fruit Company y a la “burguesía nacional”: Contra los prejuicios raciales y nacionales que difunde la United Fruit Co. y la burguesía nacional, para dividir a los trabajadores y por la fraternización y solidaridad de todos los países y de cualquier raza20.

18 “A los compañeros organizadores del movimiento revolucionario de Honduras”, Ibíd. 19 Manuel García Silva, “¡Guera a los negros!”. El Martillo, Tela, Honduras, año I, Nº 6, 22 de abril de 1929, p. 4. 20 “Resolución sobre la organización del proletariado de la industria bananera”, en Villars, Porque quiero seguir viviendo, op. cit., p. 133. 48 envío

El “problema indio” en los dictados de la Comintern para América Latina

El problema indio se subsumió en la agenda de la Comintern junto con el problema negro en el tema de las “nacionalidades oprimidas”; a éstas se les reconoció el derecho a la autodeterminación, incluyendo el de su constitución en naciones independientes. Esta política no era ajena al proceso mismo de formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), constituida en 1922 como un estado multinacional basado en la política de “proliferación cultural”. Esta política involucró la promoción y reconocimiento de las diferentes culturas y lenguas, y por tanto del derecho a la autodeterminación de sus quince repúblicas21. Las discusiones de la Comintern sobre el papel de las razas en la lucha comunista giró en un principio en torno al problema negro en Sudáfrica y Estados Unidos, pero luego se extendió a América Latina, donde incluso se llegó a proponer la creación de una república indígena entre los pueblos quechua y aymara de la región andina22. En la Primera Conferencia de Partidos Comunistas de América Latina, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en junio de 1929, “el problema de las razas” en Latinoamérica fue uno de los tres temas más ampliamente debatidos de una agenda de diez puntos. La discusión se basó en una tesis elaborada por el peruano José Carlos Mariátegui, presentada por los dos delegados del Partido Comunista de Perú, ya que Mariátegui no participó en el encuentro23. La “desproporcionada” atención que se le dio al problema étnico en la Conferencia mencionada [tomo aquí el adjetivo “desproporcionada” del libro de Manuel Caballero], fue criticada con el recurso de la ironía por Jules Humbert-Droz, quien dijo en la Conferencia que si el VI Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en 1928, “no produjo una tesis sobre la cuestión de las razas, es porque, repito, 21 Véase, Ben Fowkes, Ethnicity and Ethnic Conflict in the PostCommunist World , Palgrave: Nueva York, 2002. 22 Marc Becker, “Mariátegui y el problema de las razas en América Latina”, Revista Andina, Nº 35, julio de 2002, p. 192. 23 Caballero, Latin American and the Comintern 1919-1943, op. cit. pp. 57-58.

memoria los compañeros de la América Latina afirmaron la no existencia de ese problema”24. Las palabras de Humbert Droz cobran concreción en la forma en que los dictámenes de la Comintern a los pequeños partidos comunistas centroamericanos sobre el problema étnico fueron desoídos por los dirigentes de estos partidos. El caso más ilustrativo es quizá el de Guatemala donde, a pesar de contar con una población mayoritariamente indígena, los comunistas borraron la distintividad del indígena y lo encasillaron en la genérica categoría de “campesino”. El historiador Arturo Taracena Arriola señala que la única explicación posible a esta actitud de los comunistas guatemaltecos estaba en la esencia de la visión que la sociedad ladina guatemalteca tenía (y que sigue teniendo en gran medida) del indio: una masa incapaz de gobernarse por sí misma; un peso muerto en lo político y en lo cultural; una mano de obra gratuita25.

Pero, para los comunistas guatemaltecos, el indio no parece haber sido “un peso muerto en lo político y en lo cultural”, sino un “peso vivo” sin ninguna identidad o especificidad cultural; esto es, reducido a “campesino”. Esta reducción se ilustra claramente en un manifiesto del Partido Comunista de Guatemala publicado en junio de 1932, luego de que ese partido había sido prácticamente desarticulado por el gobierno de Jorge Ubico. En dicho manifiesto, en el que se hace un llamado a “los obreros y campesinos” a la lucha contra el “imperialismo” y la “burguesía nativa”, se habla sobre la composición de la población guatemalteca en los siguientes términos: En su conjunto la población de la república se compone de una parte muy reducida de burguesía nativa y extranjera, típicamente parasitaria [. . .] La mayor parte de la población, al contrario, es la población trabajadora, campesinos pobres y gente sin tierra, incorporados con mil vínculos feudales al sistema de la explotación de los

24 Citado en Arturo Taracena Arriola, “El primer Partido Comunista de Guatemala (1922-1932). Diez años de una historia olvidada”. Anuario de Estudios Centroamericanos. Universidad Nacional de Costa Rica, 15 (1), 1989, p. 59. 25 Ídem.

terratenientes. El proletariado es poco numeroso a causa de la falta casi total de industrias26.

En las cuatro páginas del manifiesto se repite constantemente la palabra “campesinos”, pero en ninguna aparece la palabra “indios”. El total despojo de la identidad del indígena en el manifiesto antedicho resulta aún más relevante si se considera que los comunistas guatemaltecos habían recibido, el 17 de mayo de 1932 —un mes antes de la publicación de su manifiesto—, directivas del Buró del Caribe de la Internacional Comunista en las que se indica que el “PC de Guatemala debe prestar atención especial al trabajo revolucionario entre las masas oprimidas indias”. El Partido, se dice en las directivas, debe proponerse inmediatamente formular una serie de demandas especiales para las masas indias, basadas sobre las demandas agrarias de los campesinos indios, y llamando a la abolición de todas las formas de discriminación y opresión nacional de los indios en Guatemala y su derecho a la auto-determinación incluyendo el derecho de separación de Guatemala.

En las mencionadas directivas también se dice que “es necesario incluir en el CC Provisional [Comité Central Provisional] y en todos los comités dirigentes del Partido camaradas indios, y desenvolver sistemáticamente cuadros revolucionarios dirigentes entre los indios”27. El “problema indio” en los dictámenes de la Comintern al PCH

La omisión del problema de las “nacionalidades oprimidas” (indios y negros) por parte de los comunistas hondureños es recurrentemente criticada por la Comintern. Reproducimos a continuación lo que concierne al tema en una carta enviada al PCH por el Buró del Caribe, en la que se evalúan las resoluciones de la Primera Conferencia del PCH, llevada a cabo en San Pedro Sula en enero de 1932: 26 “Manifiesto a los obreros y campesinos de Guatemala”. RGASPI, fondo 495, inventario 112, archivo 6. 27 “Al CC Provisional del P.C de Guatemala. 17 de mayo de 1932”. RGASPI, fondo 495, inventario 119, archivo 12. 49 marzo 2009

memoria El error más grande de vuestra conferencia de Partido es que se ignora completamente la cuestión de las nacionalidades oprimidas —indios y negros— como si tales no existieran en Honduras. Esta ignorancia de la cuestión nacional tiene lugar tanto en el programa “libertador” del PC (Boletín del 10 de octubre de 1931), como también en vuestro manifiesto (1/1/ 1932). Es así que tenemos de hecho no una falta casual sino un serio error político en toda la línea del Partido. Mientras tanto, una de las tareas principales de la revolución en vuestro país es la liberación nacional de las nacionalidades oprimidas (indios y negros) de las que ustedes ni siquiera mencionan. El P.C. tanto en su trabajo práctico tanto en su propaganda impresa, y en particular en su órgano central, debe volver la cara hacia las nacionalidades oprimidas. Es necesario desarrollar la lucha por sus reivindicaciones inmediatas de acuerdo con las particularidades de los indios y mestizos (que son principalmente campesinos y peones semi-siervos) y de los negros (que son totalmente importados de las Antillas; obreros agrícolas que se encuentran en dependencia semiesclavista). Es necesario luchar enérgicamente por la liquidación total de toda desigualdad nacional (política, económica, cultural y de vida) y popularizar ampliamente la consigna de la liberación nacional sobre la base del derecho de todas las naciones oprimidas a la autodeterminación como consigna fundamental y central del P.C. en la cuestión nacional. Al mismo tiempo, el partido debe realizar un trabajo serio para la concretización de la consigna de autodeterminación de acuerdo con la situación no solo de Honduras sino también de las repúblicas vecinas de América Central. Para esto es necesario el estudio colectivo de esta cuestión con los PC de El Salvador y Guatemala. El PC de Honduras debe llevar a cabo una lucha decisiva contra la subestimación de la importancia de la cuestión nacional, contra la falta de atención hacia ésta en el trabajo práctico, considerando este caso una manifestación del chauvinismo nacional blanco-criollo en las filas del Partido28.

Mientras que en todas las cartas recientes del Buró al Partido ha sido planteada la cuestión del trabajo entre los negros traídos a trabajar y los indios, no podemos encontrar nada en vuestro programa concerniente a estos sectores de las masas trabajadoras. Ustedes no han formulado reivindicaciones especiales para las masas hambrientas de indios zamarrones y negros Haitianos, Jamaiquinos, etc. Esto debe ser considerado como una expresión de subestimación de la necesidad de efectuar trabajo especial entre estos trabajadores oprimidos y explotados. El Partido debe dirigir seriamente ahora su atención hacia estos sectores, formulando reivindicaciones para ellos y organizando sus luchas, así como construir nuestras organizaciones por medio del reclutamiento de los trabajadores negros e indios29.

Como cualquier otro tipo de dictámenes de la Comintern a los comunistas hondureños, aquellos sobre las “nacionalidades oprimidas” se escribían en la fría y burocrática superficie de los escritorios del Buró del Caribe, siguiendo casi siempre de manera mecánica las consignas venidas de Moscú. Los comunistas hondureños, por su parte —fieles adherentes a la idea de que la especificidad de cualquier grupo o minoría debía ser controlada por la fuerza de la lucha de clases— nunca “dieron la cara” al problema de las “nacionalidades oprimidas”, como no la dieron tampoco al problema de la lucha de las mujeres. Los dictámenes de la Comintern sobre la “cuestión de la mujer”

Los dictámenes de la Comintern al PCH sobre el tema de las “nacionalidades oprimidas” parecieron ser dirigidos a un grupo de sordos, pues los hondureños nunca plantearon el tema de manera explícita ni siquiera en el plano puramente discursivo. En una carta enviada por el Buró, el 25 de febrero de 1933, se indicaba:

A diferencia del tratamiento persistente que la Comintern hizo en sus directivas a los comunistas hondureños sobre el problema de las “nacionalidades oprimidas”, el tema de la mujer fue tratado relativamente en forma marginal y siempre supeditado a la lucha hegemónica del proletariado. Ello no es sorprendente si se considera que la Comintern negó, explícitamente, a la “cuestión de la mujer” cualquier especificidad. En su Tercer Congreso, realizado en 1921, la Comintern afirmó que no existía una “especial cuestión de la mujer” como tampoco un “movimiento especial de la mujer”, ya que el comunismo no sería posible a

28 “Al CC del PC de Honduras. Queridos camaradas” (sin fecha). RGASPI, fondo 495, inventario 113, archivo 4, p.2.

29 “Al CC del PC de Honduras. Febrero 25, de 1933”. RGASPI, fondo 495, inventario 113, archivo 4, p. 7.

50 envío

memoria través de “los esfuerzos unidos de las mujeres de diferentes clases, sino a través de la lucha unida de todos los explotados”. Esta visión se reafirmó con la llegada de Stalin al poder30. Los comunistas hondureños y las organizaciones influenciadas por ellos siguieron al pie de la letra la consigna del comunismo internacional sobre la supeditación de la cuestión de la mujer a la lucha de clases. Se reconoció la opresión de la mujer, pero sólo de la “mujer proletaria”, sin considerar ningún tipo de especificidad derivada de las relaciones asimétricas entre los géneros. En el Primer Congreso de la Federación Sindical Hondureña, realizado, como se ha dicho, el 1 de mayo de 1929, se emitió una resolución, a iniciativa de la Sociedad Cultura Femenina, sobre “la organización de la mujer proletaria”. “El pleno acordó principiar esta tarea urgentísima, dado que la mujer sufre entre nosotros una opresión feudal”31. Aparentemente, la “tarea urgentísima” de organizar a la mujer proletaria no se llevó a cabo, como lo reconoció el mismo PCH en su Primera Conferencia: El trabajo entre las mujeres y los jóvenes nunca se ha llevado en forma sistemática y en el estado actual de la producción capitalista, las mujeres y los jóvenes devienen factores importantes, por lo que es necesario que el Partido haga lo posible por atraerlos a la lucha general de la clase obrera por la conquista del poder32.

Como puede verse, a la lucha de las mujeres no se le atribuye ninguna especificidad; su importancia está en su fuerza como factor emergente “en el estado actual de la producción capitalista”, por lo que resulta necesario atraerlas a la “lucha general de la clase obrera”. Esta visión sobre el papel subsidiario de las mujeres en el movimiento revolucionario fue compartida por el Buró del Caribe, como se desprende del contenido de una carta enviada al PCH en marzo de 1932: 30 John Riddell, Comintern. Revolutionary Internationalismin Lenin’s Time. http://www.socialistvoice.ca/wp-content/ uploads/2008/05/cominternrevolutionaryinternationalism.pdf. 31 En Villars, Porque quiero seguir viviendo, op. cit. p. 89. 32 “Los resultados de la primera conferencia del Partido Comunista de Honduras, sección de la Internacional Comunista”. National Archives. RG59. Box 5491. 815.00B/41, pp. 5-6.

La resolución de la Conferencia destaca correctamente la importancia del trabajo entre las mujeres y los jóvenes, pero deja de indicar las tareas inmediatas prácticas del Partido. Luego propone “sobre la cuestión del trabajo entre las mujeres” que “el Comité Central considere las directivas del Buró para el Día Internacional la Mujer concentrándose especialmente en la organización de las mujeres obreras en los sindicatos revolucionarios, constituyendo comités auxiliares de mujeres en los sindicatos revoluciones en las plantaciones bananeras, enrolando a los elementos más avanzados en el Partido, sin desatender el trabajo de enrolar a las mujeres campesinas trabajadoras en las ligas campesinas, tratando de agrupar a las mujeres trabajadoras alrededor de las banderas del Partido mediante la organización de los comités femeninos, para las luchas de las condiciones especiales de opresión y de semi-esclavitud en que ellas viven, sobre la base de sus quejas y demandas diarias”. Debemos combatir enérgicamente toda subestimación del papel revolucionario de la mujer trabajadora y la vital importancia de organizarlas, exponiendo la naturaleza burguesa y oportunista de todas las tendencias que consideran este trabajo ligera y escépticamente33.

Estas directivas de la Comintern, aparentemente, no fueron consideradas por el PCH. Cuando en 1932 este partido publicó, con el nombre de Bloque Obrero y Campesino, un manifiesto anunciando su propia fórmula electoral para las elecciones presidenciales de octubre de ese año, ninguna consigna hizo referencia a las mujeres. Esta omisión fue recriminada por el Buró del Caribe, en una carta enviada a los comunistas hondureños en febrero de 1933: El material que ha sido enviado a nosotros indica que no se desarrolló ningún trabajo especial entre las mujeres obreras y campesinas. Esto [es] de gran y especial importancia debido a que no se les permite votar y viven en condiciones feudales y semi-feudales. El Partido y el B. O. y C. [Bloque Obrero y Campesino] durante las elecciones han debido ser los campeones de la lucha por los derechos de las mujeres, lanzando reivindicaciones especiales y agrupándolas en apoyo del B. O. y C. y reclutándolas para el Partido, la LJC [Liga de la Juventud Comunista] y demás organizaciones revolucionarias de masas34. 33 “Al CC del PC de Honduras. Marzo 4, 1932” RGASPI, fondo 495, inventario 113, Archivo 4, p. 7. 34 “Al CC del PC de Honduras. Febrero 25, de 1933”. RGASPI, fondo 495, inventario 113, Archivo 4, p. 8.

51 marzo 2009

memoria Es de hacer notar, sin embargo, que el Buró no había dado, antes de las elecciones, ningún dictamen sobre las mujeres. La lucha por el voto femenino, que en 1932 se extendía por América Latina, nunca fue una consigna del Buró. Este organismo sí consideró, por el contrario, la consigna del voto para los jóvenes de dieciocho años. En su carta del 25 de febrero de 1933 dice que “entre las reivindicaciones centrales especiales que han debido ser lanzadas por el Partido y la Liga Juvenil Comunista... y deben ser lanzadas en el futuro”, se encuentra “el derecho al voto de todos los jóvenes obreros, campesinos y pobres de las ciudades desde que tengan 18 años”35. La Constitución política vigente entonces otorgaba el voto a “todos los hondureños mayores de veintiún

años, y los mayores de dieciocho que sean casados o sepan leer y escribir”36. El pequeño y débil Partido Comunista de Honduras desapareció alrededor de 1935, a raíz de la represión política ejercida por el gobierno de Tiburcio Carías Andino. El 10 de abril de 1954, un grupo de comunistas (re) organizó el PCH. Este partido marchará, como señaló Ramón Amaya Amador, “desvinculado de su pasado”, o de las luchas emprendidas por los comunistas de los años veinte y treinta. Pero, al menos en un aspecto, el partido de 1954 le dará continuidad al de 1928: en subsumir la cuestión étnica y la cuestión de género en la rígida abstracción de la lucha de clases.

36 Constitución de Honduras de 1924. http://www.cervantesvirtual. com/portal/constituciones/constituciones.shtml

35 Ídem. 52 envío