SINACATRI

Programa Nacional de Capacitación Rural Integral

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN...........................................................................5 I CONTEXTO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA EN EL MEDIO RURAL.......................................8 I.1 Instituciones involucradas........................................................9 I.2 Tendencias y enfoques.............................................................11 I.3 Retos actuales...................................................................................14 II FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN RURAL INTEGRAL.........................................16 II.1 Marco jurídico.................................................................................16 II.2 Marco normativo...........................................................................16 II.3 Marco político..................................................................................17 II.4 Marco institucional.....................................................................18 II.5 Lecciones del Proyecto Piloto...........................................20 III OBJETIVOS DEL PROGRAMA.........................................25 III.1 Objetivo general.........................................................................25 III.2 Objetivos particulares..........................................................25 IV ALCANCES Y COBERTURA DE LAS ACCIONES...........27 IV.1 Población objetivo........................................................................27 1

IV.2 Alcance territorial y sectorial.......................................27 V COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.........................29 VI LÍNEAS GENERALES DE ESTRATEGIA..........................31 VI.1 Desarrollo de la oferta institucional..........................31 VI.2 Desarrollo de programas locales..............................32 VI.3 Evaluación, acreditación y certificación............34 VI.4 Red Nacional de Infraestructura para la Formación Rural..........................................................................................35 VI.5 Redes Nacionales de Profesionales Rurales......35 VII PRESUPUESTO.................................................................37 VIII PROYECCIÓN 2004-2006...............................................39 IX SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.......................................41

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INTRODUCCIÓN El 15 de mayo de 2002, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable constituyó el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI) y conforme a lo estipulado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en sus artículos del 41 al 52 y el 26 de noviembre del mismo año, dicha Comisión emitió los Lineamientos de Operación del SINACATRI. En ese marco, se designaron como miembros permanentes del SINACATRI a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Economía, así como al Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), al Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) y a la Red de Formadores. El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. (INCA Rural) fue nombrado Secretaría Ejecutiva del SINACATRI. Asimismo, considerando lo estipulado en los Lineamientos de Operación del SINACATRI, se creó un Comité Técnico, con la participación de 15 organismos: 1. Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario.

2. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3. Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral.

4. Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

5. Dirección General de Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

6. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública.

7. Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

8. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura del Banco de México.

9. Financiera Rural.

10. Fondo Nacional de Apoyos para las Empresas de Solidaridad de la Secretaría de Economía.

11. Instituto Mexicano de Educación para el Desarrollo Rural, A. C. 12. Instituto Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social.

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13. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. 14. Procuraduría Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria.

15. Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A. C. En atención a lo acordado por los miembros permanentes del SINACATRI, en el seno del Comité Técnico los representantes de las instancias participantes, bajo la coordinación del INCA RURAL, en su carácter de Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI), definieron e impulsaron diversas actividades de revisión, investigación, análisis de experiencias y detección de necesidades del sector rural en materia de desarrollo de capacidades. Como resultado de tales trabajos, se creó el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral, que se enmarca en las acciones coordinadas por el SINACATRI, conforme a lo establecido en el Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y bajo los lineamientos establecidos en la Política de Capacitación Rural Integral.

El Programa busca cumplir los siguientes propósitos de la Política de Capacitación Rural Integral: Desarrollar la capacidad de los productores para el mejor desempeño de sus actividades agropecuarias y de desarrollo rural sustentable.

Impulsar sus habilidades empresariales.

Proporcionar a los productores el acceso a servicios acreditados de formadores y prestadores de servicios profesionales, para el desarrollo de capacidades, de proyectos productivos y de fortalecimiento empresarial e institucional, entre otros servicios.

Atender la capacitación en materia agraria.

Fortalecer la autonomía del productor y de los diversos agentes del sector fomentando la creación de capacidades que les permitan apropiarse del proceso productivo y definir su papel en el proceso económico y social.

Habilitar a los productores para el aprovechamiento de las oportunidades y para el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental y de bioseguridad.

Promover y divulgar el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los pro-gramas y apoyos institucionales que se ofrecen en esta materia.

Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural conocimientos para acceder y participar activamente en los mecanismos relativos al crédito y al financiamiento.

Habilitar a los productores para acceder a la información de los mercados y los mecanismos de acceso a los mismos.

Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el medio rural.

En el marco de estos propósitos, el Programa busca fortalecer la acción coordinada de los organismos de los gobiernos federal, estatal y municipal, en materia de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría.

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La primera línea estratégica del Programa Nacional es retomar las propuestas de los organismos integrantes del Comité Técnico, con el fin de integrar y consolidar una oferta nacional acorde a las circunstancias del campo, en la perspectiva de lograr el desarrollo rural sustentable.

Con el fin de ampliar el impacto de tal esfuerzo, la segunda línea estratégica del Programa Nacional es impulsar mecanismos de colaboración con los gobiernos estatales y municipales, para diseñar, operar y evaluar conjuntamente las acciones de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría, de acuerdo con las necesidades y expectativas de desarrollo de las diferentes regiones del país.

Dada la necesidad de asegurar la calidad e impacto de sus acciones, la tercera línea estratégica del Programa Nacional es integrar y consolidar la oferta de servicios profesionales acreditados.

Un elemento fundamental para acrecentar la efectividad de las acciones derivadas de las líneas anteriores es la extensa infraestructura susceptible de ser aprovechada en procesos de desarrollo de capacidades en el medio rural, como tele-secundarias, plazas comunitarias, centros comunitarios de aprendizaje, centros de capacitación, campos experimentales, etcétera, que además de constituir espacios educativos, ofrecen potencial para incorporar innovaciones en tecnología comunicativa que diversifican las posibilidades formativas e informativas de la población rural. Por ello la cuarta línea estratégica del Programa Nacional es conformar una red de infraestructura para la formación rural.

Dadas las amplias y diversas necesidades de servicios para el desarrollo de capacidades en el sector rural, difícilmente el conjunto de organismos públicos e instituciones educativas podrían por sí solos satisfacer estas demandas. Por ello, la quinta línea estratégica del Programa Nacional es integrar y desarrollar redes nacionales de los profesionales rurales que, de manera individual u organizada, den servicios privados de formación, capacitación, asistencia técnica y consulto-ría, entre otros.

En atención a la Política de Capacitación, el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral se ciñe a los principios establecidos en ésta: territorialidad, sus-tentabilidad, integralidad, equidad social, equidad de género, productividad, inclusión, participación, descentralización, vinculación, pluralismo, subsidiaridad, libertad, transparencia y calidad.

De este modo, el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral establece cinco líneas generales de estrategia sobre los lineamientos de política definidos para esta materia y considera los principios arriba descritos, a fin de dar una adecuada orientación a las acciones que habrán de impulsarse para fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades en el medio rural, desde una perspectiva que propicie la amplia participación de los pobladores rurales en la definición, ejecución y evaluación de estas acciones.

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I CONTEXTO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA EN EL MEDIO RURAL Durante la última década, los servicios del conocimiento como la capacitación, la formación, la asistencia técnica y la consultoría han cobrado relevancia como instrumentos de fomento al desarrollo rural.

Esto ha propiciado que las políticas públicas del sector vinculadas a estos procesos hayan sido orientadas hacia nuevas formas de actuación tanto en la coordinación, como en el desarrollo de métodos y contenidos.

Reconocer la larga tradición de los servicios para el desarrollo de capacidades en el campo mexicano nos remonta al trabajo desarrollado por los técnicos egresa-dos de las Escuelas Prácticas Agropecuarias a finales de 1930, que a la postre derivó en la creación del Servicio Nacional de Extensionismo, cuyo esquema institucional alcanzó la cifra de 25,000 técnicos al servicio del sector en los años 80 del siglo pasado.

Cabe recordar que en ese mismo período los servicios de capacitación tuvieron un alcance restringido y básicamente se limitaron a apoyar la difusión y adopción de instrumentos de fomento agropecuario, así como la organización económica rural, acciones establecidas en la Ley Federal de Reforma Agraria y en la Ley General de Crédito Rural, vigentes en ese tiempo.

En el caso de la capacitación para la organización económica rural, es justo mencionar, si bien como actividad marginal, los ejercicios de generación de métodos participativos para la formación de adultos, como la metodología de planeación participativa en apoyo a la autogestión de las organizaciones del sector, que tuvo un destacado impulso desde mediados de los setenta, y que a principios de los 90 derivó en el desarrollo de métodos y programas de formación para el fortalecimiento empresarial en el campo, que incorporaban los enfoques de calidad y competencia laboral, entre otros.

Sin negar la importancia de dichos esfuerzos, es obligado reconocer que, dado su carácter institucional, los técnicos involucrados en estos servicios respondían más al interés de la institución que los contrataba que a las necesidades particulares de los pobladores rurales, razón por la cual algunas profesiones, como la agronomía, fueron denominadas profesiones de Estado.

A finales de los años 80 e inicios de los 90, se dio un proceso de conversión de los servicios institucionales de extensionismo, asistencia técnica, promoción y capacitación, con miras a transferir estas funciones a las organizaciones rurales. Sin embargo, no se estableció el andamiaje adecuado para ello, por lo que prácticamente se creó un vacío funcional que duró de 1992 a 1995.

En 1996, el gobierno empieza a ensayar un nuevo esquema que promueve la contratación de técnicos rurales mediante el otorgamiento de subsidios a los grupos, comunidades y organizaciones económicas rurales para el pago de servicios, en el que, sin embargo, persiste una importante intervención de las instituciones en la instrumentación y canalización de tales apoyos, conforme a sus prioridades, centradas en la transferencia de tecnología para la producción primaria.

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A fin de fortalecer el enfoque de servicios profesionales en las acciones de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría rurales, desde 2001 se profundiza la privatización de tales acciones, orientándolas al pago de servicios por producto.

Además, se impulsa su incidencia en los diferentes eslabones de los encadenamientos productivos, con objeto de propiciar el desarrollo de la empresarialidad rural entre los pobladores con mayores rezagos y fomentar la diversificación productiva.

Desde entonces, estas acciones se han enfocado a fortalecer la participación social (elemento indispensable para construir una nueva institucionalidad en el campo mexicano) y el desarrollo de las regiones, desde una perspectiva territorial, con una sociedad rural más actuante y decidida.

I.1 Instituciones involucradas Como producto de una revisión de las entidades sectorizadas que brindan servicios de formación, capacitación, consultoría y asistencia técnica en el medio rural, se detectó al menos 40 instituciones y organismos federales que dirigen sus esfuerzos a jóvenes y adultos, entre los que destacan los siguientes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: • Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural Asociación Civil (INCA Rural, A. C.).

• Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA).

• Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

• Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA).

• Colegio de Postgraduados (CP).

• Universidad Autónoma Chapingo (UACH).

• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

• Fundaciones Produce.

• • Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE).

• Direcciones Generales.

Secretaría de Educación Pública: • Dirección General de Educación Técnica Agropecuaria (DGETA).

• Institutos Tecnológicos Agropecuarios (ITAS).

• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

• Dirección General de Educación Indígena (DGEI).

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• Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT).

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales: • Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU).

• Comisión Nacional del Agua (CNA).

• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

• Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

• Direcciones Generales.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público: • Nacional Financiera (NAFIN).

• Financiera Rural (FINRURAL).

• Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

• Administraciones locales.

• Agroaseguradora Mexicana, S. A. (AGROASEMEX) • Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR).

Secretaría de la Reforma Agraria: • Procuraduría Agraria (PA).

• Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE).

Secretaría de Desarrollo Social: • Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL).

• Direcciones Generales.

Banco de México: • Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Secretaría de Economía: 8

• Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES).

• Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social: • Dirección General de Empleo.

• Dirección General de Capacitación.

Y otras entidades como: • Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CONADEPI).

En conjunto, estas instituciones mantienen en todo el país más de 30 mil centros con infraestructura educativa, así como equipo y personal para desarrollar acciones formativas. Tal es el caso de las plazas comunitarias del INEA, las brigadas para el desarrollo rural de la DGETA, las tele-aulas del INDESOL, distintos centros de capacitación y los centros de educación media y superior, entre otros.

No obstante, en lo que se refiere a la calidad, cobertura e impacto de los servicios educativos rurales, es forzoso establecer nuevos esquemas de coordinación y colaboración que aprovechen los esfuerzos y recursos institucionales, a fin de superar los siguientes aspectos: El bajo impacto de las acciones de desarrollo de capacidades debido a factores como la reducción presupuestal a las instituciones del sector y la falta de planeación de mediano y largo plazo, además de que estas instituciones no han podido enfrentar exitosamente el desafío de atender la alta dispersión y pulverización de las comunidades rurales del país.

La inclinación de las instituciones a priorizar sus objetivos y metas particulares dificulta la articulación de los servicios que prestan y a menudo provoca que se dupliquen o tripliquen innecesariamente las acciones de formación, lo cual favorece a ciertos beneficiarios y relega a otros, incluso a los productores de las zonas de alta y muy alta marginación, cuya atención implica desplegar un esfuerzo adicional, para el cual no se cuenta con una plataforma de cobertura suficiente.

La práctica de diseñar programas de capacitación basados en las necesidades de las instituciones determina que éstas marquen líneas de formación y capacitación orientadas al cumplimiento de las estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, pero sin asegurar un equilibrio con las necesidades de los pobladores 9

rurales, por lo que se requiere asumir un enfoque sistémico que posibilite el encuentro adecuado entre la oferta institucional y la demanda de la población rural, mediante la atención oportuna y pertinente de las acciones de desarrollo de capacidades.

La carencia de estándares de calidad en los servicios del conocimiento hace que el enfoque y calidad de éstos dependa de lo que cada organismo establece, lo cual exige hacer un esfuerzo de homologación que permita a los servicios de capacitación, consultoría, asistencia técnica, evaluación, certificación y acreditación contar con criterios unificados para los métodos de formación que se aplican, así como con mecanismos y reglas de operación equivalentes.

Entre los prestadores de servicios del conocimiento institucionales e independientes, se ha encontrado un bajo nivel de profesionalización, y ello se explica tanto por el entorno poco estimulante en que han desarrollado su trabajo, como por la falta de actualización y formación para involucrar al educando en su propia formación.

Pocas entidades federativas se han esforzado por incorporar acciones de formación, capacitación, asistencia técnica y consultoría como elementos prioritarios del desarrollo local, por lo que, en general, existe baja capacidad de respuesta a las necesidades que en esta materia demanda la población rural para su desarrollo.

I.2 Tendencias y enfoques Como fruto de la reflexión entre los organismos que participan en el SINACA-TRI, se identificó un conjunto de tendencias y enfoques en los ámbitos de la economía, sociedad, política y gobierno, marco legislativo, tecnología, medio ambiente, necesidades y formas de capacitación que, de una u otra forma, afectan el quehacer nacional en la materia y dan pauta para dirigir con mayor pertinencia las acciones del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral. A continuación, se describen estas tendencias y enfoques.

Economía: Como consecuencia del proceso de globalización, se ha acentuado la polarización económica y social tanto en el ámbito urbano, como rural. La inequidad distributiva de la riqueza sigue siendo un reto a superar, si se considera el alto crecimiento demográfico y la limitación, cada vez más acentuada, de los recursos para el desarrollo económico.

La situación del sector rural se complica por la progresiva disminución de las tierras disponibles y la elevada migración del campo a la ciudad. Destaca también el proceso de feminización del campo, que además de aumentar la participación de las mujeres en el empleo, se manifiesta en el creciente número de féminas titulares de unidades de producción.

Sociedad: 10

En tiempos recientes, se ha incrementado la participación de la sociedad en la planeación del desarrollo rural, lo que se manifiesta en la movilización social para demandar programas de inversión en el campo, y en el énfasis en la transparencia y rendición de cuentas en la instrumentación y operación de las iniciativas gubernamentales.

La penetración de los medios de comunicación masiva en el ámbito rural, así como la aplicación de métodos de educación y formación a distancia, favorecen esta participación social y facilitan el acceso a la información a numerosos segmentos poblacionales.

Así, han surgido múltiples organizaciones tanto de perfil reivindicativo, como de ayuda mutua, entre las cuales las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel de importancia creciente en los asuntos de interés público. Su actividad ha ejercido gran influencia para que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, contribuyendo a la creación de lazos de solidaridad y corresponsabilidad más sólidos.

Política y gobierno: Las instancias gubernamentales buscan elevar sus niveles de eficiencia en la atención de la sociedad rural y procuran superar la rigidez de las normas operativas y la todavía débil coordinación institucional, así como establecer mecanismos que propicien la continuidad de los planes y programas para el cumplimiento de sus metas de corto, mediano y largo plazos, tanto en el ámbito federal, como estatal y municipal.

Lo anterior se torna más complejo aún debido a la diversidad de las necesidades básicas de la población, derivada de las diferencias regionales y de la heterogénea composición de los sujetos del desarrollo rural.

En contrapartida, la política de federalización y descentralización administrativa impulsada por el gobierno de la República sigue avanzando, por lo que el fortalecimiento de los estados y municipios es cada vez más perceptible.

Marco legislativo: En la esfera del derecho, predomina la tendencia a modernizar la legislación relativa al desarrollo rural tanto en el ámbito nacional, como internacional, con una orientación ambiental dirigida al uso racional y multifuncional de los recursos naturales y a su libre circulación en los mercados.

En México, el marco jurídico asociado a esta materia ha sido fortalecido en los últimos años con una visión más amplia del desarrollo rural, en la que resalta su carácter integral, incluyente, sustentable y la decisión de reformar al Estado para favorecer una mayor participación de la sociedad, así como de los tres órdenes de gobierno.

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Tecnología: El desarrollo tecnológico se ha orientado básicamente a satisfacer al mercado y a lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales. También se observa un acelerado crecimiento de la agrobiotecnología y de las estrategias de bioseguridad.

Lo anterior pone en riesgo de mayor dependencia tecnológica a los productores rurales de bajos ingresos, que deben pagar altos costos por la misma, y ensancha la brecha entre éstos y el reducido segmento de productores orientados al mercado de exportación.

Medio ambiente: Pese a los avances en el marco legislativo, los recursos naturales del país continúan sujetos a un progresivo deterioro, que ha repercutido en los índices de producción y productividad agropecuaria, forestal y pesquera.

El abatimiento y contaminación de los cuerpos de agua, así como la erosión y desertificación del suelo, la deforestación y los cambios climáticos, vienen generando, año con año, desastres naturales cada vez más graves, lo que repercute en la base material de la nación y reduce las áreas productivas.

Desde una óptica global, se han venido promoviendo acciones que puedan derivar en una perspectiva regional, mediante la gestión ambiental colectiva y realmente participativa.

Necesidades de capacitación: La humanidad se encuentra en tránsito hacia la sociedad del conocimiento. La mano de obra, los recursos naturales y las ventajas comparativas han dejado de considerarse motores del desarrollo económico, para ceder este lugar a la generación del conocimiento y el manejo de la información.

La apropiación de los avances científicos y tecnológicos, su transferencia y la preparación de los usuarios, aunadas a la formación de los técnicos y profesionales que los generen, se convierten en una necesidad concreta para sostener la competitividad que exige el mercado.

Sin embargo, se presentan tendencias que aumentan las condiciones de desventaja de la población rural, entre las que se encuentra el hecho de que los procesos de capacitación no han sido considerados prioritarios desde el punto de vista económico, social, programático y estratégico.

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La evolución de las necesidades de formación, capacitación, consultoría y asistencia técnica en el ámbito rural se ha comenzado a encaminar hacia: • La capacitación especializada, según las necesidades diferenciadas de los diversos segmentos de la población.

• Los enfoques integrales y sustentables para el desarrollo rural.

• El enfoque territorial del desarrollo rural.

• Los esquemas de comercialización y desarrollo de mercado.

• La asociación económica y las nuevas formas de organización para el trabajo.

• Los esquemas de financiamiento rural.

Estas demandas buscan desarrollar las capacidades empresariales y fomentar el capital social.

Por otra parte, crece la demanda de certificación de competencias, así como la de acreditación de la formación integral y especializada para el desempeño profesional en el sector rural.

La necesidad de adecuar los servicios de formación, capacitación, consultoría y asistencia técnica va en aumento, si se considera que bajo el enfoque del desarrollo rural integral, incluyente y sustentable, se requiere que la población participe y se apropie de estos procesos.

Formas de capacitación: Como tendencia, la formación, la capacitación, la consultoría y la asistencia técnica han venido asumiendo gradualmente metodologías más activas y participativas que consideran las características y necesidades específicas de los capacitandos e involucran más comprometidamente a las organizaciones de la sociedad civil.

Igualmente, es notorio el paulatino predominio del enfoque participativo, en el cual sobresale el papel del profesionista facilitador y un involucramiento más activo y comprometido de los capacitandos. Soportado en la visión constructivista, el aprendizaje tiene un reflejo concreto en el trabajo y en la vida, con un valor de uso para la persona que aprende.

También se han agilizado los procesos de aprendizaje con productos tangibles e impacto a corto plazo, considerando técnicas de aprendizaje en situación de trabajo. Asimismo, la evaluación constante en el acompañamiento ha apoyado estos procesos.

Lo anterior ha fortalecido las capacidades para la generación de métodos, contenidos y materiales educativos acordes a la diversidad territorial y cultural, así como para impulsar técnicas participativas y de autodiagnóstico.

La capacitación a distancia ha tomado mayor fuerza a medida que se desarrolla la tecnología de las comunicaciones, tales como la red de educación satelital y el uso de 13

medios electrónicos, que posibilita mayor cobertura y oportunidad de información para las regiones rurales con mayores índices de marginación.

Los servicios para el desarrollo de capacidades tienden a resolver los problemas del sector de manera integral, contemplando los aspectos de producción, comercialización, asociación económica, organización para el trabajo y financiamiento rural, así como a promover los enfoques de territorialidad, sustentabilidad y participación, con perspectivas de fomento a la empresarialidad rural y al desarrollo del capital social.

I.3 Retos actuales Se calcula que la población rural en el año 2004 era de 26 millones 697 mil personas, que habitan más de 270 mil localidades a lo largo y ancho del territorio nacional, con una escasez significativa de servicios básicos y de acceso a las vías y medios de comunicación. Su nivel de escolaridad es de tres años, que contrastan con los 7.1 años en el medio urbano.

Según cálculos de la Secretaría de Desarrollo Social basados en la metodología oficial de medición de la pobreza aplicada en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2000 y 2002, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los porcentajes de hogares y personas de esta población que se encuentran por debajo del umbral de las distintas formas en que se clasifica la pobreza son los siguientes: Umbral de Clasificación Pobreza Alimentaria Desarrollo de Capacidades Desarrollo de Patrimonio

2000

2002

Hogares

34.1

28.5

Personas

42.4

34.8

Hogares

41.4

36.5

Personas

50.0

43.8

Hogares

60.7

59.4

Personas

69.3

67.5

Estas cifras exhiben el aún precario desarrollo de los habitantes del campo y la debilidad de la sociedad rural como actor social ante otros actores políticos, sociales y económicos.

En este contexto, acrecentar las capacidades en el ámbito rural se torna una acción estratégica para estimular el desarrollo humano y, a su vez, impulsar el desarrollo del capital económico, físico y social, que brinde una perspectiva integral para la incorporación justa y equitativa de la sociedad rural al desarrollo nacional.

Esto implica generar nuevas estrategias, métodos, medios y contenidos para el desarrollo de capacidades, a efecto de alcanzar un impacto tal que movilice a la masa 14

crítica del conjunto social en la definición, ejecución y evaluación de las acciones de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría para el me-dio rural.

Especialmente, habrá que asegurar la vinculación entre el desarrollo de capacidades y la gestión de proyectos de desarrollo e inversión, conforme a las expectativas de mejora en los procesos de trabajo y vida de la población rural.

Las estrategias deberán propiciar acciones de masificación que aseguren calidad y a su vez tengan la flexibilidad suficiente para adaptarse a las condiciones de cada región en términos culturales, económicos, sociales y políticos, a efecto de facilitar la participación activa de los pobladores rurales.

Los enfoques de participación, educación de adultos y valor de uso en los procesos de desarrollo de capacidades son los elementos sustantivos que determinarán los métodos, herramientas y técnicas didácticas para responder de manera adecuada a las necesidades y condiciones de los habitantes del campo.

Atender una población tan amplia y dispersa como la rural, exige aprovechar intensamente los diferentes medios de formación presencial y a distancia con que se cuenta, y disponer de la importante infraestructura de espacios educativos con tecnologías de comunicación satelital y electrónica.

Por otra parte, será necesario realizar un esfuerzo significativo para dinamizar el desarrollo de los nuevos contenidos que requiere la población rural, particularmente los orientados a su organización económica, empresarialidad y participación social, dándoles el tratamiento adecuado para que respondan a sus condiciones de vida y trabajo, contexto cultural, experiencia previa y niveles de escolaridad. Además, deberán acrecentarse los recursos y materiales educativos que faciliten el manejo de dichos contenidos.

II FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN RURAL INTEGRAL En su concepción e instrumentación, el Programa Nacional se sustenta en elementos de diferentes instrumentos jurídicos, normativos y de trabajo, sobre los que se definen sus perspectivas, enfoques y alcances.

II.1 Marco jurídico El Programa Nacional de Capacitación Rural Integral se orienta al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de capacitación y asistencia técnica.

El Artículo 27, Fracción XX, de la Carta Magna dispone que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, a fin de generar empleo y garantizar el bienestar de la población campesina y su participación e incorporación en el desarrollo 15

nacional. Asimismo, señala que la actividad agropecuaria y forestal será fomentada mediante obras de infraestructura, insumos, créditos, servicio de capacitación y asistencia técnica.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglamentaria de dicha fracción, reconoce a la capacitación una función esencial en el fomento agropecuario y en el desarrollo rural sustentable, junto con la cultura, la investigación, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología (Artículo 41).

Además, considera que la capacitación es una responsabilidad permanente de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos; que debe impartirse tomando en cuenta el grado de desarrollo y consolidación productiva y social de la población; y con criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable propone impulsar el desarrollo rural integral vinculando todas las fases del proceso, desde el diagnóstico y la planeación, hasta la producción, organización, transformación, comercialización y desarrollo humano. En todos los casos, prevé que participen los productores y los diversos agentes del sector rural, especialmente aquellos grupos y regiones tradicionalmente marginados.

Para el cumplimiento de sus disposiciones, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable creó el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI), al cual le asigna la responsabilidad de coordinar la elaboración y ejecución del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral (Artículo 45, Fracción 1), así como el establecimiento del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI), instancia de dirección, programación y ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica (Artículo 47).

A la luz de estas disposiciones, el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral nace como obligación jurídica concreta del SINACATRI y como instrumento para orientar y dirigir las acciones estatales en materia de capacitación y asistencia técnica.

II.2 Marco normativo En concordancia con los mandatos anteriores, en el terreno normativo, la integración, elaboración y ejecución del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral se enmarca en los objetivos y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Especial Concurrente 2002-2006 y los programas sectoriales involucrados, así como en la Política de Capacitación Rural Integral 2004-2006 y el Acuerdo Nacional para el Campo.

Estos instrumentos normativos establecen las bases generales y específicas sobre las que deben implementarse todas las acciones de educación, capacitación y asistencia técnica dirigidas al sector rural.

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, instrumento rector de las políticas públicas, reconoce a la educación como estrategia central para impulsar el desarrollo del país y ve en ésta el camino más eficaz para mejorar el nivel de bienestar de los mexicanos.

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En lo que respecta al campo, el Plan propone capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo productivo del país, mediante programas integrales de capacitación y organización orientados a que los habitantes del medio rural conozcan y se beneficien de los derechos que la Ley de Desarrollo Rural sustentable les concede en materia de tenencia de la tierra, desarrollen sus habilidades productivas, aprovechen los avances tecnológicos y usen racionalmente sus recursos.

Asimismo, a fin de elevar su nivel de vida y alcanzar su integración al desarrollo nacional, el Plan propone impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales.

Tales lineamientos generales enmarcan el contenido central de los distintos programas sectoriales relacionados con el sector rural y el Programa Especial Concurrente 20022006, en los cuales el fomento al desarrollo de las capacidades humanas y sociales se convierte en elemento vertebral de sus respectivas estrategias.

La Política de Capacitación Rural Integral, documento normativo en la materia, indica que los servicios que proporciona el INCA RURAL en el medio rural, deberán considerarse en el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral.

El mismo documento señala que en el Programa Nacional deberán articularse y vincularse las capacidades de las dependencias y entidades de los sectores público, social y privado, considerando las políticas específicas y los principios recto-res que permitan generar procesos de mejoramiento de la calidad de vida.

II.3 Marco político Los elementos centrales de política que orientan el Programa Nacional se fundan en una visión del desarrollo rural que supera los enfoques sectoriales predominantes en años anteriores, imprimiendo a sus acciones un alcance que rebasa los propósitos de carácter estrictamente agrario y/o agropecuario y se sustenta en una perspectiva territorial que privilegia la participación y gestión de los actores locales, el apoyo a las regiones y grupos tradicionalmente marginados, así como la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

Los numerales 103, 107,109, 110, 111, 149, 155, 158, 195, 200, 216, 218 y 219 del Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el 28 de abril de 2003, contienen lineamientos en materia de capacitación y asistencia técnica traducidos en compromisos concretos que coinciden en la dirección planteada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En este sentido, el Programa Nacional fundamenta su propuesta en el fortalecimiento de los cuatro soportes básicos del desarrollo rural, es decir, los capitales humano, económico, social y físico (ambiente e infraestructura), en torno a los cuales giran las estrategias de desarrollo promovidas por el marco normativo y en los que descansan los elementos centrales de política en la materia.

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Por ello, las políticas específicas del Programa para el desarrollo de capacidades se despliegan sobre los terrenos social, laboral, agrario, productivo y ambiental, impulsando líneas estratégicas que reconocen la heterogeneidad regional, étnica, cultural, política y socioeconómica que caracteriza al campo mexicano.

En este marco, el Programa Nacional pretende instrumentarse en términos sistémicos, con objeto de alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que implica privilegiar el aprendizaje significativo y la recuperación del capital social y humano en su conjunto, utilizando métodos flexibles y participativos que fomenten el aprovechamiento de prácticas, saberes, actitudes y valores.

II.4 Marco institucional El SINACATRI articula los esfuerzos de capacitación de las diversas instancias de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de las organizaciones de los sectores social y privado. En este sentido, en el plano nacional destaca la presencia de los organismos enumerados en el punto I.1 Instituciones Involucra-das, de las cuales se derivan diversos servicios y esquemas de apoyo orientados al desarrollo de capacidades en el sector rural, cuyas prioridades temáticas y población objetivo están estrechamente relacionados a la función pública o social que desempeñan.

Una de las primeras tareas del Comité Técnico ha sido la construcción de una base de datos que registra la oferta institucional de los organismos que lo integran e identifica los tipos de servicios, clasificación de temas, cobertura, temporalidad y mecanismos de acceso, entre otros aspectos.

Así mismo se desarrollarán instrumentos que permitan identificar y sistematizar la demanda de capacitación, considerando la participación de los pobladores rurales en su definición y estructuración, de acuerdo a sus prioridades de desarrollo para mejorar sus procesos de vida y trabajo.

Con los registros generados por los 15 organismos miembros del Comité Técnico, se han identificado diversos programas, acciones o instrumentos de apoyo para el desarrollo de capacidades en la población rural, orientadas hacia una importante diversidad de contenidos identificados dentro de los siguientes ejes temáticos: • Empresarialidad rural.

• Cadenas productivas.

• Participación social.

• Medio ambiente y recursos naturales.

• Educación, formación y asesoría.

• Operación de programas institucionales.

Se estima que esta oferta institucional se dirige a más de 500 mil pobladores rurales, entre adultos y jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades y organizaciones económicas rurales, técnicos, profesionales, integrantes de organismos de la sociedad civil y servidores públicos.

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Esta oferta asume diversos esquemas, que pueden resumirse en lo siguiente: • Eventos y acciones especializadas de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría.

• Programas para el fortalecimiento de capacidades en temas estratégicos para el desarrollo rural.

• Subsidios para el pago de servicios de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría.

• Fondos concursables para la realización de programas y acciones destinadas al desarrollo de capacidades en el sector rural.

En este punto, es importante reconocer que los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de desarrollo agropecuario u otras vinculadas al sector rural, así como institutos estatales especializados en la materia, destinan de manera significativa un conjunto de esfuerzos y recursos para impulsar el desarrollo de acciones destinadas a servicios de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría en beneficio de la población rural.

Por otra parte, en las últimas décadas hemos visto que en el país se ha venido constituyendo y consolidando entre la sociedad civil un destacado número de organismos de la sociedad civil que entre sus funciones incluyen los servicios del conocimiento para el desarrollo de capacidades en el medio rural, a efecto de promover su desarrollo económico, ambiental, social y humano. En estos organismos podemos encontrar una amplia experiencia en la generación de métodos y técnicas para el trabajo educativo con jóvenes y adultos, misma que puede robustecer los programas y acciones institucionales que se generan tanto en el ámbito nacional, como estatal.

El municipio, como ámbito de gobierno que guarda mayor cercanía, contacto e intercambio con la población, sobre todo en los territorios rurales con mayor índice de marginación y pobreza, constituye el interlocutor idóneo para realizar programas y actividades de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría acordes a las necesidades locales de desarrollo, sustentadas en la acción comprometida de los pobladores rurales y conforme a sus prioridades y expectativas para mejorar sus procesos de vida y trabajo.

Considerando lo antes expuesto, el marco institucional para promover, operar y evaluar el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral, considera los siguientes aspectos fundamentales: • Una permanente y sólida colaboración entre las instituciones gubernamentales, organismos de la sociedad civil y organizaciones de productores.

• La estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como de los Distritos de Desarrollo Rural.

• Una amplia participación social sustentada en los actores locales y de la población rural, particularmente de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable distritales y municipales.

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Integrar el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral ha representado un amplio esfuerzo para las instituciones, organizaciones e instancias participantes en el SINACATRI, particularmente para los miembros de su Comité Técnico.

En este sentido, destacan las siguientes acciones: • La realización, el 31 de julio de 2003, de un taller institucional para definir la política del SINACATRI, donde se analizaron las principales tendencias y enfoques de los servicios para el desarrollo de capacidades en el sector rural, así como las principales instituciones y experiencias en la materia.

• El desarrollo de una base de datos que ha permitido registrar el amplio número de acciones realizadas por los actores involucrados en el SINACATRI, así como hacer una clasificación temática de los contenidos prioritarios en materia de desarrollo de capacidades, lo que a su vez ha permitido identificar los que existen y los que se requiere desarrollar para cumplir con las orientaciones establecidas en la Política de Capacitación Rural Integral.

• La ejecución de un Proyecto Piloto para desarrollar programas locales de formación, en el que participaron los gobiernos estatales y municipales, así como las instancias de participación social de los actores locales. Las aportaciones de esta acción están reflejadas en el punto II.5 Lecciones del Proyecto Piloto.

A partir de los resultados de estas acciones, el Comité Técnico del SINACATRI estableció los alcances, objetivos, estrategias y metas del Programa Nacional, y acordó hacer una proyección para 2006 que refleje los lineamientos de la Política de Capacitación Rural Integral, así como las posibilidades que brinda la con-formación del Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación Rural.

II.5 Lecciones del Proyecto Piloto

Con el fin de desarrollar un Proyecto Piloto de capacitación, formación, asisten-cia técnica y consultoría de alcance regional, donde los organismos públicos y de la sociedad civil interesados en el SINACATRI pudieran aplicar los siguientes elementos: • Conformación de un territorio y universo común de trabajo; • Identificación de necesidades de desarrollo de capacidades; • Aplicación de métodos participativos en el desarrollo de capacidades; • Participación social en la definición, operación y evaluación de las acciones; • Utilización de esquemas de evaluación, acreditación o certificación de las capacidades desarrolladas; y • Creación de un fondo común de recursos para el desarrollo del proyecto.

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Se acordó con los gobiernos de Jalisco y Michoacán la realización de un programa local de capacitación rural integral, en los Distritos de Desarrollo Rural y municipios de Lagos de Moreno y Zitácuaro, respectivamente.

Para el Proyecto Piloto se definió el siguiente objetivo: Articular, aprovechar y vincular las capacidades de los organismos públicos, sociales y privados en materia técnica, operativa y de recursos, para prestar servicios de formación, capacitación, asesoría y asistencia técnica, evaluación y certificación a la población y mercado laboral para el desarrollo rural, dentro de una región determinada, considerando los criterios de: • Territorialidad.

• Sustentabilidad.

• Integralidad.

• Productividad.

• Inclusión.

• Participación.

• Descentralización.

Todo ello orientado a detonar procesos de mejoramiento de la calidad de vida.

En este sentido, se planeó lograr los siguientes resultados: Para el SINACATRI: 1. Bases para la coordinación interinstitucional, a efecto de impulsar la concurrencia de acciones y recursos en materia de desarrollo de capacidades.

2. Operación de instancias locales para la coordinación de acciones.

3. Metodología de trabajo para el desarrollo de acciones regionales acorde con las características regionales y con la visión territorial del desarrollo.

4. Utilización de innovaciones tecnológicas (Internet, televisión educativa, etc.), con el aprovechamiento de la infraestructura educativa disponible en la región.

5. Generación de material educativo acorde con las características de la región y las necesidades de la población rural, para fortalecer sus capacidades de vida y trabajo.

6. Definición de las bases para la constitución de fondos de recursos, conforme a los lineamientos normativos y políticas institucionales de los organismos participantes.

Para la región:

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1. Formulación de proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo regional, de acuerdo con las expectativas de vida y trabajo de la población local.

2. Promoción de esquemas de microfinanciamiento en apoyo a la economía local y el fortalecimiento de la actividad económica territorial.

3. Determinación e impulso de líneas estratégicas para el desarrollo regional, conforme a sus potencialidades de crecimiento económico y participación social.

4. Definición de líneas de acción para el mejor aprovechamiento de los bosques y el agua, en beneficio de la calidad de vida de la población lo-cal.

5. Impulso de estrategias de fortalecimiento de cadenas productivas, como mecanismo de fortalecimiento de la economía ampliada en el territorio rural.

6. Diseño, operación y evaluación de un programa para el desarrollo de capacidades de la población rural, acorde a las líneas de estrategia para el desarrollo territorial.

La metodología empleada incluyó las siguientes etapas de trabajo: 1. Conformación de la Comisión del Proyecto Piloto.

2. Definición del área de trabajo.

3. Formación de un equipo técnico coordinador del proyecto.

4. Acuerdo con los actores de la región.

5. Realización o actualización del diagnóstico regional.

6. Definición de las prioridades del desarrollo regional.

7. Caracterización de los procesos sociales y productivos prioritarios.

8. Identificación de las necesidades para el desarrollo de capacidades.

9. Definición del esquema de evaluación, acreditación y certificación.

10. Desarrollo de las acciones de formación, capacitación y consultoría.

11. Sistematización y evaluación de la experiencia.

12. Memoria e informe final del Proyecto Piloto.

Para realizar de estas acciones se tomaron como punto de partida y referente fundamental los diagnósticos y planes de desarrollo regional generados por los Consejos Distritales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, con apoyo del Coordinador de Desarrollo Rural, en los que se planteaban las estrategias y proyectos prioritarios para promover el incremento en los niveles de bienestar e ingreso de la población local, de tal modo que con la participación de los consejeros se procedió a su validación y análisis, con objeto de definir las prioridades en términos de población y sistemas producto a ser atendidos por el programa local de capacitación rural integral.

En este marco, el Proyecto Piloto permitió, en primer lugar, sentar las bases para la coordinación entre instituciones federales, estatales y municipales, mediante la definición de un territorio común y una estrategia compartida de atención a la población rural del distrito.

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Asimismo, permitió promover acciones de capacitación en actividades productivas específicas, con un enfoque de sistema producto. De este modo, se logró que el desarrollo de capacidades se reflejara en la posibilidad de implementar nuevos proyectos en la actividad económica y procesos de vida de la población rural.

Por otra parte, se identificó con precisión las necesidades locales de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría, considerando la participación y las demandas de los productores. Además, se identificó de manera puntual la programación y ejecución de acciones necesarias para impulsar el desarrollo de capacidades en temáticas relevantes para el desarrollo regional.

En segundo lugar, los trabajos desarrollados en la fase piloto del SINACATRI permitieron la operación de los Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable en la coordinación de acciones de desarrollo de capacidades, tras identificar, integrar, acordar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones específicas de formación en las localidades.

Otra contribución de la experiencia piloto tiene que ver con el diseño, desarrollo, aplicación, verificación y reformulación de los planteamientos metodológicos del Comité Técnico del SINACATRI, hecho relevante, ya que se logró llevar un con-junto de elementos de política pública del ámbito federal al ámbito municipal, directamente con las personas y en sus localidades, aspecto que ha atraído el interés de los estudiosos y de los responsables institucionales.

Lo anterior revela que en el espacio regional se manifiesta lo diverso y lo heterogéneo, cada vez que centramos nuestro esfuerzo institucional en lo específico. Para ello fue indispensable construir una estrategia de solución partiendo de un enfoque sistémico, donde las acciones de formación y desarrollo de capacidades cobran mayor sentido y sinergia si son enfocadas desde el eje transversal del desarrollo humano, para impactar directamente en el desarrollo del capital físico, social y económico.

El Proyecto Piloto del SINACATRI demostró que es viable atender necesidades de formación y desarrollo de capacidades en un conjunto amplio de pequeñas localidades rurales dispersas y carentes de servicios.

Los Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable percibieron la importancia de implementar una estrategia de formación centrada en el uso de tecnología de comunicación satelital que permite la conectividad y la interrelación, y cuyo ejemplo son las plazas comunitarias rurales y las tele-aulas. Para los consejeros quedó claro que su territorio está inmerso en un proceso global, donde las nuevas herramientas educativas son un hecho, ya que hay localidades que cuentan con tecnología moderna al servicio del proceso educativo para adultos y el desarrollo de capacidades locales.

En este mismo tenor, esta experiencia permitió a los consejeros revalorar su papel protagónico en la toma de decisiones para el impulso de estrategias y acciones destinadas a la formulación de planes para el desarrollo de su territorio, en el marco de los propósitos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural, lo que les facilitó precisar sus funciones, así como la de otros actores concurrentes en la región.

Asimismo, se propició el establecimiento de compromisos con mayor solidez entre los actores locales y las instituciones gubernamentales, tomando como eje articulador los 23

planes de desarrollo regional y los programas locales de capacitación, lo que permitió establecer esquemas de corresponsabilidad en el diseño y operación de las acciones.

Derivado de lo anterior, el Proyecto Piloto demostró que es posible generar una apropiación social de los programas y acciones para el desarrollo de capacidades, que promueva la sostenibilidad del proceso.

Por otra parte, el Proyecto Piloto contribuyó de manera decisiva a definir los aspectos metodológicos en los procesos de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría ligados al desarrollo local, mediante profundas reflexiones en torno a la relevancia de un proceso de desarrollo de capacidades centrado en el aprendizaje con valor de uso, en virtud de que, para ser consideradas aprendizajes significativos, las capacidades desarrolladas necesariamente deben aplicarse y repercutir en el corto y mediano plazo en la mejora de los procesos de trabajo y vida de los participantes. Esta reflexión se generó tanto entre los representantes institucionales federales y estatales, como en los campesinos integrantes de los Consejos.

De la misma manera, se valoró la necesidad de vincular el desarrollo de las capacidades destinadas a la generación de proyectos productivos con la atención al rezago educativo en sus niveles básico, primaria y secundaria, pues ello motiva la participación de la población rural, dada la expectativa de mejora en sus procesos de vida y trabajo.

En este sentido, destaca la necesidad, manifiesta y compartida por las instituciones, de realizar un esfuerzo interinstitucional para modificar y rediseñar las estrategias y modelos de capacitación y formación de los pobladores rurales, esfuerzo que debe abordar aspectos tales como el diseño de materiales didácticos y pedagógicos adecuados a las condiciones regionales.

Sobre la integración del Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación, el Proyecto Piloto aportó elementos para establecer la concurrencia de acciones que se sufragarán en forma conjunta por las instancias participantes en el ámbito de los Distritos de Desarrollo Rural y municipios, donde se logró una gran sinergia en los trabajos de planeación, detección, ejecución y evaluación de acciones de desarrollo de capacidades.

El Proyecto Piloto ofreció al SINACATRI una rica experiencia de trabajo que contribuyó, sobre todo, al establecimiento de las bases y la generación de una visión compartida entre los organismos participantes, a efecto de conformar la Política de Capacitación Rural Integral, así como de disponer de la orientación y estrategia para el diseño y operación del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral.

III OBJETIVOS DEL PROGRAMA Los objetivos del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral se ciñen a los lineamientos establecidos por la política en la materia y rescatan la experiencia que el Comité Técnico del SINACATRI ha reunido para implementar las acciones de desarrollo de capacidades en el sector rural.

III.1 Objetivo general 24

Fortalecer las capacidades en la población rural para el impulso de su desarrollo económico, ambiental, humano y social.

III.2 Objetivos particulares • Facilitar el acceso a los diferentes instrumentos de apoyo para el desarrollo de capacidades en el medio rural, impulsando su articulación con las prioridades del desarrollo rural sustentable y las necesidades de la población rural.

• Apoyar el diseño, operación y evaluación de programas estatales, distritales y municipales de capacitación rural integral, a partir de la definición de las demandas de formación de la población rural, conforme a sus expectativas de mejora para sus proceso de vida y trabajo.

• Establecer una estrategia de evaluación, acreditación o certificación de las capacidades desarrolladas por los pobladores rurales, con reconocimiento oficial y nacional, particularmente las derivadas de la educación básica y capacidades para el trabajo.

• Impulsar el desarrollo de una red nacional de infraestructura de formación, que promueva el aprovechamiento de instalaciones, equipos y tecnología de comunicación educativa disponible en el campo mexicano.

• Integrar una red nacional de profesionales rurales dedicados al desarrollo de capacidades en el campo, que promueva el fortalecimiento de un mercado de servicios de calidad para la población rural.

IV ALCANCES Y COBERTURA DE LAS ACCIONES Dado su carácter y orientación, el Programa Nacional tiene incidencia en la totalidad del territorio nacional, con una proyección de tres años de trabajo.

IV.1 Población objetivo • Jóvenes y adultos del medio rural, dando prioridad a las zonas de alto y muy alto índice de marginación y pobreza, con especial atención a mujeres, jóvenes, indígenas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

• Organizaciones económicas y sociales de los pobladores rurales, particularmente las orientadas al fortalecimiento de las empresas rurales, los sistemas producto y la participación social.

• Profesionales dedicados a la prestación de servicios de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría especializada para el desarrollo de capacidades en jóvenes y adultos del medio rural.

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• Organismos de la sociedad civil dedicados al otorgamiento de servicios de promoción para el desarrollo rural sustentable con la participación de los pobladores rurales.

• Servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, responsables de promover y orientar los instrumentos de apoyo para el desarrollo rural.

En esta perspectiva, se estima atender 841 mil pobladores rurales, 7 mil profesionales del sector, mil integrantes de organismos de la sociedad civil y mil servidores públicos, esto es, un universo global de 850 mil actores.

IV.2 Alcance territorial y sectorial Para definir, operar y evaluar el Programa Nacional, habrá que propiciar la participación activa de los tres niveles de gobierno, dando prioridad a la atención de los municipios rurales con mayores índices de marginación y pobreza. Para ello se privilegiará la actuación de las Comisiones Estatales de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral o sus equivalentes, los Consejos Distritales de Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

Desde esta perspectiva, se promoverá la visión territorial del desarrollo rural, donde los actores locales impulsen una propuesta integral en la formulación de sus planes de desarrollo, y el desarrollo de capacidades sea una componente transversal que apoye el desarrollo del capital económico, físico, humano y social.

Asimismo, la orientación de las acciones de desarrollo de capacidades deberá ser suficientemente flexible para adecuarse a las características y necesidades de las diferentes regiones económicas, sociales y agroecológicas. De este modo, los métodos y contenidos de las acciones del Programa Nacional estarán estructurados para atender de manera integral las necesidades de formación estratégica de la población rural.

Lo anterior requiere una visión amplia de los procesos de vida y trabajo de la población rural, que supere el enfoque centrado en la producción primaria en el contexto agropecuario y fortalezca la empresarialidad rural en el campo de la producción, la transformación y los servicios, el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, así como en la construcción de un actor social protagonista en el desarrollo de su territorio.

V COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Como acción del SINACATRI, el Programa Nacional impulsará la articulación, aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en la materia poseen las dependencias y entidades del sector público y los sectores social y privado, por lo que se ha considerado la participación de las siguientes secretarías y entidades: Ámbito federal: 26

SECRETARÍAS DE ESTADO

ENTIDADES

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) - 192 Distritos de Desarrollo Rural • Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) - Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) • Secretaría de Economía (SE) - Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) • Secretaría de Educación Pública (SEP) - Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) • Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) • Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) - Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) • Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) -

• • Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura - Banco de México (FIRA – BM) • Financiera Rural (FINRURAL) • Instituto Mexicano de Educación para el Desarrollo Rural, A. C. (IMEDER) • • Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C. (INCA RURAL) • Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (INEACONEVyT) • Procuraduría Agraria (PA) • Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A. C.

Ámbito estatal: 32 Secretarías de Desarrollo Agropecuario o sus equivalentes. (Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) 32 Comisiones Estatales de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral o Comisiones Estatales de Desarrollo Rural. Ámbito municipal: 400 municipios rurales de alta y muy alta marginación.

VI LÍNEAS GENERALES DE ESTRATEGIA 27

Para el diseño y ejecución del Programa Nacional, se consideran cinco líneas generales de estrategia, en las que se reflejan los ámbitos de actuación sobre los que habrá que estructurar las acciones orientadas al cumplimiento del mismo.

VI.1 Desarrollo de la oferta institucional Objetivo: Integrar una oferta institucional con las acciones de desarrollo de capacidades en el sector rural y sus instrumentos de apoyo, mediante el diseño y fortalecimiento de una base de datos que ofrezca información a la población rural sobre: • Acciones e instrumentos de apoyo al desarrollo de capacidades.

• Beneficiarios y mecanismos de acceso.

• Programación de acciones formativas.

• Operación de acciones.

Las líneas de acción fundamentales para el desarrollo de la oferta institucional serán: • Orientar la oferta institucional hacia las prioridades del desarrollo rural sustentable, considerando las expectativas de mejora en la vida y el trabajo de la población rural, desde el contexto del desarrollo nacional.

• Facilitar a la población rural el acceso a la información sobre las acciones e instrumentos de apoyo para el desarrollo de capacidades, identificando destinatarios y mecanismos de atención.

• Facilitar a la población rural su participación en las acciones derivadas de la oferta institucional, conforme a los lineamientos normativos y operativos, que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

• Proporcionar a la población, en lo general, información sobre las actividades y avances en la ejecución de las acciones de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría especializada impulsadas por la oferta institucional.

Mecanismo operativo: La primera tarea dentro de esta línea de acción consiste en aprovechar, adecuar y actualizar continuamente la base de datos generada por el Comité Técnico del SINACATRI, a fin de ofrecer a la población rural las siguientes posibilidades de consulta en la página Web del INCA RURAL, portales en Internet de las diferentes instituciones participantes, entre otros medios, la siguiente información: • La oferta de las instituciones y organismos participantes en el SINACATRI relativa a las acciones e instrumentos de apoyo para el desarrollo de capacidades en la 28

población rural, conforme a la clasificación temática establecida en la base de datos.

• Información sobre la programación de las acciones a realizar, especificando perfil de los participantes, duración, sede y fecha de realización.

• Información sobre los mecanismos de acceso y participación en las acciones programadas.

• Información sobre las acciones realizadas para la población en general, precisando participantes, duración, sede y fecha.

La segunda tarea es llevar a cabo una campaña de información y difusión sobre la oferta institucional relativa a las acciones de desarrollo de capacidades, tales como eventos, materiales didácticos y de apoyo asistencia presencial y a distancia, entre otros, que divulgue información básica sobre las instituciones participantes, las acciones e instrumentos de apoyo en la materia y los medios de consulta para ampliar la información.

En este sentido, se producirán trípticos, folletos y carteles que llegarán a: • Oficinas estatales de las instituciones participantes en el SINACATRI. • 32 Secretarías de Desarrollo Agropecuario o sus equivalentes de los gobiernos estatales.

• 192 Distritos de Desarrollo Rural.

• 2,427 municipios y 16 Delegaciones de Gobierno del Distrito Federal.

• 1,200 Consejos Distritales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

• 250,000 localidades rurales a nivel nacional.

Por otra parte, habrá que aprovechar la infraestructura de comunicación disponible para el medio rural, como las tele-aulas, plazas comunitarias y centros comunitarios de aprendizaje, a efecto de realizar acciones de educación a distancia para fortalecer la promoción y difusión de la oferta institucional.

VI.2 Desarrollo de programas locales

Objetivo: Diseñar, operar y evaluar Programas Estatales, Distritales y Municipales de Capacitación Rural Integral, mediante la firma de convenios de colaboración que promuevan la concurrencia interinstitucional en las regiones, tomando como base la experiencia obtenida en el Proyecto Piloto del SINACATRI. Las líneas de acción fundamentales para el desarrollo de los programas locales serán: 29

• Definir estrategias locales para el desarrollo de capacidades en la población rural, conforme a la decisión de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en relación con sus planes de desarrollo distrital o municipal.

• Atender las necesidades de desarrollo de capacidades, dando prioridad a los segmentos de población con mayores índices de marginación y pobreza, al fortalecimiento de los encadenamientos productivos y a la diversificación económica.

• Aplicar enfoques participativos, garantizando que las necesidades de formación se articulen a procesos de mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población participante.

• Fortalecer la participación social en las acciones, para lograr la apropiación del proceso por parte de la población local, sus organizaciones y Consejos.

Mecanismo operativo: Derivado de la experiencia del Proyecto Piloto, el mecanismo operativo consistirá de las siguientes etapas: • Acuerdo entre los tres niveles de gobierno y con los Distritos de Desarrollo Rural participantes.

• Convenios de coordinación con los actores estatales para la definición de los alcances del Programa en el estado.

• Conformación de un equipo técnico coordinador del programa municipal o distrital.

• Definición de los alcances, con los actores públicos, sociales y privados del Distrito de Desarrollo Rural y del municipio.

• Realización o actualización del diagnóstico y programa de desarrollo distrital y municipal.

• Caracterización de los procesos sociales y de producción predominantes.

• Identificación de las necesidades de desarrollo de capacidades.

• Desarrollo de las acciones de formación, capacitación y consultoría.

• Evaluación, acreditación y certificación de las capacidades desarrolladas.

• Sistematización de la experiencia.

• Evaluación de la experiencia.

• Memoria del programa e informe final.

En este esquema, se prevé la concertación, de aquí a 2006, con: • 32 estados federados.

• 192 Distritos de Desarrollo Rural.

• 400 municipios.

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Donde los aspectos a convenir serán: • Asesoría metodológica para la formulación del Programa Local de Capacitación Rural Integral.

• Apoyo para la coordinación, seguimiento, sistematización y evaluación del programa local.

• Complementación de recursos interinstitucionales para la operación de acciones y producción de material educativo.

• Localidades, grupos de población y cadenas productivas de mayor prioridad local.

• Papel de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable en el diseño, operación y evaluación del programa local.

VI.3 Evaluación, acreditación y certificación

Objetivo: Establecer una estrategia de evaluación, acreditación y certificación de capacidades desarrolladas por los pobladores rurales, con reconocimiento oficial y nacional, que motive el crecimiento en la educación básica y el nivel de competencias para el trabajo.

Las líneas de acción fundamentales para impulsar la estrategia de evaluación, acreditación y certificación serán: Para las personas: • Establecer mecanismos de evaluación, acreditación y certificación, con base en los criterios de la Comisión de Certificación de Conocimientos, Competencias y Capacidades Adquiridas Durante la Vida y el Trabajo, los estándares institucionales y las Normas Técnicas de Competencia Laboral.

• Diseñar y operar una base de datos para el registro de las personas participantes en estos procesos.

Para los servicios: • Establecer una tipificación de los servicios apoyados por el SINACATRI. • Generar un esquema de homologación de estándares de calidad sobre los distintos tipos de servicios tipificados.

• Establecer mecanismos de evaluación, acreditación o certificación de los servicios, con base en los estándares de calidad definidos por el SINACATRI. Mecanismo operativo: 31

A fin de orientar el desarrollo de las líneas de acción, se instalará una Comisión Permanente de Evaluación, Acreditación y Certificación, que se encargará de los siguientes aspectos: • Definición de los referentes y estándares para la evaluación, acreditación y certificación de las personas y servicios.

• Establecimiento de los mecanismos de articulación interinstitucional en esta estrategia.

• Integración de una red de prestadores de servicios y organismos especializados en evaluación, acreditación y certificación para el medio rural.

• Realización de acciones de formación para el desarrollo de capacidades de evaluación, acreditación y certificación, en prestadores de servicios y organismos especializados.

• Inclusión de la componente de evaluación, acreditación y certificación, en todo programa y acción destinada al desarrollo de capacidades.

VI.4 Red Nacional de Infraestructura para la Formación Rural

Objetivo: Integrar la Red Nacional de la Infraestructura de Formación en Apoyo al Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural, que estará compuesta por la capacidad instalada con que cuentan las instancias participantes en el SINACATRI para llevar a cabo las acciones de formación en el medio rural.

Las líneas de acción fundamentales para la construcción y funcionamiento de esta red serán: • Identificar la infraestructura educativa disponible en el medio rural para la atención de jóvenes y adultos.

• Establecer una base de datos sobre la infraestructura disponible, describiendo: ubicación, servicios, equipos, infraestructura y mecanismo de acceso.

• Facilitar a la población rural el acceso a la infraestructura educativa, a efecto de fortalecer las acciones de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría especializada.

Mecanismo operativo: Para impulsar el desarrollo de las líneas de acción, el INCA RURAL diseñará una base de datos para el conocimiento de la infraestructura educativa en el medio rural, por lo que se promoverán las siguientes actividades

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• Diseño de una página Web por el INCA RURAL que facilite el acceso de la población rural, prestadores de servicios y organizaciones económicas y sociales, a la información sobre la infraestructura educativa en el medio rural.

• Aprovechamiento de la infraestructura educativa (centros de capacitación, plazas comunitarias rurales, planteles educativos, centros comunitarios de aprendizaje, tele-aulas, auditorios, etcétera), en el desarrollo de los programas de capacitación a nivel municipal.

VI.5 Redes Nacionales de Profesionales Rurales

Objetivo: Integrar las redes nacionales de los diferentes tipos de profesionales dedicados al desarrollo de capacidades en la población rural, a fin de facilitar su articulación con la demanda del sector.

Las líneas de acción fundamentales para la construcción y funcionamiento de estas redes serán: • Elaborar una tipología de los servicios destinados al desarrollo de capacidades en el sector rural.

• Establecer estándares de calidad, normas técnicas de competencia laboral y mecanismos de calificación de los profesionales, a fin de evaluar, acreditar y certificar sus capacidades.

• Diseñar una base de datos, aprovechando las ya existentes, que permita el registro de los profesionales, conforme a la tipología establecida, para proporcionar la información a la población rural.

Mecanismo operativo: Para impulsar las Redes Nacionales de Profesionales Rurales se conformará una comisión permanente de trabajo, integrada por representantes de SAGARPA, INCA RURAL, Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Economía a través del FONAES, Financiera Rural y el Instituto Mexicano de Educación para el Desarrollo Rural, que asegure el desarrollo de los siguientes aspectos: • Identificación y revisión de las diferentes redes de profesionales promovidas por las instituciones del sector.

• Homologación de estándares, referentes y criterios de calidad que aseguren el adecuado registro y desarrollo de los servicios profesionales.

• Diseño de los mecanismos de evaluación, acreditación y certificación de los profesionales y técnicos dedicados al desarrollo de capacidades en el sector rural.

• Diseño de una base de datos y una página web sobre el registro de los profesionales, conforme a los distintos tipos de servicios, que permita el fácil acceso a la población rural.

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VII PRESUPUESTO Para financiar el Programa Nacional deberán considerarse tres ámbitos de concertación: Federal, Estatal y Municipal.

En el ámbito Federal, se conformará el Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación Rural, conforme a lo establecido por la LDRS destinado a la operación de las acciones de capacitación, formación, asistencia técnica y consultoría dirigidas a la población rural.

En este marco, para cada organismo participante se firmará un Anexo Técnico a efecto de precisar el monto y tipo de recursos , así como su esquema de aportación; dichos recursos deberán sujetarse a lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente a la suficiencia presupuestaria y a las disposiciones legales federales aplicables.

Particularmente, se promoverá el establecimiento de acuerdos de coordinación interinstitucional donde se especifiquen los mecanismos de contribución para dicho Fondo.

En este esquema de financiamiento, en el ámbito Federal se canalizarán recursos fundamentalmente para tres vertientes: • Desarrollo de la oferta institucional.

• Desarrollo de programas locales.

• Evaluación, acreditación y certificación de capacidades.

Los Anexos Técnicos que suscriba cada organismo participante deberán ser in-formados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública.

Particularmente, en lo relativo al desarrollo de programas locales, los recursos que para ello se destinen habrán de concertarse, en primera instancia, con los gobiernos de los estados, a efecto de conformar una bolsa de recursos destinados a las acciones de los programas estatales y distritales que se acuerden, mismos que sustantivamente se orientarán al apoyo de los municipios con mayores índices de marginación y pobreza, a fin de que desarrollen capacidades en la población prioritaria y fortalezcan los sistemas productivos de mayor inclusión social. Para ello, se firmará un convenio de colaboración entre el estado federado y la Secretaría Ejecutiva del SINACATRI. En lo referente al ámbito municipal, en el marco del convenio entre Federación y estado, se establecerá un anexo de ejecución que dé sustento al desarrollo de un programa municipal en el que se asegure la aportación de recursos federales, estatales y municipales, desde la perspectiva de la concurrencia de los instrumentos de apoyo para el desarrollo rural en el municipio.

Con objeto de asegurar el sustento financiero para la continuidad y crecimiento del Programa, es conveniente que, de las inversiones productivas para el desarrollo, los municipios destinen un porcentaje para la realización de acciones destinadas al 34

desarrollo de capacidades en la población rural que aseguren el adecuado uso, manejo y fortalecimiento de los proyectos derivados de dichas inversiones.

Los recursos que aportan las diversas instituciones, organismos e instancias que participan en el Programa será conforme a sus presupuestos aprobados, ya que no se autorizarán ampliaciones líquidas para este concepto.

VIII METAS En las metas del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral 2004-2006, se estimó el incremento gradual, en función de la consolidación de los procesos y acciones derivadas de las líneas generales de estrategia.

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A continuación se relacionan las acciones y alcances de las metas definidas para el Programa: ESTRATEGIAS Desarrollo de la oferta institucional

Desarrollo de programas locales

ESTRATEGIAS

UNIDAD DE MEDIDA

2004

200 5

200 6

Organización de la oferta institucional en base de datos

Instituciones registradas

20

25

35

Promoción y difusión de acciones e instrumentos de apoyo

Comunidades rurales con información

100 mil

200 mil

250 mil

Atención a la población rural objetivo

Pobladores rurales atendidos

450 mil

480 mil

530 mil

Información de acciones a realizar (pag. Web)

Porcentaje de acciones informadas

30

70

90

Información sobre acciones realizadas (Pag. Web)

Porcentaje de acciones informadas

30

70

90

Elaboración de programas locales

Programas locales (Municipios)

40

200

400

Atención a la población prioritaria

Pobladores rurales atendidos

32 mil

160 mil

320 mil

Incorporación de enfoques participativos

Porcentaje de acciones con enfoque participativo

70

80

90

Desarrollo de la participación social

Porcentaje de programas establecidos con participación social

80

85

90

ACCIONES

UNIDAD DE MEDIDA

200 4

200 5

200 6

Establecimiento de mecanismos de evaluación, acreditación y certificación

Personas acreditadas o certificadas

16 mil

80 mil

160 mil

Operación del registro rural de personas acreditadas o certificadas

Personas acreditadas o certificadas

3 mil

10 mil

30 mil

Establecimiento de un sistema de estándares de calidad en servicios

Programas o servicios acreditados o certificados

20

50

100

Red Nacional de Infraestructura para la Formación Rural

Identificación de la infraestructura disponible

Porcentaje de identificación

80

90

100

Registro en base de datos de la infraestructura disponible

Porcentaje de registro

70

85

100

Redes Nacionales de Profesionales Rurales

Definición de la tipología de servicios

Porcentaje de servicios tipificados

90

100

100

Normalización de los servicios

Porcentaje de servicios normalizados

50

70

85

Registro en la base de datos de los profesionales acreditados o certificados

Profesionales registrados

3 mil

4 mil

5 mil

Evaluación, Acreditación y Certificación

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ACCIONES

IX SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Para asegurar el adecuado cumplimiento de las estrategias, acciones y metas del Programa Nacional, la instancia responsable de evaluar y dar seguimiento a lo programado será el INCA Rural, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del SINACATRI, en coordinación con los integrantes del Comité Técnico del SINACATRI, con el que podrá acordar la formación de las comisiones de trabajo que se considere necesarias para tales fines.

En este sentido, se establecerá un mecanismo de seguimiento y evaluación que tome como referencia lo indicado en el punto VII Proyección 2004-2006, a efecto de verificar su cumplimiento en términos cuantitativos. Adicionalmente, se realizará un análisis para el cumplimiento cualitativo de las acciones, considerando lo estipulado en las estrategias y líneas de acción definidas para este Programa Nacional.

Con base en lo anterior, el INCA Rural realizará evaluaciones trimestrales y una evaluación anual, con el fin de proponer a los miembros del SINACATRI las adecuaciones o acciones correctivas que considere pertinentes para el buen desempeño del Programa Nacional, particularmente para asegurar su apego a la política nacional en la materia.

En este sentido, los resultados de las evaluaciones antes mencionadas y las propuestas que al efecto se deriven, se presentarán al SINACATRI, conforme al calendario de sesiones del Comité Técnico.

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