TUNUPA Nº58 by Soldepaz Pachakuti

Resultados de la reunión de estrategia sobre el Tribunal de Justicia Climática Cochabamba, 18 de abril de 2010 Representantes de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Alianza Social Continental, Cesta, Censat (Colombia), Red Brasilera por la Integración de los Pueblos, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMTE, ASUD Italia, Fundación Solón y Amigos de la Tierra Internacional, se reunieron para efectuar un balance y analizar propuestas de estrategia sobre el TJC, como un preámbulo al inicio de las actividades de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba.

Se socializaron las conclusiones de la Precumbre boliviana que apoya la iniciativa del Tribunal Ético y así mismo exige la creación de una instancia jurídica vinculante que juzgue a las personas, las empresas y los estados cómplices. Se señaló que el proceso para impulsar la constitución de un Tribunal de Justicia Climática empezó hace dos años y que la realización de la Preaudiencia de octubre de 2009 en Cochabamba fue un gran hito en el proceso de esta construcción de los conceptos de justicia climática, crímenes de lesa humanidad y crímenes de lesa naturaleza.

El principal reto ahora es conformar un Comité Impulsor para ir avanzando en los retos planteados, ya que esta propuesta tuvo mucho eco a nivel internacional, pues se constituyó en un eje importante de la Conferencia Mundial de los Pueblos y también como parte de la propuesta oficial boliviana de construir un Tribunal de Justicia Climática vinculante en el marco de NN.UU. De igual forma, se recordó que en el marco de la COP 15, el año pasado, se avanzó en este proceso compartiendo experiencias con otros tribunales, como el de Asia y Brasil.

Se propuso: ü

Conformar un comité impulsor del TJC para avanzar en un Plan de trabajo rumbo a Cancún.

Continuar con el proceso de construcción del TJC e impulsar una actividad para la COP 16 en Cancún

Estas experiencias deben permitir el surgimiento de múltiples posibilidades, ya sean vinculantes o éticas, con la finalidad de establecer una nueva jurisprudencia.

Dar continuidad a los casos presentados, articular las iniciativas existentes y ampliar la próxima convocatoria a nivel internacional.

Fortalecer las acciones para ampliar las competencias de la Corte Penal Internacional,la Corte Internacional de justicia y las instancias nacionales existentes.

Recoger las recomendaciones que emanen de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra. El tribunal es una expresión de lucha y un mecanismo para reflexionar y estructurar las demandas de los pueblos en busca de justicia climática.

Boletín Nº 58

CARTA INFORMATIVA DE LA FUNDACIÓN SOLÓN

Mayo 2010 - Bolivia Bs. 1.-

CONTENIDO

Bases para un Tribunal Internacional de Justicia Climatica

Hacia un Tribunal de Justicia Climática

Conclusiones del grupo de trabajo 4: Deuda Climática

Construyendo un Tribunal de Justicia Climática

Mecanismos de regulación y sanción en materia de cambio climático

Existe jurisprudencia para la constitución del Tribunal de Justicia Climática

La reinvención de la ONU y la creación de un Tribunal de Justicia Climática

Construyendo el Tribunal de Justicia Climática

Resultados de la reunión de estrategia sobre el Tribunal de Justicia Climática

FUNDACIÓN SOLÓN Dirección Editorial: Elizabeth Peredo Beltrán Equipo de producción: Alexandra Flores Bazán y Abdón Ticona Zabaleta Ilustración de Tapa: Fotografía del Panel oficial: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática CMPCC Fotografía: Félix Vargas Ilustraciones Interiores: Fotografías de la CMPCC Diagramación: Marcelo Gamarra Parada Teléfono / Fax: 591-2-2417057 E-mail: funsolon@funsolon.org / www.funsolon.org Casilla: 6270 La Paz Dirección: Avenida Ecuador Nº 2519 D. L.: 4-3-72-07 Impresión: Gráfica Aplicada La Paz - Bolivia Con el apoyo de: Christian Aid, Broederlijk Delen, Diakonía, Oxfam Novib

Presentación El concepto de justicia climática está ahora en los horizontes de los pueblos y necesita se realicen acciones en varios frentes para su concreción. En octubre de 2009, organizaciones sociales bolivianas y redes internacionales lograron instalar la Primera Pre-audiencia del Tribunal Ético de Justicia Climática, iniciativa de las redes y los movimientos sociales en el que se presentaron 8 casos de comunidades afectadas por el cambio climático. Esta Pre Audiencia, inscrita en el proceso de construcción de un Tribunal Internacional Ético de Justicia Climática Êdio como resultado una serie de observaciones y recomendaciones orientadoras para empezar a trabajar en la lógica de la justicia climática. La tarea de construir un TJC se convirtió en una de las banderas más importantes de los movimientos sociales y al mismo tiempo pasó a ser una propuesta del gobierno boliviano para ser concretada en el marco de las Naciones Unidas. La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático propició esta iniciativa con el aporte de organizaciones sociales, activistas y expertos comprometidos en esta tarea. Es importante ahora dar continuidad a este proceso porque no sólo contribuye a mostrar el camino para una justicia climática, sino que se constituye en una herramienta de lucha y de sensibilización indispensable para visibilizar las causas y los responsables de la crisis. Las conclusiones de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra realizado del 19 al 22 de abril en la localidad de Tiquipaya, se constituyen en una base importante para la agenda de los pueblos para continuar promoviendo la construcción de un Tribunal Internacional de Justicia Climática de carácter ético como instrumento de los pueblos para denunciar la deuda climática, pero también abre la posibilidad de emplear las instancias existentes para desarrollar una jurisprudencia que sancione a los responsables, especialmente los países del Anexo I que son los que más contaminan nuestro planeta. El reto está planteado. La presente publicación incluye documentos relacionados a la construcción de un Tribunal Internacional de Justicia Climática vinculante y seguir con el proceso de consolidación del Tribunal Ético de los Pueblos de Justicia Climática, esperando así contribuir a estas respuestas al actual desafío de enfrentar al cambio climático con soluciones reales y pensando en las futuras generaciones.

Fundación Solón

Bases para un Tribunal Internacional de Justicia Climática François Houtart. (Bruselas, 1925). Sacerdote católico y sociólogo marxista belga. Director del Centro Tricontinental (CETRI) y fundador de la revista "Alternatives Sud". Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina. Es una figura reconocida del movimiento altermundista. Ponencia presentada al Panel: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática - CMPCC

La propuesta de constituir un tribunal de justicia climática vinculante debe concebirse como parte de una propuesta integral. El Padre Miguel d’Escotto propuso incluir este tribunal en la

Declaración Universal de los Derechos de la Tierra de las Naciones Unidas, mediante una Carta fundamental, considerando que se dio un gran avance con la Declaración del Día de la Madre Tierra. Requerimos un juzgado que se encuentre al mismo nivel que el Tribunal Internacional para sancionar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio.

Tribunales internacionales existentes Corte Internacional de Justicia (CIJ) La CIJ fue fundada en 1945, junto a la Carta de las Naciones Unidas y tiene su sede en La Haya (Holanda). Una de las primeras funciones de esta Corte es resolver, de manera pacífica, los conflictos entre Estados y proporcionar consejo jurídico a los organismos de las Naciones Unidas. Esta Corte Internacional de Justicia tiene una larga historia. Sus principales antecedentes los encontramos en el derecho romano. En el Siglo XVIII funcionó un tipo de corte de arbitraje entre los Estados Unidos e Inglaterra. En 1899, hubo una Conferencia de la Paz en La Haya donde se decidió establecer un tribunal de arbitraje para tratar de arreglar los conflictos entre los estados, aunque finalmente tampoco se concretó nada. En 1920, la Sociedad de Naciones (creada en 1919 y reemplazada por Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial), declaró que se debe constituir una corte permanente de justicia internacional. Sin embargo,

es ampliamente conocido que el órgano judicial no evitó la Segunda Guerra Mundial. En 1945, después del conflicto bélico, se decidió continuar esta orientación y constituir la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Los Estados deben reconocer la competencia de la Corte por lo que no es un espacio donde todos los conflictos tienen que ser sometidos ya que depende de la buena voluntad de los Estados. Son conocidos los casos en que algunos Estados se retiraron o negaron la competencia de este Tribunal para evitar la ejecución de una condena. Un dato que nos interesa ahora que se habla de clima y naturaleza, es que el 2001 se creó, dentro la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, un reglamento para el arbitraje de conflictos relativos a los recursos naturales y al entorno natural, que actualmente son analizadas por la Sala de Asuntos Ambientales.

Corte Penal Internacional Este órgano judicial tiene una jurisdicción penal internacional sobre crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de genocidio. La particularidad de esta corte es que no juzga a Estados, sólo a personas causantes de estos delitos.

La historia de la CPI también es antigua. En el año 1864 se realizó la famosa Convención de Ginebra, sobre el derecho internacional humanitario para regular las formas en que se pueden librar los conflictos armados y limitar sus efectos.

Para esta publicación se utilizó papel ecológico

Después de la Segunda Guerra Mundial se iniciaron iniciativas concretas para juzgar los crímenes de guerra como es el caso del Tribunal de Nuremberg, que son avances importantes porque son tribunales que juzgan crímenes desde el punto de vista internacional. Últimamente se constituyeron algunos tribunales específicos sobre la ex Yugoslavia, sobre el genocidio de Ruanda, Sierra

Leona, Líbano y Camboya. Sin embargo, en estos casos son juzgados únicamente los Estados que firmaron el Estatuto de la Convención de Roma. Además, el procurador de la Corte y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los órganos que pueden presentar los casos, lo que se constituye es una limitante.

Corte Interamericana de Derechos Humanos Fue establecida en septiembre de 1953. La Corte acepta solicitudes de instancias de violaciones de derechos humanos de individuos, estados y organizaciones no gubernamentales.

Entonces, la Corte lleva a cabo una audiencia pública para determinar si ha habido una violación al Convenio. Esta característica es un paso adelante en el derecho internacional.

Corte Europea de Derechos Humanos Fundada en 1979, igualmente requiere de un reconocimiento de jurisdicción por los Estados, aunque no es obligatoria. Los individuos u organizaciones no gubernamentales pueden

presentar casos vía el Estado o por la Comisión de Derechos Humanos. A partir de este análisis, surgen las siguentes interrogantes:

¿Cómo podemos aplicar esto a los crímenes contra la naturaleza y la Madre Tierra? Se debe definir el tipo de crímenes al que nos estamos refiriendo específicamente. Cuando hablamos de un crimen climático aludimos a toda acción que pone en peligro la reproducción del ambiente natural como fuente de vida y toda acción que destruye la base de la existencia de grupos humanos.

¿Cómo calificar la fuente del derecho? Ciertamente, es posible hablar de los derechos de la Madre Tierra, pero en la tradición jurídica eso es una metáfora, porque solamente personas físicas y morales son sujetos de derecho, por lo que se requiere de un trabajo de filosofía del derecho que hay que desarrollar.

¿Quiénes pueden ser acusados por este Tribunal? Evidentemente las personas, corporaciones, empresas multinacionales y estados que desarrollan actividades destructivas del ambiente natural, contra la biodiversidad, contra los elementos de la naturaleza como el agua, los suelos, los ríos, el mar y las especies vivas.

¿Quién puede presentar las denuncias? Pienso que debemos ser muy amplios en esta perspectiva, por lo que todos deberían estar facultados para presentar las denuncias: los órganos jurídicos de los Estados, una corte de un Estado, las organizaciones no gubernamentales, en particular los movimientos sociales y, finalmente, los individuos.

¿Cuál es el tipo de jurisdicción? Debe ser una instancia jurídica de carácter internacional, permanente, vinculante a los Estados, como un objeto específico que sancione en la reparación de los daños, de la misma forma como funciona la Organización Mundial del Comercio (OMC), que instituyó un código de normas para el comercio internacional. ¿Por qué no pensar justamente en un código de normas para la protección de la naturaleza y de la Madre Tierra? Se trata de un proceso largo, que tendrá su historia, donde la presión de los pueblos es indispensable para llegar a un buen resultado.

Hacia un Tribunal de Justicia Climática Elizabeth Peredo Beltrán. Psicóloga social. Fue parte del Grupo Impulsor que coordinó la Preaudiencia del Tribunal de Justicia Climática que sesionó el 13 y 14 de octubre de 2009 en Cochabamba – Bolivia. Actualmente es Directora de la Fundación Solón. Ponencia presentada al Panel: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática - CMPCC

A estas alturas el cambio climático puede considerarse como uno de los mayores crímenes contra la humanidad y contra la Madre Tierra y a su vez es el síntoma más claro y paradigmático de una crisis civilizatoria que ha tocado límites suicidas y afecta a millones de personas que se ven obligadas a dejar sus territorios por la amenaza de desastres naturales provocados por el desequilibrio climático. Millones de personas ya han muerto por inundaciones, deslaves y desastres así como los innumerables ecosistemas y especies vivas que desaparecen por la alteración del clima en el mundo y la intervención de la lógica del capital en la vida del planeta: todo se vende y todo se compra, todo se puede alterar para ser vendido, todo huele a bolsillo. En el último tiempo se ha vuelto muy común escuchar decir que esta crisis ha sido producida por “el hombre”. Se suele mencionar ingenuamente que esto es producto de la “acción humana”. Sin embargo, no todos los que habitamos el planeta somos responsables de esta crisis, el cambio climático que vivimos tiene sus verdaderos responsables: sus siluetas se ven transitando de las gerencias de las fábricas a los bancos, de los hoteles de lujo a los tribunales de arbitraje, de los gabinetes de gobiernos vendidos a las multinacionales a los

proyectos de “mal desarrollo”, de las conferencias de la OMC, las reuniones del BM y del FMI a las sesiones diarias de la bolsa, de los campos despojados y destruidos por la depredación del capital a los ghettos de opulencia de los ricos, mientras que los más afectados son los más pobres, los pueblos del sur, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos. El sentido común nos dice que los culpables tienen que responder por los daños; el sistema nos dice que la impunidad es el manto que los encubre y los deja vivir disfrutando de sus beneficios. El sentido común nos dice que los culpables deberían dejar de cometer los crímenes, parar sus emisiones y “adaptarse” a nuevos paradigmas de vida para asegurar la sobrevivencia de todos y todas en el mundo; el sistema nos dice que los poderosos gobiernan las leyes, que pueden seguir repitiendo el crimen y provocando aún más daño. El sentido común nos dice que debemos cuidar a la Madre Tierra y recuperar el equilibrio en nuestra relación con ella para vivir en armonía; el sistema nos explica que la naturaleza es un “recurso” y una mercancía que se puede vender y comprar. El sistema nos dice que ellos pueden construir tribunales para juzgarnos y que les deberíamos pagar hasta por lo que soñaron ganar con sus inversiones y sus apuestas. Nosotros les decimos que ha llegado la hora de juzgarlos, castigarlos y evitar que cometan más daño.

Una nueva gobernabilidad es necesaria Nunca como ahora se siente la necesidad de aspirar a una nueva gobernabilidad mundial basada en la ética de los pueblos, aquella que nos vincula a las raíces de la vida y de los equilibrios, una ética y un sistema que permita salvar el planeta y proteger los derechos de todos y en particular de los seres más vulnerables. Por eso es tan importante avanzar en una iniciativa que surgió desde los pueblos y es la construcción de un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Hasta ahora han sido las instituciones del sistema neoliberal, aquellas que están al servicio de las transnacionales y los países poderosos, los que han construido instancias con un gran poder vinculante para enjuiciar a los pueblos, atropellando incluso los más esenciales derechos humanos, como lo hacen a través del CIADI del Grupo del Banco Mundial u otras

instancias, entablando tribunales de arbitraje que permiten demandar indemnizaciones a los estados por cualquier evento que afecte sus inversiones, inclusive aquellos que respondan a políticas de protección de los pueblos frente a vulneraciones de derechos humanos o ambientales. Estos tribunales que emergen por doquier respondiendo a la lógica del capital, incluyen la demanda por lucro cesante, es decir que las empresas exigen indemnizaciones por lo que “esperaban ganar” en el futuro, los mismos no responden a una jurisprudencia pues cada caso se juzga en sí mismo; están plagados de contradicciones. Los pueblos esperan, sin embargo, que llegue la justicia y exigen que quienes vulneran los derechos sean sancionados y que la justicia no sea para proteger a los poderosos sino para honrar las deudas y permitir respetar los derechos.

El delito climático Un crimen o un delito se define de la siguiente manera: “abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado”. El derecho tradicional nos dice que los delitos se juzgan por las formas de la culpabilidad, por la forma de la acción, por la calidad del sujeto activo, por la forma en que se ha procedido, por el resultado o por el daño causado. Gran parte del sistema de derechos y de tipificación de crímenes contra los derechos humanos tiene su base en el gran holocausto nazi sucedido en la primera mitad de siglo pasado, lo cual generó la narrativa de los derechos humanos como un discurso del cual nos seguimos alimentando. El

holocausto nazi fue el detonante de una narrativa global de los derechos humanos, estamos ahora frente a un holocausto climático que abre otro tiempo para el tejido social y que impone una narrativa que conjugue los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la Madre Tierra como una necesidad de sobrevivencia y de recuperación de la humanidad y el equilibrio. Estamos ante el desafío de inventar y de construir, de ser muy rigurosos y de ser al mismo tiempo muy flexibles y creativos. De recuperar el camino andado, aprovechar los espacios posibles y al mismo tiempo proponer y crear nuevas alternativas.

El Tribunal Ético de Justicia Climática Quiero compartir con ustedes una iniciativa de la que he tenido el honor de ser parte: Tribunal Internacional de Justicia Climática, impulsado por las organizaciones sociales, redes de activistas y los pueblos que en octubre de 2009 propuso una Primera Pre Sesión en la ciudad de Cochabamba. Fue una de los proyectos más importantes de la sociedad civil organizada para impulsar desde abajo una nueva institucionalidad destinada a la defensa del planeta y los derechos humanos ante el crimen que representa el cambio climático. Bajo esta misma idea, en varias partes del mundo se organizaron diversas iniciativas para recoger testimonios e iniciar procesos simbólicos de juzgamiento a los responsables del cambio climático. El papel de la sociedad civil en estos procesos de construcción de sistemas de justicia es fundamental porque obedecen a la capacidad de indignación que prevalece entre quienes no han perdido el amor a la vida. Pero además existen antecedentes interesantes para recuperar desde las estructuras judiciales, aquellos sistemas que son de los pueblos. En Bolivia, por ejemplo, tenemos la experiencia de que las leyes consuetudinarias, es decir, los usos y costumbres y la justicia comunitaria, han sido reconocidos por la nueva Constitución. Por tanto, en estos procesos los valores que provienen de los pueblos son la base fundamental. El objetivo del TJC es el de contribuir a un Tribunal de Justicia que permita juzgar a los estados, empresas e instituciones financieras responsables del cambio climático, así como a quienes promueven falsas soluciones como los mercados de carbono, transgénicos, agrocombustibles y las grandes hidroeléctricas, ya que sus efectos atentan

contra la vida y el equilibrio ecológico. En ese marco, se propuso coadyuvar a la tipificación internacional de los crímenes climáticos, elevar la sensibilización en el mundo sobre la justicia climática y la deuda ecológica, fortalecer la capacidad de vigilancia y la lucha de los pueblos por la justicia climática, incidir en la adopción de políticas adecuadas, estrategias y acciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y contrarrestar las falsas soluciones que profundizan la crisis. Un Tribunal Ético de Justicia Climática de la sociedad civil, aunque no vinculante, tiene la suficiente fuerza moral como para visibilizar, juzgar y sancionar moralmente a los responsables de esta debacle, sobre todo para impulsar un gran movimiento de la sociedad civil sobre justicia climática. Pero cabe la pregunta planteada por el propio proceso: ¿Seremos capaces de lograr una verdadera justicia sin un marco vinculante como el de las Naciones Unidas? Si bien los instrumentos de referencia del Tribunal Ético son la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, ¿Cómo podemos promover que éstos sean también la base para un Tribunal de Justicia Climática vinculante en el marco de la legislación internacional actualmente existente y por tanto aprovechar las instancias hasta ahora desarrolladas, sabiendo que debemos, al mismo

tiempo, construir efectivamente conceptos e instrumentos que nos permitan abordar una problemática compleja como es la del cambio climático, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, aún en proceso progresivo de construcción? Es decir, aprovechar las jurisdicciones nacionales, regionales y multilaterales (marcos constitucionales, tribunales locales, legislaciones nacionales, PIDESC, ECOSOC; la Declaración y el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, entre otros) para iniciar procesos que sancionen a los responsables y que, al mismo tiempo, contribuyan a la construcción de una jurisprudencia para sancionar los crímenes climáticos. El debate es ahora cómo construir un Tribunal, ¿Será éste una instancia independiente específica en las NN.UU. con referencia concreta a lo estipulado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992) y el Protocolo de Kioto (1997)? ¿Pasará la Construcción de un

TJC por un proceso de reforma de la Corte Internacional de Justicia de las NNUU? ¿Tendrá la estructura de las Cortes de Arbitraje existentes? ¿Estará dirigido a juzgar a Estados, empresas o individuos? ¿Cuál es el papel y la valoración de la Corte Penal Internacional establecida para enjuiciar a personas por la comisión de delitos de grave trascendencia, como el genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad? Se deberá buscar las enmiendas del Protocolo de Kioto y de la Convención para que sus previsiones sobre conflictos en cuanto a los cumplimientos de los compromisos no sólo sean remitidos a paneles de arbitraje poco definidos, sino que incluyan sanciones y mecanismos más claros Finalmente ¿Cuál será la contribución y la interacción con las iniciativas de un TJC ético de la sociedad civil desde la experiencia de este proceso que aún sigue en debate y se proyecta hacia más progresos en Cancún?

Observaciones y recomendaciones del Tribunal en Cochabamba Esta fue una respuesta a las consecuencias de acciones inhumanas que están provocando grandes desastres y

afectando los derechos de los pueblos y las personas como son, entre otros:

ü El derecho a la vida y la seguridad, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho El derecho a la vida y la seguridad, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la subsistencia, el derecho a la libre determinación, el derecho a la cultura, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de movimiento y residencia, los derechos específicos de las mujeres, pueblos indígenas, niños y niñas, los derechos ambientales, derechos a la consulta previa, los derechos contra el racismo y la discriminación. Todos ellos están consignados en la Declaración Universal de DD.HH., en el PIDESC, en la UNESCO, en los protocolos de la ECOSOC, CEDAW, las Convenciones de Derechos del Niño, la Declaración de Río y ni qué decir de las constituciones nacionales. ü Los miembros del Tribunal identificaron como responsables al sistema económico capitalista y sus instituciones, así como a los gobiernos y las empresas multinacionales cuyas responsabilidades se pueden inferir del incumplimiento de los convenios marco y protocolos relacionados con cambio climático y cuidado medioambiental. ü El documento considera que el cambio climático es un crimen de lesa humanidad y un crimen de lesa naturaleza, es decir, un crimen contra la humanidad y contra la naturaleza. Por tanto, sugiere avanzar, construir y desarrollar sistemas de derechos y exigibilidad de la naturaleza. ü También resalta la importancia de analizar y valorar en su justa dimensión los impactos de los MDLs que en los casos analizados y presentados mostraron ser sistemas que en lugar de aliviar los impactos del cambio climático los agudizan e incrementan. ü El tribunal también recomendó a los gobiernos del norte la reparación de los daños históricos causados relacionados con el cambio climático y los impactos de las emisiones de GEI, el cumplimiento de los compromisos de la Convención y el Protocolo de Kioto. ü Recomendó a su vez avanzar en la construcción de una Declaración de Derechos de la Madre Tierra.

Las preguntas a resolver en este proceso son innumerables y constituyen un desafío saludable para avanzar amparados en la ética de los pueblos por una justicia climática.

Conclusiones del grupo de trabajo 4:

Deuda climática Los países industrializados deben reconocer que han sobreutilizado el espacio atmosférico, asumir y aceptar sus responsabilidades históricas y actuales por las causas y los efectos adversos del cambio climático, y para honrar su deuda climática con los países en desarrollo, con las comunidades vulnerables en sus propios países, con los hijos de nuestros hijos y todos los seres vivos en nuestro hogar común - la Madre Tierra. El cambio climático amenaza el equilibrio de la vida en la Tierra. Los pobres han contribuido menos a las causas del cambio climático, pero son sus primeras y peores víctimas. En un mayor riesgo se encuentran los pequeños estados insulares y ecosistemas costeros, grupos vulnerables, entre los cuales están las mujeres, los niños, los ancianos, los pueblos indígenas y originarios, comunidades rurales y urbanas, los pequeños agricultores, pescadores y comunidades forestales, los jóvenes, y futuras generaciones, la biodiversidad y otros grupos. Las causas del cambio climático son claras. Los países desarrollados se han apropiado del espacio atmosférico de la Tierra mediante la emisión de la vasta mayoría de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que sólo representan el 20% de la población mundial. Sus emisiones excesivas han impulsado el cambio climático, y están convirtiendo el espacio atmosférico en un recurso escaso y limitado.

Una forma de solucionar de manera justa, efectiva y científica el cambio climático es a través del cumplimiento de las deudas climáticas. Estas deben proveer una metodología para asignar y compartir responsabilidades para abordar el problema, basado en la equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas, establecidas en la Convención de Cambio Climático de la ONU. El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa, es decir, restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra, los cuales se ven afectados por el cambio climático, restableciendo así el equilibrio, la armonía de la Tierra y su sistema climático. La propuesta provee un medio por el cual todos los pueblos - y en particular los que tienen la mayor responsabilidad en causar el cambio climático y con la capacidad de corregirlopuedan honrar sus responsabilidades históricas y actuales, comunes pero diferenciadas. Básicamente, resarcir la deuda climática significa mantenernos a salvo todos. Como punto de partida de la justicia climática, los principales causantes del cambio climático deben asumir sus responsabilidades, en este sentido los países desarrollados deben atender su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático, por lo cual exigimos:

ü El restablecimiento del espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero y que están afectando negativamente a todos los países y pueblos. Deberán descolonizar la atmósfera mediante la reducción y eliminación de sus emisiones, para asegurar una distribución justa del espacio atmosférico entre todos los países según su población, teniendo en cuenta tanto las emisiones históricas y actuales, la necesidad de espacio adecuado para el desarrollo, y equilibrio con la Madre Tierra. ·ü Que cumplan las deudas que reflejan la pérdida de oportunidades de desarrollo debido a los costos y las demandas tecnológicas de vivir en un espacio atmosférico restringido; incluso en el caso de lograr las reducciones máximas posibles de emisiones y la absorción de los gases efecto invernadero por los países ricos, los países pobres se enfrentarían a retos para su desarrollo relacionados con el clima que no enfrentaron los países ricos en su proceso de desarrollo. ü Que cumplan las deudas correspondientes a los efectos adversos del cambio climático- en particular, a los cientos de millones de personas que se verán obligadas a emigrar debido a las pérdidas de vidas, inundaciones, sequías, incendios forestales, hambrunas y otros efectos adversos. Ellos deben asumir sus responsabilidades, mediante la eliminación de sus políticas restrictivas de migración y ofreciendo a los migrantes, hogares y vidas dignas en sus países. ü Que cumplan las deudas de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo incluidos los impactos sobre el agua, los bosques, la agricultura y sobre la vida de todos. Ellos deben proveer los medios necesarios para todas las personas - incluidos los pueblos indígenas, las mujeres, las comunidades rurales y otras comunidades vulnerables - para prevenir y minimizar los daños, deben asumir sus responsabilidades por los daños que surgen de sus excesivas emisiones y de la pérdida de oportunidades para las personas a "vivir bien " en armonía con la naturaleza. ·ü Que cumplen estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra, por el deterioro creciente de la integridad, del equilibrio, para lograr la armonía entre la vida y todas las especies y elementos de nuestro planeta. Exigimos a los países a adoptar y aplicar la Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

La responsabilidad de resarcir estas deudas climáticas corresponde a los gobiernos y Estados de los países desarrollados, que cargan con la responsabilidad colectiva de aquellos quienes tradicionalmente explotaron a los países pobres, cuyos modelos de producción y de excesivo consumismo, basados en combustibles fósiles, en ideologías de crecimiento económico ilimitado y armamentista– son las causas principales del cambio climático. Además, ellos tienen la capacidad práctica y la responsabilidad moral y legal para honrar su deuda climática y restablecer el equilibrio y la armonía.

Otras entidades, como corporaciones transnacionales, y especuladores financieros también cargan con la responsabilidad de compensar por los desastres que provocaron. Todos los países e individuos deben cumplir su responsabilidad de vivir en armonía con la Madre Tierra. Para cumplir con sus responsabilidades exigimos a los países desarrollados:

ü Reducir y absorber rápida y radicalmente sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, para garantizar una distribución equitativa del espacio atmosférico y restaurar el equilibrio con la Madre Tierra; ü Implementar estrategias de acción rápida de mitigación y de restauración del espacio atmosférico, incluyendo la reducción de emisiones de vida corta, dígase metano, ozono troposférico y carbón negro, para reducir el riesgo de pasar puntos críticos, con el riesgo de que el sistema climático del planeta entre en cambios climáticos abruptos, y potencialmente fuera de control; ·ü Proporcionar los medios que necesitan los países en desarrollo para facilitar respuestas globales adecuadas al cambio climático y para pagar los gastos de sus efectos adversos locales; ·ü Desarrollar y proporcionar las tecnologías y conocimientos apropiados y mejorar las tecnologías y capacidades locales. Además eliminar las barreras, como los derechos de propiedad intelectual; ü Proporcionar recursos financieros adicionales y sin condicionamientos que permitan la transferencia de tecnología, capacitación y adaptación en los países en desarrollo. ·ü Modificar sus políticas nacionales, incluidas las relativas a la migración. ü Proteger y preservar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y originarios y los Derechos de la Madre Tierra; ·ü Revisar las relaciones estructurales causantes del cambio climático, modificando sus modelos de vida y desarrollo, anulando la deuda externa de forma inmediata, parando la producción de material bélico, cambiando el uso de energía fósil, por energía renovable y cambiando los sistemas financieros, económicos y sociales internacionales, que perpetúan los modelos actuales. ·ü Llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacer frente a sus responsabilidades históricas y actuales de la crisis climática de manera integral. Rechazamos al llamado “entendimiento” de Copenhague aprobado a espaldas de la conferencia, porque no aporta soluciones reales a la situación crítica existente. Con este “entendimiento” se pretende eximir el compromiso contraído en el protocolo de Kioto, poniendo en peligro la existencia de la especie humana y de la Madre Tierra. Un esfuerzo efectivo para resolver el desafío común del cambio climático debe basarse en la equidad, la justicia social, en la ciencia y los saberes ancestrales y en los principios acordados y compromisos jurídicos. Nuestra atención debe centrarse en soluciones, en identificar las responsabilidades para tomar acciones específicas para atender el cambio climático. El éxito requerirá un esfuerzo compartido para construir un modelo de vida, que permita a las personas vivir bien y en armonía con la naturaleza. El cumplimiento de estas responsabilidades debe ser asegurado a través de la creación de un tribunal internacional para atender la deuda y la justicia climática, y a través de esfuerzos multidisciplinarios para reunir información, analizar los impactos, y evaluar responsabilidades. Nos oponemos a la

injerencia del Banco Mundial, el FMI, y otras entidades financieras internacionales. Exigimos nuevas y mejoradas instituciones, y espacios de debate que tienen que rendir cuentas ante todos los países y los pueblos. Finalmente, nuestro viaje conjunto para restaurar la integridad de la Madre Tierra refleja la sabiduría de numerosos pueblos y generaciones que han vivido en armonía con la naturaleza. Deben protegerse los derechos de todas las personas y de todos los miembros de la comunidad de vida en el planeta. Deben salvaguardar el futuro de los que aún no han nacido. Resolver la crisis climática será posible si escuchamos con los corazones y mentes abiertas a las preocupaciones de nuestros hijos, a las lecciones de nuestros antepasados y a los gritos de nuestra Madre Tierra, y cumpliendo nuestras responsabilidades. Reconociendo y honrando las deudas climáticas es un primer paso esencial en este viaje. Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra Ciudad de Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia - 22 de abril de 2010.

Construyendo un Tribunal de Justicia Climática Uno de los principales escenarios de debate se instaló en el centro de convenciones del hotel Regina de Tiquipaya, en el que reconocidas personalidades del mundo diplomático, de los derechos humanos y jurisconsultos internacionales, presentaron sus ponencias en torno a la necesidad de constituir un Tribunal de Justicia Climática, ante la inexistencia de un ente jurídico que tipifique y sancione los crímenes y delitos que se cometen en contra de la naturaleza y la Madre Tierra. Compartieron el panel central el Padre Miguel d’Escoto (Nicaragua); el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (cuya ponencia fue leída por su asesora en temas ambientales), José Antonio Martín Pallín (España), François Houtart (Bélgica), Elizabeth Peredo (Bolivia) y Alberto Saldamando (México), quienes coincidieron en la existencia de antecedentes, argumentos legales y jurisprudencia para la creación de un organismo internacional vinculante para delitos ambientales. del Tribunal Supremo de España, señaló que existen bases jurídicas muy sólidas para la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática en el marco de las Naciones Unidas, ya que este organismo en 1972 en la Conferencia de Medio Ambiente proclamó el derecho a una alimentación adecuada, a consumir agua pura, a respirar aire impoluto, al silencio, a la paz ambiental y a salvarse de la intoxicación por pesticidas. También indicó que hoy existen constituciones nacionales como la boliviana y la ecuatoriana que respaldan esta propuesta. A su turno, Francois Houtart, sacerdote belga comprometido con la justicia social y autor de varias publicaciones sobre temas ambientales, explicó la importancia de los detalles técnicos y jurídicos de este tribunal, tales como la definición del tipo de crímenes, de los demandantes, los acusados, la jurisdicción, el cumplimiento y la obligatoriedad.

Elizabeth Peredo, integrante del Comité impulsor del Tribunal Ético de los Pueblos sobre Justicia Climática, señaló que hasta ahora sólo las instituciones del sistema neoliberal, que están al servicio de las transnacionales y de los países poderosos, han construido instancias con un gran poder vinculante para enjuiciar a los pueblos, atropellando incluso los más esenciales derechos humanos. Como ejemplo, mencionó el caso del CIADI del Banco Mundial, que no sólo cuidan sus inversiones sino sus ganancias futuras. Alberto Saldamando, abogado en derechos humanos a nivel internacional, señaló que las violaciones a los derechos humanos son también violaciones a los derechos de la Madre Tierra y particularmente a los derechos de los pueblos indígenas. En ese marco, la urgente necesidad de constituir este tribunal porque se conoce quiénes son los que contaminan, dónde y cómo operan, y los daños que están ocasionando. Miguel d’Escoto, ex Secretario General de la ONU, indicó que es indispensable crear un tribunal con capacidad de emitir sentencias de obligatorio cumplimiento y que además cuente con mecanismos que aseguren esta obligatoriedad. Al mismo tiempo señaló que este tribunal tiene que crearse en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas porque es un espacio vinculante, aunque también se refirió a la necesidad de su reforma desde afuera, con la presión de los pueblos. Por su parte, el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó que uno de los pasos hacia la justicia ecológica es la constitución de una Corte Penal Internacional para el Medio Ambiente, como lo propone la Academia Internacional de Ciencias Ambientales con sede en Venecia (IAES), compuesta por más de 120 científicos; y a corto plazo puede llegar a constituirse un Tribunal de los Pueblos de Deuda Ecológica y Justicia Climática, a fin de profundizar la comprensión de las causas estructurales de esos problemas y la determinación de las responsabilidades. El panel concluyó con el respaldo de las organizaciones sociales, indígenas y representantes de instituciones entidades no gubernamentales a la constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Climática como un instrumento legal y vinculante que sancione los crímenes ambientales, repare los daños y detenga la contaminación de nuestra Madre Tierra.

Conclusiones del Grupo de trabajo 5: Tribunal de Justicia Climática Los pueblos del mundo nos hemos reunido en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra en la ciudad de Cochabamba, Bolivia del 19 al 22 de abril de 2010 constituyendo el grupo de Trabajo Tribunal de Justicia Climática mediante el cual concluimos lo siguiente: así como a las transnacionales, multinacionales y a toda aquella 1. Considerando la falta de voluntad política de los países persona natural o jurídica responsable de agravar los impactos desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos del cambio climático y realicen actividades destructivas y obligaciones asumidos en el Marco de la Convención de las ambientales a la Madre Tierra. Las demandas las podrán formular Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de todos los pueblos, naciones, nacionalidades, Estados o personas Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal naturales y jurídicas que hayan sido o no afectadas, sin la internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos necesidad de haber agotado las instancias nacionales. y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y 3. El Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental estará constituido por representantes de los pueblos, naciones, Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, nacionalidades y Estados comprometidos a respetar y cumplir juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que los principios de este tribunal, con jurisdicción y competencia contaminen y provoquen el cambio climático por acción u internacional. omisión.

El grupo de Tribunal de Justicia Climática hace las siguientes recomendaciones: 1. Convocamos a los pueblos del mundo a acudir a los mecanismos jurídico legales existentes en sus países para procesar y sancionar a aquellos que atenten contra la Madre Tierra y la humanidad, cuyas acciones u omisiones agraven el impacto del cambio climático, demandando el cese inmediato de sus actividades. 2. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo a unirse a la lucha constante y movilización por la consolidación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, así como para ejercer presión a los gobiernos que no cumplen con sus compromisos adquiridos en el Marco de la Convención sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. 3. Llamamos a la población en general a educar y concientizar sobre los peligros que causa un sistema económico basado en el consumismo. 4. Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para

que todos sus Estados miembros cumplan las resoluciones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental. 5. A los pueblos del mundo instamos profundizar los debates desde diversos puntos de vista sobre la independencia, vinculación y constitución del Tribunal Internacional de justicia climática y ambiental en relación a los mecanismos multilaterales existentes. 6. Hacemos un llamado a los pueblos del mundo a unirse a la lucha constante y movilización que está impulsando el Tribunal Ético de los Pueblos sobre Justicia Climática. 7. Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto.

2. El tribunal juzgará penal y civilmente a las naciones, Estados,

Mecanismos de regulación y sanción en materia de cambio climático José Antonio Martín Pallín, Magistrado emérito de la Sala Penal del Tribunal Supremo del Reino de España, ha sido presidente de la Asociación pro Derechos Humanos, presidente de la Unión Progresista de Fiscales y portavoz de Jueces para la Democracia. Ponencia presentada al Panel: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática - CMPCC

Su intervención hace énfasis en la interacción de los mecanismos de Naciones Unidas y los Derechos Humanos y sus tensiones frente a la actual necesidad de crear mecanismos de regulación, control, y sanción en materia de cambio climático. Muchas gracias a todos y a todas, mi agradecimiento a los que organizaron este panel por darme la oportunidad de intervenir. Haré una breve exposición sobre lo que constituye el título de esta mesa, que me parece muy acertado: Construyendo el Tribunal de Justicia Climática. Esto quiere decir que los que diseñaron este tema saben que hay mucha tarea por delante, que se comienza a construir. Vamos a ver si existen suficientes bases para construir un tribunal climático como el actual Tribunal Penal Internacional para sancionar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y que hace unos años parecía algo inalcanzable. Precisamente la tenacidad de muchos juristas, de muchos políticos y de muchas personas logró construir este tribunal. Ya sabemos que no es perfecto, que no se corona una obra por el hecho de pasarla al papel y redactar unos artículos o establecer una organización. Sin embargo, quiero sugerir que conviene comenzar con cautela, no despertar expectativas que después pudieran generar frustraciones. La tarea es difícil pero también considero que existen bases jurídicas muy sólidas y reales para constituir un Tribunal de Justicia Climática. Muchos ciudadanos que vivieron el final de la segunda guerra mundial no conocían o no sabían de la existencia del concepto de crímenes contra la humanidad. Es decir, aquellas conductas que de alguna manera hieren la sensibilidad media de una generalidad de personas. Pues bien, cuando hablamos de justicia climática estamos hablando de conductas que no solamente hieren la sensibilidad, sino que hieren también la salud y las posibilidades reales vitales de muchas personas. Y no son conductas delictivas aisladas, que se quedan dentro de la esfera de cada estado nacional, sino que por su propia naturaleza, van más allá; son delitos transfronterizos que pueden afectar al cambio climático. El cambio climático no tiene patria, es una realidad que nos afecta universalmente a todos los que habitamos este universo. Si digo que existen

bases sólidas para poder empezar a elaborar un posible tribunal internacional es porque las propias Naciones Unidas en una conferencia sobre el medio ambiente realizada en 1972, proclamaron el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a consumir agua pura, el derecho a respirar aire impoluto, el derecho al silencio, a la paz ambiental y el derecho a salvarse de la intoxicación por pesticidas. Han ocurrido en la historia acontecimientos que han repercutido y conmocionado a todas las sociedades. A partir de lo sucedido con la planta química de Bhopal en la India, se genera una corriente internacional jurídica que lleva a todos los organismos internacionales, como el Consejo de Europa y la Asamblea General de Naciones Unidas a hablar de la imperiosa necesidad de tipificar el delito ambiental o ecológico, porque se dieron cuenta de las dimensiones verdaderamente catastróficas para la humanidad. Hoy día prácticamente no existen en el mundo desarrollado códigos penales que no tengan alguna referencia sobre los delitos contra el medio ambiente. Otra cosa es que efectivamente se cumplan estas previsiones y los delincuentes medioambientales paguen por los penas que tiene establecido el código penal. Por tanto, no es ninguna exageración, ni una idea extravagante pensar que ha llegado el momento -dado el impacto del cambio climático- de establecer un tribunal de justicia climática (por supuesto, dentro del ámbito de las Naciones Unidas), con una estructura parecida a la del Tribunal Penal Internacional y una serie de competencias específicas, aunque conviene en este aspecto ser moderados en cuanto al ámbito de su aplicación. Condenaríamos casi al fracaso a este tribunal si ampliásemos de manera excesiva su competencia. Que pueda actuar en hechos como en Bhopal o Chernóbil, o en cualquier otra política, por ejemplo, agraria, examinar el tema de los transgénicos desde una perspectiva mundial o aquellas cuestiones relacionadas con las explotaciones despiadadas y sangrantes del territorio, de la Pachamama. Todo esto podría constituir un primer bloque, ya que un tribunal necesita saber cuáles son sus competencias. Sería verdaderamente absurdo “construir la casa por el tejado”; es decir, construir el tribunal y que éste no supiese cuáles son sus competencias. Necesariamente, a

la vez que se construye el tribunal, hay que sentar una serie de hechos, que por su gravedad, trascendencia y repercusión sobre la salud de todos, constituyan la base para luego poder actuar. Es difícil hacerlo, me acuerdo por ejemplo que en materia del Tribunal Penal Internacional, países como EEUU, China o Israel no admiten su competencia. Tal es el caso de la franja de Gaza que se ha reconocido como un crimen de guerra, pero como Israel no está bajo la jurisdicción de este tribunal, no se le puede aplicar de momento. Esperemos que en el futuro las sociedades se movilicen y exijan a sus gobiernos la obligación de aceptar y someterse a estos preceptos legales. Hay constituciones como la boliviana o la ecuatoriana que han abierto espacios que a muchos constitucionalistas de las viejas escuelas, anclados en tradiciones del siglo XIX y XX quizás les pueden parecer ilusorias o las pueden leer con cierto desdén. La posibilidad de que alguien salga en defensa de la Pachamama y pueda, ante un tribunal, no ante un auditorio, ejercitar una acción legal, seguir adelante un proceso, presentar

pruebas y que a lo mejor el proceso termine con una condena por parte de ese organismo es lo que se quiere lograr. Los juristas tendemos a ser un poco escépticos e hipócritas porque en la vida diaria la mayoría de los códigos penales no se cumplen en su integridad. En realidad, la mayor parte de las disposiciones caen en los sectores de la marginalidad social, mientras los sectores privilegiados se libran fácilmente de las consecuencias de los códigos penales. Por ello, al momento de constituir el Tribunal se deben considerar estos aspectos, pero al mismo tiempo se debe construir un sentimiento favorable a este propósito, un sentimiento que se construye sobre la base de transmitir la empatía de ganarnos a esas sociedades industrializadas que viven en la opulencia y que empiezan a darse cuenta que así (su modelo de vida) no se puede seguir; que hay que poner orden. El orden nace de la autorregulación y de los principios éticos de la persona. Pero ya sabemos que muchas veces fallan. Y cuando fallan estos principios éticos no queda más remedio que pensar que tenemos la necesidad de construir un Tribunal Internacional de Justicia Climática.

Existe jurisprudencia para la constitución del tribunal de justicia climática Alberto Saldamando. De nacionalidad mexicana, ha vivido y crecido en los EEUU, es abogado en derechos humanos internacionales. Se desempeña como consejero jurídico en el Consejo Internacional de Tratados Indios. Ponencia presentada al Panel: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática - CMPCC

Los antecedentes para la constitución de un tribunal para sancionar delitos contra la Madre Tierra y la naturaleza ya existe en legislaciones internas de varios países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando una persona le prende fuego a un bosque es considerado un criminal, y si una persona causa la muerte de otra quemando un bosque, es procesado por el delito de asesinato. Pero lo que sí existe es una impunidad internacional, una falta de voluntad política, bajo estándares internacionales, de castigar a los impunes y a los países desarrollados y sus empresas contaminadoras que son la causa de muerte, la causa de daños al medio ambiente y a la Madre Tierra. En los últimos 15 años se ha desarrollado una conexión entre la Madre Tierra y el ser humano, y en consecuencia esa

es la jurisprudencia para un tribunal de esas características, amparada en el Convenio OIT 169 y otros acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas que en 2007 concluye con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El derecho de los pueblos indígenas fue reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de esos derechos proclama que donde existen minorías los pueblos tienen derecho a practicar su lengua, cultura y religión. La jurisprudencia para ello es que “es necesario para los pueblos indígenas controlar su territorio, para poder practicar su cultura y religión”. Por eso en estos foros el tema de la Madre Tierra se ha tratado de utilizar con la protección directa de esta deidad exigiendo el derecho indígena. Y es esa la relación que establece el derecho bajo la jurisprudencia existente, bajos los estándares actuales.

El convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial tiene una recomendación sobre la Madre Tierra. En la misma se menciona que esas relaciones deben ser mantenidas, reconocidas y protegidas. El año pasado, a raíz de lo que ocurre en los Estados Unidos y Canadá, se recomendó a ambos países a tomar en cuenta las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las transnacionales contra los pueblos indígenas. Lamentablemente, estos convenios son obligaciones morales, son recomendaciones que se hacen a todos los estados; sus juicios y conclusiones no son vinculantes. El único foro vinculante es la Corte Interamericana de Justicia. Ahí se han juzgado los derechos de los pueblos indígenas en relación a sus propios territorios. Para la Corte Interamericana esa es la relación que se ha mantenido, la presencia de los pueblos indígenas en sus territorios que establece su derecho a la propiedad. Y bajo ese derecho a la propiedad es el derecho al medio ambiente, es el derecho al hábitat total. Existen una serie de casos que se relacionan a la violación de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios por parte de empresas transnacionales que han quedado en la impunidad, porque países como Estados Unidos no aceptan las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales. Para establecer facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los países tienen que haber firmado convenios internacionales sobre derechos humanos. EEUU se ha excusado de hacerlo, no ha firmado la OIT 169; en realidad no firma nada y lo que firma viola.

En el caso de las concesiones mineras en territorio indígena en Nicaragua, la Corte Interamericana estableció el derecho de un pueblo a su territorio. Levantó la licencia concedida inicialmente. Se le estaba dando licencia a unas empresas transnacionales y la corte dijo que no, que esos territorios pertenecían a un pueblo indígena y ordenó que Nicaragua retirara las concesiones. Se ha respetado ese fallo. Bajo el convenio de la Corte Interamericana si un Estado no obedece el fallo de la corte, esta misma corte puede ir y exigir el cumplimiento con las reparaciones. “Por eso digo que existen instancias jurisdiccionales internacionales”. Ahora, cuando se habla sobre violaciones de los Derechos Humanos también se refiere a violaciones de la Madre Tierra, particularmente de los pueblos indígenas. Por eso le damos la bienvenida a un tribunal que exija castigo a los que violenten contra el medio ambiente y la biodiversidad; ya sabemos quiénes son, dónde operan, qué hacen y qué daños causan. Sin embargo, hace falta voluntad política de los estados para implementar sanciones a las transnacionales. Actualmente existen una serie de debates en el Consejo de Derecho Humanos de la ONU, sobre la responsabilidad de las transnacionales en la violación de los derechos humanos directos. “Nosotros hemos presentado ponencias e insumos sobre las transnacionales, insistiendo en que tienen una obligación directa de respetar los Derechos Humanos. Pero como se ha dicho, es obligación de los estados observar, castigar y hacer respetar las leyes de los Derechos Humanos”.

La reinvención de la ONU y la creación de un Tribunal de Justicia Climática Miguel D'escoto Brokmann. Sacerdote, diplomático y político nicaragüense, de una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos de los pueblos, que de algún modo se sintetiza en ese rol tan importante que cumplió al frente a la Asamblea General de Naciones Unidas en 2009. Ponencia presentada al Panel: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática - CMPCC

Queridas hermanas y hermanos de todas las partes del mundo que se encuentran aquí reunidos respondiendo a la convocatoria del presidente Evo Morales Ayma. En primer lugar, quiero enviar un saludo muy fraterno y solidario al presidente de Bolivia, héroe mundial de la Madre Tierra, y felicitarlo por esta brillante y oportuna iniciativa de convocar a esta reunión para tratar sobre la constitución de un Tribunal de Justicia Climática.

Creo que esta iniciativa es totalmente posible e indispensable, pero tiene que ser un tribunal con la capacidad de emitir sentencias de obligatorio cumplimiento y que tenga la capacidad para forzar su cumplimiento. En ese sentido, sería un ente diferente a la Corte Penal Internacional, ya que esta Corte emite sentencias de obligatorio cumplimiento, pero no tiene el instrumento para hacer cumplir sus sanciones. Aunque, de hecho, todos los países del mundo que en determinado momento han acudido a la corte de La Haya la han cumplido.

El único país en la historia que no ha cumplido sus resoluciones son los Estados Unidos, que terminaron alejándose de la Corte para que nadie más los llevara bajo su jurisdicción; nosotros fuimos los primeros en llevarlos ante esta instancia. Otro aspecto importante en este tema es que si queremos que sus decisiones tengan efectos vinculantes, tendrá que ser dentro de Naciones Unidas. Y quizás esto que acabo de decir los sorprenderá. Me dijeron que esta mañana, en el acto de inauguración abuchearon a mi querida amiga Alicia Bárcenas, que vino en representación del Secretario General de la ONU. Me dolió esta actitud, porque ella es prácticamente lo mejor que hay en Naciones Unidas y es totalmente nuestra, y muy solidaria, pero, por supuesto, la gente no lo sabe. Y no la estaban abucheando a ella, estaban abucheando a la organización mundial, al Secretario General. Eso pone en evidencia la mala imagen y el poco respeto que se tiene a las Naciones Unidas. Es el perfil más bajo que tiene la ONU en su historia. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos y hermanas, las Naciones Unidas son un fraude, son una mentira; son naciones subyugadas y sometidas al imperio norteamericano, a Inglaterra y otros países europeos. Estos elementos nos conducen a buscar su transformación total. La Carta de Naciones Unidas habla de reformas, pero, como en todo el documento -si la leen cuidadosamente- se ve que todo está amañado y controlado para que nunca nadie la pueda modificar. Existe un capítulo que hace alusión a las reformas, pero para que ello ocurra se debe convocar a una conferencia general, además de una serie de procedimientos que deben tener la aprobación del Consejo de Seguridad, para que después Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa pueden vetarla, en una actitud totalmente descarada y dictatorial. En consecuencia, ya no podemos seguir señalando a los principales culpables, porque todos seremos responsables si no la tomamos por la mano y reinventamos las Naciones Unidas. Esa reinvención no es una tarea que deba ser realizada al interior de las Naciones Unidas. Habrá que llegar a esta instancia solamente cuando estén garantizados los votos necesarios, los que vendrán fundamentalmente del grupo de los 77 y China, que llegan ya casi a 140 países, porque otros estados se sumarán. Lo que hay que evitar es un concepto gringo que llaman consenso y que es igual a la unanimidad, lo que le da a EEUU la posibilidad de oponerse firmemente, bloquear el consenso y a vetarla, aunque todos los demás países lo quieran aprobar (su modificación). El mundo y la humanidad están pasando por una crisis sin precedentes de su historia, nuestra Madre Tierra también está en peligro; nos corresponde a nosotros asumir la responsabilidad de protegerla y cuidarla. Y creo que las condiciones están dadas hoy más que nunca para poder lograrlo. Porque no sólo el prestigio de Naciones Unidas está deteriorado, sino el prestigio de los Estados Unidos que aunque

fue oxigenado por un instante con la elección del presidente Obama, en Copenhague se le cayó la mascarilla. Y ya sabemos qué cosa quieren EEUU y Europa. Últimamente reflexiono mucho con las sabias palabras de un intelectual africano que escribió un libro maravilloso titulado “la descolonización del intelecto”, título al que yo añado, debería ser “desneocolonización del intelecto”. Esto implica que nos saquemos de la cabeza que necesitamos al imperio. El imperio nunca participó en Naciones Unidas, nunca aceptó el principio del imperio de la ley y nunca respetó las relaciones internacionales. Siempre fomentó la ley del más fuerte, la “ley de la selva” para su propia conducta, no para los demás. Por ello hice una propuesta concreta, algo voluminosa, para redactar una nueva Carta y una estrategia para la reinvención de Naciones Unidas. En este proceso hay una parte muy importante que considerar, porque para la creación de un tribunal se necesita, además, un código penal, un código del Derecho de la Tierra y otros instrumentos legales. Algunos pensarán que no existen instrumentos legales, pero en realidad tenemos bastantes. Con la aprobación del Derecho y la Declaración Universal del Bien Común, de la Madre Tierra y de la Humanidad, tenemos una riquísima cantera para ir desarrollando ese código del Derecho de la Madre Tierra. Con todo esto creo que es factible tomar acciones en esa dirección, pero debemos movilizarnos y organizarnos y realizar nuestra lucha fuera de las Naciones Unidas porque ahí, en su interior, todo se estanca. Existen una serie de procedimientos que están diseñados precisamente para impedir que se logren hacer las cosas que se deberían hacer. A pesar de estos procedimientos, yo logré algo que jamás hubiera logrado la presidencia, aunque actuando tal vez como no es mi costumbre, pero, ¿qué se logró? Había una ley referida la arquitectura financiera, monetaria y económica mundial. Este tema nunca debería ventilarse en las Naciones Unidas, porque supuestamente era un derecho exclusivo de instituciones como Bretton Woods, del Consejo de Washington, del grupo de los 6 (para responder a las críticas este grupo pasó a ser de los 7, de los 8, hasta llegar a los 20 países desarrollados). Pero, en realidad, el único grupo es el de los 192 estados miembros de las Naciones Unidas, y logramos, a pesar de la tremenda campaña en contra encabezada por los delegados del Reino Unido que fueron asignados a esa tarea. Finalmente se logró una resolución que señala que la Asamblea General no es un lugar idóneo, sino el único lugar legítimo para este tipo de discusión. Con este claro ejemplo de que las cosas pueden hacerse, es que la constitución de un Tribunal de Justicia Climática y la reinvención de las Naciones Unidas, son acciones que se pueden lograr, pero para ello tenemos que luchar de manera radical e inclaudicable, pero no violenta, por el bien de la Madre Tierra y de la humanidad.

Construyendo el Tribunal de Justicia Climática Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980. Presidente Honorario del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y de la Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Liberación de los Pueblos. Miembro del Tribunal Popular Permanente. Impulsor de la Corte Penal Internacional del Medio Ambiente Ponencia presentada al Panel: Construyendo un Tribunal de Justicia Climática - CMPCC

Poder reunirnos en Cochabamba abre la posibilidad de intercambiar experiencias y aportar a caminos alternativos, propuestas políticas, tecno-lógicas y sociales sobre el cambio climático. Diversas organizaciones vienen realizando investigaciones y aportes desde la gran diversidad del pensamiento, frente a la urgente necesidad de preservar a nuestra Pachamama, la Madre Tierra y la vida planetaria hoy amenazada por la devastación por los intereses económicos y políticos. Hoy nos enfrentamos con una serie de graves crisis mundiales: no sólo la crisis financiera y la crisis económica de las que todos hablan, sino también las crisis política, social,

alimentaria, climática y ecológica. En este contexto, a pesar de que los países del Norte sean mayoritariamente responsables de esta situación, el mayor costo de esas crisis lo soportan los pueblos y los países del Sur. Pero tampoco es posible ignorar que muchas de las dificultades se evitarían si los gobiernos del Sur tuvieran el coraje y objetivos políticos claros sobre los conceptos de desarrollo y vida de los pueblos; si se decidiesen a tener políticas propias y no dependientes de los centros de poder económico y político internacional. Hay que tener en claro que no es casual que esas crisis estallen al mismo tiempo, están interrelacionadas, y todas son parte de una profunda crisis de la civilización, cuya salida depende de cambios estructurales.

¿Desarrollo como explotación o equilibrio con la Madre Tierra? No podemos quedarnos en soluciones parciales, sectoriales que no son nada más que parches temporarios que esconden las verdaderas causas estructurales de la crisis mundial. Si hablamos de crisis civilizatoria, es porque los conceptos centrales sobre los que venían apoyándose nuestras sociedades ya no son sostenibles, y ponen en riesgo a la vida de las futuras generaciones. Así, las nociones de progreso y desarrollo deben ser cuestionadas: ¿que entendemos por desarrollo? El sistema capitalista busca los bienes gananciales, la economía del mercado y la explotación de la Madre Tierra y de sus recursos naturales, sin tener en cuenta los daños ocasionados a la naturaleza y los pueblos, como el cambio climático. Muchos reducen el desarrollo a su dimensión económica, y lo toman como sinónimo de un crecimiento ilimitado de la producción y del consumo. Este paradigma de la acumulación sin límite está en el centro del modelo capitalista y neoliberal, y transforma al concepto de desarrollo en una mera explotación. La explotación a la que nos referimos se encuentra en varios ámbitos. Se trata de la explotación de los países del Sur por los países del Norte dentro de un orden económico mundial totalmente injusto. Pero se refiere también a la

explotación de los trabajadores por las grandes empresas y a las continúas violaciones de los derechos sociales, económicos y políticos de las poblaciones más vulnerables, tanto en los países del Sur como en el Norte. Por fin, esta explotación es la de nuestros bienes comunes naturales, muchas veces llamados recursos naturales porque se conciben como simples recursos al servicio del hombre en su afán de producir. Por lo tanto, esta noción de recursos naturales encierra en si misma una concepción errónea de la naturaleza y de la Madre Tierra, como si existieran únicamente para ser explotadas por los hombres para alcanzar un supuesto bienestar material. La sociedad del consumo nos lleva a extraer cada vez más bienes naturales sin reflexionar para qué los necesitamos realmente y en qué cantidad, y sin poner ningún límite a las apetencias de los consumidores. A esta noción deformada del desarrollo como explotación, tenemos que oponer el concepto de equilibrio. Las crisis actuales se pueden concebir como la expresión de la ruptura del equilibrio. Se tiene que buscar el equilibrio con uno mismo, con la comunidad y con la Madre Tierra. La naturaleza no es un recurso del que puede gozar el hombre, somos parte del ambiente en el que vivimos. Respecto a eso, nos debemos inspirar de la

cosmovisión de los pueblos originarios, que tienen interiorizada esta relación con la Madre Tierra. No sólo existen los derechos humanos que nos debemos de respetar y proteger, sino también existen los derechos de la naturaleza. Esos fueron reconocidos por ejemplo en la constitución ecuatoriana aprobada en 2008: “La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene derecho a existir, perdurar, mantener y regenerar sus ciclos vitales, su estructura, funciones y procesos evolutivos". Del mismo modo, tenemos que apoyar la iniciativa del Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, de crear una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, y de buscar alcanzar el “Buen Vivir”, o sea el vivir en armonía con la Pachamama, poniendo en el centro del modelo a la vida.

La aceleración del tiempo La tecnología ha llevado a la aceleración del tiempo, problema que generalmente no se tiene en cuenta, que lleva a cambios culturales, del pensamiento; cambios sociales y políticos, en el ritmo de la vida. Panikkar señala que todo ser tiene su tiempo, como toda sociedad. Se produce la asimetría y desigualdad entre los ritmos. La técnica ha separado al ser humano lentamente de

las plantas, los animales, el cosmos, por la aceleración del tiempo. Ya no es la maquina que se adapta al hombre, sino éste el que debe adaptarse al ritmo de la maquina. La tecnología impone su ritmo y está sujeta a avances profundizando las diferencias de ritmos que se van agudizando entre los países del Norte y el Sur, entre la naturaleza y el ser humano, entre explotación y desarrollo.

El protocolo de Kioto y las falsas soluciones Una de las consecuencias de este culto a la producción y al consumo es el cambio climático. Cabe destacar que los países del Norte tienen al respecto una responsabilidad histórica particular: mientras representan menos de 20% de la población mundial, son responsables de 70% de las emisiones históricas de dióxido de carbono. Todavía hoy sus emisiones per capita son cuatro veces mayores a las de los países del Sur. Por eso podemos considerar que los países del Norte vienen teniendo una deuda climática hacia los pueblos y países del Sur. El Norte no está dispuesto a generar la igualdad con el Sur, se puso en evidencia en Copenhague, en Río y en Kioto, su objetivo es explotar todos los recursos para mantener el nivel de vida y consumo de sus sociedades que están en crisis y que están dispuestos a sostener sin medir las consecuencias para la vida planetaria. Por una parte, ninguno de esos países respeta los

objetivos fijados por el protocolo de Kioto en términos de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero. El ejemplo extremo es el de los EEUU que pretenden seguir ejerciendo una presión sostenida sobre las negociaciones climáticas intergubernamentales, mientras que ni siquiera ratificaron los acuerdos que habían firmado, del mismo modo que nunca ratifican ningún tratado internacional, pensando que pueden mantenerse fuera del derecho internacional. Por otra parte, los países del Norte promueven falsas soluciones como el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los mercados de carbono, que son parte del protocolo de Kioto. Este mecanismo estableció en realidad un derecho a contaminar. Siguen con los mismos niveles de producción y contaminación en el Norte, supuestamente compensándolos a través de la financiación de proyectos en el Sur que teóricamente reducen las emisiones de carbono. No sólo este mecanismo no obliga los países del Norte a repensar su modelo de

desarrollo económico para tener un impacto menor sobre el Planeta y la atmósfera, sino que los proyectos financiados originan nuevos problemas sociales y desastres ambientales en los países del Sur. Por ejemplo, se multiplicaron las plantaciones de eucalipto como en Uruguay o en Argentina, así como la producción de agrocombustibles. Mientras las plantaciones de árboles conducen a una contaminación del agua y del aire y a una gran pérdida de la biodiversidad, los agrocombustibles vienen a competir por la tierra con los otros cultivos, conduciendo a un fuerte aumento de los precios de los alimentos, y a una violación de la soberanía alimentaria. Son responsables de la expulsión de pequeños productores y de comunidades indígenas que pierden sus medios de subsistencia y son condenados a tener más hambre, y a ir engordando los cordones de pobreza de las grandes ciudades. Dañan la biodiversidad alterando el equilibrio natural y profundizando el hambre y la exclusión social. Peor todavía, las empresas multinacionales del Norte siguen agravando la situación instalando sus industrias contaminantes

en el Sur, como es el caso de las industrias extractivas, por ejemplo la megaminería. No sólo estas industrias aumentan la deuda ecológica hacia los pueblos del Sur, sino también agravan el cambio climático por su uso indiscriminado del agua y de la energía, su destrucción de los glaciares, entre otros tantos impactos negativos. No obstante, cabe destacar que la instalación y el desarrollo de esos mega-emprendimientos no serían posibles sin el acuerdo y la complicidad de los gobiernos del Sur. Muchos países del Sur creen que la gran minería a cielo abierto solucionará sus problemas de desarrollo, pero lo único que consiguen es generar la destrucción de la Madre Tierra y de los bienes naturales. Lo mismo ocurre con el desarrollo de las semillas transgénicas y la sojización que está ocurriendo en parte de nuestro continente latinoamericano. Esos agronegocios atentan también contra la soberanía alimentaria, destruyendo los suelos, expulsando las comunidades campesinas y originarias de sus tierras, y afectando gravemente la salud de los pueblos con el uso excesivo y sin precauciones de agrotóxicos como el glifosato.

Deuda climática, deuda ecológica y derechos de la Madre Tierra Como ya destacamos, la solución a las crisis actuales depende de la visión global que tengamos de los problemas. Necesitamos apuntar a una política de fondo, a cambios estructurales, y no buscar la solución dentro del modelo capitalista que está actualmente en crisis. Debemos abandonar el fraccionamiento cartesiano del pensamiento para buscar un pensamiento holístico que aborde la problemática en su totalidad. Este pensamiento lo debemos aplicar a escala planetaria con un cambio radical de los paradigmas económicos, políticos y sociales, pero también a nivel personal. Cada uno de nosotros debe participar de este desafío del cambio del pensamiento, con la modificación de sus hábitos de producción y de consumo, y con la aceptación del cuestionamiento de las bases de su sociedad. Dentro de este marco, no podemos hablar de deuda climática sin hablar de deuda ecológica. Circunscribir el problema a la cuestión del cambio climático y de la deuda climática nos va a llevar a buscar soluciones que sean siempre parciales y temporarias. El cambio climático es para muchos un problema muy abstracto, e incluso hay reiterados intentos para negar la existencia de sus causas antrópicas. Por otro lado, se aprovecha de la amplitud del problema a nivel histórico y geográfico, para diluir las responsabilidades, y se vuelve casi imposible para las víctimas demostrar quien es responsable y obtener entonces reparaciones y compensaciones.

Por lo tanto, tenemos que tomar como base el concepto más amplio de deuda ecológica. Esta deuda hacia los pueblos del Sur se viene acumulando desde hace cientos de años, y en la actualidad, como ya dijimos, sigue la explotación de los bienes naturales por las corporaciones y los países del Norte, con el apoyo de las instituciones financieras internacionales. También debemos cuestionar nuestros propios gobiernos en el Sur que a veces reproducen esos mismos modelos, continuando con los proyectos extractivos que dañan al ambiente y afectan a sus propias poblaciones. Con esta actitud, los países del Sur también contribuyen a aumentar la deuda ecológica hacia sus pueblos y hacia la naturaleza. El primer paso hacia el pago de esta deuda es el inmediato cese de las inversiones en este tipo de proyectos nefastos. Por consecuencia, no podemos hablar del reconocimiento y la defensa de los derechos de la Madre Tierra sin considerar la deuda ecológica. La justicia climática que reclaman muchos pueblos, víctimas del cambio climático, es parte de la noción más amplia de justicia ecológica, que incluye los aspectos sociales y ambientales. Será imposible responder correctamente a los problemas del cambio climático sin tomar en cuenta los impactos sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. No podemos simplemente diagnosticar la situación que viven los pueblos. Es necesario superar esa situación, concretar con las comunidades indígenas el derecho a decidir y regular la

explotación sin dañar a la Madre Tierra, hay que ser coherentes entre el decir y el hacer. Tener presente que desarrollo es encontrar el equilibrio entre las necesidades del ser humano, de los pueblos con la Madre Tierra.

Si estamos reunidos acá para hablar del cambio climático y de los derechos de la Madre Tierra, no podemos perder la oportunidad de hacer el vínculo entre ambos aspectos a través de la búsqueda de una verdadera justicia ecológica.

Hacia un Tribunal Penal Internacional de Justicia Ecológica Uno de los pasos hacia esta justicia ecológica es la constitución de una Corte Penal Internacional para el Medio Ambiente, como lo propone la Academia Internacional de Ciencias Ambientales con sede en Venecia (IAES), compuesta por más de 120 científicos. Para alcanzar este objetivo necesitaremos recorrer un largo camino y no lo lograremos de un día para el otro. Hay que tener conciencia que esta corte o este Tribunal de Justicia Ecológica es un instrumento para el cambio, pero para llegar hasta su constitución tenemos que fijarnos objetivos a corto, mediano y largo plazo. El énfasis debe ser puesto en el derecho de los pueblos (declaración de Argel en 1976). No sólo porque los pueblos son los principales afectados por el cambio climático y los desastres ambientales, sino también porque tenemos que destacar y volver a reafirmar el derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el destino y la conservación de sus bienes naturales. Los pueblos deberán poder recurrir directamente a este tribunal sin la necesidad de pasar por sus gobiernos, y en el banco de los acusados se podrán encontrar tanto a empresas como a estados o individuos. Para ir a lo concreto, un objetivo de corto plazo puede ser la constitución de un Tribunal de los Pueblos de Deuda Ecológica y Justicia Climática, a fin de profundizar la comprensión de las causas estructurales de esos problemas y la determinación de las responsabilidades. A largo plazo podemos apuntar a la reforma del Estatuto de Roma, reconociendo a los delitos ambientales como crímenes

de lesa humanidad, y ampliando entonces las atribuciones de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, podemos establecer otros objetivos de corto y mediano plazo. Ya están dadas las condiciones para la constitución de una corte penal internacional, todo depende de la voluntad política de los gobiernos. Esta voluntad se manifiesta con hechos concretos y no con simples declaraciones de buenas intenciones como se hizo en Copenhague. Concretamente, les proponemos redactar un tratado internacional que se implemente con la firma de nada más que dos países. Hoy estamos en Bolivia y podemos pedir la adhesión y el compromiso de un gobierno que ya mostró su inclinación a apoyar las iniciativas que defiendan los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra. Mañana trabajaremos a que sumen otros países de la región como Ecuador, Venezuela, Argentina, y otros países del mundo. No busquemos más excusas, ya existe una red latinoamericana de fiscales ambientales que se puede poner a trabajar para acusar a los responsables de los desastres climáticos y ecológicos. Tampoco necesitamos inventar un nuevo marco legal, usemos las leyes de nuestros países así como los tratados internacionales ya firmados, que son ampliamente suficientes, ya que el principal problema hoy es la total impunidad de la que benefician las empresas multinacionales para apoderarse de nuestros bienes naturales.

Conclusiones ü Para resumir, necesitamos en primer lugar ver los problemas en su globalidad, unir la lucha contra el cambio climático a la defensa de los derechos de la Madre Tierra, a través de la promoción de una verdadera justicia ecológica, que tome en consideración los impactos negativos sobre los pueblos y sobre la Madre Tierra. ü En segundo lugar, denunciemos a los responsables de las crisis actuales: los países del Norte deben reconocer su responsabilidad histórica y su participación continúa en la agravación de las crisis climáticas y ambientales. Pero por otro lado, no olvidemos de exigir a nuestros propios gobiernos en el Sur que no contribuyan a las violaciones de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, y que se comprometan a participar a una transformación radical de nuestras sociedades. ü En tercer lugar, pidamos a nuestros gobiernos que hagan muestra de su voluntad política para dar pasos concretos y alcanzar una serie de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Hoy podemos dar el primer paso para constituir un tribunal penal internacional para el medio ambiente, ya están dadas las condiciones. ü Es sólo un comienzo, pero un comienzo concreto, necesario y a nuestro alcance. ü Esperamos que ante el fracaso de las instancias internacionales, como en Copenhague, se pueda avanzar para superar la impunidad jurídica que hoy gozan aquellos que provocan el cambio climático.