Sistema Nacional de Diálogo Permanente

“Sistema Nacional de Diálogo Permanente, un instrumento del Estado para la gestión de la conflictividad y la gobernabilidad”

Buscando soluciones compartidas

Diálogo por mejoras en servicio eléctrico y desarrollo agrícola en Sololá

Quiénes somos El Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), es una entidad pública, que funciona como instancia de la Presidencia de la República. Fue creado por Acuerdo Gubernativo 842009, de fecha 24 de marzo de 2009.

Entre las funciones del SNDP figuran las siguientes: • Atender y proponer soluciones a problemas nacionales • Propiciar la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la política pública a todo nivel.

• Contribuir por medio del diálogo permanente a una gestión pública democrática, representativa y participativa.

• Facilitar los procesos de diálogo sectorial, territorial, y la solución de problemas planteados por los pueblos indígenas.

• Gestionar la conflictividad para mantener la gobernabilidad El SNDP tiene cuatro niveles en su estructura administrativa: • Superior, de decisión, integrado por comisionados nombrados por el Presidente de la República • Gerencia de Procesos • Equipos técnicos • Apoyo administrativo

Visión Somos la institución pública, que promueve la gobernabilidad democrática del país a través del diálogo entre diversos actores y la institucionalidad del Estado, mediante la formulación de acuerdos políticos, con el mayor grado de acuerdo posible, para que se traduzcan en políticas públicas, legislación y transformaciones institucionales.

Diálogo por inundaciones y escasez de agua en verano en 22 comunidades de la costa sur.

Misión Ser la institución pública rectora y promotora del diálogo co-responsable para la búsqueda de la solución a los problemas estratégicos del país.

Objetivos Estratégicos 1. Institucionalizar el diálogo como forma para encontrar co-responsablemente la solución a los problemas estratégicos del país.

2. Promover la gobernabilidad democrática a través de la formulación de propuestas de políticas públicas, legislación y transformaciones institucionales derivadas de los procesos de diálogo.

Objetivos Específicos 1.1 Institucionalizar el Sistema Nacional de Diálogo Permanente en el Estado, en coordinación con la institucionalidad pública.

1.2. Fortalecer la institucionalidad vinculada con los procesos de diálogo a cargo del Sistema Nacional de Diálogo Permanente.

1.3 Dar a conocer a nivel nacional e internacional, los procesos de diálogo a cargo del Sistema Nacional de Diálogo Permanente.

2.1 Desarrollar campañas de sensibilización sobre la cultura del diálogo y la co-responsabilidad, para la búsqueda de soluciones compartidas a las principales problemáticas del país.

2.2 Promover una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, a través del diálogo constructivo, co-responsable y respetuoso, que permita la búsqueda de soluciones compartidas.

2.3 Apoyar a la institucionalidad pública, en la implementación de las políticas y transformaciones institucionales, que resulten de los procesos de diálogo.

El diálogo es un instrumento pacífico y democrático que contribuye en la construcción de manera conjunta y co-responsable con la búsqueda de solución a las graves problemáticas que afectan al paísy que por su complejidad, requieren de la participación de los distintos actores de la vida nacional y ámbitos del Estado.

El Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) es un instrumento que ha buscado desarrollar una gestión pública democrática, representativa y participativa.

Con el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, se busca la institucionalización del diálogo a través de un sistema del Estado que llegue a todos los departamentos y municipios del país.

Tiene como ejes fundamentales la promoción del desarrollo territorial y la construcción de la gobernabilidad democrática, con base en la co-responsabilidad entre Estado y sociedad.

El SNDP parte de las siguientes premisas: Por mandato constitucional, es obligación del Gobierno implementar los marcos legales vigentes, sobre todo aquellos que están orientados a profundizar la democracia y fomentar el encuentro Estado-sociedad.

El diálogo democrático y el encuentro entre distintos actores es la mejor vía para la cohesión social y la convivencia en paz en Guatemala.

La cultura dialógica al interior de la sociedad guatemalteca está está en proceso de maduració y ello permite al Estado dar un nuevo paso en la profundización e institucionalización de los espacios y plataformas de diálogo como instrumento válido y necesario para la elaboración e implementación de políticas públicas. Es un avance para la participación amplia, inclusiva, plural e intercultural de un mayor universo de actores; así como de los distintos niveles de la administración pública.

El Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural es una base fundamental para la institucionalización formal de los espacios y plataformas de diálogo territorial; así como del fortalecimiento de la democratización del Estado.

El SNDP desarrolla de acuerdo a sus objetivos estratégicos, tres ámbitos de diálogo: Los preventivos de conflictos Los relacionados con la gestión de conflictos en crisis Los denominados diálogos estratégicos que abordan temáticas de largo plazo.

El principal reto de los procesos de diálogo a nivel territorial y nacional continúa siendo la capacidad y habilidad de los Gobiernos Municipales y Central para llevar a “expresiones presupuestarias” los acuerdos alcanzados.

a. Atención a temas sustantivos y garantía democrática Dimensión territorial del diálogo El Sistema Nacional de Diálogo Permanente desde su conformación ha incluido el desarrollo de procesos de diálogo a nivel territorial, como parte de las políticas prioritarias del Gobierno, que contribuyen a que el Estado se haga presente y atienda las demandas de la población en el interior del país, que a través del diálogo permita el acercamiento y entendimiento de las diferencias y convergencias sobre las problemáticas que enfrentan.

La mayoría de los procesos de diálogo a cargo del SNDP, se desarrollan en el ámbito territorial, a nivel comunitario, municipal, departamental, regional y nacional, con autoridades locales, representantes del Sistema de Consejos de Desarrollo a nivel de COCODES, COMUDE y CODEDE; así como representantes de autoridades indígenas, de organizaciones locales, de empresas, cooperativas y de las diferentes dependencias gubernamentales, según sea la temática que se aborde en los mismos.

El SNDP desarrolla los procesos de diálogo territoriales con equipos multidisciplinarios que realizan las siguientes funciones: Coordinar con las autoridades locales, municipales y departamentales, así como los líderes de organizaciones y/o grupos que participan en los procesos de diálogo de acuerdo a la temática de que se trate.

Mantener comunicación permanente por medios electrónicos y físicos.

Facilitar los procesos de diálogo que se desarrollen en los diferentes territorios donde se establezcan.

Promover acuerdos entre las partes en conflicto que permitan que los problemas se solucionen de forma integral y sostenible y con ello evitar las medidas de hecho y promover la gobernabilidad en los territorios.

El principal reto de los procesos de diálogo a nivel territorial y nacional continúa siendo la capacidad y habilidad de los Gobiernos Municipales y Central para llevar a “expresiones presupuestarias” los acuerdos alcanzados, que permitan programar recursos financieros para las distintas políticas, programas y proyectos que se definan. Así como contar con los votos necesarios de las bancadas con representación en el Congreso de la República después para que sean respetadas y aprobadas dichas expresiones presupuestarias.

Representantes de comunidades de la costa sur afectadas por inundaciones expresan a represetantes de la institucionalidad pública su problemática.

b. Soluciones integrales y sostenibles de los conflictos El Sistema Nacional de Diálogo Permanente es una iniciativa del Estado novedosa que involucra y articula a toda la institucionalidad del Estado en sus diferentes niveles. Busca arribar a acuerdos con el mayor grado de aceptación posible, en condiciones de dignidad y co-responsabilidad, así como monitorear el cumplimiento de los mismos. Permite el abordaje integral y sostenible para la búsqueda de soluciones, las cuales pueden encaminarse a políticas públicas, legislación y transformaciones institucionales que requieren de acciones de corto, mediano y largo plazo y de búsqueda de disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento de las mismas.

El SNDP aborda la prevención de conflictos, la gestión de los conflictos en crisis y los diálogos estratégicos, unidades que le permiten al Sistema prevenir, disminuir las acciones de hecho y evitar que éstas se tornen en violentas, así como abordar aquellos temas que son de más largo plazo y que requieren de acciones que trascienden a una dependencia en particular. Su intervención ha contribuido a mantener la gobernabilidad en el país.

Uno de los retos en las soluciones integrales, es lograr un equilibrio entre lo sectorial y lo nacional, entre la política pública y la política de Estado que permita el cumplimiento sostenible de los acuerdos para la solución y/o transformación de los conflictos.

Diálogos por el agua El SNDP llevó adelante el proceso de diálogo denominado Trifinio Sur y produjo luego de una serie de visitas de campo de reuniones interinstitucionales de análisis una propuesta de estrategia de intervención, que fue aprobada en diciembre del 2011 por el Gabinete del Agua.

Se establecieron acciones de corto, mediano y largo plazo, así como las responsabilidades institucionales, además, de solicitar a cada dependencia involucrada, que consignara en el presupuesto 2012, recursos para la conformación y puesta en marcha de la Cuenca del Río Ocosito.

Un paso importante que se ha dado, ha sido la aprobación de la Política Nacional del Agua, según Acuerdo Gubernativo 517-2011, instrumento que permitirá ordenar las intervenciones gubernamentales y enfrentar las crisis de gobernabilidad del agua que puedan presentarse.

Diálogo para la Conservación y Desarrollo de La Antigua Guatemala

Congreso para la conservación y desarrollo de Antigua Guatemala El Congreso permitió la discusión y aprobación del Acta de La Antigua Guatemala: Declaración de Acuerdos y Compromisos del Congreso de Conservación y Desarrollo de la Antigua Guatemala y la conformación de una estructura de trabajo integrada por: i) Comité Central, integrado por sectores como: La Municipalidad de Antigua Guatemala, el Gobierno Central, la Sociedad Civil, Iniciativa Privada y el consejo para la Protección de la Antigua Guatemala; ii) Gerente como nexo entre los seis coordinadores de mesas temáticas; iii) Comité de Seguimiento integrado por la Municipalidad de Antigua Guatemala, el Gobierno Central, la sociedad civil, iniciativa privada y el consejo para la Protección de la Antigua Guatemala; iv) Mesas Temáticas: de urbanismo, sociocultural, economía, ambiental, institucional y seguridad.

El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Congreso está en manos de los miembros que conforman el Comité Central, en donde participan representantes del Gobierno Central, las autoridades locales de Antigua Guatemala y el Conservador.

(Foto antigua)

c. Incidencia para la presentación y aprobación de iniciativas de ley Política Nacional de Desarrollo Rural Integral La propuesta de Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDRI) fue consensuada en la Mesa de Diálogo sobre el Desarrollo Rural durante el período 2008-2009 con diferentes expresiones organizativas de carácter académico, campesino, indígena, de mujeres, ambientalistas, de pequeños productores, de cooperativistas, con quienes se convinieron los contenidos y enfoques plasmados en los Acuerdos Políticos para el Desarrollo Rural Integral.

Acuerdo Marco para el Proceso de Diálogo por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la Conflictividad Agraria y Ambiental, firmado el 30 de abril de 2008.

“La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, fue consensuada en Mesa de Diálogo con diferentes expresiones organizativas de carácter académico y social”

Mesa 1: Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, aprobada por Acuerdo Gubernativo 196-2009; Iniciativa de Ley 4084, Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Mesa 2: Conformación de la Comisión Permanente de Atención a la Conflictividad –COPAC-; Criterios para la atención a la conflictividad; Informe del caso Mich Bill Rix Pú.

La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral fue aprobada en Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, emitiéndose el Acuerdo Gubernativo 196-2009, del 13 de julio de 2009.

Quedando pendiente por parte de la institucionalidad correspondiente, la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral y la asignación significativa de recursos para su implementación.

El Sistema Nacional de Diálogo Permanente le dio seguimiento a la implementación de la PNDRI, la cual ante la falta de un Plan Nacional y de la escasez de recursos, inició su ejecución de forma sectorial y con los recursos que contaba cada dependencia; no obstante estas limitaciones, se dieron algunos avances importantes como: Socialización de la PNDRI de manera limitada por la institucionalidad involucrada por la falta de recursos.

Reestructuración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ajustándose a la PNDRI y adopción de un nuevo enfoque “el retorno al campo”, Acuerdo Gubernativo 338-2010.

Instalación de 174 agencias de extensión agrícola (hasta diciembre de 2011), en igual número de municipios del país, con lo cual se inició la implementación del Sistema Nacional de Extensión Agrícola por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Aplicación de la Política Agropecuaria 2011-2015 con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo económico, rural y vigilancia y control epidemiológico e inocuidad de alimentos.

Atención a la conflictividad observando elementos de la Política Agraria que forma parte de la PNDRI. Revisión, actualización y reformulación interinstitucional de propuestas de Anteproyecto de Ley de: Regularización de la Tenencia, Uso y Propiedad de la Tierra y Tribunales Agrarios.

Formulación interinstitucional de propuesta de Acuerdo Gubernativo para la creación del Consejo de Participación y Auditoría Social establecido en la PNDRI.

Audiencia pública sobre la iniciativa de Ley 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, en el Salón del Pueblo del Congreso de la República.

Propuesta Interinstitucional para la atención de la deuda agraria.

Otros avances importantes se desarrollaron con la ejecución de políticas sectoriales de las dependencias agrarias, de energía y ambientales.

Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República dictaminó en el 2009, a través de la Iniciativa 4084, la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.

En el 2010, el Congreso de la República conformó Mesas de Trabajo, dentro de ellas, la de Reactivación Económica y Desarrollo Rural que estableció dentro de su metodología, que los interesados enviaran por escrito sus propuestas y argumentos en relación a la misma; así como un proceso de sesiones para la presentación de los argumentos; y un seminario sobre los contenidos de dicha Iniciativa, el cual quedó inconcluso, sin haberse agotado la discusión y alcanzar acuerdos. La no inclusión de la Iniciativa 4084 en la Agenda Legislativa para su conocimiento y discusión, provocó una serie de protestas sociales.

Ley de Servicio Civil La Reforma a la Ley del Servicio Civil se encuentra en primera lectura en el Congreso de la República y el SNDP le ha dado seguimiento al proceso, así como ha mantenido comunicación y coordinación con los trabajadores del Estado y de manera conjunta, se definió que se continuaría con el cabildeo en el hemiciclo parlamentario.

Proyecto de Ley de Regularización de Tierras El SNDP retomó la discusión que se había venido desarrollando entre la institucionalidad agraria sobre el Anteproyecto de Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra, desarrollándose una serie de talleres de análisis que consideraron las propuestas de ley existentes en el Congreso de la República.

Deuda Agraria El tema de la deuda agraria, estaba incluido en el Acuerdo Político para el Desarrollo Rural Integral y la Conflictividad Agraria, Ambiental y Laboral firmado el 30 de abril de 2008.

El SNDP retomó el tema y conformó un equipo interinstitucional que conoció, analizó y produjo un documento base para el diálogo con las organizaciones campesinas. En el

El SNDP ha fomentado la coordinación interinstitucional para establecer criterios, metodologías y enfoques de abordaje de las problemáticas que se presentan en los procesos de diálogo, promueve el intercambio de información, la elaboración de informes interinstitucionales y propuestas que permitan un mejor desempeño de la institucionalidad gubernamental en las mesas de diálogo. marco del diálogo tanto el Ejecutivo como las organizaciones campesinas, presentaron sus respectivas propuestas de abordaje y se indicó que se buscarían puntos de encuentro; sin embargo, dicha situación no se dio, la posición asumida por los representantes de las organizaciones campesinas era la condonación de la deuda agraria hasta un 75% del total del capital adeudado al FONTIERRAS, lo que representó una limitante para el Organismo Ejecutivo, ya que no le corresponde condonar deudas, sino que requiere una decisión del Congreso de la República.

El Fondo de Tierras formuló y puso en operación, la Política de Emergencia para la Reactivación Productiva, Renegociación de Créditos y Reestructuración de la Cartera y la Política de Reestructuración Social de la Deuda del programa de Acceso de dicha institución, estableciéndose en ambas políticas, la no procedencia de la condonación de la deuda agraria.

Comunicación estratégica y coordinación con otros procesos de diálogo El SNDP ha promovido la comunicación permanente con las diferentes organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, cooperativistas, empresas con quienes desarrolla procesos de diálogo. Dicha comunicación se establece para la coordinación de reuniones, y para monitorear el cumplimiento de los compromisos contraídos por las mismas, como por parte de la institucionalidad del Estado y el intercambio de información.

El SNDP ha fomentado la coordinación interinstitucional para establecer criterios, metodologías y enfoques de abordaje de las problemáticas que se presentan en los procesos de diálogo, promueve el intercambio de información, la elaboración de informes interinstitucionales y propuestas que permitan un mejor desempeño de la institucionalidad gubernamental en las mesas de diálogo.

En relación a los procesos que se han llevado adelante, se ha mantenido comunicación con los diferentes actores involucrados en los 25 procesos que han estado a cargo del SNDP.

Sistema de diálogo y consejos de desarrollo El SNDP ha mantenido coordinación con los diferentes niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo ya sea para desarrollar los procesos de diálogo, o bien, porque participan

Autoridades indígenas y municipales de Sololá dialogan sobre el servicio de energía eléctrica, con autoridades gubernamentales y empresa que presta el servicio.

como actores en los mismos. De esa cuenta, en los procesos de diálogo territorial, la presencia de COCODES y COMUDE ha sido permanente.

Impulso del proceso participativo hacia la gestión por políticas públicas Hasta el momento, el SNDP cuenta dentro de sus logros: i) con la aprobación del Acuerdo Gubernativo 129-2008, para la generación de empleo y seguridad alimentaria en coordinación entre el Ejecutivo y la CONFECOOP; ii) la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, Acuerdo Gubernativo 196-2009, que está en proceso de implementación; y iii) Acuerdo Gubernativo 338-2010, de reestructuración del MAGA y su política de “retorno al campo”.

Atención a demandas Los procesos atendidos por el SNDP, están relacionados en su mayoría con temas de carácter estructural, son conflictos multicausales, multidimensionales y multiactores que requieren niveles de intervención diferenciada por la institucionalidad existente; así como adoptar enfoques integrales, sostenibles y de entendimiento de las diferentes visiones que existen en el país.

Procesos como los referidos a la prestación del servicio de energía eléctrica, la construcción de hidroeléctricas, el uso de los recursos naturales, las consultas a pueblos indígenas, la atención a crisis emergentes provocadas por los fenómenos derivados del cambio climático, la conflictividad agraria y ambiental, el cumplimiento de pactos colectivos, la prestación de servicios básicos plantean el reto al Estado guatemalteco de consolidar una estructura que promueva la cultura del diálogo y la negociación como base para la consolidación de la democracia y fortalecer la institucionalidad, que genere una forma distinta de enfocar y atender las conflictividades sociales.

Foro sobre el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Formulación del anteproyecto de Reglamento para la realización de las consultas a pueblos indígenas, en el marco del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) La necesidad de contar con un marco regulatorio claro, sencillo y concreto para la realización de las consultas a los pueblos indígenas, en forma previa, libre, informada y de buena fe, tal como lo establece el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido señalada por instancias como el Comité de Expertos en Aplicación del Convenio No. 169 de la OIT; el Comité para la Eliminación del Racismo y la Discriminación (CERD), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Comisión Extraordinaria de Transparencia del Congreso de la República y el propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, que coinciden en señalar que “es necesario avanzar en la reglamentación de las consultas a los Pueblos Indígenas, con el fin de evitar confusiones y mayor conflictividad social con relación al tema”.

En noviembre de 2010, la Presidencia de la República de Guatemala, consciente de la importancia de avanzar en este ámbito y después de 15 años de no abordarse por las autoridades anteriores; tomó la iniciativa a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de iniciar un proceso relacionado con la formulación de un Anteproyecto de Reglamento para la realización de Consultas a los Pueblos Indígenas, circunscrito al ámbito administrativo y dentro de las competencias del Organismo Ejecutivo, que le permitiera ordenar el procedimiento de consulta y establecer una dinámica diferente para el desarrollo de las industrias extractivas en el país. Esto, como un primer paso, en tanto se aprueba una Ley de Consultas a Pueblos Indígenas en el Congreso de la República, que sea de observancia general para los tres poderes del Estado.

La formulación del anteproyecto atravesó por diversas etapas, siendo éstas:

i) Conformación de una Comisión gubernamental, integrada por: Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia

La necesidad de contar con un marco regulatorio claro, sencillo y concreto para la realización de las consultas a los pueblos indígenas, en forma previa, libre, informada y de buena fe, tal como lo establece el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido señalada por diversas instancias nacionales e internacionales…

(SAEP), Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) y Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX). ii) Opinión consultiva de instancias calificadas de: Departamento de Normas de la Organización Internacional del Trabajo y su posterior acompañamiento por parte del Secretario General de la OIT, Relator Especial para los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Dr. James Anaya, quien envió sus observaciones y aportes al documento; seminarios con la participación de funcionarios de la OIT, del Relator Especial y de funcionarios del Gobierno de Guatemala; y Conferencias presentadas ante abogados y abogadas, quienes fungen como asesores gubernamentales; incorporándose la mayor parte de las opiniones a excepción de lo relacionado a materia legislativa, por ser competencia del Congreso de la República y, lo que se refiere a otros instrumentos internacionales, ya que la idea principal es atender lo que mandata el Convenio No. 169 de la OIT. iii) Retroalimentación del documento por parte de la institucionalidad indígena del Estado, la Comisión encargada de la coordinación de dicha iniciativa, sometió el documento a la revisión, discusión y retroalimentación a nivel de las diferentes instancias del Gobierno, especialmente a las instituciones del Estado encargadas de abordar temáticas específicas de los Pueblos Indígenas, tales como: Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA), Fondo para el Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), Ministerio de Cultura y Deportes, Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), Consejo Asesor de Pueblos indígenas del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otras. iv) Presentación pública del anteproyecto, con la finalidad de iniciar una etapa de revisión y retroalimentación con la población, el 23 de febrero de 2011, en acto oficial en el Palacio Nacional de la Cultura, el Presidente de la República presentó públicamente el “Anteproyecto para la realización de las Consultas a los Pueblos Indígenas, en el marco del Convenio No. 169 de la OIT. Enfatizó que el anteproyecto era un documento borrador en calidad de propuesta y que el mismo debía considerarse como el punto de partida para la discusión y retroalimentación con las organizaciones de los pueblos indígenas, con la finalidad de que el país pueda impulsar desarrollo con la debida observancia de los derechos de los pueblos indígenas.

Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas.

v) La oposición y la falta de propuestas alternas de algunos líderes de organizaciones indígenas, el mismo día de la presentación de la propuesta, en la Plaza de la Constitución algunos dirigentes de organizaciones indígenas manifestaron su rechazo a la iniciativa, declarando públicamente que “no habían leído la propuesta y ni la leerían, simplemente se oponían a ella”, y como muestra de una oposición cerrada, quemaron un ejemplar del anteproyecto que en ese momento recién se estaba entregando a los presentes para su lectura, revisión y retroalimentación. El nivel de oposición de los dirigentes de estas organizaciones llegó al extremo de señalar, amedrentar y descalificar a todos aquellos que promovían diálogo, consulta y discusión en torno a la Propuesta, elevando el nivel de confrontación y polarización, como se pudo observar en la marcha que realizaron el día 29 de abril del 2011. vi) La búsqueda del diálogo y la argumentación de la propuesta por parte del Ejecutivo, el Gobierno de la República, impulsó una serie de reuniones de acercamiento y diálogo con las distintas formas de organización de los pueblos indígenas, especialmente con las Autoridades Indígenas Ancestrales, como las Alcaldías Indígenas, los Alcaldes Comunales, coordinaciones de organizaciones indígenas, Parlamentos, entre otras, con la finalidad de explicar en qué consistía la propuesta y cómo funcionaría en la práctica. vii) La flexibilidad en los tiempos para la retroalimentación de la propuesta, al principio, se había establecido un plazo de 30 días hábiles a partir del 23 de febrero 2011 para recibir por escrito los aportes, recomendaciones, sugerencias, propuestas concretas para mejorar el borrador inicial; sin embargo, en atención a la solicitud hecha por varios sectores sociales el Gobierno de la República dispuso ampliar el plazo hasta el 31 de mayo del 2011, con la finalidad de contar con más tiempo para la recepción de los aportes y crealizar la respectiva revisión e incorporarlos a una nueva versión. En el plazo establecido se recibieron 39 propuestas, de la cuales 23 se ubican en la línea de considerar, la Propuesta de Reglamento como necesaria oportuna y coherente con el Convenio No. 169. Estas 23 correspondencias, plantearon correcciones, agregados y aportes muy concretos que permitían enriquecer la propuesta inicial planteada. Las 16 propuestas restantes, coincidieron en señalar que no están de acuerdo con la idea de la reglamentación; en su mayoría consideraron que el Convenio No. 169 de la OIT es auto-regulable; que no requiere de ningún tipo de reglamentación.

…el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dr. James Anaya, coincide en señalar que “es necesario avanzar en la reglamentación de las consultas a los Pueblos Indígenas, con el fin de evitar confusiones y mayor conflictividad social con relación al tema”.

La Comisión del Gobierno encargada de darle seguimiento al tema y sus equipos técnicos, recibieron las propuestas las cuales fueron sistematizadas y analizadas para incorporarse a un segundo borrador de Anteproyecto de Reglamento para discutirlo a nivel interno de Gobierno y a nivel externo con diferentes sectores previo a su publicación mediante un Acuerdo Gubernativo; sin embargo, esto ya no continuó su curso porque las organizaciones que se opusieron a la propuesta de reglamento acudieron a instancias legales, interponiendo un recurso de amparo. Sobre el recurso interpuesto, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, el 24 de mayo de 2011, amparar provisionalmente a dichos grupos, ordenando al Organismo Ejecutivo suspender temporalmente el proceso. Finalmente, el 24 de noviembre del 2011, dicha Corte resolvió dejar en forma definitiva el amparo.

En ese sentido, el Gobierno de la República, acatando la disposición de la CC, decidió suspender el proceso hasta contar con mejores condiciones sociales y políticas que permitan avanzar en estos temas de vital importancia para los Pueblos Indígenas y para el país, lamentando la actitud poco constructiva y propositiva demostrada por algunos dirigentes de las organizaciones indígenas, actitudes que tendrán efectos negativos para los mismos pueblos indígenas, al negársele mecanismos claros que fortalezcan la democracia participativa como medio para impulsar el desarrollo pero con la debida observancia a los derechos de los pueblos indígenas.

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