E-Boock_Envío Año 7 Nº 22

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VIVENCIA

Desde el micrófono ISMAEL MORENO, SJ*

P

ara el domingo 28 de junio, algo extraño espeEsa carrera del embajador fue para mí una premonirábamos. Con golpe o sin golpe, ese día estaba ción, el presagio de que algo raro, quizá terrible, estaba pleno de presagios. Se celebraría la llamada “consulta” por suceder. o “encuesta ciudadana”, provocadora de tantas discordias y controversias. Nadie tenía certeza de los disturAl acostarme, dejé el teléfono listo para responder. bios que podían suscitarse entre “cuartistas urnas” Fue entonces cuando la periodista me dio la noticia: y “contra cuartistas urnas”, pero el ambiente estaba “Están sacando a Mel de su casa, le están dando listo y crispado para que algo golpe de Estado”. De inmefuera de lo común ocurriera. diato regresó a mi mente la Todo mundo, sin necesidad imagen de unas horas ande tener datos, temía que algo El domingo 28 de junio estaba pleno de tes: el embajador corriendo. extraordinario sucedería. No Encendí la radio, sintonicé presagios. Se celebraría la por premoniciones sobrenauna emisora de la capital y turales. Bastaba la semana quedé estupefacto cuando llamada “consulta” o “encuesta anterior, repleta de sobresalescuché al presentador del nociudadana”, provocadora de tantas tos y de decisiones políticas ticiero que decía: “No, aquí no discordias y controversias… abruptas. El golpe fue como está pasando nada. Todo está el acto final de una azarosa y normal. Es cierto que dicen Bastaba la semana anterior, repleta de agitada semana política. que la residencia del Presisobresaltos y de decisiones dente está acordonada, pero Una amiga periodista ése es asunto de políticos. políticas abruptas. El golpe fue como me llamó tempranito, me A nosotros eso no nos debe el acto final de una azarosa y agitada despertó de un porrazo con la preocupar. Mantengamos la semana política. noticia: “¡Levántese, que este calma, no nos dejemos llevar país se está hundiendo!”. Esa por noticias sensacionalistas, noche tuve un sueño ligero, tengamos un domingo transobresaltado. No se me quiquilo”. taba de la mente la imagen final que vi en cadena nacional a la que aquella noche No lo pude soportar. Llamé a mis contactos y, en efecde sábado había convocado el Presidente de la Repúto, el Presidente ya estaba en el aeropuerto. Sintonicé blica: el embajador gringo saliendo, literalmente, a la nuestra Radio Progreso, y estaba en su programación carrera del salón de la conferencia de prensa. ¿Por qué ordinaria con música regional mexicana. Llamé a Karla y salió corriendo? ¿Para que no lo entrevistaran? ¿Y por a otros compañeros de la Radio y del ERIC y nos fuimos qué evitaba a toda costa una entrevista? No perdí esa corriendo a la emisora. Nos sentamos ante el micrófono imagen, y la preocupación se cruzó por mi cabeza, pero y, ¿qué decimos? Para ese día, la radio tenía programado no quise ponerle cuidado. La asocié con la llamada que cubrir la encuesta ciudadana dispuesta por el gobierno recibí de un político del país: “Agradezco la propuesta de Zelaya. Teníamos una entrevista en exclusiva con el que nos hace para que nos sentemos a dialogar. Pero le ministro de Gobernación, Víctor Meza. Una “entrevista voy a ser sincero: creo que su propuesta ya no puede ser explosiva”, me había dicho el compañero periodista Féescuchada, las cosas ya se nos han ido de las manos”. lix Molina. La entrevista la teníamos grabada, pero, con el notición del golpe, apenas reprodujimos la referencia que este funcionario —ya en ese momento escondido—, * Director de Radio Progreso y del ERIC-SJ. 1 agosto 2009


VIVENCIA hacía sobre la propuesta de diálogo que, dos días antes, el ERIC y Radio Progreso habíamos entregado a los líderes políticos del país. Pero, como me dijo el político con quien conversé en la víspera, la suerte ya estaba echada. Cuando comenzamos a dar la información y hacíamos contactos con la capital, los estruendos de unos aviones en el espacio aéreo nos estremecieron, dando una señal cabal de que algo serio y peligroso se nos estaba viniendo encima. Y lo dijimos al micrófono: “Lo que ocurrió esta madrugada se llama golpe de Estado”. De inmediato nos llamaron de Tegucigalpa: “Acaban de decir que a quien diga que es un golpe, le cierran el espacio”. ¿Lo seguimos diciendo? Seguiríamos porque no podíamos tapar el golpe con silencio. Logramos comunicarnos con otros medios y, a través de ellos, dimos la noticia de que Mel Zelaya estaba en San José, en pijama. Reprodujimos las primeras declaraciones de Zelaya, dramáticas, de angustia. Y si eso le hicieron al Presidente, ¿qué no harán con nosotros? pensé, mientras miraba a mis compañeros y compañeras de la radio, todos jovencitos entusiastas, que sólo saben de golpes de Estado por lo que han leído en los libros de historia.

Aquel día, su cara desencajada lo traicionaba. Ver a Micheletti la noche en que fue derrotado en las elecciones internas, era como ver a un drogadicto atrapado en un síndrome de abstinencia. El golpe de Estado era la única vía que le quedaba. Los empresarios antizelayistas —sobre todo, anti-chavistas— lo sabían y lo supieron aprovechar. Los gringos militaristas lo sabían y lo supieron aprovechar. Su propia esposa lo sabía y, con ansias extremas de figurar, le dio el último empujoncito.

Micheletti logró violar —y reformar— la Constitución, que prohibía que un presidente del Congreso aspirara a la Presidencia de la República. Y, cuando creía que tenía todo listo en la bolsa, en las elecciones primarias de noviembre de 2008, sus correligionarios liberales le dieron la espalda, incinerando sus sueños presidenciales.

En la incertidumbre uno tiende a agrandar los peligros, pero lo que estaba ocurriendo no era para tener mucha calma. La figura de Roberto Micheletti —tan conocida en El Progreso— se erguía como un monstruo salido de una laguna negra. Si aquello era un golpe de Estado, el nuevo titular del Ejecutivo no podía ser otro que él. Porque un golpe de Estado era el único recurso que le quedaba para alzarse con el cargo que ansió con desesperación a lo largo de tres décadas de su vida. Ser presidente de la República ha sido la obsesión enfermiza de Micheletti. Es un adicto a la Presidencia de la República. Con Zelaya logró llegar a la presidencia del Congreso, lo que en Honduras casi equivale a ser presidente de la República. Pero le faltaban más dosis 2 envío

de poder. Logró violar —y reformar— la Constitución, que prohibía que un presidente del Congreso aspirara a la Presidencia de la República. Y, cuando creía que tenía todo listo en la bolsa, en las elecciones primarias de noviembre de 2008, sus propios correligionarios liberales le dieron la espalda.

Micheletti es de nuestra ciudad, de El Progreso. Nuestras historias personales e institucionales están cruzadas por las desavenencias, los conflictos y altercados, las amenazas, sospechas, acusaciones y desconfianzas. Ya lo había dicho en un círculo extremadamente cerrado, unos cuatro años atrás: “No voy a estar en paz hasta c… en esa radio de m…”. Y a esas primeras horas de la mañana, su nombre ya revoloteaba por todos lados como el seguro presidente del gobierno de facto. ¿Cómo tener calma en la radio? Treinta años exactos atrás, los militares golpistas la habían cerrado y así, fuera del aire, estuvo por cuatro meses. Y ahora, tres décadas después, estábamos allí, transmitiendo la noticia de otro golpe de Estado, desde la radio que estaba en la mira de quien estaba listo para sentarse en la silla de la que habían expulsado a Zelaya. A las diez de la mañana nos llegó la noticia de que habían capturado a la canciller Patricia Rodas, amiga de toda la vida, y a quien he criticado duramente en mis análisis y reflexiones. Contaron que la capturaron junto a algunos embajadores. De inmediato llegó un emisario: “¡Ya vienen por la radio! ¡Los militares tienen rodeada la radio!”. Sin saber cómo, me sentí empujado por mis compañeros. Literalmente me llevaban, abrimos el por-


VIVENCIA tón que da a la calle y vi a un contingente de militares y a un tumulto de gente que gritaba en defensa de la radio. Me siguieron empujando y me montaron en un vehículo que me llevó lejos de la escena de las amenazas y del verde olivo. A las once de la mañana, los militares penetraron en Radio Progreso. Mientras afuera la gente buscaba entrar para hacer frente a los militares, éstos obligaban a Karla, Peraza, Tavito, Rommel, Joksan, Iolani, Gerardo y a los demás a apagar los equipos a punta de ametralladora. Era tanta la presión de la gente en las afueras, que los militares comenzaron a cambiar de color, nerviosos. Si en ese momento la gente derribaba el portón, habría allí un enfrentamiento que dejaría mucha sangre derramada. El equipo de la radio entró en acción. Salió a la calle, habló con la gente y logró convencerla para que dejara salir a los militares.

noticia desde la frontera con Nicaragua. Hemos estado presentes en los diálogos de San José y en Managua, cubriendo la voz directa del Presidente desterrado. Hemos abierto micrófono para entrevistar a campesinos, campesinas, economistas, poetas, escritores, feministas, sociólogos, historiadores, religiosos de Honduras y de toda América Latina.

Hemos experimentado en carne propia la solidaridad y descubrimos la realidad de lo que tantas veces hemos formulado como redes de solidaridad y de comunicación. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y la red de Radialistas Apasionados han estado pegados a nuestra programación, y por esa relación en red, centenares de radios en nuestro continente han transmitido la realidad del país. Hemos recibido críticas feroces de los sectores frontalmente golpistas, quienes se afanan en meternos en el saco de los “melistas”. Y los melistas se experimentado en carne alegran, porque con la radio se sienten más fuertes. la solidaridad, y hemos

Esa tarde nos sentamos Hemos a decidir. ¿Qué hacemos? Apenas tuvimos los primeros propia intercambios, lo vimos muy recibido críticas feroces de los claro: Somos radio, somos Salirse de esta polarizasectores frontalmente golpistas, quievoz. Si no tenemos voz, ya no ción extrema, ha sido la labor somos radio. Vamos a defennes se afanan en meternos en el saco de de Radio Progreso. Pero ambos der la voz de la radio porque polos tratan de jalarnos hacia los “melistas”. somos la voz de la gente que sus extremos. Las críticas no la tiene. Y abrimos Radio Y los melistas se alegran, porque con la más sordas y crueles no son Progreso en la madrugada tanto las que vienen de los radio se sienten más fuertes. del lunes 29 de junio. Y desde golpistas —vergüenza sería Salirse de esta polarización, entonces no hemos parado para nosotros si no las rede transmitir. Los toques de cibiéramos—, sino las que ha sido la labor de Radio Progreso. queda limitaron nuestros proceden de sectores que, horarios. Y, sobre todo, la agazapados en sus liturgias seguridad de los compañeros y en sus bien acomodados y compañeras que exponían sus vidas desde el micrócargos religiosos, se asustan de que una emisora que fono. Transmitimos de 6 de la mañana a 8 de la noche, debía ser “católica” esté tan metida en “la política”. Se reduciendo la programación cinco horas. Nuestra transesfuerzan en tomar distancia y en ratificar que somos misión ordinaria comienza a las 4 de la madrugada y un sector marginal de la Iglesia. Dicen que la Iglesia, cierra a las 11 de la noche. la verdadera, está con la palabra del Cardenal, la pronunciada el 4 de julio y repetida hasta la saciedad en Desde el 29 de junio hasta el día en que usted lee cadenas nacionales impuestas por el régimen de facto. este texto, hemos organizado diariamente una transLas radios católicas guardaron silencio y siguieron con misión especial, cubriendo la calle y la noticia desde el bondadosas y sentimentales predicaciones, acompañapropio lugar de los acontecimientos. Nuestros repordas de cánticos de peces y nubes, lágrimas y glorias. Las teros han recibido gases lacrimógenos, han tenido que radios católicas dejaron sola a Radio Progreso. Unirse salir corriendo ante la persecución militar, han recibido a ella era salpicarse del pecado de la política, aunque amenazas, anónimos con insultos, han caminado por los la política golpista salpicó a fondo a nuestra jerarquía. cerros del departamento de El Paraíso para cubrir la 3 agosto 2009


VIVENCIA Pero la solidaridad latinoamericana y caribeña, y la de las comunidades y organizaciones sociales suplió con creces la ausencia y el silencio de nuestra amada Iglesia local y nacional. Jamás hemos experimentado tanta cercanía y comunión de tanta gente amiga y

solidaria, como la experimentada en estos días aciagos del golpe de Estado. No hay mal que por bien no venga. No hay golpe michelettista que por lucha y solidaridad no venga, decimos en nuestras bromas de pasillos y en los breves descansos que tenemos en esta radio, que tanta vida a borbotones nos regala.

Cápsula Informativa Nº 55, 31 de agosto 2009, Comunicaciones-SJ

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ANÁLISIS

¿Dolores de agonía o dolores de parto? MANUEL TORRES CALDERÓN*

El país no iba bien y ahora va peor. Por tanto, una respuesta estable y duradera al golpe y al golpismo pasa porque en la mesa de negociaciones se reconozca el papel de la ciudadanía y se aprueben reformas estratégicas de Estado. Si en el pasado desperdiciamos la oportunidad que brindó el impacto del huracán Mitch para transformar Honduras, sería una tragedia que también se desaprovechara el potencial de cambio que encierra esta fractura.

H

onduras vive momentos muy difíciles, de sociedad resquebrajada, incertidumbre y tragos amargos. Ningún golpe de Estado es rutinario, menos el perpetrado el 28 de junio y que va más allá de la defenestración del presidente Manuel Zelaya porque, en su esencia, está el intento de los sectores más conservadores y privilegiados de desconocer la necesidad del cambio en esta sociedad desigual y autoritaria. Pero, aun bajo esas condiciones, es importante empezar a reconocer qué es lo nuevo en el Estado y en las relaciones sociales hondureñas bajo las actuales circunstancias, e impulsar un proceso colectivo de aprendizajes ante una realidad que tiene varios planos y escenarios, visibles o encubiertos, pero todos a tomar en cuenta. La siguiente es una contribución a ese debate impostergable para que estos acontecimientos trágicos no terminen en los pactos de siempre entre los *

Periodista.

políticos, evadiendo no sólo las responsabilidades en que incurren, sino las causas verdaderas de la crisis. CUATRO CONSIDERACIONES PREVIAS a) El golpe de Estado y la irrupción de un gobierno de facto perpetrado el 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya Rosales desencadenó la peor fractura de la transición democrática de Honduras (iniciada en 1982) y que había entrado en una etapa visible de franco agotamiento y retroceso. La fractura representa una interrupción en el proceso institucional basado en la alternabilidad electoral en el poder, pero no llega a ser una ruptura, entendida ésta como un cambio en la correlación de poder y en el sistema vigente. De hecho es un golpe de Estado dentro del Estado mismo. Sin embargo, es una situación extrema en la cual los elementos de una ruptura se gestan o

advierten a partir de la fractura. Lo que no puede anticiparse es su evolución, los protagonistas y tiempos. En todo caso, no podrá haber ruptura sin propuestas para lograrlo. b) ¿Cómo se explica la violencia (humana, ideológica y material) de esta fractura, la más grave desde el retorno al orden constitucional? Básicamente por tener lugar en un escenario de crisis múltiple tanto en el plano nacional (política, económica, social y cultural) e internacional (la crisis financiera mundial que tiene su epicentro en EEUU, y la crisis política y de hegemonía latinoamericana que tiene su epicentro en Venezuela). Es bajo esa combinación, nacional e internacional, que se comprende mejor la magnitud alcanzada por el conflicto hondureño y lo que el golpismo representa. c) Junto a lo estructural y lo coyuntural hay que sumar un tercer factor que tiene estrecha vinculación con la historia política

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ANÁLISIS TOLETES, LÁGRIMAS Y GOLES Mientras cientos de aficionados se desplazaban de todo el país, para asistir al juego de la Selección Nacional, la policía hacía alarde de la fuerza con señoras, niños y personas adultas mayores en una manifestación que aglutinó a miles de personas en San Pedro Sula después de haber llegado en una caminata de seis días. El norte de Honduras no fue la excepción. Al igual que en Tegucigalpa, el tolete y las lacrimógenas volvieron a marcarse en los rostros de aquellos que demandan una verdadera democracia. Todos corrieron; sin embargo, algunos recibieron la mano dura de los esbirros de los golpistas. “He visto cómo la policía ha golpeado a las personas: es una represión. Los comerciantes están en zozobra empacando las cosas”, dijo una mujer a través de Radio Progreso. “Es lamentable ver cómo tratan a la gente, yo estoy ubicada bajo la línea en San Pedro Sula. Uno no sabe dónde se llevan a estas personas que detienen”, detalló. (…) Mientras la gente era detenida y golpeada, los medios de los empresarios cubrieron su programación con las mejores jugadas de la Selección. Cada gol tapó el rostro golpeado de la gente más humilde, de las espaldas de los jóvenes, que de manera injustificada recibieron la fuerza de los que no han podido sostener esta ilegalidad, más que con golpes. Fuente: Cápsula Informativa Nº 41, 13 de agosto de 2009

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de Honduras: el caudillismo, encarnado esta vez en Manuel Zelaya. La gestión del presidente Zelaya la desaprobaron sus propios compañeros de partido (el Liberal) y de la clase política y empresarial bipartidista que mostraron su intransigencia ante cualquier posibilidad de cambio o de oposición política y social que no esté bajo su control absoluto. El golpe no fue contra los hechos o realizaciones concretas del gobierno de Zelaya en desmedro de los denominados poderes fácticos, sino por el miedo de lo que podría ocurrir a sus intereses a partir de la vinculación del gobernante con Hugo Chávez, el grupo de países del ALBA y el movimiento popular hondureño. El sistema político bipartidista, manipulado desde despachos empresariales, no admite fisuras, por pequeñas que sean, en un Estado de características corporativas, patrimonialistas, clientelares, centralizadas y autoritarias. En ese contexto, Zelaya es una figura clave en tanto encarna al presidente-víctima y lo seguirá siendo mientras la acción de los usurpadores persista; pero la tendencia es que las consecuencias de lo ocurrido superen o rebasen su protagonismo. d) Por otra parte, el elemento más representativo, dinámico y sorprendente en esta crisis ha sido el surgimiento de una oposición beligerante y plural al golpe de Estado, aun bajo condiciones extremas de represión. Movilizaciones, tomas de carreteras, puentes, actos culturales y de solidaridad e incluso sacrificios trágicos han permitido, bajo diversas motivaciones y afiliaciones, que amplios sectores de la ciudadanía pasaran en muy poco tiempo de la humillación, ofensa e

intimidación inicial que conlleva un golpe de esta magnitud, a una etapa de autoestima, beligerancia y organización para la resistencia. El desafío es cómo evitar una tercera etapa: la del desencanto, previsible si los resultados de su esfuerzo no abren realmente las puertas del país a su democratización efectiva. Un referente obligado a tomar en cuenta es la huelga de los fiscales (abril-mayo, 2008) contra la corrupción pública. Guardando las diferencias entre uno y otro caso, la huelga convocó durante 34 días una impresionante movilización y solidaridad, tanto nacional como internacionalmente; sin embargo, un año después, la tarea de levantar un movimiento orgánico (el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ) volvió a ser tarea de pocos, por muchos esfuerzos, voluntad y compromiso que muestren los fiscales y otras personas que les apoyan. Ante ello surge una pregunta: ¿basta con alianzas temporales o que haya victorias simbólicas en la lucha por la democracia social hondureña, o se requieren conquistas institucionales y vinculantes concretas para una participación ciudadana sostenida y creciente? En una primera lectura de los hechos, el derrocamiento de Zelaya propició una alianza coyuntural antigolpe que no necesariamente se mantendrá en el largo plazo, pero que, en lo inmediato, ha logrado que se rompa con el conservadurismo y la tendencia a la pasividad, resignación o complicidad política que el mismo sistema ha propiciado por años y que solamente ha sido rota o cuestionada por unos pocos.


ANÁLISIS LA AGENDA PERDIDA DE LA TRANSICIÓN 1. En 1982, con el retorno al orden democrático, se abrió en Honduras un abanico de transiciones que, a partir del texto constitucional, debía expandir las oportunidades y capacidades de las personas y de la sociedad en su conjunto para lograr un mayor bienestar colectivo. La primera transición era jurídica; pasar de un régimen de facto a uno de derecho, lo que llevaba implícito un proceso de desmilitarización de la sociedad. La segunda, política; establecer el mecanismo electoral para garantizar la alternabilidad en el gobierno y ampliar los derechos civiles de la ciudadanía. La tercera, económica; pasar de una economía cerrada y oligopólica a otra abierta, interna e internacionalmente. Y, la cuarta, social; que en lo esencial implicaba pasar de una cultura autoritaria, represiva y representativa a otra democrática, tolerante y participativa, y a la reducción de las desigualdades y de la pobreza. La línea de partida de esas transiciones fue compleja; en lo externo el conflicto centroamericano, con tres países vecinos en los cuales se disputaba el poder con propuestas antagónicas/violentas y en lo interno con una situación políticamente frágil e inestable, extrema debilidad institucional, economía carente de eficacia y competitividad, inequidades y desigualdades sociales profundas, crisis de identidad nacional y la fragmentación imponiéndose a la concertación. El contexto requería de los sectores gobernantes una visión de país y un acuerdo nacional para intentar los tres desafíos básicos: la reforma institucional democrática, la modernización económica con

sentido de equidad y la consolidación de prácticas democráticas participativas que fueran más allá de lo electoral. En términos generales, los dirigentes políticos hondureños fracasaron en el cumplimiento de esas responsabilidades nacionales y su preocupación se concentró en resucitar el bipartidismo (entendido como un modelo de sociedad que tiene en los partidos Liberal y Nacional su eje político central) y acaparar la mayor cuota de poder posible. La ilegalidad y el irrespeto a la Constitución y demás leyes se convirtieron en un proceder y conducta rutinaria de la clase política dominante. Es en la ilegalidad, no en la legalidad, donde cimentaron su poder y el golpe es una consecuencia de ello. 2. De las cuatro transiciones, los mayores avances fueron pasar de un régimen de facto a uno constitucional civil, la disminución del protagonismo militar en la vida pública, establecer el mecanismo electoral para garantizar la alternabilidad en el gobierno, y pasar de una economía cerrada a otra abierta internacionalmente. En contraste, la agenda olvidada o sepultada fue pasar de un régimen de facto a uno de derechos (lo que implica potenciar la ciudadanía, entendida como el derecho de tener derechos), no se construyó un sistema de justicia independiente y eficiente, no se pasó de una economía oligopólica a otra abierta internamente (la tendencia fue al contrario, reduciendo a la ciudadanía al papel de elector y/o consumidor) y tampoco hubo un combate efectivo a la pobreza y las desigualdades. Con ello surge la contradicción de fondo de la democracia hondureña: promueve una democracia procedimental o instrumental (siete elecciones ge-

LA CIDH VISITA HONDURAS El 21 de agosto, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó un informe preliminar, en el que ratifica las violaciones a los derechos humanos que se han producido en Honduras después del 28 de junio. Entre sus conclusiones, la CIDH señala “la existencia de un patrón desproporcionado del uso de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y el control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía”, constatado por la cantidad de personas que asistieron a las sesiones para presentar sus testimonios. Por otro lado, la Comisión pudo comprobar que la ruptura del orden constitucional está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil y la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumplió con los estándares del Derecho Internacional. También señala el control de la información, la ocupación militar de algunos medios de comunicación, y la prohibición de emitir la señal de ciertos canales internacionales. La CIDH considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los hondureños. El presidente de facto, Roberto Micheletti, dijo desconocer este informe porque Honduras no pertenece a la Organización de Estados Americanos, OEA, lo que muestra su ignorancia acerca del funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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ANÁLISIS LA POLICÍA VIOLENTA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA El 5 de agosto, los estudiantes universitarios se plantaron frente a la ciudad universitaria en Tegucigalpa para protestar contra el golpe de Estado. Sin mediar advertencia ni intentar el desalojo pacífico de la vía pública, la Policía comenzó a dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas, toletazos y chorros de agua; esto provocó el repudio de los manifestantes, quienes reaccionaron tirándole piedras a los uniformados. La certeza del peligro que corrían los estudiantes, hizo que un grupo de autoridades universitarias, encabezado por la Rectora, Julieta Castellanos, se dirigiera al lugar de los hechos para tratar de hablar con los jefes policiales que encabezaban el desalojo. Pese a las evidencias de que llegaban a dialogar, los policías empujaron y golpearon a las autoridades universitarias. Además, en su intento de reprimir a los manifestantes, entraron a los predios universitarios. La UNAH expresó su más enérgica protesta ante estos hechos, los cuales “nos obligan a pensar que la barbarie ha invadido el país y la universidad, colocando su sello de violencia, intolerancia, ignorancia y brutalidad. (…) Ni en la peor época de la guerra fría se vieron botas militares o policiales pisoteando la inteligencia…”. A la vez, demandó del gobierno actual el cese a la represión de la protesta social, y el respeto a las garantías individuales establecidas en la Constitución de la República.

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nerales consecutivas y más de cuatro mil leyes que se incumplen) pero no una democracia integral. Esa democracia procedimental o instrumental ni siquiera califica como una democracia electoral, puesto que ésta realmente no ha existido. El sistema electoral fue creado y opera a partir de una lógica pro-bipartidista y bajo el supuesto de que son las elecciones las que crean la democracia y no la democracia la que crea las condiciones para elecciones democráticas. Por ello, progresivamente, se fue erosionando la credibilidad de los principales actores de la vida política (especialmente los partidos) y también de las instituciones democráticas (ilegalidad e ilegitimidad). 3. La gobernabilidad hondureña bipartidista se afianzó en la construcción misma de un Estado patrimonial y clientelista que tutelaba la corrupción pública y privada. Se calcula que entre 1982 y 2006 las pérdidas de fondos públicos por la vía de la corrupción suman más de 700 mil millones de lempiras (tomando como promedio 10% del Presupuesto Nacional de cada año). Cabe preguntarse: ¿Adónde fue a parar esa suma? ¿Qué poderes fácticos creó y consolidó? ¿Qué repercusiones legales, políticas, económicas y culturales tuvo? ¿Qué inversión social pudo hacerse con esos recursos? Con cada gobierno no sólo aumentaban los montos de la corrupción, sino que ese fenómeno y su impunidad capitalizaban poder en un grupo privilegiado que pronto estuvo en capacidad de capturar al Estado y a quienes lo administran. Ello explica que la necesidad de contar con programas de gobierno haya sido simplemente un requisito formal electoral, puesto que una vez

ganadas las elecciones es cuando se estructura la agenda verdadera y sus beneficiarios, de tal manera que la democracia representativa consolidó un círculo político de hierro que se volvió corporativo y se lucró de sus influencias y conexiones con el Estado. Ese sector limitó la democracia a un ejercicio electoral cada vez más desprestigiado por el fraude y la incompetencia de los gobiernos. Bajo esas condiciones disminuyó el entusiasmo de la población hacia las instituciones democráticas y sus mecanismos de consulta electoral. Desde 1985 hasta 2005, la participación en las elecciones generales bajó aproximadamente 33 puntos porcentuales, pasando de 84% a 56% del padrón electoral, y con una tendencia a incrementar los porcentajes de abstención/ ausentismo, como ocurrió en las elecciones primarias de noviembre de 2008, cuando el abstencionismoausentismo rondó el 66.4 % del electorado. 4. El abstencionismo/ausentismo ciudadano confirma un rechazo creciente a la política tradicional que ha manejado la transición, pero esa actitud en las urnas no deriva en opciones políticas alternativas y democráticas. Lo que sí subraya es que a la brecha social y económica se suma una brecha política y de representatividad (crisis de liderazgos) que separa cada vez más a los actores políticos de la ciudadanía y a la ciudadanía de los actores políticos. Los políticos convertidos en gobierno y poder no toman en cuenta las preocupaciones fundamentales de la población: violencia, alto costo de la vida, desempleo, corrupción, educación, salud, mala justicia y falta de esperanza en un futuro mejor. Con la crisis del golpe de Estado se refleja precisamente la


ANÁLISIS ausencia de una visión compartida, de lineamientos y proyectos comunes en la sociedad hondureña. 5. En el escenario estructural de fondo, el golpe de Estado es un acto de fuerza, pero también una manifestación de debilidad al reflejar el desgaste y la crisis acumulada del modelo bipartidista. El saldo básico histórico de los gobiernos liberales y nacionalistas es la falta de oportunidades para todos y la concentración de las mismas para pocos; un país carente de estrategias (planificación) de desarrollo, de continuidad y mejoramiento de la calidad en sus políticas públicas. Cada gobierno inicia de cero para corresponder al clientelismo que lo lleva al poder. De esa manera, no son recursos financieros necesariamente los faltantes en Honduras para afrontar sus debilidades y carencias, sino ideas, compromisos y mecanismos efectivos de transparencia, control y rendición de cuentas. Más que falta de inversión social ha sido el mal uso –robo e ineficacia– de esa inversión lo que ha imperado. Se estima que el gasto social per cápita pasó de 5.8 dólares en 1960, a 12 en 1970 y a 41 en 1980. Paradójicamente, en plena transición social, a lo largo de la década de los 80, el gasto social per cápita apenas se incrementó 3 dólares, para sumar 44 en 1990, cuando se inició el modelo de ajuste neoliberal. En todo caso, cualquiera sea el monto, el gasto social ha estado carente de esa abstracción que suele llamarse “voluntad política” a favor de la equidad y ello lo ha dejado expuesto a la corrupción institucional. La pauperización visible en los últimos 27 años de enormes contingentes de la población (y que explica sus éxodos y también su

resistencia) no sólo es una violación clara a sus derechos fundamentales sino que ha cambiado el tejido de la sociedad y su percepción de la democracia. Muchos de esos pobres, declarados en rebeldía ante el golpe, son despectivamente llamados “los jucos” por los golpistas. 6. En el apartado de las raíces estructurales se debe apuntar que a una democracia socialmente injusta, con alta concentración de la riqueza en pocas manos, corresponde una institucionalidad débil y la ausencia de un enfoque de derechos en la gestión del Estado. El desplome total en estos días del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es un ejemplo visible, pero no el único. Todas las instituciones involucradas en el golpe se encuentran en crisis. La búsqueda de la integración social y de mecanismos de cohesión no ha sido prioridad del Estado; al contrario, la desintegración se ha promovido no sólo como instrumento de control político sino de rentabilidad económica. Para el caso, la incesante emigración hacia el “Norte”, además de reducir la presión social (son las capas medias empobrecidas las que más escapan del país), se ha convertido en la principal fuente de divisas, por arriba del conjunto de las exportaciones de bienes y servicios. La oferta constitucional de 1982 era que todos los hondureños y hondureñas nacían iguales en derechos, pero eso es retórica alejada de la realidad. Un indígena lenca, por ejemplo, tiene casi la mitad de la esperanza de vida que un habitante urbano con recursos económicos solventes. La propuesta política de Zelaya de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que aprobara

OTRA OPORTUNIDAD DESPERDICIADA La Comisión de Cancilleres delegados por la Organización de Estados Americanos, y el Secretario General de la OEA, que visitaron el país el 24 y 25 de agosto, concluyeron su visita al país con un comunicado escueto y pobres resultados. El comunicado prácticamente se reduce a un llamado a que los diversos actores reconozcan la validez del acuerdo de San José como instrumento para restablecer el orden democrático en Honduras, “dado el inminente inicio de la campaña electoral prevista para el 1 de septiembre”. No obstante, advirtió que hay dos trancas muy difíciles de superar: la amnistía y el retorno de Manuel Zelaya Rosales. La Comisión desarrolló una agenda intensa de reuniones con diversos sectores, incluyendo al Sr. Roberto Micheletti. Sin embargo, sus resultados fueron muy magros: Mientras el sector vinculado al presidente Zelaya acepta el Acuerdo de San José en todos sus puntos, quienes respaldan al régimen de facto mantuvieron sus posiciones intransigentes, no obstante las amenazas de aplicar severas medidas económicas y políticas, particularmente por el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos europeos. Los cancilleres hicieron también un llamado a todos los actores para que, “en aras de establecer un ánimo de consenso, se abstengan de hacer declaraciones o expresar opiniones que sean contrarias al espíritu del Acuerdo de San José”. La visita de esta Comisión terminó dejando las cosas en la misma posición de antes. Sólo que, con ello, se desperdició una oportunidad que difícilmente se podrá tener en el futuro. 9 agosto 2009


ANÁLISIS LA CRISIS POLÍTICA HA PROFUNDIZADO LA POBREZA La crisis política ha profundizado la crisis económica y ha aumentado los niveles de empobrecimiento de la sociedad hondureña, según lo expresado por Ileana Morales, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Además, planteó que el país no tiene las condiciones para sobrevivir a un bloqueo económico por su dependencia hacia recursos y ayudas procedentes del exterior. Morales sostiene que debe existir un plan de país que no sólo plantee soluciones a corto plazo, sino que tenga la vista puesta en los años venideros. “No podemos hacer que Honduras flote a corto plazo para que se hunda a largo plazo”, afirmó. En cuanto a una posible devaluación del lempira, Morales opina que la mala utilización de los recursos públicos está afectando la moneda nacional, que sufrirá las consecuencias. “Si tuviéramos un gobierno más responsable, se buscarían mecanismos para que el impacto económico no fuera tan fuerte en la población”, comentó. También manifestó que ante la falta de captación de ingresos, el gobierno está aumentando la deuda interna, lo que afecta a la población de escasos recursos que, además, está muy golpeada por el desempleo. Ante esta crisis, propone que se incentive la producción interna y que la ciudadanía, que ya no confía en la clase política, elabore propuestas de desarrollo y sea crítica con aquellas que les llegan desde las esferas de poder. 10 envío

una nueva Constitución encontró un asidero firme entre los sectores de la población que han sido y se consideran excluidos de su beneficio y aplicación. A manera de gran conclusión: la estabilidad institucional adquirida a partir de 1982 no condujo a una mejora importante de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hubo “recuperación política”, pero no recuperación social ni económica. Esa agenda olvidada es la que impide a Honduras abandonar el siglo XX. EL PAPEL DEL NEOLIBERALISMO 7. En esta crisis tampoco hay que olvidar la responsabilidad del neoliberalismo y sus gestores, tanto nacionales como internacionales. La misma pregunta que recorre América Latina ha estado presente en Honduras: ¿Cómo construir y sostener la democracia conviviendo con la desigualdad y la pobreza? Las desigualdades y la excesiva concentración de la riqueza en pocas manos no nacen con el modelo de ajuste implantado a partir de 1990, pero sí se acentúan. Con el bipartidismo la evolución de la economía hondureña se ha caracterizado por un bajo crecimiento anual del PIB per cápita y una injusta distribución de la renta nacional. Entre 1960-2000 el crecimiento anual per cápita promedio fue de 0,8%, contrastando con una tasa de crecimiento poblacional superior al 3% anual. Una consecuencia inevitable fue el debilitamiento del Estado, pero también del tejido social. La brecha entre ricos y pobres creció, pero también la brecha entre los ricos y los clase media. Las cifras de la desigualdad en el ingreso varían conforme los

métodos con los cuales se obtienen, pero tanto la CEPAL, como el Banco Mundial, la OIT y otros organismos multilaterales coinciden en ubicar a Honduras en el primer bloque de los países más desiguales de América Latina, junto a Bolivia y Brasil, donde el 10% de la población acapara hasta un 51% del ingreso nacional (o más). El ingreso per cápita del quintil más rico en Honduras supera en promedio 33 veces al del más pobre. De hecho, según la CEPAL, la evolución de la estructura de la distribución del ingreso entre 2002 y 2007 muestra tres situaciones claramente diferenciadas en América Latina. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela “presentan una importante reducción de la brecha entre los grupos extremos de la distribución, tanto por el aumento de la participación en los ingresos de los grupos más pobres como por la pérdida de participación de los hogares situados en la parte más alta de la escala de distribución”. Un segundo grupo, constituido por Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay, se caracteriza por un “relativo” estancamiento de su estructura distributiva. Aun cuando en la mayoría de ellos las brechas han tendido a reducirse, las eventuales variaciones no han sido suficientemente significativas. Por su parte, en Guatemala, Honduras y la República Dominicana lo que pasó es que aumentaron las brechas entre grupos extremos de la escala de distribución. 8. La desigualdad por la vía del ingreso es apenas una de las formas en que se encarnan las desigualdades en Honduras; y cada desigualdad genera otras, a cual peores y


ANÁLISIS casi en proporción geométrica. Sólo hay que ponerse a pensar en las desigualdades por razón de género o las desigualdades ideológicas o las desigualdades de quienes controlan los recursos públicos y privadas, o las desigualdades que surgen de las normas legales o de los prejuicios sociales. Pese a la injusticia crónica y visible, los capitanes del capital, consideran que el país está bien como está, que quizá requiera algunos retoques, pero nada más. Ideológica y políticamente no avanzaron, por eso no extraña que para el golpe hayan recurrido a figuras, métodos y justificaciones de la guerra fría de los años 80, como la justificación de sus abusos e ilegalidades a partir de la supuesta existencia de un “estado de necesidad” o del “mal menor”. A ese sector se le puede aplicar la frase de que si pierden un milímetro de sus privilegios, piensan que han perdido un kilómetro, lo que explica, de alguna manera, que despreciaran la oportunidad histórica que les ofreció Mel Zelaya de reciclarse, puesto que el presidente derrocado nunca dejó de ser liberal, por muy chavismo de que lo acusaran. LO COYUNTURAL: EL PRESIDENTE ZELAYA, EL CHAVISMO Y LA CUARTA URNA 9. El 27 de enero de 2006 asumió la presidencia Manuel Zelaya, luego de ganar inesperadamente las elecciones generales con 23% de los votos válidos a su favor. Ese porcentaje tan bajo confirmó el desencanto de la población respecto a la democracia electoral, porque no siente mejoras importantes en sus condiciones de vida. Zelaya llegó a la presidencia con una sobrecarga

de ofertas y bajo la presión de una fuerte demanda de mejoras visibles a corto plazo. Sin embargo, había cierto optimismo respecto a su gestión puesto que, coyunturalmente, los principales indicadores económicos mostraban cifras positivas, aunque volátiles. Al margen de las expectativas, el golpe confirma que Zelaya, a lo sumo, tuvo una oportunidad buena para la reforma, pero no para anunciar o prometer transformaciones sustanciales. Cualquier intención de cambio estaba condenada a darse en un contexto de gobernabilidad frágil y asediada. Una pregunta de fondo no se planteó en el palacio de gobierno: ¿Qué era lo posible y qué era lo deseable? Para efectivamente intentar cambiar el rumbo del país, se tenía que corregir un error histórico: el mantenimiento de un modelo de crecimiento económico que profundiza las desigualdades y las inequidades. 10. El presidente Zelaya tuvo muchos desaciertos (entre ellos la inefectividad de su gobierno, su protagonismo por encima de la institucionalidad y la legalidad, su permisividad a los abusos, la pésima escogencia de su gabinete –con escasas excepciones– y su falta de una propuesta coherente de gobierno), pero también introdujo elementos interesantes y novedosos en el ejercicio del poder. En su nuevo papel y ante la imposibilidad real de satisfacer las demandas gremiales, de empleo y protección social, Zelaya propuso la construcción de un acuerdo nacional al margen de los problemas inmediatos del país, y por encima del bipartidismo y de los procesos electorales: la convocatoria (cuarta urna) a una Asamblea Nacional Constituyente con la responsabilidad de aprobar una nueva

LA GALOPANTE INCULTURA DEL GOBIERNO DE FACTO En rueda de amigos, generalmente, cuando se habla de los funcionarios públicos, uno de los primeros temas que surge es el de su impreparación e incapacidad: ignoran lo elemental del área de conocimientos para la cual han sido nombrados y carecen de las cualidades indispensables para llevar a cabo la misión que se les ha confiado… Uno de los casos que se apartan de la regla es el del Dr. Darío Euraque, Gerente del Instituto de Antropología e Historia (IHAH), despedido arbitraria e ilegalmente por la ministra de “cultura”, Mirna Castro, cuyos máximos méritos parecen estar en los terrenos de la locución y la presentación de programas de televisión. Pocas veces, una institución estatal ha tenido empleados que puedan exhibir la hoja de vida del Dr. Euraque: ¡catorce páginas de auténticos logros científicos y académicos! (…) De cara a ese prestigio, la afrenta al Dr. Euraque es la nueva “metida de pata” del gobierno de facto. Sus miembros, promotores, consejeros y defensores se exhiben, ante todos los pueblos y universidades del mundo, como lo que son: enemigos de la cultura, de la inteligencia, de la ciencia, del humanismo. Un punto fundamental: la destitución de Darío Euraque no sólo es una gran estupidez, es otro acto ilegal del gobierno de facto: él, como Gerente, sólo puede ser removido por decisión del Consejo Directivo del IHAH. Fragmento de un artículo de Helen Umaña, escrito el 23 de agosto de 2009.

11 agosto 2009


ANÁLISIS

MIENTRAS, LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TRABAJAN Alrededor de 400 mil menores de edad trabajan en Honduras, de los cuales el 70% se concentra en el área rural, revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), presentado el 10 de junio. Se calcula que el 14% de los 2, 860,792 niños que se dedican a trabajar, oscilan entre los 5 y 18 años de edad. Del total de niños que trabajan en Honduras, el 74% son del sexo masculino, mientras que el 26% son niñas. El informe detalla que alrededor de 140 mil niñas están inmersas en el trabajo doméstico, y destaca que, a medida que aumenta la edad de los niños, se dedican más a trabajar que a estudiar. En el marco de la celebración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el coordinador del Programa de la Niñez del Conadeh, Arnulfo Ochoa, manifestó que las niñas están más expuestas a vejámenes, abusos y explotación sólo por su condición de ser mujeres. Según Ochoa, es importante implementar políticas para atacar las causas del trabajo infantil, y brindar mayor atención a las necesidades en educación y formación profesional de las y los adolescentes. Indicó que las instancias que tienen responsabilidad directa en la protección de la niñez deben formular planes y políticas nacionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, especialmente en sus peores formas.

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Constitución de la República para “refundar Honduras”. La nueva Constitución fue proyectada desde el oficialismo como “la solución total a los problemas nacionales”, mientras que para la oposición oligárquica era “el caballo de Troya de Chávez y la madre de todos los males por venir”. El riesgo de la iniciativa presidencial era elevado, sobre todo cuando innecesariamente involucró a las Fuerzas Armadas en el proyecto de acarreo para la consulta de la cuarta urna y les dio la excusa para iniciar la lucha contra lo que denominan “el comunismo disfrazado de Socialismo del Siglo XXI”. Zelaya, desde el inicio de su mandato, cortejó a las Fuerzas Armadas y lo hizo de la manera más tradicional: a cañonazos de presupuesto. La primera acción en esa vía fue asignarles cuantiosos recursos para proteger los bosques de la región oriental (a costa incluso de un movimiento ciudadano que se había venido construyendo paulatinamente) y lo cerró con la decisión de encargarles, como si fuera una empresa civil, la construcción de una terminal comercial en el aeropuerto de Palmerola. Sin embargo, la ideología se impuso y, de hecho, el golpe se comenzó a preparar desde meses antes, pero no hubo intentos serios por evitarlo, ni se calculó su magnitud e impacto. Para Casa Presidencial, el tiempo corría demasiado rápido en su contra. En un escenario de crispación y carente de posibilidades reales de concertación, el gobernante optó por intensificar su retórica ante los denominados “poderes fácticos” y, en paralelo, fortalecer una política que sus adversarios siempre calificaron de “populista”. Además de un aumento significativo y justo al salario mínimo, relanzó la Red Solidaria (merienda

escolar, matrícula gratis, paquete básico de salud, bono tecnológico, bono y becas estudiantiles) que pasó de un presupuesto de 2,222.7 millones de lempiras en 2006 a 3,446.4 en 2008. Al mismo tiempo decidió, en su último año de mandato, no enviar al Congreso Nacional, para su aprobación, el proyecto de Presupuesto General correspondiente a 2009. La confrontación entre el Poder Ejecutivo y los grandes dueños del poder político, económico, financiero y mediático estaba en su fase culminante y, en alguna mansión, unas cuantas familias fijaron la fecha para desempolvar el viejo recurso del “madrugón castrense”, y pusieron en acción las viejas y nuevas lealtades. EL GOLPE MILITAR O EL RETORNO DE LOS VIEJOS TIEMPOS 11. El 28 de junio tuvo lugar el “golpe de Estado” y la expulsión arbitraria del país del presidente Zelaya. Treinta años después de que el general Melgar Castro fuese sustituido por la vía rápida por el general Policarpo Paz García, las Fuerzas Armadas salieron de sus cuarteles no para asumir directamente el poder, pero sí para tener más poder, y bajo el argumento de atender el reclamo de los civiles de tutelar la alternabilidad democrática. Los detalles de cómo se urdió el golpe, cómo y quiénes participaron, seguramente, saldrán a luz pública pronto. Lo que se desencadenó es la peor crisis político-institucional desde el retorno al orden constitucional. En un marco de irrespeto a las leyes, nadie midió las consecuencias de sus actos. Los golpistas comenzaron con el absurdo jurídico de negar el gol-


ANÁLISIS pe de Estado y llamarle sucesión presidencial e incluso un rutinario cambio de gerente por otro. El rechazo diplomático de la comunidad internacional a esas afirmaciones fue unánime, aunque no decisivo en lo inmediato. La valoración de la repercusión internacional del golpe y sus implicaciones en América Latina (especialmente en los países del ALBA) o en los vínculos del continente con Washington merece un análisis específico. Es obvio que en Honduras se interiorizó el conflicto internacional, pero conservando para los ejecutores del golpe un margen propio de toma de decisiones. Para Micheletti y sus partidarios el objetivo central no era la encuesta (la encuesta, legal o ilegal, fue una excusa) sino el proyecto chavista que podía fortalecerse a partir de la consulta. Temieron que Zelaya acumulara más poder que el bipartidismo y convocara antes de las elecciones generales de noviembre próximo a una Asamblea Nacional Constituyente que aprobara una nueva Constitución bajo el socialismo del siglo XXI y le permitiera al mandatario continuar en el poder. El golpe fue preventivo, marcado por el temor ideológico que del discurso presidencial se pudiera trascender a los hechos sociales. Así se explica que los cargos contra el presidente Zelaya sean de naturaleza política: “Traición a la Patria, intento de cambiar la forma de Gobierno, abuso de poder y desacato a las autoridades”. A Zelaya no lo quitan por acusaciones de corrupción (esas surgen después; todo fue después; la supuesta carta de renuncia del mandatario, la orden de captura, el requerimiento fiscal, las investigaciones de los organismos contralores, etc.) sino por el riesgo que implicaba para el estatus quo

que la “semilla de la confrontación ideológica y de clases fuera sembrada en Honduras”.

CONTRA VIENTO Y MAREA

12. Por sus características, el golpe confirmó el aglutinamiento de la ultraderecha en un solo bloque y la puesta a disposición de todos sus recursos, mediáticos, ideológicos, financieros y represivos, en respaldo al cuartelazo. Con absoluto apego bipartidista, los golpistas tienen un proyecto que en un principio se revela claramente como conservador, anticomunista y nacionalista. Una de las organizaciones creadas para apoyar a Micheletti refleja precisamente la mentalidad en el trasfondo: “Movimiento Honduras es nuestra”. Dentro de su visión abogan por la integración de las iglesias al Estado, por mantener el modelo de economía neoliberal y por la necesidad de preservar al país bajo los “valores” de siempre (Dios, Patria, Libertad y Mercado).

El 31 de agosto comenzó la campaña

13. ¿Cuánto tiempo se sostendrá Micheletti en el poder? El plan oficial es entregarlo el 27 de enero próximo a quien resulte ganador en las elecciones generales de noviembre. Puede que llegue hasta esa fecha y puede que no. La situación económica y social tiende a ser insostenible, y la posibilidad de que la represión se intensifique es muy alta. En todo caso, el golpe puede ser de corto plazo, pero el golpismo no.

electoral que, según el calendario previsto, culminará con las elecciones generales del 29 de noviembre. Los principales exponentes son Porfirio Lobo del Partido Nacional, y Elvin Santos del Partido Liberal. En un esfuerzo por marcar distancia de los “golpistas”, ambos pronuncian discursos de unidad y reconciliación, en medio de una crisis política que ha puesto en tela de juicio la hegemonía del bipartidismo. Estas elecciones no gozan de credibilidad ante la comunidad internacional, que ha anunciado que no reconocerá a las autoridades que surjan del proceso, si éste no se realiza en el marco del orden constitucional. Voceros de la Resistencia también han manifestado que, “en las actuales circunstancias, las campañas constituyen otra farsa en este remedo de democracia. Los politiqueros que se están embarcando en las campañas lo hacen de espaldas a la realidad que estamos viviendo y recibirán el implacable castigo del pueblo”. Carlos H. Reyes, candidato independiente, aseguró que si el

PERSPECTIVA GENERAL DE LA CRISIS Con las profundas heridas institucionales y sociales que se derivan del golpe de Estado, la precaria gobernabilidad actual se mantendrá antes e inmediatamente después de

país no vuelve al orden constitucional antes de las elecciones, se retirará de la contienda y pedirá a los demás candidatos que hagan lo mismo. El Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones el 28 de mayo de 2009, un mes antes del golpe de Estado.

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ANÁLISIS las elecciones generales de noviembre próximo, y es improbable que los comicios satisfagan la aspiración de las elites de poder de que sean el instrumento para normalizar la situación nacional, aunque lleguen a ser “transparentes y concurridas”. Para los candidatos presidenciales de los partidos Liberal y Nacional (que se han revelado incapaces de proponer soluciones a la crisis) el peor escenario posible sería recibir la banda presidencial de manos de Micheletti. Influyentes naciones, como España, han advertido que no reconocerían la legitimidad de ese traspaso. Lo que vendrá después del 27 de enero tampoco será fácil. Además de que lo peor del desplome económico y financiero se sentirá en 2010, el golpe, agresivo y fundamentalista, agudizó una polarización ya existente en la sociedad hondureña y le redescubrió una variable política e ideológica que se venía gestando inadvertida, pero consistentemente en el marco de las desigualdades. Ese carácter cismático de la crisis,

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presente incluso en el interior de las propias familias, persistirá después de que se alcance algún acuerdo de solución temporal, de tal manera que la tendencia inmediata es hacia una inestabilidad creciente y que la misma encuentre nuevos factores desencadenantes; electorales, económicos y sociales. El panorama se agrava porque la institucionalidad, ya de por sí debilitada, terminó de afectarse con los sucesos del 28 de junio, lo que implica que las tareas de reconstrucción de la administración pública (y también de la ciudadanía organizada) serán complejas y de largo plazo. A lo anterior habrá que sumar que el costo económico y social del golpe es muy elevado (los empresarios lo calculan para ellos en más de tres mil millones de lempiras en el primer mes) y su impacto se sumará al de la crisis internacional que ya estaba teniendo efectos. En suma, el país no iba bien y ahora va peor. Un panorama de tanta inestabilidad e incertidumbre plantea que una respuesta estable

y duradera al golpe y al golpismo pasa porque en la mesa, externa e interna, de negociaciones se reconozca el papel de la ciudadanía como sujeto de las mismas y se aprueben reformas estratégicas de Estado. Avanzar en la democracia participativa es una exigencia real, no inventada. Ya en el pasado reciente desperdiciamos la coyuntura excepcional que brindó el impacto del huracán Mitch para transformar Honduras; sería una tragedia que también se desaproveche el potencial de cambio que encierra esta fractura. La sombra de los muertos por balas reales, no de goma, víctimas de la represión, vuelven cínica cualquier demagogia al respecto. Quizá el elemento esperanzador radique en reconocer que la necesidad del cambio no nació con Mel Zelaya, y tampoco morirá con el golpe. Sin duda, es otra la Honduras después del 28. Tegucigalpa, 31 de julio de 2009.


ANÁLISIS

Rupturas y continuidades en la historia de Honduras MARVIN BARAHONA*

A diferencia de otros episodios golpistas, el movimiento popular de hoy cuenta con organizaciones y redes sociales que le dan una presencia nacional e internacional. Si dicha presencia se consolida, se habrá completado otra etapa de la integración nacional, que esta vez puede ayudar a robustecer a un actor político y social que en el siglo XX no alcanzó el poderío necesario para amenazar el status quo. ¿Podrá, el golpe de Estado del 28 de junio crear nuevas rupturas en la historia nacional?

I. ANTES DEL GOLPE DE ESTADO DEL 28 DE JUNIO

E

n Honduras, al igual que en las demás naciones centroamericanas, se han presentado rupturas históricas trascendentales que sirvieron para construir o reconstruir nuestras sociedades en procesos más o menos similares: la ruptura con la dominación colonial española (1821); la superación del orden conservador y la anarquía que prevaleció desde el hundimiento de la Federación Centroamericana (1838) hasta la década de 1870; la interrupción de las dictaduras político-militares en la década de 1940 y, una nueva como reciente ruptura, la sustitución de los gobiernos militares a inicios de la década de 1980 por los gobiernos civiles. A pesar de ello, la ausencia de rupturas radicales orientadas a la transformación estructural de nuestras sociedades es notoria en la continuidad histórica de hechos como la falta de equidad política, económica y *

Autor de Evolución histórica de la identidad nacional (Editorial Guaymuras, 1991) y de Honduras en el siglo XX (Editorial Guaymuras, 2004), entre otras obras de contenido histórico relativas a Honduras.

social; la ausencia de justicia administrativa y social; el predominio de bajos niveles de desarrollo en la ciudad y el campo; y, además, en la supervivencia de supersticiones, mitos y creencias que obstaculizan nuestro desarrollo político, económico y social. La siguiente serie de hechos puede ayudarnos a comprender esta carencia de rupturas radicales en nuestra historia: 1) el enorme peso que manifiestan la tradición y el pasado en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana; 2) la supervivencia de remanentes sociales y económicos del pasado que imponen límites a la modernidad socioeconómica hoy en día; 3) la huella de procesos políticos, sociales y económicos incompletos o interrumpidos sin solución de continuidad en el tiempo; 4) la falta de legitimidad y de legalidad en la construcción del poder, de la autoridad y del imperio de la ley durante largos períodos de nuestra historia. Los hechos mencionados tienen en común la característica de ser factores de larga duración, que no pueden ser ignorados al momento de reflexionar sobre la ausencia de paradigmas sociales, económicos y políticos modernizadores, o al momento de abordar los puntos más críticos relacionados con las formas de ejercer el poder político y los mecanismos de dominación social que derivan de éste. 15 agosto 2009


ANÁLISIS Estos temas no son otros que el consenso social y político que debe servir como fundamento para la construcción y existencia del Estado nacional; la participación en la construcción de la nación, teniendo como sustento el principio universalmente reconocido de igualdad de los ciudadanos ante la ley; la definición de objetivos comunes, concretados en metas y proyectos nacionales, que nos permitan superar la estrecha concepción respecto al Estado como bien patrimonial al servicio de una minoría; y, la falta de un espíritu público comprometido con el bienestar general, el buen gobierno y el uso racional de nuestros recursos. En la historia hondureña del siglo XX, cada crisis política y social dejó al descubierto algún aspecto particular, una dimensión específica de los temas antes mencionados, entre los cuales destaca la debilidad de los fundamentos del Estado que los criollos comenzaron a construir tras la Independencia en 1821. Ese Estado, hecho a la medida, a imagen y semejanza de la elite criolla que heredó el poder de los españoles, nació marcado por la férrea voluntad de los criollos de excluir a las mayorías del ejercicio del gobierno. Así nació un estilo de gobernar basado en la descalificación social y política, que atendía a la existencia de polos económicos ubicados en los extremos de la pirámide social, con una exigua minoría rica y una extensa mayoría pobre. A ese estilo de gobernar le correspondieron formas específicas de dominación social, cuyos principales objetivos eran el establecimiento de formas particulares de explotación del trabajo y la imposición de modos específicos de autoridad política para controlar el comportamiento de una población heterogénea, dispersa y ocasionalmente levantisca.

bipartidista de gobierno reestablecido con el retorno a la democracia en 1982, por el agotamiento de su capacidad para gobernar según la tradición republicana y por su incompetencia para satisfacer eficazmente las demandas sociales y las expectativas de mejora de una población empobrecida y en crecimiento. En consecuencia, hoy nos encontramos ante el reto de reflexionar acerca de los cambios que Honduras necesita en esta nueva era, de identificar cada uno de esos cambios en su dimensión política, económica, social y cultural para construir un nuevo paradigma de sociedad que abra paso a nuevas fuerzas políticas, económicas y sociales que satisfagan las demandas de la población y respondan a los retos más acuciantes de hoy. Un nuevo paradigma que nos obligue a buscar y a encontrar otros caminos para mejorar las condiciones de vida de varios millones de pobres y excluidos; que contribuya a llenar las expectativas materiales y espirituales de la juventud hondureña; que ayude a disminuir las brechas en nuestro grado de desarrollo; y, sobre todo, que siente las bases para crear mecanismos eficaces de promoción de la justicia, la equidad y el desarrollo social, viejas deudas de la República con la población hondureña.

LAS CLAVES Las claves para comprender la situación actual se encuentran en una interpretación acertada de las vías seguidas por nuestra sociedad desde la ruptura del orden colonial español y la adopción del republicanismo como modelo de legitimidad política para gobernar y como ficción ideológica para encubrir toda forma de dominación social.

Ninguno de estos objetivos podía ser alcanzado sin que los criollos pusieran bajo su control el bien más preciado de su herencia colonial: el Estado. Así, el Estado se convirtió en un bien patrimonial al servicio exclusivo de la elite criolla, para ampliarse más tarde a otras elites que se fueron asentando en el país y que también compartieron con los criollos la visión del Estado como fuente de acumulación de riqueza y como mecanismo universal de dominación y control sobre los súbditos.

El republicanismo originado en la Revolución francesa implicaba el reconocimiento del pueblo, o de la nación, como fuente de toda legitimidad para ejercer el gobierno político; pero, en el camino, la soberanía popular en su sentido más amplio se distorsionó hasta convertirse en la soberanía de un reducido grupo de “notables” que secuestró el significado de este concepto para impedir su aplicación, como es evidente en el caso hondureño.

Hoy estamos ante el quiebre de esa concepción que percibe al Estado como propiedad exclusiva de unos pocos y ante el fallecimiento de un espíritu público basado en el ventajismo particular, que se manifiesta a través de la crisis en que se encuentra sumido el modelo

Este hecho produjo gobiernos de minorías que gobernaron como si fueran mayorías, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y cuya intolerancia las llevó a eliminar toda forma de oposición política. Como resultado, desde la disolución de la Federación Centroamericana en

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ANÁLISIS 1838 hasta la reforma liberal de 1876, Honduras vivió en una inestabilidad política permanente, porque los liberales y los conservadores de ese tiempo no encontraron las formas apropiadas para hacer de su modo particular de ejercer el poder una forma legítima de gobernar. La desobediencia civil y militar, manifiesta en el desacato y el desconocimiento de la autoridad constituida, condujo a revueltas y montoneras que desangraron el país y, con ello, desvirtuaron la propuesta de gobierno legítimo, democrático y pacífico implícita en el ideal republicano plasmado en las constituciones políticas del país. La reforma liberal de 1876 representó una nueva ruptura en la historia hondureña del siglo XIX, porque su consigna “Orden y Progreso” llevaba implícito un nuevo paradigma y la intención de retomar el camino que el republicanismo temprano extravió desde que Honduras proclamó su independencia de la Federación Centroamericana en 1839. La Reforma proclamó una nueva era y plasmó sus postulados en la Constitución de 1880, pero no logró superar el estrecho marco del gobierno de notables que la precedió. Así, el gobierno siguió reservado para los hombres propietarios de riqueza, para los que supieran leer y escribir, y para los hombres que hubiesen alcanzado la mayoría de edad. La porción mayoritaria de la población, conformada por las mujeres, los pobres y los iletrados quedó al margen del ejercicio del gobierno y de toda forma de participación en la construcción de la nación y del Estado. ¿Podía surgir en la sociedad hondureña de ese tiempo algo que pudiéramos llamar “espíritu público” o “espíritu democrático”? Los hechos demuestran que ese espíritu sólo prevaleció entre las minorías activas de esa época, cuya obra principal se plasmó en el intento de construir partidos políticos como el Liberal, o el Nacional Progresista que la Reforma tuvo la intención de fundar, pero que no prosperó ante la incomprensión de los notables del programa de largo plazo que los iniciadores de la Reforma le abrieron a Honduras en 1876. En tales circunstancias, la transformación de viejas facciones en partidos políticos, sin un compromiso explícito para respetar la legitimidad, la autoridad

constituida y el imperio de la Ley sólo podía conducir a un nuevo período de inestabilidad que desvirtuó las intenciones originales de la Reforma y generó nuevos regímenes autoritarios que sometieron por la fuerza a quienes desacataron el orden y la autoridad de su gobierno. La falta de consenso político y social para el ejercicio legítimo del poder, por desobediencia o falta de legalidad, provocó en Honduras, hasta la guerra civil de 1924, una nueva era de caos e inestabilidad con un elevado costo social y político. La guerra civil de 1924 fue un hecho extremo y la manifestación más aguda de la lucha por conquistar el ejercicio del poder por medios legítimos o ilegítimos. El drenaje de energía social y el desgaste de la legitimidad reconocida hasta ese momento condujo, transitoriamente, al establecimiento del modelo bipartidista de gobierno, constituido por los partidos Liberal y Nacional. Este régimen fue funcional hasta su ruptura, por violación de la legitimidad a través de la modificación de la Constitución. En 1936 se creó esa ruptura, por la cual se invalidaron los principios de legitimidad política y del ideal republicano que reconocen en el pueblo la única fuente de soberanía para el ejercicio legítimo del poder. Y, al producirse tal ruptura, se utilizó la fuerza al extremo de exterminar a la oposición política y de crear un régimen de partido único que transfirió los fundamentos legítimos del poder político a la figura del caudillo presidente, el general Tiburcio Carías Andino. Esta referencia histórica es básica para comprender algunas causas del rezago político y de la ausencia de educación ciudadana y de espíritu público en nuestra sociedad, hasta el retorno pendular de nuevos procesos en busca de la legitimidad política, perdida una y otra vez en el curso de nuestra historia. La dictadura del general Tiburcio Carías pudo mantenerse en el poder sólo mediante la distorsión de la legitimidad política a través de modificaciones rutinarias a la Constitución para ejercer continuamente el poder sin recurrir a las elecciones: el sueño de todos los dictadores de ayer y de hoy. Como era de esperar, cuando el pueblo no le ha transferido su autoridad legítima al gobernante, el dictador gobernó hasta que la ilegitimidad y el ejercicio autoritario y arbitrario del poder se agotaron. Entonces se volvió a pensar en el retorno a la legitimidad y la legalidad política, para que una nueva ficción 17 agosto 2009


ANÁLISIS constitucional y de administración pública contara con el aval del pueblo, como en efecto ocurrió al decretarse la Constitución de 1957 que llevó al poder al liberal Ramón Villeda Morales. La ausencia de oposición política, ilegalizada o condenada al exilio desde 1936, impedía un retorno inmediato y poco traumático a la legalidad democrática en la nueva era inaugurada por el triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial y por la caída de las viejas dictaduras en los países vecinos. Por eso el retorno a la estabilidad política basada en un gobierno legítimo duró poco: apenas entre 1949 y 19631, interrumpida desde que los militares —paradójicamente legitimados por el gobierno constitucional de Ramón Villeda Morales (1957-1963)—, derrocaron este mismo gobierno para iniciar una nueva era de ilegalidad, de traición al espíritu público y de imposición a través de gobiernos de fuerza. Una consecuencia importante de este hecho en nuestra historia contemporánea fue la proscripción del ideal republicano, que quedó fuera de la ley; y la instauración de un ejercicio del poder que, inicialmente, renunció incluso a la ficción constitucional que la dictadura de Carías mantuvo en pie para avalar su longeva permanencia en el poder. Sin embargo, en 1965, los militares buscaron legitimar su gobierno mediante una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución, que eligió como presidente al general golpista Oswaldo López Arellano. Pero de poco sirvió. La erosión de los principios de legitimidad y la renuncia a los valores esenciales de la democracia republicana en los gobiernos militares representó un elevado costo para Honduras, por lo que se puede concluir que de la falta de legitimidad en el ejercicio del poder jamás ha emergido, ni emergerá, una cultura y una tradición democrática. Los gobiernos militares, ilegítimos nuevamente desde que en 1972 derrocaron al gobierno civil de Ramón Ernesto Cruz, debieron abandonar el poder cuando en Honduras se volvió a pensar que los gobiernos debían ser legítimos y democráticos, porque así se los recordó la caída de Somoza en Nicaragua, en julio de 1979. Por ello 1

Y, aun en ese período, se presentó la crisis provocada por la intención del presidente en funciones, Julio Lozano Díaz, de prolongar su mandato interino, hasta que fue derrocado por las Fuerzas Armadas en 1956. 18 envío

se proclamó el retorno al orden constitucional, aunque algunos de los que hicieron este reclamo habían votado a favor de legitimar el gobierno militar en 1965.

¿RETORNO A LA DEMOCRACIA O RETORNO AL BIPARTIDISMO? Hoy es evidente que los cambios políticos que se han operado en Honduras, desde la década de 1980, fueron más una restauración del bipartidismo que una auténtica transición a la democracia. El bipartidismo, que se había interrumpido en 1936 por la imposición de la dictadura de Carías y en 1963 por el golpe militar, retornó para continuar su propia tradición. Sin embargo, desde 1982 a la fecha, el triunfo más notorio del bipartidismo político en Honduras ha sido el desarrollo de la parte más perversa de su potencial, porque no se puede decir otra cosa ante la evidencia de un Estado de Derecho que se mantiene en pie sólo para proteger la impunidad y garantizar la hegemonía de unos pocos. Crear una institucionalidad formal, en nombre del Estado de Derecho, para inmediatamente después ponerla al servicio de intereses reñidos con el bien común y la soberanía popular, es una transición a la democracia desvirtuada en los hechos y finalmente un disfraz que carece de legitimidad por el desuso de los principios que la sustentan. De ahí la afirmación inicial de que la transición política operada en la década de 1980 no fue profunda, ni tuvo como fuerza motriz una voluntad popular consciente de las metas y objetivos que Honduras debía seguir en una época de cataclismos políticos en Centroamérica, sino que sirvió únicamente como fachada para construir un Estado de Derecho que, en la práctica, nunca ha existido realmente en nuestro país. No obstante, esta transición representó una ruptura importante con el pasado, porque logró elevar el discurso sobre la legitimidad y el gobierno legítimo a un rango que la historia de Honduras registra en pocos momentos. El ceremonial actual en torno a la legitimidad constitucional y democrática ha maquillado su puesta en escena hasta llevarla a extremos conmovedores, lo que se manifiesta en la sublimidad de los debates de hoy en torno a la Constitución y el cambio constitucional, tan inútiles como artificiales, para hablar de una “refundación” de Honduras. Cabe preguntar: ¿Necesitamos una nueva Constitución o una nueva sociedad? ¿Se busca con este debate


ANÁLISIS una nueva ruptura política que nos lleve a profundas transformaciones estructurales, o sólo es otra forma de desvirtuar los avances que la legitimidad del ejercicio del poder y los ideales democráticos del republicanismo han tenido en las últimas décadas? Esto último parece ser lo más probable, porque la sustitución de una Constitución por otra, como una acción mecánica y repetitiva, no produce cambios fundamentales en una sociedad, como lo demuestra la historia hondureña de los siglos XIX y XX. Lo único que esta acción genera es un deterioro profundo de los fundamentos de la legitimidad política, del Estado de Derecho, del gobierno democrático y de la misma tradición republicana que proclama la coherencia de los principios sobre los que debe asentarse el ejercicio del poder. De todo se habla en estos debates, menos de la democracia como instrumento para transformar la sociedad y la cultura, sin recurrir a los golpes de Estado ni a la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía.

OTROS VALORES PARA OTRA DEMOCRACIA Hoy es importante reflexionar en torno de otros valores que sustentan la democracia, el republicanismo y la legitimidad en el ejercicio del poder; entre otros, el valor de contar con una oposición política beligerante, una ciudadanía activa y vigilante, y la necesidad de obtener más beneficios del sufragio universal para transformar la ciudadanía pasiva que hoy tenemos en una ciudadanía activa, que lleve a la realidad los valores que el republicanismo propone como referentes conceptuales, como aquel que dice que todos somos iguales ante la Ley.

acciones y medidas políticas que afecten directamente las causas que ocasionan estos males, única manera de dar a la Constitución actual la vigencia y la aplicación a que están obligados los tres poderes del Estado. El consenso social y político, como el respaldo irrestricto a la legitimidad democrática y republicana, deben ser los fundamentos que sostengan las transformaciones y los cambios sociales que necesita nuestra sociedad, tan dividida y sumida en una inmovilidad que paraliza nuestro desarrollo económico y social. Para ello, nuestro sistema político necesita una actualización profunda, porque si hay algo que los debates recientes sobre el cambio constitucional han dejado al descubierto es la ausencia de verdaderos partidos políticos, de auténticos intermediarios políticos entre las demandas sociales y la administración del Estado. Esta ausencia es notoria en el comportamiento de los partidos Liberal y Nacional, que ante los temas de interés nacional asumen la conducta propia de las facciones políticas que, desde finales del siglo XIX, precedieron su conformación como partidos políticos, con lo que no hacen otra cosa que ir permanentemente hacia atrás en su propia historia y tradición, una razón más que evidencia el anacronismo del bipartidismo político en nuestra sociedad. La ausencia de una auténtica oposición política es, además, manifestación de la distorsión de los mecanismos de la democracia representativa y del ideal republicano, que hizo que surgieran señalamientos como éste: “…el Presidente Zelaya es un político que reveló, en el último tramo de su mandato, tener la capacidad de ser oficialista y oposición al mismo tiempo…”2.

A pesar del sufragio universal y de las constituciones republicanas y democráticas que hemos tenido, el gobierno de los notables se ha mantenido incólume y escasamente democrático, lo que ahora exige que reconozcamos la necesidad urgente de democratizar nuestra sociedad para superar el enorme grado de desigualdad social, impunidad e injusticia que prevalece actualmente.

Al ceder su lugar como representante formal de la principal fuerza política de oposición, el Partido Nacional está contribuyendo a deslegitimar y erosionar aún más la ya gastada forma de administrar el Estado que la alianza bipartidista impuso desde 1982. Así, ha creado un desequilibrio en las relaciones internas de poder, sin percatarse de que está renunciando a un principio

Y este inmenso reto requiere algo más que debates sobre un orden constitucional que ha sido violado reiteradamente por los mismos que ahora exigen una nueva Constitución. ¿Para qué? Este desafío requiere

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“Hacia una verdadera transformación nacional”, comunicado de la Pastoral Social Caritas, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y otros, ante la coyuntura política actual, Tegucigalpa, 11 de junio de 2009, p. 2.

19 agosto 2009


ANÁLISIS republicano: contribuir a garantizar la legitimidad del poder, estableciendo mecanismos democráticos para evitar los abusos en el ejercicio del mismo. Lo mismo cabe decir respecto del partido Unificación Democrática (UD) y de algunas organizaciones del movimiento popular que, con escasa reflexión, apoyaron la propuesta de “refundación constitucional” hecha en su momento por el Poder Ejecutivo, haciendo suya la afirmación ajena de que el origen de los problemas está en la Constitución. Con ello renunciaron a identificar las causas de los problemas nacionales en la conformación estructural del país, así como a su autonomía e independencia política. ¿No son estas las mismas organizaciones que hasta hace poco hablaban de la perversidad y corrupción de los “poderes fácticos”? La renuncia de UD —que hasta la fecha ha representado a la “izquierda” en el espectro político nacional—, a ocupar el lugar que le corresponde en la oposición política ha ido más allá de lo esperado: ha abdicado a toda posibilidad de ser el representante legítimo de los ideales de las clases populares que desean cambios profundos en la sociedad para mejorar sus condiciones de vida y sus expectativas futuras. Ahora ese lugar lo ocupa, no un partido político, sino el discurso populista del presidente Zelaya, a través del cual se reafirman el presidencialismo y el caudillismo tradicionales. Cuando las facciones de las clases gobernantes enfrentadas hayan encontrado una salida satisfactoria a su pugna política actual, y si no se produce una transformación profunda en su discurso y práctica política, la izquierda tradicional y las organizaciones sociales que se identifican con ella se encontrarán ante un vacío político, ante la falta de identidad y de rumbo político.

momento político que vivimos actualmente, cuando se percibe la intención de abandonar los principios en que se fundamentan la legitimidad y la legalidad política? Hoy hemos perdido de vista la diferencia que existe entre un hecho legal y un hecho ilegal.

PODEMOS REENCONTRAR EL CAMINO ¿Existe alguna salida a la crisis del bipartidismo, que no lesione los fundamentos de la legitimidad y la legalidad política basadas en la democracia y los principios republicanos? A esto deben responder los partidos Liberal y Nacional, desde una ética y una transparencia política que hasta hoy no han practicado. Igual responsabilidad compete a las agrupaciones de la izquierda que abandonaron su propia agenda política, sin explicación alguna, para abrazar una agenda ajena que aporta poco o nada al fortalecimiento de una izquierda democrática que aspira a ejercer el poder desde los espacios creados por el republicanismo. La única propuesta de cambio a la altura de los retos actuales es aquella que produzca una ruptura fundamental con la concepción que ha convertido al Estado, los bienes y la riqueza nacional en propiedad patrimonial de unos pocos, que son los mismos que han mantenido como rehén al ideal republicano y han boicoteado todo avance hacia la democracia social, política, económica y cultural que a esta hora debiera satisfacer las expectativas de equidad, justicia y modernidad que las viejas y las nuevas generaciones exigen para alcanzar el bienestar que la democracia ofrece como ideal para esta época de grandes cambios y reacomodos a escala internacional y regional.

Este escenario, en el que fuerzas políticas importantes abandonaron el papel que les correspondía como factores de equilibrio en los espacios de representación política, demuestra que lo que Honduras necesita es una refundación, sobre nuevas bases y principios, de los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda.

Elevar la democracia social, política, económica y cultural a un grado superior es el reto más acuciante de nuestra sociedad, lo que no sería tal si el modelo de democracia electoral prevaleciente no se hubiese agotado hasta el grado de convertir la gestión pública en un acto propicio para el enriquecimiento ilícito, la protección de la impunidad y el descrédito de la política como una función pública al servicio del bienestar y el progreso social.

Mantener, como en las circunstancias actuales, la ficción de la existencia de una derecha y de una izquierda que no saben qué hacer de sí mismas, es llevar la agonía del bipartidismo actual al vacío y la confusión. ¿No es ésta la impresión que queda respecto del

Comprender lo anterior equivale a suscribir la necesidad de una propuesta de cambio a fondo en las formas de participar para construir la democracia en nuestra sociedad, puesto que en cuestionar las formas elitistas de administración del poder se hallan las res-

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ANÁLISIS puestas a los retos que hoy reconocemos como enormes; a las expectativas de cambio reales e inmediatas; y, a la esperanza de mejorar la calidad de vida de las mayorías. Esta es la única forma de reencontrar el camino que como sociedad extraviamos cuando los grupos de poder de ayer y de hoy convirtieron la esencia del ideal republicano, y también la democracia que lo sustenta, en una ficción política, constitucional e ideológica con la que han disfrazado y justificado las formas injustas de dominación que han llevado a nuestro país a la quiebra. Los grupos que han ejercido el poder en los últimos 27 años son los que más han contribuido a separar la justicia del poder porque, aunque ahora se niegue esta responsabilidad, todo poder legítimo está obligado a crear las condiciones necesarias para la aplicación de la justicia, la igualdad proclamada por la ley, el bienestar y la felicidad pública; no sólo para garantizar el cumplimiento de la ley, sino también para garantizar la propia legitimidad del poder. Esto es lo que nos ha hecho falta: hacer que la soberanía popular reemplace a la soberanía de los notables, que nunca pudieron gobernar como su soberano, el pueblo, se los ordenó. Este principio es el único que puede llevarnos a una nueva transición: que nos conduzca de la restauración del bipartidismo político de los notables que impera actualmente, a la restauración de la soberanía y la democracia popular que debe imperar en el futuro. En este caso, recuperar el viejo proyecto de construir una república de ciudadanos libres, con voz y voto, pero también con capacidad de decisión desde el momento en que asumen deberes y derechos en su propia sociedad, es una condición indispensable para promover el cambio social que el tiempo presente nos exige. Éste, y no las transformaciones caóticas y eventualmente violentas, ha sido el anhelo del pueblo hondureño, por siempre deseoso de respeto, de derechos, de paz, de orden, de esperanza y de bienestar. Estos valores, casi siempre olvidados o traicionados por las fuerzas políticas actuales, también forman parte de una tradición política que se encuentra en la historia y que es preciso rescatar y actualizar para devolver la vida a los principios republicanos con los que alguna vez se quiso construir una ciudadanía moderna, pero cuyo retorcimiento por parte de los grupos de poder, de ayer y de hoy, ahogó en su cuna.

El republicanismo, como práctica política, hunde sus raíces en la democracia popular y en la participación ciudadana consciente. Por ello es un instrumento valioso para satisfacer las expectativas de nuestra población en el presente, que no es otra cosa que una democracia política, económica, social y cultural que supere las limitaciones de la democracia electoral que hoy nos defrauda por su incompetencia, su ineficacia y su escasa voluntad para enfrentar con éxito los grandes retos contemporáneos de nuestra sociedad. En estos principios se debe fundamentar una nueva legitimidad política, un nuevo contrato social y un nuevo trato en las relaciones entre el Estado y la sociedad, hasta construir esa ciudadanía con ciudadanos proclamada por el ideal republicano, que nos ayude a superar a la que hoy tenemos: harapienta, huérfana de ciudadanos, insensible ante la ausencia de solidaridad, hipócrita y cínica. II. DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO DEL 28 DE JUNIO En la madrugada del 28 de junio de 2009, Honduras se convirtió en escenario del primer golpe de Estado del siglo xxi en América. La supuesta estabilidad democrática del continente se rompió por su eslabón más débil, en el justo momento que el mundo se debate en una crisis económica de largo aliento y de graves consecuencias para los países más pobres y vulnerables. No es fácil —aun para la ciudadanía hondureña—, entender las causas, motivaciones y condiciones que hicieron posible este golpe de Estado cívico-militar, por el que se expulsó del país, mediante el uso de la fuerza, al presidente de la República José Manuel Zelaya. Sin embargo, el panorama es menos oscuro si se echa una mirada a la agitada historia política de Honduras y a la defectuosa construcción de su institucionalidad democrática. El golpe de Estado del 28 de junio sólo vino a confirmar lo que ya se sabía: la institucionalidad del Estado hondureño es extremadamente frágil. Nuestras instituciones parecen estar hechas con barro, en tanto que la institucionalidad parece estar cimentada sobre tierras pantanosas. Y ni ésta ni aquellas están preparadas para soportar los cataclismos que emergen de una cultura política autoritaria, caudillista y clientelar, donde la mayoría de los protagonistas son tramposos. 21 agosto 2009


ANÁLISIS A la vista están las debilidades, las insuficiencias y distorsiones de la “democracia representativa” y del “Estado de Derecho”, cultivadas por una clase política versada en el arte de tejer artimañas, en las que ahora se ve atrapada. Cuando se inició la construcción de este Estado de Derecho en 1982, se puso de moda una frase que dejaba al descubierto las verdaderas intenciones de sus artífices: “El que hizo la Ley, hizo la trampa”. Ahora se comprende mejor lo que aquellos artesanos de la jurisprudencia quisieron legar a la posteridad: a la luz de los acontecimientos de hoy, es evidente que las leyes que sustentan el “Estado de Derecho” están minadas, de lo que resulta una institucionalidad endeble, confeccionada a la medida de una clase política parasitaria y autoritaria. Por eso han reformado y violado la Constitución las veces que han considerado necesario para ejercer el poder a su antojo. El resultado no podía ser distinto del que se ha obtenido: un “Estado de Derecho” al servicio de la ilegalidad y la impunidad, y una democracia débil e incompleta, pues la inclusión política y social es ficticia. Este producto expresa cabalmente el cierre del ciclo histórico iniciado en 1982 con la aprobación de la Constitución vigente, y que ha culminado a mediados de 2009 con el derrocamiento del gobierno de Zelaya Rosales y el consiguiente hundimiento del denominado “Estado de Derecho” que se trató de construir durante más de dos décadas. Este final es una proyección acabada de la lógica de la evolución y del agotamiento del proceso político iniciado en 1982. En ese momento, la clase política hondureña —que recién retornaba al poder después de casi 20 años de gobiernos militares—, puso la naciente democracia bajo la tutela de las Fuerzas Armadas para protegerse de las revoluciones sociales que agitaban las repúblicas vecinas desde 1979. Por eso fortaleció la jefatura militar depositada en el general Gustavo Álvarez Martínez, y por eso permitió que el territorio hondureño se convirtiera en base de operaciones de la contrainsurgencia centroamericana. Este hecho es el rasgo más destacado de un patrón de conducta —el recurso intimidatorio—, al que el bipartidismo recurre cada vez que su propia incompetencia política lo conduce a un callejón sin salida, o cuando percibe que sus intereses están amenazados. En tales casos, las pocas familias pudientes, las que aportan el mayor número de notables al gobierno, todas 22 envío

atrincheradas en los partidos Liberal y Nacional, corren a pedir la intervención militar, para que sea la fuerza de las armas, y no el poder legítimo de las instituciones del Estado de Derecho, la que resuelva cualquier conflicto que amenaza su estabilidad. Así lo hicieron en 1982 y lo repiten, torpemente, en 2009.

LA CRISIS POLÍTICA Y LA RUPTURA DE LA INSTITUCIONALIDAD El golpe de Estado del 28 de junio, un hecho consumado cuyas causas y determinantes seguirán en discusión por más tiempo, ha generado la crisis política más profunda y duradera de los últimos cincuenta años, si se toma como referente principal el año en que finalizó la dictadura del general Carías, período durante el cual ninguna crisis política logró estremecer a la vez la institucionalidad, la conciencia pública, el tejido social, económico y político de Honduras, incluso en regiones por siempre periféricas a los acontecimientos nacionales como La Mosquitia y los departamentos más rezagados de los cuatro puntos cardinales. Este estremecimiento del sistema político, precedido por un cataclismo natural que pocas semanas antes del golpe había dejado al descubierto otras vulnerabilidades del país, desnudó por completo lo que la hipocresía y el cinismo habían mantenido oculto como un secreto a medias: que la institucionalidad sobre la que se ha construido este “Estado de Derecho” no resiste ante el embate de las fuerzas del pasado y no es capaz de responder con autonomía a las tentaciones que emergen de lo más profundo de una sociedad y un sistema político que aún no ha interiorizado el ideal y los valores del republicanismo y de la democracia que los sustenta. El peso de la tradición sigue siendo agobiante y ha sido un factor preponderante para hundir, con toda la fuerza que el pasado tiene en Honduras, los tesoneros esfuerzos que más de una generación ha empeñado en las últimas décadas para hacer que los mecanismos más propicios creados por la civilización ayuden a reducir la acción nefasta y destructiva del lado más oscuro de nuestra cultura política y nuestro pasado histórico. Fuerzas profundas se agitan en oscuras cavernas de la sociedad hondureña, para impedir que la modernidad y la modernización le den un nuevo rumbo a nuestra sociedad. Sin embargo, ningún cataclismo nos haría sentir vulnerables ante una eventualidad y ninguna oscuridad


ANÁLISIS podría opacar la luz del día, si nuestra sociedad hubiese hecho lo que debía para reducir al menor grado los efectos de la ira de la naturaleza o las consecuencias de la falta de lucidez de su clase política. Pero poco o nada se ha hecho para proteger la institucionalidad y, mucho menos, la democracia. Las grandes mansiones se protegen amurallándolas, alambrándolas o custodiándolas con guardias de seguridad privados, pero los métodos propios para crear campos de concentración no son ni de lejos las formas que el republicanismo prescribe para salvaguardar la democracia y sus instituciones. Hacer que los militares custodien y protejan la democracia viene a ser lo mismo que poner a las cabras a cuidar los repollos. Acudir a la fuerza militar o llevar la queja a la embajada de los Estados Unidos, cada vez que se presenta una crisis política, sigue siendo el pecado original de una clase política que se siente extranjera e indefensa en su propio país. A la luz del conocimiento histórico es inexplicable la razón por la cual la clase política hondureña no ha podido asumir el hecho de que en el país donde reside debe, si no convivir, al menos cohabitar con la diversidad social, económica, política y cultural que se ha venido construyendo desde el siglo XX. Tampoco ha podido interiorizar el valor que para la democracia y el buen gobierno tienen el consenso social y político, la construcción de una agenda colectiva y los beneficios que puede aportar la separación de la esfera pública de los negocios privados, como en su momento la construcción del Estado laico moderno hizo necesaria la separación del Estado y la Iglesia. Mucho menos comprensible resulta, en la era de las grandes propuestas metodológicas para resolver conflictos, que la clase política hondureña recurra al guardián de siempre para pedirle que la proteja, que acabe con los fantasmas que la atemorizan y que, una vez concluida su labor, esconda las cenizas. Desde la guerra civil de 1924, la clase política hondureña ha aprendido muchas cosas, pero ninguna tiene que ver con la construcción de un Estado de Derecho al servicio de la colectividad nacional, con la equidad en la distribución de la riqueza nacional, con el consenso social y político alrededor de temas fundamentales para el desarrollo y, en los últimos años, con la supervivencia misma del país. Es tal el abandono y el ensimismamiento de esta clase dirigente, que el contemplarse por tanto tiempo a sí misma, frente a un espejo que no es el de la his-

toria, obliga a que los historiadores contemporáneos señalemos las mismas debilidades que ya habían sido identificadas por otros historiadores en el pasado lejano. Para el caso, la insistencia, desde 1918, de Dana G. Munro sobre la falta de vocación para el diálogo y el consenso político en las elites gobernantes del país, que conducía a levantamientos civiles y militares, revueltas, asonadas, revoluciones y guerras civiles. La mitología grecorromana cuenta que Saturno devoraba a sus propios hijos, para evitar que estos lo devoraran a él; y en el sistema político hondureño sucede lo mismo, con la diferencia de que aquí Saturno es un caudillo que cree ser Júpiter. Tal es el peso de la mitología en la cultura política hondureña que, cuando se trata del Estado de Derecho, las generaciones más lejanas y las más cercanas asumimos como propia la imagen de Sísifo subiendo la colina con su pesada piedra al hombro, para luego bajar y recorrer el mismo camino, una y otra vez, hasta la eternidad.

LA LARGA MARCHA DE LA RESISTENCIA ANTIGOLPISTA Si la incapacidad de la clase política para aprender de la historia y asimilar su propia experiencia histórica no deja de sorprender, más sorpresiva aún ha sido la capacidad de resistencia mostrada por el movimiento popular y los sectores que le han acompañado en su empeño de resistir al golpe, exigiendo a la vez la restitución del defenestrado presidente Zelaya, un hecho inédito en nuestra historia. Este es otro elemento que hace diferente este golpe de Estado de los que ocurrieron en el siglo XX, porque expresa una asimilación de la historia que se ha venido construyendo desde abajo, y que ahora invoca la acción pacífica como forma de protesta política, de la que espera obtener resultados más tangibles de los que hubiese obtenido de haber recurrido a medios violentos de lucha. Tras el golpe militar de 1963 hubo también actos de resistencia, pacíficos y violentos, pero en ningún caso alcanzaron la pujanza y duración que demuestra la resistencia emprendida por el movimiento popular en este momento. Paradójicamente, en esta ocasión el llamado a la insurrección fue hecho por el caudillo de turno, encarnado en el derrocado presidente Zelaya, que ordenó la organización de una columna guerrillera con efectivos 23 agosto 2009


ANÁLISIS civiles en la frontera común de Honduras y Nicaragua. Este episodio recuerda las peripecias belicosas de los caudillos del pasado que, como Policarpo Bonilla, corrían a esta misma frontera a pedir auxilio al dictador nicaragüense de turno, que ayer como hoy prestaba su concurso para sacarle partido a la debilidad temporal del vecino. Sin embargo, como caricatura de la historia, el caudillo de hoy no invadió el país ni tomó el poder, como alguna vez lo hizo don Policarpo Bonilla, fundador del partido Liberal. Del mismo modo caricaturesco, y a la vez grotesco, la intensa represión ejercida por el gobierno de facto contra la resistencia popular no ha logrado derrotarla, como sí pudieron hacerlo los usurpadores del poder en tiempos pasados. No obstante, la resistencia prolongada no garantiza el éxito de su empresa, porque el tiempo no es su mejor aliado. La resistencia no triunfa y los golpistas no gobiernan. En este contexto lleno de incertidumbre y ambigüedades, en algún momento el movimiento popular deberá definir una agenda política propia, que le ayude a trascender la figura de Zelaya y le permita dirigir sus esfuerzos a profundizar el resquebrajamiento del bipartidismo, factor decisivo en la distorsión de nuestro sistema político. En el mismo escenario o en el que surja inmediatamente después, el movimiento popular se verá obligado a plantearse si en el futuro aspira a ser un movimiento político con agenda social o un movimiento social con agenda política, con lo cual, además de trascender la figura de Zelaya, logre trascender su propia heterogeneidad y la fuerte carga que representan en su seno las posiciones gremialistas de algunos actores importantes. La derecha también se verá obligada a un reacomodo de sus fuerzas. Así como los sismos ayudan al

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reacomodo de las placas tectónicas de la Tierra, los cataclismos políticos facilitan la redistribución del poder y la reubicación de los pesos y contrapesos que intervienen en el juego político. Pero la tendencia actual en la derecha parece inclinar la balanza hacia su endurecimiento, lo que implica el fortalecimiento y la concentración del poder en los grupos más conservadores y proclives a la ultraderecha. Sin embargo, al igual que en las fuerzas de oposición, en la derecha existen voces discordantes que no quisieran un prolongado retorno a la guerra fría, especialmente ahora que la clase política ha experimentado en carne propia que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud de la fuerza que la produjo. Sólo el tiempo dirá si los sectores que actualmente gobiernan están dispuestos a cambiar de conducta para iniciar las reformas que el país necesita, o si por el contrario se empecinan en ofrecer y dar más de lo mismo, arriesgándolo todo para conservar lo que ya tienen en el bolsillo. En el extremo opuesto, a diferencia de otros episodios golpistas, el movimiento popular de hoy tiene la ventaja de contar con organizaciones y redes sociales que le dan una presencia nacional e internacional. Si dicha presencia se consolida, con ello se habrá completado otra etapa de la integración nacional, por siempre inconclusa, que esta vez puede ayudar a robustecer a un actor político y social que en el siglo XX no alcanzó el poderío necesario para amenazar el status quo. Hoy, el golpe puede ir contra la lógica de los golpistas, devorando, como Saturno, a sus propios hijos, para crear nuevas rupturas en la historia nacional.


ANÁLISIS

Honduras: Una lección para ciegos y videntes ÁNGEL SALDOMANDO*

“Es regla invariable del poder que resulta mejor cortar cabezas antes de que comiencen a pensar, ya que después puede ser demasiado tarde”. José Saramago, Ensayo sobre la lucidez

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os peligros que acechan a la democracia y a la gobernabilidad son los temas que siempre aportarán preocupación. Ambas hacen parte de la constante tensión entre las reglas de funcionamiento de la sociedad, con intereses contradictorios y la necesaria construcción de acuerdos inclusivos y legítimos que condicionen el funcionamiento de las instituciones. La crisis de Honduras pone a prueba las prácticas y las ideas con que ejercemos la democracia y la gobernabilidad. Nos interrogan duramente y no admiten simplificaciones cómodas, para quienes en uno u otro bando quieren sacar partido inmediato. Se hace difícil no aullar con los lobos del consenso fácil sobre la defensa de la democracia que no defienden y se hace difícil establecer una posición que se salve de las lecturas reductoras. La crisis de *

Economista e investigador chileno del Centro de Investigación de la Comunicación, CINCO, con sede en Managua, y miembro del Observatorio de Gobernabilidad en Centro América.

Honduras establece, a nuestro juicio, un parteaguas con las ideas con que se ha trabajado el desarrollo democrático y la defensa de la democracia en los últimos veinte años y que se han establecido en tratados y declaraciones internacionales. Ríos de tinta, ampulosas gesticulaciones y medidas retorcidas, se han vertido en el caso de Honduras con una celeridad nunca antes vista, síntoma de que el hecho ha calado hondo. Pero tras la unanimidad de fachada se esconden graves fisuras y confusiones preñadas de peligros. Lo único reconocible en esta unanimidad es la defensa del principio de legalidad democrática frente a un golpe de Estado. Pero esta posición válida tiene detrás lecturas muy poco consensuadas y procedimientos muy debilitados, si se le examina a la luz de los procesos políticos que está viviendo la región. La crisis política hondureña será de larga duración y, aunque la manera como continúe y se resuelva es importante, las lecciones que nos está dejando son urgentes de considerar.

LAS COORDENADAS DE LA CRISIS HONDUREÑA Hacía meses que en Honduras se reconocía la extrema debilidad política del gobierno de Manuel Zelaya y se especulaba con la posibilidad de que no terminara su mandato si se agudizaba la crisis entre los poderes del Estado. La realidad es que desde su inicio el gobierno fue débil, tanto por la base electoral con que fue electo como por su incapacidad de generar alianzas y procesos negociadores consistentes que lo respaldaran y le fueran dando salida a los problemas políticos que se habían acumulado. Problemas endémicos como la corrupción, la ineficacia de las políticas públicas, la lentitud, casi parálisis, de los procesos de reforma del Estado y la descentralización, la inseguridad pública, incluidos secuestros y asesinatos, continuó su curso, a lo que se agregó una forma de gobierno discrecional y volátil que licuó la débil institucionalidad del país.

25 agosto 2009


ANÁLISIS Importantes temas de política nacional, como la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, habían quedado bajo el mandato de Manuel Zelaya en la indefinición total y, luego de dos años y medio, apenas había un borrador. La acción pública se había diluido en fondos y prácticas clientelistas personalizadas por el Presidente, sin control ni rendición de cuentas, dando lugar a que el fondo para la reducción de la pobreza desapareciera, a que se realizaran asignaciones e incrementos salariales inviables presupuestariamente, y a que el propio presupuesto fuese inexistente para el último año. La propia cooperación internacional se había alarmado ante este estilo de gobierno. De hecho, se había suspendido el apoyo presupuestario en el periodo 2007-2008. La retórica presidencial “izquierdizante”, que invadió la acción gubernamental en los últimos dos años, se inflamó de manera proporcional a la debilidad del gobierno, en la medida que pretendía cubrirla con apoyo internacional y movilización social interna que distaban mucho de ser una realidad fuerte. La crisis se disparó con la propuesta de consulta para instaurar una Constituyente que diera curso a la reforma de la Constitución. La consulta que el gobierno y sus asesores idearon y justificaron con un discurso de ampliación de la democracia llegó, oportunistamente, en paracaídas, en un año electoral y contaminó todo el proceso político. Es decir, una iniciativa que carecía de preparación política suficiente, transparente y abierta, aterrizaba como un apéndice en las elecciones presidenciales, en un contexto de tensión entre los poderes del Estado y debilidad del gobierno. 26 envío

Sobre todo no disponía de antecedentes, en la propia práctica del gobierno, que respaldara el discurso de ampliación de la democracia. La tentativa de imponer la consulta por vía jerárquica, desde la Presidencia, utilizando la logística militar contra el veto de los otros poderes del Estado, precipitó el conflicto. La sobrerreacción en bloque del stablishment político y militar depuso al presidente Zelaya manu militari, con la cobertura de los poderes Judicial y Legislativo. En los hechos se generó una situación de conflicto agudo allí donde se podría haber negociado, canalizado y, por último, dejado la responsabilidad de hacer la consulta a un nuevo gobierno, dado que las elecciones presidenciales estaban previstas para noviembre de 2009.

La lectura del proceso político que llevó a la Presidencia y a sus asesores a diseñar la consulta y situarla en ese momento fue catastróficamente mala. Esto se debe, en parte, a la errática búsqueda presidencial de un liderazgo. Más de fondo es la razón de querer forzar el proceso político para un protagonismo personal sin proyecto y adherido muy superficialmente a un barniz progresista. Lo trágico es que algunos sectores de izquierda se hayan tragado el anzuelo. Es el método de buscar atajos y golpes sorpresivos, propios de una conducción política advenediza y discrecional sin respaldo programático, sin un entramado de alianzas y respaldos en liderazgos intermedios y en la sociedad civil.

De hecho, la consulta no era de vida o muerte: no cambiaba nada estructuralmente, no superaba los bloqueos de la sociedad hondureña y tampoco era la culminación de un proceso de movilización social o de reivindicaciones tan intenso, que hubiera dejado a Zelaya en la obligación de plantearla, ya al final de su presidencia. Evidentemente, lo descrito no justifica el golpe de Estado; sólo lo sitúa en un contexto en que los principales actores políticos, atrincherados en las instituciones, libraron una batalla sobredimensionada.

La oposición que destituyó a Zelaya es de derecha, ciertamente, aunque ello no ubica automáticamente al depuesto presidente en la izquierda. Las fuerzas conservadoras estaban conscientes de la volatilidad de la Presidencia y de su debilidad. Ubicada en espacios claves del Estado, la oposición intentó volver las cosas a su cauce durante varios meses mediante presiones políticas, pero no quiso correr el riesgo de prolongar la crisis y terminar disputando en torno a dos legitimidades: la presidencial, por un lado, y la de la consulta de la Constitución, por el otro.

¿Por qué Zelaya hizo entonces de la consulta una batalla terminal, yendo incluso personalmente a recuperar las cajas, con el material de la misma, a una base aérea? ¿Por qué los grupos de poder, dominantes en la mayoría de las instituciones y en torno a los partidos Nacional y Liberal, optaron por el golpe y lo apoyaron en la lógica también de un enfrentamiento decisivo?

La polarización creciente y las amenazas se agudizaron, de manera que fueron alineando a los actores políticos en el Estado en torno a un desenlace inmediato y no en torno a un proceso político. La sociedad hondureña fue, en su mayoría, espectadora pasiva de este enfrentamiento, al que se sumó la ya tradicional retórica en tiempo de elecciones. De ahí que la comprensión de la situación


ANÁLISIS se volviera confusa en las últimas semanas previas al golpe. La crisis y su desenlace es la expresión del conflicto entre facciones del desgastado stablishment bipartidista. No cabe duda que el gobierno de Zelaya se nutrió de algunos sectores gremiales y de viejos cuadros de la izquierda. Creyeron que era posible avanzar en destrabar la sociedad hondureña encubiertos con la bandera de un liberal que se transformaba. Esta ha sido la vía del extravío cuando se pretende tomar atajos, sustituyendo procesos más orgánicos de desarrollo democrático y progresista basados en el reforzamiento de las organizaciones sociales, el pluralismo y la afirmación de derechos. En este sentido, la sociedad hondureña había hecho avances en los últimos 18 años: una nutrida agenda de cambios había sido identificada, en torno de la cual había debate y toma de posición. Pero el inmovilismo político de sus sectores conservadores la retardaba, prolongando así el pasivo social. Zelaya podría haber hecho mucho con esta agenda, pero la tarea estaba muy por encima de su capacidad y de la comprensión de la situación. De la crisis quizá salga una mayor clarificación política de las trabas de la sociedad hondureña, a pesar que ésta se exprese en torno de Zelaya y del stablishment de derecha. Dependerá mucho de si la izquierda social, mucho más importante que la izquierda partidaria en Honduras, logra constituirse en un actor independiente con su propia visión de la crisis y sus salidas. La movilización social que comienza a cristalizar tras el golpe puede ser una oportunidad para

relanzar la democratización de Honduras, pero hay que reconocer que está dividida y que si bien la conducción de la derecha es inocultable en el golpe, tiene una amplia base de apoyo. La diferencia con el pasado de otros golpes de fuerza, es que la democracia es ahora la única regla de legalidad y legitimidad. Los golpistas tendrán que apresurarse a buscar una salida y no podrán cerrar completamente los espacios políticos. LAS LECTURAS DE LA CRISIS El golpe militar en Honduras desató un conjunto de reacciones más allá de sus fronteras que internacionalizó el problema y sus lecturas. En torno a ello se pueden identificar claramente corrientes de pensamiento y de intereses. Detrás de la posición formal, internacionalmente reconocida, de defensa de la legalidad democrática, aparecen entonces peligrosas utilizaciones. De ahí que la crisis de Honduras se convierta entonces en la cabecera de playa donde diferentes fuerzas se estén enviando señales y comiencen a considerarla como un test, al puro estilo de la guerra fría, donde se enfrentaban las fuerzas en terceros escenarios. Esto es, sin duda, muy peligroso para América Latina. Para las lecturas de derecha —incluidos los militares—, la insoportable mezcla de creciente discrecionalidad del Presidente y el tufo izquierdista derivado de su cercanía con Cuba, Chávez y el ALBA condujo a una medida profiláctica. Reconocen que fue un error y una transgresión de la ley, pero sostienen que era el mal menor frente a un enfrentamiento mayor en el

futuro. De todos modos, afirman, se retomará el cauce institucional por lo que la situación es transitoria. DESDE LA DERECHA Tres mensajes son enviados, entonces, desde esta posición. Uno: gobiernos institucionales sí, discrecionales no. Dos: gobiernos electos sí, izquierdistas con patrocinio extranjero no. Tres: es preferible el mal menor. Detrás de estas señales se invalida la posibilidad de que la sociedad escoja democráticamente, que puedan convivir expresiones diversas en pluralismo y, por último, se desconoce que el proceso político es conflicto y negociación, con tiempos y sanciones políticas propias de la democracia, por muy imperfecta que sea. Esta lectura envía una señal extremadamente conservadora sobre la democratización en América Latina. De ahí que haya provocado una reacción en los países que no solo han compartido las experiencia dictatoriales, sino también en aquellos que intentan canalizar transformaciones y que temen que la experiencia hondureña sirva de fuente de inspiración a fuerzas conservadoras. DESDE LA IZQUIERDA Las lecturas de izquierda se dividen en dos vertientes. Una, que podría calificarse de izquierda institucionalista, defiende la democracia y considera que sus propuestas deben hacerse en el marco institucional respetando el pluralismo, y que las transformaciones requieren procesos de desarrollo institucional y social, así como los derechos. Para 27 agosto 2009


ANÁLISIS esta visión, la crisis de Honduras ofrece una doble lectura sobre lo que ocurre cuando no se encuentran los recursos en los actores del sistema político y este aparece muy bloqueado y cuando, por otro lado, se intenta forzar situaciones que no tienen preparativos suficientes. La segunda vertiente se asimila con visiones discrecionales de la política. En ella, la legalidad que dan las elecciones debe convertirse, de una vez y para siempre, en el control político no solo del gobierno sino que del Estado. Se transforma la legalidad en la cobertura de la discrecionalidad en torno de un liderazgo único, la concentración del poder, el cercenamiento del pluralismo y la disminución de derechos si los liderazgos, además, acentúan el personalismo y el autoritarismo. Las instituciones del Estado se alinean con el líder o el partido de gobierno, licuan el Estado de Derecho, el balance de poderes y el control social pluralista sobre el poder. De ahí que la lectura de la experiencia hondureña es una derrota de su método de manejo institucional, y la ven ya no sólo como una amenaza a la democracia, sino que como una advertencia directa. La crisis de Honduras revive los viejos fantasmas latinoamericanos de la imposibilidad de la convivencia política y de canalización del conflicto en democracia, luego de un periodo de generalización de elecciones y de la propia democracia. Aunque también podría ser vista como los últimos lastres del atraso político que salen a la superficie. EN PERSPECTIVA Indudablemente que, frente a una crisis que seguramente será 28 envío

larga, extraer lecciones podría ser apresurado. Sin embargo, esta crisis no es una tormenta sorpresiva en Honduras y en el contexto latinoamericano se han acumulado antecedentes con la caída de presidentes en Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia. Con reformas constitucionales conflictivas en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con resultados electorales fraudulentos en Nicaragua y contestados en México.

y las transformaciones sociales en el marco democrático heredado de la primera fase limitada de recuperación de la democracia, que comienza a tocar sus limitaciones. Este conjunto de antecedentes ponen en evidencia aspectos sobre las cuales hay que reflexionar urgentemente.

La tendencia al continuismo político y a la reelección con reformas constitucionales a la medida, como en Colombia y Venezuela, y con presiones en la misma dirección en Nicaragua y Honduras, también han introducido tensiones adicionales a las que se suman sistemas políticos anquilosados o constituciones de origen dictatorial, frente a los cuales hay crecientes exigencias de cambio. La mayoría de las encuestas de opinión muestran el desgaste de las instituciones y de los partidos políticos, a veces a niveles abismales.

Los procesos políticos nacionales siempre han estado atravesados por influencias internacionales y juego de intereses geopolíticos. Sin embargo, el principio de soberanía y autodeterminación se ha considerado una base fundamental para los Estados y las relaciones entre ellos. Las convenciones internacionales (contra la corrupción, la Carta Democrática, el Tribunal Penal Internacional, los derechos humanos) han acotado fuertemente en las últimas décadas el principio de soberanía y autodeterminación.

La ola democrática se fundó sobre el retorno de las elecciones y de gobiernos electos democráticamente, con más o menos calidad de los procedimientos, según el caso. Este proceso ponía el acento sobre la legalidad democrática de los ejecutivos y de los poderes del Estado. Los procesos políticos están mostrando que las democracias, en su defensa y desarrollo, comienzan a desplazarse desde las instituciones a la sociedad. Las amenazas no vienen sólo de poderes fácticos, sino también del retorcimiento de las democracias para construir autoritarismos legales. En contrapartida, se presenta el problema de cómo canalizar la ampliación de derechos

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

En los países el proceso político es una cuestión nacional, pero no se puede violar convenciones internacionales y marcos de conducta relacionados con la democracia y los derechos humanos. Así, se ha creado una zona de tensión: los gobiernos, cuando les conviene, reclaman soberanía y, cuando es útil, reclaman las convenciones internacionales. Hasta hace poco esta tensión era poco visible, incluido el momento del auto golpe de Fujimori, la caída de tres presidentes en Ecuador, la caída del presidente De la Rúa en Argentina. La constitución de bloques regionales, en paralelo a otras instancias de coordinación política, ha


ANÁLISIS generado espacios más exigentes de coherencia política e instrumentos de negociación más incisivos. Desde la crisis boliviana, luego de la caída de Sánchez de Lozada, la tensión entre los procesos nacionales y las reglas internacionales se ha hecho más evidente, y los gobiernos más proactivos en la defensa de esas reglas. La crisis hondureña ha llevado esta tensión a un punto muy alto y prefigura sus riesgos. Se puede presionar, aplicar sanciones y facilitar negociaciones, pero no se puede intervenir directamente. El peligro es que algunos gobiernos utilicen estas situaciones como validación internacional de un supuesto liderazgo o para exportar modelos políticos. En la primera postura ha estado la OEA y el Grupo de Río, pero el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha querido hacer del caso un test para el ALBA y para la fuerza de su apoyo político. Irresponsablemente, ha proferido incluso amenazas de intervención directa. Si ello ocurriera, se validaría un peligroso principio en muchas situaciones nacionales controvertidas y en la relación entre Estados. La internacionalización positiva de la defensa de la democracia se convertiría en un negativo y latente estado de confrontación. El caso más crítico fue la intervención exterior en Haití, que terminó en una fuerza de paz externa y de largo plazo; es decir, lo convirtió en un país intervenido. Los miembros del ALBA deberían ser muy cuidadosos en este campo. LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD La crisis hondureña ha destapado un problema extremadamente

grave y sobre el cual también se han acumulado antecedentes. Entre 2005 y 2006, tuvieron lugar doce procesos electorales presidenciales en América Latina: Honduras, Haití, Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela renovaron sus presidentes o se dieron uno nuevo. Ello fue saludado unánimemente como el mayor ciclo electoral de la historia y principalmente, quizás, porque confirmó las elecciones como medio de acceso al gobierno y como fundamento de la legalidad política de las autoridades. Pero la otra cara de la moneda es que el mecanismo electoral ha sufrido crisis fuertes y está sometido a crecientes presiones. Los presidentes defenestrados en Ecuador, Bolivia y Argentina entre 1998 y 2002 marcaron un quiebre de las elecciones como mecanismo absoluto en democracia, que debe vincular legalidad y legitimidad de la máxima representación política. No importó el número de votos con que fueron electos; perdieron crédito político, no tuvieron apoyo social, fueron rechazados y tuvieron que irse. Ello muestra que la legalidad y la construcción de legitimidad son dos esferas relacionadas, pero no reductibles a la dimensión electoral. Se debe gobernar legalmente, pero también legítimamente; ninguna de estas dos condiciones puede distanciarse demasiado hasta llegar al punto crítico de la ruptura. El problema de fondo no es solo ser electo democráticamente, además se debe gobernar democráticamente y conservar legitimidad. La regla de la legalidad democrática está perfectamente definida y así es defendida. Pero esta se refiere

principalmente a los ejecutivos. El tema se transforma cuando los gobiernos electos afectan la democracia, licuan las instituciones y comienzan a manipular las instituciones, incluidas las elecciones, para incrementar su discrecionalidad y su permanencia en el poder. En muchos casos las instituciones legales se vuelven impotentes para asegurar legalidad y legitimidad, frente a lo cual las sociedades, en sus diversos componentes, quedan cada vez más desprotegidas. Los espacios e instrumentos internacionales deben entonces resguardar también los derechos democráticos de las sociedades frente al fenómeno de captura del poder. La Carta Democrática, firmada en 2001 por los países latinoamericanos, establece que los pueblos y sus gobiernos tienen la obligación de promover y defender la democracia. Sin duda que el conflicto y los diversos intereses involucrados darán diferentes respuestas a estas exigencias, pero los estándares debieran ser celosamente indicados a los gobiernos como inviolables. CONSTITUYENTES Y CONSTITUCIONES La recomposición de los sistemas políticos durante la ola democrática conservó, en muchos casos, constituciones y leyes elaboradas por las dictaduras; en otros casos, perduraron marcos institucionales obsoletos o conservadores. La reivindicación de constituyentes y reformas constitucionales por fuerzas emergentes en varios países abrió un periodo de cambios en este tema, y en otros comienza a emerger. En situaciones de graves bloqueos políticos, urgencia por am29 agosto 2009


ANÁLISIS pliar la inclusión social y política y los derechos, puede haber premura por cambios constitucionales. Algunos sectores de izquierda y progresistas han asimilado la tentativa de consulta por una Constituyente del depuesto Zelaya como una muestra de la validez y la urgencia de estas reformas. Sin embargo, en este tema se debe verificar la pertinencia en cada caso. Si algo demuestra la experiencia es que una cosa es la Constitución y otra es gobernar democráticamente. Muchas de ellas disponen de margen para procesos de desarrollo social y democrático, y son más bien los gobiernos y las fuerzas fácticas que los impiden, sin distingos ideológicos en más de un caso. Igualmente peligrosa es la tendencia a constitucionalizar los gobiernos. Es decir, hacer constituciones a la medida de gobiernos o cierto tipo de liderazgos. El cambio de mayorías políticas y de gobierno podría entonces producir constantemente un desfase institucional y una inestabilidad política. La exigencia de modos de gobernabilidad democráticos y con mayor espacio para la sociedad puede ser una fase necesaria para acumular fuerzas y legitimar los cambios, antes de hacerlos formalmente o intentar forzarlos. LAS ELECCIONES NO ALCANZAN Hay que reconocer que, en contextos diferentes, las elecciones pueden cargarse de contenidos políticos que pueden desbordar, e incluso cuestionar, el papel de la elección como instrumento del sistema político democrático y arras30 envío

trar incluso a la institucionalidad. Y si a ello se suman déficits fuertes de legitimidad, pueden invalidar progresivamente el principio de legalidad, si hay conflictos fuertes. En América Latina, hace algunos años, era motivo de satisfacción que hubiera elecciones en espera de una mejoría de los indicadores económicos y sociales. Pese al retorno del crecimiento económico y la disminución de la pobreza en algunos países, las expectativas positivas se esfumaron y ahora se cierne el nubarrón del choque externo que amenaza con una tormenta durable. La inflación internacional, según algunas estimaciones, no disminuiría hasta después de 2012. Lo que se advierte es un cambio de tendencia, un nuevo ciclo político en que las elecciones no alcanzan, hay mayores tensiones entre los gobiernos y las sociedades, y un creciente descontento. Según el Latinobarómetro, un 75% de latinoamericanos consideran que la distribución de la riqueza es injusta, sólo un 17% espera más igualdad, y apenas un 23% más democracia. Los partidos políticos, principales animadores de las elecciones, tienen poco apoyo en la opinión y mucha gente se pregunta ¿para qué votar? En este ensayo queremos problematizar el papel de las elecciones a partir de los contextos en que operan, y no a partir de la calidad de la norma y de los instrumentos que las ponen en práctica, como la hace el institucionalismo estrecho. En primer lugar, porque no hay un patrón común que se pueda aplicar en cualquier parte.

En segundo lugar, porque la naturaleza de los procesos políticos y sus contextos específicos dan cuenta de la historia real. Por último, porque aunque existan estándares de desempeño de las elecciones, su función en el marco de determinados modos de gobernanza explica su carga política, que es lo que nos preocupa. Desde hace varios años, ocho por lo menos, el debate sobre la democratización en América Latina ha ido cambiando su eje de gravedad. Tres razones están en la base de este desplazamiento: • La constatación del desencanto con la democracia, el estado de la opinión. • El agotamiento del Consenso de Washington, el fin del proceso de reformas económicas. • La llegada al gobierno de fuerzas políticas asociadas con la izquierda o con alguna variante de progresismo. Particularmente como núcleo duro Bolivia, Ecuador y Venezuela, con opciones más pragmáticas como Uruguay y Brasil, y diferentes variantes de adaptación como Chile y Argentina. Estos tres factores han hecho que el análisis se desplace desde la preocupación por la consolidación de la democracia, hacia la pérdida de centralidad del núcleo básico de la democratización; es decir, el paso a segundo plano del triángulo: Estado de Derecho, libertades políticas y civiles, elecciones. Esta pérdida de centralidad no se debe a que el triángulo no se considere importante sino, en parte, a que sus elementos se consideran sufi-


ANÁLISIS cientemente difundidos, aunque no siempre adquiridos, cuando menos como valores. Pero, por otro lado, se constatan dos contradicciones: por un lado se generalizaron las elecciones y por otro creció el descontento con la democracia. Se advierte que el peso de los modos de gobernabilidad es más determinantes para responder a los problemas planteados en esta nueva fase de la democratización, en la que hay mayores exigencias de derechos, igualdad y movilidad social. Así, en vez de preguntarnos, como hace años, sobre cómo avanza la construcción de la democracia y su estabilidad (calidad de las elecciones, de la ley electoral, de los sistemas políticos), ahora nos interrogamos sobre qué tipo de democracia tenemos, si está en condiciones de canalizar la dinámica del conflicto y el cambio, qué papel juega el núcleo básico del sistema político democrático versus las nuevas exigencias. La elaboración de la Carta Democrática de la OEA en 2001, y la propia acción de la recién creada UNASUR en el caso de Bolivia, muestra por un lado el desafío de preservar el núcleo básico de la democracia, al mismo tiempo que, por otro lado, debe lidiar con las dificultades que se enfrentan cuando los instrumentos se cargan con contenidos políticos ligados al contexto y a sus conflictos. GOBERNABILIDAD: PACTO DEMOCRÁTICO VERSUS CONTUBERNIO En América Latina, la preservación del andamiaje democrático y

en particular de las elecciones como fundamento de la legalidad y de la legitimidad, ha tenido una estrecha relación con el modo de gobernabilidad que la pone en práctica. Es decir, las formas concretas con que se gobierna la elaboración de los arreglos políticos, las demandas y el conflicto. Países según identidad del gobierno Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Países con gobier- Ecuador, Nicaragua, nos asimilados a la Uruguay, Venezuela, izquierda o centro Cuba, Guatemala, izquierda Honduras (antes del golpe), El Salvador (reciente). Países asimilados Colombia, México con la derecha Países asimilados Panamá, Costa Rica, con el centro y cenPerú tro derecha (No se discute qué tanto corresponde la identidad con la práctica)

En este sentido las elecciones, según el tipo de gobernabilidad, se ven tensionadas en su condición de regla única para dirimir el juego de opciones y corren el riesgo de volverse funcionales al modo de gobernabilidad. Su estándar de calidad democrática para cimentar la legalidad y la legitimidad puede verse gravemente deteriorado, si el modo de gobernabilidad es a su vez poco o nada democrático. No se trata de que el fundamento democrático de la autoridad basado en las elecciones sea descartado; ningún gobierno desconoce en la actualidad este principio. Pero la manera en que funciona en cada contexto cada modo de gobernabilidad puede, en la práctica, hacerle perder su misión principal.

Importantes sectores de la sociedad pueden pensar, entonces, que las elecciones no son un camino para viabilizar sus expectativas, su apoyo o su disenso. Con ello, puede fortalecerse la desafección por la democracia, y el comportamiento extra institucional y el conflicto pueden agravarse. Podría decirse que la preservación de las elecciones depende de que el modo de gobernabilidad esté basado en un pacto democrático y no en un contubernio. Depende, por otro lado, de que las formas de gobierno sean lo más abiertas y contractuales posible, en lugar de negar el disenso y el conflicto. No cabe duda que influyen elementos constitutivos de la vida política: la vida partidaria, leyes electorales, la calidad de los partidos, estado de los derechos, libertades, la relación entre la sociedad, los partidos y las instituciones, así como el desempeño de estas últimas. En palabras del politólogo Dieter Nohlen, “el contexto hace la diferencia”. La capacidad de preservar el núcleo básico de la democracia, al mismo tiempo que se canaliza el conflicto, es un problema esencial del modo de gobernabilidad y no está garantizado el éxito, más aún en procesos donde se plantean conflictos vinculados con la estructura del poder y cambios estructurales. Disponemos de varios ejemplos que pueden ilustrar esto: Bolivia, México. En el primer caso, las modificaciones en la estructura del poder y los cambios estructurales propuestos tensionaron toda la institucionalidad democrática e implicaron la salida de dos presidentes, poniendo entre paréntesis el poder otorgado por las elecciones. En México, elecciones reñidas y 31 agosto 2009


ANÁLISIS polarizadas pusieron en entredicho su legalidad y legitimidad, y el de la institución encargada, el Instituto Federal Electoral. Lo que estaba en juego ya no era la salida del unipartidismo, sino que la posibilidad de la alternancia. Hay momentos en que las elecciones, cualquiera sea su calidad organizativa, no pueden devolver el conflicto a su cauce si no prima un pacto democrático que le ponga límites, o un cambio de correlación de fuerzas que lo sostenga. Es lo que en parte ha ocurrido en Honduras. LA RELACIÓN GOBERNABILIDAD ELECCIONES La manera en que se viene respondiendo a este desafío en América Latina tiene dos grandes vertientes de reflexión. Una línea de reflexión ubica el desempeño de las elecciones en el marco de lo que se denominan democracias institucionalizadas no populistas y democracias personalizadas populistas. Su preocupación principal es cómo, siendo las democracias sistemas de instituciones donde las elecciones juegan un papel esencial, la gobernabilidad contribuye a fortalecer democracias institucionalizadas versus liderazgos personalistas que implican una institucionalidad débil. En el primer caso se fortalece la democracia, en el segundo se debilita, y las elecciones se vuelven volátiles como fundamento de la legalidad y la legitimidad. Sin embargo, si bien parte del análisis de esta vertiente es verificable, la variable institucional puede jugar un papel importante en la estabilidad que parece ser la preocupación esencial de este aná32 envío

lisis. Pero los sistemas altamente institucionalizados podrían ser también poco democráticos y, en ese caso, las elecciones podrían quedar entrampadas en la estabilidad. La segunda vertiente de análisis, en la que me inscribo, privilegia la calidad democrática del modo de gobernabilidad y cómo esto determina el papel de las elecciones. Los modos de gobernabilidad pueden ser abiertos, semiabiertos y autoritarios o cerrados. Cada uno tiene características particulares según el país y su historia. La mayoría de los modos de gobernabilidad es semiabierta. Esto indica una gradualidad en la que oscilan. Los modos de gobernabilidad semiabiertos favorecen, mediante diversos mecanismos de elecciones, una democracia estable. Es decir, buscan que éstas representen la aprobación de la eficacia del gobierno en torno a objetivos dados y metas utilitarias. Al mismo tiempo, buscan separarlas de la deliberación de alternativas, de conflictos sobre la estructura del poder y del reconocimiento del disenso. El papel fundamental de las elecciones es contribuir a la estabilidad y a la rotación de élites. Sin embargo, esto puede adquirir características muy conservadoras si la estabilidad implica reproducir situaciones de injusticia social o política. Las elecciones pueden quedar así entrampadas. Dentro de este esquema de relación gobernabilidad-elecciones, los modos autoritarios o cerrados buscan que las elecciones sean fundamentalmente un instrumento del poder para su reproducción, lo que puede llevar a modificaciones continuas de las reglas del juego para asegurar este papel.

En los modelos abiertos, donde prima la negociación continua en un marco pluralista, las posibilidades de que las elecciones sean un instrumento político que represente opciones programáticas y mejore la representatividad, se incrementan. Hay que decir que los modelos abiertos son variantes de los semiabiertos y, en algunos casos, se trata de variantes forzadas ya sea por fuerzas emergentes o por crisis políticas. Lo que importa es el grado de apertura que alcanzan. La posibilidad de que las elecciones se refuercen como juego de opciones y alternancia, generando legalidad y legitimidad, oscila entonces en la gradualidad que hay entre los modos de gobernabilidad, abiertos y semiabiertos. Pero hasta allí llega su responsabilidad, este es el límite de las elecciones, como lo explicamos a continuación. EL DESGASTE DE LA LEGITIMIDAD El desgaste en la opinión sobre la acción gubernamental es connatural al resultado del choque entre las expectativas y la realidad. Sin embargo, es en el tratamiento de los principales problemas de sociedad y de los conflictos que provoca, que la legitimidad se debilita o se afirma. La legitimidad es el crédito inmaterial que la sociedad otorga mayoritariamente a la autoridad y a las instituciones bajo formas de tolerancia, aceptación y confianza. Sin ella, la legalidad solo tiene el recurso de la fuerza o se fundamenta en la apatía y la desmovilización social. Se podría decir que la legitimidad tiene una capa muy volátil, que es la opinión sobre la acción


ANÁLISIS del gobierno; y una segunda más densa, donde cristaliza el nivel de tolerancia y aceptación de los fundamentos de la autoridad, de la institucionalidad y de los partidos políticos que la animan. Cuando esta se debilita o se quiebra, y activa movimientos de rechazo, ronda la crisis del régimen político. Si se considera la capa más volátil, la opinión sobre la acción del gobierno y del presidente en particular, y la capa más densa, la tolerancia y aceptación de la institucionalidad y los partidos, la distancia es evidente y pocos los interesados en explicarlo. Los presidentes pueden estar arriba o abajo en la opinión, pero están sentados en una frágil rama de aceptación. El promedio de confianza en los partidos América Latina no supera el 20%, y en relación a la justicia no supera el 22%, los parlamentos no superan el 29% y, ¡peligrosa sorpresa!, las fuerzas armadas se elevan al 51%. Es conocido que la opinión en relación con el presidente es independiente del vínculo con el partido de origen y las instituciones; pero, en caso que la conflictividad y la movilización social las fusionen, es todo el andamio político el que se tambalea. Felizmente para los interesados en el statu quo, esto no ocurre todos los días. Sin embargo, de manera preventiva, esta fragilidad estructural ha inducido a una concepción muy conservadora de la relación de los gobiernos con los problemas de la sociedad, en particular del reconocimiento del disenso y del conflicto. Esto es lo que ha desvalorizado las instituciones.

UNA FORMA OBSOLETA DE GOBERNAR En América Latina, pese a las enormes contradicciones sociales acumuladas, la ola democrática tuvo bajas capacidades de reconocimiento del conflicto y de negociación, demostrando una forma de gobernar poco democrática. Falsamente se introdujo un criterio de estabilidad a toda costa como fundamento de la democracia y una negación de los conflictos y de los problemas que manifestaba. Ello, también falsamente, pretendía demostrar la vitalidad de la democracia en América Latina, cuando en realidad demostraba su debilidad y su falta de madurez. La construcción de este laborioso sofisma generó a su vez una distancia entre el discurso y la realidad y un aumento de la frustración social con la democracia, los partidos y las formas de gobernar. Las mediaciones partidarias y la interlocución entre actores e instituciones se debilitaron tanto, que las diferencias y el conflicto dejaron de tener vías para expresarse. El concepto de democracia estable sobre la base de la sumisión de las diferencias se impuso, en lugar de la democracia deliberativa y del disenso. La evidencia de los últimos quince años muestra que toda América Latina ha tenido una extraordinaria conflictividad. Frente a esto, el creciente rezago de las formas de gobernar y de sus recursos políticos es cada vez más flagrante. No es cierto que la democracia es solo estabilidad; esta se logra si se resuelven los problemas y se negocian los conflictos. Lo rescatable hasta ahora es que, pese a la caída de gobiernos y la intensidad de las crisis, no se han producido regresiones dictatoriales.

Lo que plantean cada vez más los conflictos no son sólo las reivindicaciones, sino que cuestionan las decisiones, quiénes las toman y cómo se toman. El proceso de gobernar se ha convertido en una preocupación ciudadana y de los movimientos sociales. La triangulación exclusiva entre ejecutivo, parlamento y partidos políticos como eje único de gobierno, es cada vez más obsoleta e ineficaz. Es evidente que los gobiernos han perdido capacidad de gobernar procesos más complejos y diversos que en el pasado, y de relacionarse con identidades sociales más diversas. De Chile a México, las democracias latinoamericanas se han gobernado muy poco democráticamente, desde el punto de vista de este análisis. Sobre todo han sido muy conservadoras en concebir formas de gobierno abiertas. De esta manera, los problemas se acumulan y se revelan sólo cuando explotan, dejando al conflicto toda la carga demostrativa de lo que no va bien y muy poco a la responsabilidad política de las formas de gobernar para asumirlo. La razón de fondo es que se privilegia el statu quo del poder contra una sociedad más abierta y contractual. El statu quo del poder es la esencia de la estabilidad política, pero si este es rígido, corrupto y excluyente, tarde o temprano la estabilidad estará amenazada o habrá que defenderla por medios autoritarios. Por ello, el posicionamiento con relación al statu quo y con relación a una sociedad abierta y contractual, debería ser una diferencia importante entre partidos e ideologías políticas, entre derecha e izquierda y entre actores sociales.

33 agosto 2009


ANÁLISIS En América Latina se requiere con urgencia plantear las formas de gobernar desde una nueva perspectiva. En el fondo está el problema de cómo se responde a la demanda social y cómo se generan

políticas públicas. Los conflictos en una sociedad revelan crudamente cómo se tratan los problemas, las diferencias y las asimetrías de poder entre los grupos sociales, las relaciones entre el gobierno y la

sociedad, dos factores claves en las formas de gobernar. Managua, 10 de julio de 2009

% de Aprobación

% de confianza en partidos políticos (2007)

País

Presidente

Mes de la encuesta en 2008

Colombia

A. Uribe

Marzo

84

18

El Salvador

A. Saca

Mayo

55

30

Bolivia

E. Morales

Mayo

55

14

Brasil

Lula da Silva

Marzo

55

16

Venezuela

H. Chávez

Abril

54

36

Ecuador

R. Correa

Junio

53

8

Panamá

M. Torrijos

Abril

51

13

Guatemala

A. Colon

Marzo

49

24

Uruguay

T. Vázquez

Marzo

45

34

Costa Rica

O. Arias

Abril

44

15

Chile

M. Bachelet

Junio

44

20

Honduras

M. Zelaya

Febrero

44

23

Perú

A. García

Junio

32

14

Argentina

C. Fernández

Mayo

36

14

Nicaragua

D. Ortega

Febrero

21

23

Paraguay

N. Duarte

Marzo

5

12

Fuente: Informe Mitofsky México y Latinobarómetro.

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DEBATE

Cuatro partidos, un golpe y un decálogo FERNANDO MIRES*

Lo sucedido el 28 de junio en Honduras ha reavivado el debate sobre la democracia y el poder en América Latina. Habrá que escuchar y valorar esta multiplicidad de voces, de dentro y de fuera, si se quiere avanzar hacia un destino común como nación, y si no queremos seguir tropezando con la misma piedra.

L

os acontecimientos históricos tienen la particularidad de alinear en torno de ellos opiniones y puntos de vista que, antes de que emerjan de modo manifiesto, se encuentran en estado latente. Así ha sucedido con el golpe que el día 28 de junio de 2009 tuvo lugar en Honduras y con los hechos que le siguieron. Tanto en los medios políticos como intelectuales ha tenido lugar, frente a ese inesperado hecho, un más que interesante debate; muy importante a mi juicio, sobre todo si se tiene en cuenta que la polémica no es una de las distinciones principales de la cultura política latinoamericana. A partir de este debate será quizás posible que surjan nuevos posicionamientos, nuevas percepciones y nuevas formas de enfocar los temas políticos de nuestro tiempo. No está mal: por discutir nadie se ha muerto. Más que analizar los acontecimientos hondureños “en sí”, dedicaré las líneas de este trabajo a analizar las diversas posiciones (a las que llamaré “partidos”) surgidas alrededor de ese golpe que más bien fue un “golpe de gobierno”, pues todas las demás instituciones del Estado se conservaron intactas. De un golpe que, a diferencia de muchos que han ocurrido en el continente, no surgió una dictadura ni una junta militar sino un gobierno interino que no sólo muestra su disposición a la negociación y al compromiso sino, además, asegura que abandonará ese lugar de acuerdo a la agenda pre*

Fernando Mires (Chile, 1943), es doctor en Ciencias Económicas y Sociales, profesor catedrático de la Universidad de Oldenburg, Alemania, y autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales.

vista antes del golpe. Eso quiere decir que si el golpe en su ejecución fue muy tradicional, el escenario político después del golpe es un hecho inédito y por lo tanto invita a prestarle toda la atención posible. En torno al golpe de gobierno ocurrido en Honduras creo percibir que se han formado cuatro “partidos” muy definidos. Ellos son a mi juicio: a) el partido “albista”; b) el partido golpista; c) el partido moralista, y d) el partido del realismo político del cual me declaro, para que no quepan dudas, como un activo y disciplinado militante. Al final de mi trabajo he introducido una suerte de decálogo político. Se trata más bien de los presupuestos que explican o dan sentido a mis argumentos, tanto en éste como en otros trabajos. Recomiendo leerlos al final del texto. Pero también podría ser posible leerlos al comienzo. O incluso, si a alguien no le interesan, no leerlos. En fin, no hay nadie más libre que un lector. EL PARTIDO ALBISTA Es imposible entender la posición del “albismo” frente al caso Honduras sin entender lo que es el ALBA. Surgida como un organismo de cooperación comercial entre Venezuela, Bolivia y Cuba, ha pasado a convertirse en una suerte de internacional latinoamericana del castro-chavismo, cuyo objetivo central es expandir el llamado socialismo del siglo XXI, rimbombante slogan sin estatuto teórico pero, por eso mismo, altamente receptivo. Como he intentado destacar en otra ocasión, la estructura del ALBA semeja una fotocopia borrosa 35 agosto 2009


DEBATE y en tamaño muy reducido de lo que fue una vez el imperio soviético. En su núcleo encontramos el eje La Habana-Caracas, dentro del cual La Habana es su canal ideológico y Caracas su canal económico y militar. Enseguida tenemos a países satélites como Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Luego vienen las zonas de influencia que abarcan hasta los países clientes. A partir de ahí el ALBA establece ramificaciones interregionales, aun en naciones que no forman parte de su esfera, a través de vínculos que se extienden a organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, las casas del ALBA en Perú), a partidos políticos afines al castro-chavismo, a organizaciones terroristas como las FARC e incluso a casas editoriales y universidades. Desde esa perspectiva resulta comprensible que quienes más han sido afectados por el golpe de junio en Honduras son los líderes máximos del ALBA: Fidel Castro y Hugo Chávez. Castro y Chávez han perdido, en efecto, una pieza geoestratégica clave en el espacio centroamericano. Y si se tienen en cuenta los problemas de legitimación que afectan al gobierno de Nicaragua, la pérdida de una ficha —que eso y no más es para ellos Honduras—, resulta aún más dolorosa. En cierto sentido, la ideología del ALBA es, como destaca el escritor chileno Jorge Edwards, una “rémora de la Guerra Fría” (La Segunda, 24 de julio de 2009). Efectivamente: el rasgo esencial de los gobiernos albistas es su declarada enemistad en contra de los EE UU al que denominan unas veces “imperio” y otras veces “imperialismo”. Frente a ese enemigo universal todas las alianzas están permitidas, aunque eso lleve a compartir un destino histórico con los gobiernos más macabros de la tierra (Bielorrusia, Zimbabwe, Irán, entre otros). Pese a ser una rémora de la Guerra Fría, el ALBA ha alcanzado, para decirlo en los términos de Niklas Luhmann, una suerte de “dinámica autorreferencial” o, dicho más en castizo: algo que se ha autonomizado de sus causas originarias. Dejaré para otra ocasión un análisis pormenorizado de esa unidad micro-imperial que es ALBA. Cabe sólo destacar que si bien hay diferencias entre los regímenes políticos que la conforman, hay al mismo tiempo semejanzas. Entre otras podemos mencionar el hecho de que ALBA ha enclavado preferentemente en países de economías desintegradas y con débiles estructuras políticas, propensos a irrupciones populistas, a histerias colectivas, y a la emergencia de caudillos presidencialistas con delirios de omnipotencia. En todos esos países 36 envío

tiene lugar un desmantelamiento de las instituciones públicas, la concentración estatal del aparato productivo, la manipulación de las elecciones como medio de acumulación del poder, las violaciones constitucionales (entre otras), y sobre todo, la realización de “golpes desde el Estado” dirigidos a destruir los reductos de la oposición. En fin, todo aquello que ocurrió en Venezuela y que ya estaba ocurriendo durante el gobierno de Manuel Zelaya en Honduras. El golpe de gobierno en Honduras fue una respuesta al “golpe desde el Estado” que, sin atender a la correlación nacional de fuerzas (los poderes legislativo y judicial, el ejército, las dos iglesias cristianas, y la mayoría de la población activa), intentó llevar a cabo Zelaya a través de la introducción forzada de la ominosa “cuarta urna” (que fue su urna). Para que se entienda mejor: el golpe de Estado es una transacción al contado; el golpe desde el Estado se paga a crédito. El problema es que Zelaya no tenía fondos políticos para realizar ni lo uno ni lo otro. No obstante, después del golpe de gobierno que llevó al poder a Roberto Micheletti, el partido albista quedó muy bien posicionado para realizar una política de contraataque, y nada menos que en el lugar que menos le corresponde: en el del espacio democrático. La razón fue que los militares hondureños hicieron lo que siempre habían hecho cuando los presidentes se les han atravesado en el camino: lo sacaron a empellones del palacio y pusieron, en su lugar, a otro. En ese momento protestamos casi todos, y con razón. La verdad es que creíamos que ese tipo de golpes tan feos ya no eran posibles. Los golpistas de hoy día son, en cambio, más finos. Chávez, por ejemplo, se hace elegir por medio de elecciones aplicando los medios más ilícitos, y así gana. Luego, desde el gobierno devora el poder poco a poco, como quien corta en lonjas un trozo de tocino. El tosco general Romeo Vásquez en cambio, no gozó siquiera del poder: los militares delegaron el gobierno a un civil para que restaurara las instituciones democráticas amenazadas por la alternativa reeleccionista que está tan de moda y luego se retiraron, felices de la vida, a sus cuarteles. Y todavía no entienden por qué casi todo el mundo los condena. La verdad es que ese mundo tan bienpensante no critica tanto el golpe como su forma. Digámoslo así: a los golpistas de Tegucigalpa les faltó sentido estético.


DEBATE Chávez, Morales, Ortega, en cambio, poseen una refinada estética golpista. Es la estética de la revolución de la “multitude” (como dicen los sociólogos cursis de hoy día), de las masas uniformadas, de los himnos marciales, del mito histórico, del pueblo unido jamás será vencido, del pasado indígena, del imperio inca, del socialismo nativo, bolivariano, sandinista, martiano, marxista, marciano, cristiano, cualquiera cosa señor: póngale usté. Los militares hondureños, qué duda cabe, dominaban la “técnica del golpe de Estado”. Los golpistas del ALBA, en cambio, dominan el “arte del golpe de Estado”. La diferencia entre técnica y arte la conoce muy bien el gran pintor venezolano de nuestro tiempo: “Cuando Picasso está pintando Guernica no debe ser sustituido”, dijo una vez Chávez, abogando por su utopía de la infinita reelección. La destrucción de Guernica debe ser llevada a cabo hasta el final en medio de vítores y aplausos frenéticos de la “multitud cósmica” que lo rodea. De ahí que frente al golpe hondureño hasta los gatos se sintieron, de un día a otro, democráticos. Por supuesto, es más fácil imaginar a Madonna de novicia que a Daniel Ortega o a Raúl Castro luchando a favor de la democracia representativa. Pero así estaban las cosas a mediados del mes de julio de 2009. Sólo faltó que el Mono Jojoi, desde algún video selvático, nos diera lecciones democráticas. Y no habría sido extraño: el arte del neo-golpismo latinoamericano es definitivamente surrealista. No obstante, pasaría poco tiempo para que el partido albista mostrara su definitivo rostro. Ello ocurrió cuando EE UU no sólo no reconoció al nuevo gobierno hondureño sino que pidió por el regreso del destituido presidente. Más aún: EE UU favoreció la mediación del presidente Oscar Arias, arrancando así a Honduras de las garras de la OEA, organización que ha sido prácticamente secuestrada por el ALBA. Castro y Chávez percibieron entonces que no sólo habían perdido una ficha en el tablero internacional, sino que estaban a punto de perder la perla más preciada del discurso albista: la perla radiante del antiimperialismo. No fue casualidad, por tanto, que el más inteligente (o el único inteligente) director del ALBA, que es Fidel Castro, reaccionara de inmediato atacando brutalmente a Arias, negando radicalmente toda posibilidad de negociación e induciendo a sus aliados a arrebatar

la presa al enemigo imperial. Y es aquí, justo en este punto, donde se muestra el carácter más retrógrado y anquilosado del partido albista. La táctica utilizada por el viejo Fidel fue la misma que dio éxito al joven Castro durante la lucha contra Batista, táctica que después fue esquematizada por Regis Debray y su legendario “Revolución en la revolución”. Fue esa la misma que fracasó estrepitosamente en Bolivia; la misma que llevó a la derrota a tantos movimientos armados y desarmados de los años sesenta. Esa es la táctica del foco insurreccional, sacada hoy del baúl de los recuerdos más polvorientos del mito revolucionario del siglo XX para ser aplicada en esa, como dice Jorge Edwards, “guerra fría reinventada”. Y a la ejecución de esa táctica, cuyas páginas están llenas de polillas y pulgas, se prestó Manuel Zelaya. ¿En qué consiste esa táctica? se preguntarán sin dudas los lectores más jóvenes. La respuesta es muy fácil, pues hasta los más tontos la entienden (de ahí su éxito). Tú vas a un determinado lugar geográfico como Cristo a Samaria (perdón) con un grupo de apóstoles escogidos. Desde ahí te declaras en rebelión (foco) llamas a la insurgencia total, y las multitudes revolucionadas se levantarán, no para avanzar a Jerusalén, sino para crear uno, dos, tres Vietnams. Luego, ese foco luminoso de la vanguardia autoelegida iluminará desde las alturas más elevadas a las pervertidas ciudades donde llegarán las multitudes insurgentes con sus clamores de hambre y fuego a ocupar el palacio de gobierno y, desde ahí, se harán del poder hasta el fin de la eternidad para redimir a los humanos y reemplazarlos por el Hombre Nuevo, hecho a imagen y semejanza de quien ocupa el poder de turno. Para echar a andar esa táctica se requiere, por lo tanto, de un grupo no muy numeroso de chiflados con predisposiciones suicidas, de un líder absolutamente enloquecido (en este caso Zelaya) y, sobre todo, dinero. En este punto habría que recordar la mil veces citada frase de Marx relativa a que la historia se repite: una vez como tragedia y otra como farsa. En lugar de eso citaré el párrafo completo ya que su sentido es plenamente analógico con la farsa que, a instancias del ALBA, puso en acción Manuel Zelaya en El Ocotal, en los límites que separan a Nicaragua de Honduras. El párrafo de Marx dice así: Hegel observó alguna vez, que todos los grandes hechos de la historia universal y las personas se repiten. Olvidó 37 agosto 2009


DEBATE agregar que una vez como tragedia y otra vez como farsa. Causiddière por Danton, Louis Blanc por Robespierre, el Montagne de 1848-1851 por el Montagne de 1793-1795, el sobrino [Napoleón III] por el tío [Napoleón] Y la misma caricatura en las condiciones en las cuales ha tenido lugar la segunda edición del 18 de Brumario (Marx Engels Werke, tomo 8, Berlín Oriental 1975, p. 115).

Ahora bien, en el 18 de Brumario de Manuel Zelaya también se repiten personajes de los años sesenta, pero como caricaturas de sí mismas. Véase: Micheletti por Batista, Chávez por Castro, Zelaya por Che Guevara. Hugo Chávez, el Castro del siglo XXI, vencedor de mil batallas que nunca se dieron ni se darán, el héroe del Museo Militar (así como Castro lo fue del Moncada) intenta emular la gesta de su mentor y envía al hombre del sombrero (quien más se parece a Jorge Negrete que al Che) en lugar del hombre de la boina, pero no a la quebrada del Yuyo donde fue a pelear el Che, sino a la pacífica localidad de Las Manos y junto a él, el guerrillero heroico alias ministro del exterior de Venezuela: Nicolás Maduro, digno chofer del jeep de Zelaya. Al igual que el trágico Che, Zelaya padece de un incontrolado “complejo de divinidad” (Alfred Adler) e imagina que su sola presencia en los límites bastará para que las multitudes revolucionarias no sólo de Honduras, sino de toda América Latina, se levanten como un solo hombre, dispuestas a inmolarse por el caudillo redentor que las conducirá a bañarse en los mares de la felicidad socialista. Y como el Gramma terrestre de Zelaya y Maduro, al igual que el marítimo de Castro y del Che, no dio resultados, la mayoría de los hondureños zelayistas decidieron que no vale la pena preocuparse tanto por un presidente que ya no lo es, y comienzan a volver a sus labores; a comer pupusas y nacatamales, o a beber el buen ron de caña que tanto abunda en el país, para al fin despertar bebiendo ese café de Olancho que vuelve fuertes a los más débiles y valientes a los más cobardes. Pero el combatiente heroico que es Zelaya, no cejará; irá a las montañas, él lo ha anunciado, y desde ahí seguirá combatiendo por la libertad. Ojalá, pienso yo, que el aire de las alturas le haga bien y vuelva de una vez por todas al lugar de donde nunca debió haber salido: a su Partido Liberal, a pelear verbalmente contra el Partido Nacional, y a ganar o perder elecciones, como corresponde a cualquier político de profesión, que eso y no más es Zelaya, y no como lo convencieron sus protectores cubanos y venezolanos, un Mesías que baja a la tierra en gloria y majestad. 38 envío

EL PARTIDO GOLPISTA Si es verdad que en América Latina hay una (mini) Guerra Fría reinventada, como postula Jorge Edwards, hay que tomar en cuenta que como también ocurre en el amor, para que funcione una guerra, fría o caliente, se necesitan por lo menos dos. Los actores principales de esa farsa que es la nueva guerra fría latinoamericana son, como hemos dicho, Castro y Chávez. Uno es el ideólogo, el otro el ejecutor. Castro, programado por su propia historia no puede pensar de otro modo que no sea en términos bipolares. Chávez, a su vez, está poseído por la ideología de su mentor hasta el punto que aparece como ejecutor del proyecto que dejó pendiente el primero: el de la revolución socialista continental. Antes de que se muera el padre, ha recibido ya un testamento. Ahora bien, las obsesiones del primero como las alucinaciones del segundo, han terminado por reactivar el polo contrario: el de la derecha golpista, aquella misma que hizo en el pasado del anticomunismo no una postura política sino que, casi, una religión. El golpe de gobierno de Honduras ha tenido la rara virtud de dinamizar ambos polos, mostrando claramente que tanto el uno como el otro pertenecen a una sola unidad: la de la barbarie latinoamericana, entendida ésta no como ausencia de civilización, sino como ausencia de democracia. Eso es lo que los dialécticos llaman: unidad de los contrarios. A Hannah Arendt corresponde el mérito de haber analizado al estalinismo y al fascismo como dos partes contrarias de una sola unidad. Esa unidad era, para ella, el totalitarismo. Tanto el uno y el otro fueron vistas por la filósofa política como “revoluciones reaccionarias” frente a la ilustración, la democracia liberal y el ejercicio libre de las ideas, en fin, como una “contra-revolución” frente al avance de la modernidad política. En la Guerra Fría “reinventada” que asola a Latinoamérica, otra pareja siniestra ha tomado también formas polares, y si recurrimos a usos tipológicos, tendríamos que convenir que en su expresión más pura esos polos unitarios no son el estalinismo y el fascismo, como ocurrió en la vieja Europa, sino sus versiones criollas: el pinochetismo y el castrismo. Así como historiadores actuales han encontrado que entre Stalin y Hitler hay muchas similitudes de carácter, Chávez pareciera reencarnar, en la repetición farsesca de la historia trágica que estamos presenciando, la síntesis perfecta entre Pinochet y Castro: un


DEBATE verdadero clon histórico. Con Pinochet (así como con otros dictadores latinoamericanos de menor cuantía) comparte un instinto de poder y una astucia sin límites; casi animal. El lenguaje cuartelero, chabacano, procaz y hampón es, en ambos personajes, el mismo. De Castro, a su vez, ha recibido las obsesiones, el gigantismo, la omnipotencia, en fin, la locura ideológica. Y de los dos, le viene un acendrado militarismo, aquel mismo que mediante una inversión del postulado de Clausewitz considera que la política no es más que la continuación de la guerra por otros medios. Ya llegará el día en que los historiadores latinoamericanos habrán de convenir en que esos dos fenómenos, los pinochetismos y los castrismos, no pueden ser estudiados de manera independiente el uno con respecto al otro. En cierta medida, el pinochetismo, en la no tan divina comedia latinoamericana, fue la reacción más virulenta en contra del castrismo que penetraba a la izquierda chilena. A su vez, el castrismo ha encontrado en la existencia real o potencial del pinochetismo, una justificación histórica, del mismo modo como en Europa el pretexto del anti-fascismo sirvió a los comunistas para cometer los peores crímenes que uno pueda imaginar. Castrismo y pinochetismo son, efectivamente, las dos cabezas latinoamericanas de la legendaria hidra de Lerna. Una cabeza muerde a la otra, pero no pueden devorarse porque al fin y al cabo pertenecen ambas al mismo cuerpo: al de la barbarie como sistema. Así como Peter Schloterdijk escribió en su libro Zorn und Zeit (La Ira y el Tiempo) que el fascismo era “socialismo sin proletariado”, podría deducirse, en el mismo sentido, que el castrismo es “pinochetismo sin empresariado”. Ahora bien, ¿cómo se ha manifestado frente a Honduras la versión golpista de la derecha latinoamericana? Quien haya venido siguiendo con cierta atención los acontecimientos que siguieron al golpe, puede darse cuenta de que esa derecha ha reaccionado, sobre todo en Venezuela, de la misma forma como ha reaccionado siempre frente a todo golpe de derecha. Y, por cierto, de tres modos: a) negando el hecho del golpe mediante utilización de trucos semánticos; b) confundiendo legalidad con legitimidad; y, c) justificando los medios por los fines o lo que es igual: legitimando al golpismo como medio de acción política. De acuerdo a la primera reacción, algunos publicistas de derecha hicieron suya la primera versión del gobierno de Micheletti relativa a que el golpe no fue

un golpe sino una simple destitución constitucional. Que fue una destitución no lo niega nadie, pero que esa destitución tomó la forma de un golpe, es también innegable. No puedo en este punto sino recordar los primeros días después del golpe en Chile, cuando los voceros de la Junta prohibieron que se hablara de un golpe, debiendo decirse en su lugar: “pronunciamiento”. La verdad de las cosas es que jamás ningún golpista ha dicho que ha llevado a cabo un golpe. Pero si sacar a un presidente de su cama por muy auto-golpista que sea, y Zelaya lo era, y arrojarlo como un bulto en cualquier avión no es un golpe, quiere decir que ni en Honduras ni en ninguna otra parte ha habido un golpe; ni de gobierno ni de Estado. Otro truco semántico de la derecha golpista ha sido presentar al golpe como resultado del derecho a la rebelión de los pueblos. Quienes así han hablado o escrito han confundido intencionalmente el hecho del golpe con sus consecuencias. El golpe, y hay que decirlo con todas sus letras, no fue producto de ninguna rebelión popular sino de una conspiración palaciega. Cierto es que Zelaya había bajado notablemente su popularidad, pero eso no había llevado todavía a ninguna insurrección popular. Ahora, que parte del pueblo hondureño, frente a las injerencias, insultos y amenazas del chavismo y sus albistas, haya reaccionado masivamente por medio de pacíficas demostraciones, tampoco puede negarse. Pero esa fue una reacción post-golpe. Hay en Honduras, por tanto, dos movimientos populares: el del clientelismo de Estado que construyó Zelaya, y el civil democrático que surgió después del golpe en contra del regreso del “chavismo melista” a la nación. El pueblo está desunido y, por eso mismo, no puede ser vencido. El segundo recurso de la derecha golpista, tanto hondureña como latinoamericana, ha sido la casi inevitable confusión entre legalidad e ilegitimidad. Las diferencias son bien conocidas: si bien no todo lo legítimo es legal, no todo lo legal es legítimo. En cualquier caso, una acción política, un golpe también, siempre será legítima para sus partidarios e ilegítima para sus contrarios. Pero un golpe no es legal, porque créanme, hasta ahora no conozco ninguna Constitución del mundo que consagre el golpe de Estado como medio de recambio gubernamental. Por supuesto, puede alegarse que el ejército actuó de acuerdo a una orden judicial. Mas, la destitución, si es un acto judicial, debe llevarse a cabo en una corte judicial. Y si es político, debe ser llevado en el Parlamento. Zelaya tenía un mínimo dere39 agosto 2009


DEBATE cho a defenderse jurídica o políticamente. Ese derecho le fue negado. Que le hubiera sido negado por razones de conveniencia práctica, ese es otro tema, y ese tema no puede ser tratado judicialmente. Más político habría sido que Micheletti hubiera dicho: “Hemos quebrado la legalidad vigente, y estamos dispuestos a afrontar las consecuencias frente al mundo. Pero lo hemos hecho porque en un determinado momento lo que hicimos era la única posibilidad de evitar un mal peor: una dictadura”. No con esas palabras, pero diciendo lo mismo, habló el Cardenal Oscar Rodríguez, la voz más respetada de la nación. Más sincero aún que el Cardenal fue el coronel Herberth Bayardo Inostroza: “Cometimos un delito al sacar a Zelaya. Pero había que hacerlo”. Pero Micheletti es un político y los políticos no están comprometidos con la verdad. Mucho menos lo está la ultraderecha continental, cómplice de tantas violaciones a la ley, a la moral e, incluso, a la razón. Más honestas, y este es el tercer punto, han sido aquellas justificaciones golpistas que no recurren a ningún tapujo moral ni leguleyo. Hay algunos comentadores que incluso han argumentado que frente al peligro comunista, representado en este caso por Chávez y el ALBA, todos los medios de lucha son válidos. Así, para ellos, no es necesario usar ninguna artimaña legalista. Para ellos se trata de una lucha de vida o muerte, lucha que debe ser llevada hasta sus máximos extremos. Fue en las mismas páginas de la revista Analítica donde leí que un politólogo de la derecha golpista escribía dando gracias a Chávez por haber puesto claridad en los términos de la lucha. La razón era que Chávez, por su ningún respeto a las formas y a las normas, ha despojado al enfrentamiento político de todas las hipocresías que acompañan a una práctica política normal. En cierto modo, según la posición del articulista, Chávez ha simplificado las cosas. O se está en contra o a favor del chavismo; no hay términos medios. Y si pensamos que el “melismo” no es más que una exportación chavista en tierra hondureña, la postura del autor mencionado no carece de cierta lógica. En un sentido que algo tiene que ver con la teoría política de Carl Schmitt, Chávez, sin haber leído a Schmitt, ha llevado a la política a una situación radicalmente antagónica, a una donde no hay más adversarios sino sólo enemigos, a aquel lugar donde tú sólo puedes vencer o ser derrotado. Hay efectivamente momentos en los cuales los espacios que separan a la política de la guerra son mí40 envío

nimos, y en donde no nos queda más alternativa que ganar o perder. Y que Chávez encamina a Venezuela hacia ese momento, ya no me caben dudas. Chávez, frente a sus enemigos se ha despojado, efectivamente, de toda hipocresía. Él mismo dice en sus discursos que su objetivo es “pulverizar a la oposición”; y creo que lo dice en serio. El problema es que esa hipocresía a la que renuncia Chávez tiene en el lenguaje político otro nombre: ese nombre es, democracia. O digámoslo así: sin un mínimo de hipocresía, ni la democracia ni la vida social funcionan. Porque la democracia no es la política “en sí” sino sólo una forma en occidente, la preferida de la política. La democracia es y será siempre formal. Chávez no cuida las formas y Micheletti tampoco las respetó cuando expulsó a Zelaya del gobierno debido a que el presidente tampoco respetaba las formas. Los tres, cada uno de un modo distinto, han reducido la política a una “cosa” informal. Puede haber, por cierto, política sin democracia, pero democracia sin política no puede haber. La democracia es una forma de limitación de la política basada en la común aceptación de determinadas reglas que no sólo protegen a la política de sus enemigos, principalmente militares, sino que, además, protegen a la política de un exceso de política. Un mundo donde todo es política o donde la política es todo, es definitivamente un mundo anti-político. Cuando la política cubre todo el espacio público, cuando las leyes ya no tienen más valor, cuando las formas mínimas de convivencia ya no se respetan, la política termina por destruirse a sí misma. Ha llegado entonces la noche del terror. En fin, la política puede destruir a la política cuando no tiene formas que la protejan de nosotros, o lo que es igual: de nuestra inmensa capacidad de odio y destrucción. ¿Qué puede extrañar entonces que en contra de la amenaza del totalitarismo castrista que representa Chávez en su país, los golpistas de derecha, al justificar el golpe de gobierno en Honduras, terminen alabando a Pinochet por haber salvado a Chile del comunismo? El autor a quien ya me referí, escribió por ejemplo, lo siguiente: «Vargas Llosa afirmó recientemente en un artículo “la interrupción de la democracia por una acción militar no es justificable en ningún caso” ¿Cómo juzgar entonces el caso chileno de 1973? ¿Se salvó o no Chile del comunismo en esa oportunidad? ¿Es que acaso podía esperarse otra cosa del Chile de Allende? ¿Era preferible aceptar que Allende prosiguiese su pesadilla hasta que no fuese posible dar marcha atrás?»


DEBATE En otras palabras, dicho autor, al aceptar “la lógica de la hidra”, capitula definitivamente frente a Chávez. Como en el caso de la gran novela de Orwell, termina identificándose con el agresor, aun antes de luchar contra él. El proceso de deshumanización de la política alcanza así su momento culminante, aquel que llevará en un determinado momento a decir: “el enemigo soy yo”. Porque convengamos: Pinochet no sólo fue quien “salvó” a su patria del comunismo, del mismo modo que tampoco Castro es sólo quien “salvó” a su patria del capitalismo. Pinochet y Castro significan mucho más que esas supuestas “salvaciones”. Pinochet representa largos años de torturas, de miembros humanos destrozados meticulosamente, de cuerpos arrojados al mar desde helicópteros, de cadáveres que flotan en los ríos, de seres que desaparecieron para siempre sin que nadie sepa todavía donde yacen sus cuerpos, de mujeres violadas por la sádica soldadesca, en fin, el terror asesino del odio militar a todo lo que parezca civilidad, democracia, cultura o política. Castro a su vez, significa paredón, fusilamientos en masas, incluso de quienes fueron sus propios aliados, mazmorras nauseabundas donde todavía se arrastran quienes fueron alguna vez disidentes y contestatarios. Significa cientos de náufragos ahogándose sin que nadie les tienda una mano. Y por si fuera poco, significa miseria social, embrutecimiento ideológico, pauperismo, hambre. Por último, significa entrega total de una nación el imperialismo más cruel de la historia universal: el soviético. Los dos jerarcas, por cierto, ostentan trofeos de combate. Uno eliminó la inflación, diversificó las exportaciones y pacificó las calles. El otro disminuyó el analfabetismo, creó un sistema de salud pública aceptable, y mantuvo abierto el Tropicana para los turistas europeos. Pero ¿qué es eso comparado con tanta maldad, con tanto fanatismo, con tanto crimen cometido? En cualquier caso, convengamos: ni Micheletti es Pinochet ni Zelaya es Allende. Si dejamos claro este punto tan obvio, podemos entonces seguir conversando. EL PARTIDO DE LOS MORALISTAS Ni Micheletti es Pinochet ni Zelaya es Allende. Vale la pena hacer esta diferencia tan elemental. Si comparamos a Micheletti con Pinochet (como hizo el politólogo de derecha) hacemos un favor a la figura de Pinochet. Y si comparamos a Zelaya con Allende (como

hizo Fidel Castro) insultamos la memoria de Allende. La diferencia, además, hay que hacerla si se toma en cuenta el hecho de que frente al golpe de gobierno de Honduras ha surgido con fuerza una posición que, en aras de la proclamación de principios morales, termina por negar toda diferencia entre éste y otros golpes; problema grave, pues sin diferencias no hay política. Bajo la premisa, “un golpe es un golpe y nada más”, la posición moralista no acepta reconocer las particularidades ni mucho menos las condiciones históricas que dieron origen al golpe de Honduras. Pocas veces, en verdad, un golpe de gobierno o Estado ha sido criticado con tanta unanimidad como ha ocurrido con el hondureño. Las razones son evidentes, pero también ambivalentes. Por cierto, hay que saludar el hecho de que en América Latina, continente testigo de tantos y tantos golpes de Estado, cada uno más sanguinario que el otro, haya por fin aparecido una suerte de sensibilidad refractaria a continuar esa más que terrible historia. De acuerdo a esa “nueva sensibilidad”, algunos gobernantes han querido sentar un precedente que se expresa en el lema “nunca más volverá a ocurrir lo que ocurrió”. Bajo ese lema se quiere significar, a su vez, que América Latina ha entrado, por fin, a la órbita de las naciones democráticamente organizadas. En ese sentido, el antiestético golpe de Honduras sería una mancha que ensucia la nueva hoja de vida del continente. Ese fue, por cierto, el principal error de los golpistas de Honduras: no haber captado el nuevo espíritu del tiempo lo que, desde el punto de vista político, es un error inaceptable. El golpe de Honduras fue condenado y sentenciado el mismo día que ocurrió. La reacción fue espontánea y trascendió más allá del continente. La mayoría de las naciones de la Tierra, aun aquellas cuyos gobiernos no son precisamente un ejemplo de democracia, se apresuraron a emitir su posición de radical rechazo al golpe. Gracias a Honduras —una nación que sólo figuraba en los periódicos por sus altos índices de pobreza—, el mundo pareció vivir, aunque sólo fuera por un momento, una verdadera fiesta de democracia. No sé si Corea del Norte condenó a Micheletti, pero sí lo hizo Cuba, puedo imaginarlo. La paradoja del caso es que de todos los golpes de Estado habidos en el continente (y ha habido tantos) el de Micheletti parece ser, hasta ahora, el menos cruento de todos. La condena universal que se extiende sobre el nuevo gobierno de Honduras fue, repito, un signo de una nueva sensibilidad surgida en América Latina, y 41 agosto 2009


DEBATE cualquier demócrata debe alegrarse de que así sea. No obstante, habiendo ya pasado muchos días después del hecho, ha llegado quizás la hora de entender los antecedentes que llevaron al golpe, lo que no quiere decir justificarlo. Esa tarea es muy importante si se trata de encontrar los dispositivos que puedan llevar a esa nación a encontrar el rumbo que extravió, no sólo en los días del golpe, sino mucho antes de su ejecución: durante el gobierno de Zelaya. Y eso no se puede lograr con simples declaraciones de principios. “Hay que estar en contra de todo golpe, venga de donde venga” es el lema de los moralistas de nuestro tiempo. No obstante, una declaración de principios no puede jamás sustituir a una política inteligente. Los principios, qué duda cabe, son algo muy importante, tanto en la vida política como en la privada. Pero los principios han sido hechos, como la palabra lo dice, para principiar, o sea para comenzar a pensar o actuar. Los moralistas de la política, en cambio, comienzan con los principios y terminan con los principios. Y con eso convierten, quieran o no, cualquier salida política en una imposibilidad porque, entre otras cosas, las soluciones políticas no ocurren de acuerdo a principios sino de acuerdo a compromisos, lo que es algo muy distinto. Los partidarios del moralismo político, entre los que se cuentan algunos gobernantes, son por lo general personas a las cuales el destino de una nación les interesa muy poco. Lo que más interesa a ellos es quedar bien ante la historia dejando testimonio de su virginidad política. Eso significa no arriesgar ninguna opinión peligrosa, nada que los pueda perjudicar o ensuciar; protegerse al máximo de todo lo que tenga que ver con la realidad, de modo que cuando llegue el momento de rendir alguna cuenta, puedan decir: yo ya declaré mis principios. Como escribí en un artículo anterior, los gobiernos de América Latina se dividen en dos grupos: los del ALBA (y sus simpatizantes) y los que “no se meten en política”. Estos últimos se contentan con hacer glamorosas declaraciones de principios. Mientras para la derecha golpista, que hace de las diferencias el principio y el fin de toda política, para los moralistas no existen las diferencias. Ellos se limitan a condenar un hecho histórico de un modo casi notarial. Así, Pinochet y Micheletti deben ser medidos con la misma vara porque, al fin, ambos son golpistas, y el antigolpista condena los golpes por principio, del mismo modo que para el creyente religioso no hay diferencia 42 envío

entre quien ha robado un millón de dólares y quien ha robado un par de centavos. Ambos han pecado; lo que importa es el hecho; no la cantidad. En otros términos: aquello que hacen los moralistas es llevar la lógica de la razón religiosa al espacio político; y eso es lo que nunca se debe hacer con la política sin pagar el precio de negarla en su razón más esencial: la deliberativa. La democracia no es una práctica religiosa ni mucho menos el altar de la moral absoluta. La democracia es, antes que nada, una forma de hacer política a través de medios, valga la tautología, democráticos. Sin moral no hay política; mas, reducir la política al simple cumplimiento de dictados morales es profundamente inmoral. Para poner ejemplos: si sólo dominaran las razones morales, nunca habría podido ser posible la democracia en Chile. Los demócratas chilenos pactaron con el Ejército y eso no los convirtió en pinochetistas. Del mismo modo, los obreros de Solidarnosc, con Walessa a la cabeza, pactaron con el dictador comunista, el general Jaruselski, y eso no convirtió a Solidarnosc ni en comunista ni mucho menos en golpista. Pero, si alguien afirma que es necesario encontrar una salida en Honduras a través y no sólo en contra de Micheletti, los moralistas rasgan sus vestiduras y reaccionan indignados. Tampoco interesa a los moralistas de nuestro tiempo que una democracia pueda ser liquidada sin pasar por el hecho espectacular del golpe de Estado. Esos son “hechos internos” fue la conclusión “genial” del Secretario General de la OEA, como si los golpes fuesen hechos “externos” (¡!). De acuerdo con la lógica del Secretario General de la OEA, Hitler nunca habría podido ser condenado políticamente pues cumplió con todas las normas que exige la democracia representativa. En una escala más baja, Fujimori y Chávez también lo han hecho. Nunca Fujimori dio un golpe de Estado, pero hoy casi nadie se atreve a negar que Fujimori fue un dictador. Chávez fracasó en un golpe de Estado, se convirtió después en candidato, ganó las elecciones, y desde ese momento no ha hecho otra cosa que propinar golpes desde el Estado a una amedrentada nación en donde él hace lo que le da la real gana, apoyado en un ejército que sólo él controla, desconociendo elecciones, encarcelando a sus adversarios, subordinando todos los poderes públicos a su simple voluntad; y hoy, amordazando a la prensa de un modo que habrían envidiado los dictadores más golpistas de la historia latinoamericana.


DEBATE Por lo demás, los moralistas, por lo menos los que yo conozco, no son tan morales como quieren aparecer. Jamás les he escuchado alzar la voz para condenar los crímenes de un Fidel Castro frente a quien, si hubiera que hablar sólo en términos morales, Micheletti es un ángel celestial. Razón de más para pensar que hay una diferencia muy grande entre moralismo y moral. La diferencia fina la hizo Kant en su libro Paz Perpetua, agregando que si la política fuese sólo moralista, viviríamos siempre en un estado de guerra. EL PARTIDO DEL REALISMO POLÍTICO El partido del realismo político se diferencia de los tres anteriormente nombrados en un punto fundamental: carece de ideología. Esa es su principal debilidad. Pero también es su principal fuerza. Las ideologías son medios que sirven para protegernos de los peligros de la vida. En casos extremos, las ideologías nos vuelven inmunes frente a la realidad y esa es su gran ventaja porque —a diferencia de la realidad que está llena de errores, pues en ella actúan esos seres equívocos, erráticos e imprevisibles llamados humanos—, las ideologías jamás se equivocan. “Sólo el error es fuente de verdad” dijo una vez Nietzsche; y parece que tenía razón, porque para pensar hay que corregir y para corregir tiene que haber algún error. Pensar es, en buenas cuentas, corregir. Pensar un hecho histórico de modo realista no significa prescindir de principios ni mucho menos asumir una posición neutral. En ese sentido hay que tener en cuenta que la política, a diferencia de la filosofía, el arte y la religión, es una práctica instrumental; es decir, está sujeta a la lógica medios fines. No puede haber política sin objetivos políticos. Esa es la razón por la cual, en el caso de Honduras, después que el golpe fuera condenado y “re-condenado”, se hacía necesario pensar acerca de las posibilidades de retorno a la democracia y en torno a ese objetivo, quienes pertenecemos al partido del realismo político, hemos ido articulando nuestras opiniones con el fin de encontrar algunas certidumbres. Por de pronto, había que partir de una premisa común y elemental, y esa no puede ser otra que el reconocimiento y análisis de los actores reales y no ilusorios que participan en el juego. Así como nadie elige a sus vecinos, en la política nadie elige a sus actores. Hay que contar con ellos tal como son y no como quisiéramos que fueran. Esos actores se expresan en dos fuerzas

históricas a las que llamaré, provisoriamente, la fuerzas melistas y las fuerzas michelettistas. Dichas fuerzas no son sólo locales. Tienen, además, una expresión internacional. En ese contexto fue importante constatar que mientras el michelettismo es más fuerte localmente, el melismo es, o por lo menos era, más fuerte en la escena internacional. El michelettismo es más fuerte localmente no sólo por el apoyo del ejército, sino por el de los poderes públicos, de las iglesias, de las clases productivas, de los sectores intermedios e incluso, de sectores populares. No obstante el melismo, gracias al clientelismo estatal practicado por el gobierno Zelaya, conserva fuertes posiciones sociales. Esas posiciones se expresan en el llamado “poder ciudadano”, más las organizaciones campesinas y suburbanas articuladas en torno a la figura presidencial, todas muy bien organizadas y, además, con una militante predisposición de lucha. Ahora, desde el punto de vista internacional, el apoyo que recibió originariamente Zelaya fue simplemente portentoso. Desde Cuba, pasando por Venezuela, los países a-políticos de América Latina, más la OEA, la ONU, la Unión Europea y, por si fuera poco, los EE UU, se pronunciaron a favor del regreso de Zelaya al poder. Demasiado para un país tan débil como Honduras y para un gobierno tan precario como el de Micheletti. Inmediatamente después del golpe parecía, efectivamente, que los días de Micheletti en el gobierno estaban contados. Mas, no fue así. Y la razón es muy simple. El enorme apoyo internacional que recibió Zelaya se encuentra muy dividido, y por cierto, no sólo entre bloques que son irreconciliables, sino que, además, se neutralizan entre sí. Esos bloques son, a mi juicio: a) el ALBA, que a través de Chávez ha jugado la carta insurreccional, b) los países que favorecen una salida negociada, particularmente los EEUU, Brasil, quizás Colombia y, c) los países indiferentes. Estos últimos, después que sus gobiernos manifestaron fogosos rechazos al golpe, se desentendieron lo más rápidamente posible del problema, dejándolo en manos de los dos primeros. Para la dirección castro-chavista, jugar la carta insurreccional era de importancia vital. De acuerdo a su estrategia general, Honduras se convertiría en un foco internacional donde sería librada una gran batalla entre el “imperio” y los “ejércitos libertadores” del ALBA. De 43 agosto 2009


DEBATE este modo Chávez pasaría a erigirse como vanguardia continental en la lucha por la liberación de América Latina en contra de las oligarquías y del “imperio”. Una locura dirán muchos. Así es, pero si hablamos de Chávez hay que dejar los patrones de la lógica y de la cordura a un lado. Como escribió Joaquín Villalobos: “Chávez necesita muertos en Honduras”. En otras palabras: si no hubiera sido por la abierta intervención de Chávez en el caso Honduras, éste no habría pasado de ser un conflicto al interior de la clase política hondureña. Uno más de los cientos que ha vivido el país. Chávez y su séquito del ALBA lo convirtieron en un problema internacional de grandes magnitudes. Más todavía: cada vez parece estar más claro que si no hubiera sido por la abierta intervención chavista en el gobierno de Zelaya, el golpe de junio de 2009 nunca habría tenido lugar. El incendio tuvo lugar en Tegucigalpa, pero el incendiario reside en Miraflores. Si Zelaya no se hubiese plegado incondicionalmente a la estrategia chavista, puede que ya hubiese regresado a Honduras, como presidente o no. Hoy, en cambio, aparece ante muchos hondureños ya no más como el gobernante derrocado sino como quien se puso al servicio de la intervención extranjera para invadir a su propio país. Al seguir a Chávez más que a la lógica liberal, que alguna vez tuvo, ha firmado quizás el acta de su propia defunción política. El enorme costo humano que habría implicado la salida insurreccional buscada por Chávez, hizo que rápidamente la balanza internacional fuese inclinándose hacia la posibilidad de una salida negociada. Fue en esos momentos donde surgió la presencia mediadora de una de las figuras más prestigiosas del continente: el presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Ese fue también el momento cuando Zelaya, impulsado por Chávez, dilapidó su enorme capital político internacional, y lo hizo como esos jugadores que en el casino se juegan toda su fortuna de una sola vez. Increíble. En un principio, como es sabido, Zelaya intentó acatar la mediación de Arias, pero rápidamente hubo de constatar que cualquier salida negociada implicaba hacer concesiones que eran inaceptables tanto para él como para Chávez. En efecto, el regreso de Zelaya al gobierno, si era negociado, debía ser condicionado. Y la condición principal era renunciar definitivamente a la ilegal “cuarta urna”, es decir, a la reelección presidencial. En otras palabras, el rol que asigna el Plan Arias a Zelaya 44 envío

es el que corresponde a un presidente democrático, pero ese no era el rol que soñaban Chávez y Zelaya. Bajo las condiciones sugeridas por Arias, Zelaya habría retornado al gobierno por algunos meses a cumplir un rol administrativo que no habría sido otro que organizar las elecciones para el futuro gobierno del cual él no iba a formar parte. Cualquier político avezado lo habría aceptado de inmediato. Zelaya habría quedado así situado en una excelente posición política para después convertirse en el principal líder de oposición al futuro gobierno, cualquiera que hubiera sido. En fin, el Plan Arias, en sus siete puntos es un documento extraordinario; una verdadera joya política de nuestro tiempo. Pero tiene un pequeño problema: fue hecho para seres racionales; y en el caso Honduras están Chávez y Zelaya de por medio. Quizás sabiendo que si Zelaya se hubiese sometido al Plan Arias nunca lo habría cumplido, Micheletti, quien conoce muy bien a Zelaya, cerró cualquier posibilidad de regreso del defenestrado presidente pero, y ahí demostró cierta habilidad política, no cerró de plano las negociaciones con Arias, como ocurrió con Zelaya. Micheletti, evidentemente, necesita tiempo. Como el veterano político que es, sabe que si logra resistir a la presión externa puede ir preparando el camino para las próximas elecciones, lo que traerá consigo una disminución paulatina de esa presión ya que, con negociaciones o sin ellas, Honduras obtendría esa salida democrática que tanto necesita. En fin: si después del golpe Micheletti aparecía como el problema y Zelaya como la solución, hoy Zelaya aparece como el problema y Micheletti, guste o no, es, por lo menos, una parte de la solución. Ese es el estado de cosas hasta el momento en que escribo estas páginas. Mañana puede ser distinto. Así es la política. Quienes militamos en el partido del realismo político sabemos que la política siempre es y será una práctica provisoria y circunstancial. Esa es una de las razones que la hace tan fascinante. La política es definitivamente inmunda y no ex-munda. Es el lugar del mundo donde incapaces de eludir el “ahora” y el “aquí” formamos nuestras opiniones, alineamos nuestras fuerzas y mediante el uso de la palabra, polemizamos con nuestros adversarios y combatimos a nuestros enemigos. Así es y así será.


DEBATE UN DECÁLOGO DEL REALISMO POLÍTICO El caso Honduras ha tenido la virtud de dividir de modo manifiesto las aguas políticas de América Latina. Mostrar esos límites ha sido el objetivo de este ensayo. Los argumentos y criterios los he desarrollado de acuerdo a puntos de vista que he adquirido a través de una ocupación larga y sostenida, ya sea con la filosofía política, ya sea con los temas políticos de nuestro tiempo. En cierto modo son, tales adquisiciones, el trasfondo que explican éste y otros trabajos que he escrito. Para simplificarlas, me he decidido a publicarlas bajo la forma de un decálogo, lo que no es más, entiéndaseme bien, que un simple recurso literario. Más aún: a diferencia con otros decálogos, este es absolutamente provisorio. Eso quiere decir que los diez puntos que expongo a continuación pueden llegar a ser, con el tiempo, muchos más o muchos menos. • La política es lucha por el poder (Max Weber). Puede ser el poder concentrado en un Leviathan (Hobbes), o el poder microfísico de las relaciones sociales (Foucault). En cualquier caso, sin lucha por el poder no hay política. En ese sentido el ser humano no es un animal político, como formuló Aristóteles. Pero sí es un animal de poder. Eso quiere decir que si la política es lucha por el poder, la simple lucha por el poder no es en sí, política. La diferencia es la siguiente: mientras la simple lucha por el poder busca la supresión del adversario, la lucha política busca el ejercicio de soberanía, o la hegemonía, o la supremacía sobre el adversario, pero sin suprimirlo. Con la supresión del adversario termina la política. • La lucha por el poder se ordena de acuerdo a acontecimientos que van dando forma a los diversos partidos (partes). Los acontecimientos, para ser tales, tienen que ser imprevisibles e inesperados. En ese sentido la política llega siempre “con cierto atraso”. Primero ocurren las cosas, después llega la política. • La política no es el lugar de las profecías ni mucho menos de las ideologías. Las profecías se definen de acuerdo a acontecimientos que no han ocurrido. Las ideologías, a su vez, se definen de acuerdo a acontecimientos muy lejanos. Tanto las profecías como las ideologías son las más graves patologías, no sólo de la política, sino también de las (mal) llamadas ciencias sociales. • No hay política sin toma de posiciones políticas. Pero las posiciones en la política, en la medida que se van produciendo frente a acontecimientos siempre nuevos, son radicalmente inestables. De ahí que las luchas étni-

cas, religiosas y nacionales, al no ser intercambiables, no pueden ser políticas (Michael Walzer). La política, y para decirlo como diría Wittgenstein, es un juego de posiciones, y como ocurre en todo juego, son necesarias las reglas del juego. • La democracia es una forma de gobierno que regula y dicta las reglas del juego político. Puede haber, por tanto, política sin democracia. Mas, no puede haber democracia sin política. La política puede tener lugar bajo reglas teocráticas, monárquicas, y otras más. Confundir la democracia con la política es “democratismo”, actitud que puede llevar a minimizar la acción política en función de la simple gobernabilidad. Esa es la principal crítica a la democracia liberal que ayer sustentó Carl Schmitt y que hoy, entre otros, mantienen autores como Chantal Mouffe y Claude Lefort. • La política no es tanto el espacio institucional de la política como sostienen, entre otras, las teorías “habermassianas”, sino el campo del antagonismo. Dicho de otro modo: el antagonismo político crea sus espacios de lucha y no los espacios de lucha al antagonismo. • A través de la acción política buscamos posibilidades de compromiso. Pero el verdadero compromiso sólo puede surgir de antagonismos que, mientras más abiertos y reales, más políticos son. Aquellos que buscan el compromiso, por lo general en nombre de abstractos principios morales, sin reconocer los términos reales del antagonismo, desvirtúan la política en su razón más esencial. Política es, antes que nada, lucha de contrarios. • Allí, justo allí donde asoma la violencia, termina la política. Mas, en toda guerra que no sea total existe la posibilidad de la reversión política (Kant), del mismo modo que en toda política se encierra la posibilidad de la guerra. • La política no es una superestructura de alguna base material, como postula el economicismo marxista, ni tampoco es la simple administración de los bienes materiales, como postula el economicismo liberal. La política tiene una autonomía que, en términos finales, significa lo siguiente: la política se explica sólo por la política. “El sentido de la política es la libertad”. (Hannah Arendt) 45 agosto 2009


DEBATE

Honduras políticas, o el golpe sin Estado CARLOS SOJO*

No vale la pena recordar que la magia de la buena literatura latinoamericana estriba en la crónica ordenada y bien escrita de nuestro desorden cotidiano. Los acontecimientos políticos de la última semana en Honduras son una joya literaria que merece ser pulida. No es ese, por supuesto, el propósito de estas líneas, que aspiran apenas a explorar una cuestión analítica que podría interesar a los lectores: ¿Es posible un golpe de Estado, sin Estado?

HONDURAS TENÍA ESTABILIDAD POLÍTICA

O

bviamente, mi intención es provocadora porque el Estado hondureño existe, en tanto existen las instituciones políticas, la burocracia funciona y el gasto público se ejecuta. Más todavía existe Estado cuando Honduras, en comparación con sus vecinos más cercanos (Guatemala al norte, El Salvador al oeste y Nicaragua al sur) registraba un grado más alto de institucionalización política a causa de un asentado bipartidismo, de la ausencia de un conflicto armado interno y de casi tres décadas de estabilidad democrática: elecciones relativamente limpias, alternabilidad en el poder, y pérdida de beligerancia política de las *

Sociólogo costarricense. Entre 2000 y 2008 director de la FLACSO en Costa Rica. Su libro más reciente se titula La modernización sin Estado. Reflexiones en torno al desarrollo, la pobreza y la exclusión social en América Latina. San José, FLACSO, 2008. 46 envío

Fuerzas Armadas. En una palabra: Honduras era un país gobernable. LA PEQUEÑEZ DEL ESTADO No obstante, es necesario recordar que esa estabilidad política convive con una situación de precariedad democrática e institucional. En otras palabras: las instituciones estatales en Honduras son pequeñas, ineficientes, mal financiadas y actúan como piezas de un engranaje patrimonial clientelista de asignación de recursos. Las opciones políticas, por otro lado, han quedado reservadas para beneficio de una élite minúscula que no sabe o no quiere distinguir claramente los asuntos públicos de los privados. El resultado es un Estado exiguo respecto de cualquier parámetro internacional. La inversión social depende fuertemente de la cooperación internacional; y los microscópicos recursos fiscales terminan favoreciendo empeños que

no se traducen en bienestar para el conjunto de la población. Honduras políticas pero también honduras sociales, que colocan al país en los peores niveles de pobreza y desarrollo humano del continente. Y a pesar de los progresos observados en un cuarto de siglo de paz y crecimiento económico, Honduras no mejora sustancialmente su posición en la jerarquía del bienestar internacional. NADIE A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES En este contexto histórico hay que situar la crisis de las últimas horas. La democracia y la estabilidad institucional que Honduras había conquistado con trabajo quedaron rotas en la madrugada del domingo 28 de junio, cuando los militares de ese país nos despertaron a una pesadilla que creíamos olvidada. La debilidad institucional fue la causa del movimiento retrógrado


DEBATE en contra del presidente Zelaya. Y la realidad que ha salido a la luz con este episodio es que la norma estatuida en el derecho pesa menos que la opinión de los poderosos a la hora de definir qué es lo legal y legítimo. Nadie defiende instituciones que no funcionan, y esto se ve en las movilizaciones sociales tanto a favor como en contra del presidente depuesto. Unos contra la oligarquía, otros por la democracia, dizque incautada por el gobierno Zelaya, a la Chávez. Paradójicamente, nadie es conservador en la coyuntura política hondureña. UN COMIENZO DE OPERETA La gota que derramó el vaso fue digna de García Márquez. En abierto desacato a la Corte Suprema de Justicia y a la autoridad electoral, el presidente Zelaya siguió adelante con su proyecto de “consultarle” a la población sobre la conveniencia de someter a referéndum, en las elecciones previstas para noviembre, una autorización para convocar a una Asamblea Constituyente, que incidentalmente incluyera el tema de la reelección presidencial. Ante la consulta-para-la-consulta, el Presidente ordenó a las Fuerzas Armadas (que son muchas y no tienen nada que hacer) que repartieran material “informativo”; pero el Jefe del Estado Mayor, respetuoso de la ley, se negó en vista de las resoluciones judiciales y del órgano electoral que consideraban ilegal la consulta, ahora convertida en “encuesta”. El jefe militar fue “enviado a retiro” por el presidente Zelaya.

ANATOMÍA DEL GOLPE Entonces los sectores políticos y empresariales, amparados en difusas órdenes judiciales, proceden en contra del Presidente constitucional. Pero no lo ajustician ni lo encarcelan: lo deportan. Curioso proceder que, por supuesto, no está amparado en ningún procedimiento constitucional o legal establecido. Cometido el delito, viene la alteración de la escena del crimen: mientras la televisión transmitía la denuncia del atropello cometido en boca de un Zelaya empiyamado y despeinado, el Congreso hondureño daba curso a una carta de renuncia del Presidente depuesto a fin de justificar la pronta elección de su propio Presidente como nuevo mandatario del país. CNN, IN Y OUT CNN confundida, preguntó entonces por la carta a Zelaya y éste la negó, por lo que fue necesario bloquear la señal de la cadena en el país, única fuente de información sobre el asunto porque los medios nacionales más influyentes, en manos siempre de poderosos grupos económicos, decidieron autocensurarse y sus propietarios abordaron aviones privados para sus refugios inmediatos en Miami, desde donde podían seguir la crisis a través de CNN. La cadena estadounidense no quedó bien con nadie. Zelaya le recriminó que hablara de “sucesión forzada” y los golpistas redefinieron el acrónimo que ahora significa: Chávez News Network.

PON TUS BARBAS EN REMOJO La comunidad internacional ha actuado pensando en sus propios fueros: independientemente del caso, nadie puede aceptar que el presidente sea sacado de la cama por militares con pasamontañas, para ser enviado al exterior y en su lugar instalar un gobierno alternativo. Considerando la situación de muchos gobiernos latinoamericanos, hay que reconocer que, ante la crisis hondureña, han actuado en defensa de ellos mismos. NI CONTIGO NI SIN TI José Manuel Zelaya no puede ni podía continuar en el gobierno. El caso es que una rara previsión constitucional en Honduras prohíbe siquiera hablar de reelección, con pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos por una década y destitución inmediata para el funcionario responsable. Y el caso de Zelaya se complica porque no hubo debido proceso, pero, ahora y al contrario, los golpistas anuncian que arrestarán al Presidente depuesto si este decide tocar suelo hondureño. Pero el gobierno de facto tampoco es sostenible ante la comunidad internacional, porque Zelaya, entretanto, viaja por la región, de cumbre en cumbre, y recibe un apoyo insospechado que no es para su gestión, sino para el respeto más elemental por la estabilidad institucional.

47 agosto 2009


DEBATE LOS PAPELES TRASTOCADOS El balance de la última hora también es mágico en su irrealismo. En defensa del orden constitucional, las instituciones del Estado en pleno (Corte, Congreso y Fuerzas Armadas) actúan en contra del Presidente, quien es respaldado para su reinstalación por la comunidad internacional también en pleno, alegando el respeto debido al orden constitucional. Los medios extranjeros reportan en general movimientos de apoyo a los golpistas y de respaldo al presidente depuesto, lo que hace pensar que una solución institucio-

nal no es simple. ¿Estará dispuesto Zelaya a volver al país para ser arrestado de inmediato? ¿Estarán dispuestos el Congreso, la Corte y los militares a echar para atrás y esperar las elecciones de noviembre para sacar a Zelaya por las buenas? Las soluciones intermedias seguramente terminarán imponiéndose: una promesa de libertad para Zelaya y elecciones anticipadas podrían poner fin a este tortuoso incidente. (...) LO QUE SIGUE Concluido el caso, es de prever que las cosas seguirán como estaban, especialmente para las mayorías pobres del país. Zelaya

y su gestión están muy lejos de ser el gobierno fundacional de un nuevo compromiso social orientado por objetivos de justicia social y desarrollo humano. Lo mismo ocurre con Ortega en Nicaragua, aunque ambos sean cabeza de la “revolución bolivariana” en Centroamérica. Sacar a Honduras de los fondos políticos y sociales donde ahora se debate su destino, requiere mucho más que retórica populista o petropolítica. Si sólo la democracia salva a la democracia, partamos de reconocer que las instituciones estatales son la precondición de la democracia.

Cápsula Informativa Nº 48, 22 de agosto 2009, Comunicaciones-SJ

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OPINIÓN

La oportunidad de don Carlos H. Reyes THELMA MEJÍA*

En esta coyuntura inédita, Carlos H. Reyes, el primer candidato independiente a la Presidencia de la República tiene, ante sí, la oportunidad histórica de abrir senderos para el cambio. Independientemente de que gane o no las elecciones, su candidatura puede marcar la agenda de los candidatos tradicionales y elevar la campaña electoral a un debate congruente con las aspiraciones de la ciudadanía. El tiempo dirá.

L

a vida del dirigente sindical Carlos H. Reyes, sin duda, ha estado marcada por su compromiso con Honduras y su ferviente lucha a favor de un movimiento social que, hasta ahora, se mantiene en la protesta sin terminar de dar el salto a la propuesta, al análisis, la reflexión y el diseño de estrategias claras y oportunas. Pero la historia, sin proponérselo, lo está colocando en una situación envidiable, para unos, e inocua para otros. Se trata de su candidatura independiente a la Presidencia de la República, en un momento de crisis total, que a nivel político representa, a la vez, nuevas oportunidades ante una elite política incapaz de manejar, resolver y dar opciones de solución a los problemas de cambio y democratización que amerita el país. Convaleciente de los golpes recibidos tras uno de los violentos desalojos policiales, particularmente en el sector conocido como El Durazno, en la salida al norte de la capital, don Carlos H. Reyes, tenaz en sus ideas, recio en su carácter, pero honesto y con principios sólidos en su trayectoria sindical y social, tiene ante sí un reto enorme, pues podría ser la piedra de toque que abra el camino hacia la ruptura del bipartidismo político, si opta por entrar en el ruedo electoral de noviembre de 2009. Sin abandonar la lucha por la restauración del orden democrático, interrumpido tras “el golpe de gobierno”, *

Periodista.

“golpe de Estado”, “golpe de Estado no tradicional”, “asonada cívico-militar” o “sucesión constitucional” —según las diversas acepciones académicas o políticas que han surgido para explicar el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya—, don Carlos H. Reyes está obligado a pensar, hoy más que nunca, en “ver el bosque” y no sólo el árbol o una parte de sus ramas. En sus manos y en la habilidad de quienes lo asesoran está abrir el camino para nuevos rumbos políticos en el país. Ser en la práctica, como nos dijo a un grupo de colegas que le vimos hace un poco más de dos meses en el velatorio de una de las fundadoras del COFADEH, la brecha que indique a la población que no todo está perdido ni cerrado en Honduras. Con la franqueza que lo caracteriza, don Carlos H. Reyes dijo a los y las periodistas que estábamos con él, junto a la dirigente del COFADEH, Bertha Oliva, que no creía que su candidatura sería inscrita en el Tribunal Supremo Electoral, “pero hago este esfuerzo para abrir un camino y que otros lo sigan”, comentó. Mientras contaba cómo le había costado recolectar las firmas y las caminatas dadas con sus seguidores y amigos de toda una vida de lucha sindical, externó también sus preocupaciones sobre el país, la profunda brecha social y la inequidad existente. Todos estamos conscientes de que Honduras debe empezar a cambiar, y que su apuesta por entrar a la escena política —que siempre había rehuido— es, tal vez, el comienzo de ese cambio. 49 agosto 2009


OPINIÓN Para sorpresa del propio don Carlos H. Reyes, de sus seguidores y de la prensa, entre otros, el Tribunal Supremo Electoral aceptó su candidatura. El anuncio lo sorprendió en plena crisis, cuando desde las calles protestaba por la abrupta salida de Zelaya. Pero ahora, sin renunciar a sus ideales, Carlos H. Reyes está obligado a pensar y posicionarse como “candidato presidencial independiente”, y comenzar a generar propuestas que conduzcan al diálogo y la reconciliación que clama el país. UN HOMBRE HONESTO ANTE UN RETO ENORME Más que pensar si avala o no un proceso, como seguro muchos le estarán susurrando al oído, don Carlos H. Reyes debe valorar si esta oportunidad, que irónicamente ofrece la actual crisis política, es la brecha esperada para demostrar a la clase política y la sociedad en general que se acerca el momento para hacer de la actual fisura en los partidos políticos una ruptura de cambio para un nuevo pacto social, político y económico en el país. Al igual que el resto de los candidatos presidenciales, tiene la oportunidad de ganar o de perder; pero, en su caso, la oferta debe estar generada por compromisos con la transparencia y la anticorrupción, la rendición de cuentas, la transformación del país y la dotación de un realismo político que sepa diferenciar entre “lo deseable” y “lo posible”, entre otros aspectos. Si logra ese desmarque, no sólo pondrá la agenda al resto de los candidatos presidenciales, sino que los obligará a que eleven la calidad de sus propuestas. Pero, más que eso, si entra de lleno al ruedo político, enviará un claro mensaje a la actual clase política y la institucionalidad del país, en el sentido de que deben abrirse a los cambios. Pero no sólo ellos. También el movimiento social, gremial, académico, la prensa y las

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organizaciones de sociedad civil, porque esta crisis, sin duda, golpeará a todos, a unos más que a otros, pero a todos en general. Si Honduras quiere ser redimida, él tiene la oportunidad de iniciar la brecha. Si pretende hacer alianzas con partidos o personajes políticos desgastados o de dudosa reputación, dentro del realismo político, deberá valorar quién gana y quién pierde en una alianza, pensar en frío y no en caliente; hacer a un lado los dogmas y el sectarismo, elaborar todos los escenarios posibles antes de dar el siguiente paso o la estrategia a seguir. Don Carlos H. Reyes, puede, incluso, rechazar el reto como un derecho que le asiste. Pero, si lo hace, me pregunto: ¿Cuánto habrá que esperar para que se abra nuevamente la oportunidad para un cambio político real en el país? Sin su presencia en el escenario, ¿nos darán los partidos políticos propuestas viables, o será más de lo mismo? ¿Dejará que la política, como el arte de lo posible, siga siendo presa de quienes le han quitado la capacidad para gobernar y manejar la crisis? Más que pensar en la silla presidencial, debe valorar, a mi juicio, la oportunidad histórica que se presenta. Debe demostrar que su madurez no sólo se ciñe a la edad, sino que también a la evolución del pensamiento con la mayor pluralidad. Tiene una ventaja sobre el resto de sus contendores: los sectores más conservadores y progresistas del país lo respetan porque es un hombre honesto, un valor de capa caída por la corrupción que baña a este país, pero que ha llegado el momento de rescatar. Don Carlos H. Reyes tiene, ante sí, la oportunidad histórica de abrir senderos para el cambio. En mi caso particular, me asiste el derecho a pensar en rumbos no violentos y de diálogo, pero también, el derecho a equivocarme. Esperemos a ver cómo corre el agua con el paso del tiempo.


TESTIMONIO

He sido testigo y víctima de la violencia policial* REINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

A partir del 28 de junio, las personas que han rechazado el golpe de Estado en las calles han visto de frente el rostro descarnado de la violencia policial. Aquí, una religiosa, militante de la no-violencia, relata el ensañamiento de que han sido víctima las mujeres hondureñas, heridas en sus cuerpos y su dignidad. No obstante, desde su mirada atónita de mujer agredida, ella ha sido capaz de reconciliar el dolor...

Q

uiero empezar diciendo que desde el 3 de julio mi ministerio se convirtió en participar en la resistencia. Esta es una pesadilla que jamás imaginamos vivir. Cuando comenzamos en la resistencia y vimos que nuestro pueblo no se quedó con la cabeza baja, pensamos que sería por unos diez días. Ahora que ha pasado el tiempo, parece que no se sabe hacia dónde vamos, pero mantenemos la esperanza, nos mantenemos en pie.

*

Resumen de dos testimonios compartidos por la hermana Reina, religiosa de la orden de Notre Dame. El primero lo expuso el 5 de agosto, en un taller con mujeres de la zona de El Progreso, facilitado por el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras, EMIH, en coordinación con las hermanas de Notre Dame. El segundo lo presentó el 20 de agosto ante una delegación interreligiosa, en las oficinas del EMIH. (La edición fue realizada por la redacción de Envío-Honduras).

El domingo 28 de junio llegó la triste noticia del golpe de Estado. Yo comencé a vivir esta realidad como una de las cosas más tristes que me ha pasado en los últimos años, como la muerte de alguien a quien amo. Tengo 50 años y crecí, al igual que otros, durante el tiempo de los golpes de Estado militares. Recuerdo con angustia, con dolor, la época de los años 80, sobre todo la larga lista de hermanas y hermanos desaparecidos y torturados; eso fue lo primero que vino a mí, en mi cuerpo y en mi corazón. ¡Cómo es posible que a estas alturas de la vida, a estas alturas del desarrollo, podamos estar viendo en nuestro país algo así! Escuchaba las noticias, tratando de informarme por otros medios, pero sentí que no podía estar sólo escuchando noticias. Hablé con las hermanas con quienes trabajo, y ellas me apoyaron y me dejaron tomar mi posición. Tomar posi-

ción es resultado de la conciencia crítica que uno ha logrado con las formaciones que ha recibido. Con la conciencia crítica que he logrado en la Iglesia haciendo diversas cosas, desde barrer los templos hasta vivir y tomar una opción religiosa, decidí participar en las acciones de la resistencia, no solamente rezando. (…) Mi conciencia, los valores que profeso, empezando por los valores cristianos, mi compromiso con la justicia social, mi compromiso como hondureña, como mujer, no me dejaron tranquila y decidí participar activamente. Desde el viernes 3 de julio me fui a Tegucigalpa. Sentí que Tegucigalpa era y es el centro del acontecer político, y decidí irme con familiares que viven allá y otros que llegaron en esos días para incorporarse a la resistencia. El sábado 4 de julio hubo una manifestación muy grande, porque llegó gente de todo el país; encontré 51 agosto 2009


TESTIMONIO gente de El Progreso, de Olancho, pero la represión fue muy severa, y no nos dejaban avanzar. Sin embargo, lo sucedido el domingo 5 de julio son imágenes que no se borran fácilmente. Yo no me percaté de la gran cantidad de gente, hasta cuando mataron a un joven (Isis Obed Murillo). Es impresionante cuando uno pasa por esas cosas.

y se convirtió en una agresión al pueblo hondureño. Ya no es la pelea sobre si había o no una cuarta urna. Yo no le vi el problema a la cuarta urna cuando entendí de qué se trataba. ¿Qué problema hay si se consulta al pueblo? Para el pueblo no hay ningún problema, pero para los que controlan el poder sí. Un pueblo que expresa su opinión, si es que lo escuchan, es un pueblo con poder. (…)

EL BIPARTIDISMO, UN PESADO YUGO Cuando comparto esto no me interesa convencer a alguien de que se pase a mi posición. Yo creo que el posicionamiento viene de la interiorización de la historia de nuestro país. Hace más de 500 años, cuando la historia de nuestra nación fue cortada, empezó esta cadena de abusos, de represión, de asimilación forzada de lenguas y de religión. Y los que vivían aquí perdieron todos sus derechos con la llegada de los que vinieron de lejos. (…) Sin darnos cuenta, en los años 80 entramos con bríos renovados en algo que, desde mi punto de vista y experiencia de vida, es el yugo que cargamos los hondureños: el bipartidismo. Los dos partidos fuertes que se turnan en el poder y que negocian sobre nuestras vidas. Nos meten el bipartidismo en la sangre, y por su causa somos capaces de morir o de matar. Pero no basta con el bipartidismo. Tienen que mantenernos dormidos, y entonces vienen los equipos de fútbol, por los que también matan a los hondureños y, ¿quiénes son los dueños de esos equipos? Después del 28 de junio, cuando se rompió el orden constitucional, esto dejó de ser un asunto político 52 envío

DESDE LA NO-VIOLENCIA Yo nunca había andado en marchas, excepto marchas por la paz, marchas ecológicas, que sabíamos que no serían reprimidas. En estas marchas, mi compromiso es participar desde la no-violencia. No insulto a los soldados, pues tengo claro que mi lucha no es contra ellos; son pueblo como nosotros. Yo platico con ellos, y les pregunto: “¿Cuál es su apellido?”. En un retén se quitaron la placa con el nombre, y les dije: “No se quiten el nombre porque entonces, ¿cómo voy a rezar por ustedes?” (…) Las marchas son intencionalmente pacíficas. La violencia no la han comenzado los manifestantes. He sido testigo y víctima de esa violencia. La consigna era humillarnos verbalmente, y humillarnos con el garrote y con el fusil. El gran milagro es que yo he visto pasar las balas… y la cantidad de balas que he visto era para matar a más gente. Después de ver cómo quedó el muro en el redondel del aeropuerto Toncontín el 5 de julio, no entiendo cómo solo hubo un muerto y alrededor de diez heridos.

FUIMOS MUCHAS LAS MUJERES GOLPEADAS Y VEJADAS Yo solo quiero contar mi experiencia porque la cantidad de mujeres víctimas es impresionante. En la represión en San Pedro Sula fueron muchas las mujeres golpeadas, incluso las embarazadas. Una vez que comienzan a agredirnos no hay límites, aunque estemos indefensas. No saben dónde ni cómo parar. El 14 de agosto, en Choloma, después del violento desalojo de la carretera, mis brazos estaban sobre una compañera que buscaba a su hijo, pero me la arrebataron, me tiraron al suelo y me patearon. Fui agredida a menos de un metro de la entrada de la posta policial. Solo la valentía de mi hermana y otras compañeras me salvó; ellas también fueron agredidas. Las agresiones verbales, especialmente hacia nosotras las mujeres, son denigrantes. En mis 50 años nunca había escuchado tanto insulto dirigido a mí. La intimidación hacia nosotras es creciente, somos blanco de sus agresiones. Todos conocemos que una compañera, después de ser detenida, fue violada. Mi hermana también fue agredida sexualmente, le tocaron su cuerpo, además de golpearla. Sin embargo, no ha habido ninguna provocación de nuestra parte. Nuestras marchas, nuestros plantones, nuestras acciones, nuestras tomas de carreteras son intencionalmente pacíficas... nunca he visto comenzar la violencia de nuestra parte.


TESTIMONIO YO NO EMPECÉ LA VIOLENCIA Durante todo este tiempo que he estado participando en la resistencia, no he tenido la intención de ejercer la violencia; y no repito algunas de las consignas, porque no van conmigo. Cada mañana rezo para que Dios me dé la gracia de mantenerme en la no-violencia. La mañana del 30 de julio, después de que nos desalojaron de El Durazno (salida hacia la carretera del Norte), nos siguieron rumbo al centro de Tegucigalpa. Cuando estábamos en el sector de El Carrizal, yo decidí no correr. Me aparté como a tres metros de la carretera, tratando de librarme de la cantidad impresionante de gases. Me empezó a arder todo el cuerpo, la garganta, no podía respirar. Saqué un pañuelo y un compañero me regaló una bolsa de agua para que lo mojara. No corrí porque pensé que me dispararían, pero no fue así. La consigna era molernos a palos. Dos policías caminaron hasta donde yo estaba. Me agarraron de aquí, de allá, y me dieron con el tolete. Se dan el gusto de buscar dónde darle a uno: en los glúteos, abajo del busto. Yo estaba fuera de la carretera, no había más gente frente a mí. Yo no empecé la violencia, no estaba atacando con palabras ni con hechos. Más bien estaba apartada de los que querían atacar, y aun así me atacaron. Me soltaron por milagro de los gritos de la gente, que decía: “déjenla, está sola, no está haciendo nada”. Hasta como a las tres o cuatro horas me acordé de mi sombrero; debe haberse quedado allí, cuando me jalonearon de la cabeza.

Recuerdo a una compañera de pelo largo, con cola. A ella la agarraron del pelo, enrollándoselo; la tiraron a tierra y allí empezaron a golpearla. Ella no hizo nada porque estaba vencida. Luego vi unas diez personas, la mayoría mujeres y jóvenes, que tenían arrimadas a una pared; y allí donde estaban, vencidas, comenzaron a golpearlas. También estaba un señor que tenía la espalda en viva sangre, era un reportero internacional. Luego, alguien me llamó; era mi cuñada, a quien le comenzó un ataque de asma debido al gas. En ningún noticiero, más que en el de canal 11, vi que pasaron lo que yo había visto. Ese día pensé que mis golpes eran leves, pero al día siguiente me di cuenta de que tenía un glúteo destrozado, golpes cerca del busto, y en mis brazos quedaron dibujados los dedos de los agresores. RECONCILIANDO DOLORES

denuncio, porque probó que sus delitos eran ciertos, me dio una gran tristeza. Lloré, porque don Ramón Custodio parecía ser del pueblo, le apostaba a los DDHH. Algo debe haber pasado. Comencé a reconciliar este dolor cuando escuché a don Carlos H. Reyes, el sábado que regresaba de la frontera con Nicaragua. Carlos H. Reyes y Ramón Custodio han sido compañeros de lucha por la justicia en este país, y escuché a don Carlos H. Reyes referirse a Ramón Custodio sin palabras groseras, y decir, “todavía no entendemos lo que le pasa a don Moncho Custodio”; todavía con gran cariño, con gran respeto por lo compartido en el pasado. De ahí para acá, yo digo “don Moncho Custodio”, así como escuché a don Carlos H. Reyes referirse a él. PASTORES AL LADO DE LOS LOBOS

Como todos sabemos, el Comisionado de los Derechos Humanos ha jugado el papel más triste de la historia. Un comisionado está para defender al pueblo… buscar la verdad para defenderlo, pero ni siquiera se dio esa posibilidad.

El pueblo ha seguido manifestándose, sabiendo que está en una desventaja tremenda, y el país en un completo abandono —no digo de liderazgo, porque los líderes se hacen—, sino de la jerarquía de las iglesias: nuestra Iglesia católica y las tres iglesias evangélicas de renombre.

Desde el día del golpe de Estado, para mí ha sido más triste escuchar las palabras de don Ramón Custodio que las del Cardenal, porque es una persona a la que yo he admirado y respetado por la manera en que defendió la vida en los años 80. Hay personas que están vivas gracias a él; pero verlo en el mismo lado de aquellos que dieron muerte o de aquel miembro del 3-16 en los años 80, de esas personas que él

Esa primera semana, entre el llanto y el dolor de la gente en las manifestaciones, en pláticas espontáneas me preguntaron: ¿Qué piensa de los pastores? Cuando dicen pastores incluyo al Cardenal, y me siento triste. Este es un momento en que los pastores, en vez de cuidar las ovejas en el redil, han puesto el rebaño a disposición de los lobos; y no solo eso. Los pastores se han puesto del lado de los lobos. 53 agosto 2009


TESTIMONIO Así lo veo yo en mi experiencia como católica y en mi experiencia con otros cristianos y cristianas. Pero ya me he ido sobreponiendo a este dolor, porque la claridad es que debemos seguir a Jesús de Nazareth... PECADO ES CUANDO NOS INSULTAMOS En el pueblo hay varios grupos; algunos reconocen que fue un golpe de Estado, y lo apoyan. Esa es la democracia, no tenemos que estar uniformados con la misma posición. El posicionamiento viene de lo que llevo dentro. Nadie puede obligarme, yo tengo que tomar mi decisión libremente. En las familias, en los trabajos, estamos divididos, y eso no es pecado. Pecado es cuando empezamos a insultarnos a causa de nuestras posiciones. Cada quien es responsable

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de actuar de acuerdo a su conciencia que, en los cristianos, tiene que estar nutrida de los valores que Jesús nos enseña. No podemos obligarnos a tomar una u otra posición. Si yo quiero ir a las marchas blancas (las que apoyan el golpe de Estado) soy libre... Otros van el domingo a las marchas del pueblo, con el rostro cubierto porque, si los reconocen, los pueden despedir de su trabajo. Yo no había preguntado porque respeto a quienes se cubren, aunque algunos digan que parecen delincuentes. Pero al final pregunté a varias compañeras que me dijeron que trabajaban en la empresa privada, o en un ministerio, y que todavía no las habían despedido porque no las habían identificado como manifestantes. Por eso, sin importar el lado en que ustedes estén, cuando vean a una persona con el rostro cubierto, deben preguntarse el motivo.

CORRELIGIONARIOS DE LA VIDA Y LA JUSTICIA Si al final no logramos que el Presidente regrese, la ganancia ha sido para el pueblo. Esto nos ha despertado de la ilusión que estábamos viviendo, sobre todo a las personas que no están organizadas. He escuchado decir a la gente que no está organizada que, si lo estuviera, estaría en las marchas porque hay más solidaridad, es más fácil. Les pido no formarse una opinión por lo que uno u otro medio de comunicación diga. Debemos contrastar todo esto con nuestros valores cristianos; esto va más allá de un partido. Formémonos la opinión y el posicionamiento sin repetir consignas de un noticiero. Valoremos la experiencia de las personas, no porque sea mi correligionario o mi compañero. Somos correligionarios de la vida y la justicia.


LA VÍSPERA

Hacia una verdadera Transformación Nacional* Once días antes de que se consumara el golpe de Estado, el ambiente ya era tenso, incierto, complejo. Así se evidencia en este pronunciamiento que organizaciones y ciudadanos hicieron público, sin mayores (o ninguna) consecuencias. La ceguera y la sordera se imponen, ayer como ahora.

A

nte la grave situación que vive el país, representantes de diferentes organizaciones sociales, y ciudadanos y ciudadanas constituidos en un espacio cívico de reflexión y acción, en el pleno ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión y comprometidos con una democracia participativa, nos pronunciamos de la siguiente manera: 1. Hacemos nuestra la preocupación de diferentes sectores por la grave situación –en algunos casos pandémica– que afecta a la mayoría del pueblo hondureño en los campos de la salud, educación, economía, política, justicia y la seguridad ciudadana, con crímenes, secuestros, narcotráfico y otras formas de abuso y crueldad que reflejan la descomposición moral y ética que parece tocar fondo, y que tiene profundas raíces históricas. Ante ello, como lo señaló un reciente comunicado de la Comisión Nacional de Pastoral: “Todos nos sentimos responsables y urgidos de realizar cambios sustanciales en nuestra sociedad”. 2. La preocupación es mayor si tomamos en cuenta que los principales efectos de la crisis económica y financiera mundial impactarán con mayor rigor en Honduras y presagian para 2010 una profundización de la crisis económica, mayor desempleo y pobreza. El panorama se agrava con el aumento de la deuda externa e interna y la ausencia de un Presupuesto Nacional consensuado y concebido como instrumento de desarrollo. 3. Alarma la grave consecuencia que traerá a nuestro país la supuesta defensa de la institucionalidad y la democracia que hacen los grupos de poder, a partir del desmontaje de la institucionalidad y de la propia democracia, entendida como instrumento y no como un fin. Resulta contradictorio que, en aras de alcanzar legitimidad, el conflicto actual se genere a partir de una creciente ilegitimidad. 4. Hay temas claves sobre los cuales pensar, proponer y ejecutar acciones. Sin embargo, la agenda nacional, inducida desde Casa Presidencial, la Cámara Legislativa y otros sectores de poder es distinta y manipulada.

*

Este pronunciamiento fue suscrito por el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), la Pastoral Social CARITAS, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), COMUNICA, CEHPRODEC, ADECOH, FUNDEMUN, el CASM y una serie de ciudadanos y ciudadanas vinculados con organizaciones de sociedad civil. 55 agosto 2009


LA VÍSPERA 5. Un ejemplo de lo anterior es la acción tardía, incompleta y carente de participación y consulta ciudadana alrededor de la reglamentación de las figuras del Plebiscito y el Referendo. ESTE MOMENTO TAN CRÍTICO Crisis de liderazgo. Honduras vive un intenso período de expectativas y confrontaciones. Las elecciones internas y primarias de los partidos Liberal y Nacional (noviembre, 2008) no aportaron estabilidad al panorama político, sino incertidumbre. Esto confirma que la crisis de liderazgo no desaparece con las campañas presidenciales, sino que se acentúa, en el marco de un creciente agotamiento del modelo político, económico y social iniciado en 1982. En este vacío de liderazgo es que aparece la figura del actual Presidente de la República, promoviendo la cuarta urna y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, logrando así captar la atención de muchos sectores y la oposición de otros. En esta coyuntura, el movimiento social y popular se caracteriza porque, ante el proyecto del gobierno, no duda, no hace preguntas, no cuestiona. Aparece como débil y carente de propuesta propia, facilitando así al gobierno la tarea de tejer una nueva red clientelista que arrastra a otros dirigentes sociales. Todo indica que estamos en una nueva campaña electoral donde la propuesta de una nueva Constitución se convierte en la única solución a los problemas nacionales. La Administración del presidente Manuel Zelaya, cuestionada fuertemente por realizar una gestión pública ineficiente y plagada de denuncias de corrupción, propone una nueva Constituyente como una medida para continuar en el poder y eliminar toda responsabilidad histórica por su mala administración. Para el grupo de gobierno es claro que la única posibilidad de que sus planes persistan es conservando el poder, aunque en ese intento se destruya la escasa institucionalidad pública. En ese sentido, desde Casa Presidencial se multiplican los esfuerzos por buscar alianzas y pactos políticos para ganar legitimidad y consenso, como la realizada con las Fuerzas Armadas, sin que se sepa aún cuál será el costo democrático de esa y otras iniciativas que representan un retroceso respecto de lo ganado por la sociedad civil en los últimos años. FRENTE A LA AMNESIA HISTÓRICA Es evidente que los cambios políticos que se han operado en Honduras desde la década de 1980 respondieron más a una restauración del bipartidismo político que a una auténtica transición a la democracia. No fue un Estado de Derecho el que se pretendió construir, sino un Estado patrimonial y clientelista. La transición política de ese tiempo no tuvo como fuerza motriz una voluntad ciudadana consciente de las metas y objetivos que Honduras debía seguir en una época de pleno conflicto centroamericano. Sin embargo, representó una ruptura importante con el pasado militarista y dejó una Constitución Política que reflejó las negociaciones y los intereses de poder de su época. El contenido de esa Constitución pudo haber sido mejor o peor en términos de derechos ciudadanos, pero poco importaba puesto que, en manos de la clase política tradicional –la que sigue en el poder–, la intención real nunca fue respetarla.

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LA VÍSPERA Ahora que se plantea un nuevo texto constitucional y se habla de una “refundación” de Honduras, cabe preguntar: ¿Se busca una nueva ruptura política que nos lleve a profundas transformaciones estructurales o sólo es otra forma de perpetuar un gastado bipartidismo? Esto último, infortunadamente, parece ser lo más probable, porque la sustitución de una Constitución por otra, como una acción mecánica y repetitiva, no produce cambios fundamentales en una sociedad, como lo demuestra la historia hondureña. En esta discusión nacional se habla poco de la democracia como instrumento para transformar la sociedad y la cultura, sin recurrir a los golpes de Estado, en sus viejas y nuevas modalidades, ni a la toma de decisiones a espaldas de la ciudadanía. Es importante reflexionar en torno a otros valores que sustentan la democracia, entre ellos contar con una oposición beligerante, una ciudadanía activa y vigilante, y la necesidad de una reforma política y electoral con amplio sentido de territorialidad y descentralización. Por eso, es urgente democratizar nuestra sociedad para superar el enorme grado de desigualdad, impunidad e injusticia que hoy prevalece. POR UNA RUPTURA REAL Sostenemos que la única propuesta de cambio a la altura de los retos actuales es aquella que produzca una ruptura fundamental con la concepción que ha convertido al Estado, los bienes y la riqueza nacional en patrimonio de unos pocos, que durante décadas han boicoteado todo avance hacia una democracia social, política, económica y cultural que debe satisfacer las expectativas de igualdad, justicia y modernidad que las viejas y las nuevas generaciones exigen con todo derecho. Elevar la democracia social, política, económica y cultural no será posible si la ciudadanía organizada se convierte en comparsa de quienes han hecho de la gestión pública un medio de enriquecimiento ilícito, de protección de la impunidad, y han desacreditado la política como una función pública al servicio del bienestar y el progreso social. Y eso va tanto para quienes sorpresivamente se declaran “comandantes” del cambio, como para aquéllos que se califican como abanderados o “próceres” de una Constitución y de una democracia que han irrespetado siempre. NUESTRA POSICIÓN ES CLARA El elemento central que motiva nuestra posición crítica e independiente es la falta de credibilidad que afecta a la mayoría de quienes hoy se critican y acusan mutuamente. ¿Cómo creer en aquellos que defienden la actual Constitución o que proclaman la necesidad de una nueva Constitución, si tanto los unos como los otros han demostrado y demuestran que las leyes no les importan? ¿Cómo creer en la defensa que ambos sectores hacen de la democracia, si lo que han creado es un Estado patrimonial, clientelista y corrupto? En ese sentido, señalamos: 1. Frente a la falsa polarización existente entre los que defienden la actual Constitución y quienes pugnan por una nueva, llamamos a la ciudadanía a no desperdiciar esta coyuntura histórica de crisis del bipartidismo y a crear una tercera corriente de opinión pública e incidencia política a favor de un cambio social a fondo en las formas de participación y de construcción de la democracia en nuestra sociedad.

57 agosto 2009


LA VÍSPERA 2. No respaldamos el proceso de la “cuarta urna” tal como está planteado ahora por la falta de credibilidad de los convocantes y la poca claridad respecto de los verdaderos propósitos que encierra. De hecho, advertimos que existe una sensación de riesgo de que la ya endeble institucionalidad se quiebre y que los resultados de la denominada “encuesta” del 28 de junio se manipulen en esa dirección. La desconfianza nacional persiste porque no hay signos claros que la despejen. 3. Rechazamos la actual manipulación oficial de que es víctima el movimiento social y popular hondureño, que evidencia que la crisis de liderazgo está presente tanto en las estructuras de poder como en la denominada “oposición”, cualquiera sea su signo. 4. Reiteramos que en cuestionar las formas elitistas de administración del poder se hayan las respuestas a los retos que hoy reconocemos como enormes; y a la esperanza de mejora de la calidad de vida de las mayorías de nuestra sociedad. Esa elite, que se entiende y pacta muy bien entre sí, es la que más ha contribuido a separar la justicia del poder porque, aunque ahora se niegue esta responsabilidad, todo poder legítimo está obligado a crear las condiciones necesarias para la aplicación de la justicia, la igualdad proclamada por la ley, el bienestar y la felicidad pública. ENFATIZAMOS Si la transformación democrática de Honduras requiere la aprobación de una nueva Constitución de la República, entonces se podría respaldar esa iniciativa, pero no si surge de la inseguridad política, social, judicial y económica vigente. No si es convocada por poderes corruptos o por los mismos que han violentado una y otra vez la Constitución actual. No si la manipulación sustituye al debate y al entendimiento. No si continuamos con las viejas formas de negociación, por debajo de la mesa, para reglamentar figuras como el Plebiscito y el Referendo. El cambio no debe ser para no cambiar nada o para revitalizar a un bipartidismo agotado por sus propios vicios y abusos. Tampoco debe apoyarse a quienes encubren en su defensa de la Constitución a los responsables directos o indirectos de esta Honduras tan vulnerable, desigual, injusta y violenta. El cambio real, el que demanda la mayoría del pueblo, no tiene una solución única. Por eso se requiere priorizar la construcción colectiva de escenarios de desarrollo a lo largo y ancho del país, más allá de intereses momentáneos e individuales. Demanda capacidad para organizarnos, atender nuestros deberes y reclamar nuestros derechos. El principio que nos debe orientar es que todo poder público procede del pueblo y se instituye para beneficio de éste, no de las elites privilegiadas o aquellas que buscan la impunidad. Sabemos y reconocemos que en esta coyuntura priva una gran confusión, y que muchas personas honestas tienen una genuina preocupación por el futuro de nuestra nación. A ellos y ellas nos unimos para no claudicar en la defensa de los principios éticos y morales y para defender la libertad de expresión y pensamiento, en procura del fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho, por una democracia real. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, 17 de junio de 2009. 58 envío


LA VÍSPERA

Racionalidad y diálogo: Nuestra propuesta Todavía dos días antes del golpe de Estado, la cordura y la racionalidad intentaron abrirse un espacio en medio de los negros nubarrones de la intolerancia y la estupidez política. ¿Demasiado tarde porque la suerte ya estaba echada? Quién lo sabrá. 1. Necesitamos cuanto antes crear un ambiente de sosiego y mesura, y que la razón ocupe su lugar en el actual ambiente de pasiones y de confrontaciones políticas e ideológicas. Ya llegamos al tope de la conflictividad política, que nos sitúa ante un verdadero dilema: O buscamos ya una salida racional, dialogada y negociada a la crisis política, o avanzamos sin remedio a la ingobernabilidad en la que salimos perdiendo todos. 2. Ya acabó el momento de seguir echando más leña al fuego, y conviene tomar distancia de todo aquello que atice posturas que radicalizan cualquiera de los polos que definen el conflicto actual. Nos encontramos en un momento extremo de inflexión, en el cual sólo nos salvará apostar por un escenario de mínimos consensos en torno a la preservación de la institucionalidad del Estado de Derecho. 3. Ese mínimo consenso ha de partir del rechazo absoluto a todo lo que tenga que ver con un golpe de Estado, sea técnico o violento, puesto que en una situación de ingobernabilidad, la sociedad entera queda expuesta a la violencia y a expresiones de descomposición que sólo beneficiarán a sectores que se nutren a la sombra de la inestabilidad y de la ausencia de institucionalidad. 4. Las posiciones de los dos polos siguen radicalizándose. Ni el Presidente parece dar un paso hacia un diálogo ni el otro sector está dispuesto a dar marcha atrás en su decisión de inhabilitar al titular del Ejecutivo. Para avanzar hacia un escenario de mínimos consensos, son necesarias la actuación y presencia de otras fuerzas que contribuyan a romper con esa lógica en la que uno a otro sector se satanizan y se buscan aplastar mutuamente. 5. Frente a esta peligrosa polarización, es muy importante trasladar y mantener toda información posible a toda la sociedad, pues sólo con una población informada se puede avanzar hacia una salida política no manipulada y sólo así se puede esperar una respuesta consciente y ciudadana de parte de los diversos sectores de la sociedad hondureña. 6. La alta y radicalizada polarización involucra de manera especial a quienes conducen los tres poderes del Estado, y por eso mismo sus propuestas y decisiones gozan actualmente de muy poca aceptación y credibilidad. Por ello, consideramos pertinente la necesidad de la intervención de sectores que, desde posiciones independientes y no apasionadas, 59 agosto 2009


LA VÍSPERA puedan convocar a los sectores involucrados en la actual crisis política e institucional, con el fin de buscar, tan pronto como sea posible, una salida negociada a la crisis creada al interior de los poderes del Estado. 7. Sugerimos la necesidad de solicitar la conformación de una Comisión con actores de alto reconocimiento político, jurídico y ético internacionales y nacionales, como un factor que contribuya a abrir el diálogo hacia una salida negociada al conflicto actual. Una Comisión que podría estar constituida por representantes de la ONU, la OEA, quizás un miembro Nobel de la Paz, un organismo internacional de derechos humanos y un rector de una prestigiosa universidad. 8. Racionalidad desde la inclusión de todos los sectores de la sociedad, es de lo que más está urgiendo la presente y convulsa coyuntura política. Reducir posiciones cerradas, y una mirada de país y de bien común, mucho más allá de posiciones de grupos o sectores en particular, es lo que más está necesitando la nación para revertir la ingobernabilidad e inestabilidad de las que ya estamos siendo víctimas, y para avanzar hacia la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la paz que tanto hacen falta para hacer frente a las verdaderas tareas del desarrollo del país. 9. Hoy estamos a tiempo, los políticos, los altos dirigentes de los poderes del Estado, los medios masivos de comunicación, las iglesias, los diversos sectores de la sociedad civil, tenemos que dar cada uno un paso adelante en esta construcción de una salida dialogada y negociada. Mañana, sin duda será demasiado tarde, y las presentes y las siguientes generaciones lo lamentaremos para siempre. El Progreso, Yoro, 26 de junio del año 2009 Radio Progreso y Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, obras del Apostolado de la Compañía de Jesús en Honduras

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