La economía campesina y el futuro del agro El proyecto de ley agraria de las organizaciones campesinas es una respuesta realista y clara para dos desafíos claves de la actualidad: A- La situación lamentable del sector agropecuario colombiano como resultado del modelo seguido en las últimos años; B- Las potencialidades de la economía campesina en un urgente modelo alternativo para el agro y la soberanía alimentaria. 1. Fracaso del Modelo Oficial El fracaso de las políticas agropecuarias gubernamentales de los últimos gobiernos, se expresa en el total incumplimiento de uno de sus objetivos principales: la competitividad. ¿Por qué? •
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La formación anual de capital fijo agrícola no volvió a alcanzar el nivel de 2002 y en 2009 fue 22% inferior. Se estancó ocho años, mientras se el nuevo capital fijo se duplicaba en el conjunto de la economía. Entre 2009 y 2012 creció 31,6% en el conjunto de la economía y 15,7% en el sector agropecuario. En 2012 creció en el conjunto 6% en el sector sólo 2%. El 49% de los productores no recibe asistencia técnica (DNP 2010).
Entre 2003 y 2007 el producto interno del sector agropecuario sólo aumentó entre el 1,8 y el 3,9% anual, mientras que en el conjunto de la economía creció entre el 4,6 y el 7,5% anual y en la industria entre el 5,5 y el 9,5% anual. La participación del sector en el producto interno (PIB), bajó del 8% en 2002, a solamente el 6,8% en 2009. Entonces, pleno auge cíclico de la economía mundial, el país perdió una gran oportunidad para desarrollar el agro, tanto que el crecimiento del sector en Colombia contrasta con el de otros países latinoamericanos, como podemos ver:
Fuente: Cepal
Fuente: Cepal, Anuario Estadístico 2010
Un contexto de elevados precios internacionales permitió a la mayoría de los países latinoamericanos exportar productos agrícolas no tradicionales, propios de la latitud en la que se encuentra cada uno: México es el principal exportador mundial de aguacates, renglón de exportación que no existía en 1970; Perú es ahora el principal exportador de espárragos; Chile de uvas y manzanas; Costa Rica de piñas (Fedesarrollo 2010:8); y Brasil, de soya. Se destaca así lo que al capital transnacional le interesa: el mercado mundial. Además, la producción dedicada al mercado interno también ha podido crecer significativamente en Brasil, ahora entre los mayores productores del mundo de de cereales, leche y carne (Sarmiento 2011), de manera que en pleno ascenso mundial de los precios de los granos, Brasil puede disponer de producción propia. El mercado mundial puso patas arriba la visión que obligó a Colombia a importar alimentos. Ahora, como a comienzos del 2008, hay pánico por el aumento de sus precios internacionales. La tendencia alcista venía desde 2001, pero en 2007 y 2008 el ascenso fue pronunciado. En 2010 los precios volvieron a alcanzar el cielo: los precios de los futuros de trigo estadounidense ascendieron un 47% durante el año, los del maíz más de un 50% y la soya un 34% (Portafolio 2011).
La carestía de alimentos en el mercado mundial ha hecho que los inversionistas se vuelquen a buscar tierras para producirlos. La FAO estima que en el mundo hay cerca 2.600’000.000 de Ha aprovechables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900’000.000 están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia y… ¡Colombia! (DNP 2010). Las tierras de Colombia están en la mira de la inversión agropecuaria internacional. Era el momento para el despegue de la agricultura colombiana, pero, por el contrario, la crisis alimentaria mundial tomó a Colombia y en especial al gobierno por sorpresa: en 2008 el comportamiento del sector agropecuario fue uno de los factores que disparó la crisis económica general. El valor de la producción de los principales cultivos, según el Ministerio de Agricultura, se redujo 1,6%. Fue un año de estanflación, en la medida que precisamente los precios de los alimentos se elevaron en 13,77%, mientras la producción industrial se redujo en 1,8%. En 2010 cuando el conjunto de la economía comenzó a recuperarse y los precios internacionales volvieron a subir rápidamente, el sector agropecuario colombiano volvió a caer: en el primer trimestre el PIB cayó 3,4% con respecto al trimestre anterior; y en el tercer trimestre, el PIB fue 0,9% inferior al del mismo período de 2009. Para los cultivos transitorios la situación fue catastrófica, hasta el punto que en el tercer trimestre de 2010 su producción fue 11% inferior a la del mismo período del año anterior, profundizando una tendencia que completa dos décadas. Y lo que es peor, de acuerdo con estos datos del DANE, los cultivos cereales cuyo precio se eleva en el mundo, disminuyeron 18,7% con respecto a 2009. En la gráfica puede verse comparada la dinámica de crecimiento reciente de cada sector de la economía colombiana entre 2008 y 2012:
2008 2009 2010 2011 2012
PIB 2,5 0,4 4 6,6 4
industria agropecuari l o -1,8 2,6 -6,3 1 2,9 1 5 2,4 -0,7 2,6
minero 7,3 11,4 12,3 14,4 5,9
bancari construc o . 5,6 -0,3 1,8 8,4 2,9 -1,7 7 10 5,5 3,6
La agricultura colombiana fue totalmente incapaz de responder al estímulo del mercado mundial de alimentos. La reacción al alza de los precios del café tomó a la caficultura colombiana en plena crisis, tras drásticos descenso de producción. La caída de las ventas de las flores en Estados Unidos, afectó gravemente la floricultura colombiana, en tanto no había ningún programa para volver al cultivar cereales en las tierras excelentes que fueron monopolizadas, durante las décadas anteriores, por las flores. La continuidad del estancamiento de la agricultura colombiana se entiende si se mira el lugar al cual ha sido relegada por el modelo económico. Los siguientes son los porcentajes del producto nacional que representaron cada uno de los sectores económicos en 2012: Sector Financiero - Bancos Servicios Industria Comercio Minas y petróleo Transporte y comunicación Construcción Agropecuario
% Total 2012 19,81 14,98 11,97 11,95 7,67 7,35 6,36 6,18
% crecimiento 2012 5,5 4,9 -0,7 4,1 5,9 4,0 3,6 2,6
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales
Como se ve, en Colombia el principal sector económico es el financiero. Fue además el segundo en crecimiento en 2012, precedido por la minería que se mantuvo en el primer lugar aunque con un ritmo menor que el registrado desde 2008 y particularmente 2011, año en que creció 14,4%. Si la gerencia del modelo está en el sector financiero, su dinámica está en el sector minero y petrolero, en tanto que la industria, otrora determinante, está en plena decadencia, la construcción oscila erráticamente y la agricultura está en su letargo. En estas condiciones, la continuidad del modelo hacer regresar al país a la economía colonial extractiva. La fuerza de la aplanadora petrolera y minera radica en su papel en el comercio exterior. Veamos cuales fueron en orden porcentual de valor las exportaciones más importantes de Colombia en 2012 (según el DANE):
Petróleo Carbón Oro Prod. Químicos Café Flores Níquel Banano
51,4% 12,9% 5,7% 5,6% 3,2% 2,1% 1,5% 1,4%
El comercio exterior del país depende ahora del petróleo y la minería. El café y las exportaciones de origen agropecuario han pasado a ser marginales, a excepción de las ilegales y con alguna dinámica de la exportación de biodísel, que sin embargo choca con los altos costos de producción. Podemos ver cómo ha declinado no solamente el papel del café en las exportaciones sino como bajó de 18 millones a 7 millones de sacos la producción entre 1990-1991 y 2011-2012:
Fuente: Organización Mundial del Café
La situación del café sólo se ha revertido gracias al paro cafetero. Del 25 de febrero al 8 de marzo de 2013 los caficultores campesinos e indígenas paralizaron el centro, occidente y suroccidente del país. Conquistaron unas medidas transitorias cuyo principal sentido fue garantizar un pago por lo cosechado este año, que por lo menos cubre los costos de producción. Resultado, según el DANE, en el segundo trimestre la producción de café fue el 23 por ciento más alta que durante el mismo período del año anterior. Sin el paro cafetero los granos adicionales se habrían podrido en los arbustos, porque para nadie hubiera sido costeable recogerlos. El aumento de la producción cafetera tuvo un efecto positivo sobre el conjunto de la economía que repuntó 4,2% y especialmente sobre el empleo, de manera que el desempleo se redujo a niveles, que aunque
altos, son inferiores a los de los años anteriores. La agricultura es vital para a generación de empleo. Alguien podría pensar que en la historia económica de un país puede ocurrir fácilmente que un sector desplace a otro, lo que lleva a paulatinos ajustes, de manera que la población se ubica en nuevos empleos y finalmente todo vuelve al “equilibrio”. Pero no ocurre así en Colombia, porque los sectores fuertes de la economía no se destacan por ofrece empleo. La participación estimada en el empleo de los diferentes sectores, según la encuesta de hogares del DANE de febrero de 2013, es la siguiente: Comercio, hoteles y restaurantes Agropecuario Servicios Industria Transporte y comunicaciones Oficinas, inmobiliaria y financiera Construcción Minería y petróleo
27,6% 18,3% 18,0% 11,9% 8,5% 7,1% 5,7% 1,1%
Resulta que La Cenicienta, el sector agropecuario relegado al octavo lugar en el producto nacional, ocupa sin embargo el segundo lugar en la generación de empleo productivo, con un porcentaje que en la práctica es más alto, porque las estadísticas oficiales no consideran “productivo” el trabajo de las 1,7 millones de mujeres rurales que realizan “oficios de hogar”, trabajo que en la economía campesina está directamente articulado con la producción agropecuaria y que representa 7,6% de la población trabajando. Los paros campesinos de 2013 fueron una muestra de la contradicción entre el lugar que el modelo económico asigna a la agricultura y el pueblo dedicado a ella. Las causas de la lamentable situación de la agricultura colombiana comienzan por la subestimación de la producción nacional de alimentos, del mercado interno, de la economía campesina y de la soberanía alimentaria. También debe tenerse en cuenta el desmonte de la institucionalidad agropecuaria que desbarató institutos que habían lograd en los 60, 70 y 80 cierto nivel de crecimiento agrícola capitalista y había dado un apoyo subsidiario a la economía campesina. Pero hay otro factor que se quiso subestimar en el discurso público: la tierra. 2. Factor tierra Según las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2012, entre las causas principales de la baja competitividad y productividad está el uso ineficiente de la tierra: “Existe una subutilización de tierras óptimas para la agricultura, lo que se evidencia en que del total de la superficie con vocación agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 de hectáreas sólo se utilizan 4’900.000 de hectáreas” (DNP 2010: 172). Más de 16 millones de hectáreas agrícolas no cumplen su función social.
La no utilización de la mayoría de las tierras aptas para la agricultura no es un fenómeno meramente técnico. Se deja de sembrar porque hay un control monopólico especulativo de la propiedad de la tierra: En 2006 el 0,06% de los propietarios, cada uno con más de 2 mil hectáreas, poseía el 53,5% de la tierra registrada (Bonilla y González 2006: 60). Es este, muy pequeño, grupo de grandes propietarios, el que tiene el poder para decidir retirar de la producción agrícola una parte relativamente grande de las tierras aptas para la agricultura, actuando así como un monopolio para subir los precios de la tierra y mantener una renta alta. La causa fundamental de la elevada renta de la tierra es la elevada concentración de la propiedad. El índice Gini de concentración de la propiedad de la tierra, entre 0 y 1, subió de 0,840 en 1984 hasta 0,875 en 2009.(PNUD 2011: 197) En 2000, Antioquia era el sexto departamento en concentración de la propiedad de la tierra con un índice de Gini de 0,86, pero en 2009 pasó a ser el primero con un índice de Gini de 0,91, el más alto del país, junto con el del Valle, que pasó de 0,89 a 0,91. (PNUD 2011: 200) Menos de 20 ha tiene 86,6% de los propietarios y sus parcelas en total, apenas abracan el 8,8% de la tierra registrada. El 58,3% de los propietarios tiene sólo el 1,7% de la tierra (Bonilla y González 2006: 60). La falta de tierra propia es un factor que conspira contra un mayor participación de las unidades campesinas en la producción y una mayor retribución por su producción, ya que el campesino que usa tierra ajena tiene que pagar arriendos que pueden representar el 29% de sus costos de producción o someterse a aparcerías o mediería en las cuales el dueño de la tierra, aportando entre el 35 y 40% de los costos se apodera del 60 al 65% de los ingresos (Forero 2010). Por la investigación realizada por INDEPAZ sabemos que en 1999 la gran propiedad o macrofundio poseía el 39,2% de la tierra registrada, mientras que en 2008 acaparaba el 53% de la tierra. (González Posso 2012) Porcentaje de hectáreas en tipos de tenencia con rango según uaf Tenencia (Rango UAF) Microfundio Pequeña propiedad Mediana propiedad Gran propiedad
1999 13,5 % 18,4 % 28,9 % 39,2 %
2000 13,6 % 18,4 % 28,7 % 39,4 %
2001 12,9 % 18,4 % 27,0 % 41,6 %
2002 13,5 % 18,9 % 27,6 % 39,9 %
2003 13,3 % 18,3 % 26,7 % 41,6 %
2004 10,1 % 18,7 % 18,8 % 52,4 %
2005 9,3% 19,1 % 19,2 % 52,4 %
2006 10,6 % 19,4 % 19,2 % 50,8 %
2007 9,6% 18,6 % 18,1 % 53,8 %
2008 10,0 % 18,8 % 18,2 % 53,0 %
2009 10,5 % 19,1 % 18,2 % 52,2 %
Fuente: Elaborado por INDEPAZ con datos del PPTP, 1999 a 2009. Se incluye Antioquia desde 2004 con los datos de tenencia según UAF elaborados por el PPTP para 2006. Microfundio menos de 0,5 UAF. Pequeña mas de 0,5 hasta 2 UAF. Mediana más de 2 hasta 10UAF. Grande más de 10 UAF .
La gran propiedad, al especular con la tierra y dejar sin sembrar grandes extensiones de tierra agrícola, no cumple con la función social de la propiedad. Sería incorrecto no ver la íntima relación entre el incumplimiento de la función social y la función ecológica. Si la función social significa dedicar a agricultura o a pastos mejorados los suelos que tienen esa vocación, significa también mantener con la vegetación natural aquellas áreas que deben conservarse. De hecho, lo que vemos en Colombia, es cómo la otra cara de la moneda de la subutilización de grandes extensiones de suelo, es la sobreutilización de muchas áreas, donde los más pobres se ven obligados a producir sin tener tierras adecuadas. Mientras las tierras que deberían ser sembradas no lo son, otras se cultivan causando deforestación, erosión y otros daños ecológicos y agrológicos. Así, el 15.6% del área total registrada en el país presenta algún grado de subutilización, son 17’790.116 ha, que con respecto al total de tierras intervenidas, equivalen al 29.6%. De este total 4’767.866 ha. presentan un grado de subutilización severo (Igac – Corpoica 2002: 60-61). De otra parte, 19’652.641 ha presentan conflicto por sobreutilización, de las cuales 13’349.178 están en alto riesgo de sufrir degradación o pérdida de sus cualidades y, por ende, de la capacidad para cumplir funciones ecológicas y sociales y las tierras con sobreutilización severa cubren una extensión de 7.713.598 ha, correspondientes al 12.8% del área intervenida (Igac – Corpoica 2002: 63). 3. Perjuicios de la “apertura económica” La llamada “apertura económica”, al facilitar la importación de productos agropecuarios, lejos de lograr que la competencia estimulara mediante las leyes del mercado la competitividad del sector agropecuario colombiano, consiguió todo lo contrario. El área cosechada anual se redujo hasta en 22% con respecto a 1990 y siempre ha sido 15% inferior a ese año. El problema de la tierra desperdiciada se agudizó, debido a las importaciones. En 2011 se importaron más de 10 millones de toneladas anuales de alimentos (maíz, trigo, cebada, soya) y otros productos de origen agropecuario (como algodón), incluido un millón de sacos de café.
Fuente: MADR Anuarios Agropecuarios
La apertura económica produjo además un cambio en las fuentes de la renta de la tierra. El descenso de la rentabilidad del sector agropecuario condujo a los grandes propietarios a tratar de obtener rentas mayores en las zonas donde se efectuaban inversiones de otros sectores, como la construcción de vías, hidroeléctricas y otros megaproyectos y en las explotaciones petroleras y mineras. La tierra agrícola se está desperdiciando, porque el latifundio no la quiere para producir, sino para “engordar”, para que su precio aumente, como resultado de la inversión del estado, la minería y las explotaciones petroleras. Es decir los grandes propietarios quieren ganar más sin invertir más, con rentas de monopolio y por las ventajas de la localización de los predios. En Colombia, en términos de Keynes (1936:232) se ha producido una situación en que la “prima” de propiedad de la tierra supera la rentabilidad de la inversión agropecuaria e impide que el mercado por sí mismo ajuste la economía. La concentración de la propiedad de la tierra es una barrera para la inversión y la competitividad agropecuaria, no le importa el crecimiento de las importaciones y en cambio se lleva bien con los megaproyectos viales, hidroeléctricos, turísticos o extractivos, que le generan mayores rentas de localización. 4. Los privilegiados Por otra parte la política agrícola abandonó cualquier camino de soberanía alimentaria y tomó el de las plantaciones tropicales, que se suponían tenían ventajas comparativas, pero que terminaron siendo sostenidas por numerosos subsidios, exenciones y leyes, que tuvieron su peor expresión en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
En el caso también de la caña de azúcar para producir el etanol, la ley 693 del 19 de septiembre de 2001 ordenó que a partir de septiembre de 2006 la gasolina en las ciudades colombianas de más de 500 mil habitantes debe contener etanol. Esta imposición sustentada con supuestas motivaciones ecológicas y sociales es decisiva pues el costo de producción del etanol es superior al de la gasolina (Serrano 2006). La maquinaria de las plantas no paga impuestos de aduana. Para completar, la ley 788 de 2002 exoneró al etanol del impuesto al valor agregado IVA y de los impuestos y sobretasas a los combustibles, exenciones que cuestan al estado 100 millones de dólares por año (Suárez 2006). A pesar de todos los privilegios que tiene la producción de etanol, es imposible exportar una gota, porque su costo de producción es cerca de 50% mayor que el de los países exportadores. La principal razón: tierras demasiado caras. La firma LMC International realizó un estudio que demostró que en Colombia se paga uno de los precios más altos del mundo por hectárea de caña cosechada, 82% más que China, 75% más que en Brasil, 63% más que en Guatemala, 42% más que en Tailandia; 28% más que en Australia y 6% más que en Sudáfrica. El presidente de Procaña, José Vicente Irurtia informó que los precios de la tierra en el Valle del Cauca, son de los más elevados del mundo (El País 2007). De acuerdo con las Bases del Plan de Desarrollo 2010-2012, el problema del costo de producción como barrera para la competitividad no es exclusivo de la caña y el etanol. La producción de aceite de palma en Colombia cuesta 40% más que en Malasia; la de leche 143% más que en Nueva Zelanda, la de maíz 118% más que en Estados Unidos (DNP 2010: 172). Aunque el precio del algodón en el mundo, en el momento, es excelente, Colombia no participa de la bonanza, porque sus costos son 36% superiores y además abrió por años el mercado a las importaciones y si en 1977 en había en el país 370.000 hectáreas sembradas de algodón, que produjeron 485.000 toneladas, hoy apenas se siembran 14.000 hectáreas con una producción aproximada de 36.000 toneladas (Tobar 2010). Aunque las Bases de Plan de Desarrollo callan sobre el alto precio de la tierra, como una de las causas principales del encarecimiento de los costos de producción, la Sociedad de Agricultores de Colombia Sac, que agrupa a los empresarios, realizó un estudio comparativo de los costos en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil y si bien detectó que los precios de los fertilizantes y los fletes influyen en los altos costos en Colombia, encontró además que a pesar de que ser Colombia ser el país donde podría ser más barata la tierra, por la violencia, resultó todo lo contario: es mucho más cara y hasta 4 y 5 veces más (Portafolio 2009). La Sac propone: “Desarrollar acciones y políticas que permitan corregir la grave distorsión que aqueja la competitividad de la producción por efecto de los altos costos de la tierra, por ende se debe atacar el mercado especulativo de tierra” (Mejia 2010). Sin embargo, como históricamente ha ocurrido cuando se trata de enfrentar el gran obstáculo que el latifundio especulativo significa para el
desarrollo agropecuario capitalista, el presidente de la Sac, señala que el gobierno “no debe centrar su acción en la política tierras y de esa manera descuidar el resto de los factores relacionados con el sector” (Portafolio 2010). La Sac considera, también de acuerdo al interés de los grandes empresarios, que es necesario “realizar ajustes normativos que promuevan y faciliten el desarrollo de proyectos agroindustriales de grandes extensiones” y crear mecanismos legales que permitan un trámite expedito y de bajo costo en el saneamiento de la propiedad y que se debe fortalecer la institucionalidad pública para que ejerza una labor de saneamiento. (Mejía 2010). El empresario ante la alta renta de la tierra históricamente ha optado por descargarla sobre los hombros de sus trabajadores y las altas rentas territoriales se identifican directamente con salarios bajos; el alto nivel del precio de la tierra coincide con el bajo nivel del precio del trabajo. La alta renta de la tierra se identifica directamente con los bajos salarios (Marx III: 586) Los altos costos de la tierra hacen imposible exportar etanol de caña; el proyecto de instaurar el modelo de los sultanes malayos no ha alcanzado más que una expansión de la palma aceitera, entretejida con las zonas de mayor violencia y desplazamiento forzado, pero limitada por los precios de la tierra en las otras áreas, que hacen que su costo de producción sea 82% más alto que en Malasia (DNP 2010). La ineficiencia terrateniente se descarga contra el trabajador rural e impone los salarios bajos, mediante sistemas que ocultan la relación laboral. El latifundio especulativo está detrás de las diferentes formas que tratan de ocultar la relación laboral para superexplotar al obrero rural: las supuestas “cooperativas de trabajo asociado”, los mal llamados “contratos sindicales” y la “tercerización”. Los precios de los alimentos son más altos cuando se desperdician tierras agrícolas. Los altos precios de los alimentos encarecen el costo de la mano de obra y causan a su vez hambre al trabajador. Un círculo vicioso ajeno a la agricultura del futuro y en el cual, el empresariado agrícola colombiano ha perdido cualquier ritmo de competitividad, productividad o modernización, las tres ofertas que hace a la sociedad. 5. Campesinos, tierra y alimentos En la práctica, en Colombia, la producción agropecuaria no depende solamente del latifundio y las empresas capitalistas, sino de multitud de pequeñas parcelas. Se trata de la producción del campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los raizales de San Andrés y Providencia. Si alguien duda de la importancia del campesinado para Colombia, basta recordar su contribución decisiva a la alimentación de los colombianos. En el 2002 2002, los campesinos mantenían el 67,3 del área sembrada del país en cultivos legales y el 62,9 del valor de la producción agrícola (Forero 2002). El 43 % del área sembrada corresponde a explotaciones de menos de 20 hectáreas, que apenas tienen menos del 9% de la tierra en propiedad. Predominantemente campesinos
son el plátano, la panela, yuca, papa, frutales, fríjol, cacao, ñame y el 74% de la producción nacional de maíz. El café tras la crisis del mercado internacional del grano pasó a ser de nuevo netamente campesino.(Forero 2002) Según la Encuesta Nacional Agropecuaria, es destacada la participación de las unidades campesinas, tanto en área como en producción en cultivos como cebolla larga (98%), haba (96%), cebolla cabezona (89%), papa (82%), fríjol (81%), cacao (81%), arveja (79%), zanahoria (79%), banano (75%), café (74%), caña panelera (70%) y plátano (70%). Aunque minoritaria su participación es importante en el número cerdos (35%), especies menores (38%), vacas lecheras (25%), aves (17%) y bovinos para carne (12%). La participación campesina en la producción de frutas es muy importante: mora, lulo, curuba o la granadilla han tenido una importante expansión y demuestran las posibilidades de la parcela campesina para incorporar nuevas tecnologías. Junto con pequeños y medianos empresarios los campesinos han conseguido aumentar también el área sembrada de arveja, fríjol, tomate y de varias hortalizas. Los campesinos, además han logrado organizar experiencias piloto de mercadeo exitosas, como los mercados campesinos en Bogotá (Montoya et.al. 2010). En Colombia, son los pequeños productores los que dedican un mayor porcentaje de su finca a la agricultura. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, el 51% del área cosechada correspondió a unidades campesinas, a pesar de que estas unidades solamente poseían el 33% del área. En general, los pequeños productores dedican una mayor proporción del área de su finca a la agricultura, lo que hace que su participación en el área agrícola sea muy superior al porcentaje del crédito que reciben y de la tierra que poseen: Unidades Pequeñas Mediana Grandes
% área total 14,1 26,1 59,8
% área agrícola 38,9 32,5 28,6
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2004
Sería una equivocación creer que la importancia de la economía campesina es un fenómeno meramente colombiano y no darse cuenta que es un hecho internacional. Así, Brasil, el ejemplo latinoamericano más destacado de la expansión de las grandes empresas agropecuarias, posee una economía campesina o “agricultura familiar” dinámica. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de ese país, la economía campesina suministra cerca del 70% de los alimentos que se consumen actualmente en Brasil, siendo fundamental para el abastecimiento de fríjol, arroz, leche y verduras, además de ofrecer gran diversidad de productos (Júnia 2011). La investigación realizada en 2010 en Minas Gerais (Brasil), bajo la dirección de Rosemeire Aparecida de Almeida, arrojó resultados sorprendentes sobre
productividad de la economía campesina. Entre 1996 y 2006, la agricultura familiar de fríjol y arroz aumentó en 50% la producción por Ha, mientras la agricultura empresarial de soja la incrementó en sólo 7%. La agricultura familiar genera un empleo cada 6,7 Ha y la empresarial un empleo cada 411,5 Ha. Para completar, en esa región brasilera evaluada, aunque los campesinos reciben solamente el 2,4% del crédito, obtienen el 12,2% de la producción agropecuaria. (CPT 2011). Por otra parte, el fracaso del proyecto de Chicoral para que la gran propiedad impulsara el desarrollo agropecuario en Colombia contrasta en cambio con el éxito de la economía campesina en Vietnam, una experiencia oculta para los colombianos. Vietnam es un país que quedó muy pobre después de las guerras. Sin embargo es ahora es un país sin latifundio y las fincas no superan las 6 hectáreas (Nova 2011). De ser un importador, Vietnam se convirtió en el segundo exportador mundial de arroz y actualmente es el segundo productor y primer exportador de café (FAO 2012) y segundo exportador de nuez de marañón y, un gran productor de ñame, té y carne de aves. Esto a partir de un decreto de 1981 que promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial (Merlet 2002; Dao 2001). El éxito se debió también a un fuerte apoyo del estado al sector, a la integración de la agricultura y ganadería con el aprovechamiento forestal y la pesca (Merlet 2002) y en especial a la intensa generación de tecnología propia (Bui y Duc 2002) . Estas realidades refutan a los apologistas del modelo vigente, quienes dicen que solamente la gran propiedad puede ser eficiente. Además, investigaciones hechas por Jaime Forero y otros en Colombia (Forero et.al. 2013), y por el Banco Mundial en Ucrania también demuestran lo contrario. En Ucrania se estableció que frecuentemente las grandes fincas generalmente no son las más rentables (Deninger et.al. 2013). En Colombia la investigación dejó claro que la eficiencia de los pequeños agricultores familiares y pequeños empresarios es comparable a la de los medianos y los grandes y que los agricultores independientemente del tamaño de la escala de su unidad productiva pueden ser eficientes cuando acceden a los recursos y el entorno lo permite (Forero et.al. 2013). El CIAT demostró en la famosa Carimagua, que terrenos similares de los Llanos pueden ser aprovechados por pequeños productores con tecnologías de arreglos agroforestales y agropastoriles y nuevas variedades de arroz, yuca, soya, sorgo, maíz y pastos adecuadas a sus suelos (Vergara 2008). En la historia mundial también encontramos pruebas de la importancia de la participación del campesinado en el desarrollo. En 1861, con Lincoln como presidente, Estados Unidos optó por proteger su producción nacional, fortalecer su mercado interno y por abolir la esclavitud. Pocos recuerdan que además estableció las UAF gringas, los homestead de máximo 64 hectáreas en las zonas
de colonización. Si no hubiera optado por ese camino, Estados Unidos sería un país subdesarrollado dependiente de Europa y en especial de Inglaterra. 6. Las familias campesinas colombianas los programas oficiales El censo del 2005 demostró nuevamente que el porcentaje de población que vive en el área rural disminuye continuamente, pero también, que ello no significa una reducción de la población rural en números absolutos, ni siquiera después del desplazamiento forzado de 4 millones de personas, el cual detuvo el crecimiento por fuera de las cabeceras municipales pero no redujo la población rural, la cual se por primera vez se estancó algo más de 11 millones de personas. El censo de 2005 registró 1’741.362 viviendas familiares dispersas en el área rural, de las cuales 916.549 estaban asociadas a unidades de producción agrícola, pecuaria, forestal o piscícola. Proyectando la Encuesta Continua de Hogares del DANE, del primer trimestre del 2005 se encuentran efectivamente 328.234 hogares campesinos que residen en el sector urbano y, 1’041.204 que residen en el campo, para un total de 1’369.438 hogares campesinos, entendidos como aquellos que cuentan con al menos un “trabajador independiente” del sector agropecuario (Garay 2010). Estas cifras pueden ser un acercamiento al total de familias campesinas, aunque hay que tener en cuenta que especialmente en la región del Caribe y en algunas otras partes los campesinos viven en la cabecera municipal y laboran en sus parcelas y además, que una parte de estas viviendas corresponden a familias indígenas o afro. Para apoyar la producción de esta masa de población la acción de estado es mínima y ha tendido a minimizarse. Se dedicaron en cambio los esfuerzos del estado a incentivar la gran propiedad: según un estudio de Cega y Uniandes sobre los incentivos en el agro, si en el 2000 el 1% de los beneficiarios recibía el 17% de los recursos del Incentivo a la Capitalización Rural ICR, para 2007 el mismo 1% recibía el 45% de los recursos; el 1% de los beneficiarios se quedó con el 71% de los créditos redescontados por Finagro; el 1% tomó el 45 por ciento del respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías. En Agro Ingreso Seguro, 161 beneficiarios recibieron en créditos la misma plata que 79 mil ($420 mil millones) y en ICR, 1.100 tomaron lo mismo que 75 mil ($320 mil millones). Una investigación realizada por Jaime Leibovich, Laura Estrada y Hernando Vásquez (2009), demostró que las políticas agropecuarias han estado sesgadas en beneficio del “capital” y que el estado debe promover el mayor uso de la tierra y el trabajo. El capital burocrático no desarrolla el campo. Quienes trabajan la tierra tienen escaso acceso a los recursos y en especial escaso acceso a las tierras de buena calidad, mientras la mayoría de ellas siguen desperdiciadas. La acción estatal para dotar de tierras a los campesinos, que adquirió importancia después de la creación del Incora en 1961 y especialmente desde la ley 1 de 1968, se redujo tras la ley 4 de 1973; se reanimó con la ley 30 de 1988, pero
desde la vigencia de la Ley 160 de 1994 se substituyó la adquisición de tierras para campesinos por el programa de mercado subsidiado de tierras propuesto por el Banco Mundial en diferentes países y, desde 1999 ha decaído en forma sostenida (Incora 2001:174,190; Benítez 2005:49). En sus primeros 4 años, el programa de mercado de tierras subsidió la adquisición de un promedio de 38.625 Ha al año, con el mayor alcance en 1996, cuando fue subsidiada la compra de 71.616 Ha para 4.633 familias. Durante este período fue expedido el Decreto 1777 de 1996 que abrió el paso a los programas de reservas campesinas. Como el instituto continuó el programa de adquisición de tierras para comunidades indígenas y comenzó los programas con desplazados, en promedio fueron adquiridas otras 28.943 Ha año, para un promedio total de 67.568 anuales. Pero, desde 1999 se produjo el marchitamiento hasta el intento de desaparición definitiva de los programas de redistribución de tierras. El gobierno de Andrés Pastrana buscó desde 1998 sustituir el programa de subsidio para compra de tierras por lo que llamó “alianzas estratégicas” entre pequeños y grandes propietarios. En 1999 el Incora subsidió la adquisición de 10.454 Ha. para 845 familias y los programas de adquisición del instituto sumaron 18.018 Ha; en 2000 solamente subsidió la compra de 7.088 Ha para 646 familias y las adquisiciones totales sumaron apenas 15.212. La actividad del instituto se dirigió principalmente a titular resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras y a la constitución de 5 reservas campesinas. En 2002 se redujo el presupuesto ejecutado para comunidades indígenas en más del 80%. El gobierno de Alvaro Uribe expidió el Decreto 1300 de 2003 que unificó, en el Incoder, al Incora con otros tres institutos destinándole a la nueva entidad menor presupuesto que el que tenía sólo el Incora. La ley 1152 de 2007 o Estatuto Rural descuartizó al Incoder e intentó demoler las conquistas campesinas e indígenas obtenidas desde 1926. Por ejemplo estableció la validez de las escrituras no originadas en el estado, fabricadas hasta 1997, con lo cual permitía legalizar despojos de tierras hechos por grandes propietarios; ordenó adquirir grandes predios incultos a los cuales se podía aplicar la extinción de dominio y en cambió permitió aplicarla a los predios menores de 300 Ha. Así, pese a sus limitaciones, la acción para redistribuir la tierra fue rechazada. En 2008, 16.009 familias presentaron solicitud al Incoder para 1.254 proyectos subsidiados; fueron seleccionadas apenas 768 familias con 134 proyectos productivos para la adquisición de 7.221 hectáreas. En cuanto a los desplazados, lograron presentar solicitud 5.534 familias, de las más de medio millón ue se encuentran desplazadas por la violencia. Solicitaron 402 proyectos. Los técnicos únicamente encontraron como elegibles 68 de estos proyectos, en beneficio de apenas 562 familias. Pero, tragedia, los recursos presupuestados solamente alcanzaron para 37 proyectos de 357 familias, apenas el 6,45% de las familias solicitantes y el 0,06% de las desplazadas por la violencia (Sintraincoder 2009).
Pese a la involución del Incoder, a la concentración y demostrada en los subsidios, a que los mismos han favorecido en forma mayoritaria a unos pocos grandes propietarios e inversionistas y aunque la institucionalidad agraria que fomentaba la producción campesina fue progresivamente desmontada y liquidada y fueron eliminados el DRI, los programas de investigación para fincas campesinas del ICA y los programas de reforma agraria; y a pesar del desplazamiento forzado que ha tenido años terribles, incluidos los años récord de 2002 y 2008, respectivamente con 412 mil y 381 mil desplazados forzados cada año, los campesinos mantienen importancia decisiva en la producción de alimentos y en las exportaciones agrícolas. Ante esta realidad, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 1152 el 18 de marzo de 2009 y la demostración en 2010 del total fracaso de la política agropecuaria, son hechos que deberían haber marcado nuevos rumbos. Sin embargo, el reducido presupuesto entregado por el actual gobierno al Incoder y el acoso de todo tipo contra directivos de la entidad que han tratado de hacerlo más eficiente en el cumplimiento de la ley 160 de 1994, así como la ausencia de una nueva ley agraria que permita la redistribución de tierras, han impedido los cambios necesarios y el instituto se mantiene en los niveles de ejecución anteriores. Aunque reactivó una zona de reserva campesina suspendida por el gobierno anterior e inició formalmente el proceso para constituir siete nuevas, en los casos que completa los estudios no crea las nuevas reservas, pues otras instancias del gobierno lo prohíben. Además de esas ya en curso, hay por lo menos otras 16 solicitudes a la espera de trámite (González Posso 2013). Aunque el gobierno actual ha diseñado políticas y programas para incluir a campesinos, los recursos de crédito, estos son claramente insuficientes para la economía campesina. El Incoder sigue con bajo presupuesto. Aunque el crédito ordinario de Finagro se incrementó en 2011, en 25,97%, para los pequeños productores el aumento fue importante, pero menor, de 23,19%. En 2012 los créditos aumentaron 15,36% y para pequeños productores en 8,67%. Así, la participación de los pequeños productores descendió del 27,6% en 2010, al 26,9% en 2011 y al 25,43% en 2012, mientras los grandes y medianos recibieron siempre más del 60%. Esa participación no se compadece con la que tiene el campesinado en la producción. La participación campesina en el crédito de Finagro, siendo bien minoritaria, es sin embargo mayor que la que tiene en el crédito general. En Colombia apenas del 8,4 al 9,8% de los campesinos tiene acceso al crédito bancario y recibe entre el 17,6 y 19% de los préstamos agropecuarios (Forero 2010: 77). Los usuarios, dedican más del 50% de sus ingresos a pagar intereses a los bancos (Forero 2010: 100), en tanto que el crédito más común conseguido por los campesinos, es la compra “fiada”, que cuesta realmente hasta el equivalente al altísimo 2% mensual (Forero 2010: 77). 7. La políticas del actual Gobierno
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos incluyó dentro de las que ha llamado “cinco locomotoras del crecimiento”, al sector agropecuario. Al mismo tiempo, llegó a manifestar a través de su primer Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, su intención de incluir también al campesinado y los pequeños propietarios dentro de las políticas de fomento del sector. Sin embargo, la ley del Plan Nacional de Desarrollo aprobada en el Congreso de la República alertó sobre cuál era en realidad la prioridad que supuestamente se daría al sector agropecuario y sobre la puesta en práctica de una política que apreciara y estimulara la contribución de la economía campesina. La locomotora minera y energética ha tenid la prioridad real. La minería a cielo abierto, la minería en páramos, la entrega de multitud de concesiones hechas sobre escritorios y mapas, las facultades expropiatorias que tienen las grandes empresas mineras y la falta de adecuados controles ambientales amenazan seriamente a las comunidades rurales. Las comunidades indígenas y afro tienen, al menos teóricamente, la protección de una Declaración de naciones Unidas sobre pueblos indígenas, el convenio 169 de la IT y las normas constitucionales que obligan a consultarles y a no sacrificar su integridad social, económica y cultural. Los campesinos estamos más expuestos a los peores abusos de las empresas extractivas. Sólo con movilizaciones de toda la población, como la que hubo en Santander, podemos defendernos. Más grave aun nos parece la orientación del Plan de Desarrollo a enraizar los tratados de libre comercio (DNP 2010, 505). No nos cabe duda de cómo con los llamados tratados de libre comercio TLC con Estados Unidos, Canadá y Suiza y le Tratado el Pacífico y apenas entren en vigencia los TLC firmados con la Unión Europea, Israel, y otros países, el destino del sector agropecuario colombiano será triste. La experiencia del campesinado e indígenas mexicanos en este sentido ha sido terrible y México ha perdido su soberanía alimentaria. Mientras desarrolla algunas líneas de exportación en manos de grandes empresas y la producción porcina queda también en manos transnacionales con condiciones de inseguridad sanitaria, como lo demostró la epidemia de gripa en ese país, México pasó a importar su producto nacional y la tortilla, principal comida mexicana, ha alcanzado precios astronómicos, debido a la dependencia del cereal importado. En Colombia, el paro agropecuario de agosto y septiembre de 2013 ha tenido como punto básico la protesta contra los primeros efectos de los TLC. El resultado es y será peor por los altos precios de la tierra que impiden cualquier competitividad. Los lecheros serán quebrados por los lácteos europeos, los productores de maíz, varias frutas y los avicultores lo serán por los productos norteamericanos. Las normas sobre “propiedad intelectual” encarecerán los insumos y pondrán en peligro el dominio sobre nuestras propias semillas. Nuestra territorialidad será amenazada por los contratos con las transnacionales que gozarán de “seguridad jurídica” que nosotros no tendremos y podrán acudir a arbitrajes privados extranjeros que sustituirán nuestros tribunales e impondrán las “costumbres del comercio internacionales sobre nuestra constitución y leyes.
Por otra parte el Plan de Desarrollo no reconoce explícitamente la necesidad de redistribuir la propiedad de la tierra como un factor esencial para conseguir el uso eficiente y sustentable del suelo y para reducir los costos de producción. En ese sentido las políticas para garantizar el “acceso” a la tierra son débiles, se reducen al ya demostradamente marginal subsidio para adquirir tierras y a la distribución de las tierras de los narcotraficantes, que ha sido muchas veces pregonada y que también siempre ha resultad marginal. El artículo 60 de la ley 1450 de 2011 del Plan, declarado inconstitucional junto con los artículos 61 y 62, por la sentencia C-644 de 2012 de la Corte Constitucional, quería desconocer la Unidad Agrícola familiar UAF en tierras de los colonos campesinos que recibieron anteriores baldío y en las parcelas adquiridas con subsidios de Incoder, es decir creaba un mecanismo de contrarreforma agraria para entregar baratas tierras de los campesinos que fueron beneficiarios de Incoder a grandes propietarios. ¡Muy grave! El intento de legalizar la acumulación indebida de baldíos en la ley 1450 de 2011, ha sido seguido por otro intento, hecho en el artículo 12 del proyecto de ley 164 de 2012, negado en el Congreso, que pretendía que pudieran concentrarse en manos de una persona o empresa los baldíos adjudicados antes del 5 de agosto de 1994. Ahora se insiste nuevamente en este tema. El 25 de septiembre de 2013 se anunció que estaba listo el enésimo proyecto de ley sobre baldíos, denominado “salomónico”, que permitirá a las grandes empresas la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares entregadas a los campesinos, ahora a cambio entregar a los campesinos el 20% de las tierras cuyo acaparamiento es legalizado. Esta llamada “flexibilización” de las normas sobre Unidad Agrícola Familiar que rigen los programas del Incoder, es apenas uno de los objetivos que desde hace 11 años vienen tratando de cumplir los acaparadores de tierras. Son los siguientes: 1. Suprimir o debilitar el requisito de título originario del Estado como prueba
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de propiedad. En el proyecto de tierras del gobierno se sustituía por “cualquier negocio jurídico”. En el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, se corría hasta 1997 el término para que un título fabricado por particulares inscrita fuera reconocido. La ley de víctimas solamente opera desde 1991. Acortar el plazo de la prescripción para legalizar la propiedad de tierras ocupadas de mala fe, lo cual consiguieron con la ley 791 de 2002 y pretendieron acortar aun más en la ley 1152. Legalizar la compra venta de cosa ajena, lo cual consiguieron establecer con las leyes 1182 de 2008 y 1561 de 2012. Desconocer los resguardos indígenas coloniales, lo cual ordenaron transitoriamente con el Decreto 441 de 2010 e intentaron perpetuar en el Plan de Desarrollo y volvieron a proponer en el proyecto de tierras. Eliminar la inalienabilidad de las reservas indígenas y la norma que protege a los territorios de los pueblos indígenas nómadas o agricultores itinerantes,
lo cual pretendió el proyecto de ley de tierras. El Estatuto Rural llegó a exigir que los nómadas e itinerantes tuvieran un asentamiento permanente. 6. Limitar el alcance de las reservas campesinas, lo cual hicieron en la ley 508 de 1999 y en el Estatuto Rural, ambos declarados inconstitucionales por la Corte. Ahora un ex funcionario del gobierno Uribe ha presentado una demanda pretendiendo que sean declaradas inconstitucionales las reservas campesinas. 7. Legalizar los proyectos económicos realizados en tierras ocupadas o adquiridas ilegalmente, lo cual se intentó en los territorios de comunidades afro con la resolución 1516 de 2005 y se establece en la ley de víctimas que dispone que aunque el desplazado recupera su propiedad tiene que realizar un contrato con quienes realizan un proyecto en su finca. Ahora el proyecto salomónico propondría que los proyectos en los baldíos acumulados ilegalmente continúen su curso. El inversionista comprador y acaparador de UAF o de cualquiera de las propiedades tomadas de los campesinos, afros o indígenas, ha visto y verá cómo rápidamente la finca que compró sube de precio “como por arte de magia” y aunque su objetivo inicial sí fuera producir, se desviaría hacia un negocio mejor, la valorización de la finca y la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional. Aunque en el mejor de los casos se creara una empresa agrícola, el efecto macro de pasar al mercado financiero la tierra, termina siempre siendo un obstáculo cada vez mayor para la inversión agropecuaria en el resto del país. Efecto similar, tendría la conversión de los eventuales contratos de inversión en las zonas de desarrollo empresarial, en contratos de leasing, que transferirían finalmente la propiedad de la finca a la empresa que invierte en producción. Se terminaría sustituyendo el necesario estímulo a la producción agropecuaria por un estímulo a la acumulación de tierra en propiedad y al paso la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional. Se incrementaría la “prima a la tenencia de la tierra” y la “propensión” a acumular tierras, desalentando las inversiones productivas (Keynes, 1936, 232). El peligro principal es crear así una “burbuja de tierra”, que metería territorios enteros en los mercados de especulación, sin que eso condujera a un crecimiento general del sector, pero sí beneficiando a un grupo élite de grandes propietarios, empresas e inversionistas. Las inversiones que así tienen y tendrían mejores condiciones en el campo serán así las especulativas. El acaparamiento de tierra en el Llano y otras regiones del país aunque en principio puede producir esa renta adicional, ha terminado por encarecer más y más la tierra, con resultados nefastos. Esa renta adicional, que podríamos llamar la renta de los Santos, está edificada sobre la existencia de otras: la renta absoluta que permite la monopolización de la tierra en pocas manos y que en la medida que se acrecentó en lo corrido de este siglo podríamos llamar la renta Uribe; la renta diferencial que se estableció desde la colonia en beneficio de los hacendados sobre las mejores tierras y que podríamos llamar renta española y la
renta diferencial que consiguen los que acumulan tierra cerca de ,los megaproyectos y que por haber caracterizado el final del siglo pasado podríamos llamar renta Pastrana. Es un país dominado por el rentismo, en el cual los rentistas han sido cooptados por los poderes internacionales y han firmado innumerables TLC de manera que han condenado al infierno a la agricultura. El Plan de Desarrollo insiste en priorizar las que se ha denominado “alianzas estratégicas” y ahora se llama “esquemas asociativos con inversionistas privados”. El nuevo ministro de Agricultura, doctor Lizarralde, es sin lugar a dudas un destacado gestor y defensor de este modelo ya vigente desde hace 15 años, y lo conoce en sus profundidades. Este modelo impuso las llamadas cooperativas de trabajo asociado como formas de reclutar la mano de obra para la caña de azúcar y la palma aceitera. El primer tipo de supuesta “cooperativa”, contra el que se han hecho las grandes huelgas de la caña y la palma en este siglo, no es más que un disfraz de la relación laboral que burla los derechos a la jornada de 8 horas, copagos de salud y seguridad social y vacaciones. El segundo tipo de “cooperativa”, que existe en la palma, ha sido primer lugar una forma de cargar los altos costos de la tierra al campesino. La primera generación de empresas de palma se vio ante la realidad de que tal costo es mayor en la palma, porque al terminar su ciclo productivo después de 18 o 20 años es muy caro reciclar el lote y deja las filas donde estaban los tallos, quemadas por químicos, de manera que hay que sembrar entre filas. La empresa no solamente ahorra los costos laborales, sino los impuestos y la depreciación de la tierra. En realidad usa la tierra del campesino, que no solamente trabaja para la empresa atado por un contrato de endeude, que recuerda los de las caucherías, sino que frecuentemente por la inequidad del contrato termina rehipotecando la parcela para sobrevivir y a veces perdiendo toda la tierra por no poder pagar las hipotecas sucesivas. El Plan reconoce que es posible promover las formas asociativas entre los campesinos y varias experiencias campesinas e indígenas lo demuestran, es vital dar un impulso a asociaciones de campesinos para que ellos mismos agreguen valor a sus productos, los procesen y también para que se asocien con pequeños propietarios urbanos para comercializar y procesar. No sólo ni principalmente es necesario asociar al campesino con grandes inversionistas, sino que los pequeños productores pueden constituir ellos mismos empresas exitosas. El Plan de Desarrollo ubica con razón la importancia de generar y transferir tecnología, pero el gobierno no toma ninguna medida práctica que realmente construya capacidad para que el país genere tecnología propia, limpia, adecuada para cada ecosistema y forma de producción y tememos que el alto porcentaje de productores sin asistencia técnica se va a mantener mientras el estado no reconstruya y actualice su institucionalidad tecnológica agropecuaria.
Las organizaciones campesinas comparten la necesidad de fortalecer las zonas de reserva campesina (DNP 2010, 181), pero no solamente “para estabilizar la población cercana a la frontera agropecuaria”, sino para proteger la territorialidad campesinas, reconquistar la soberanía alimentaria y propiciar la autogestión del desarrollo rural. Comparten también la necesidad de devolver la tierra a los desplazados por la violencia, pero vemos que en la realidad los desplazadores siguen controlando las zonas de desplazamiento y asesinan a los líderes de quienes retornan o quieren retornar. Exportar, claro que sí, un país con un mercado interno creciente, fuerte y saludable puede exportar. Pero Colombia no exporta ni una gota de etanol a pesar de ls subsidios que recibe porque es demasiado caro, porque la caña se siembra en una tierra demasiado cara y al obrero se le paga muy mal sin contrato laboral reconocido, sin prestaciones laborales. Además en Colombia decirle al campesinado que no le tema al TLC porque “hay que acostumbrarse a vender” es olvidar que si alguien está acostumbrado a exportar en Colombia es el campesinado, que a lo que teme es la importación de productos altamente subsidiados como los de Estados Unidos o Europa. Se debate sobre una nueva la ley agraria. Las organizaciones campesinas tienen un proyecto: ¿será tenido en cuenta por el gobierno y el congreso? O ¿se repetirá el comportamiento prepotente del gobierno anterior? En vez de traspasar a grandes propietarios las unidades agrícolas familiares que recibieron colonos campesinos o beneficiarios de subsidios del Incoder, se requieren programas serios de reforma agraria que ppongan a producir las 16,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas en las grandes propiedades. Pero, hay que ir mucho más allá: generar y transferir tecnología sostenible adecuada para la economía campesina, es una prioridad. Restablecer el crédito de fomento agropecuario, es una necesidad nacional. Apoyar y fortalecer el movimiento de los mercados campesinos, es una medida práctica y factible que si se planifica nacionalmente puede dar grandes frutos y extenderse a la construcción de redes con los tenderos urbanos. El movimiento de agricultores y ganaderos orgánicos y limpias crece en el país y debe ser fortalecido. También es necesario promover el procesamiento campesino de su producción, así como el procesamiento de los productos campesinos por asociaciones de pequeños productores urbanos. Esto es proponer que el campesinado abra las puertas del desarrollo agropecuario. Se trata de alimentar a las ciudades y al país. En vez de confiar en las grandes cadenas trasnacionales para el abastecimiento de alimentos en las ciudades, es necesario fortalecer y multiplicar la experiencia de los mercados campesinos. Debería tenerse en cuenta el ejemplo de Japón, donde en 1971 se creó el sistema Teikei, mediante el cual organizaciones de consumidores se integran con organizaciones de pequeños productores de
alimentos orgánicos. Para 1993 ya había 650 cooperativas de producciónconsumo y el sistema tenía ya 16 millones de asociados (JOOA 1993). Algunos preguntan porqué los campesinos de Boyacá en vez de cultivar papa y cebolla no cultivan trigo y cebada que están caros en el mercado mundial. Olvidan que tuvieron que dejar esos cultivos porque ambos cereales fueron importados masivamente, primero el trigo, después la cebada. ¿Dumping? Hubo renuncia a la soberanía alimentaria, renuncia a tener un ministerio de Agricultura que planifique, haga estimaciones de precios e intervenga mercados. Hay que planificar la agricultura y la ganadería. Es sabido que los precios oscilan cíclicamente y Mordecai Ezekiel demostró en 1938 el “teorema de la telaraña” de la oferta y demanda de productos agrarios y cómo los precios y producción de algunos productos pueden fluctuar indefinidamente y separarse cada vez más del “punto de equilibrio”, por lo cual “el sistema económico nunca organizará todos sus recursos para el uso más efectivo” y no habrá ningún “mecanismo automático y autorregulador”. La alimentación no es cíclica, es una necesidad de cada día, de cada persona, de cada familia, de cada pueblo y si tenemos el derecho a comer, tenemos el derecho a producir nuestra comida. Proponerse como objetivo la soberanía alimentaria significa reforma agraria, heterogeneidad en las formas de producción, diversidad cultural, institucionalidad agropecuaria apropiada (tecnología, crédito, procesamiento, mercadeo) y protección de la producción nacional, en el momento en que los países desarrollados fortalecen los subsidios y devalúan sus monedas. La soberanía alimentaria no se improvisa, es el resultado de una política sostenida. Si los colombianos se movilizan con sus campesinas y campesinos, será posible. 8. Síntesis
El paro nacional realizado pacíficamente por cientos de miles de campesinas y campesinos en agosto y septiembre de 2013 abrió la posibilidad para que el sector agropecuario del país tome un rumbo diferente al que le han marcado el modelo económico y las políticas agrarias de gobierno tras gobierno. El presidente Juan Manuel Santo ha dicho los acontecimientos vividos en estos últimos días han sido una gran oportunidad para dar una señal clara sobre sus intenciones hacia el futuro en materia de desarrollo agropecuario. Algunas medidas inmediatas han sido anunciadas para atender los reclamos más urgentes de los campesinos. El gobierno restringiría la importación de papa, lactosueros, leche en polvo, quesos, fríjol, arveja, pera y tomate. Se eliminarán o reducirán los aranceles de importación de los fertilizantes. Son medidas urgentes. Sin embargo, si realmente se quiere ir más allá de apagar el incendio expresado en los paros cafetero y papero, la movilización del Catatumbo, el paro minero, las movilizaciones indígenas, la consulta popular en
Piedras y el paro nacional agrario, será necesario ir al fondo y revertir las causas esenciales de la triste situación de la economía agropecuaria y del tejido económico rural: 1- Los TLC y su alianza del Pacífico. Estos tratados planifican a largo plazo la continuidad de las importaciones de de países que mantienen altos subsidios a su productos agrícolas y pecuarios; establecen normas de propiedad intelectual injustas y lesivas, como las que han determinado la resolución 970 de 2010 del ICA, que suscita tanto rechazo del campesinado, pues ataca el derecho del agricultor productor a reproducir sus semillas; o como las que imponen un mayor precio a los insumos patentados; o como las que permiten patentar seres vivos; o como las que imponen indemnizar a las transnacionales mineras o petroleras si se modifican las normas generales que las favorecen. 2- La destrucción de la institucionalidad agropecuaria. Si el país no genera tecnología propia es porque al ICA se le destruyó la posibilidad de hacerlo. Solamente generando tecnología adecuada para cada ecosistema y forma de producción, como lo hace Vietnam, es posible avanzar. Si Colombia está sometida a los precios que las trasnacionales imponen a ls fertilizantes y otros insumos es porque abandonó totalmente el fomento de la industria de insumos y empresas como Ferticol languidecen mientras el agro necesita que se revitalice. Nuestra agricultura se duele porque no tiene una poderosa institución de crédito agropecuario y muchos campesinos y otros agricultores tienen que endeudarse con los proveedores de insumos pagando altos intereses. No existe un servicio estatal para planificar y orientar el mercadeo agropecuario y garantizar precios mínimos o de sustentación. 3- La financiarización de la economía. La política económica ha fortalecido la especulación financiera sosteniendo altos intereses bancarios, permitiendo que el inversionista extranjero gane aun más con la revaluación del peso y no con la rentabilidad de la inversión industrial y agrícola; la apertura a las importaciones y la ausencia de presupuestos de fomento ha debilitado la industria y la economía y el sector financiero ha pasado ha ser el más dinámico y fuerte de la economía. 4- El extractivismo. El debilitamiento del sector productivo se quiere contrarrestar con un crecimiento acelerado de las explotaciones mineras, petroleras para la exportación, así como e hidroeléctricas, lo cual deriva región tras región en golpes a los ecosistemas rurales, a la diversidad cultural y al sector agropecuario. Sin atender al fortalecimiento de la agricultura y la industria y sin prioridad para la defensa del medio ambiente, el extractivismo no hace más que reeditar la economía colonial 5- El acaparamiento de la tierra. Más de 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura están desperdiciadas en manos de grandes propietarios, ocasionando que Colombia tenga los precios más altos de la tierra en toda América latina. Lo que el agricultor tiene que pagar como arriendo o precio de compra lícita por una buena tierra acaba con la rentabilidad de la misma. Las grandes empresas acaparando tierras que fueron adquiridas ilícitamente, violando normas legales y los últimos gobiernos se dedican a aprobar o tratar de aprobar leyes u otras normas para tratar de legalizar la apropiación indebida
de tierra. En lugar de poner en manos de agricultores las buenas tierras desperdiciadas se ha generado un acelerado proceso de despojo o traspaso de tierras ya cultivadas por los campesinos. ¿Será que el gobierno está dispuesto a revertir estos males? ¿Va a seguir insistiendo en proyectos de ley que legalizan la apropiación indebida de tierras y su acaparamiento? ¿Va a parar definitivamente el alud de importaciones agropecuarias? ¿Va insistir en tratar de impedir que los agricultores reproduzcan sus semillas y en ponerlos a depender de las semillas de las transnacionales y los paquetes de plaguicidas y fertilizantes asociados con ellas? ¿Van a insistir los defensores del actual modelo en negar la viabilidad de la economía campesina? Los campesinos tienen una propuesta clara expresada en su proyecto de ley. En lo nacional está articulada a la construcción colectiva y concertada del mandato agrario, aprobado desde el 8 de abril de 2003 por las organizaciones nacionales campesinas, indígenas y afrocolombianas. En lo internacional, la propuesta de la mesa hace parte de la lucha del campesinado de todo el mundo por el reconocimiento de sus derechos, que se expresa en la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos, de La Vía Campesina y que fue incluida como anexo del informe "Discriminación en el contexto del Derecho a la Alimentación", presentado en 2010 por el Comité Asesor del Comité Consultivo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Esta Declaración, que se publica aquí, destaca la necesidad de garantizar un acceso justo y sin discriminación al derecho sobre la tierra para los pequeños propietarios, los agricultores tradicionales y sus organizaciones, en particular las mujeres y los grupos vulnerables de las zonas rurales y pretende convertirse en el futuro en un instrumento de derecho internacional adoptado por la ONU. Hay que agregar, que desde 1975 la OIT adoptó el Convenio 141, que hasta ahora Colombia no ha ratificado, el cual tomó nota de que en muchos países del mundo la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, la mano de obra está en gran parte subempleada y la reforma agraria es un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de vida y estas circunstancias exigen la existencia y mvilizaci´n de organizaciones campesinas capaces de proteger y de defender los intereses de sus afiliados y que contribuyen decisivamente al desarrollo económico y social y a atenuar la persistente penuria de productos alimenticios en diversas partes del mundo. El paro nacional agrario puso las cosas en su punto. El campesinado se ha ganado el corazón de los colombianos que comienzan a entender cuan importante es recuperar la soberanía alimentaria. El día en que toda Colombia salga a las calles como salió toda Tunja al cacerolazo del domingo 25 de agosto de 2013 o como salió toda Ipiales a la marcha del día siguiente, ese día las cosas van a cambiar. Es lo que tratan de frustrar la represión y la violencia.
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