Memoria audiencia publica internacional por la paz en colombia madrid 13 abril 2013 by Soldepaz Pachakuti

AUDIENCIA PÚBLICA INTERNACIONAL POR LA PAZ EN COLOMBIA

MEMORIAS Sábado 13 de abril de 2013, Madrid España

Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia : Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia ( CEAR-PV, CEDSALA, CEPS, Colectivo Sur-Cacarica, Entreiguales-Valencia y la Intersindical Valenciana); Coordinadora Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia; Kolectiba Colombia-Pais Vasco; Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia; Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia; Plataforma Asturiana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia; Plataforma Justicia por Colombia (CEAR; Paz con Dignidad, IEPALA, MUNDUBAT; Ecologistas en Acción, OSPAAAL, Comité Oscar Romero de Madrid); MOVICE (Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado en Colombia- capitulo Madrid), Comisión Ética (representada por la Comunidad Sto Tomas de Aquino) Asociación de Solidaridad con Colombia ASOC-KATIO, XXI Solidario, CODEHCO, Katedracol.

MEMORIA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA INTERNACIONAL POR LA PAZ EN COLOMBIA Sábado 13 de abril de 2013, Madrid España

Ante la apertura de un nuevo escenario de diálogos para buscar la paz de Colombia, La Comisión de Paz del Congreso colombiano (comisión conjunta de Senado y Cámara) ha puesto en marcha la apertura de mesas regionales de Paz que promueven las Audiencias Públicas para hablar con las víctimas, analizar, construir propuestas como sociedad civil y canalizarlas institucionalmente a la mesa de La Habana ( Cuba) sobre los temas contenidos en la agenda que regirá las negociaciones del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARCEP). Conscientes de la urgencia de escuchar la realidad y las propuestas de colombianas y colombianos que componen la diáspora de exiliados y migrantes en España que esperan ser partícipes de la construcción de paz se convocó la Audiencia Pública Internacional de Madrid por parte de la Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Colombiano- Capítulo Madrid, tras el proceso desarrollado por las plataformas autonómicas de solidaridad en Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias, País Vasco, País Valenciano y Madrid, en donde se convocaron talleres, seminarios y encuentros junto a otras organizaciones de refugiados e inmigrantes y se ha escuchado su testimonio y compromiso junto al de las organizaciones para el desarrollo y los derechos humanos de la sociedad civil en el estado español, centros de investigación, los partidos políticos y movimientos sociales que conforman la solidaridad internacionalista con el Pueblo colombiano en España. ACTO DE INSTALACIÓN AUDIENCIA

Interviene Enrique Santiago a nombre de la Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia PEPAZ - que en coordinación con la Comisión de Paz del Congreso de la Republica de Colombia, por medio del Diputado y miembro de la Comisión, Dr. Iván Cepeda, han convocado la presente Audiencia Pública Internacional. Desde el día viernes 12 y hasta hoy sábado al medio día, hemos estado reunidos en el Encuentro Estatal por la Paz de Colombia, que ha convocado la Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, los debates y conclusiones ya ha sido expuestos, ahora se trata de dar la voz a las víctimas del conflicto colombiano a través del sistema de audiencias públicas. Estas Audiencias se han venido realizando en distintos departamentos del país,

promovidos por la Comisión de Paz del Congreso Colombiano, integrada por miembros de la Cámara de Representantes y el Senado, entendiendo que es fundamental que a la mesa de conversaciones de la Habana, llegue la voz de la sociedad civil y de las víctimas y por ello desde la Plataforma Estatal hemos querido dar todo el apoyo para que se pudiera realizar esta Audiencia Pública aquí en Madrid, que recogiera la voz de las muchas víctimas del conflicto colombiano que residen en España en exilio, ya sea como refugiados políticos, ya sea también como inmigrantes económicos. El trabajo de la Plataforma Estatal desde los territorios de Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, País Valenciano, País Vasco, Madrid, con la realización de encuentros, seminarios y talleres previos, nos ha permito llegar a este momento. Tenemos que agradecer en primer lugar, esta iniciativa de Audiencias Públicas, a todas las instituciones colombianas que han venido impulsándolas, y que han hecho parte del proceso, en especial a las comisiones de paz de la Cámara y del Senado, por facilitar que el testimonio de las víctimas y que ellas puedan exponer su punto de vista sobre la participación política y hacerlas llegar a la mesa de conversaciones en la Habana. Toda vez que esta Audiencia la hacemos en el estado español, como no hacer énfasis en que se recoja la voz de quienes han padecido el exilio, el exilio en sí mismo, es una forma muy dura de represión, aparte de los motivos que hayan llevado al exilio, ya sea como refugiados o como inmigrantes económicos, y desde luego, el exilio colombiano que ha estado siempre vinculado a la defensa de los derechos humanos y a la búsqueda de la paz en Colombia. Por ello, el exilio colombiano quiere hacer llegar su voz a la mesa de conversaciones de La Habana para la búsqueda de la Paz y la solución del conflicto armado. La práctica totalidad de las organizaciones sociales, ongs, instituciones, que poyan en España la búsqueda de caminos hacia una salida política del conflicto y allanar caminos para la paz en Colombia, han brindado su apoyo para que esta Audiencia haya podido realizarse de una forma abierta a todos aquellos que quisieran participar. Agradecemos en especial el papel relevante que en el impulso y mantenimiento de las conversaciones en La Habana están teniendo están realizando los países facilitadores y acompañantes de este proceso, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela. Saludamos expresamente la presencia en esta Audiencia Pública Internacional de la Representante de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, Zoila Colmenares (fuertes aplausos) INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA DEL CONGRESO DE COLOMBIA IVÁN CEPEDA En el proceso de paz se llega a vislumbrar la posibilidad de un acuerdo sobre uno de los puntos neurálgicos de este conflicto, que es el tema de la ausencia, de la falta de una reforma agraria en Colombia, de la necesidad de democratizar el mundo rural, de limitar la concentración y el monopolio de la tierra. Este es un hecho que, sin lugar a dudas, no tiene precedentes; ningún proceso de paz realizado con la guerrilla de las FARC había llegado a este punto de desarrollo. Aquí como ustedes saben, la gran discusión, el tema que está en el centro, es la existencia del apoyo estatal y el desarrollo de las llamadas zonas de reserva campesinas. Esas zonas son una construcción histórica de la resistencia del campesinado en muchas partes del país. Se trata, no de quitarle las tierras a los grandes latifundistas, sino simplemente de que el estado reconozca un hecho que existe (…) pero es necesario que el estado reconozca muchas otras que existen en el territorio nacional y vemos con preocupación, sobre este punto esencial, que el gobierno tiene una actitud, por llamarlo de alguna manera, mezquina; la acusación del ministro de agricultura y del ministro de defensa de que esas son zonas de control guerrillero, e incluso la afirmación peyorativa de que se trata de zonas que podrían ser consideradas republiquetas independientes, pues crean dificultades; pero a pesar de esas dificultades se sigue avanzando en el proceso, y como lo decía al comienzo, se está por llegar a un acuerdo en esta materia. Hay en la agenda en el segundo punto la discusión sobre la participación política; aquí entre muchos temas, se va a discutir cuáles son las garantías reales para la oposición, el acceso democrático o cómo democratizar el acceso a los

medios de comunicación; cómo garantizar que los movimientos sociales puedan también tener garantías para desarrollar su actividad en muchas partes del país; cómo modernizar y hacer transparente el sistema electoral colombiano. Hay un repertorio amplio de cuestiones y en este punto es decisiva la participación de muchas personas. El punto que concierne a lo que ustedes están discutiendo, el asunto de las víctimas y sus derechos, como ustedes saben, es crucial para el éxito no solo de las conversaciones sino para la construcción de una paz con justicia social. (…) Como les decía con relación al tema de las víctimas, o al punto de las víctimas en la mesa, quisiera hacer unas cuantas precisiones y consideraciones; la primera de ellas es que ese punto a la diferencia de otros de la agenda, no se trata simplemente de una negociación entre partes; aquí la cuestión no reside en que gobierno y guerrillas hagan una transacción, un regateo sobre cuánta verdad, cuánta justicia, cuánta reparación o cuánta no repetición darán a las víctimas (…) hacia la sociedad colombiana. En este punto de lo que se trata es de identificar los hechos que se han cometido y por los cuales son responsables en medio del conflicto armado. Por lo tanto una primera exigencia de las organizaciones de víctimas y de los movimientos de víctimas, es a que las partes, tanto el gobierno, estado colombiano como la guerrilla reconozcan su responsabilidad (…) es imprescindible que en este punto se reconozca el principio de bilateralidad, sin ese principio no se podría avanzar a un acuerdo, ni mucho menos se podría avanzar hacia la construcción de la paz en Colombia. Deben ser reconocidas todas las víctimas, deben ser reconocidos todos los hechos que se han llevado a cabo en este conflicto que ha durado medio siglo. Y la tercera consideración importante que deben ser tenidos en consideración; uno de ellos es el tema de justicia y como llegar a un acuerdo con la necesidad también de buscar que exista algún mecanismo de justicia transicional para que podamos adoptar….. Sobre este punto ya se han expresado muchas ideas y discusiones; uno de ellos es cuál es la visión que más se ajusta a la situación colombiana, cuáles deben ser los mecanismos de reparación, incluyendo reparación colectiva. Hay discusiones intensas sobre cuáles deben ser los mecanismos que compensen eventuales medidas de suspensión de penas, para poder conciliar la exigencia de justicia con la necesidad de la paz; y el segundo tema de discusiones sobre la participación política que tendrán personas que eventualmente puedan estar incursas en conductas o en incluso delitos y crímenes catalogados de lesa humanidad; esos son temas supremamente difíciles y complejos que implican una tensión profunda entre exigencias éticas y políticas, así que yo los invito y las invito a aportar propuestas, soluciones desde la perspectiva de ustedes. Quiero terminar esta intervención señalando tres cosas: lo primero es que yo felicito esta importante iniciativa y los invito también a que reproduzcan esta iniciativa en muchas partes. El acuerdo general de La Habana dice que los ciudadanos tienen derecho a reunirse y a enviar propuestas, obviamente tratando de que esas reuniones y esos envíos de propuestas tengan cierto nivel de formalismo y garantía, como por ejemplo en esta ocasión la da la presencia de la embajada de Venezuela en la reunión de ustedes; pero es muy importante que se hagan muchas audiencias, no necesariamente de la mano de las Comisiones de Paz del Congreso para que se puedan hacer llegar a La Habana propuestas de todas las organizaciones que como en este caso, hay en el exterior. La segunda consideración final que quiero hacer es que la voz de los exiliados es fundamental en este proceso; se trata de uno de los aspectos terribles que ha tenido el conflicto armado y que ha privado a Colombia de muchos de sus mejores hijos e hijas, dado que parte de los efectos de la violencia ha sido de quitarle a las personas la posibilidad de vivir en su tierra natal, así que la voz de ustedes no solamente con relación a los derechos y a la necesidad de que ustedes puedan, si así lo quieren, tener un retorno digno a Colombia, sino también sobre todo un (…) es fundamental.

Y por último quiero decir que en este proceso se hace necesario el apoyo de la comunidad internacional, es necesario que se exija a los gobiernos europeos que apoyen decididamente al proceso; si bien el gobierno colombiano ha dicho que solamente cuatro países tienen la condición de garantes y acompañantes, es muy importante que la Unión Europea manifieste, no solamente palabras, sino también con hechos, una voluntad para que Colombia pueda por fin disfrutar la paz, y les envío un abrazo desde aquí y espero que muy pronto (…) hayamos logrado que se firme un acuerdo de paz y que todos tengamos un futuro democrático, un futuro de justicia, un futuro en el cual podamos vivir felices, en una tierra próspera como puede ser Colombia una vez que se llegue a la Paz.

Intervención Movimiento de Víctimas de crímenes de estado MOVICE- Español.

Aportes desde la diáspora exiliada a la construcción de la paz sostenible y duradera. Movice capítulo Madrid: caminando la novena estrategia. Entendemos nuestra situación como uno de los tantos efectos que ha provocado en la sociedad colombiana la larga historia de exclusión y abandono en que han sido inexistentes las garantías reales para la participación política, la expresión y el ejercicio de una ciudadanía constructora de país. El imperio de una estructura de poder que no soporta el mínimo cuestionamiento, en favor de adecuarse a las demandas básicas de una población urgida de atención y que, por el contrario, responde con medidas de coerción económica y social, restringiendo y anulando el horizonte de redención para millones de personas, constituyendo además prácticas sistemáticas de amenaza a la integridad y la vida, ha sido suficiente motivo para que se desate un movimiento de gentes que observan en cada frontera una forma de escapatoria y salvaguarda; ha sido suficiente razón para que se genere una realidad como el exilio. En términos generales definimos el exilio como la condición de la persona o grupo humano que siendo objeto de amenaza y/o persecución del Estado, y/o teniendo temores fundados de que sean afectadas su integridad, vida, libertad, y justicia y por tanto, su dignidad y garantía de sus derechos, se ve obligada a abandonar forzosamente su territorio sin perspectivas de pronto retorno. Esta situación significa una ruptura de pertenencias, vínculos familiares y sociales, que conllevan sentimientos de desarraigo del proyecto personal y colectivo, generando la destrucción del tejido social, que en muchas ocasiones expresan una derrota política en la persona de líderes sociales y opositores políticos que al tener que salir del país han tenido que vivir la desactivación de su accionar político, lo que se traduce además, en un debilitamiento importante de las organizaciones populares y sociales. Solo recientemente parece visibilizarse la magnitud de este fenómeno en la nación colombiana. Las cifras de exiliados, que en países fronterizos como Venezuela, Ecuador y Panamá resume valores de varios cientos de miles, no alcanzan a traducir el drama que se esconde tras de cada historia de vida. La persona exiliada no solo debe afrontar la soledad y el extrañamiento, lejos de su familia y nicho social, sino que también debe acudir a arduas batallas para hacerse a un sitio en el lugar de destino, teniendo que sobreponerse, en muchos casos, a circunstancias humillantes y denigrantes de su persona, a desconocidos entramados normativos, a brechas lingüísticas que le colocan en desventaja social para una pronta inserción laboral y, según en qué país, a formas de condena y marginalización que le convierten en objeto de explotación y xenofobia. CAUSAS.

Como dijimos antes, en términos generales el exilio colombiano tiene por causas principales la Injusticia y Violencia estructurales que devienen en un estado de afectación y vulnerabilidad permanente en la población colombiana. De forma específica vemos como causas: * La ausencia de un régimen de Derecho que garantice la Vida (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ambientales), la libertad (Derechos civiles y políticos) y la justicia (superación de la impunidad y derechos de las víctimas: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición). * El conflicto social y armado de larga duración, degradado, que conlleva a violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que provoca una crisis humanitaria, que se traduce en una militarización de la vida civil y en un planificado incumplimiento de las garantías constitucionales, y que instala un estado de cosas inconstitucional que se refleja de forma dramática en la situación de millones de desplazados y en la violación de derechos fundamentales de la población carcelaria . * La consolidación de un régimen presidencialista, que rompe el equilibrio de los tres poderes constitutivos del estado de derecho, tornándose autocrático/ tiránico, haciendo un uso delincuencial del monopolio de las armas, promoviendo un modelo de control político y social paramilitar que expresa una clara política de terrorismo estatal. * La ausencia de una democracia real que se refleja, entre otras formas, en un sistema electoral corrupto, permeado por el poder narco-paramilitar que ha garantizado la hegemonía de poderes fácticos a nivel municipal, regional y nacional, en los ámbitos legislativos, ejecutivo, judicial y en los propios cuerpos de seguridad del estado colombiano, consolidando así una forma de gobierno anti-democrático que se evidencia en la poca participación de las y los colombianos al momento de votar. * La falta de garantías para el ejercicio de la oposición política, sometida históricamente a la persecución y al exterminio, como ha sido el caso de los movimientos políticos Gaitanista y Frente Unido del Pueblo, el genocidio contra UP, Aluchar, Frente Popular, la AD; así como el hostigamiento y la amenaza a movimientos cívico-populares, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, sindicales, de mujeres, LGBT, que perviven entre la violencia y el terror. También el magnicidio de candidatos presidenciales demócratas como Jorge E. Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León-Gómez, que han impactado de manera profunda y negativa el clima de garantías para que el pueblo colombiano aceda libremente al ejercicio de su derecho a la participación política. * La estigmatización y criminalización que recae sobre la protesta social, por parte de las empresas de información en manos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales que defienden el interés del statu quo, así como la persecución y exterminio que padecen comunicadores, periodistas y medios de comunicación alternativa, impidiendo el ejercicio de los derechos de expresión y libre acceso a la información. * La globalización capitalista neoliberal, patriarcal y depredadora de la naturaleza que bajo la hegemonía de las empresas trasnacionales profundiza la inequidad y se traduce en un clima favorable para las violaciones de ddhh, poniendo en riesgo la vida misma y fortaleciendo las relaciones de dependencia neocoloniales en los ámbitos tecnológico, económico y cultural . Son los TLCs y su criminal impacto en la vida de las personas y territorios, los que han agudizado el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas. EFECTOS El exilio conlleva una afectación en el plano personal que toca aspectos en la dimensión existencial, conmoviendo la construcción misma de la identidad, la resignificación cotidiana de la territorialidad y la afirmación del proyecto de vida. En lo psicosocial, el exilio genera un trauma emocional que perturba el conjunto de vínculos familiares y sociales, conllevando implicaciones en la salud mental de la persona y obligándole a desarrollar estrategias de adaptación para afrontar los desafíos de su nueva situación. El exilio afectando la familia, la militancia, la cotidianidad, la rutina de lucha y el disfrute de los bienes económicos y patrimoniales. Cabe hacernos la pregunta junto con Avtar Brah:

“¿Cuándo un lugar de residencia se convierte en hogar? Se tendrá que hablar de pertenencias, arraigos y redes familiares, sociales e institucionales. Sentirse en casa significa un arraigo, el hogar es el espacio de la experiencia vital cotidiana”. En lo Colectivo, el exilio produce la ruptura de organizaciones y proyectos sociales, así como el debilitamiento de los tejidos comunitarios y de las formas participación activa, ya que el temor y el estigma del que son objeto acarrea la suspensión de la noción construida socialmente alrededor de las posibilidades de cambio real hacia un mejor futuro a través del tránsito y desarrollo de una agenda de lucha. El vacío dejado por quienes han liderado procesos sociales emancipadores y que han sido objeto de persecución al punto de tener que cruzar las fronteras y ser “condenados” al exilio, rompe con los gigantescos esfuerzos formativos realizados por las comunidades, sepultando muchas veces las esperanzas de cambio y de posibilidades reales de participación de sus miembros. También hay efectos en las personas exiliadas ante la nueva cotidianidad en el país al cual se llega. El doloroso proceso de inserción y adaptación a nuevos códigos culturales, jurídicos, laborales, familiares, de ocio, idiomáticos, educativos, climáticos, gastronómicos, confrontan las habilidades y destrezas para enfrentar la carrera de obstáculos en la que se convierte la normalización de la vida cotidiana, la integración a una nueva realidad en medio de los propios conflictos y la construcción de una nueva ciudadanía que exige “ganarse” el reconocimiento y la aceptación como sujeto de derechos y deberes. Este proceso afecta de diversa manera a las personas exiliadas, dependiendo de su propia historia (género, edad, etnia, nivel educativo, procedencia urbana o rural), de las condiciones psico-físicas en las que llega, de la capacidad de resilencia, del estatus jurídico de protección que tenga y que depende del marco jurídico del país al que se llega. También influye el tejido social y organizativo del que hacía parte y la calidad del respaldo con el que cuenta, y la propia valoración de este por parte de las organizaciones de solidaridad y acompañamiento que encuentra en el lugar al que llega. PROPUESTAS -Consideramos imprescindible la participación de las Víctimas en la solución al conflicto colombiano, nuestra voz, nuestras propuestas son indelegables a ninguno de los actores del conflicto. -Es preciso reconocer el exilio como una vulneración a los Derechos Humanos y tenerlo presente dentro de las medidas de reparación para las víctimas que han tenido necesidad de acudir a la protección Internacional, pues el hecho de que una persona tenga que salir de su país forzosamente significa intrínsecamente una violación a sus Derechos Fundamentales. -La Ley de Victimas (1448/2011, art. 3) afecta el sistema de asilo a nivel regional pues su definición de “víctimas” significa un retroceso respecto a la definición ampliada de la Declaración de Cartagena; al igual la Ley de Victimas va en detrimento de la protección que otros Estados brindan a la población que necesita protección Internacional y podría dar pie a repatriaciones que no cumplen con los supuestos de voluntariedad, seguridad y dignidad, violando el principio Internacional de no devolución de los refugiados a su lugar de origen. Remitir a Documento de Comisión Colombiana de juristas? -Consideramos necesaria la participación de las Víctimas asentadas en el exterior, en el diseño, proposición e implementación de las medidas a tomar para garantizar la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición; también deberían acogerse sus propuestas frente al retorno con garantías de seguridad y dignidad. Nos planteamos un retorno al país que contenga condiciones para el real ejercicio de los derechos de libertad, justicia y vida en plenitud. -Es necesario que dentro de la agendas bilaterales que el Gobierno colombiano sostiene con los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Panamá una de las prioridades sea discutir la situación de Derechos Humanos de las personas en necesidad de protección Internacional, garantizando que los responsables directos de los refugiados de cada país participen en los diálogos o reciban directrices claras frente al deber de aplicar la Declaración de Cartagena. De igual manera ante el cierre de fronteras y las restricciones que la U.E ha impuesto para la aplicación del derecho de protección Internacional, y que pone en grave riesgo la vida y la integridad de los solicitantes de asilo, urgimos al ACNUR que exija el cumplimiento de los compromisos Internacionales de los Estados en esta materia.

-Es preciso elaborar un registro de todas las víctimas que se encuentran en el exterior para determinar la cantidad de personas afectadas por el conflicto social y armado; las víctimas harán el diseño de este registro que deberá contener como mínimo los daños psicosociales, económicos, familiares y el impacto en las organizaciones y en el tejido social de las que hacían parte antes de que se diera la persecución que les forzara a salir del país, así como aquellas otras situaciones de amenaza que hayan podido darse en el país de acogida. Las víctimas podrán acordar en cada lugar propuestas alternativas para registrarse. Para garantizar la protección y su no re-victimización este registro no debe hacerse en las embajadas y consulados de Colombia en dichos países. Para ello deberán disponerse las oficinas del ACNUR o de organizaciones de reconocida trayectoria y/o, organismos como las defensorías del pueblo o similares en los países receptores. Es inaplazable que en aquellos lugares donde el Estado colombiano ha iniciado acciones de convocatoria de registro, se garanticen los derechos de las víctimas y dichos registros no pongan en riesgo la protección de los derechos del refugiado. Nos sentimos recogid@s en toda la formulación de las propuestas planteadas por el Movice Colombia en el documento que se refiere a Mínimos sobre Verdad, justicia, Reparación y Garantías de no Repetición y a partir de ello compartimos las siguientes reflexiones desde nuestra condición de refugiad@s y exiliad@s. JUSTICIA Abogamos por una paz justa y duradera y entendemos que el camino por el que se debe transitar es el de la lucha decidida contra la impunidad, aunado a la exigencia de que haya condiciones para que se atiendan las aspiraciones de las víctimas en sus demandas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Se debe garantizar a los exiliados ser parte civil en los procesos penales que se adelantan contra aquellos responsables de generar situaciones que forzaron su salida del país; los exiliados deberán tener facultades y poderes para actuar en todas las fases del procedimiento. Observamos que las diferentes leyes promulgadas por el Estado para reparar el daño causado a las víctimas del conflicto social y armado no ha contado con la participación de las víctimas; también vemos que muchas de sus disposiciones se quedan solamente en una declaración de intenciones, pues no establece claramente los mecanismos a seguir para que la ley se cumpla a cabalidad. Ello evidencia incompetencia y falta de voluntad política para acercarse a la satisfacción de unos mínimos de reparación que alejen la imposición de la impunidad, además de significar un riesgo para que se produzcan nuevas formas de victimización. Jamás vamos a transigir en una transacción de los derechos que tenemos a cambio de una mera restitución o reparación económica, solamente material, lo que no quiere decir que no renunciamos a ella y que no se pueden confundir con los derechos económicos, sociales y culturales a los que tenemos derecho. VERDAD Exigimos el Reconocimiento Público de la existencia de la población exiliada y refugiada colombiana, así como de las razones que les llevaron a huir del país para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Que se reconozca que previo al exilio, en muchos casos, las víctimas acudieron a otras estrategias de protección que finalmente se convirtieron en un lastre y que impactaron en mayor medida la vida de las mujeres y sus familias; en muchos casos el solo hecho de ejercer la ciudadanía y participar activamente en alternativas de vida digna les llevó a verse sometidas a las fuerzas del destierro, sin otro camino posible que el de tomar la decisión de migrar. La participación ciudadana activa y la oposición política no son un delito y se debe reconocer que en Colombia han sido estigmatizadas y criminalizadas. También se debe reconocer públicamente el impacto diferenciado que ha representado para las mujeres colombianas, la aplicación de las políticas de represión y exclusión social, así como la tipificación de formas de violencia de género que específicamente, por la guerra y su degradación, les inflinge un daño acrecentado. La violencia sexual, manifiesta en prácticas horrendas que las instrumentalizan como armas y botín, la prostitución y aborto forzados, la esclavitud y sometimiento a redes de trata, son entre otras formas, la demostración de que las

mujeres representan un drama particularmente doloroso en Colombia. Lo virulencia de la agresión además, se exacerba cuando estas lideran procesos de reivindicación de los derechos, alcanzando en muchos casos la entidad de sus hijos y familias. La migración forzada de las mujeres obliga a estas muchas veces a acometer nuevos modelos discriminatorios por su condición de género, teniendo que soportar formas de asedio y vulneración por el solo hecho de ser mujeres. En muchos países receptores no cuentan con la asesoría, apoyo y acompañamiento necesario para enfrentar estas situaciones. Destacamos, sin embargo, que tanto daño no ha logrado diezmar su capacidad de respuesta organizada y las ha llevado como sujetas activas, a tener un papel protagónico, aún en medio de un contexto adverso, para incidir en una salida política y negociada al conflicto social y armado. La constitución de una Comisión de la Verdad que dignifique las víctimas de crímenes de Estado y crímenes de guerra, debe dar cuenta de la magnitud de la violencia ejercida contra las mujeres, y de las lógicas que la originaron, así como tener en cuenta el impacto diferencial de estas prácticas criminales en los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, afrodescendientes, en las niñas y niños, en los barrios populares, en la comunidad LGBT, en los movimientos ecuménicos y cristianos de base, y en el conjunto de defensoras y defensores de derechos humanos. Esta Comisión de la Verdad no deberá sustituir el acceso a la justicia y la reparación. Debe garantizarse la publicación masiva de los resultados del trabajo de la Comisión de la Verdad, para que se extienda a todas las instituciones educativas y sociales del país, formando parte de la Memoria Histórica del País; deberá existir un apartado del exilio y el refugio que destaque las causas por las que tantas colombianas y colombianos han tenido que salir del país, visibilizando y dignificando el exilio colombiano, apartándolo de la noción de estar conformado por delincuentes, y por el contrario mostrando las fuerzas del exterminio y la persecución a las que estas personas se han visto sometidas. En la Comisión de la Verdad deberá tener lugar por lo menos una persona que haya padecido el exilio y que sea de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Deberá reconocerse que los motivos de persecución son el resultado de la violación sistemática de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Deberá reconocerse que no son solo las fronteras físicas las que los hombres y las mujeres en búsqueda de protección internacional deben enfrentar en el momento de la salida y la llegada al país receptor. Pedimos a los Estados Receptores que el Derecho al Refugio no se desvirtúe en aras de justificar políticas de seguridad. Tampoco los Estados receptores deben vulnerar el principio de no devolución, situación que se viene presentando con mucha frecuencia y que pone en riesgo la integridad de las personas solicitantes de asilo. Apelamos al cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 14 del Derecho a la libre circulación. REPARACIÓN -El Estado debe hacer un reconocimiento público de la utilización del exilio como mecanismo de exclusión política que ha conllevado a una sistemática violación de los derechos humanos de las personas afectadas. -Todas las disposiciones de reparación a las víctimas que se encuentran fuera del país se deben implementar garantizando que la reparación se dé independientemente del país en el que se encuentre y respetando la decisión de la víctima frente a su deseo de retornar o no al país. -Se debe reconocer de la condición de exiliad@ a toda persona que haya salido del país por persecución política, por fundados temores de perder la vida y por sistemáticas violaciones a los derechos humanos, así no tengan el reconocimiento formal del estatuto de refugiado por parte del país de acogida; sólo se necesitará contar con la inscripción en el registro de víctimas diseñado por las propias víctimas en el exterior y por la organización internacional determinada para ello. -Es necesaria la creación de un fondo de Memoria del Exilio y la Migración que garantice el desarrollo de acciones que recojan la memoria del exilio y la diáspora migrada colombiana en función de su dignificación y del justo reconocimiento de su contribución al país. Para dicho fondo se destinará el valor equivalente al 1% del valor de las remesas enviadas desde el exterior durante las 3 últimas décadas.

-El fondo para la Memoria del Exilio y la Migración, tendrá como uno de sus objetivos destacar y recordar a todas las personas refugiadas y exiliadas que han fallecido en el exterior, lejos de sus familias y lugares y que han sido objeto de este mecanismo de exclusión política practicado por parte del Estado; igualmente deberá reconocer la vida y el compromiso de la Solidaridad Internacionalista con las comunidades y líderes colombianos, manifiesta tanto en organizaciones como en personas. - Observamos que la Ley de Justicia y Paz, en términos de restitución dice: “siempre que sea posible se ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas Internacionales de Derechos Humanos o de infracciones al D.H y que esta restitución debe comprender el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar, la ciudadanía, el regreso al lugar de residencia, la reintegración al empleo y la devolución de sus bienes”. Sin embargo, tras la puesta en marcha de algunas de estas disposiciones, no se ha logrado su cumplimiento, y por el contrario, la continuidad de vulneración y revictimización es la que persiste en el país y por tanto, aleja las aspiraciones de un retorno de la diáspora exiliada. - Es necesario evaluar todos los daños causados a consecuencia de la persecución política de la que han sido objeto las personas exiliadas y refugiadas, valorando los perjuicios psicológicos, económicos, sociales, familiares ocurridos en Colombia, así como los ocurridos durante el periodo de exilio. - Se deberá garantizar el restablecimiento de todas las condiciones laborales que tenían las personas exiliadas y refugiadas antes de salir del país, cumpliéndose con las indemnizaciones a que tuviere lugar y respetando el tiempo de cotización a la seguridad social, sin detrimento de sus derechos pensionales. -El Estado deberá diseñar e implementar política pública de apoyo psico-social a todas las víctimas del conflicto social y armado del país que a su vez involucre la participación de toda la sociedad. Consideramos que los daños causados afectan al cuerpo social en conjunto y no solo a los individuos. Garantías de no Repetición -Los responsables de Crímenes del Estado Colombiano jamás podrán acceder a ocupar un cargo público. - Debemos promulgar un Estado de Derecho dónde no existan fuerzas armadas, dónde el militarismo desaparezca de la vida social, para que se pueda restablecer la condición de seguridad humana. -se debe garantizar la definitiva desaparición del paramilitarismo, y que se establezca un verdadero Estado de Derecho. - Exigimos el cese de la persecución política y lo que implica por lo menos tres cosas: 1. Solución al conflicto armado, social y político que vive el país y que responde a unas causas determinadas; esto no se va a cambiar de la noche a la mañana entonces nuestra aspiración es contribuir a la solución del conflicto. 2. Que se den las garantías de protección y seguridad para que los exiliados-refugiados regresen de forma colectiva; aquellos que voluntariamente así lo deseen. 3. Que haya superación del estado de impunidad en el que se encuentran las violaciones graves a los Derechos Humanos y eso implica replantearse todo el sistema judicial colombiano. - Exigimos la desnaturalización de la violencia social, política y militar que se expresa cotidianamente en todos los ámbitos de la sociedad. Por ello proponemos que el Estado garantice unas políticas educativas que lleve a toda la sociedad a replantearse unas nuevas relaciones basadas en el respeto, la tolerancia a la diferencia y la defensa de los derechos fundamentales de todas y todos. - Finalmente las exiliadas y exiliados pedimos desde Madrid que existan garantías reales para el ejercicio la participación política una democracia real en nuestro país.

Presentación de las conclusiones del Encuentro Estatal sobre la Participación política y Victimas desde la perspectiva de la diáspora exiliada.

Entendemos nuestra situación como uno de los tantos efectos que ha provocado en la sociedad colombiana una larga historia de exclusión y abandono; donde fueron inexistentes las garantías reales para la participación política, la expresión y el ejercicio de una ciudadanía constructora de país. El imperio de una estructura de poder que no soporta el mínimo cuestionamiento a favor de adecuarse a las demandas básicas de una población urgida de atención y que, por el contrario, responde con medidas de coerción económica y social, restringiendo y anulando el horizonte de redención para millones de personas, constituyendo además practicas sistemáticas de amenaza a la integridad y la vida, es suficiente motivo para que se desate un movimiento de gentes que observan en cada frontera una forma de escapatoria y salvaguarda. Es suficiente razón para que se genere una realidad como el exilio. En términos generales definimos el exilio como la condición de la persona o grupo humano que siendo objeto de amenaza y/o persecución del Estado, y/o teniendo temores fundados de que sean afectadas su integridad, vida, libertad, y justicia y por tanto, su dignidad y garantía de sus derechos, se ve obligada a abandonar forzosamente su territorio sin perspectivas de pronto retorno. Esta situación significa una ruptura de pertenencias y vínculos familiares y sociales, conllevando sentimientos de desarraigo de su proyecto personal y colectivo, generando la destrucción del tejido social, que en muchas ocasiones expresan una derrota política en la persona de líderes sociales y opositores políticos, que al tener que salir del país han tenido que vivir la desactivación de su accionar político, lo que se traduce además, en un debilitamiento importante de las organizaciones populares y sociales. Solo recientemente parece visibilizarse la magnitud de este fenómeno en la nación colombiana. Las cifras de exiliados, que en países fronterizos como Venezuela, Ecuador y Panamá resume valores de varios cientos de miles, no alcanzan a traducir el drama que se esconde tras de cada historia de vida. La persona exiliada no solo debe afrontar la soledad y el extrañamiento, lejos de su familia y nicho social, sino que también debe acudir a arduas batallas para hacerse a un lugar en el lugar de destino, teniendo que sobreponerse, en muchos casos, a circunstancias humillantes y denigrantes de su persona, a desconocidos entramados normativos, a brechas lingüísticas que le colocan en desventaja social para una pronta inserción laboral y, según en qué país, a formas de condena y marginalización que le convierten en objeto de explotación y xenofobia. CONCLUSIONES 1. El exilio y la migración como sujeto político: - Nos convocamos porque tenemos la intención de construir un proceso político para la participación desde el exterior y reconocemos que el conflicto social y armado en Colombia ha sido la causa de una diáspora de más de cinco millones de personas. - Nos negamos a seguir siendo objeto político, social y cultural de la guerra. Somos una parte fundamental para la construcción social y política de un nuevo país desde nuestra autonomía.

Nos reconocemos como víctimas del conflicto social y armado, de los crímenes de Estado, con una verdad que contar y en esperas de un proceso de justicia, verdad, reparación integral; respetamos que las otras víctimas se organicen en sus propias iniciativas porque la justicia debe ser bilateral para que exista la paz. Consideramos que un amplio segmento de población colombiana que emigró por razones económicas, son producto del conflicto social existente en el país, que niega las posibilidades para tener una vida digna. La paz no llegará con el silenciamiento de los fusiles, apostamos por una paz duradera y con justicia social, que sea construida desde abajo y con una amplia participación en diferentes escalas: local, regional, nacional e internacional, que permita un diálogo entre todas las voces. Consideramos indispensable que las propuestas del exilio y la emigración sean tenidas en cuenta en la mesa de diálogo, somos más de 5 millones de colombianas y colombianos que estamos fuera del país por diversas razones. Las organizaciones de la sociedad civil que nos encontramos fuera de Colombia nos reconocemos como sujeto político constructor de la paz y seguiremos desarrollando tres capacidades: propositiva, autonomía frente al gobierno y las insurgencias, desobediencia civil frente a la guerra. Nuestro trabajo se orienta por tres principios: coordinar, articular y definir alianzas con distintas dinámicas, tanto en Colombia como en España. Las distintas propuestas para la construcción de una paz integral, que elaboremos las personas exiliadas y emigradas, las articularemos a la dinámica que lleva en Colombia el movimiento social alrededor de la Ruta Social Común para la Paz, porque consideramos que es necesario avanzar en la consolidación de espacios unitarios del pueblo, para lograr el reconocimiento como sujetos políticos. Las mujeres exiliadas en algunas ocasiones han tenido que pasar por una revictimización al caer en las redes de tratas de personas o al sufrir violencia de género en la sociedad de acogida, por lo que es necesario que se creen mecanismos reales de protección y acompañamiento. Las mujeres exiliadas exigimos la participación en los diálogos de paz porque el gobierno ha aprobado la resolución 1325, que le obliga a abrir los canales de participación a las mujeres. Los acuerdos que se realicen en la mesa de diálogo y que estén referidos a los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, debe ser refrendados por un mecanismo de consulta previa con la ciudadanía, apostamos por una construcción política de la paz que sea incluyente y participativa. Cuantitativamente la diáspora colombiana es muy significativa, estamos hablando de casi 5 millones de personas que se encuentran fuera del país, lo que es el 10% de la población, pero es necesario la realización de un censo para saber cuántos somos y en dónde estamos, así se puede definir un mecanismo que garantice la representación política del colectivo emigrado que este acorde con la realidad y las necesidades del mismo. El discurso de negación del conflicto social y armado de los últimos gobiernos y el planteamiento de un escenario de postconflicto ha venido cerrando las puertas a las personas que necesitan acogerse a medidas de protección.

2. Propuestas sobre reparación -

Se debe avanza en la recolección de historias de vida como insumo fundamental para una paz duradera. La construcción de la memoria histórica de las victimas, el exilio y la migración debe hacerse desde una perspectiva de género, intergeneracional e interétnica.

Todas las disposiciones de reparación a las víctimas que se encuentran fuera del país deben implementarse garantizando que la reparación se dé independientemente del país en el que se encuentren y respetando la decisión de la víctima frente a su deseo de regresar o no al país.

Exigimos la participación de las víctimas que se encuentran en el exterior en el diseño de medidas para la verdad, justicia, reparación y no continuidad.

Realizar una reasignación presupuestaria de la nación; el presupuesto de la guerra debe ir a la construcción de la paz.

Nos preocupa el retroceso que se ha dado en la definición de víctimas en la ley de víctimas y que ésta propicia que se den reparaciones violando el principio internacional de no devolución de los exiliados al país de origen.

La reparación no es solamente la indemnización, nuestros muertos no se pagan. Exigimos verdad porque ésta no nos hace daño, es como el fuego quema y cauteriza.

3. Garantías para el retorno: -

Una de las condiciones esenciales para el retorno es que se lleve a cabo un proceso serio de justicia, paz y reparación para las víctimas del conflicto armado y se creen las bases para una paz duradera, las cuales se edifican sobre la reforma agraria y la soberanía popular para garantizar el derecho a la vida en plenitud. El retorno lo pensamos como un proceso integral en el que se cuente con garantías de dignidad y seguridad. Defendemos unos programas de retorno que deben constituirse como una política de Estado; para esto debe existir una mayor implicación de las instituciones (SENA, entidades financieras, universidades, consulados), así como una asignación presupuestaria suficiente. Los planes y proyectos deben ser accesibles para que atiendan las necesidades y particularidades de los emigrados. Un primer paso es la puesta en marcha del Sistema Nacional de Migraciones, para esto proponemos que se constituyan Casas del Emigrante, como espacios de acogida de las colombianas y los colombianos retornados en las que se ofrezcan los siguientes servicios: apoyo psicológico, orientación laboral, apoyo para la reconstrucción de redes. Exigimos, asimismo, el desmantelamiento del paramilitarismo, que como estrategia terrorista del Estado Colombiano constituye un grave obstáculo al proceso de Paz. En la actual crisis económica que se vive en España el colectivo de personas migrantes es el más vulnerable y frente a esta situación la opción que muchos están tomando es la de emprender una segunda experiencia migratoria porque no ven garantías sociales, políticas y económicas para regresar a Colombia. La exigencia de garantías para el retorno es un elemento central de nuestro trabajo. Para ello, nos comprometemos a generar espacios para la articulación de las distintas dinámicas organizativas de los colombianos y colombianas en el exterior, sólo mediante la unidad en la acción lograremos que sean tenidas en cuenta nuestras exigencias y propuestas.

4. Aportes para la construcción de un nuevo país: -

El Gobierno Colombiano debe recoger aquellas propuestas que se vienen construyendo en Colombia con las que se está impulsando un modelo de desarrollo humano y sostenible, autónomo, endógeno y ajeno al etnocentrismo. En esta tarea las colombianas y colombianos emigrados pueden y deben aportar su experiencia, para proponer alternativas al modelo de desarrollo vigente que es claramente insostenible desde un punto de vista social, político y ecológico. Plantear un cambio en el modelo de desarrollo necesita un cambio en el modelo educativo que garantice la plena cobertura educativa; con gratuidad real y acceso a todos los niveles, terminando la monetarización de la educación pública y garantizando la existencia de programas académicos de alta calidad y que respondan a las necesidades de la sociedad; se debe ampliar el número de universidades públicas y crear programas de formación docente a través de un sistema de becas para el tercer y cuarto ciclo.

5. Organizativo: -

En términos organizativos reconocemos que existe un acumulado que se debe recoger, la diáspora colombiana se ha venido organizando alrededor de diferentes espacios políticos, culturales, religiosos, de género; pero creemos necesario trabajar por una mayor articulación. Es fundamental defender los acumulados de las organizaciones y los colombianos y colombianas en el exterior. Para conseguirlo, se pueden generar foros amplios de participación o sumar a los ya existentes, de forma que se dé continuidad con la construcción política y la consolidación de procesos de participación ciudadana. Continuar con el proceso de coordinación entre las distintas organizaciones de colombianos y colombianas y las de solidaridad internacionalista a través de la organización de un Encuentro Estatal para el segundo semestre que coincida con la programación de actividades de la Ruta social común para la paz. Para garantizar la construcción de propuestas desde lo local se deben realizar encuentros territoriales previos.

La realización de un foro europeo para tratar el tema del exilio y la migración, para esto sería necesario generar un proceso de foros por países, que siga el modelo del foro agrario realizado en la Bogotá .

OTRAS: -Proponer a la Unión Europea el sacar de la lista de organizaciones terroristas a los grupos insurgentes de Colombia.

Intervención de Exiliadas/Migrantes Colombianas.

LAS MUJERES REFUGIADAS POLITICAS Y EXILIADAS EN ESPAÑA EXIGEN QUE SUS REIVINDICACIONES SE INCLUYAN EN EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA. Hablamos como mujeres refugiadas, exiliadas políticas colombianas y también a nombre de La Mesa de Apoyo a las defensoras de derechos humanos desplazadas y refugiadas y por la paz en Colombia. Esta es una plataforma que lleva varios años trabajo en España y Colombia integrada por organizaciones de mujeres refugiadas y desplazadas , que ante la realidad de violencia que golpea nuestro país, se expresa particularmente en la violencia contra las mujeres, como una expresión de control político social, destruyendo los tejidos sociales. Mujeres campesinas, afrodescendientes, indígenas, sindicalistas, defensoras de derechos humanos, mujeres del campo popular, son una fuerza social popular que quiere construir una resistencia que transforme la realidad. 1.

LA PAZ QUE QUEREMOS.

Colombia vive una situación de conflicto social y armado que supera las seis décadas. En esta situación de guerra y degradación, las consecuencias más cruentas y los delitos de violencia de género recaen desproporcionalmente sobre el cuerpo de las mujeres, como son: la esclavitud sexual, la violación sexual, la servidumbre, el chantaje de daño sobre sus hijos e hijas, el aborto forzado y la trata de mujeres. Igualmente, sufren violaciones de los Derechos Civiles y Políticos, como asesinatos, amenazas de muerte, torturas, desapariciones forzadas y atentados contra la integridad física, entre otros. La violencia sexual ha sido una estrategia de guerra y no un problema aislado. Con estos delitos los verdugos buscan dominar y controlar territorios, apropiarse de sus bienes, obtener información del supuesto enemigo, castigar e imponer incluso normas de comportamiento, que en muchos casos las imponen por medio del terror ejercido. La situación de vulneración de las mujeres en contexto de guerra y la lógica patriarcal ha generado una situación de indefensión como lo afirma el Auto 92 de la Corte Constitucional, hay un “impacto desproporcionado en términos cuantitativos y cualitativos del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado”. Por tanto, toda la violencia ejercida contra las mujeres debe considerarse como crímenes de guerra y lesa humanidad. Como colectivo de mujeres refugiadas políticas y exiladas en España, nos sentimos en el deber y en la obligación de pronunciarnos en el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano. En este proceso de paz, debe ser incluida la voz de las personas refugiadas políticas y exiliadas. Es necesario visibilizar e incluir en las distintas agendas la voz de las mujeres, las cuales vienen proclamando la exigencia de justicia política y social en Colombia. Estamos cansadas de las guerra y de la militarización de la cotidianidad, por ello saludamos este proceso de negociación y exigimos que se tenga en cuenta LA RESOLUCION 1325 PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS ACUERDOS DE PAZ como sujetas políticas que somos.

No queremos que en Colombia suceda lo mismo que ha pasado en algunos países de Centro América y el mundo, casos como el Salvador y Guatemala, donde se entregaron las armas y tras firmar los acuerdos de paz, han persistido las grandes violaciones de los derechos humanos, la violencia socio estructural, la exclusión política y las grandes desigualdades sociales y de género. HOY EN DIA, EN ESTOS PAÍSES SE VIVE CON MAYOR CRUDEZA LA VIOLENCIA DE GENERO, LLEGANDO A LA MANGNITUD DE FEMINICIDIO. Es esencial tener en cuenta las propuestas concretas que responden a las necesidades de reparación y atención de las víctimas que se encuentran en otros países en necesidad de protección internacional. Para ello, es indispensable que el Estado colombiano, a la hora de evaluar la situación de derechos humanos de Colombia, adopte un enfoque regional que le permita visibilizar la situación de desplazamientos forzados, internos y hacia el exterior, así como tener en cuenta sus causas y consecuencias para poder tomar decisiones de política pública acertadas para este grupo de víctimas. Una situación de especial vulnerabilidad y desprotección es en la que se encuentran las mujeres en necesidad de protección internacional. Consideramos, que en el proceso de negociación con justicia social es esencial la participación de las organizaciones sociales, de la sociedad Colombiana y de las mujeres. La historia demuestra con claridad que la paz y la seguridad verdadera sólo son posibles cuando las mujeres se encuentran involucradas en los procesos de paz y traen sus experiencias y necesidades a la mesa de negociación. Hace trece años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así lo reconoció al adoptar la Resolución 1325 sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, exigiendo la inclusión de las mujeres en todas las negociaciones de paz. Desde hace años en Colombia y desde el exterior, el Movimiento Social viene exigiendo, no solamente al gobierno actual sino a los gobiernos antecesores como el de Álvaro Uribe Vélez, que nuestra apuesta es por una paz con justicia social, duradera que transforme las causas del conflicto social y armado que azota al país, que cambie el modelo productivo, patriarcal y que garantice los derechos humanos y la dignidad de toda la ciudadanía. Para que la paz con justicia social sea una realidad debe enfrentar tanto la causalidad del conflicto como la institucionalización de la guerra. Es decir, las causas objetivas y orígenes anclados en la injusticia social y económica, en la exclusión política y cultural, en la falta de soberanía, en mecanismos electorales viciados, en la destrucción ambiental y los acuerdos comerciales asimétricos e injustos, en la ausencia de participación, en el alto índice de impunidad, en la falta de acceso colectivo y mayoritario a la propiedad y a la divulgación democrática en medios de información, en la desigualdad social y por otro lado, es esencial el desmonte efectivo por parte del estado de la estrategia del paramilitarismo como arma de expropiación y genocidio. Hoy, es necesaria una reforma agraria, sin la presencia de las multinacionales que tanto han desangrado y expoliado el país. Como mujeres sujetas de derechos, amparadas por los DDHH y el DIH somos conscientes de que el cese de hostilidades por parte de las FARC, no garantiza el establecimiento de la paz. Dar continuidad y garantías al proceso exploratorio de conversaciones de paz con las FARC, en una perspectiva de diálogos para la superación definitiva del conflicto armado que incorpore al ELN, en tanto insurgencia, como al conjunto de la sociedad colombiana. Con todos estos actores y participantes dispuestas/os a negociar, con la participación directa de las mujeres; consideramos que realmente se puede abrir la esperanza para que en Colombia se logré una solución política que sea sustentable y por consiguiente, permanente. Queremos una paz donde el acto y la palabra guerra se hayan difuminado, y defender nuestros derechos, como el derecho a una vida diga, el derecho al territorio, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación y no repetición no sea objeto de persecución. Queremos una paz, donde podamos avanzar en la construcción de una memoria colectiva de los daños causados individual y colectivamente, donde se reconozca las estrategias utilizadas sistemáticamente contra las mujeres y sus familias, con las consecuencias específicas que ello conlleva, de tal manera que se nos permita avanzar en el proceso de transformación social en el procesos de paz y creemos firmemente que esto es posible si logramos superar la impunidad.

Queremos una paz que diseñe un modelo de desarrollo alternativo, ecológico, que transforme la estructura patriarcal e inequidad que ha caracterizado al país, que además de construir participativamente políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la mayoría de la población, se generen estrategias pedagógicas que rompan con la lógica de la guerra y la exclusión política, social y de género que nos permita avanzar en la consolidación de una democracia real y un Estado Social de Derecho. Para ello la perspectiva de género, generacional, étnica y de los cuidados (en su sentido más amplio) deben ser ejes transversales. Nuestro deseo es construir una vida libre de violencias para que hechos tan atroces como los que hemos vivido, nunca más se vuelvan a repetir porque contaremos con una estructura institucional y social para salvaguardar la igualdad y la equidad. Estamos convencidas que el Derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición es un imperativo, que se debe incluir claramente en los acuerdos de paz y debe haber un compromiso transparente y verificable. 2. VICTIMAS: VERDAD, JUSTICIA, REPARACION CON GARANTIAS DE NO REPETICION. 2.1. VERDAD. Nos referimos a las personas que son exiliadas, refugiadas políticas, a las solicitantes de asilo, y a las personas que se encuentran en una situación similar a la de l@s refugiad@s. La segunda categoría agrupa a las personas que formalmente han recibido el estatuto de refugiado en el país de acogida; la tercera se refiere a aquellas personas que están en un proceso de determinación y reconocimiento del estatuto de refugiado, y la última se refiere a quienes no se les ha reconocido el estatuto pese a que están en la misma necesidad de protección de quienes han sido reconocidos formalmente como refugiadas. Aun así, la categoría de “personas en necesidad de protección internacional” es la que mejor recoge todos los supuestos en los que se encuentra una persona que sale de su país en busca de la protección de otro Estado. Recuperar la verdad en el caso de las mujeres Refugiadas Políticas y Exiliadas, pasa por el relato de las historias de vida visibilizando las violaciones de los Derechos Humanos de las Mujeres y sus Familias; Y el impacto sobre los procesos organizativos en origen. En el Exilio, es importante desvelar los proyectos en el ámbito individual y colectivo, el compromiso social y político con sus reivindicaciones, sus éxitos, sus logros, frustraciones, depresiones, silencios, dificultades al expresar su liderazgo. Es esencial tener en cuenta las propuestas de reparación y reconstrucción de nuestras vidas tanto en lo individual como en lo colectivo, unas con éxitos otras con fracasos, en la reconstrucción económica, social, política, moral y cultural. La verdad va de la mano con la recuperación de la memoria, para superar la impunidad y alcanzar la justicia, por lo tanto tenemos que impulsar la recopilación de las experiencias por medio de los relatos y demandar la posibilidad de llegar a la verdad judicial, la verdad sobre nuestras luchas, reivindicaciones, las historias de violencia por las que hemos pasado, con el objetivo de restablecer la dignidad de la víctima y de difundir la verdad sobre lo sucedido. Para ello, requerimos trabajar en la recolección de casos individuales y colectivos y en cuanto a las víctimas directas de graves violaciones de derechos Humanos, tales como el despojo, la violencia sexual, las mujeres que han perdido a sus hijas e hijos, papa, mamá o compañeros sentimentales, quienes sufrieron situaciones de desplazamiento y desaparición forzada, amenaza, torturas, destierro y exilio. Conocer la Verdad sobre los perpetradores y responsables intelectuales y materiales, demandar el reconocimiento y resarcimiento a las víctimas, confesión de la verdad de los hechos, ubicación geográfica, sociopolítica y el contexto y momento en el que ocurrieron estas violaciones. La verdad implica el reconocimiento público de la población refugiada política y exiliada colombiana, de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y tomando en consideración la Declaración de Cartagena aprobada en 1981, que amplió el radio de protección a las personas que hayan huido de su país “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”, que se vieron forzadas y obligadas a huir del país para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Que se reconozca que previo al exilio se tomaron otras estrategias de protección que se convirtieron en un lastre para la vida de las mujeres y sus familias. En muchos casos el solo hecho de ejercer la ciudadanía y participar

activamente en alternativas de vida digna les llevó a tomar esta decisión, que el poder estatal no acepta y por tanto ha generado una práctica de destierro y exterminio, incluso de la oposición política. La participación ciudadana activa y la oposición política no es un delito y se debe reconocer que en Colombia ha sido estigmatizada y criminalizada. Es necesario el reconocimiento público del papel protagónico que han desarrollado las organizaciones de mujeres, aún en medio del conflicto, para incidir en una salida política negociada al conflicto. El papel de sujetas activas para generar alternativas para la vida digna. La constitución de una Comisión de la Verdad que dignifique las víctimas de crímenes de Estado y crímenes de guerra, que dé cuenta de la magnitud de la violencia ejercida contra las mujeres en el conflicto armado y sus consecuencias, que dé cuenta de la lógica que motivaron estos crímenes. Que su publicación sea masiva y se extienda a todas las instituciones educativas y sociales del país, formando parte de la Memoria Histórica del País. Esta Comisión de la Verdad no deberá sustituir el acceso a la justicia y la reparación. Que con sus resultados se constituya la memoria con un apartado del exilio y refugio que dé cuenta del por qué tuvimos que salir, dignificando y visibilizando el exilio colombiano, porque no huimos por haber cometido delito alguno, todo lo contrario fuimos perseguidas y asediadas. Sus resultados deberán ser una oportunidad para la información y la formación ciudadana con perspectiva de género, será la mejor forma de prevenir la violencia de género y que estos hechos crueles se vuelvan a repetir. Reconocer que entre las causas de persecución, han sido las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, las que les llevó a huir de su territorio con todas las implicaciones que tiene para los proyectos de vida personal, familiar y social. Que en particular las mujeres han tenido que vivir la violencia sexual como arma de guerra, la violencia de género, la servidumbre, el aborto forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la trata, por ser defensoras de derechos humanos… por el hecho de ser mujeres. Reconocer que el solo hecho de transgredir los mandatos de género discriminatorios de la lógica patriarcal y de la guerra, por ser instrumentalizadas en sus sentimientos o pertenencia a una opción sexual o identidad las llevo a huir y buscar protección fuera del país. La situación de persecución se tornó insoportable cuando ésta atañe directamente a las familias y en particular a sus hijos e hijas. Así como para las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Que se reconozca que son muchas las fronteras que los hombres y las mujeres en búsqueda de protección internacional deben enfrentar en el momento de la salida y la llegada al país receptor. Para las mujeres el sometimiento a otras situaciones de asedio en el momento de salir se da por su condición de mujeres, como es la trata de mujeres y la violencia de género. Y en el país receptor se dan casos de desinformación, falta de acompañamiento y muchas mujeres y sus familias se ven sometidas a nuevos factores de discriminación y stress postraumático cuando está solicitando la protección internacional. Pedimos a los Estados Receptores que el Derecho al Refugio no se puede desvirtuar en aras de políticas de securitización. Tampoco los Estados receptores deben vulnerar el principio de no devolución que se viene presentando con mucha frecuencia, que pone en riesgo la integridad de las personas solicitantes de asilo. Apelamos al cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 14 del Derecho a la libre circulación. 2.2.

JUSTICIA.

Exigimos asignar una partida presupuestaria para los procesos de verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición, para ello proponemos que los presupuestos para la guerra se destinen a ello. Esto implica también, levantar un trabajo de investigación que dé cuenta de cuánta ha sido la población exiliada y refugiada, el daño causado con la persecución y el destierro para su reparación y garantías de no repetición. Los resultados de estas investigaciones debe salvaguardar la identidad de las víctimas con instrumentos eficientes de protección de datos.

Que los y las refugiadas puedan acceder a la justicia sin menoscabo de su protección internacional, contando con garantías y mecanismo para ello. Se debe identificar a los victimarios y sancionarlos, dejando claro los motivos e intereses de fondo que les llevaron a planificar las violaciones graves de derechos humanos. Se deberán incluir las recomendaciones emanadas por la relatora sobre violencia contra la mujer y otras disposiciones del sistema de Naciones Unidas en cuanto a la violencia sexual se refiere, cumpliendo a cabalidad con el auto 092 y designando jueces y equipo jurídicos debidamente preparados. El acceso a la justicia para las mujeres debe contar con medidas de protección eficaz e integral. No se pueden repetir hechos como los que suceden hoy con las mujeres que están reclamando la restitución de tierras, en el marco de la ley 1448. Según lo dispone la Ley de Víctimas, ésta tiene por objeto “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas (…) que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales”. Ley 1448 de 2011, art. 1. La Ley de Víctimas incluye con poca claridad el resarcimiento a las víctimas que se encuentran en el exterior, no adopta disposiciones coherentes con su condición ni con sus necesidades específicas de protección, atención y reparación, y aquellas que adopta pueden impactar negativamente el estatus legal de estas personas en los países de acogida, así como sus necesidades concretas de protección. Por ello, la Mujeres Refugiadas Políticas y Exiliadas insistimos en que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones en el marco del proceso de negociación con justicia social. Los victimarios deberán ser sancionados de acuerdo a los estándares internacionales, no puede prevalecer prebenda alguna para los victimarios que cometieron delitos que atentan contra la humanidad, así mismo no deberán acercarse a las víctimas, bajo ningún motivo. 2.3.

REPARACION Y MEMORIA HISTORICA.

Como mujeres refugiadas políticas y exiliadas en España queremos ser parte de la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación de las mujeres colombianas para contribuir a la transformación de esa realidad cruenta y desgarradora que ha obligado a muchas mujeres y sus familias a salir del país. Ha sido una práctica que en los espacios de negociación y ámbito político, se excluyan a las mujeres, sin embargo, el Movimiento social de mujeres ha forjado y ganado algunos de estos espacios de participación. Estamos en un momento histórico donde se está negociando en la Habana con la FARC y nosotras las mujeres refugiadas políticas y exiliadas queremos romper el silencio, y el dolor que conlleva el desarraigo de nuestro país, y queremos que se incluyan en la agenda de negociación nuestras propuestas, preguntas y necesidades, por ejemplo el tema de tierras necesita un abordaje de género, ya que hay grandes desigualdades en el derecho a la propiedad. La reparación pasa por el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas, el reconocimiento a la invisibilidad histórica que hemos padecido como mujeres y el reconocimiento de las violencias ejercidas contra las mujeres. La reparación debe ser integral: física, psicológica, emocional, social, económica, en general, en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. La Reparación y la Memoria histórica como proyecto Social y Cultural Queremos crear un debate sobre la memoria histórica y la reparación por que la una sin la otra no tienen sentido, tiene que ser una reparación con perspectiva de género, esta tiene que ir en dos vertientes. Como proyecto cultural, la historia es un saber, que no necesita justificación utilitaria forma parte de nuestra cultura y reconocer lo que nos ha pasado nos enriquece en el ámbito integral y en la responsabilidad de los estados. Como proyecto social, la historia es un fin útil, forma parte de los cimientos o pilares de una sociedad, este proceso de negociación no se puede construir, ni reformar ocultando su pasado y mirando hacia otro lado. Como mujeres en el exterior, debemos solicitar una reparación de una

democracia que debe tener un deber Moral, un deber de justicia y un sentido ético que deben sustentarse en el conocimiento reposado pero intenso de todo lo sucedido a las mujeres durante estas seis décadas de conflicto socio estructural y armado. Para vivir está negociación de paz en el presente y encarar el futuro, con propuestas de justicia y retorno, tenemos que visibilizar los hechos que causaron el exilio y reconocer el pasado para superar la impunidad y no construir un proceso de aparente paz sobre supuestos falsos. Es necesario reconocer cuales han sido los daños irreparables ocasionados por los agentes paraestatales al movimiento social de mujeres, defensoras de DDHH, sindicalistas, mujeres afrocolombianas, campesinas e indígenas, que han sido obligadas a abandonar el país de manera violenta. Entre algunas graves consecuencias, podemos citar, las siguientes: • La muerte por asesinato, desaparición de amigos/as, personas cercanas y familiares, esto ha causado la desestructuración de familias que quedan rotas y el duelo de difícil superación. • Las graves consecuencias para el movimiento social de mujeres, al desestructurar y desvertebrar el procesó organizativo logrado por el movimiento de mujeres. • El desarraigo que significa perder la profesión, la casa, la familia, la cultura, el entorno de apoyos de familiares y amig@s. Y empezar un proyecto de vida que no estaba en los planes. Nadie quiere vivir lejos de su país. Empezar a vivir a partir de cero en otra cultura, en ocasiones con otro idioma, formas distintas de relacionarse, otra cultura. • El duelo permanente: Muchas personas exiliadas han sufrido la pérdida de familiares muy cercanos (padre y/o madre, hermanos, primos) y no han podido acompañar a sus familias en momentos tan importantes como la despedida de un ser querido. También ocurre con momentos de especial alegría familiar como el nacimiento de sobrinos/as, bautizos, graduaciones, bodas, cumpleaños que no pueden ser celebrados y como se hacían antes. • Los hijos/as de las personas refugiadas y exiliados crecen sin familia consanguínea, los referentes de abuelos/as, primos/as, aspecto que es importante en el desarrollo de la personalidad. Por su parte l@s exiliad@s pierden el ver crecer a las/os sobrinas/os, primos, vecinos. • La pérdida para Colombia de personas cualificadas formadas en su gran mayoría en universidades públicas. Esta formación no es reconocida formalmente por España y se obstaculiza su homologación, pero las empresas españolas contrataron profesionales colombianos/as para el desempeño de tareas de responsabilidad pagando salarios por debajo de los convenios por no tener la homologación de títulos. • El aporte al crecimiento de la economía española de profesionales cualificadas que desempeñaron tareas profesionales iguales a las de español@s con salarios menores. Viviendo la doble explotación. • El desempeño de actividades muy por debajo de la formación profesional, encontramos licenciadas/os en derecho, sociología, economía, realizando labores de limpieza y aseo de viviendas, servicio doméstico, cuidado de personas mayores, cuidados de personas con grandes limitaciones físicas. Todos estos oficios se realizan en situación de precariedad laboral (bajos salarios, sin prestaciones sociales, horarios interminables y en ocasiones acoso laboral, sin lograr igualdad entre mujeres y hombres) Por lo cual nuestra propuesta debe ser, construir la memoria histórica donde se nos incluya, donde se resarza y se repare todos estos impactos. Es esencial el acompañamiento y un proceso de reconstrucción psicosocial para que nuestro dolor y duelo queden reflejados en la historia del país y que las mujeres no sigan siendo las grandes desconocidas. Que quede inmerso en la memoria el sufrimiento del doble desarraigo, primero, la familia, las comunidades, el proceso social y político, las condiciones de vida en el país de origen y; segundo, los efectos del exilio y el Refugio Político. Incluir en las agendas de trabajo y negociación en la Habana, una propuesta de reparación hacia las mujeres refugiadas políticas y exiliadas colombianas, porque son ellas las que han sido las mayores víctimas del conflicto armado y la violencia socio estructural y de desigualdad en el país. Esta reparación tiene que ir en doble sentido, tanto para las que retornan al país, como para las que se quedan fuera de él, porque debido al nuevo arraigo de sus familias en el país de acogida no pueden regresar, o el gobierno colombiano no ofrece garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y retorno con garantías.

Exigimos que se implemente la Ley de Prevención a la violencia de género con garantías, procedimientos, mecanismos y recursos que garanticen el derecho a la justicia. Desarrollando juzgados especializados con especial atención a las violaciones de los derechos de las mujeres. 2.4.

RETORNO CON GARANTIAS.

El Refugio Político y el exilio no es, ni fue, ni será la opción de vida de ninguna persona; las personas que han salido de Colombia en estas circunstancias lo han hecho en contra de su voluntad y sufriendo daños irreparables en su integridad física, psicológica, social, económica y desestructuración del tejido social, familiar y productivo, de muy difícil cuantificación. En consideración a las condiciones históricas de discriminación (entendida en los términos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las circunstancias en las que las mujeres deben afrontar tanto, las violaciones de los derechos humanos, la violencia socio estructural y los abusos propios de la guerra tienen, en principio, un impacto desproporcionado sobre ellas. Si a esto se le suman las circunstancias específicas de vulnerabilidad de las mujeres propias de los conflictos armados y la feminización de la pobreza reconocidas por las Naciones Unidas y la correspondiente obligación estatal de prevenir y sancionar toda forma de violencia de género (para el caso colombiano a través de la Convención Belem do Pará), estas circunstancias de desproporción implican un deber correlativo de adopción de medidas positivas a favor de las mujeres que contrarresten los efectos de dicha violencia. Las mujeres refugiadas políticas y exiliadas, en reconocimiento a lo establecido por las Naciones Unidas en la Resolución 1325 seguimos expresando que es imperativo para el gobierno colombiano adelantar acciones de prevención, protección, reparación y participación con las mujeres, y con mayor razón con las mujeres víctimas, en los procesos de prevención y solución de los conflictos y de consolidación de la paz, con el objetivo de reconocer sus especiales necesidades y garantizar escenarios participativos de verdad, justicia y reparación para ellas. Dentro de este marco internacional de defensa de los derechos de las mujeres, como parte de los criterios fundamentales de verdad, justicia, reparación y no repetición, exigimos nuestro derecho al retorno con garantía. Para esto, es importante la voluntad política del gobierno, que haya Comisiones de Verificación de Alto Nivel conformada por designado/as de Nacionales e Internacionales defensoras de DDHH, de las instancias de veeduría y observación de Naciones Unidas y de los Organismos Internacionales con presencia en el país y del Ministerio Público, con el objetivo de evaluar si las condiciones humanitarias y de seguridad, son las adecuadas para el retorno de las personas que se encuentran en condición de refugio político y exilio en España. Es fundamental el replanteamiento del programa de retorno con garantía para las mujeres y, por eso, el retorno no sólo debe cumplir con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad, sino que también deben estar inmersos en las políticas estatales de desarrollo urbano, rural y superación de la pobreza y la exclusión. En este sentido, resulta fundamental que cualquier programa de retorno incluya objetivos e iniciativas específicos a favor de las mujeres en situación de refugio político y exilio que impliquen logros efectivos en términos de replanteamiento de roles sociales y familiares de las mujeres, mayores niveles de protección y participación política y social, así como mayores y mejores oportunidades de trabajar. Así mismo esta partida debe incluir programas de retorno voluntario con garantías de seguridad y dignidad, que garanticen los recursos y acompañamientos psicosociales eficientes para su ejecución, para las personas que voluntariamente quieran retornar. Para garantizar la seguridad exigimos el desmonte del paramilitarismo y de todo el aparato de guerra. La coherencia de políticas de prevención y atención a la violencia de género desarrollando políticas públicas en todas las instituciones del Estado con una perspectiva de género, generacional y étnica, es fundamental para su implementación. En el proceso Colombiano de paz con justicia social que se lleva a cabo en la Habana, es esencial incluir las propuestas de las Mujeres Refugiadas Políticas y Exiliadas en España. Para el programa de retorno con garantía y no repetición se propone:

• La financiación por parte del gobierno colombiano de los gastos derivados del retorno a Colombia en condiciones de dignidad y seguridad de las familias acogidas para el retorno. • La asistencia técnica y económica para el estudio, valoración y puesta en marcha de proyectos productivos que permitan el posterior sustento económico de las familias. • Permitir y facilitar la presencia de acompañantes internacionales como garantes de la seguridad del proceso de retorno. • El compromiso y las acciones concretas de no señalar a las/os defensores de DDHH como agentes civiles de la subversión; y el reconocimiento público que esta labor es un derecho consagrado en acuerdos internacionales ratificados por Colombia. • Se necesita reparación psicosocial y política para continuar en el entorno y compromiso dentro del movimiento social. • Circular administrativa del gobierno nacional a todos los organismos de seguridad: DAS, Policía Nacional, Ejercito y demás servicios de espionaje ordenando la paralización y destrucción inmediata de todos los expedientes en donde se trata de involucrar a defensor@s de DDHH con los grupos insurgentes y se pide la protección para la vida de las personas que velan por el cumplimiento de los tratados internacionales de DDHH, firmados y ratificados por Colombia y el complimiento de la Constitución de 1991. • Resolver la situación de las familias en los países que les han recibido, en lo relacionado con las cotizaciones a la seguridad social por tiempo trabajado y regularización de la situación migratoria en España para no ser objeto de sanción por el servicio de empleo. • Resolver la situación financiera de las familias en los países de recepción: Créditos, hipotecas y demás obligaciones contraídas; se propone la dación en pago para hipotecas, la condonación de la totalidad o parte las deudas por conceptos de préstamos personales. • Compromiso del gobierno colombiano con el retorno con dignidad y seguridad de las familias. 3.

PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES.

En el texto del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc-ep, el 27 de agosto de 2012: “ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”: en la agenda en el apartado V, punto 2: Enuncian la participación Política. A continuación, planteamos unas propuestas de la Participación Política desde las Mujeres: - Consolidar la paz significaría una profundización de la democracia. - El conflicto social y armado limita las posibilidades reales de la participación. - El reconocimiento del aporte que las mujeres hacen permanentemente en la construcción de la paz. - Las violencias ejercidas contra las mujeres limita sus posibilidades de realización de sus derechos. - Las posibilidades de participación están mediadas por las construcciones y prácticas culturales patriarcales. 3.1. DEMANDAS. - De la igualdad a la paridad - Cumplimiento de los avances normativos en materia de participación política de las mujeres. Ley de cuotas y sus posteriores desarrollos. - Participación que atienda a la diversidad que caracteriza a las mujeres. - Participación de las mujeres en los diferentes sectores sociales. - Consolidación de la democracia en términos cualitativos y cuantitativos. - Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en la esfera de lo público: instituciones, organizaciones sociales y políticas. - Garantías de participación para la oposición. - La lectura del conflicto desde la mirada de las mujeres - Inclusión de los intereses estratégicos de las mujeres - Las propuestas de las mujeres para la construcción de la paz - Las demandas de las mujeres en términos de verdad, justicia y reparación. - Visibilidad de la situación de las mujeres en términos de la realización de sus derechos. - Incentivas, promover la participación de las mujeres. Mecanismos, prácticas, - Identificación, atender los obstáculos reales la participación de las mujeres en los espacios de decisión.

- Implementación de la 1325 - Fomentar medidas efectivas para promover mayor participación de las mujeres en la política nacional, regional y local, incluyendo las mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas, en el ámbito rural y urbano. «La lucha por la paz va de la mano con la lucha por superar la inequidad, la opresión y la exclusión de la vida pública y privada y en lo más profundo del ser.» Virginia «Gina» Vargas Valente, Flora Tristán - Centro de la Mujer Peruana, Perú

Intervención a nombre de las organizaciones de solidaridad Internacionalista

EL PAPEL DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA: CONCLUSIONES 1. Renovamos y fortalecemos nuestro compromiso con los movimientos sociales, las organizaciones populares y las víctimas del conflicto social y armado que vive Colombia, que en este momento se expresan en la Ruta Social Común por la Paz. Expresamos nuestro compromiso en la construcción de una Paz con Justicia Social en Colombia. 2. La Paz con Justicia Social en Colombia solo será posible si se actúa sobre las causas estructurales del conflicto. Reclamamos la necesidad de habilitar espacios que garanticen la participación de las organizaciones sociales en el proceso de paz y en el desarrollo posterior de los posibles acuerdos. 3. El largo conflicto político, económico, social y armado que vive el pueblo colombiano necesita espacios para el diálogo y el debate. Todos los esfuerzos para encontrar la Paz con Justicia Social en Colombia son imprescindibles y pasan de forma ineludible por acabar con la lacra de la violencia contra las mujeres, unos de los ejes centrales de la guerra, la violencia política y la violencia social en Colombia. Es imprescindible un enfoque de género para la superación del conflicto. 4. Entendemos la solidaridad internacionalista como un diálogo, un encuentro entre los Pueblos, un intercambio de experiencias y realidades. Es imprescindible superar las dicotomías Desarrollo-Dependencia, Norte-Sur. Apostamos por la renovación del compromiso y por el fortalecimiento de los tradicionales vínculos con los movimientos sociales, las organizaciones populares y las comunidades, que nos han permitido un acompañamiento más eficaz y un conocimiento real de la situación. Consideramos como una tarea fundamental el apoyo a las víctimas del conflicto social y armado que sufre Colombia. Entendemos la solidaridad internacionalista como una herramienta política de transformación y no como un simple aparato burocrático. Un proceso de diálogo sincero, reflexión compartida y construcción horizontal entre los pueblos. Expresamos nuestra firme voluntad y compromiso de fortalecer la solidaridad internacionalista con las personas exiliadas, desplazadas y refugiadas en el Estado español, víctimas de la violencia directa y estructural que sufre Colombia. Reforzaremos nuestras líneas de trabajo y cooperación con las organizaciones y colectivos de personas exiliadas, refugiadas y desplazadas. 5. Las negociaciones iniciadas en La Habana son el mejor camino cuando ya se han transitado 50 años de conflicto armado interno. Es el camino que le pedimos al gobierno colombiano abra también para el resto de organizaciones insurgentes. 6. No existe una situación de posconflicto en Colombia. Sigue habiendo guerra. Sigue habiendo violencia directa y estructural. Denunciamos la grave crisis de DDHH que vive Colombia, en especial en estos momentos, cuando las organizaciones populares y las defensores y defensores de los DDHH sufren una grave arremetida de amenazas, agresiones y represión. Es un hecho la escalada de la violencia contra la población civil en las áreas donde además de guerra hay conflicto social, por eso acompañamos el reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos a las partes en la mesa, para que se esfuercen en acordar un cese al fuego y de hostilidades bilateral, y una tregua indefinida. Solicitamos concertar un Acuerdo Especial de Aplicación Inmediata, como lo contempla el Derecho Internacional Humanitario. Se trataría de acatar las normas humanitarias por todas las partes, fuerzas regulares e

insurgencias, mientras persistan las hostilidades, aliviando los sufrimientos de la población civil y de las propias personas combatientes. Pedimos al gobierno colombiano un tratamiento acorde a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para las cerca de diez mil personas presas por delitos políticos, como la rebelión. No se puede hablar de paz siempre y cuando sigan las estructuras paramilitares. Dadas las causas objetivas del conflicto, se puede asegurar que la paz de Colombia será estable si se nutre de la agenda de paz construida durante décadas por los movimientos sociales y en particular por el campesinado, indígenas, negritudes, ambientalistas, sindicalistas y defensoras y defensores de Derechos Humanos. Deben crearse Programas de Atención a Víctimas de Violaciones de los DDHH en Colombia, como el que existe en Asturies desde hace doce años. 7. Exigimos a la UE y al Gobierno español un apoyo público al proceso de paz en Colombia, acompañándolo, facilitándolo y dando seguimiento a los eventuales acuerdos. Exigimos una implicación activa de la UE y del Gobierno español en la consecución de una Paz con Justicia Social en Colombia. Se hace así imprescindible que la insurgencia colombiana sea excluida de la lista de organizaciones consideradas terroristas por la UE. 8. El Congreso, el Senado y los Parlamentos Autonómicos deberían posicionarse claramente a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia, solicitando una mayor implicación del Gobierno español. Proponemos la creación de un grupo de trabajo conjunto por Colombia compuesto por representantes de los diferentes parlamentos. Creemos importante animar la realización de misiones de verificación con representantes políticos de todo el Estado, así como la adopción de iniciativas legislativas en los diferentes Parlamentos. En términos más amplios, debe haber un incremento de la presión política internacional por parte de organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones, a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia. Desde la Solidaridad Internacionalista debemos seguir trabajando en la presión a las autoridades de nuestros estados para que adopten un papel más activo en la exigencia del respeto a los Derechos Humanos en Colombia y en la tarea de la consecución de la Paz con Justicia Social. 9. Exigimos la no ratificación del TLC entre la UE y Colombia que impone un modelo económico y comercial dañino para las clases populares colombianas, dificultando la consecución de un acuerdo negociado de superación del conflicto social y armado; la publicación de los intereses económicos de los diferentes grupos empresariales extranjeros en Colombia, en especial de los considerados españoles; y el control efectivo del comercio internacional de armas que perpetúa los conflictos y causa desplazamiento. 10. Consideramos la Memoria Histórica como una herramienta fundamental de lucha contra la impunidad. Las víctimas tienen derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a las Garantías para la No Repetición. Tenemos que rescatar la Memoria de las víctimas, de las personas exiliadas y refugiadas, y la de la propia Solidaridad Internacionalista. No es posible escribir la Memoria Histórica sin las mujeres, sin los pueblos indígenas y sin las comunidades negras. 11. No será posible la Paz con Justicia Social en Colombia si no cesa la criminalización y la persecución de las defensoras y defensores de los DDHH en Colombia y en el exilio. Pedimos el cese de su persecución, estigmatización y represión, además de garantías para su labor. Al mismo tiempo, exigimos que no se entorpezca la labor de la Solidaridad Internacionalista y se garantice su seguridad. 12. Es necesario mejorar la coordinación. Apostamos por la coordinación como herramienta que permite un trabajo más eficaz. Valoramos el acumulado de la Plataforma Estatal como experiencia de trabajo en común. Creemos que es muy importante mejorar nuestra capacidad de acceso a los medios de comunicación, para contrarrestar la imagen distorsionada que ofrecen de la realidad colombiana, generalmente vinculada al discurso oficial y a los intereses de los grandes grupos económicos. Para ello, debemos renovar nuestro discurso, haciéndolo más accesible a la opinión pública y, en especial, más atractivo para la juventud, de quienes necesitamos urgentemente su participación. Proponemos como acciones conjuntas a realizar: a) La observancia permanente del proceso de diálogo abierto en La Habana y las iniciativas y esfuerzos comunes para tejer la paz con justicia social en Colombia. b) La presentación de preguntas e iniciativas parlamentarias de forma coordinada. c) Crear un mecanismo coordinado de difusión, para la incidencia pública y el análisis de la situación colombiana y el proceso de Paz.

d) La realizaci贸n de un acto unitario por la Paz con Justicia en Colombia en el segundo semestre del a帽o 2013.

La Paz y los Medios de información. José Manuel Martín Medem

Por primera vez en una negociación gobierno/guerrilla las FARC han incluido la democratización de los medios de comunicación. Es un ingrediente estratégico para conseguir una paz con desmilitarización, democracia y justicia social. Los grandes medios de comunicación envenenan la información en Colombia, imponiendo tres graves falsificaciones de la verdad histórica: > que la guerrilla nunca ha querido negociar de verdad, > que el paramilitarismo es la respuesta a la violencia de los insurgentes, y > que los que critican al gobierno, denuncian las violaciones de los derechos humanos o reclaman sus derechos laborales y el acceso de los campesinos a la tierra son guerrilleros o sus colaboradores. En diciembre de 1998, la diplomática española Almudena Mazarrasa, nada sospechosa de excesos democráticos (muy criticada por las ONG), entonces representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, denuncia "el poder absolutamente destructivo y distorsionador de los medios de comunicación". Lo que se hace en Colombia es INFORMACIÓN CONTRAINSURGENTE: > Complicidad con el poder político y militar a cambio del negocio de la información Camuflan las causas del conflicto: el terrorismo de Estado que bloquea la democracia y facilita los negocios de la oligarquía aliada con EEUU > Las empresas presionan a los periodistas en función de sus complicidades políticas, económicas y militares / Y no los protegen: asesinan igual a un reportero desconocido que al popular Jaime Garzón > Como mucho, señalan las consecuencias pero no el origen de las políticas criminales Según el escritor colombiano Alfredo Molano, "es cada día más claro que, sin excluir los intereses económicos, el conflicto es resultado de la exclusión permanente y sistemática de la oposición política, exclusión que significa silenciar, desconocer, ignorar, estigmatizar, perseguir y asesinar". Los grandes medios saben lo que pasa pero no señalan a los responsables. La revista más influyente, SEMANA, denuncia "60 años de violencia, paramilitarismo, narcotráfico, expoliación de tierras e impunidad". Pero, como dice el también escritor colombiano William Ospina: "Los grandes medios de comunicación se empeñan con igual persistencia en deplorar la infamia y en ocultar sus causas". Cuando era corresponsal de TVE en Bogotá, el

presidente Ernesto Samper me dijo que "los canales de la televisión privada se los vamos a dar a los dos grandes grupos económicos del país" y añadía "como debe ser". A cambio de ese negocio, Samper les pedía "periodismo patriótico". En un discurso discurso, el 30 de marzo de 1998, decía lo siguiente: "Hago un nuevo llamamiento a los medios de comunicación para que manejen la información con patriotismo y no la conviertan en apología del delito". Me comentaba Javier Dario Restrepo, del colectivo Medios para la Paz, que "los gobiernos colombianos consideran que el periodista les debe a las instituciones la cuota patriótica de su lealtad, entendida como la renuncia a la crítica y la total disponibilidad para hacerles eco". El asesor favorito del presidente Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, insistía en que "la información debe manejarse con patriotismo". "Los medios de comunicación -advertía- le prestarían un gran servicio a la política de seguridad democrática del presidente Uribe no profundizando mucho". Según Alfredo Molano, "la paranoia creada por un régimen que impone el maniqueísmo hace de la autocensura un modo de ser, de hablar y de escribir". Una encuesta del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana indica que el 90% de los periodistas colombianos saben que la información de los gobiernos sobre el conflicto armado está manipulada. Ejemplo: recientemente el diario EL ESPECTADOR publicaba una información de las FFAA que aseguraban haber desmantelado un laboratorio de las FARC que abastecía con una tonelada diaria de cocaína al cartel de Sinaloa. Es imposible. Según la ONU, la producción anual es de unas 800 toneladas. Del supuesto laboratorio de las FARC saldría casi la mitad. Absurdo. Si fuera verdad, el mercado internacional habría colapsado. Mienten las FFAA, EL ESPECTADOR lo sabe y lo publica. Hay en los medios de comunicación de Colombia una perversa INTERVENCIÓN ESPAÑOLA: Radio Caracol es de PRISA. Comparte la complicidad de las empresas colombianas defendiendo sus intereses económicos: Bogotá es la base de su red radiofónica latinoamericana y allí esta la sede de Santillana. Además de informar en Colombia a favor del gobierno, también lo defiende con la información de EL PAÍS en España y en su edición internacional Como ha escrito Antonio Caballero, el columnista más leído de Colombia: "En el fondo nuestra guerra es muy sencilla: es el fruto del imperialismo y de la lucha de clases. Dos cosas que, según las clases dirigentes colombianas, no existen. Así que seguiremos en guerra".

OTRAS INTERVENCIONES Y PROPUESTAS A LA AUDIENCIA INTERNACIONAL: Intervención de Estudiantes colombianos en el exterior

REFLEXIÓN DESDE EL EXTERIOR PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA No podemos plantear el problema de la educación profesional y de posgrado sin cuestionarnos sobre el modelo de desarrollo vigente en Colombia, así mismo, no podemos referirnos a los problemas de educación en el tercer y cuarto ciclo sin considerar los niveles precedentes del sistema como espacios primordiales que vertebran a una sociedad. Así, plantear que el problema del desarrollo o cómo éste se concibe en Colombia es la pregunta previa a cualquier reflexión específica sobre el modelo educativo. Por tanto, el debate más que “desarrollo sí o no”, está en cómo se ha construido y a qué intereses responde. El reto está en re-pensar lo que antes era incuestionable, es decir, el término y significado de lo que conocemos actualmente como “el desarrollo”. Esto ya ha sido propuesto claramente por académicos colombianos como Escobar quien afirma que “la idea de desarrollo está perdiendo su fuerza. Su incapacidad de cumplir sus promesas, junto con la resistencia que oponen muchos movimientos sociales y muchas comunidades, están debilitando su poderosa imagen”. ¿Por qué cuestionar el modelo de desarrollo hegemónico? La respuesta es ampliamente conocida por todas y todos: porque no genera equidad social, porque no obedece a nuestras propias necesidades e identidades regionales y locales, y porque está rompiendo nuestro tejido social. Realidad que, desde el plano educativo, toma forma en la baja cobertura, problemas de calidad, segmentación socioeducativa, escaso abanico de oportunidades y ayudas, una concepción mercantilista de la educación, etc., etc. Si queremos una paz con justicia social en Colombia y queremos un modelo educativo universal y público, debemos empezar por replantear la ruta neoliberal trazada por los diferentes gobiernos. Un rasgo evidente del mismo está en el desmonte de las funciones propias del Estado, pasando de un Estado benefactor a un Estado administrador. Así, la modernidad más reciente, ha desarrollado una serie de tecnologías de poder, que ha objetivado, tanto los sujetos como las estructuras sociales e instituciones estatales que las soportan. En Colombia, el desmonte de lo público ha sido paulatino, y ha implicado recientes modificaciones de las políticas en educación, la privatización de las instituciones educativas en todos sus niveles. Ello a partir de una estrategia gubernamental, que se puede cifrar en la concesión a agentes privados, tanto de la prestación del servicio de educación, como de la administración de las instituciones públicas donde esta se imparte.

El país en su obsesión por profundizar la apertura neoliberal ni siquiera ha realizado las transformaciones necesarias que este proceso le exige en materia de infraestructuras, educación, ciencia, tecnología, etc., para enfrentar los impactos (la mayor parte de ellos negativos en términos de equidad y respeto por el medio ambiente), que supone la apertura de fronteras a las economías más potentes del planeta. Es claro que Colombia ha orientado la mayor parte de sus energías hacia afuera, a la negociación de TLC por ejemplo, y no ha tenido el mismo interés de puertas adentro. En lo que concierne concretamente al cuarto ciclo, es preocupante el rezago tecnológico y científico del país. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en la baja inversión en el área de Investigación y Desarrollo (I+D). Así, Colombia, solamente destina en este campo alrededor del 0.16% del Producto Interno Bruto (PIB), un valor muy inferior al promedio regional de América Latina del 0.68% y muy lejano al 1.19% de Brasil o del 3.04% de los Estados Unidos (BM, 2013). Otro dato preocupante tiene que ver con el bajo número de personal científico y con formación doctoral, que ni siquiera llega al 1% de la población colombiana (Santelices, 2010). Estos débiles indicadores en I+D permite entrever el verdadero interés del país por ponerse al día y lograr un mayor bienestar y desarrollo interno, Como se sabe, un apoyo decisivo a este sector repercutiría positiva y directamente en la capacidad en el sector productivo, industrial, académico, avance tecnológico e innovación, etc., y por ende, en mejores condiciones de vida para todas y todos. De este modo, nos preguntamos por qué, si el país desde hace varios años atrás, viene con la retórica de la apertura económica no ha dado un respaldo igual al sector de I+D. Es cuestionante que Colombia no se ha preocupado por una transformación de su estructura académica y científica, situación que finalmente determina el derrotero hacia un modelo de desarrollo inclusivo por el que insistimos en estas breves líneas. De otro lado, en un contexto como el actual, en el que se viene hablando de una negociación política al conflicto, es indispensable pensar e incluir los temas de educación en una agenda programática de negociación. En primer lugar, porque los miles de jóvenes, entre hombres y mujeres inmersos en la guerra, han terminado en esta, por las condiciones de marginalidad y falta de oportunidad; que se traduce en buena parte, en la ausencia de formación educativa y en la ausencia de la responsabilidad del Estado colombiano en la prestación de la misma. Segundo, porque buena parte de las condiciones de marginalidad, de los miles de afectados por el conflicto, se deben a las carencias y deficiencias de la formación educativa. Y finalmente, porque la educación como estructura discreta de lo social, y el conocimiento que en ésta se genera, han sido territorios en tensión, conflicto y disputa. De manera que una paz estable y duradera, se construye a partir de la consolidación de lo público en las estructuras del Estado, que implica indefectiblemente, pensar en la concreción de una educación pública nacional que condense un nivel de calidad; que no solo permita superar las complejidades propias de los contextos locales, sino que esté en condiciones de resolver las complejidades del contexto global y las contingencias que este pone en juego. Como estudiantes colombianos en el extranjero, hemos tenido la oportunidad de vivir otros tipos de modelos y realidades, y por ello valoramos positivamente aquellos modelos públicos que nos han posibilitado el acceso a estudios de calidad y el disfrute de un amplio abanico de oportunidades. Es claro que Colombia destaca en el contexto regional por la ausencia de una política educativa realmente comprometida con la formación de su talento humano. En esta perspectiva, una aproximación a los aspectos centrales de la educación universitaria y académica, debe plantearse desde una mirada global que incluya los cimientos del sistema educativo como es la educación primaria y secundaria, como asunto esencial de la mesa de negociación y en general de todas las discusiones que conciben un nuevo país sin conflicto. Y de este modo nos sumamos a las voces de los movimientos estudiantiles en Colombia, que desde hace décadas exigen una educación pública de calidad donde se cifren aspectos como.

1. Plena cobertura educativa a nivel nacional en condiciones de dignidad y atendiendo a las particularidades propias de la ciudadanía y de cada contexto local. 2. Gratuidad real de la educación y el acceso a la misma en los niveles de formación primaria, secundaria, tecnológica y universitaria, que implique un modelo universal. 3. Desbancarización y desmonetarización de la educación pública, que se traduzca entre otras cosas en el aumento de inversión en educación, ciencia y tecnología, e investigación y desarrollo. 4. Implementación de sistemas de educación pluricultural, que permita la consolidación de relaciones interculturales, la protección y defensa de los saberes, prácticas y modelos comunitarios presentes en todo el país, así como de la prevalencia de las formas de vida y existencia tradicionales de las comunidades. 5. Procesos de cualificación integral educativa, que implican la implementación de programas académicos desde una perspectiva más contemporánea, y la generación y formación de docentes que puedan impartir estos programas. Teniendo en cuenta que la calidad educativa es un asunto estructural más amplio. 6. Implementación de programas curriculares de alta calidad, en los que se puedan enfatizar, entre otras cosas, el reconocimiento y respeto por la diferencia, la divergencia de pensamiento, la opción cultural, de género, sexualidad etc. Así como donde se pueda reflexionar críticamente acerca de las condiciones que generaron el conflicto, sus memorias, sus versiones, sus efectos socioculturales y políticos. 7. Programas curriculares en todo el sistema educativo y de formación técnica y profesional que reflexionen de manera crítica y entiendan los fenómenos de las experiencias de la modernidad, así como puedan generar unas condiciones socioculturales, económicas y políticas, de la dimensión que impone el contexto global vigente. Libertad de cátedra en las Universidades públicas, como garantía de autonomía científica y docente para el cuerpo de profesores. 8. Ampliación del número de las universidades e instituciones de formación de docentes, y, de los programas de cualificación para estos. De manera que coincidan con los niveles de cobertura y calidad, así como de las condiciones y demandas que el país exige. 9. En particular, en cuanto al tema de las becas no deberían asumirse como meras ayudas económicas (ya que las ayudas económicas comunes, deben ser obligaciones del Estado), y deben integrarse en un paquete de acompañamiento al estudiante según cada situación particular. Se puede tomar como referencia a algunos países europeos con sistemas educativos 100% públicos, que ofrecen una amplia variedad de becas y ayudas (en útiles, transporte escolar, matricula, vivienda, etc.). En el posgrado, los apoyos deberían fortalecer la participación en proyectos y grupos de investigación articulado a su formación de máster y doctorado. 10. Colombia debe apostar por apoyar de manera permanente y sostenida la formación de talento humano y el impulso decidido a la investigación científica, no para ser funcional al sistema neoliberal, sino más bien en sintonía con la búsqueda de un modelo de desarrollo inclusivo y respetuoso del medio ambiente. Referencias BANCO MUNDIAL (2003) Datos y Estadísticas. Disponible en: http://datos.bancomundial.org/. SANTELISES, Bernabé (Ed.) (2010) Educación Superior en Iberoamérica Informe http://www.universia.net/nosotros/files/informe_educacion_superior_iberoamericana_2010.pdf. ESCOBAR, Arturo (1999) “Antropología y desarrollo”. Revista Internacional de Ciencias Sociales.

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Situación de las personas víctimas del conflicto colombiano con discapacidad En el marco del conflicto colombiano también existe una situación que se reproduce en todos los conflictos en el mundo. Además de las víctimas, los muertos, las personas desaparecidas forzadas, están las personas con discapacidad. La discapacidad en un país que quiere alcanzar la paz, debe ser un eje fundamental a tener en cuenta. En Colombia, por inasistencia fruto de las políticas de privatización del derecho a la salud, hay centenares de miles de personas con discapacidad que carecen de la asistencia necesaria y que en el desarrollo del conflicto o como consecuencia de él quedan en situación de mayor vulnerabilidad. Soldados, guerrilleros, y sobre todo población civil, que han sido afectados por las minas antipersonas, bombardeos o que han quedado heridos, perdiendo algún miembro de su cuerpo, o padecen las enfermedades mentales en que derivan muchos de los perversos efectos de una guerra degradada. Podríamos decir que la situación de discapacidad física y mental, constituye una condición especial adjunta al ser víctima en el marco del conflicto en Colombia. La discapacidad implica una resignificación, una redimensión de las relaciones sociales. Si queremos una paz estable y duradera debería tenerse presente esta situación de las personas con discapacidad que requieren una serie de necesidades, por ejemplo arquitectónicas especiales en el caso de personas en sillas de rueda, las personas que hemos quedado ciegos. Pero además, habría que tener presente igualmente los diferenciales de género, edad, etnia, pues no afecta por igual la discapacidad a las mujeres o un indígena, o mujeres afro descendientes, etc… es necesario incorporar estos elementos al pensar en las transformaciones que requiere el país, para que en equidad se superen estas desigualdades añadidas como víctimas del conflicto. Las exigencias de Justicia, reparación integral, garantías de no repetición, en la singularidad de las personas discapacitadas, es sin duda un compromiso ineludible de cara a esa nueva Colombia que dignifique la vida de todas estas personas y construya políticas públicas que hagan posible un buen vivir para estas personas y sus familias. Intervención de COMADEHCO El Comité Madrileño por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, saluda y comparte las propuestas y conclusiones que han salido en el Encuentro Estatal por la Paz en Colombia, así como las propuestas que hasta ahora arroja la Audiencia Internacional. Ratifica así mismo, su compromiso de continuar en la denuncia de las graves violaciones de los derechos humanos, que se constituyen en un obstáculo para alcanzar la paz con justicia social en el país. Mantener el acompañamiento de las defensoras y defensores de los derechos humanos. Intervención sobre los Obstáculos a la protección internacional Es importante, tener presente que mientras continúa el conflicto social y armando en Colombia, se han desarrollado nuevos obstáculos para garantizar el derecho a la protección internacional que tiene toda persona. Hoy, desgraciadamente se incrementa la cantidad de personas que siguen llegando a Europa, a España en particular a solicitar asilo en estas fronteras. Y nos encontramos que tanto España como la UE, han construido políticas que se constituyen en obstáculo y barrera para esta protección internacional. Una creciente criminalización de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Dentro de las dificultades, la argumentación de que fruto de la crisis se han de hacer recortes a las políticas en esta materia, dejando sin financiamiento a las entidades y organizaciones que durante más de 30 años han defendido este derecho y han trabajado en el acompañamiento jurídico, psicosocial, laboral, de integración de las personas refugiadas (más de 2500 en España) apoyado su proceso organizativo. La Audiencia expresa su solidaridad con organizaciones como CEAR que está en riesgo de dejar su trabajo en defensa del derecho de protección

internacional. Y manifiesta, al estado español que no se puede poner en riesgo este compromiso con la comunidad internacional, firmado y ratificado con la Convención de Ginebra, con el argumento de la crisis. En este momento, muchas compañeras y compañeros que están en el proceso de solicitud o en la espera de la ratificación del estatuto de refugiados, pueden quedar en una mayor vulnerabilidad de sus derechos y sin posibilidades de retornar.

De otra parte, es también indispensable, tener presente la realidad de las personas migrantes y sus derechos, que para el caso colombiano no existen políticas públicas en defensa de sus derechos y a diferencia de los países de la región (Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina…) que vienen construyendo políticas para atender a la realidad migratoria interna, como el seguimiento de los migrantes de sus respectivos países en otras latitudes y continentes. Ante los impactos de la crisis, las estafas hipotecarias, la pérdida de derecho a la salud pública, etc, exigimos una postura consecuente al estado colombiano, de acompañamiento directo a las personas.

Intervención final y Clausura. Agradecer la presencia una vez más de la Representante de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España, Zoila Colmenares; igualmente, agradecer al Ayuntamiento de Rivas- Vaciamadrid su disposición y solidaridad para hacer posible esta Audiencia en la Casa de las Asociaciones; la respetuosa y rica participación de los delegados de las plataformas autonómicas de solidaridad por Colombia en el estado español y otros sitios de Europa. Asumimos el llamado que nos hace el Representante Iván Cepeda a continuar impulsando nuevas mesas y audiencias por la paz de Colombia en otras ciudades de Europa, que favorezcan la participación de la diáspora colombiana en la construcción de la Paz con Justicia social. Se trata que el mayor número de víctimas sean oídas y participen con sus propuestas de trabajo. Así mismo, llamamos al estado español y a la Unión Europea a acompañar este proceso que el pueblo colombiano ha puesto en marcha. Se insiste una vez más en la exigencia perentoria a los representantes del gobierno colombiano y de las FARC-EP, en la mesa de La Habana, se comprometan en que no haya más víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, que no siga degradándose el conflicto arriesgando nuevas infracciones al derecho internacional humanitario, que haya un compromiso expreso de las partes para garantizar la vida de la población civil y por ello demandamos un cese bilateral del fuego, que permita el cese de las hostilidades y permita la abierta participación del pueblo colombiano en esta búsqueda común de la Paz transformadora sin el riesgo de nuevas amenazas a la libertad y la vida de las personas , comunidades y pueblos de nuestro país.

Madrid 13 de abril de 2013.