Equidad de género by Alesia Rivera

Alentamos a todas y todos a copiar, reproducir y difundir total o parcial las ideas que aquí se exponen por todos los medios; favor de citar la fuente. Este material es total o parcialmente financiado por ASDI y SCC no comparten necesariamente las opiniones aqui expresadas. La responsabilidad del contenido es exclusivamente del autor. Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H)

Coordinadora de Proyecto: Eva Urbina Asistente de coordinación: Dilcia Zavala Investigadoras: Adelay Carías Reyes y Reyna Cálix Revisión y edición: Ana Sosa Diseño y diagramación: Alesia Rivera Fotografías: Ana Sosa y Archivos CEM-H

Primera edición Octubre 2009

Índice Introducción

Capítulo 1. La situación de las mujeres en el área rural 1. Breve historia de la pobreza rural en Honduras 2. La situación de las mujeres en el campo 3. La participación de las mujeres en la producción agrícola

Capítulo 2. Legislación y políticas nacionales con enfoque de género en el agro 1. Normas internacionales 2. Legislación nacional 3. Políticas públicas Capítulo 3. Avances y dificultades en la implementación de la PEGAH 1. Avances en la implementación de la PEGAH 2. Dificultades en la implementación de la política Capítulo 4. Los programas y proyectos 1. Programas y proyectos ejecutados 2. Proyectos específicos •• Proyectos productivos •• Seguridad alimentaria •• Proyecto PESA •• Conservación del medio ambiente •• El Bono Tecnológico •• Estrategia para la Reducción de la Pobreza, ERP •• La Red Solidaria •• Programas de Agronegocios

11 13 17 21 23 25 29 39 41 46 55

•• Capacitación y acceso a tecnología •• Programas de acceso a crédito y cajas rurales •• Acceso a la tierra •• El Programa de Reasignación Familiar (PRAF) •• Comedores solidarios •• Proyectos no tradicionales •• Proyectos con mujeres indígenas Capítulo 5. El impacto de los programas y proyectos en la vida de las mujeres •• Participación de las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo •• Aumento de los ingresos de las mujeres y control de las ganancias obtenidas •• Mejoramiento de su calidad de vida •• Acceso a la tierra •• Aumento de los niveles organizativos de las mujeres •• Aumento de los niveles educativos (educación formal y alternativa) y capacitación en derechos •• Mejoramiento de su salud sexual y la salud reproductiva •• Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres •• El empoderamiento de las mujeres

69 70 72 73 74 75 3

78 79 80 81 83 84 85

57 Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

64 65 67 68 69

Cuadro N ˚ 1. Rama de actividad por sexo

Cuadro N ˚ 2. Programas y proyectos ejecutados por la SAG que incluyen mujeres beneficiarias

Cuadro N ˚ 3. Programas y Proyectos Sector Público Agrícola

Cuadro N ˚ 4. Algunos programas y proyectos del sector público agrícola que apoyan la formación y desarrollo de cajas rurales (2007)

Cuadro N ˚ 5. Proyectos en ejecución año 2008. Departamento de Género. Fondos Externos y Nacionales

Cuadro N ˚ 6. Proyectos ejecutados por el INA (2007)l

Cuadro N ˚ 7. Clasificación de la asistencia técnica recibida por sexo en el área rural

Cuadro N ˚ 8. Acceso a crédito en el área rural según montos y sexo

Cuadro N ˚ 9. Tenencia de la tierra por extensión, desagregada por sexo 66

Introducción

Las

mujeres que viven en el campo trabajan la agricultura tanto al interior como fuera de sus unidades domésticas. Realizan largas caminatas a través de las montañas para garantizar agua en sus hogares. Para salir de la pobreza, establecen pequeñas empresas a las cuales dedican su vida. Además, siembran plantas medicinales y construyen sus propias viviendas. En fin, son madres, abuelas, esposas, tías, curanderas, costureras, panaderas, maestras, artesanas, artistas, escritoras y poetas. También son migrantes. Algunas dejan atrás la residencia familiar en busca de empleos como trabajadoras domésticas u obreras en las maquilas en las grandes ciudades. Otras cruzan las fronteras hacia los países del norte, poniendo en riesgo sus vidas e integridad, se movilizan hacia nuevos horizontes. Conviven con la naturaleza, constituyen su fuerza y, además, son sus cuidadoras. Se organizan, reclaman, luchan y quieren que sus voces sean escuchadas. A pesar de todo lo arriba descrito, tanto su trabajo como su aporte a la economía son constantemente invisibilizados. Ellas no aparecen en las estadísticas. Este es el caso, a pesar que su trabajo “invisible” posibilita y garantiza la reproducción del sistema. Las horas que dedican al trabajo doméstico y al cuidado de las y los hijos, crean las condiciones para que los varones trabajen la tierra y adquieran su propiedad. Desde hace muchos años, organizaciones feministas y de mujeres han centrado esfuerzos en denunciar estas situaciones mediante el análisis de las inequidades y desigualdades de género. Con base en ello, estructuran propuestas de cambio con miras a lograr que los derechos de las mujeres sean incluidos como contenidos en las leyes y las políticas públicas. Aspiran a que la participación femenina sea considerada pieza clave en el desarrollo de los pueblos. De hecho, uno de los resultados de estas luchas fue precisamente la aprobación de la Política de Equidad de Género en el Agro, (PEGAH, 1999).

Cabe mencionar que es una de las primeras políticas públicas contentivas de derechos de las mujeres aprobadas en Honduras. Contiene el marco conceptual, normativo y estratégico que apuntala a la incorporación de las mujeres en la vida productiva del país. A diez años de su implementación, se han logrado algunos cambios; entre estos, puede mencionarse reformas legales relacionadas con el derecho a la tierra, la creación de instancias especializadas encargadas de velar por la implementación de la PEGAH y la progresiva 5 incorporación de las mujeres en las estrategias de desarrollo. Sin embargo, aún quedan muchos obstáculos por superar. Ejemplo. El porcentaje de mujeres participando en los programas y proyectos es inferior al de los varones. Las acciones dirigidas exclusivamente a las mujeres son escasas, a baja escala y de baja rentabilidad -en términos de generación de ingresos- y con montos muy por debajo a los proyectos realizados con los varones. Además, persistente la tendencia a proponer estrategias productivas que reproducen los roles tradicionales de las mujeres. No es ocioso recordar que estas estrategias se limitan a la generación de alternativas productivas y no tomar en cuenta que para ser exitosas necesitan incluir factores que coadyuven a la transformación de los factores culturales. De más está decir que estos últimos están detrás de la subordinación femenina. En gran medida, todo lo arriba descrito está vinculado a la falta de voluntad política real desde el Estado. En efecto, esta carencia se expresa a través de lo siguiente: insuficiencia de la asignación presupuestaria a programas y proyectos que se realizan con mujeres; bajo apoyo a las instituciones encargadas de implementar la PEGAH y las demás políticas sectoriales. A ello es preciso sumar, la falta de sensibilización de las autoridades y del personal técnico sobre los problemas enfrentados por las mujeres en el campo. En todo caso, esto último implicaría trabajar desde la perspectiva de género lo

cual conlleva la formulación de estrategias orientadas al logro de un cambio sustancial en la situación y condición de las mujeres.

La necesidad de contar con evidencias que den cuenta del nivel de implementación de la PEGAH y los impactos de las acciones realizadas por el Estado motivó al Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) a realizar esta investigación. En efecto, este ejercicio investigativo brinda -desde la propuesta teórica feminista- una mirada crítica a las acciones y medidas implementadas en el país, específicamente, con las mujeres que viven en el área rural. El Capítulo 1 contiene un análisis de la situación de las mujeres rurales. Arranca con una descripción de la pobreza rural en Honduras y la situación del agro en el país. Aborda los problemas específicos que viven las mujeres en el campo, a ser: pobreza, empleo, ingresos, educación, salud, violencia contra las mujeres, acceso a puestos de decisión e inserción en las actividades productivas. Se clarifica la importancia del trabajo femenino no asalariado para la economía familiar así como para la economía del país. En el Capítulo 2 describe y analiza el contenido de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y las políticas públicas que rigen la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo. Este ejercicio permite conocer el marco normativo vigente en el país contentivo de los derechos de las mujeres rurales al igual que las obligaciones del Estado consignadas en estos instrumentos. Entre tanto, el Capítulo 3 incluye un balance de los avances y limitaciones enfrentados al implementar la PEGAH. Por un lado, enfatiza en la creación de la institucionalidad necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y fines contrastando con el debilitamiento o desaparición de las unidades de género creadas dentro del sector público agrícola. Por otro, revisa la falta de claridad conceptual y metodológica sobre las implicaciones de la inclusión del enfoque de género en el accionar del Estado.

El Capítulo 4 está dedicado al análisis y descripción de los siguientes: programas y proyectos que se ejecutan con mujeres –o, por lo menos, las incluyen-; porcentajes de participación de las mujeres por institución; y, ejecución de algunos programas y proyectos específicos. La lista incluye: seguridad alimentaria, bono tecnológico, programas de agro negocios, proyectos de vivienda, cajas rurales, huertos familiares, proyectos productivos, comedores solidarios y proyectos no tradicionales al igual que los contenidos en la ERP, PROYECTO PASA, Red Solidaria y Programa de Reasignación Familiar (PRAF). Desde nuestro punto de vista, en el Capítulo 5 desarrollamos uno de los aportes más importantes de esta investigación y es el análisis de los impactos concretos de estos programas y proyectos en la vida de las mujeres. Abordamos temas a ser: el aumento de ingresos y el control de los recursos productivos así como las ganancias obtenidas y el acceso a la tierra. De igual manera, revisamos el mejoramiento de su salud sexual y reproductiva, el aumento de sus niveles educativos, la prevención y erradicación de la violencia y mejoramiento de su calidad de vida. Este análisis nos permite comprender cómo todo esto incide en los niveles de empoderamiento. No está de más decir que su incremento debe ser el fin último de toda acción a realizar con y hacia las mujeres. Para recabar la información necesaria en este análisis, se utilizó fuentes primarias y secundarias. La revisión bibliográfica incluye las principales investigaciones y documentos realizados en Honduras. Estas fuentes abordan temas a ser: la situación de las mujeres en la zona rural, la normativa internacional y nacional así como políticas públicas vigentes en nuestro país. De igual manera, se revisó los informes proporcionados por instituciones del sector público agrícola. Esto fue acompañado con entrevistas a informantes clave y un grupo focal con mujeres campesinas organizadas provenientes de todo el país. El trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2009.

Entre las dificultades enfrentadas, cabe resaltar las siguientes: escasa voluntad del personal técnico -que trabaja en el Estado- de darnos su tiempo para las realizar entrevistas; imposibilidad de obtener informes sobre el trabajo de algunas instituciones del Estado; y, la negativa de muchas instituciones de brindarnos información sobre presupuestos ejecutados. Todo ello, en su conjunto, viola la ley sobre transparencia y el acceso a la información pública. Este documento da cuenta de nuestras preocupaciones pero, también, de nuestras esperanzas y propuestas. Esperamos que sean tomadas en cuenta por las personas encargadas de implementar las políticas públicas y hacer cumplir las leyes. Ello abonaría en la construcción de un país diferente con igualdad y equidad para nosotras (las mujeres).

Breve historia de la pobreza rural en Honduras

A pesar de la paulatina pérdida de importancia y centralidad de la producción agropecuaria en la economía nacional, todavía para el 2002, el sector rural aportaba el 70% de las divisas del país. Destacaban los rubros del café, banano, palma africana, carne, y otros productos agrícolas no tradicionales. Para esa fecha, el INE calculaba que en el país unas 330.000 personas se dedican a la producción agropecuaria. De estas, un tercio eran medianos productores o finqueros. Un 72% cultivaban café, el 71% hortalizas, un 57% tabaco, 43% fríjol, 40% maíz y, finalmente, un 40% tubérculos1. Dentro de la llamada división internacional del trabajo, nuestro país pertenece a los denominados “países de la periferia”. Nuestra economía se ha caracterizado por la exportación de productos que, por lo general, están sometidos a cambios en la demanda y a las fluctuaciones en el mercado internacional. Ello ha provocado una alta vulnerabilidad del sector agrícola a factores externos. A todo esto, hay que sumar las desigualdades en el campo relacionadas con la tenencia de la tierra, el acceso a crédito y tecnología, así como el fracaso de los esfuerzos estatales por reactivar la economía rural. El origen de la pobreza rural en nuestro país está intrínsecamente vinculado a la estructura social y agraria heredada de la Colonia que despojó de la tierra y de los recursos productivos a la mayor parte de la población indígena y campesina. Estas poblaciones lograron sobrevivir las guerras, las pestes y la esclavitud. La consolidación de los Estados naciones modernos -producida en la época independentista- si bien trajo transformaciones radicales en el régimen político y social, no logró transformar la estructura de la propiedad de la tierra. Por el contrario, profundizó las desigualdades existentes. 1 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Encuesta Agrícola Nacional 2001-2002. Tegucigalpa: 2002.

Esta situación permaneció prácticamente inalterada hasta 1974. En ese año, se aprobó la Ley de la Reforma Agraria permitiendo un mayor acceso de las y los campesinos a la tierra. Sin embargo, “al no estar complementada con políticas igualmente ambiciosas que apoyaran la formación de mercados, de redes de comercialización, de transferencia tecnológica y de capacitación de productores, su impacto fue limitado”. Los campesinos adquirieron tierras; empero, no lograron hacerlas productivas y rentables. La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (aprobada mediante Decreto 31-92, en el año de 1992) marca una nueva etapa 11 en la historia de nuestro país. El objetivo fundamental de la misma consistía en redirigir la producción agrícola hacia los mercados externos; con la salvedad, de no contemplar medidas encaminadas a facilitar la inserción de las y los pequeños campesinos en la economía agraria. De sobra es sabido que permitió la implementación de una nueva forma de explotación de la tierra introduciendo la figura del «arrendamiento». Esta propicia que los dueños de los grandes latifundios arrenden la tierra a pequeños campesinos quienes pagaban el uso de la tierra con dinero o con cosechas. Esta ley formó parte de una serie de medidas macroeconómicas implementadas por el Estado con el objetivo de «modernizar» la economía y reducir la intervención gubernamental. Caminó de la mano con la liberalización de los mercados financieros y el comercio agropecuario; asimismo, con la eliminación de los controles sobre las tasas de interés y los precios de los productos agrícolas, entre otras. Si bien es cierto que todas estas medidas permitieron la expansión de los cultivos de productos no tradicionales y una mayor apertura del mercado externo, no menos cierto es que trajeron, entre otras consecuencias, la reducción de los servicios del Estado al sector rural. Esta afirmación podemos ilustrarla como sigue: contracción de compras directas de granos básicos acompañada de una baja en el financiamiento y eliminación de la asistencia técnica. Tampoco se incrementó el acceso a la tierra y a los recursos productivos por

parte del campesinado. En consecuencia, no hubo reducción de la pobreza ni una distribución más equitativa de los recursos productivos (como es el caso de la tierra). Para muestra un botón, hasta el día de hoy, todavía 1.5 millones de hectáreas de tierras nacionales y ejidales de uso agrícola y ganadero continúan sin títulos. En el sector reformado, existen alrededor de 1,300 grupos beneficiarios de la Reforma Agraria que debido a problemas legales, técnicos y financieros no han legitimado la propiedad de la tierra que ocupan. Una situación similar se presenta con las tierras ocupadas por los pueblos indígenas y afrodescen12 dientes. Adicionalmente, el acceso a tecnología, sobre todo, en lo relacionado con agua para cultivo representa otro problema grave. Tan es así que sólo un 22.2% del total de tierras con vocación agroforestal tienen instalados sistemas de irrigación en el país. Un factor adicional que agravó la vulnerabilidad de las y los trabajadores del campo –así como de la población en general- fue la implementación simultánea de los Programas de Ajuste Estructural (llamados popularmente «paquetazos»). Incluían medidas para reducir las inversiones públicas en salud y educación así como el encarecimiento de los servicios públicos (entre otras) las cuales catapultaron la pobreza y la precariedad social. Por otra parte, la debilidad institucional para hacer cumplir el marco normativo y de políticas en relación al manejo y conservación de los suelos, los recursos naturales y gestión de riegos ante fenómenos climáticos se han confabulado para hacer del agro uno de los sectores más vulnerables de la economía. Esto quedó plenamente evidenciado con el lastre de destrucción y muerte dejada por el huracán y tormenta tropical Mitch. Estos factores históricos y coyunturales han provocado que el agro no logre incrementar la productividad a pesar de las medidas tomadas para modernizar y reactivarlo. A lo largo del quinquenio de 1997-2002, el PIB agropecuario hondureño creció cerca de 5%; sin embargo, este crecimiento fue mucho más lento que el patrón

histórico del país. Durante las décadas de los ochenta y noventa, este indicador creció en promedio un 14% por quinquenio; es decir, casi tres veces más rápido que en el quinquenio 1997-2002. Al analizar los datos sobre productividad, se observa que durante el período de 1998-2003, la productividad de los trabajadores del sector rural cayó en un 12%2. En breve, el crecimiento en términos del PIB, no da cuenta de un crecimiento equitativo y redistributivo de la riqueza porque proviene de la explotación extensiva de productos agrícolas para la exportación. Las medidas no propician una mayor distribución de la riqueza debido a que la mayor parte de las y los campesinos que se dedican a la producción agrícola -quienes constituyen el 40% de la Población Económicamente Activa o PEA3 nacional- se insertan en actividades de baja productividad. Este es el caso del trabajo informal no agropecuario y el agropecuario tradicional los cuales están contenidos en la denominada «economía campesina» o «economía de subsistencia». Lo arriba expuesto es paradójico porque, cada vez más, la familia campesina enfrenta problemas para satisfacer las necesidades alimenticias básicas. Estudios realizados destacan que el ingreso per cápita rural hondureño es el segundo más bajo de toda la región centroamericana; solamente Nicaragua, cuenta con un ingreso per cápita rural inferior. Existen, además, evidencias de que Honduras es el país centroamericano con mayor grado de desigualdad de ingreso en las áreas rurales. El porcentaje del ingreso del 20% más pobre en el área rural es 29 veces menor que el porcentaje del 20% más rico. 2 Ricardo Paes de Barros y otros. Pobreza rural en Honduras. Magnitud y determinantes. (Tegucigalpa, Alin Editora, S.A. 2006). Pp. 153. 3 La Población Económicamente Activa (PEA), se define como las personas mayores de 10 años que manifiestan tener algún empleo o bien, no tenerlo pero haber buscado activamente trabajo o buscar por primera vez. Para más información ver Instituto Nacional de Estadísticas, INE. XXXII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples – EPHPM. Mayo 2006. (Tegucigalpa, INE, 2006).

Todos estos factores han contribuido al aumento de la pobreza de las personas que viven en el campo. Datos revelan un incremento de la pobreza en 6 puntos porcentuales -entre 1998 y 2003- en la población rural la cual vive con ingresos per cápita inferiores al costo de la canasta básica4. Cabe señalar que la pobreza rural en Honduras no se acentúa de la misma manera en todas las regiones del país. En efecto, puede percibirse una diferencia de ingreso per cápita por región. En el norte, el ingreso es de 741 lempiras por mes; en el litoral Atlántico es de 713 lempiras por mes; entre tanto, en la región occidental apenas alcanza 311 lempiras por mes. Es decir, las primeras dos prácticamente duplican a la tercera. Las regiones con mejores ingresos poseen menores niveles de desigualdad, ya que el grado de pobreza rural en la región occidental es al menos 30 puntos porcentuales más alto que en regiones más prósperas del país. Los cambios en el contexto internacional vinculados a la globalización así como a la aprobación de tratados de libre comercio (TLC) – suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea- han venido a incrementar la pobreza de las personas que viven en el campo. Estos procesos se sustentan en la explotación de mano de obra barata, la flexibilización del trabajo, la eliminación de las barreras legales, comerciales y arancelarias favoreciendo a los países más ricos. Asimismo, la privatización de los servicios públicos así como la explo— tación irracional de los recursos naturales ha traído más pobreza al país -y, a toda la región centroamericana y latinoamericana- dado que acentúan los procesos de exclusión social y de pauperización de la fuerza laboral5.

pobreza ha aumentado en términos absolutos en todo el país; no obstante, también indican que este incremento incide con mayor rapidez en la población femenina. Entre los años 1991 y 1999, el porcentaje de mujeres que viven en pobreza aumentó de un 53.2% a un 60.4%. En cambio, para los varones el aumento fue menor; para este mismo período, la pobreza masculina pasó de un 34% a un 38.4%. Otro indicador que puede servir para ilustrar este hecho es el índice de Desarrollo relativo al Género (IDG). Este mide el logro en las mismas dimensiones y con las mismas variables -educación, salud e 13 ingresos- que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) con la cualidad de incorporar indicadores que miden la desigualdad entre mujeres y hombres. Este índice muestra que en Honduras existe una significativa diferencia entre el valor del IDH (0.667) y el IDG (0.650). En efecto, refleja la presencia de importantes inequidades en el acceso a capacidades básicas entre hombres y mujeres. El único campo en el cual se reporta mejoras a favor de las mujeres es en la educación. Para el período 2002 al 2007, se observa una disminución del analfabetismo en las mujeres al pasar de un 19.7% a un 17.5%. Cabe mencionar que los avances son más evidentes en las zonas rurales que en las urbanas, donde por cada hombre alfabetizado hay cinco mujeres alfabetizadas. En cambio en las ciudades, por cada hombre alfabetizado sólo hay una mujer alfabetizada.

Las estadísticas existentes muestran que, en los últimos decenios, la

Tanto en el campo como en las zonas urbanas, las niñas alcanzan más años de estudio promedio que los niños (4.1 frente a 3.8 años de estudio, respectivamente). Las tendencias muestran que la tasa de repitencia escolar es mayor en los varones (12.2%) que en las mujeres (8.8%). Este es el caso en el área urbana al igual que en el área rural6.

4 Idem anterior, Pp. 7. 5 María Rosa Renzi. Perfil de género de la economía del istmo centroamericano (19902002). Consideraciones y Reflexiones desde las Mujeres. (Managua, PNUD, 2002).

6 Instituto Nacional de Estadística, INE. Sistema de Indicadores de la Mujer, Adolescencia y Niñez. SISNAM. Indicadores de Educación. 2008. (Tegucigalpa, INE, 2008).

La situación de las mujeres en el campo

A pesar de las mejoras logradas en la reducción de las desigualdades entre los géneros en la educación, del total de población sin ningún nivel educativo, todavía el 51% son mujeres frente al 49% de hombres. Persiste una brecha de unas 90, 000 mujeres más que varones sin ningún nivel educativo7. No podemos obviar que debido a los roles de género y al hecho que los hombres se insertan con más facilidad que las mujeres en el mundo público y laboral, las mujeres tienden a no utilizar los conocimientos adquiridos; por lo tanto, van “desaprendiendo” a 14 leer y olvidando lo que han aprendido. Por esa razón consideramos que no se puede concluir que la reducción del analfabetismo en las mujeres implica, necesariamente, un mejoramiento en su situación educativa. Además, esta mayor equidad entre los géneros en materia educativa no se ha traducido en mayor ni mejor acceso al mercado laboral por parte de las mujeres. Esto es particularmente cierto en las zonas rurales donde la estructura del empleo y de la producción ha provocado una mayor contracción del mercado laboral. Los efectos han sido más adversos en el empleo femenino como suele ocurrir en contextos de crisis. Los problemas de acceso a empleo enfrentados por las mujeres que viven en el campo se reflejan en su participación en la PEA rural. Esta es de 39.9% para las mujeres frente a un 58.3% para los hombres mostrando una diferencia de 18 puntos porcentuales8. Sin embargo, es oportuno subrayar que esta diferencia en la PEA masculina y femenina es provocada por el sesgo de género que persiste en el diseño de indicadores y en la generación de estadísticas. La PEA no incluye las 800,000 mujeres que ejercen en forma invisible actividades agrícolas. 7 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. XVI Censo de Población y V de Vivienda. (Tegucigalpa, INE, 2001). 8 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras (Tegucigalpa, FAO, 2008). Pp. 88.

Según un estudio realizado sobre la pobreza rural en Honduras (2003), el porcentaje de mujeres “ocupadas” en el área rural disminuyó en un 10% de 1998 al 2003. Ello contrasta con la situación de los varones donde el porcentaje de hombres ocupados aumentó en un 6.3% en este mismo período. En las ciudades se da una situación inversa, las mujeres tienen menos problemas para insertarse en el mercado laboral. En ese caso, la PEA femenina ha crecido más que la masculina9. Para el 2007, un 39.9% de las mujeres se ubican dentro de la PEA, acompañado por un 58.3% de varones10. Los indicadores sobre desempleo también permiten ver que la Tasa de Desempleo Abierto (TDA)11 en la zona rural es más alta para las mujeres que para los varones (3.1% y 6.1%, respectivamente)12. Entre tanto, la Tasa de Subempleo Visible (TSV) es más alta en las mujeres que en los hombres (7.6% y 5%); sin embargo, la Tasa de Subempleo Invisible (TSI) femenina está muy por debajo de la masculina (29.3% y 50.0%)13. Quizá, ello no significa necesariamente que las mujeres tienen menos problemas para insertarse en el mercado laboral; sino, indica que ellas tienen aún más dificultades que los varones hasta para conseguir empleos caracterizados por largas jornadas de trabajo y con ingresos inferiores al salario mínimo. Cuando la información es desagregada por rama de ocupación laboral, podemos ver que los hombres se emplean mayoritariamente 9 Ricardo Paes de Barros y otros. Pobreza rural en Honduras... Pp. 206. 10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO Situación de la Mujer Rural... Pp. 88. 11 En la Tasa de Desempleo Abierto (TDA), se incluyen personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo. En la Tasa de Subempleo Visible (TSV) se incluyen las personas que estando ocupadas, trabajan menos de 36 horas a la semana y desean trabajar más. En la Tasa de Subempleo Invisible (TSV) se incluyen aquellas personas que trabajan más de 36 horas semanales y tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Para más detalles ver Instituto Nacional de Estadísticas, INE. XXXII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples... Pp. 18. 12 Idem anterior. Pp. 13 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural... Pp. 95.

en la agricultura (47.7%), seguido por la rama de comercio, hoteles y restaurantes (14.2%), y por la construcción (10.1%). Mientras, la rama de actividad en la que más se emplean mujeres es en el sector comercio, hoteles y restaurantes (34.6%) seguida por servicios (28.8%). Apenas un 10% de las mujeres ocupadas se emplean en la agricultura lo cual muestra que la producción agrícola es una rama que sigue siendo dominada por hombres. Cuadro N ˚ 1.

Si bien los procesos de la globalización han propiciado la creación de nuevos espacios de trabajo para las mujeres, estos empleos son mal remunerados, y en condiciones que constituyen graves amenazas para la salud e integridad de las mujeres. Este es el caso del empleo en las maquilas. Es necesario recordar que este sector ha crecido con mucha rapidez en el último decenio y emplea mayoritariamente fuerza laboral femenina. Estudios recientes muestran que a medida que incrementa el salario devengado en las maquilas aumenta el porcentaje de hombres empleados en este sector.

Rama de actividad por sexo Rama de Actividad Agricultura, silvicultura, caza y pesca

Hombres

Mujeres

47.7

10.0

Explotación de minas y canteras

0.4

0.1

Industria manufacturera

11.4

21.3

Electricidad, gas y agua

0.6

0.2

Construcción

10.1

0.3

Comercio / hoteles / restaurantes

14.2

34.6

Transp. / almac. / y comunicaciones

5.1

1.1

Estaba. Finac/ seguros/ bienes inmuebles y servicios

3.3

3.5

Servicios comunales, sociales y personales

7.3

28.8

No sabe/ no responde

0.1

Todos estos problemas de acceso a empleo inciden directamente 15 en las diferencias de ingresos entre los géneros, ya que del total de personas que reciben una remuneración por su trabajo, un 67.5% son hombres mientras sólo un 32.5% son mujeres. Las mayores desigualdades en relación a los ingresos laborales han ocurrido en las zonas rurales. Para el año 2004, las mujeres urbanas ganaban un promedio de 63% de lo que ganaba un hombre; mientras, en las áreas rurales este porcentaje apenas llegaba a 31.3%.

Las desigualdades en el empleo también se evidencian cuando las mujeres ocupan el 51.2% de los puestos profesionales y técnicos así como cuando sólo ocupan un 32.5% de aquellos de directoras, gerentes y administradoras. Esto es así, a pesar que en la actualidad, ellas cuentan con más años de estudio que los hombres14.

Otros obstáculos para la inserción de las mujeres en los procesos de desarrollo están relacionados con temas de salud de las mujeres en particular lo referido a las altas tasas de fecundad y maternidad que persisten en el país. Para el 2003, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) era de 3.3 hijos por mujer; siendo de 2.6 en el área urbana, y de 4.1 hijos en el área rural. El descenso de esta tasa verificado en este período es mayor en las zonas rurales (un hijo y medio) que en áreas urbanas (casi un hijo)15. Mientras, la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) -es decir, el número de nacimientos que en promedio ocurren anualmente por cada mil habitantes- es de 27 por mil para el total del país. Cuando se desagrega por locación, encontramos un nivel más bajo en el área urbana (24 por mil) frente el área rural (29 por mil). El porcentaje de nacimientos en madres menores de los 24 años de edad para el área urbana es de 39%, frente al 58.6% en las

14 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2006... Pp. 37.

15 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2005-2006. (Tegucigalpa, INE, 2006). Pp. 60-62.

Fuente: INE, EPHPM, 2004

áreas rurales. Por consiguiente, la edad media de la primeriza en el área urbana alcanza los 21 años de edad; mientras en el área rural, los 19 años. El alto número de hijas e hijos y la persistencia de una cultura que establece la crianza y cuidado como una responsabilidad exclusivamente femenina incide, sin duda alguna, en las dificultades enfrentadas por las mujeres para insertarse en el mercado laboral. Por consiguiente, las labores domésticas son realizadas en un 94.4% sólo por las mujeres. Este es otro factor que incide en una mayor pobreza y 16 dependencia porque este tipo de trabajo no remunerado tiende a realizarse en condiciones de servidumbre y esclavitud16. La falta de mecanismos sociales para asegurar el cumplimiento de los deberes de los padres en la manutención y crianza de sus hijas e hijos también incide en que al menos un 26% de los hogares en el país sean jefeados por una mujer. Por área de residencia, encontramos una proporción mayor en el área urbana (32%) que en la rural (20%)17. La Tasa de Mortalidad Infantil –da cuenta del número de muertes de niñas y niños menores de 1 año por cada 1,000 nacimientostambién es un indicador de los problemas de salud que se enfrentan en el campo. En las zonas rurales es de 33 por cada 1,000; mientras, en las zonas urbanas de 24 por cada mil. La mortalidad de la niñez mide las muertes en niñas y niños menores de 5 años y, también, es superior en las zonas rurales que en las urbanas (43 y 29 por cada 1,000 nacimientos, respectivamente18. La primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva (entre 12 y 49 años de edad) es el VIH/SIDA19. Hasta enero de 2007, se 16 Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Mujeres en Cifras. Honduras/2004. Indicadores socioeconómicos de la situación de las mujeres hondureñas. (Tegucigalpa, Publigráfica, 2005). Pp.45. 17 Idem anterior, Pp. 23. 18 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2005-2006... Pp. 124. 19 Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Mujeres en Cifras... Pp.12.

registraban un total de 24, 608 VIH Positivos. No obstante, se estima que debido a los problemas de subregistro esta cifra puede elevarse a 63, 000 personas20. Al analizar los datos por sexo, encontramos que hay más casos de SIDA en hombres (58%) que en mujeres (42%); no obstante, el 60% de los casos de VIH son mujeres. Este punto deja ver con claridad la feminización de la epidemia21. Entre tanto, el 37.7% de todos los casos de VIH/SIDA se reportan en las zonas rurales. Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés cuentan con la más alta concentración de casos; por consiguiente, las ciudades San Pedro Sula y Tegucigalpa son los epicentros. La alta incidencia de esta enfermedad en la población, sobretodo en la femenina, está vinculada con la persistencia de una cultura patriarcal que legitima el uso de la violencia y la subordinación contra las mujeres. Quizá, impide que las mujeres se nieguen a sostener relaciones sexuales de riesgo o puedan “negociar” el uso del condón. A ello es preciso agregar el impacto negativo de la religión, los fundamentalismos y los discursos conservadores los cuales alimentan que la sexualidad siga siendo un tabú. Es oportuno recordar que han coartado una educación sexual adecuada y acorde con los cambios sociales. Esto camina de la mano con la falta de interés y compromiso real del Estado en la prevención y atención de esta epidemia. No sorprende entonces que sólo un 2.9% del total de las mujeres con edades entre 15 y 29 años usan actualmente el condón masculino o preservativo el cual constituye el único método eficaz para prevenir los embarazos así como el VIH/SIDA. El porcentaje de mujeres que usan este método en el área urbana (3.8%) es mayor en relación a las áreas rurales (2.1%)22. 20 Secretaría de Salud. Informe Estadístico Mensual, 2006. 21 Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H. La vida vive en mi cuerpo. Factores socioculturales que inciden en el aumento de la infección del VIH/SIDA en las mujeres hondureñas. (Tegucigalpa, Conceptos Litho-Tec, 2008). 22 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2005-2006... Pp. 76.

De hecho, los problemas en la educación sexual y en los servicios de salud disponibles también inciden en el número de pacientes con cáncer, en especial, con cáncer uterino. Esta es una enfermedad fácilmente diagnosticable la cual, en la mayoría de los casos, es resultado de enfermedades transmitidas sexualmente no detectadas ni tratadas a tiempo. Por consiguiente, representa la segunda causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en el país23. Otra expresión asumida por el sistema patriarcal para legitimar la subordinación y opresión es la violencia contra las mujeres. De acuerdo con la ENDESA 2005-2006, al menos un 15% de las mujeres mayores de 15 años han sido maltratadas alguna vez en su vida. En el 62% de los casos, la persona que ejerció la violencia es el esposo/compañero o ex-pareja24. Esto pone en evidencia que la violencia perpetrada contra las mujeres está asociada al machismo y a una cultura que legitima el uso de la violencia como un mecanismo de control del cuerpo, sexualidad y libertad de las mujeres. En el área urbana hay un mayor porcentaje de mujeres maltratadas que en el área rural, (17% frente a 12%, respectivamente).

Morazán, con un 26.2% del total. Como es ampliamente conocido, estos dos departamentos reportan el 55.2% de las muertes violentas a nivel nacional25. Además de estos dos, los departamentos de Atlántida (7.3%), Comayagua (6%), Copán (5.5%), Yoro (5%) y Olancho (4.4%) presentan una alta incidencia de femicidio. A menudo, la desigualdad social enfrentada por las mujeres también se observa en su participación en puestos de decisión tanto en la política partidista tradicional como en otros espacios (organizaciones, patronatos, juntas de agua, etc.) A pesar de la Ley de Igualdad de Oportunidades -que aseguraría la participación de un 30% 17 de las mujeres en los diferentes puestos de elección popular- para el año 2005, tan sólo un 7.7% de las mujeres formaba parte de las diferentes corporaciones municipales (ya sea como alcaldesas o como regidoras de dichas corporaciones). Para ese mismo período electoral, apenas un 25% de las mujeres ocupa escaños en el Congreso Nacional26.

La participación de las mujeres en la producción agrícola

Quizá, el femicidio es la expresión más cruenta de violencia contra las mujeres. Se entiende por femicidio la muerte violenta de una mujer por causas relacionadas al género. Para el período comprendido del 2002 hasta la fecha, se estima que se han producido alrededor de 1,100 femicidios. En este año y el 2007, se duplicó el número de casos. Cabe resaltar que un 69% de los femicidios fueron perpetrados con arma de fuego. La zona norte es la región donde se presentan más casos de femicidios. El primer lugar lo ocupa el departamento de Cortés con un 29% del total perpetrándose en San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, y La Lima. No está de más recordar que estas ciudades concentran actividades comerciales y del sector maquilero. En segundo lugar lo ocupa Francisco 23 Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Mujeres en Cifras... Pp.12. 24 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDESA 2005-2006... Pp. 207.

De hecho, las mujeres se insertan en la economía productiva desempeñando un sinfín de actividades reproductivas y no reproductivas dentro y fuera del hogar. Estos trabajos y aportes a la economía son invisibilizados en los estudios y en estadísticas. Las mujeres trabajan jornadas dobles, superan crisis económicas, programas de ajuste estructural, conflictos armados y sequías. A menudo, desempeñan actividades no retribuidas las cuales no son tomadas en cuenta al momento de la planeación y elaboración de políticas y programas de desarrollo27. 25 Centro de Estudios de la Mujer. Investigación sobre Femicidios en Honduras, 2007. 26 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2006... Pp. 36. 27 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Mujer rural, escolaridad y empleo en el istmo centroamericano. (México, ONU/CEPAL, 2002). Pp. 12.

En efecto, la mujer rural se desenvuelve en casi todas las etapas de los procesos productivos. Ella participa especialmente en el corte de café, hortalizas, procesamiento del tabaco, cultivo de granos básicos, atención al huerto, etc. Los últimos estudios realizados muestran que en el país hay 48,540 mujeres productoras agrícolas por cuenta propia quienes representan un 9.7% del total del país. Un 56% son productoras de granos básicos; un 39% se dedican a cultivos permanentes, especialmente, café y en menor escala, al cultivo de productos tales como naranja, banano, cacao, palma africana, etc.; solamente, un 3% se dedica a la silvicultura y explotación de bosques; 18 y, finalmente, un 2% a cultivos anuales y un porcentaje igual cultiva productos tales como cebolla, chile dulce, tomate y papa28. Las mujeres, también, participan en la agricultura y se desempeñan como obreras en los rubros de agroexportación. Tal es el caso en la industria del camarón y los cultivos del café, banano y melón, donde fundamentalmente laboran en actividades de cosecha y empaque29. Hay rubros como la caficultora, donde la participación laboral femenina representa aproximadamente el 60%. En las empresas empacadoras de banano y camarón así como en las plantaciones de melón y sandía, las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral asalariada30. El cultivo de plantas medicinales y flores, la elaboración de artesanías de junco, tule, tuno, barro u otros materiales, al igual que la producción de pan, jaleas, encurtidos y otros productos alimenticios constituyen actividades donde se insertan las mujeres de las zonas rurales. Cabe notar que con mucha frecuencia la materia prima es 28 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: Mujer Rural Hondureña. Su rol en los procesos productivos agropecuarios y artesanales, incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo rural sostenible. (Tegucigalpa, INAM, 2003). Pp.25. 29 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras (Tegucigalpa, FAO, 2008). Pp. 91. 30 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña” Pp.97.

obtenida de los huertos familiares. La venta de la producción tiene a darse dentro de la misma comunidad. A pesar de la importancia que tienen todas estas actividades -tanto dentro como fuera de la unidad familiar- ni el trabajo de las mujeres ni su aporte a la economía del hogar son reconocidos. Hemos visto que las mujeres se insertan en una amplia diversidad de procesos productivos, sin embargo, es importante notar que ello es mediado por factores de edad, estado civil, respaldo familiar, escolaridad, etnia, etc. Vemos que la mujer joven sin niños ni cónyuge o dependientes bajo su cargo, tiene una relativa movilidad para buscar trabajo fuera de la comunidad; mientras, la mujer joven con cónyuge y con hijos e hijas pequeños/as, tiene más limitaciones para incorporarse a trabajos remunerados fuera de casa. Por su parte, las mujeres mayores de edad con hijas adolescentes -u otros familiares adultos en casa- tienen más oportunidades de incorporarse activamente a iniciativas de desarrollo individual o local31. De hecho, las mujeres también dedican gran parte de su tiempo a la recolección de leña y agua para el consumo familiar así como al trabajo en pequeñas parcelas o huertos familiares. Estas constituyen unidades de producción económica y de reproducción social donde cultivan granos básicos y otros productos centrales en la dieta básica (papa, yuca, tomates, chile verde y árboles frutales) al igual que productos como el tule. Asimismo, se dedican a la crianza de aves, ganado y cerdo; en algunos municipios del país, incluye el cultivo de tilapia. En síntesis, las mujeres participan en todas las etapas de la producción agrícola; o sea, en la siembra, preparación de la tierra, elaboración de insumos orgánicos, y la cosecha. No obstante, los hombres son quienes venden, obtienen ganancias del excedente que resulta de lo destinado para el consumo familiar y deciden sobre su uso32. 31 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. 2003. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña”...Pp.48 32 Instituto Nacional de Estadísticas, INE. Encuesta Agrícola Nacional... Pp. 16.

La falta de reconocimiento de las mujeres como productoras agrícolas, consecutivamente, ha provocado que se le de muy poco apoyo para la conformación de empresas agrícolas. De acuerdo a las cifras, apenas representan el 6% del total de productores/as del sector agrícola. Este porcentaje está muy por debajo de la participación en otro tipo de microempresas donde alcanza hasta un 52%33. A pesar de todos estos problemas, se observa un importante crecimiento en el número de mujeres a cargo de negocios, pequeñas empresas agrícolas y microempresas no agrícola. En forma organizada e individual se reportan tasas anuales de crecimiento de un 12% en agricultura y por encima de un 25% en la pequeña y en la microempresa no agrícola34. Todo lo arriba expuesto limita las posibilidades de que las mujeres sean consideradas beneficiarias de los procesos de titulación de tierras. Así pues, esto se evidencia en apenas un 10% de las tierras privadas nacionales inscritas a nombre de mujeres35.

La pobreza de las mujeres está también relacionada con el deterioro de los recursos naturales, sobre todo, lo referido a las fuentes de agua porque las obliga a recorrer muchos kilómetros al día para obtener el líquido vital. Dado que la mujer es la encargada de la economía doméstica y de los huertos familiares así como de la salud, el cuidado propio y de su familia, el deterioro de los suelos la obliga a buscar actividades generadoras de ingresos fuera del hogar. Todo esto constituye un conjunto que incrementa su carga de trabajo. 19

El mayor empobrecimiento de las mujeres, los problemas de empleo de las mujeres y su limitada participación en programas y proyectos productivos dirigidos al sector agrícola han traído como consecuencia el aumento de las corrientes migratorias femeninas dentro del país. Un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) en la ciudad de Choloma -ubicada en el Departamento de Cortés y con la más alta concentración de maquilas- señala que al menos un 63% de las obreras de las maquilas proceden de otros departamentos del país. Predominan Santa Bárbara, Yoro, Cortés y Comayagua como lugares de origen. Aún cuando es muy difícil el desarraigo de sus comunidades y de sus hogares, las mujeres se ven obligadas a migrar a otras ciudades -otros países- por la necesidad de una fuente de empleo y de ingreso36. 33 Idem anterior. Pp.62. 34 Idem anterior. Pp.27. 35 Oficina Técnica de la Cooperación Española. Situación General de Honduras y Principales Brechas de Inequidad. (Tegucigalpa, AECI, 2003). Pp. 12. 36 Facultad de Ciencias Económicas/ Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. El empleo en la Maquila: mitos y realidades. Investigación realizada en la zona

central del país. (Tegucigalpa, UNAH, 2002). Pp. 10.

Normas internacionales

Uno de los instrumentos más importantes contentivos de disposiciones y declaración de derechos de las mujeres es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada en 1979. Esta Convención, en el Artículo 14-1, establece que: “Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales”1. Entre las medidas mencionadas en esta Convención para eliminar la discriminación de las mujeres en el campo, se pueden mencionar: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1979) Artículo 14-2. a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; b. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; c. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; d. Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; f. Participar en todas las actividades comunitarias; 1 Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, CEDAW (1979). (New York, ONU, 1980).

g. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

A lo largo de este documento, se reconoce la vulnerabilidad que enfrentan algunos grupos de mujeres por su condición específica y por las situaciones de violencia que enfrentan. Se puede distinguir -de acuerdo a su especificidad- la pertenencia a lo siguiente: grupos 23 minoritarios, indígenas, pobres que habitan en comunidades rurales o distantes, indigentes, privadas de libertad, con discapacidades y de la tercera edad así como aquellas que enfrentan situaciones de conflicto armado, guerras civiles, ocupación extranjera y terrorismo, consecutivamente, son refugiadas, desplazadas, repatriadas y migrantes. Los contenidos de la CEDAW han sido ampliados a través de recomendaciones generales efectuadas por la Asamblea de la ONU, tal es el caso de los siguientes instrumentos: la Recomendación General N ˚ 16 (1991) relacionada con las Mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y urbanas2; la Recomendación General N ˚ 19 (1992) donde se aborda la violencia contra las mujeres dentro de las comunidades rurales3; y la Recomendación General N ˚ 24 (1999) que señala la relación entre el acceso a condiciones de salud adecuadas y la seguridad alimentaria enfatizando en la problemática de las mujeres rurales4. 2 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Recomendación General Nº 16: Mujeres que trabajan sin remuneración en las empresas rurales y urbanas. (New York, ONU, 1991). 3 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Recomendación General Nº 19: La Violencia Contra la Mujer. 11 ˚ período de sesiones (29/01/1992). (New York, ONU, 1992). 4 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Recomendación General Nº. 24: Artículo 12 CEDAW- la Mujer y La Salud. (20° período de sesiones (02/02/1999). (New York, ONU, 1992).

Si bien la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -aprobada en 1994 y conocida como “Convención de Belém do Pará”- no establece indicaciones específicas para las mujeres en las zonas rurales, en los informes de seguimiento de la misma elaborados por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) se señalan los obstáculos enfrentados para erradicar este problema en las zonas rurales. Particular atención se dedica a las diferencias regionales en cuanto a la implementación de programas para abordar la problemática, la falta de políticas públicas de prevención y atención, el incumplimiento de las 24 obligaciones legales por parte de funcionarios al igual que la falta de servicios gratuitos de atención legal para quienes viven en zonas rurales o alejadas de centros urbanos5. Otro de los instrumentos internacionales más importantes, en materia de derechos de las mujeres, es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1994) conocida como la Declaración de Beijing. En esta conferencia, se reconoce los siguientes puntos: el papel relevante de las mujeres en la economía; las políticas y los programas implementados no tomaron en cuenta el impacto diferenciado por género; la creciente incidencia de la pobreza en las mujeres, sobre todo, en las zonas rurales; el incremento de los hogares con jefatura femenina y las mayores dificultades que enfrenta para asegurar su sustento. Asimismo, la destrucción del medio ambiente afecta directamente la salud de las mujeres, sobre todo, en zonas rurales e indígenas porque su supervivencia depende directamente de ecosistemas sostenibles. En los objetivos estratégicos, se mencionan las siguientes medidas que se deben adoptar los gobiernos, las Organizaciones 5 Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. Segundo Informe Bienal de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), sobre el cumplimiento de la Resolución AG/ RES.1456 (XXVII-O/97), Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Para”. (S/L, CIM, 1997). Pp. 22 y 41.

No Gubernamentales u ONGs, y la cooperación internacional para lograr el cumplimiento de los fines y principios de esta Convención: Convención de Beijing (1994) Medidas estratégicas •• Programas contra la pobreza: mejorar la eficacia de los programas de lucha contra la pobreza dirigidos a los grupos de mujeres más pobres y desfavorecidos, como mujeres indígenas y de las zonas rurales, jefas de familia, jóvenes, ancianas, migrantes y discapacitadas. •• Salud: concebir y ejecutar programas de salud con orientación de género que prevean, por ejemplo, servicios de salud descentralizados, presten atención a las necesidades de la mujer durante toda su vida y a sus múltiples funciones y responsabilidades; y mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vivienda. •• Educación: reducir la tasa de analfabetismo en las mujeres; promover la enseñanza, la capacitación y los programas de información pertinentes para las mujeres de los medios rurales y agrarios mediante el uso de tecnologías accesibles y apropiadas y de los medios de comunicación; y proporcionar enseñanza extraescolar, a fin de que desarrollen sus posibilidades con respecto a la salud, las microempresas, la agricultura y los derechos legales. •• Conflictos armados: contribuir para reducir la vulnerabilidad y peligro de las mujeres que viven en zonas de conflicto armado, relacionada con el comercio, el tráfico y la proliferación de armas a nivel internacional. •• Actividades productivas: formular y aplicar políticas y programas que proporcionen a las agricultoras y pescadoras mejor acceso a servicios financieros, técnicos, de extensión y de comercialización; proporcionar control y acceso a la tierra y, alentar la creación de cooperativas de mercado pertenecientes a los productores; •• Empleo: cambiar las condiciones laborales de las mujeres, en relación con los salarios bajos, poca o ninguna protección de las normas laborales, deficientes condiciones de trabajo particularmente con respecto a la seguridad y la salud ocupacional, bajos niveles de especialización profesional y la falta de seguridad social y seguridad en el empleo, tanto en el sector estructurado como en el no estructurado, haciendo énfasis en las mujeres jóvenes, migrantes,

y jefas del hogar con niños pequeños. Asimismo, fomentar y fortalecer las microempresas, las nuevas empresas pequeñas, las empresas cooperativas, la ampliación de los mercados y otras oportunidades de empleo y, según proceda, facilitar la transición del sector no estructurado al sector estructurado, particularmente en las zonas rurales; revisar la legislación y las políticas relativa a las empresas, el comercio y los contratos, a fin de asegurar que no existan discriminaciones contra las empresas pequeñas y medianas de propiedad de mujeres en las zonas rurales y urbanas. •• Acceso a crédito: estructurar servicios que queden al alcance de las mujeres de las zonas rurales y urbanas que participan en microempresas y empresas pequeñas y medianas, prestando especial atención a las mujeres jóvenes, de bajos ingresos, a las que pertenezcan a minorías étnicas y raciales, y a las mujeres indígenas. Asimismo, procurar que una mayor proporción de recursos provenientes de los organismos de cooperación internacional quede a disposición de las mujeres en las zonas rurales y apartadas. •• Acceso a la información: proporcionar programas de divulgación para informar a las mujeres de bajos ingresos y a las mujeres pobres, especialmente en las zonas rurales y apartadas. •• Participación y organización de las mujeres: adoptar políticas que alienten a la participación de las mujeres en organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, fondos rotatorios de préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones populares, grupos femeninos de autoayuda, cooperativas de producción y comercialización, microempresas de mujeres, empresas cooperativas, mercados ampliados y otras oportunidades de empleo; y cuando proceda, facilitar la transición del sector no estructurado al estructurado, en las zonas rurales y urbanas.

Otros instrumentos internacionales contentivos de medidas sobre la participación de la mujer en los procesos de desarrollo y el combate a la pobreza son la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos/Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). En esta se establece la obligación de “conceder a la mujer el pleno disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta sea una prioridad para los gobiernos y para las Naciones

Unidas6. En e el año 2000, el gobierno de Honduras suscribió la Declaración de los Objetivos del Milenio; entre otros aspectos relacionados con la equidad y la igualdad entre los géneros, en este instrumente se establece como medida prioritaria lo siguiente: “promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible”7.

Legislación nacional

La ley que contiene las disposiciones generales del marco jurídico nacional relativas a los derechos de las mujeres es la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM) aprobada mediante Decreto 34-20008. En ella, se establecen algunas disposiciones sobre la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo: Ley de Igualdad de Oportunidades Artículo 23. El Estado y la sociedad civil se comprometen a proporcionar tecnología apropiada y accesible, que responda a las necesidades de las mujeres de las áreas urbanas y rurales, que contribuyan a la protección del medio ambiente y, a fomentar su participación activa en la toma de decisiones sobre proyectos a favor de su entorno natural. Artículo 25. El Estado, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, se obliga a fomentar y a estimular el diseño e implementación de proyectos con enfoque de género, sobre la producción intensiva de alimentos, con miras hacia la autosuficiencia alimentaría del país, tomando en cuenta las condiciones locales predominantes. 6 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). (S/L, ONU, 1993). 7 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Declaración del Milenio. (S/L, ONU, 2000). 8 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. (Tegucigalpa, INAM, 2001).

Artículo 26. Las mujeres tendrán igual oportunidad que los hombres, para formar parte de la fuerza de trabajo asalariada en los programas de riego y forestación, así como en otros programas y proyectos necesarios para mejorar la calidad del medio ambiente urbano y rural. La Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social velará por su cumplimiento.

Artículo 57. El Estado velará por una efectiva incorporación de la mujer a la producción y garantizar su participación en la elaboración de los planes de desarrollo nacional, en su acceso a los programas de crédito, a la tierra y a la tecnología, así como una forma justa y directa de los beneficios y oportunidades que brinda un desarrollo sostenible, como es el de capacitarse y adiestrarse en las diferentes áreas de la economía. Artículo 65. Las cooperativas de producción deben incentivar a las mujeres para que participen activamente en el establecimiento y administración de micro, pequeñas o medianas empresas, que les permitan mejorar su nivel de vida hasta convertirse en propietarias. Artículo 73. Constituyen patrimonio familiar, los bienes inmuebles urbanos o rurales, adquiridos por los usuarios finales de los programas de interés social o de titulación de tierras que sean financiados directa o indirectamente por el Estado. Dichos bienes deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad, a nombre de ambos cónyuges o de las personas que convivan bajo el régimen de unión de hecho, inscrita en el Registro Civil o aún cuando ésta no esté legalmente reconocida.

Una de las grandes conquistas de esta ley es la obligatoriedad de inscribir los títulos de propiedad -otorgados mediante programas de intereses social o de titulación de tierras- a las mujeres. Antes de la aprobación de esta ley, ya se había avanzado en la reforma de otras leyes que tenían un contenido evidentemente discriminatorio. No obstante, como se mostrará en este apartado no ha habido suficiente coherencia y claridad en sus disposiciones por lo cual pueden escurrirse «trampas» legales que obstaculizan el derecho de las mujeres a la tierra.

Una de las primeras leyes aprobadas en el país relacionadas con el acceso a la tierra fue la Ley de la Reforma Agraria (Decreto -Ley N ˚ 170, de 1974)9. En su momento, esta ley fue una de las más progresistas en América Latina y formó parte de un amplio programa del Estado que buscaba modernizar el agro. Asimismo, funcionó como una especie de «válvula de escape» para las demandas de los movimientos campesinos del país en un contexto marcado por revoluciones, luchas políticas y por el avance de la izquierda en todo el continente. Ley de la Reforma Agraria Artículo 79. Para ser adjudicatario de tierras de la Reforma Agraria se requiere que los campesinos reúnan los siguientes requisitos: a. Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; b. Tener como ocupación habitual los trabajos agrícolas. c. No ser propietario de tierras o serlo de una superficie inferior a la establecida en el Artículo 34. Artículo 81. Salvo disposición especial en otro sentido, las adjudicaciones se harán de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: a. Los arrendatarios, medieros, aparceros, colonos y demás personas vinculadas a la explotación indirecta del predio. b. Los campesinos asalariados; c. Mujeres campesinas con familia a su cargo; d. Varones campesinos con familia a su cargo; e. Quienes exploten personalmente terrenos con una superficie inferior a la establecida en el Artículo 34. En igualdad de condiciones se preferirá siempre a quien tenga un mayor número de dependientes.

9 Congreso Nacional de la República. Ley de la Reforma Agraria. (Tegucigalpa, CETTNA, 1976).

Artículo 84. Cuando falleciere el adjudicatario de un predio o se volviere absolutamente incapaz, tendrán derecho preferente al mismo la esposa o compañera de hogar o alguno de los hijos que reúna los requisitos establecidos en el Artículo 79. En este último caso el hijo cumplirá las obligaciones familiares que tenía el fallecido o incapaz.

El contenido discriminatorio de esta ley es evidente en la prelación establecida sobre quienes tienen derecho a las tierras adjudicadas mediante la reforma agraria. En primer lugar, se establecía que la tierra debía ser adjudicada al “varón”, sin más requisito que ser mayor de 16 años, o casado de cualquier edad. Las mujeres sólo podían ser adjudicatarias de las tierras en caso que fueran solteras o viudas con familia a su cargo; con ello, se dejaba fuera a las mujeres casadas o en unión de hecho. Cuando se estipula que una vez fallecido el beneficiario, las tierras pasarían a la viuda o a su hijo mayor de 16 años (Artículo 84), en efecto, se estaba restringiendo las posibilidades de las mujeres. Esto es así porque la cultura patriarcal prevaleciente -la cual asigna mayor valor a lo masculino- tiende a preferir la titulación a nombre de los varones. Este es el caso independientemente de que las mujeres hayan participado de forma activa y arriesgando sus vidas en las luchas sociales por la tierra. Cabe mencionar que un estudio realizado a mujeres partícipes de estas luchas, describe que las mujeres eran “colocadas” al frente de las marchas y recuperaciones de tierra bajo el supuesto que los militares no las iban a agredir por su condición de género10. Transcurrieron dos décadas para lograr reformas a esta ley; así, mediante Decreto N ˚ 129-91 se incorporaron disposiciones que establecen la igualdad de derechos de acceso a la tierra. De esta manera quedó consignada la posibilidad que los títulos de propiedad fueran adjudicadas a nombre de la pareja así como el derecho preferente de la cónyuge sobreviviente a heredar la tierra. 10 Rocío Tábora. Democratizando la vida. La propuesta metodológica de las mujeres del PAEM. (Honduras: COMUNICA, 1992).

Ley de la Reforma Agraria (reformas 1991) Artículo 79-A. Ser hondureño por nacimiento, varón o mujer, mayor de 16 años si son solteros, o de cualquier edad si son casados o tengan unión de hecho con o sin familia a su cargo y, en estos casos, el título de propiedad sobre el predio se extenderá a nombre de la pareja. Artículo 84. Párrafo Primero: Cuando falleciere el Adjudicatario o Adjudicataria de un predio, o se volviere incapaz, tendrán derecho preferente al mismo, el cónyuge, compañero o compañera sobreviviente que disfrute de capacidad, y en su defecto, corresponderá este derecho a sus sucesores legales que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 79 de esta ley.

Cabe mencionar que la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (Decreto N ˚ 31-92)11, contiene una disposición que deja con carácter opcional la titulación a nombre de ambos conyugues. Esto es contrario a lo dispuesto en las reformas de 1991 a la Ley de la Reforma Agraria (Artículo 79) cuya interpretación literal de su contenido enunciaba la obligatoriedad de la inscripción a nombre de la pareja. Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola Artículo 79. Para ser adjudicatario o adjudicataria de tierras de la reforma agraria, se requiere que los campesinos, hombres o mujeres, reúnan los requisitos siguientes: a. Ser hondureño por nacimiento, varón o mujer, mayor de dieciséis años si son solteros, o de cualquier edad si son casados o tengan unión de hecho, con o sin familia a su cargo y en estos casos, el título de propiedad sobre el predio se extenderá a nombre de la pareja, si ésta así lo solicita; 11 Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Instrumentos Institucionales para el Desarrollo de Dueños de Pequeñas Tierras de Vocación Forestal. Informe legal de país. (S/L, S/E, 2002).

b. Tener como ocupación habitual los trabajos agrícolas y residir en el área rural, y; c. No ser propietario o propietaria de tierras o serlo de una superficie inferior a la unidad agrícola familiar.

La falta de coherencia en el sistema legal en el país, se evidencia al revisar el contenido de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. En esta última se reafirma la obligatoriedad de la inscripción de los bienes inmuebles a nombre de la pareja (incluidos los adjudicados a través de la reforma agraria u otros medios). Ley de Igualdad de Oportunidades Artículo 73. Constituyen patrimonio familiar, los bienes inmuebles urbanos o rurales, adquiridos por los usuarios finales de los programas de interés social o de titulación de tierras que sean financiados directa o indirectamente por el Estado. Dichos bienes deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad, a nombre de ambos cónyuges o de las personas que convivan bajo el régimen de unión de hecho, inscrita en el Registro Civil o aún cuando ésta no esté legalmente reconocida.

En ese mismo sentido, las reformas a la Ley de Municipalidades (aprobadas mediante Decreto N ˚ 125-2000)12 establecen la obligatoriedad de inscribir los títulos de propiedad a nombre de la pareja cuando se trata de adjudicación de bienes inmuebles municipales. Ley de Municipalidades Artículo 108. Son imprescriptibles los derechos sobre los bienes inmuebles municipales. No se podrá decretar diligencias prejudiciales ni medidas precautorias sobre los bienes inmuebles municipales.

12 Congreso Nacional de la República. Ley de Municipalidades. (Tegucigalpa, ENAG, 2000).

Todo título de propiedad que otorgue la municipalidad en el cumplimiento de la política social, deberá hacerlo en forma conjunta con el cónyuge, compañera o compañero de hogar. La certificación del acuerdo municipal será equivalente al título de propiedad y el mismo podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad sin necesidad de escritura pública; estará exonerado del pago del Impuesto de Timbres de Contratación y del Impuesto de Tradición de Bienes Inmuebles; sin embargo, deberá cumplir con los demás requisitos registrales.

Por su parte, la Ley de Propiedad (ratificada mediante Decreto N ˚ 82-2004)13 expresa: Ley de Propiedad Artículo 103. Todo título de propiedad que se otorgue como resultado del proceso de regularización y que beneficie a una familia deberá otorgarse en forma conjunta a los cónyuges o unión de hecho. Cuando existan controversias entre ambos deberá otorgársele al cónyuge o compañero (a) que tenga el cuidado personal y continuo de los hijos. Toda persona mayor de dieciocho (18) años se considera habilitada para recibir los beneficios de estos procesos de regularización.

Otra ley que contiene medidas específicas relacionadas con las mujeres es la Ley del PRONADER; pues, incluye la equidad de género dentro de sus ejes estratégicos. Las demás leyes agrícolas (Ley General del Ambiente, Ley de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial y la Artesanía, La Ley de Fomento a las exportaciones -1987-, Ley de Reactivación Financiera del Sector Productor de Café -2003- y Ley de Fortalecimiento del Sector Agropecuario, 2003), no tienen ninguna disposición relacionada con los derechos de las mujeres a ser beneficiarias de los programas de titulación de tierras u otro tipo de iniciativas. 13 Congreso Nacional de la República. Ley de Propiedad. (Tegucigalpa, ENAG, 2004).

Políticas Públicas

La política marco contentiva de los lineamientos generales -que deben seguir las instituciones públicas para dar cumplimiento a las normas internacionales y la legislación nacional- en materia de derechos de las mujeres es la Política Nacional de la Mujer y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (2002-2007)14. Esta contempla cinco ejes de intervención y son: Salud; Educación y Medios de Comunicación; Economía y Pobreza; Violencia; y, Participación Política. En su introducción, el capítulo sobre Economía y Pobreza menciona que a pesar de la contribución histórica de las mujeres en la generación de bienes y servicios en el ámbito productivo y en la economía de subsistencia, la división sexual del trabajo restringe a las mujeres al espacio doméstico. Tan es así que les niega el acceso a recursos productivos y de capital los cuales son necesarios para generar, sostener y consolidar su posición como agentes económicos con capacidad de intervenir y competir en el mercado. “(...) La falta de reconocimiento al aporte que hacen las mujeres a la economía, determina que la distribución de recursos productivos, favorezca principalmente a los hombres, considerados como los principales agentes del desarrollo económico de la sociedad. La falta de recursos productivos y de capital, incluyendo la tierra, el poco acceso al crédito, asistencia técnica y otros servicios conexos, al igual que la discriminación de las mujeres en la toma de decisiones, son causas del progresivo empobrecimiento de las mujeres y de los hogares sostenidos por éstas”. Vale la pena mencionar que en los demás ejes de la política también, hay disposiciones sobre los derechos de las mujeres de las zonas rurales. En Salud, por ejemplo, se menciona en el Objetivo 4: “Mejorar la calidad de los servicios de salud y fortalecer las Unidades Productoras de 14 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Política Nacional de la Mujer. Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002-2007. (Tegucigalpa, INAM, 2003).

Servicios (UPS), dando prioridad a las áreas rurales y otras zonas postergadas del país”; mientras en Educación, “Desarrollar programas y proyectos orientados a reducir el analfabetismo y la baja escolaridad en las mujeres, priorizando a las mujeres jóvenes, rurales, afro-hondureñas e indígenas; y crear, habilitar y fortalecer centros del nivel prebásico y básico, en las áreas urbanas y rurales más postergadas”. Dentro del grupo de políticas específicas dirigidas a las mujeres rurales, cabe ahora enlistar las siguientes: Política de Equidad de Género en el Agro Hondureño 1999-2015 (PEGAH), Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondu- 29 reño 2002-2006 y la Política de Equidad de Género en Recursos Naturales y Ambiente 2000-2015. Otras políticas públicas del agro que contienen disposiciones relacionadas con los derechos de las mujeres son el Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario 2006-2010; el Plan Estratégico del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA); el Plan Estratégico del Instituto Nacional Agrario, INA; y el Plan Estratégico Sub-Esa PRONAFOR 2006–2010. La Política de Equidad de Género en el Agro Hondureño 19992015 (PEGAH)15 fue de hecho una de las primeras políticas públicas con enfoque de género que se aprobaron en el país; le antecedieron la Política de la Mujer (1989) y la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (1999). El proceso de formulación y aprobación de la PEGAH empezó, a finales de la décadas de los noventas, con el Proyecto de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (PIOM) y el Programa de Apoyo Rural para el Acceso a los Recursos Productivos. A través de estas iniciativas, se llevó a cabo la revisión de las políticas sectoriales. Con base en los resultados de ese proceso, se elaboró un documento sobre lineamientos para la formulación del Plan de Acción 15 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño. (Tegucigalpa, Prografip, 2000).

Capítulo 3. Economía y Pobreza

OBJETIVO No. 1: Promover y potenciar la participación de las Mujeres en los procesos productivos que se desarrollan para los mercados nacionales e internacionales.

1.3 Diseñar y ejecutar programas y proyectos de formación, para fortalecer las capacidades productivas y gerenciales de las mujeres como sujetos económicos, en rubros tradicionales y no tradicionales. 1.4 Desarrollar programas y proyectos que fomenten la participación de las mujeres, como propietarias de los medios de producción, en sectores dinámicos de la economía, incluyendo rubros de exportación. 1.6 Crear mecanismos de carácter intersectorial, que posibiliten el acceso de las cooperativas de mujeres, a los servicios para la producción y comercialización. 1.8 Fortalecer programas de financiamiento alternativo en el marco de la Ley del Sector Social de la Economía y establecer convenios con instituciones de crédito, públicas y privadas, para ampliar y facilitar el acceso a los fondos destinados a micro, pequeñas y medianas empresarias. 1.9 Revisar y aplicar la legislación agrícola, forestal, ambiental y otras leyes vigentes, para garantizar la equidad de género en el acceso, uso y control de los recursos productivos. 1.10 Identificar fondos de tierra para mujeres campesinas de acuerdo a la demanda, otorgando prioridad a jefas de familia que viven en condiciones de pobreza. 1.11 Promover programas y proyectos productivos, y de protección al medio ambiente, con participación equitativa de mujeres y hombres. 11.12 Agilizar el funcionamiento de las cajas de ahorro y crédito y flexibilizar los requeri— mientos de créditos para capital semilla, contemplados en la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. 11.14 Promover la elaboración de una propuesta conjunta entre el gobierno, organizaciones de mujeres y mujeres empresarias, para promover su participación en el proceso de integración económica. 1.15 Proponer mecanismos que alivien el efecto negativo de las políticas nacionales que se basan en acuerdos comerciales, internacionales y regionales en las actividades económicas nuevas y tradicionales de la mujer.

OBJETIVO No. 2: Mejorar las condiciones socio-económicas de las mujeres, particularmente de las que viven en condiciones de pobreza.

2.4 Implementar un sistema de titulación expedito para asegurar la propiedad de la vivienda, la tierra u otros bienes a nombre de la mujer o de la pareja según sea el caso, tal como lo dispone la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. 2.7 Fortalecer las estrategias del Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible para promover la seguridad alimentaria. 2.9 Desarrollar empresas de mujeres y promover alianzas estratégicas con el sector empresarial, asegurando el acceso y utilización de los soportes tecnológicos, financieros y otros servicios de apoyo que brindan las incubadoras de empresas.

OBJETIVO No. 5: Asesorar a las instituciones del Estado para que el Sistema Estadístico Nacional e investigaciones sectoriales se formulen con enfoque de género.

5.4 Promover investigaciones sobre la situación socioeconómica de las mujeres, el comportamiento de los índices de reducción de la pobreza y efectos de los tratados de libre comercio bi y multilaterales en la vida de las mujeres.

OBJETIVO No. 6: Ampliar y mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral, garantizando el efectivo cumplimiento de sus derechos laborales.

6.2 Promover reformas al Código de Trabajo y a las disposiciones de los regímenes especiales para incorporar los derechos laborales de empleadas domésticas, trabajadoras de las maquilas y de empresas agroindustriales, contenidos en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. 6.3 Impulsar programas y proyectos de capacitación, para trabajadoras domésticas, de maquilas y de empresas agroindustriales.

Capítulo V. Participación social y política

OBJETIVO No. 1: Propiciar la participación equitativa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones en el espacio público.

1.9 Promover la participación de las mujeres en el proceso de descentralización y desarrollo local.

OBJETIVO No. 2: Apoyar a las organizaciones de mujeres, para potenciar sus capacidades de incidencia e interlocución.

2.5 Fortalecer la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, en las instancias locales, municipales y regionales.

Pro Equidad de Género en el Agro Hondureño, 1997-2015 (PROEGEAGRO). Las Naciones Unidas también apoyaron con otro proyecto (HON-98) y el Proyecto de Gestión Sostenible de los Recursos Naturales el cual tenía el objetivo de introducir el PROEGEAGRO en los siguientes: el marco de la Política de la Nueva Agenda de Honduras (1998-2002), Nueva Agenda Agrícola y Plan de Reconstrucción del Sector Agrícola y en PRONADERS. En el marco de estos proyectos, se realizó un proceso de consulta con las instituciones del sector público, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil así como la cooperación internacional. Este proceso culminó con la 32 presentación del documento de política al Consejo Desarrollo Agrícola (CODA) quien la aprobó en marzo del 2000. Los componentes que trazan el trabajo inicial de la operativización de la Política son el fortalecimiento institucional del sector agrícola y la ejecución de programas socio productivos para mujeres rurales organizadas. Para lograr el fortalecimiento institucional, se creó el Comité Técnico Interinstitucional de Género del Sector Público Agrícola (COTIGSA) el cual fue conformado por representaciones de las Unidades de Género del sector. La finalidad de estas unidades consistía en transversalizar el enfoque de género en cada dependencia así como lograr que los programas y proyectos incluyan esta perspectiva. El COTIGSA mantenía reuniones periódicas en donde se informaba sobre el trabajo realizado y los obstáculos enfrentados para la incorporación del enfoque. La PEGAH define, como objetivo general: “institucionalizar y operacionalizar a partir de las actuales políticas y planes sectoriales agrícolas, un proceso que permita el fortalecimiento y la ampliación de oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales en igualdad de condiciones a las mujeres rurales, a fin de reducir al año 2015 la brecha de género existente en el agro hondureño”16. Esta política define siete ámbitos de acción y son: fortalecimiento institucional, información estadística y no estadística para el sector 16 Idem anterior.

agrícola, acceso y control de los recursos productivos, sector de la agroexportación tradicional y no tradicional, manejo sostenible de los recursos naturales, derechos y participación en la toma de decisiones y desarrollo humano sostenible. Cada uno de estos ejes establece sus acciones específicas:

Fortalecimiento Institucional

•• Fortalecer las unidades de género del sector público y crearlas donde no existan, y capacitar al personal de las instituciones públicas sobre la perspectiva de género y la implementación de la Política. •• Establecer la coordinación entre todas las instancias públicas, ONGs, agencias de cooperación, etc.; a través de la unidad de la UPEG de la SAG. •• Crear un Comité Técnico Interinstitucional de Género en el Sector Público Agrícola. •• Fomentar la organización de una base de datos dentro de cada una de las secretarías del sector público, que incluya experiencias exitosas, actividades y proyectos con mujeres rurales, inventario de organizaciones rurales, indicadores de género nacionales, datos estadísticos desagregados por sexo del desarrollo de actividades productivas, etc. •• Proporcionar asistencia de género desde la formulación de los proyectos; y fortalecer a las instituciones del sector público para que en la oferta de servicios de asistencia técnica privada integre la perspectiva de género. •• Incluir como población meta de los proyectos porcentajes equitativos de hombres y mujeres. •• Establecer sistemas de seguimiento y evaluación que permitan visibilizar como participan los hombres y las mujeres en los programas y proyectos. •• Elaborar normas, guías metodológicas, manuales operativos y controles de calidad; materiales de capacitación sobre la incorporación de la perspectiva de género en políticas y análisis sectoriales. •• Fortalecer y actualizar los centros de documentación y bibliotecas públicas en temas de género y desarrollo rural.

Información Estadística y No Estadística para el Sector Agrícola

•• Conformar una comisión técnica para revisar la información estadística. •• Desagregar por sexo las estadísticas sectoriales, comenzando por la fuerza laboral y la población beneficiaria en la asignación de recursos. •• Levantar encuestas periódicas desagregadas por sexo sobre el uso del tiempo en las actividades productivas. Acceso y Control de los Recursos Productivos Acceso a la tierra •• Revisar la normativa vigente (legislativa y administrativa) para garantizar el acceso igualitario a la tierra •• Otorgar títulos de propiedad a nombre de la pareja. •• Elaborar una propuesta orientada a garantizarle el acceso a la tierra a las mujeres vía compra. •• Promover el acceso de las mujeres a las tierras de vocación forestal. •• Aplicar criterios de equidad de género en las medidas de reasenta— miento o nueva asignación de tierras, dentro de las propuestas de reconstrucción impulsadas como respuesta a los desastres naturales. •• Difundir información sobre los derechos y mecanismos institucionales de acceso a la tierra de de las mujeres campesinas. •• Capacitar al personal técnico y profesional sobre la promoción de las mujeres al acceso a la tierra. •• Suscribir convenios con las municipalidades y el Registro Nacional de las Personas para facilitar la extensión de documentos a las mujeres para que puedan obtener títulos de propiedad. Crédito y financiamiento •• Establecer líneas blandas de crédito para las mujeres rurales; y establecer requisitos flexibles para que las mujeres puedan acceder a los créditos. •• Capacitar y apoyar a las productoras en aspectos relacionados con el acceso al crédito. •• Promover nuevas formas de crédito, formales e informales, para el desarrollo de pequeñas y medianas productoras agrícolas. •• Introducir criterios de equidad de género en los créditos otorgados a la producción dañada por el Mitch y otras acciones de reconstrucción.

Capacitación técnica y transferencia de tecnología •• Establecer programas de participación de las mujeres campesinas en programas de capacitación técnica y transferencia tecnológica. •• Formular proyectos pilotos de promoción, organización y capacitación técnica-empresarial con mujeres microempresarias rurales, tareas post-cosecha, microempresas de pesca artesanal y microproyectos de riego. •• Impulsar la organización de redes de mujeres productoras. •• Asegurar la participación de las mujeres en programas de prevención y manejo de desastres. Sector Agroexportador Tradicional y No Tradicional

•• Coordinar con el Centro de Educación (CENET) y el Instituto de Formación Profesional (INFOP), la formulación y ejecución de planes dirigidos a mujeres que laboran en el sector agroexportador, para que completen su educación formal, adquieran nuevos conocimientos y funcionen como agentes multiplicadores, y sean capacitadas en gestión empresarial. •• Realizar un estudio sobre las condiciones específicas de trabajo de la feminización de la fuerza laboral, que permita proponer medidas y acciones para evitar el deterioro de la fuerza de trabajo femenina; y reglamentar y exigir a las empresas el uso de equipos de protección y capacitación sobre riesgos ocupacionales. Manejo sostenible de los Recursos Naturales Sostenibilidad ecológica, reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida •• Realizar estudios sobre la participación de las mujeres en el manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente. •• Promover la organización de las mujeres en el sistema social forestal. •• Establecer que las organizaciones de mujeres puedan acceder a los fondos de manejo forestal de AFE-COHDEFOR. •• Flexibilizar las políticas institucionales para que las mujeres puedan acceder a los mecanismos de gestión financiera de manejo del bosque. •• Integrar a las mujeres en las acciones en pro de la protección de los recursos naturales y proyectos productivos.

•• Promover la ejecución de proyectos de viveros comunales, para cu-

•• Promover el nombramiento de mujeres como representantes en las

brir las necesidades de leña, forraje, alimentación, con fines de protección de fuentes de agua, áreas protegidas y para artesanías. •• Impulsar proyectos piloto con mujeres de industrialización pesquera. •• Impulsar programas de reciclaje de residuos. •• Promover foros ambientales para la identificación y priorización de la problemática ambiental. •• Promover la organización de agrupaciones comunales lideradas por mujeres para el manejo y administración de áreas protegidas. •• Impulsar procesos de sensibilización. •• Promover e incrementar la presencia de mujeres en área protegidas. •• Capacitar a la familia rural sobre el manejo de los recursos naturales. •• Incorporar la perspectiva de género en los procesos de capacitación de agroforestería o forestería comunitaria. •• Promover la participación de las mujeres en el manejo de microcuencas y la conservación de recursos hídricos. •• Promover acciones para la protección y conservación ambiental.

mesas de negociación gubernamentales. •• Capacitar a las mujeres rurales como liderezas comunitarias. •• Promover la participación de las mujeres en las instancias de prevención de desastres.

Políticas y estrategias ambientales •• Incorporar el enfoque de género en las políticas de manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente. •• Establecer convenios entre las instituciones del sector público y privado, para fomentar la educación ambiental, diseñar programas de capacitación, incorporar en los planes educativos en todos los niveles educación ambiental con perspectiva de género. •• Incorporar a las mujeres en las medidas de reconstrucción y prevención de desastres. Derechos y Participación en la Toma de Decisiones

•• Apoyar un programa de Centros de Información de Derechos de la Mujer, impulsado por el INAM. •• Fortalecer programas de asesoría y trámite legal en las zonas rurales. •• Apoyar programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar en las zonas rurales. •• Fomentar programas de capacitación sobre equidad de género que permitan visibilizar y valorizar el trabajo de la mujer. •• Revisar y ajustar los sistemas jurídicos nacionales, estatutos y reglamentos de las formas de organización social existentes.

Desarrollo Humano

•• Rescatar y fortalecer los valores tradicionales de la familia rural, en coordinación con el Ministerio de Educación. •• Integrar módulos de educación de adultos en programas y proyectos en el área rural. •• Capacitar a las familias rurales sobre tecnologías accesibles y apropiadas, como programas radiales. •• Coordinar con la Secretaría de Salud un programa para realizar estudios sobre morbilidad y mortalidad femenina. •• Crear espacios para que mujeres y hombres accedan a conocimientos sobre salud preventiva y reproductiva. •• Establecer un programa de reconstrucción en el área de seguridad alimentaria. •• Potenciar el papel de las mujeres en la producción de alimentos, especialmente de los subsistemas de huerto y patio, tanto alimentos vegetales como animales. •• Capacitar a mujeres y hombres en el manejo de la producción de alimentos. •• Realizar proyectos pilotos con mujeres sobre actividades acuícolas. •• Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación, que se oriente la materia de actividades prácticas de acuerdo con las potencialidades de cada localidad o región, rompiendo con los esquemas tradicionales. •• Incorporar el género como eje transversal en los planes educativos en todos los niveles del sistema educativo nacional.

Los mecanismos de implementación estipulados en la política son de tres tipos: primero, la aprobación y ejecución de planes operativos anuales de todas las instituciones involucradas los cuales serán elaborados con la asistencia técnica y bajo la coordinación de la SAG; segundo, la articulación de la PEGAH con la Política Nacional de la Mujer y las demás políticas sectoriales; y, tercero, la coordinación

entre las instituciones del sector público agrícola, el INAM, la sociedad civil y los organismos de cooperación. Con miras a integrar esta política en los programas y proyectos dirigidos al sector rural, la SAG elaboró el Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño 2002200617. Dentro de sus objetivos, contempla: “impulsar la incorporación del enfoque de género como eje transversal a nivel programático, estructural y operativo de los diferentes proyectos de la DINADERS, dentro del marco conceptual del desarrollo humano sostenible con perspectiva de género y la construcción de una nueva Ruralidad, basados en los ejes de equidad, sustentabilidad, productividad y empoderamiento. Este Plan Estratégico se propone concretar la ejecución de la Política, convirtiendo el enfoque de género en un eje transversal de los proyectos que se desarrollen para la zona rural. Se trata de una visión de largo plazo, enmarcada en intereses estratégicos, por tanto contempla la inclusión de la mujer rural en una perspectiva de desarrollo diferente a la que hasta hoy se ha impulsado”. El plan está estructurado en tres programas articulados con diferentes ámbitos de la política a ser: 1. Construcción de una institucionalidad multisectorial para la nueva ruralidad •• Fortalecimiento institucional •• Información estadística y no estadística para el sector agrícola 2. Fomento e incremento de la participación productiva de las mujeres en el área rural •• Acceso y control de los recursos productivos básicos •• Sector de la agro-exportación tradicional y no tradicional 3. Participación social y política de hombres y mujeres en forma equitativa y democrática. •• Derechos y participación en la toma de decisiones •• Desarrollo humano sostenible 17 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño 2002-2006. (Tegucigalpa, S/E, 2002).

Otro gran avance en materia de políticas públicas lo constituye la aprobación de la Política para la Equidad de Género para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente 2000-2015. En su introducción, esta política establece que: “Es impostergable la participación plena de la mujer en la toma de decisiones relacionadas con los recursos naturales, la energía, gestión ambiental, la conservación de los suelos, la biodiversidad, el cambio climático, el ordenamiento territorial, la protección de cuencas y en general con todas las medidas encaminadas a la prevención de la contaminación y la reducción de la vulnerabilidad del ambiente y cumplir con los compromisos suscritos por Honduras, orientados a la eliminación de las distintas formas de discriminación de la mujer”18. La 35 ejecución de esta política está a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) Siempre en esta misma temática, se elaboró el Plan Estratégico Sub-Esa PRONAFOR 2006–2010, donde se menciona, dentro del objetivo estratégico 6.1 “contribuir a la Reducción de la Pobreza de las comunidades asentadas en tierras de vocación forestal, incorporándolas al manejo integral y sostenible de sus recursos naturales”. Mientras en las líneas de acción en el numeral 6.1.1.2 se refiere a “promover la participación equitativa de la mujer y la familia en las actividades forestales”19. En el marco del Grupo Consultivo para Honduras se aprobaron las medidas a favor de las mujeres contenidas en el Programa Sectorial Ampliado de largo plazo en Agroforestal. Este constituye uno de los mecanismos definidos para la consecución de las metas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) y considera la equidad de género como una de las áreas criticas de intervención. “Las medidas de esta política se consideran críticas puesto que existen demandas claras de representantes de la sociedad civil por desarrollar un enfoque de equidad de género, transversalizando esta perspectiva al conjunto de me18 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña... Pp.38. 19 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario 2006-2010. (Tegucigalpa, SAG, 2006) Pp. 104 en adelante.

didas y desarrollando proyectos concreto en PRONADERS orientado a las mujeres rurales lo que además agrega las cajas rurales como financiamiento específico a estas productoras o jefas de hogar”20. En el 2007, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) inició la elaboración de un Plan para enfrentar las limitaciones nacionales de capacidades para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las Convenciones sobre Cambio Climático, Diversidad Biológica, Desertificación y Sequía y Humedales-Ramsar. Este tiene una línea temporal de 14 años (2008-2021) y contiene las 36 actividades para mejorar la capacidad de personas, instituciones y sistemas para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva, eficiente y sostenible. Este plan incorpora el enfoque de equidad de género (FAO, 2008). En materia de seguridad alimentaria, se aprobó la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo (PSAN), 2005; y el Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario 2006-201021, que incluye, dentro de sus lineamientos estratégicos el enfoque de equidad de género: “La SAG a través de los programas y servicios, pondrá en marcha el enfoque de equidad de género encaminado a disminuir las brechas sociales, económicas, políticas y culturales, que tome en cuenta los lineamientos establecidos en la Política para la Equidad de Género en el Agro y la Ley de Igualdad de Oportunidades”.

los lineamientos de política también se menciona la necesidad de involucrar a las mujeres y otros grupos en las capacitaciones que se realicen”22. Asimismo, la SAG aprobó el Plan Estratégico del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA, y consigna dentro de la política específica del Programa de Créditos lo siguiente: “incrementar la cartera de otorgamiento de préstamos hacia la Mujer productiva por parte de la Administración General de BANADESA; promover la participación equitativa del hombre y mujeres en el manejo y funcionamiento de Cajas Rurales de Crédito; y promover recursos para la producción rural de preferencia a grupos étnicos y organizaciones de mujeres orientándolos a la generación de valor agregado a los productos”. Dentro de las medidas crediticias, se menciona la obligación de la SAG de “gestionar nuevos fideicomisos destinados exclusivamente para atender proyectos que sean ejecutados por la mujer rural; como política sectorial”; y “Promover el otorgamiento de créditos tomando en consideración la equidad de género, implementando con las actuales políticas sectoriales e institucionales, un proceso que permita el fortalecimiento y la ampliación de oportunidades en igualdad de condiciones a las mujeres rurales”23.

Asimismo, se menciona la necesidad de aplicar medidas específicas a favor de las mujeres dentro del eje Estratégico: “Reducción de la Pobreza: implementar reformas estructurales para aumentar el acceso a los activos productivos, competitividad, elevar el nivel del capital humano, especialmente en la capacitación y educación, fortalecer las redes de protección social, mejorar la equidad de género y garantizar el desarrollo sostenible”. En

El Instituto Nacional Agrario (INA) es otra institución que cuenta con un plan estratégico que incorporan medidas específicas a favor de las mujeres. En efecto, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Agrario establece sus resultados como sigue: “se trabaja de manera organizada y transparente en el saneamiento, titulación y la compra de tierras, particularmente para las comunidades indígenas y la mujer campesina. Y de esta forma previene conflictos agrarios; y ampliar la modalidad validada por PACTA para el acceso a la tierra y conversión productiva de los activos del agro. Es evidente que urge apoyar la etapa ampliada del Proyecto PACTA, el cual siempre debe funcionar en el contexto de acceso a la tierra por la vía mercantil, pero con una cobertura ampliada a grupos del

20 Grupo Consultivo para Honduras. Programa Sectorial Ampliado de largo plazo en Agroforestal. (Tegucigalpa, S.E, 2004). Pp.19. 21 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario 2006-2010. (Tegucigalpa, SAG, 2006) Pp. 38 en adelante.

22 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural... Pp. 82. 23 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario... Pp. 90.

sector reformado, etnias, cooperativas agroforestales y grupos de mujeres”. Con respecto al Programa de Regularización de Tierras, enfatiza: “en forma transparente aplicar el proceso de la compra de tierras con fondos del gobierno en fideicomiso, particularmente las destinadas para grupos de mujeres, debiéndose excluir por esta vía el fomento de grupos nuevos; y ampliar la modalidad validada por PACTA para el acceso a la tierra y conversión productiva de los activos del agro. Es evidente que urge apoyar la etapa ampliada del Proyecto PACTA, el cual siempre debe funcionar en el contexto de acceso a la tierra por la vía mercantil, pero con una cobertura ampliada a grupos del sector reformado, etnias, cooperativas agroforestales y grupos de mujeres; aún para productores que ya tienen tierras”24. Políticas públicas de ámbito nacional son también aplicables al trabajo con las mujeres rurales son la Política de Equidad de Género en la Secretaría de Finanzas, la Política de Salud Sexual y Reproductiva (1999), el III Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH y SIDA 2008-2012, PENSIDA III, y El Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2006-2010. La Política Nacional de Salud Sexual y reproductiva es una de las primeras políticas públicas de equidad de género aprobadas en el país y establece en su línea de acción 7, lo siguiente: “Las instituciones nacionales de salud, las organizaciones no gubernamentales laborantes en salud, y los representantes de otros grupos sociales deben manifestar explícitamente su compromiso para satisfacer las necesidades de planificación familiar, que incluyan acciones de educación, promoción, referencia y servicios de anticoncepción temporal y definitiva en los ámbitos urbano y rural, de acuerdo a su reconocida capacidad técnicaoperativa”25. Cabe notar que el PENSIDA III solamente menciona el aumento de la migración de las zonas rurales a la ciudad como un factor de riesgo frente al VIH/SIDA. Sin embargo, no contiene lineamientos ni acciones para contrarrestar el avance de esta epidemia en las zonas 24 Idem anterior, Pp. 99. 25 Secretaría de Salud. Políticas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva. (Tegucigalpa, S.F. 1999). Pp. 22.

rurales a pesar que existe evidencia de una creciente ruralización de esta enfermedad26. El Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer está estructurado a partir de componentes. Este dispone acciones para: la detección de la violencia en las zonas rurales y en mujeres en situación de desastres naturales; la creación de programas de atención integral para mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas; y, la elaboración de indicadores estandarizados sobre violencia contra la mujer en mujeres indígenas27. Asimismo, es oportuno mencionar el Plan Multianual de la Secretaría de Finanzas en el cual se disponen los montos presupuestarios de las diferentes instituciones que forman parte del sector público e incluye, dentro de sus principios fundamentales, “incorporar un enfoque de género que permita potenciar las capacidades de hombres y mujeres en igualdad de condiciones en los diferentes programas y proyectos del gobierno”28.

26 Comisión Nacional de SIDA, CONASIDA/ Secretaría de Salud. III Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH y SIDA 2008-2012. (Tegucigalpa, Secretaría de Salud, 2007). Pp. 30. 27 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2006-2010. (Tegucigalpa, INAM, 2006). 28 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario... Pp. 61.

na política pública de igualdad de género puede ser definida como un conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres. También puede ser entendida como una voluntad e interés del Estado en propiciar cambios en una esfera determinada del quehacer de sus instituciones o dependencias. Para su implementación, requiere de esfuerzos y decisiones en las distintas etapas del proceso de ejecución a ser: identificación del problema, formulación de la política, implementación y evaluación. La ejecución de este tipo de políticas requiere de la institucionalización del enfoque de género, que consiste en un proceso estratégico que supone cambios sostenidos en diversos órdenes y aspectos de la estructura, las prácticas institucionales y los agentes que intervienen en el diseño, planificación y ejecución de una política pública: •• Estructuras: que abarcan las reglas, formal o informalmente establecidas, que definen los alcances y posibilidades de la experiencia y que actúan como patrones que limitan o constriñen tales experiencias. •• Prácticas de las instituciones: que son los comportamientos cotidianos y los procesos que le dan vida y sentido sustantivo a la estructura y que a su vez la reproducen. •• Agentes: las personas y los individuos que actúan e interactúan y que a su vez llevan a las prácticas y al contexto institucional en alguna medida, sus propias variantes personales1.

aprobadas. Estas unidades deben tener recursos humanos suficientes y contar con un presupuesto adecuado. De igual manera, es esencial que se logre una buena coordinación entre las distintas instituciones involucradas con el propósito de lograr unidad y coherencia en las acciones que se realizan. La implementación efectiva de una política pública, también depende de la transformación de las prácticas institucionales, a través de la incorporación de la perspectiva de género en todas las acciones que realicen y de cambios en las percepciones -o marcos de referencia- de las y los agentes sobre el problema que se pretende solucionar. Las prácticas son los comportamientos cotidianos y los 41 procesos que le dan vida al igual que sentido sustantivo a la estructura y que, a su vez, la reproducen. Los agentes son las personas, los individuos que actúan e interactúan y quienes, en alguna medida, llevan a las prácticas y al contexto institucional sus propias variantes personales2. En este capítulo, se van a analizar todos estos aspectos. Para hacerlo aplicamos un esquema de avances y obstáculos con el propósito de facilitar la comprensión de los hallazgos obtenidos.

Avances en la implementación de la PEGAH

Dentro de estas estructuras, se incluye la creación de instancias especializadas con el mandato de llevar a cabo todas las acciones necesarias para asegurar su cumplimiento de acuerdo con las obligaciones y funciones establecidas en las leyes y políticas públicas

•• Creación de una institucionalidad adecuada De acuerdo con la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño (PEGAH), en su implementación intervienen varias instituciones del Sector Público Agrícola, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario (INA), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), el Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI), la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), la Administración Forestal del Estado (AFE-COHDEFOR) –hoy, denominado Instituto de Conservación Forestal-, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)3.

1 Evangelina García Prince. Hacia la institucionalización del enfoque de género en políticas públicas. (Caracas, Fundación Friedrich Ebert, 2003) Pp. 14.

2 Idem 3 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Política de Equidad de Género en el

Avances

•• Creación de una institucionalidad adecuada. •• Oficialización de políticas públicas sectoriales. •• Formulación de un plan para la implementación de la PEGAH. •• Formación y reactivación del Comité Interinstitucional de Género del Sector Agrícola (COTIGSA). •• Capacitación del personal, elaboración de materiales y centros de documentación. •• Creación de sistemas de registro y estadística. •• Realización de investigaciones. •• Incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos, y elaboración de estrategias de género. •• Falta de voluntad política para la implementación de la PEGAH. •• El debilitamiento de las unidades de género creadas para la implementación de la PEGAH. •• No se ha elevado la PEGAH a nivel de política pública y no se ha legalizado. •• Debilidades presupuestarias. •• Falta de socialización de la PEGAH. •• La falta de regionalización de la PEGAH •• Falta de vinculación entre las políticas. •• La politización de los fondos. •• La coordinación con la sociedad civil •• No se han creado los centros de documentación estipulados en la PEGAH •• El enfoque utilizado. •• Falta de capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género al personal involucrado en la implemen-

Dificultades

tación de la PEGAH •• Debilidades en la generación de estadísticas e investigaciones.

Resultados

•• No hay equidad en la participación entre mujeres y hombres. •• Baja o poca incorporación de las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo. •• No se logra una mayor participación de las mujeres en las actividades agropecuarias. •• No se logra equidad en el acceso de las mujeres acceso a los bienes y recursos productivos, como la tierra, crédito, tecnología, etc. •• No se logra un mejoramiento en las condiciones de vida de las mujeres, en lo relacionado al acceso al mercado laboral, aumento de los ingresos, disminución de la pobreza, etc. •• No se mejora su calidad de vida, ni una disminución de sus labores dentro del hogar, el triple rol de las mujeres, •• No hay un cambio en los patrones culturales que dan origen a su desigualdad y subordinación, relacionados con el machismo y la cultura patriarcal. •• No se producen cambios culturales, en lo relacionado con el aumento de los niveles educativos de las mujeres, el acceso a condiciones de salud adecuadas, tasa de natalidad y fertilidad, erradicación de la violencia contra las mujeres, participación política, etc.

La SAG es la institución coordinadora y ejecutora de la PEGAH. Dentro de su estructura organizacional, hay cuatro dependencias que tienen unidades de género las cuales están encargadas de implementar la política y son: la Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA), Dirección de Riego y Drenaje, Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), y la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS). De acuerdo con la PEGAH, las unidades de género de estas dependencias tienen las funciones siguientes: implementar la política en cada uno de los planes operativos anuales de las instituciones del sector, programar metas, actividades, cronogramas y responsables de cada medida, conformar el COTIGSA y realizar un informe trimestral del desarrollo de las actividades institucionales. Dentro de la SAG, le corresponde a la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) -la cual forma parte del PRONADERScoordinar las acciones de las unidades de género y de todo el sector público agrícola. En este momento, es oportuno mencionar que la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) ya no forma parte del sector responsable de la implementación de la Política para la Equidad de Género en el Agro porque cuentan con una política especifica para su sector. Este es el caso de la Política para la Equidad de Género para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente (2007) donde SERNA integra la perspectiva de equidad de género en sus planes, programas y proyectos. Entre sus ámbitos de acción están los siguientes: fortalecimiento institucional, manejo sostenible y conservación de la biodiversidad, uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos, gestión ambiental con equidad de género, manejo y producción energética con equidad de género, y, finalmente, evaluación y control ambiental4. Asimismo, el IHCAFE tampoco es parte de las instituciones encargadas de implementar la política, porque se convirtió en una institución privada. Agro Hondureño... Pp. 19. 4 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras... Pp. 109.

•• Oficialización de políticas públicas sectoriales En el marco del PIOM, mediante el cual se aprueba la Política Nacional de la Mujer (PNM), se oficializaron las políticas públicas sectoriales de acuerdo con lo estipulado en el apartado sobre estrategias de implementación. En estas se afirma que: “con la oficialización de la Política Nacional de la Mujer por parte del actual gobierno, quedarán oficializadas las políticas sectoriales existentes, como parte del proceso de institucionalización y transversalización de la equidad de género en el Estado hondureño”5. •• Formulación de un plan para la implementación de la PEGAH Una de las actividades importantes que se llevaron a cabo en el marco del fortalecimiento institucional de la PEGAH fue la elaboración del Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño 2002-2006. Este Plan fue elaborado de forma participativa. Las encargadas de las unidades de género y representantes de las instituciones de FONAPROVI, BANADESA, SERNA, INA, AFE-COHDEFOR, SAG y el INAM asumieron dicha responsabilidad. Además, participaron representantes de la sociedad civil específicamente organizaciones de mujeres que trabajan en el área rural con cobertura nacional. Entre ellas puede mencionarse las siguientes: Federación Hondureña de Mujeres Campesinas (FEHMUC), Asociación Hondureña de Mujeres Campesinas (AHMUC), Organización Nacional de Mujeres Rurales de Honduras (ONADEMURH) y la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC). Asimismo, participaron redes y organizaciones de mujeres locales regionales tal es caso del Bloque Coordinador de Organizaciones de Mujeres del Sur (BLOCOMOSUR), Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida, Mujeres Intibucanas Renovadas (MIR), Asociación de 5 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Política Nacional de la Mujer... Pp. 11.

Mujeres campesinas de Yoro, (AMCY), Red de Mujeres del Aguán y Asociación de Mujeres Nueva Esperanza, (AMNE)6. Esta metodología permitió que las encargadas de las unidades de género y de otras dependencias estatales conocieran y se comprometieran con las demandas planteadas por las organizaciones de las mujeres rurales. Asimismo, las organizaciones de mujeres pudieron conocer la política y las estrategias definidas lo cual sienta las bases para que puedan exigir y auditar su cumplimiento. 44

Los resultados de este proceso llevaron a hacer un balance del camino recorrido en la formulación e implementación de la política. Entre otras cosas, se llegó a plantear que contiene una estructura teórica que combina el enfoque de Mujeres en Desarrollo (MED) con el de Género en Desarrollo (GED). Y, se encontró que no se tomaron en cuenta la sobrecarga de trabajo –o sea, triple rol de las mujeres- así como que no se garantizaba su participación en la gestión del desarrollo en igualdad; por tanto, fue necesario incluir acciones afirmativas y medidas desarrolladas con enfoque de género7. •• Formación y reactivación del Comité Interinstitucional de Género del Sector Agrícola (COTIGSA)

de esta instancia, sus esfuerzos están siendo encaminados a reactivar este comité y las diferentes unidades de género. En ese sentido, también, se han suscrito convenios con el Instituto Nacional de la Mujer para definir estrategias e incidir en los tomadores de decisiones. Todo ello con el propósito que la política tenga carácter legal y se convierta en una política de Estado. •• Capacitación del personal, elaboración de materiales y centros de documentación En la sistematización realizada sobre el proceso de implementación de la PEGAH (2001), se planteó que una de las debilidades presentadas es la falta de una directriz política con capacidad de construir su marco político y conceptual. Asimismo, denotó que no existió análisis y reflexión en el proceso, básicamente, debido a que el capital humano encargado era poco preparado8. Por esta razón, a partir del 2002 y con el apoyo del Proyecto de Igualdad de Oportunidades para la Mujer Rural (PIOM RURAL HON 98), DINADERS -la entidad ejecutora y responsable de la operativización de la Política- coordinó con la Universidad Pedagógica Nacional el desarrollo de un Diplomado sobre Género y Desarrollo Rural mismo que fue impartido por la Maestría de Género.

La creación y el fortalecimiento del Comité Técnico Interinstitucional de Género del Sector Público Agrícola (COTIGSA) conformado por las representantes de las unidades de género del sector, fue creado con la finalidad de impulsar la transversalidad del enfoque de género en cada dependencia, y lograr que los programas y proyectos incluyeran esta perspectiva. El COTIGSA mantenía reuniones periódicas en donde se informa sobre el trabajo realizado y los obstáculos que se enfrentaban para la incorporación del enfoque. La Unidad de Género de la SAG ha formulado una propuesta para el fortalecimiento del COTIGSA. Según la opinión de la coordinadora

De esta manera, se logró capacitar tres promociones las cuales contaron con la participación las coordinadoras y asistentes de las Unidades de Género, personal del INAM y las encargadas de programas y proyectos. Se consideraba el diplomado como una plataforma académica que brindaría las herramientas teóricas metodológicas sobre la inclusión de la perspectiva de género, y con ello, lograr el fortalecimiento institucional. Esta alternativa es la única que se conoce en materia de educación formal para el personal técnico del sector público agrícola.

6 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro... Pp.9. 7 Políticas para promover la equidad de género de las mujeres rurales.

8 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Sistematización del Proceso de Formulación de la Política de Equidad de Género en el Agro Hondureño. (Tegucigalpa, SAG-PRONADERS, 2001). Pp. 31

•• Creación de sistemas de registro y estadística Dentro del fortalecimiento institucional de la PEGAH, se contempla la organización de una base de datos en cada una de las unidades y departamentos de las distintas instituciones del sector público agrícola. Ello incluye las investigaciones nacionales e internacionales, experiencias exitosas de trabajo, actividades, proyectos, indicadores de género así como datos estadísticas desagregados por sexo del desarrollo de las actividades productivas del sector9. Si bien la SAG cuenta con un sistema de registro desagregado por sexo, a cargo de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión (UPEG) aun se presentan problemas de recolección e ingreso de la información remitida por las personas responsables en las regionales y los programas y proyectos. Ello sucede, a pesar, que se cuenta con una matriz sencilla para recolectar la información10. En efecto, PRONADERS también tiene una base de datos sobre las cajas rurales que se han organizado a nivel nacional. Esta base brinda información sobre el porcentaje de mujeres y hombres beneficiadas/os de los proyectos. Algunas dependencias de la SAG (DICTA, DINADERS y DIGEPESCA) y algunos proyectos (Proyecto de Bosques, l Proyecto de Bosque y Productividad Rural, PBPR) tienen sus propias bases de datos desagregadas por sexo. Este también es el caso de BANADESA. •• Realización de investigaciones Las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) sobre la situación de las mujeres rurales son las siguientes: Mapeo de la Institucionalidad vigente en el ámbito Económico y de Género en el nuevo contexto de reestructuración y apertura económica y de integración regional; Estudio de oportunidades 9 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Política de Equidad de Género en el Agro Hondureño... Pp.25. 10 Entrevista a Edith Starkman, Coordinadora del COTICSA.

comerciales para Mujeres; Perfil de Género de la economía del Istmo Centroamericano; Trifolio Informativo con Estadísticas del Perfil de Género de la Economía de Honduras; Guía para elaborar presupuestos municipales con enfoque de equidad de género; y, Propuesta que Garantice la Equidad de Género en la Política de Empleo11. Si bien estas investigaciones no fueron realizadas en el marco de la implementación de la PEGAH, constituyen instrumentos útiles para informar al sector público y ONG sobre la situación de las mujeres en el agro, la implementación de políticas públicas y la aplicación de 45 las leyes. •• Incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos, y elaboración de estrategias de género Con sus limitaciones, se ha logrado la incorporación de la perspectiva de género en la mayoría de los planes sectoriales, planes operativos, y en la formulación de los programas y proyectos: “Se podría decir que la mayor parte de los programas de la SAG tienen una condicionante hacia una cuota mínima de participación de las mujeres como beneficiarias de los diferentes procesos. Sí sería importante evaluar en qué parte de los componentes, si sólo a nivel de capacitaciones, o si son beneficiarias directas o si son beneficiarias indirectas”. (Entrevista Eje de Economía del INAM) Algunas instituciones dentro de la SAG, como DINADERS y DIGEPESCA, tienen explícitos en su Misión y /o Visión, el trabajo con hombres y mujeres para lograr igualdad, justicia social y transparencia12. Asimismo, instancias como DINADERS, DICTA, el 11 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Proyecto: “La Agenda Económica de las Mujeres”, Balance del componente de Honduras. (Presentación de Power Point). 2006. 12 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Mapeo de la institucionalidad vigente en el ámbito de género y economía en Honduras. 2005-2006. (Tegucigalpa, S/E, 2006). Pp. 21.

Proyecto Pesa de Honduras, y PACTA han formulado estrategias de género. En estas se definen los mecanismos y lineamientos que deben ser tomados en cuenta al ejecutar programas y proyectos en el marco de la PEGAH.

2. 46

Obstáculos en la implementación de la política

•• Falta de voluntad política para la implementación de la PEGAH De acuerdo con lo expresado en las entrevistas, aunque se han aprobado políticas públicas, planes operativos y leyes relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres, las autoridades de más alto nivel no han asumido un compromiso político real de realizar acciones a favor de las mujeres: “Uno de los problemas que tenemos es la falta de apropiación por parte de las autoridades, porque creemos que la mejor estrategia es el efecto cascada: si hay una voluntad política de parte de los tomadores de decisiones, esto va a bajar;, porque el principal problema es que muchas veces a lo interno de las instituciones, sólo los enlaces o las personas encargadas de los mecanismos de género son quienes realmente están conscientes y comprometidas con la implementación de las acciones en el marco de la PEGAH”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) Esto provoca que a pesar de haber capacitado al personal técnico -sobre todo, al de las unidades de género y de las unidades de planificación- no se vean los resultados en la participación de las mujeres en los programas y proyectos. Para tener frutos, indudablemente, se requiere de la responsabilidad y compromiso de los tomadores de decisiones. No se puede impulsar una política, aún más si se trata de políticas que incluyen medidas afirmativas para las mujeres, sino se comprende la necesidad y validez de estas acciones.

Por consiguiente, la falta de voluntad política para implementar la PEGAH también se refleja en el nivel de compromiso y participación de las personas e instancias encargadas que participan en el COTIGSA. Esta es la instancia que aglutina a todas las instituciones del sector público agrícola: “Otra debilidad del COTIGSA, es que sólo está representada en primera instancia por mujeres y en segunda por los mecanismos en los enlaces de género, pero no hay la participación de técnicos o tomadores de decisión, que es lo que les falta para darle fuerza y empuje a las actividades. Entonces eso también es una limitante en ese sentido. Debe haber obligatoriedad de vincular con esos enlaces que se han nombrado para tenerlas a ellas como fortalecimiento de ellos mismos” (Edith Starkman, coordinadora del COTIGSA). Todo esto ha provocado que los avances que se registran en la implementación de la PEGAH estén amarrados al compromiso y la voluntad personal de las y los encargados de implementar la política y de ejecutar los programa. Por tanto, ello no permite que se le de continuidad a las acciones realizadas. •• El debilitamiento de las unidades de género creadas para la implementación de la PEGAH La creación de unidades de género y el nombramiento de personal con conocimientos especializados sobre este tema en la SAG y en otras dependencias del sector público agrícola pueden considerarse como los avances más importantes en la implementación de la PEGAH. Cabe notar que la mayor parte de estas unidades fueron creadas en los primeros años de su implementación, en respuesta al mandato contenido en este instrumento público. Sin embargo, se observa un debilitamiento constante y progresivo de las unidades de género y las demás dependencias que tienen una intervención directa en la implementación de esta política. En mu-

chas instituciones, las unidades de género en el mejor de los casos, se redujeron a una coordinadora o, simplemente, desaparecieron. Esto último fue el caso de la unidad de género de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) a pesar de tener contemplada su existencia en la estructura orgánica y presupuestariamente dentro de la SAG. De acuerdo con las entrevistas realizadas, esto se debe a la falta de interés y de voluntad de los tomadores de decisión de apoyar la implementación de la PEGAH. A ello es preciso agregar que aun persiste resistencia de las autoridades para implementar medidas concretas a favor de la inclusión de las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo: “Algunas estructuras las consideraron legalmente, otras, como el caso de la SAG, tenían una Dirección General de Género que la manejaba un ingeniero, pero con la llegada de un nuevo ministro esta unidad desaparece. Ahora uno trata en ese trabajo, pero hay cosas un poco difíciles, porque muchas veces el machismo que impera te confronta con las mismas mujeres y con otros hombres. Yo aquí a nivel de la institución he conocido el trabajo de la mujer en el marco de lo que se puede, pero por el hecho de que diriges una unidad piensan que eres la encargada de hacer todo”. (Rosaura García, coordinadora del Departamento de Mujer y Joven Rural, INA) Otro matiz del problema se da con las instituciones que no tienen unidad de género. Estas asignan la responsabilidad de incorporar el enfoque de género e implementar la PEGAH a otras unidades. Este es el caso del INA donde la encargada de velar por los intereses de las mujeres es, a su vez, la coordinadora del Departamento de Joven y Mujer Rural. Al igual que sucede en otras dependencias estatales, las mujeres -sus problemas y necesidades- son vistas como «grupos vulnerables» o como un agregado más a otra colectividad mayor. Consecuentemente, ello deja ver la falta de coherencia entre las acciones desarrolladas y los principios rectores de las políticas públicas con equidad de género. Tampoco se ha asignado suficiente personal a las instituciones e

instancias que intervienen en la implementación de la PEGAH, como es el caso del INAM: “Es obvio, el INAM no tiene ni los recursos económicos ni los humanos. La política se ha querido ver que sea ejecutada por el INAM, y cada instancia demanda del INAM un acompañamiento sistemático continuo y si es posible permanente en cada institución. Si usted hace alguna consulta del nivel de involucramiento del INAM con estas instancias le van a decir que es mínimo, porque ellas necesitan que el acompañamiento del INAM sea permanente, pero se necesita más recurso humano, personal en las unidades de género muy capacitado, muy preparado en el tema de género y en el tema de 47 desarrollo rural, para que el INAM no agote su personal en cada institución. Es más, hay organismos cooperantes que le han pedido al INAM que un profesional, un técnico este allá en una oficina trabajando el tema de género y coordinando el tema de género entre ese organismo y el INAM, y realmente no es ese el trabajo del INAM”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) Este problema es común a todas las instituciones del sector público porque asumen bajo preceptos erróneos la implementación de una política pública. De esta manera, se manifiesta poca comprensión y conocimiento sobre los mecanismos de implementación. Llegan al extremo de considerar que le corresponde a una sola institución la responsabilidad cuando, en realidad, deben intervenir todas las instituciones -que de una u otra manera- tienen una función asignada u objetivos que cumplir. En este caso, al INAM sólo le corresponde ser garante y rector de las políticas públicas de equidad de género. Por lo tanto, debe desempeñar un papel de acompañamiento, apoyo y monitoreo al interior del sector público; y, en ningún momento, puede suplantar las responsabilidades que cada institución tiene en la PEGAH. La rotación continúa del personal que está a cargo de programas y proyectos también es un obstáculo grande porque no permite la continuidad a los procesos de implementación de la política:

“Otro punto es que a nivel del COTICSA hay una dinámica diferente, en el sentido que cuando se reactiva el COTICSA son nuevas personas las que asumen las responsabilidades. Ahora sólo dos personas de las que iniciaron están todavía en el COTICSA, que son Rosaura García y Blanca Moncada. Esto debilita el proceso, porque no hubo un traspaso de conocimientos, de procedimientos, de procesos que se habían hecho entre el COTICSA anterior y el actual. Entonces, prácticamente esto hace empezar de cero nuevamente, todos los planes, recopilar lo que se había hecho”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) 48

Este problema se presenta también en otras instituciones del Estado: “Nosotros visitamos al director del INA, vamos al IHCAFE, a su más alto nivel del directorio, implementamos un taller de capacitación para técnicos de campo de IHCAFE, pero la problemática es la de siempre. La persona que era el enlace salió de su puesto y ya no tenemos seguimiento a la implementación de esa metodología”. (Edith Starkman, coordinadora del COTIGSA) •• No se ha elevado la PEGAH a nivel de política pública ni se ha legalizado En las entrevistas realizadas se menciona constantemente que uno de los obstáculos más grandes que se enfrentan para implementar la PEGAH es que no fue oficializado. Es decir, que no fue elevado al rango de política pública mediante decreto legislativo a pesar que con la aprobación de la Política Nacional de la Mujer, teóricamente, esta política y las demás políticas sectoriales adquirían dicha condición de acuerdo a lo expresado en el apartado sobre las estrategias de implementación: “Hay otro punto con respecto a la PEGAH, no tiene un carácter jurídico que lo ampare. La PEGAH fue aprobada por el CODA, y no se llevó a nivel de política, como decía el IHCAFE: Nadie me puede obligar

a cumplirla, el café ya se privatizó, ya no es parte del Estado. Si fuera una política de carácter del estado entonces si se aplicaría”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) En igual sentido se expresa la coordinadora del COTIGSA: “La PEGAH tiene que ser revisada, revalidada, y algo más importante, legalizarla. Porque si no está legalizada, si no hay un acuerdo, no hay un decreto, se queda como coja, en el aire. Entonces nuestro propósito es que llegue al Congreso, sea legalizada. Los cooperantes lo han considerado de suma importancia. Nosotros pretendemos que esta política no sea una política de gobierno, que sea una política de Estado, y al llegarle nosotros a la legalización, independientemente de quien venga, nosotros recibimos el apoyo del ministro, nos da carta abierta para actuar, accionar y hacer nuestro trabajo”. (Edith Starkman, coordinadora del COTIGSA) Estas afirmaciones dejan ver la falta de conocimiento que tienen las personas encargadas de implementar la política sobre sus mecanismos de ejecución así como sobre el estatus que tiene una política pública dentro del ordenamiento legal y administrativo del Estado. Al analizar el contenido de estas disposiciones, se puede concluir que estas políticas fueron automáticamente legalizadas y forman parte del sistema legal del país desde el momento en que es mencionado este imperativo en la Política Nacional de la Mujer. Por lo tanto, es necesario retomar este argumento en la formulación del II Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer el cual se encuentra, actualmente, en proceso de aprobación. •• Debilidades presupuestarias Las debilidades presupuestarias en la implementación de la PEGAH se evidencian en la falta de apoyo a la creación y sostenibilidad de las unidades de género así como del personal que tiene asignadas funciones análogas en otras instituciones.

“Nosotros en DINADERS no tenemos presupuestos asignados. En el 2007 y el 2008 hemos trabajado sin presupuesto, pero no sabría decirle a que se debe. Los logros que tenemos, las acciones que realizamos, las hacemos con ayuda de cooperantes. Años atrás, si ha habido asignación presupuestaria, porque incluso con el gobierno anterior había una oficina, pero yo no le puedo dar la información porque yo no estuve. Yo creo que el presupuesto nunca va a ser suficiente para las acciones que se quieran realizar”. (Edith Larios, DINADERS) En algunos casos, la asignación de presupuesto se limita a fondos para garantizar el funcionamiento de las unidades, pero no para realizar o ejecutar proyectos: “La Unidad de Género de PRONADERS tiene su presupuesto, medio millón por año, pero no es para inversión, solamente para el funcionamiento de la unidad, desde donde se coordina”. (Edith Larios, DINADERS) La falta de apoyo a las acciones afirmativas a favor de las mujeres se expresa por consiguiente en las bajas asignaciones presupuestaria para los proyectos ejecutados con mujeres. La corrupción en el manejo de los fondos constituye otro problema grave a enfrentar. Para muestra un botón, en el grupo focal realizado con mujeres campesinas de todo el país, quedó evidenciado cómo se desvía el dinero destinado a los proyectos para las mujeres hacia el cumplimiento de sus compromisos de los políticos de turno. No se seleccionan personas, grupos o proyectos por su capacidad, coherencia y factibilidad de las iniciativas, sino por su color político, por su pertenencia y militancia a alguno de los partidos tradicionales que están en el poder. Por consiguiente, esto hace que muchas mujeres desistan de participar en política y a tener poca disposición de ejercer el sufragio y elegir sus autoridades: “En cuanto al fondo de la Reducción de la Pobreza, yo creo que nadie ha recibido nada, porque en mi lugar allá nostras metimos propuestas

y parece que la municipalidad quiso organizar su gente, pero al color que a ellos les corresponde para así dar unas pequeñas ayudas a algunos grupos, pero no a toda la gente. Entonces ahí con las municipalidades digamos que se perdió. Eso no le tocó a nadie. Y, pienso yo que tenemos el gran reto de trabajar más. Debemos saber seleccionar a las autoridades. Bueno, ahorita gracias a Dios que yo no me manche mis deditos para andar eligiendo a nadie, porque ya uno se convence que todos son iguales. Talvez si fuera una mujer y máxime que fuera una campesina, porque ella sí conoce y sabe los problemas del campesino. Talvez si vaya a apoyar al campesino, pero en lo demás, pues no creo. Otra cosa también es que la representante de la Oficina Municipal de la 49 Mujer debe ser una persona que sea de nuestros campesinos, pero que no sea puesta por el alcalde sino elegida por nosotros”. (Grupo focal) “Y cuando viene un político dice: ¿Y usted trabaja con grupos organizados? ¿Me va a dar sus mujeres? Yo cómo se las puedo dar. Yo a veces animo a las mujeres, hagamos esto, hagamos lo otro pero sin ningún beneficio, porque ahí no nos dan nada, ya en la política no nos están dando nada”. (Grupo focal) Los políticos de turno no son concientes de cómo sus prácticas corruptas -la manera tradicional de hacer política en nuestro paísdebilitan poco a poco la democracia. Tan es así que la convierten en un espejismo, en una quimera. Tan es así que se expresa, sin lugar a dudas, en los altos índices de abstencionismo de las últimas elecciones. •• Falta de socialización de la PEGAH La falta de socialización de la PEGAH provocó que sólo las personas que están directamente vinculadas a unidades de género, o que participaron en la elaboración de la política conocieran sus principios y estrategias. Esto es particularmente cierto en las áreas rurales debido a la centralización del proceso y del Estado en las grandes ciudades. De hecho, las entrevistas nos indican que las

mujeres organizadas tienen más conocimiento de la PEGAH que el personal del Estado: “La política nunca se socializó como se debió hacer. Creo que nos ayudó el hecho de que nosotras participáramos como asociación en la formulación, entonces nosotras la conocemos, nosotras la tenemos, nosotras hemos estado haciendo un trabajo, pero no el personal del gobierno”. (Grupo Focal) 50

•• Falta de regionalización de la PEGAH Un problema que enfrenta la implementación de la PEGAH -común a todas las políticas públicas y las acciones que realiza el Estado- es que no se logró regionalizar. Ello a pesar que es una política pública dirigida al agro. Las entrevistadas indican que la principal limitación enfrentada es que no se ha logrado involucrar de forma activa a las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM). De acuerdo con la Política Nacional de la Mujer y con la estructura organizativa del INAM, estas coordinadoras son quienes tienen la responsabilidad de incidir en los gobiernos municipales para que incorporen en sus planes y proyectos de desarrollo a las mujeres de forma igualitaria y equitativa. Lo arriba expuesto tiene relación con la debilidad política, técnica y presupuestaria de las OMM. A ello es preciso sumar que no tiene reconocimiento formal en las leyes lo cual tira por el traste sus atribuciones y capacidades. Por consiguiente, enfrentan dificultades que tienen que ver con la cultura patriarcal y machista imperante así como con la poca voluntad de la mayor parte de los alcaldes y el personal de las municipalidades de apoyar la creación y fortalecimiento de las OMM: “Las OMM deben hacer alianzas con las municipalidades, pero no tienen un presupuesto ni claridad en la implementación de las políticas. Crear una pequeña estructura, ponerle un escritorio a la coordinadora, un

archivo. Esto se da porque hay alcaldes que tienen sus propios rasgos de machismo, aunque hay otros que están muy abiertos a colaborar”. (Rosaura García, coordinadora del Departamento de Mujer y Joven Rural, INA) Este problema se vuelve aún más grave si se tiene en cuenta la importancia creciente de los procesos de descentralización y desarrollo local dentro de las estrategias de desarrollo del estado. Es de notar que han ido cobrando cada vez más fuerza dentro de las políticas estatales. Este es el caso de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). •• Falta de vinculación entre las políticas A pesar de la existencia de una instancia de coordinación interinstitucional como el COTIGSA, y de la firma de convenios entre instituciones, no se ha logrado vincular la Política Nacional de la Mujer y las políticas sectoriales con la PEGAH. Se ha realizado algún trabajo conjunto como es el caso de la Política Agrícola Centroamericana, a través de un compromiso institucional de la Ministra del INAM; con las políticas y programas de seguridad alimentaria; y con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. •• La coordinación con la sociedad civil El plan estratégico de la PEGAH plantea dentro de las estrategias de implementación la coordinación de las instituciones del Estado con las organizaciones feministas y de mujeres así como con la sociedad civil. Además, de acuerdo con estudios realizados sobre la implementación de políticas públicas, éste es un requisito esencial para lograr la efectiva ejecución de las políticas públicas con equidad de género en dos vías y son: primero, si las organizaciones de mujeres conocen y se apropian de la política, pueden demandar y exigir que el Estado realice las acciones consignadas y cumpla con los objetivos contemplados; y segundo, pueden actuar como ente fiscalizador y

de auditoria social de los fondos y acciones de las instituciones del estado. Empero, las entrevistas nos indican que no se ha logrado establecer mecanismos efectivos de coordinación: “Me doy cuenta que la sociedad civil tiene muy poca alianza gubernamental, no hay esa coordinación, no hay relación, Ven al sector gubernamental como que fuera mas bien inepto, en vez de aprovecharse de los espacios. Si hay un INAM, si hay ahora un Instituto de la Juventud, si hay unidades de género en muchas organizaciones, porque no aprovecharlas, por que no coordinar. No sirve tener políticas si los mismos interesados no demandan su cumplimiento. Una política se implementa en partes iguales; y, ¿si no hay una demanda?... para mí tienen que apropiarse de esta política, exigir en el marco de la política”. (Rosaura García, coordinadora del Departamento de Mujer y Joven Rural, INA) Como se observa en estas palabras, en lugar de existir relaciones proactivas de apoyo mutuo entre el Estado y las organizaciones de mujeres, siguen persistiendo prácticas excluyentes. Ello no permiten la generación de debate sino, por el contrario, la confrontación; lo que sin duda alguna, debilita la implementación de la política. En las entrevistas, se menciona mucho también que las organizaciones feministas y de mujeres no han logrado concretar alianzas con el INAM. Recordemos que esta última es la instancia estatal encargada de velar por la implementación de las políticas públicas y el cumplimiento de las leyes. De hecho, se menciona más bien que el INAM -a través de prácticas institucionales viciadas y politizadas- obstaculiza el trabajo de las organizaciones de mujeres: “Yo fui coordinadora de la OMM en Tocoa, pero yo era la piedra en el zapato del INAM. Yo hablo en este momento de recuperar el INAM. Se volvió un fantasma que en vez de estar ayudando a las mujeres, sólo sirve para tener gente garantizando su salario por cuatro años y punto. Pero interés hacia las mujeres, no hay. Lo que más les interesa es que nosotras nos perdamos.

Tienen una actitud defensiva a morir. Ellas defienden al presidente, al partido, por encima de las mujeres. El INAM no está respondiendo ni en lo mínimo a las necesidades de las mujeres. Nos están enseñando a pedir; ¡no a exigir! ¡Qué tienen que respetar a los alcaldes, me come los ovarios! No tenemos porque ir a pedir. ¡Si las que tenemos que empoderarnos de nuestros derechos somos nosotras! El INAM debe descentralizarse. Las mujeres tenemos que recuperar el INAM”. (Grupo focal) Esta situación también está presente en las relaciones con otras instituciones del Estado: 51 “Si no hay relaciones con el INAM; ¡mucho menos con las otras instituciones! Cuando llegamos nosotras, sólo esperan que nos vayamos, y dicen: ‘Parecen culos trayendo propuestas; ¿de dónde les vamos a dar?’ Pero nosotras sabemos que llega dinero para capacitación. Al final, sólo dan dinero a esos grandes hoteles. El otro día en una reunión dijeron, ‘ahorita estamos trabajando con 25 millones, pero ahora vamos a trabajar con 45 millones’. Pero nosotras decimos: ¿qué estamos viendo las mujeres?; ¿qué ha cambiando? Yo sólo miro un montón de dinero gastado en hoteles, pero yo no miro nada para nosotras. La verdad es que la gente que está allí no está haciendo nada para nosotras las mujeres”. (Grupo focal) Como lo han comprobado números estudios, en la medida que se involucran y se compromete la sociedad y los movimientos sociales con el trabajo del Estado, las acciones van a ser más efectivas. Logran tener continuidad y sostenibilidad. A propósito, es necesario buscar estrategias que permitan un mayor acercamiento entre el Estado y las organizaciones de mujeres. Por consiguiente, se permitirá el fortalecimiento del capital social y las estructuras existentes. No se han creado los centros de documentación estipulados en la PEGAH La PEGAH también contempla la creación de un centro de documentación donde se pueda obtener información sobre género y

desarrollo rural, entre otros temas. La finalidad es que el personal técnico tenga documentación actualizada que le sirva de material de apoyo para el trabajo que realizan. Sin embargo, este centro de documentación hasta el momento no ha sido creado. Más bien, cada institución “tiene su propia biblioteca y sus propios libros”13. Tampoco se ha diseñado sistemas electrónicos mediante los cuales se brinde información sobre el trabajo que desarrollan las unidades de género de cada dependencia. 52

•• El enfoque utilizado Al analizar el contenido de la PEGAH, tanto de sus estrategias de ejecución como del discurso de las personas encargadas de los programas y proyectos, se evidencia que todavía no hay claridad en cuanto al marco conceptual del cual se debe partir para implementar políticas contentivas de acciones afirmativas a favor de las mujeres: “Se están haciendo acciones aisladas pero se está trabajando con un enfoque que no está unificado, estandarizado. Entonces, está ahí el punto; es el cuello de botella para poder incidir; y realmente conocer el nivel de alcance, el involucramiento y la participación activa de la mujer y el involucramiento también del hombre en el rol reproductivo. Este tema aún todavía es difícil de tratar en el sector agrícola, lo importante es que lo retomemos”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) Cabe notar que la ausencia de claridad en cuanto al enfoque que se debe utilizar, no sólo tiene que ver con la falta de unificación de criterios sino, más bien, con la resistencia. Esta última está presente tanto en el terreno de quienes formulan la política como de quienes ejecutan los programas y proyectos. Estas personas no terminan de abandonar enfoques que han sido probados como inadecuados; tal es el caso del Mujer en Desarrollo (MED). Este enfoque fue muy 13 Entrevista Blanca Moncada, encargada de género DICTA y miembra activa del COTIGSA

utilizado en la década de los setentas y ochentas en todo el mundo y, sobre todo, en los países en desarrollo. No podemos obviar que, también, prevalecen visiones mucho más conservadoras a ser el enfoque familista. Este enfoque tiene la debilidad de establecer como fin último las acciones el mejoramiento de la familia, en su conjunto, pasando por alto las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres en el área rural así como las condiciones y situaciones particulares que enfrentan las mujeres, dentro de la misma familia, en el acceso y uso de los recursos productivos. La incorporación del denominado «enfoque de familia» es evidente en el contenido mismo de la PEGAH. En el apartado relacionado con el Desarrollo Humano, se afirma literalmente en una de las medidas a implementar: “Rescatar y fortalecer, en coordinación con la Secretaría de Educación, los valores tradicionales de la familia rural”14. Así pues, esta visión es evidente en la opinión de las personas encargadas de implementar los programas y proyectos: “Yo creo que lo debemos ver en el amplio sentido de la unidad familiar, desarrollar a la mujer por equidad al hombre del desarrollo de la familia. En el momento que usted hace equidad, está desarrollando una generación de eficiencia, de antipobreza, de bienestar en la familia. Cuando la mujer se empodera del desarrollo volvemos al tema familia. Yo no creo que debamos pensar sólo en la mujer como individuo a desarrollarla a ella, sino como parte de la familia. Tampoco creo que deba ser una competencia entre mujeres y hombres. Al buscar esa equidad estamos buscando igualdad de derechos, igualdad de salarios, control a la violencia y esto está ayudando a reducir la pobreza”. (Edith Starkman, Coordinadora del COTIGSA) Al hablar de la preservación de la «unidad familiar» o de «valores tradicionales», no se tienen en cuenta que la cultura es la base sobre la cual se sustenta el conjunto de reglas y mandatos patriarcales que están detrás de la opresión de las mujeres. Desde la perspectiva feminista, la exigencia de pureza cultural no es más que una forma 14 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Política para la Equidad de Género en el Agro... Pp. 49.

de continuar la subyugación de las mujeres en una sociedad de rápido cambio15. Otro problema en el manejo del enfoque de género -que es evidente en el documento de política- es la no aceptación de las condiciones diferenciadas de las personas en cuanto a sus necesidades y acceso a recursos. Ello trae como consecuencia que no se vea la necesidad de establecer estrategias diferenciadas de trabajo entre mujeres y varones. Esto se observa con claridad en la definición de las estrategias de implementación de la PEGAH: “La Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño está dirigida a la población rural y no solo a sectores o grupos de mujeres beneficiarias. Es decir, tiene como principal beneficiaria a la población agrícola femenina en su conjunto, pero abarca a todos los productores del área rural”. Hay otros pasajes de la política que se expresan en el mismo sentido y pueden verse en las medidas a implementar en el área de fortalecimiento institucional: “Realizar, desde el inicio de la formulación y ejecución de los proyectos, la correspondiente asistencia técnica en perspectiva de género, de tal manera que se garantice la participación equitativa de ambos sexos, y el éxito e impacto del proyecto; y en la siguiente medida: Incluir como población meta de los proyectos de cualquier índole, porcentajes equitativos de hombres y mujeres, debiendo priorizarse como beneficiarios los grupos vulnerables de ambos sexos, y considerando las necesidades prácticas, estratégicas y condiciones específicas de las mujeres”16.

y los varones, basadas en el ejercicio del poder masculino, que determina que las mujeres ocupen una posición subordinada dentro de la estructura social17. Sin embargo, el poder como elemento definitorio de las relaciones sociales está ausente de la PEGAH; por consiguiente, se limitan sus efectos concretos. Esto es así porque no toma en cuenta que para lograr cambios -a favor de las mujerestiene que pensarse en estrategias que permitan un cambio en las relaciones de poder entre los géneros. De tal manera que estos cambios contribuyan al empoderamiento de las mujeres así como que ellas cuenten con herramientas para tomar sus decisiones con autonomía. Al no haber claridad en el enfoque, las y los técnicos 53 cuestionan el trabajo con las mujeres porque no tienen la capacidad de verlas como sujetas de derechos. No es ocioso mencionar que, tampoco, reconocen las brechas de inequidad existentes.

Desde el pensamiento feminista -teoría y fundamento ideológico de la perspectiva de género- se insiste que el género no es simplemente hablar de hombres y mujeres o de paridad en la participación. El género es una categoría crítica que permite analizar cómo se estructuran formas de relacionamiento social entre las mujeres

Un problema de arrastre es la persistencia del enfoque de Mujer en Desarrollo (MED). Esto es así, a pesar que numerosos estudios han demostrado que no es el más adecuado para lograr la incorporación de las mujeres en los proyectos de desarrollo. Como se mencionó otrora, fue muy utilizado en los años setentas y ochentas. Hoy, es uno de los enfoques presente en la mentalidad de las personas encargadas de formular las políticas y estructurar los programas. Tan es así que ha sido predominante en el diseño de los programas y proyectos. Como es sabido, este enfoque propone la integración de las mujeres en los proyectos de desarrollo desde ocupaciones ligadas a su rol tradicional mediante actividades a ser: repostería, costura y cuidado de animales menores (etc.). Por consiguiente, una de sus principales limitaciones es que no contribuye al logro de un cambio cultural ni coadyuva a la transformación de los roles sociales. Es más, refuerza la permanencia de las mujeres en el espacio privado-doméstico.

15 Gita Sen y Karen Grown. Desarrollo, Crisis y enfoques alternativos. Perspectivas de la mujer en el Tercer Mundo. (México. Colegio de México, 1988). 16 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Política para la Equidad de Género en el Agro...

17 Joan W. Scout. “El genero, una categoría útil para el análisis histórico” en Historia y Genero, Las mujeres en la Europa Moderna y Contemporánea; citada por Lola G. Luna y Mercedes Villalonga (Comp). Desde las orillas de la política. Genero y poder en América Latina. (Barcelona, Universitat de Barcelona, 1996).

Asimismo, se visualizó una especie de «maternalismo» en el manejo del enfoque como puede apreciarse en algunas opiniones vertidas por las técnicas. Ellas afirman que: “Hay que hacer medidas especificas para levantarlas a ellas hasta equipararlas”18. Esta forma de proceder es lejana a los principios y planteamientos de la teoría de género y feminista. Es decir, no es el personal técnico quien «rescatará» a las otras mujeres.

•• Falta de capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género al personal involucrado en la implementación de la PEGAH La falta de comprensión sobre lo que implica incorporar el enfoque de género trae, como consecuencia inmediata una baja importancia al tema y la no asignación de recursos para capacitar al personal. Existe personal técnico en la SAG y en otras instituciones que fue asignado al manejo de programas, proyectos y unidades de género, empero no asume su papel porque no sabe cómo desarrollarlo: “La otra cosa que debilita la operativización es la falta de comprensión de la temática de género. No hay un recurso humano sensibilizado y mucho menos comprometido, son pocos y pocas las comprometidas”. (Rosaura García, coordinadora del Departamento de Mujer y Joven Rural, INA) •• Debilidades en la generación de estadísticas e investigaciones Si bien es cierto se registran avances en la creación de bases de datos y en la generación de estadísticas desagregadas por sexo sobre la situación de las mujeres y sobre la implementación de programas y proyectos, no menos cierto es que la información producida es muy limitada. Por lo general, describe la población beneficiaria, pero no incluye datos sobre el tipo de beneficio que recibe. Es decir, no 18 Entrevista a Edith Larios, de DINADERS.

brinda información sobre el acceso a recursos, presupuesto asignado a los proyectos con mujeres ni sobre el impacto de los programas y proyectos específicos con mujeres o que las incluye: “No conocemos cuáles son los efectos que ha tenido en la vida de las mujeres los programas y proyectos, no conocemos su impacto, porque la mayoría de proyectos que yo he conocido no han sido sostenibles. Si tenemos datos sobre la implementación de algunos proyectos que se están realizando en el marco de seguridad alimentaria, el bono agrícola, el bono tecnológico, pero yo creo que hace falta una base de datos”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM). Hasta la fecha, ninguna de las instituciones del sector público agrícola ha ejecutado un programa específico para la generación de estadísticas; tampoco, se ha creado una base de datos unificada de todas las instituciones. Todo lo anterior dificulta la comprensión de la situación de las mujeres así como de los avances obtenidos. Cabe mencionar que antes de diseñar o ejecutar los proyectos, tampoco es frecuente que se realicen estudios de línea base de la población beneficiaria o usuaria de los servicios o acciones. Por consiguiente, no debería sorprendernos que tampoco se conozca con exactitud el efecto o impacto de los programas y proyectos.

a ejecución de una política pública puede medirse a través de indicadores cuantitativos, que den cuenta de tres aspectos fundamentales y son: el número de programas y proyectos diseñados para ser implementados exclusivamente con mujeres; el número de programas y proyectos mixtos, que tienen como componente central la incorporación igualitaria de hombres y mujeres; y la asignación de fondos de forma equitativa para las mujeres.

Programas y proyectos ejecutados

Los avances en la implementación de la PEGAH –relacionados, sobre todo con la creación de instancias y de una institucionalidad adecuada- han permitido que la SAG y otras instituciones del sector público puedan realizar acciones concretas a favor de la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo. Esto se ha dado a través de la ejecución de programas y proyectos en dos vías. La primera es mediante los programas y proyectos mixtos; y la segunda, a través de los dirigidos específicamente a las mujeres. De acuerdo con la información obtenida, en la actualidad se están desarrollando los siguientes proyectos con mujeres: Procesamiento de Envasados (Intibucá); Proyecto de Cultivo de Papa para Mujeres (Ocotepeque); Proyecto de Soya (Francisco Morazán); Manejo de Ganado Lechero para mujeres (Sico- Paulaya); Empresa de Mujeres (Sico-Paulaya); Cría e Industrialización de Pollos de Engorde (Yoro); Huertos Familiares, para las mujeres, para la seguridad Alimentaría (Yoro, Cortés, Atlántida, Francisco Morazán, Copán, Valle, Colón, Choluteca, Santa Bárbara, El Paraíso, Lempira); Instalación de Tienda Mayorista de Abarrotes; y, finalmente, Apoyo Empresarial a las Mujeres de las Etnias. De los 53 proyectos consignados en el plan de acción de la SAG y en ejecución en la actualidad, 31 hacen una declaración explícita de la participación de la Mujer. Ello equiválela 58.9% del total.

Cuadro N ˚ 2. Programas y proyectos ejecutados por la SAG que incluyen mujeres beneficiarias N˚

Tipo de Programas / Proyectos

N˚

65%

Proyectos productivos

Capacitación

17%

Apoyo a la producción con riego

Acceso a la tierra

Comercialización para el consumo

Total

100%

Fuente: Plan de Acción de la SAG

Es preocupante que de acuerdo a la información obtenida, solo un 37.3% de la nueva cartera de proyectos enuncia la participación de la mujer rural. Por otro lado, un 42% del total de estos nuevos proyectos no tienen información desagregada por sexo ni total de beneficiarios. Los proyectos que tienen información desagregada por sexo son los siguientes:

Cuadro N ˚ 3. Programas y proyectos del sector público agrícola Nombre del Programa/ Proyecto

Objetivo / Acciones Realizadas

Área de Influencia

Personas beneficiarias Mujeres

Proyecto de Coco de la Oficina Regional de Dicta en el Litoral Atlántico

Continuar la distribución de plantas de coco, para contribuir con la seguridad alimentaría de los municipios más pobres del Litoral Atlántico.

Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios.

240 100%

Repoblación Forestal y Medios de Subsistencia Sostenible en Pico Bonito

En 2006 y 2007 fueron financiados seis (6) proyectos para conservar la biodiversidad, estimular la economía local y mejorar las condiciones sociales alrededor del Parque Nacional Pico Bonito, así como producir oportunidades viables de inversión.

Comunidades de la zona de amortiguamiento del Parque: Olanchito, en Yoro; y San Marcos, en La Masica, Atlántida.

352 70%

148 30%

Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional “María Carla Rivera Tejada”

Recuperar y ampliar, en forma participativa, la cobertura de las áreas de vocación forestal, con fines de protección de la producción de bienes y servicios ambientales, procurando la generación de empleo e ingresos y por ende el mejoramiento de la calidad de vida.

Programa destinado a cuatro etnias. 17 departamentos y 131 municipios

23, 507 52%

22,406 48%

Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC)

Modernizar y desarrollar el subsector pesquero y acuícola en forma racional, en un marco de igualdad, transparencia, competitividad y sostenibilidad, para mejorar el bienestar socioeconómico de la población hondureña.

Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Tela.

*73 47 %

*83 53%

Programa Nacional de Cambio Climático.

Ejecutado en 2007, consistió en la elaboración del estudio de la vulnerabilidad actual de la Cuenca del Río Aguán.

Yoro, Colón, Olancho, y Francisco Morazán.

329 44%

417 56%

Servicio de Educación y Capacitación Agrícola (SEDUCA)

Propiciar un servicio público-privado de capacitación de desarrollo que genere una actitud agro empresarial, bajo un enfoque formador, informador y que provea capacidades tecnológicas imprescindibles para establecer un vinculo estratégico entre creadores/as y beneficiarios/as de la riqueza.

A nivel nacional

650 40%

975 60%

831

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras. Pp. 129-131.

Inversión

Hombres 3.5 Millones

38.0 Mil en 2007 (Evento de capacitación)

Proyecto de Bosque y Productividad Rural: 2008-2009.(PBPR)

a. Veintidós (22) subproyectos programados de forestería comunitaria, destinados a familias asentadas en el bosque, con el objetivo de transferir tecnologías agroforestales en los cultivos de maíz, fríjol, café. Asimismo la construcción de sistemas de riego y fogones mejorados.

l5 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Yoro.

739 2%

30,015 98%

b. Diez (10) subproyectos de coinversión para familias pobres del área rural, con el propósito de mejorar el ingreso familiar rural por la vía del mejoramiento de la producción y comercialización de chile, plátano, malanga, café, miel, aserrío de madera, repostería y dulces.

l0 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Yoro.

833 6%

14,125 94%

Programa Alimentos para el Progreso (USDA)

Veinticinco (25) proyectos ejecutados con el objetivo de mejorarla infraestructura, acceso a recursos, condiciones de mercado, fortalecimiento de la inocuidad de alimentos de productos de exportación y de consumo domestico y los agro negocios.

Nivel nacional

2,968 31%

6,605 69%

Proyecto Bono Tecnológico

Contribuir a la seguridad alimentaría de la población rural y a la generación de excedentes de producción, mediante un aumento en la productividad de granos básicos con la utilización de tecnologías apropiadas por parte de los/as beneficiarios/as.

17 Departamentos

14,120 25%

42,113 75%

20062007 190.6 Millones

Programa Nacional de Desarrollo Local (PRONADEL)

Apoyo a grupos de base y Cajas Rurales

Lempira, Santa Bárbara, Ocotepeque, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, Valle y Francisco Morazán.

1,229 18%

5,601*** 82%

Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA).

Facilitar el desarrollo de la agricultura bajo riego, y promover la diversificación de la producción agrícola, para contribuir a la seguridad alimentaría por medio del funcionamiento de seis distritos de riego

A nivel nacional

219 17%

1,068 83%

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

Encadenamientos productivos de los siguientes rubros: palma africana, leche, granos básicos, frutas y hortalizas, cacao, carne bovina y porcina; y apícola.

Principales valles y altiplanos del país.

2,226 16%

14,662 84%

En el 2007: inversiones por 45.0 millones**

Instituto Hondureño del Café (IHCAFE)

Promover la rentabilidad socio-económica del caficultor(a) mediante el desarrollo de la competitividad de la Cadena Agroindustrial del Café, de una manera sostenible, utilizando tecnologías vanguardistas amigables con el ambiente.

15 departamentos del país

12,000 15%

68,000 85%

104.0 millones

Fuente: Upeg / SAG * Participantes en capacitaciones sobre apicultura, en 2007. ** Los fondos fueron destinados a la producción y comercialización de granos básicos, hortalizas, caña de azúcar, tilapia, riego, compra de silos y bombas de mochila. *** Personas beneficiadas en 2007.

Otros proyectos que están siendo ejecutados por el sector público agrícola, relacionados con el apoyo a las cajas rurales son: Cuadro N ˚ 4. Algunos programas y proyectos del sector público agrícola que apoyan la formación y desarrollo de cajas rurales (2007) N˚

Programa/Proyecto Ejecutor

Inversión (Lps.)

Personas beneficiarias N˚

Mujeres

Hombres

Proyecto Apoyo a la Mujer Rural

------

450

90%

10%

Proyecto de Ajonjolí

0.6 millones

206

92%

FONADERS, Plan 600.000.00 Nacional de Cajas Rurales

75,000

60%

40%

FUNDER

------

9,882

48%

52%

FONDERS, Profesionalización de cajas rurales

240.000.00

4,500

60%

40%

Fuente: Datos de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión (UPEG) de la SAG

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS), asesora la transversalización del enfoque de equidad de género en los doce proyectos que están bajo su coordinación. Estos son los siguientes: Programa Multifase para el Manejo de los Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias, Programa de Fomento de Negocios Rurales (Pronegocios), Proyecto de Desarrollo en Zonas de Fragilidad Ecológica de la Región del Trifinio (Prodert), Cuenca Alta del Río Lempa, Fundación PROLANCHO, Desarrollo de los Valles de Sico y Paulaya, Componente de Occidente para el Manejo de los Recursos Naturales, Manejo Integrado de Ecosistemas (GEF), Proyecto Autogestionario para el desarrollo de los Municipios del Norte de Copán (Norte de Copán), Reducción de Pérdidas Post Cosecha (Post Cosecha), Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), Lempira Sur y CARE Extensa2. En los últimos años, la Unidad de Género de DINADERS ha apoyado a unos 150 grupos y empresas de mujeres en la formulación y gestión de propuestas de proyectos para desarrollar sus emprendimientos productivos. Esta unidad impulsó a partir del 2002 los siguientes proyectos: 2 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras. Pp. 113.

Cuadro N ˚ 5. Proyectos en ejecución año 2008 N˚

Organización

Localización

Proyectos

Monto en Lps

Origen

Mujeres beneficiarias

Asociación de Mujeres Nueva Esperanza

El Virrey, Macuelizo, Santa Bárbara

Elaboración de alimentos concentrados para aves 400,000.00 y cerdos, y el procesamiento de carne de cerdo

Externos

200

Asociación de Mujeres Campesinas Yoreñas

Yorito, Yoro

Fabricación de silos metálicos y acopio para la comercialización de granos básicos de grupos afiliados a la asociación

400,000.00

Externos

650

Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas

Intibucá, Intibucá

Instalación de una planta de procesamiento de frutas y vegetales

400,000.00

Externos

850

Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida

Choluteca, Choluteca

Fortalecimiento y formación de tiendas de consumo

400,000.00

Externos

500

Grupo Mujeres en Acción

La Peña, San Antonio Copán

Cultivo de una manzana de repollo

30,000.00

Nacionales

Grupo de Mujeres Jesús es Amor

Florida, Copán

Instalación de tienda de abarrotes

45,000.00

Nacionales

Mujeres en Acción

El Triunfo, Tocoa

Expansión de panadería

24,000.00

Nacionales

Grupo Luz y Amor

La Corteza, El Triunfo, Choluteca

Equipamiento de centro de procesamiento de frutas

74,000.00

Nacionales

Grupo Mujeres por la Vida

La Concepción, Río Grande, Fco Morazán.

Elaboración y comercialización de alimentos a base de fríjol de soya

74,000.00

Nacionales

Grupo Sol Naciente

Col. El Aguan, Trujillo, Colón

Creación de tienda de consumo

15,000.00

Nacionales

Grupo Mi Esperanza El Agricultor

Olanchito, Yoro

Fortalecimiento de tienda de consumo Mi Esperanza

15,000.00

Nacionales

Grupo Mujeres en Acción

Florida Copan.

Proyecto de producción de piña

35,000.00

Nacionales

Grupo de Mujeres de Papel

Nacaome, Valle

Proyecto de equipamiento de local para la elaboración de papel

40,000.00

Nacionales

Mujeres Indígenas Chortis

Sinuapa, Ocotepeque

Proyecto productivo de una manzana de papa

35,000.00

Nacionales

Grupo Las Azucenas

El Guayabo, Nacaome

Proyecto comercialización y propagación del jícaro

40,000.00

Nacionales

Grupo El Sonzapote

Tela, Atlántida

Construcción de Centro de salud

500

Grupo El Tambor

Tela, Atlántida

La Campana

Dulce Nombre de Culmí, Olancho

El Zopilote

Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Proyecto de Ganado Bovino y Frutales

Vallecillo

Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Proyecto de Ganado Bovino y Frutales

El Suyatal

Cedros, Fco. Morazán

Cajas Rurales

105

Monte Redondo

Distrito Central, Fco. Morazán

Producción y comercialización de hortalizas

San Sebastián Ojojona

Francisco Morazán

Cultivo de Tilapia

Ceniceros

Ojojona, Francisco Morazán

Cultivo de Tilapia y hortalizas

Construcción de Jardín de niños

150 75

Fuente: Departamento de Género. Fondos Externos y Nacionales

A partir del 2003, estos proyectos iniciaron su ejecución y fueron financiados con fondos de la cooperación internacional en el marco del Proyecto de Igualdad de Oportunidades PION RURAL (HON-98). Priorizaron grupos de mujeres de las diferentes regiones del país. Previo a su realización contaron con estudios de factibilidad, rentabilidad y la definición de estrategias de comercialización. Aunado a este componente productivo, se fortaleció el aspecto sociopolítico de las organizaciones de mujeres para lograrlo se definieron estrategias de capacitación, sensibilización y concientización en la perspectiva de género y feminista.

o proyectos que también incluyan la satisfacción de necesidades estratégicas3.

Mediante este proyecto de apoyo directo a la implementación de la PEGAH, se trató de involucrar a diferentes organizaciones de mujeres para que pudieran manejar proyectos socioproductivos así como fortalecer su formación política. Sin embargo, esta iniciativa duró pocos años. Ello se debió a cambios institucionales y falta de apoyo de la cooperación internacional. Cabe mencionar que esta última no ha brindado fondos directos a mujeres para programas

•• Formación de 51 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) funcionando en diferentes comunidades del país. •• Desarrollo de proyectos microempresariales en 6 Cajas Rurales, relacionados con la cría de tilapia, elaboración de artesanías, producción de fríjol y tiendas de insumos agrícolas.

A partir del 2002, la Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA) ha ejecutado el proyecto Apoyo a la Mujer Rural para Incrementar la Producción de Alimentos (PAMR). Dentro de sus principales acciones se destacan a ser: el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a los recursos de producción a través de la capacitación a productoras enlaces y la apertura de créditos por medio de cajas rurales. Los logros obtenidos a través de este proyecto son:

3 Los conceptos de necesidades prácticas y necesidades estratégicas van a ser desarrollados en el capítulo final de este trabajo.

•• Desarrollo de capital propio (428,439.00 lempiras) en 35 Cajas Rurales organizadas en el 2007. •• Fortalecimiento del trabajo con las Cajas Rurales desde el enfoque de equidad de género por la vía de la capacitación al personal (110 personas), y la contratación de personal técnico con experiencia en el tema. •• Otorgamiento de 36 financiamientos, que representan un total de 2, 093,669.50 lempiras provenientes del programa 2KR del gobierno del Japón. •• Inicio, en septiembre del 2005, de la formación de 30 Productoras Enlace (PREN), quienes se capacitaron en la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos; nutrición; huertos familiares y saneamiento básicos. •• Atención a 1,112 familias, con 650 mujeres y 380 hombres4.

•• Impulso a la organización de las mujeres y a la innovación de sus productos. •• Apoyo a la comercialización, por medio del impulso a la participación de las empresas de mujeres en ferias nacionales e internacionales, así como la búsqueda de nichos de mercado. •• Creación de un centro de negocios el cual constituye un punto para la venta de los productos elaborados por las mujeres. Además han desarrollado diferentes actividades en proyectos: Cuadro N ˚ 6.

Proyectos ejecutados por el INA (2007) N˚

Programa/ Servicio/ Proyecto

Personas beneficiarias Hombres

Mujeres

Capacitación empresarial

5,099

Capacitación y gestión empresarial

% de mujeres

Monto aproximado (Lps.)

2,185

29.9

Aproximado 19,524,000.00

1,184

508

30.0

Constitución de empresas

3,157

1,357

30.1

----

Formulación y ejecución de proyectos

1,076

460

29.9

----

Programa de Acceso a la Tierra (Pacta)

139

6,413,152.54

La Unidad de la Mujer y Joven Rural depende del Departamento de Reconversión Empresarial y tiene dependencias a nivel regional. Es a través de las mismas que se lleva a cabo la implementación de la PEGAH, desarrollando las siguientes actividades:

Titulación de tierras

1,050

450

1,855,355.00

Proyecto Galleta Nutritiva

----

100

Proyecto de gallina criolla ponedora

----

100

•• Capacitación en diversos temas para el empoderamiento de las mujeres. •• Coordinación con otras instituciones públicas y privadas a fin de potenciar sus actividades productivas y de negocios.

Proyecto de ganado de leche

----

100

El Instituto Nacional Agrario (INA) tiene una gran responsabilidad en la operativización de la Política, y desarrolla trabajo a nivel nacional y regional con las mujeres rurales. En especial trabaja con las organizaciones que pertenecen al sector reformado. Cabe notar que es una de las instancias donde el personal de la Unidad de la Mujer y Joven Rural no ha sido cambiado. Por tanto, ello ha permitido asumir y cumplir con la planificación estratégica y operativa planteada.

4 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras....Pp. 113.

10 Proyecto avícola ---5 Fuente: División de Planificación INA. (2007). 87

5 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG/ Unidad de Género. Plan Estratégico de la SAG 2006-2010. (Tegucigalpa, S/E, S/F).

El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) es otra de las instituciones encargadas en implementar la Política. Si bien es cierto que su plan estratégico no asume dicha ejecución como un mandato institucional no menos cierto es que dentro de sus políticas específicas del programa de créditos plantea la desagregación de la cartera de acuerdo al sexo. Ello tiene la finalidad de orientar el crédito para objetivos de equidad de género. Asimismo, la administración general de BANADESA pretende incrementar la cartera de préstamos hacia la mujer productora. Dentro de las medidas crediticias, se incluye la gestión de nuevos fideicomiso destinados exclu64 sivamente para atender proyectos ejecutados por la mujer rural6.

beneficiadas es menor que los varones. Es oportuno mencionar que se trata de proyectos de baja rentabilidad debido a la cantidad de fondos asignados. Recordemos que las mujeres no son consideradas como productoras ni como parte esencial de las cadenas productivas. Este elemento persiste a pesar de los numerosos estudios sobre la participación de las mujeres en la economía visibilizan su aporte a la economía nacional y familiar. De hecho, la falta de una verdadera planificación de género en el diseño de los programas y proyectos productivos hace que no se tenga en cuenta -o no se incluya- los problemas que enfrentan las mujeres para lograr el acceso a los mercados. Sin duda alguna, ello limita el impacto de estas acciones:

Proyectos específicos

De acuerdo con la información obtenida de la revisión documental, entrevistas y grupos focales, los proyectos que se están implementando y que cuentan con participación de las mujeres son los siguientes: Seguridad Alimentaria, Bono tecnológico, programas de Agronegocios, proyectos ejecutados con fondos de la ERP, PROYECTO PASA así como proyectos de la Red Solidaria y del Programa de Reasignación Familiar (PRAF). También es preciso sumar algunos proyectos de vivienda, cajas rurales, huertos familiares, proyectos productivos, comedores solidarios y algunos proyectos no tradicionales. •• Proyectos productivos En la actualidad, proyectos productivos dirigidos específicamente a mujeres están en ejecución; en su mayoría están relacionados con el cultivo de hortalizas y en menor, con la producción de ganado, cerdo y cultivo de tilapia. Aunque estos proyectos han permitido una mayor inclusión de las mujeres en las actividades agropecuarias -como se pudo ver en las páginas anteriores- la cantidad de mujeres 6 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Plan Estratégico SAG-BANADESA.

“Una de las cosas que les alegra mucho, a ellas, es cuando tienen su producto y logran venderlo. ¡Porque obtienen ingresos! En esta cuestión, hay que estarse actualizando porque el nuevo enfoque de producción nos dice que nosotros no podemos producir si no tenemos el mercado seguro. Y, es donde las mujeres fracasan porque se desconoce el mercado. Algunas mujeres no pueden comercializar sus productos porque no tienen los medios para sacarlos al mercado. O porque por su posición reproductiva, no les permiten salir de su comunidad”. (Rosaura García, coordinadora del Departamento de Mujer y Joven Rural, INA) Esto hace que las mujeres prefieran el sistema de comercialización directa en sus comunidades; es decir, los consumidores o compradores que llegan a las localidades. Esto es así porque invierten menos tiempo en el proceso. Tienen la ventaja de la facilidad del transporte y, además, el pago es inmediato. No obstante, tienen la desventaja que venden a precios más bajos que aquel en el mercado porque desconocen el movimiento de precios o cómo calcularlos7.

7 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña Pp.91.

•• Seguridad alimentaria Los proyectos que se están ejecutando en el país, relacionados directamente con la seguridad alimentaria son: el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), Programa Nacional Forestal (PRONAFO) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS). La implementación de estos programas está a cargo de otras unidades o servicios a ser: la Dirección de Ciencia y tecnología (DICTA), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), el Servicio Nacional de Infraestructura Rural y Riego (SENINFRA), el Servicio de Información Agroalimentaria (INFOAGRO) y, finalmente, Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agro empresarial (SEDUCA). Uno de los aspectos innovadores de las acciones que se están realizando con mujeres en el marco de la seguridad alimentaria es su diversificación productiva. Además de proyectos agrícolas, tienen proyectos de manualidades, floristería, cuidado y control de los bosques, cajas rurales, psicultura, y cultivo de tilapia8. De acuerdo con lo expresado en los grupos focales, uno de los proyectos que ha tenido mejores resultados es Reducción de Pérdidas Post Cosecha (ejecutado por la SAG). •• Proyecto PESA Otro proyecto que tiene como componente central lograr la seguridad alimentaria es el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en Honduras (PESA) el cual se realiza con el apoyo de la FAO y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). En efecto, este programa está promoviendo un proceso comunitario para asegurar la alimentación en los Municipios de San Lucas, San Antonio de Flores y Morolica (al sur oriente del país). Tiene el propósito de aumentar la disponibilidad de alimentos, incidir en los sistemas de 8 Entrevista realizada a Edith Starkman, coordinadora del COTIGSA.

producción mediante el uso de tecnologías sostenibles y el manejo adecuado de los recursos naturales. Este programa ha involucrado activamente a la mujer en el cultivo de huertos, el procesamiento de alimentos y la ganadería menor. Ellas han sido capacitadas sobre estos aspectos, la problemática local así como el tema mujer y desarrollo9. El proyecto PESA aborda lo relativo a la seguridad alimentaria y nutrición. En ese sentido, incluye temas que atañen el bienestar familiar los cuales tienen repercusiones directas sobre la vida de las mujeres beneficiarias. Este es el caso de los siguientes: educación alimentaria 65 y nutricional, mejoramiento del manejo e inocuidad de alimentos locales, manejo de huertos familiares y, finalmente, el saneamiento básico en el hogar y la comunidad10. De acuerdo con las entrevistas realizadas, este es uno de los proyectos que ha sido más exitoso en términos de inclusión de las mujeres. Empero, la participación femenina no se ha dado por iniciativa del Estado; sino, por exigencia de la cooperación internacional: “En muchos proyectos se ha logrado incorporar el enfoque de género. Le puedo decir por ejemplo, que el proyecto PESA está orientado a mujeres. Porque hay un mandato de la FAO de incorporar el tema de género”. (Edith Starkman, Coordinadora de la COTICSA). •• Conservación del medio ambiente A pesar del reconocimiento de la vulnerabilidad del país frente a los desastres naturales (sobre todo desde el paso del huracán Mitch por tierras hondureñas en 1997) hasta el momento, no se han puesto en marcha estrategias eficaces para la conservación del medio ambiente. Ello incluye el bosque, suelos y cuencas de agua. 9 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña” Pp.104. 10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras... Pp. 117.

Un avance es que, en los últimos años, se ha vuelto la mirada hacia las pequeñas unidades productivas. Ello desencadenó, en el sector rural, la necesidad de separar las políticas orientadas a la “producción rentable” de aquellas referidas a las pequeñas unidades productivas11. Cabe mencionar que tampoco se ha logrado el reconocimiento que los desastres naturales tienen consecuencias diferenciadas para la población femenina. Un elemento a resaltar, es que dadas las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a 66 crédito y tecnología; les es más difícil recuperar la inversión y los proyectos cuando son afectados por desastres naturales: “Nosotros ahorita hemos sacado préstamos para siembra pero la agricultura es una cosa que va aventurado uno. Este año fue de pérdidas, este año no se cosechó nada. Y aquí (en Jamastrán) es donde sale la producción más grande. Pero este año no, porque se inundó toda la comunidad y se perdió toda la cosecha de maíz y frijoles. Este año, en el departamento de El Paraíso estamos bien fregados por esa parte. ¡La inundación nos dejó con las jaranas! Este año vamos a quedar con las jaranas, porque aunque una parte de mujeres ha pagado, otras no han podido pagar por eso mismo. Un año fue que se secó el maíz. Ahora, este año fue que se inundó”. (Grupo focal)

a más largo plazo. Este es el caso de proyectos para la reconstrucción de sus viviendas, infraestructura y créditos para reactivar la producción (etc.)12. Este tipo de problemáticas están siendo reconocidas en las convenciones y conferencias internacionales. La Plataforma de Acción de Beijing (1995) marca un hito al reconocer el impacto diferenciado de los desastres ambientales en las mujeres y la necesidad de investigar más las respuestas a los desastres naturales. Asimismo, es acompañada por la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres (celebrada en 2007, en Kobe, Japón) en la cual se estableció la necesidad de crear una cultura de prevención e iniciativas de equidad de género. Es importante mencionar que es una de las pocas áreas de intervención donde la participación femenina es paritaria a la masculina. No obstante, ni la Secretaría de Recursos Naturales ni el Comité Nacional de Contingencias (COPECO) -la instancia encargada de dar respuesta a situaciones de desastres naturales- han implementado en el país proyectos sobre gestión de riesgo dirigidos a las mujeres. Tampoco se ha reconocido el papel de las mujeres en la conservación del medio ambiente ni la importancia de su trabajo en la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales destinados al consumo familiar.

En un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) sobre la situación de las mujeres en el contexto de la crisis provocada por el huracán Mitch, se puso en evidencia que las mujeres -al ser las encargadas tradicionalmente de la sobrevivencia y de la satisfacción de las necesidades básicas de la familia- fueron las primeras en movilizarse y organizarse. Ello con el propósito inicial de satisfacer las necesidades más inmediatas (alimentos, ropa, albergues seguros, etc.). Luego, dieron el paso para lograr el apoyo del Estado y organizaciones no gubernamentales (ONGs) en proyectos

Dentro de las pocas experiencias realizadas, se menciona como exitoso el Proyecto Lempira Sur (1988). Este tiene como objetivo restaurar la capacidad productiva de una de las zonas más afectadas por la pobreza lo cual pasa por mejorar la disponibilidad y el acceso de la población a los alimentos básicos. En este proyecto se incluyó un considerable número de mujeres de la zona quienes están vinculadas directamente a la producción de granos básicos, lácteos, hortalizas, alimentos procesados, artesanías en barro, silos de

11 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA/ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El cambio climático en Honduras: una realidad presente. (Tegucigalpa, S/E, 2008). Pp. 17.

12 Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H. Investigación: “El impacto del Huracán Mitch en las condiciones de vida de las Mujeres Hondureñas y las experiencias de Participación Ciudadana”. (Honduras, CEM-H/ Fundación Ford, 2001).

metal y otros13. Otro proyecto que ha tenido un buen impacto es el Proyecto de Bosques y Productividad Rural (PBPR), ejecutado por la SAG el cual busca el desarrollo de la mujer como parte integral de la sociedad y en cualquier tipo de proyecto14. •• El Bono Tecnológico El Proyecto del Bono Tecnológico Productivo de Apoyo al Pequeño Productor -ejecutado por DICTA- consiste en un incentivo económico para el mejoramiento tecnológico del pequeño productor de granos básicos. Su monto equivale al costo de los insumos (semilla y fertilizante). Brinda apoyo a 80 mil pequeños productores quienes siembran en parcelas con una extensión inferior o igual a una manzana en los 171 municipios más pobres del país; y, abarca 17 de nuestros 18 departamentos. Dentro de su cartera de proyectos, hay algunos que son dirigidos principalmente a las mujeres. Este es el caso de proyectos ganaderos. De acuerdo con las entrevistas realizadas, no se ha logrado que los beneficios de este programa lleguen efectivamente a las mujeres. Ello se debe, sobre todo, a la corrupción y a la politización de los fondos: “Ahorita que ya vino lo del bono tecnológico, tuvimos que pelear. Porque vino encaminado a los hombres, seleccionados por las mismas personas de la alcaldía. Vienen politizados. Pero nosotras tuvimos una experiencia muy bonita en el municipio de Baléate. La coordinadora de la OMM se fajó. Claro, ella se sentía respaldada por nosotras, por la red de mujeres. Esta mujer se fue directamente a Ceiba (a la regional). Y luchó para que las mujeres que estaban participando en el proceso realmente fueran beneficiarias con el bono tecnológico. Pero, esta señora es electa como candidata a la alcaldía en un movimiento diferente al que estaba el representante de la SAG. Entonces, 13 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña..Pp.103. 14 Entrevista realizada a Edith Starkman, coordinadora del COTIGSA.

inmediatamente le cierran las puertas. ¡Se ha politizado de tal manera! ... pero en ese municipio se logró que las mujeres tuvieran acceso al bono tecnológico. Pero, porque tuvimos que hacer después un enlace con Tegucigalpa”. (Grupo focal) •• Estrategia para la Reducción de la Pobreza, ERP La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (conocida por sus siglas ERP) fue aprobada mediante la Ley para la Gestión de la Reducción de la Pobreza, en Decreto N ˚ 77-2004 del 16 de julio de 2004. En esta Ley, se consigna las metas de la ERP como objetivos fun- 67 damentales que guiarán la política social del país hasta el año 2015. En efecto, una de las áreas programáticas de la ERP es: “Reduciendo la Pobreza en las Zonas Rurales”. Como es de esperarse su objetivo es “reducir la pobreza en el área rural, mejorando el acceso equitativo, seguro y sostenible de los factores productivos, con particular énfasis en el recurso tierra; y apoyando la generación de empleos e ingresos y el acceso a servicios básicos de la población rural, bajo mecanismos participativos de las comunidades rurales”15. En la ERP, se incluye a las mujeres como grupo vulnerable. Así pues, se identifican cinco acciones concretas para el fomento de la equidad de género y son: formulación de proyectos productivos para mujeres emprendedoras asociadas, capacitación del INFOP y otras instituciones de formación profesional técnica-productiva, prestación de servicios financieros a los grupos empresariales femeninos, micro guarderías (Ej. Progreso, Villanueva, Choloma), acceso a la tierra y comercialización de bienes y servicios16. De acuerdo con la información brindada en las entrevistas, el INA ejecutó el año pasado 15 proyectos dirigidos específicamente a 15 Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA. Políticas públicas y servicios financieros rurales en Honduras. (Tegucigalpa, FIDA, 2006). Pp. 20. 16 Secretaría de Gobernación. Estrategia para la Reducción de la Pobreza, Tipología de Proyectos. (Secretaría de Gobernación, S/E, S/F).

mujeres en las zonas más pobres del sur de Francisco Morazán: 3 de ganado, 3 proyectos apícolas, 3 proyectos de ave y gallina, y 6 proyectos orientados a la producción de pan, con grupos de mujeres de entre 15 y 20 integrantes17. Todo ello en el marco de la Política de Seguridad Alimentaria (con apoyo de financiamiento de la Unión Europea) y de la Estrategia de Reducción para la Pobreza. Sin embargo, esta opinión no es secundada por las mujeres participantes en el grupo focal quienes opinan que no se ha logrado el acceso de la población femenina a las cuentas y desembolsos millonarios disponibles:

nada porque el alcalde todo lo ha politizado. Y se lo ha dado a la gente que esta más de cerca de él. Y no hemos recibido nada. ¡Seguimos luchando para ver si podemos! ” (Grupo Focal)

“Por ejemplo, con los proyectos de los fondos de la ERP, ¡ni quiera Dios! En el municipio de Balfate, salió un proyecto de ganado. Pero la única mujer que salió beneficiaria en el proyecto de ganado (a la hora de recibir la vaca) fue un hombre que no era su marido. Eso quiere decir que utilizaron el nombre de la señora, la firma de la señora, el número de identidad de la señora, pero el beneficiario fue un hombre”. (Grupo Focal)

“Los otros fondos ERP que se manejan de forma centralizada. Estamos hablando de 200 millones que son los que se manejan directamente y se focalizan. Los fondos los manejan directamente los alcaldes por medio de cabildos abiertos, y ahí es donde también hay una debilidad. La mujer debe tener más incidencia en lo que son los cabildos abiertos, porque ahí es donde se deciden las obras que van a realizar. Ellas solamente se quejan que no les toman en cuenta. Pero hay que capacitarlas para que entiendan que ellas tienen que entrar en estos cabildos abiertos para poder participar y lograr arrastre de proyectos que las beneficien a ellas… que ellas sientan que es de prioridad su comunidad. (Edith Starkman, Coordinadora del COTIGSA)

“En caso de la ERP, no hemos sido apoyadas en ningún momento. Eso fue una historia nada más, un chiste para nosotras las mujeres campesinas. Porque cuando anduvimos detrás de eso de la ERP, nunca estuvimos de acuerdo que se diera a la municipalidad porque uno ya sabe. Porque eso sólo va para política. Le están regalando a la gente lo que es de nosotras mismas. En eso, no hemos tenido beneficios”. (Grupo Focal) Lo poco que las mujeres han logrado obtener de estos fondos, ha sido a través de la presión de las organizaciones de mujeres: “Las mujeres hicimos una toma en la alcaldía del Triunfo porque ahí (en el CEM-H) ha preparado a infinidad de mujeres. Ya las mujeres dicen todo lo que sienten, participan. Hicimos una toma para poder reclamar los fondos de la ERP y presentamos la propuesta. Nos dijeron que nos lo iban a aprobar. Teníamos propuestas de ganado, de seguridad alimentaria, de huerto y gallinero, y de cajas rurales. Pero hasta ahorita no hemos logrado 17 Entrevista realizada a Rosaura García, del INA.

Sin embargo, el personal técnico no asume la responsabilidad que tiene como parte del engranaje estatal de ejecutar los fondos. So pretexto que las mujeres no demandan y no ejercen presión a las autoridades para recibir los fondos. De sobra es sabido que es su deber socializar las iniciativas, los mecanismos de obtención de fondos y los beneficios que pueden obtener:

•• La Red Solidaria El Programa de la Red Solidaria fue creado mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-33- 2006. En efecto, es parte del Gabinete Social y coordinado por la Primera Dama de la República. Dicha instancia actúa como enlace al igual que ente coordinador con las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Tiene el propósito de ordenar el conjunto de acciones tendientes a mejorar la manera progresiva las condiciones de vida y el acceso a mecanismos de protección social para las familias en condiciones de pobreza y extrema pobreza. El programa focaliza las intervenciones en las áreas de sa-

lud, educación, infraestructura social básica y proyectos productivos18. Pero al igual que sucede con los fondos de la ERP, las mujeres no han logrado acceder a los beneficios de este programa debido a la politización de las entregas. No es sorpresa que los técnicos encargados de los programas y proyectos todavía no visualizan a las mujeres como productoras, como parte clave de los procesos de desarrollo del agro: “En el departamento de El Paraíso, los de la Red Solidaria les dieron todo a los hombres -pero a nosotros, las mujeres, que estamos organizadas no nos dieron nada- porque decían que desconocían eso de lo que era las organizaciones. Estaban jugando con las mujeres. Porque a uno de mujer, lo ven que no puede accionar como los varones. Pero uno puede porque ya conoce, ya tiene el conocimiento de cómo hacer las cosas. Anduvieron dando el bono a las mujeres el primer año. Daban a 3 de cada grupo; a las otras no les daban nada. Juegan mucho con la dignidad de las mujeres. Y somos iguales porque tanto el voto del hombre como el de la mujer no tienen diferencia, no hay preferencia. Entonces, así tienen que ser las cosas”. (Grupo Focal) •• Programas de Agronegocios Los Programas de Agronegocios -ejecutados dentro de los Programas del Centro Nacional de Agronegocios- tienen como objetivo fortalecer las condiciones de competitividad de la agricultura de las cadenas por rubro en los valles y altiplanos. Entre tanto, consolida la organización de los productores en redes agroalimentarias y por la vía de los centros de agronegocios19. De acuerdo con las entrevistas, este es uno de los programas estatales en los que más se ha logrado incluir la perspectiva de género. Esto ha sido mediante la obligatoriedad de incluir un porcentaje mínimo de un 30% de mujeres 18 Secretaría de Gobernación. Estrategia para la Reducción de la Pobreza. (Secretaría de Gobernación, S/E, 2006). pp. 123. 19 Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG. Política de estado para el Sector Agroalimentario y el medio rural en Honduras. (Tegucigalpa, SAG, 2004). Pp. 134.

como beneficiarias: “En las directrices que se les da a la población para este proyecto nuevo de Pronegocios Rurales, se establece como requisito indispensable una participación de mujeres de al menos un 30%; y entre más, es mejor. Tenemos tres de ocho indicadores concretos con mujeres. Se exige inclusive que dentro de los proveedores de servicios se incluyan mujeres; también en las juntas directivas -y no solamente como secretarias- sino que en cargo de presidenta, tesorera, fiscal y de vocal uno”. (Edith Larios, DINADERS) •• Capacitación y acceso a tecnología Repitiendo lo sucedido en materia de crédito, las mujeres productoras han tenido muy poco acceso a tecnologías apropiadas, capacitación y asistencia técnica. De acuerdo con la información recolectada, sólo un 25.2% de las personas del área rural que han recibido asistencia técnica son mujeres. Las cifras sobre capacitación técnica -presentadas por la Encuestas Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples del 2004- arrojan que, a nivel nacional, los hombres accedieron a la capacitación en un 56.2%; entre tanto, las mujeres lo hicieron en un 32.3%. Esta diferencia es mayor en el área rural adonde las mujeres accedieron en un 25.2% mientras los hombres, en un 66.8%20. Asimismo, se observa un sesgo de género en cuanto a los temas impartidos en las capacitaciones:

20 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras... Pp. 47.

Cuadro N ˚ 7. Clasificación de la asistencia técnica recibida por sexo en el área rural

N˚

Tipo de asistencia técnica Hombre recibida

Mujer

Curso de venta/ atención al cliente

456

684

60%

Elaboración de abono

228

Psicultura

228

Sistema de riego

456

Técnicas sobre pastos

456

Capacitación de negocio

228

Uso de la tierra

456

Enseñar a cultivar

3,148

857

21.5%

Programa de desarrollo empresarial

228

50%

Cultivo de huevos

228

50%

Curso de repostería

228

50%

Curso de agricultura

913

50%

Proceso de elaboración de embutidos

228

100%

14 Sanidad animal

228

100%

Charlas

228

100%

Total

7,254

3,833

34.5%

% de mujeres con respecto a hombres

Fuente: EPHPM, mayo 2004

En este cuadro, puede apreciarse como en algunos temas han sido capacitadas sólo mujeres tal es el caso de los siguientes: elaboración de embutidos, sanidad animal, y otro tipo de charlas. Entre tanto, hay cursos sin participación femenina; tal es el caso del uso de la tierra, sistemas de riego, técnicas sobre pastos, elaboración de abono y

piscicultura. Estos son temas ligados directamente a las actividades agrícolas. De sobra se deja ver cómo todavía las mujeres no son consideradas productoras. La poca inclusión de las mujeres en las capacitaciones y el tipo de asistencia técnica que reciben está determinada, en gran medida, por la actitud de los mismos técnicos. Puede decirse que, por lo general, desconocen las particularidades de la dinámica socio-productiva rural y el enfoque de género para abordar los problemas que afectan el desarrollo21. Llama la atención lo enunciado en la discusión del grupo focal donde se mencionó que los conocimientos tecnológicos que han adquirido las mujeres, sobre todo, en lo relacionado con el uso de tecnologías innovadoras (computación e internet) ha sido más por iniciativas individuales. Ello responde a la necesidad de comunicarse con sus seres queridos que viven en el exterior lo cual, a su vez, ha traído otras beneficios inesperadas: “Muchas mujeres han aprendido a usar la computadora por la necesidad de comunicarse con los parientes en los Estados Unidos. Con lo de las remesas son expertas entrando en internet, y eso les permite informarse porque de paso quieren saber los precios del café, precios de los granos básicos, precios de las hortalizas, y los utilizan como referentes para cuando les toca vender”. (Edith Larios, DINADERS) •• Programas de acceso a crédito y cajas rurales Uno de los principales factores que afectan la participación femenina en los procesos de desarrollo -en la producción agrícola o en otro tipo de iniciativas- esta constituido por las limitaciones de acceso al crédito. En un estudio realizado sobre los mecanismos de financiamiento en Honduras, se encontró que solamente el 11% de las personas beneficiarias de las diferentes fuentes de crédito eran 21 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña... Pp.21.

mujeres, por consiguiente revela el trato sesgado contra ellas y el privilegio a los varones22.

Así lo expresaron también las mujeres participantes en el grupo focal:

De acuerdo con datos del Banco Nacional de Desarrollo (BANADESA) durante los últimos años, las mujeres sólo constituyeron el 8.7% de la cartera de préstamos. Aquí, predominaron montos promedio de Lps. 40.000 para grupos organizados de 10 personas, lo cual representa en términos comparativos apenas un 10% del promedio que se asigna a los hombres23. La discriminación y marginamiento de la mujer rural en el acceso al crédito también se refleja en el acceso casi paritario a préstamos cuando se trata de montos inferiores a 5,000 lempiras. En efecto, su participación se reduce a medida que los montos aumentan24:

“Es cierto que BANADESA ha dado créditos pero no lo suficiente a las mujeres. Lo más que le dan es 40,000 lempiras. ¡Más no! Pero a los hombres les daban hasta 300,000 lempiras, aunque las mujeres fuimos mejores pagadoras. Porque los hombres quedaron con una deuda muy grande en BANADESA. ¡Y nosotras no! Ya que nosotras somos mujeres campesinas organizadas, ya es otra mentalidad la que tenemos”. (Grupo focal)

Cuadro N ˚ 8. Acceso a crédito en el área rural según montos y sexo Año

Hombres

Mujeres

‹ de 5,000

47.7

56.3

De 5,000 a 10,000

67.7

32.3

De 10,000 a 50,000

60.4

39.6

De 50,000 a 100,000

100

De 100,000 y más

100

Fuente: INE, EPHPM, 2004.

22 Instituto Nacional de la Mujer. Diagnóstico de los Mecanismos de Financiamiento en Honduras, 2005. (Tegucigalpa, INAM/ASDI, 2002). 23 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: Mujer Rural Hondureña. Su rol... Pp.60. 24 Instituto Nacional de Estadística, INE. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, mayo del 2004. Módulo de Acceso y Control de los Recursos Sociales y Productivos. (Tegucigalpa, INE, 2004).

Las dificultades que tienen las mujeres para acceder a fuentes de 71 crédito estatales hacen que recurran con más frecuencia a fuentes no bancarias. Tal es el caso de las Organizaciones No Gubernamentales y de forma específica proyectos de formación y fortalecimiento de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC). Este ha sido el mecanismo ampliamente extendido en proyectos públicos por la cooperación internacional y por las ONG, pero tiene el problema que generalmente otorgan montos pequeños; por tanto, sólo permiten pequeños emprendimientos. Sin embargo, sus desventajas son las siguientes: no tener establecidos procedimientos simples para la solicitud de préstamos; dan los créditos con altas tasas de interés; y no siempre otorgan créditos a las mujeres so pretexto que la mayor parte de los emprendimientos de las mujeres son considerados riesgosos y de baja productividad25. Ello cuando de sobra se ha comprobado que las mujeres son mejores pagadoras: “Aún cuando ha calado de que la mujer es mejor administradora, es más pagadora, ya que los mismos directores quedan repitiendo “las mujeres son mejor pagadoras, vale la pena apostar por las mujeres, vale la pena prestarles”, les prestan más a los hombres”. (Edith Larios, DINADERS) No es extraño que las mujeres sean “mejores pagadoras” que los hombres. La división sexual del trabajo ha hecho que 25 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras... Pp. 76.

tradicionalmente las mujeres sean las encargadas de la economía familiar, aún cuando no reciban salarios por su trabajo. En efecto, ello les ha enseñado a ser buenas administradoras. Además, las mujeres tienen que comprobar en todas las actividades que pueden cumplir al igual que los varones; por ello, se esfuerzan más en su trabajo y obtienen resultados más exitosos. Este es el caso de las cajas rurales. El principal obstáculo para que las mujeres puedan acceder a créditos y a los programas de apoyo a las cajas rurales es que no tienen 72 garantías que ofrecer para los préstamos. Esto es así porque no son dueñas de los recursos productivos –especialmente, la tierra- que es la principal garantía que reexige para el otorgamiento de los préstamos: “Ha habido problemas. En el caso específico de Intibucá, una fuente financiera de una agencia de cooperación ofreció recursos para hortalizas. Las mujeres a duras penas pudieron conseguir 40,000 lempiras prestados, pero a los hombres sin mucho problema les prestaron 136,000 lempiras, porque tenían garantías. Son dueños de las tierras. Las mujeres no estamos teniendo acceso a los préstamos porque no tenemos garantías que ofrecer”. (Grupo focal) “Nosotros como asociación solicitamos préstamos a BANADESA porque, a veces, se nos aglomeran las solicitudes y no ajustamos a cubrirlas. Pero nos cerraron las puertas, porque no tenemos garantías. Incluso una vez hasta querían que hipotecáramos la oficina, el terreno de la oficina para darnos el préstamo. Pero no quisimos. Yo pienso que, por parte de BANADESA, no está habiendo apoyo para la mujer”. (Grupo focal) •• Acceso a la tierra Al analizar los datos sobre titulación a grupos campesinos, se observa que entre 1993 y octubre de 2002, sólo se habían entregado 11 títulos a empresas campesinas de mujeres. Entre tanto 2,839 títu-

los fueron otorgados a empresas mixtas y de hombres. Ello representa una relación de 0.4% a 99.6%, respectivamente. Los 11 títulos beneficiaron a 235 mujeres campesinas26. Según datos del INA (2007), se titularon tierras a 160 empresas de mujeres y a 564 empresas de hombres del sector reformado, lo que equivale a una relación de 22% frente a un 78%, respectivamente27. En cuanto a las tierras otorgadas al sector independiente, se observa que en el período de 1983 al 2003, sólo un 25% de los títulos otorgados correspondió a mujeres. De hecho, los departamentos donde las mujeres recibieron mayor cantidad de títulos de propiedad son Valle, Gracias a Dios, Choluteca, Ocotepeque y La Paz28. Las estadísticas también demuestran que en la medida que aumenta la extensión de tierra aumenta la desigualdad de género: Cuadro N ˚ 9. Tenencia de la tierra por extensión, desagregada por sexo (2006) Extensión de la tierra

Hombres (%)

Mujeres (%)

Menos de 1 mz.

59.8

40.2

De 1‹ de 5 mz.

73.0

De 5‹ de 10 mz.

75.5

24.5

De 10‹ de 15 mz.

76.4

23.6

De 15‹ de 20 mz.

67.9

32.1

De 20‹ de 25 mz.

74.1

25.9

De 25‹ de 50 mz.

78.1

21.9

Más de 50 mz.

74.5

25.5

Fuente: FAO, 2008.

26 Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Mujeres en Cifras... Pp. 64-67. 27 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras... Pp. 73. 28 Centro de Derechos de Mujeres, CDM. Mujeres en Cifras... Pp. 64-67.

Las limitaciones que enfrentan las mujeres rurales para el acceso a la tierra tienen que ver, sobre todo, con la persistencia de prácticas legales y administrativas que obstaculizan la posibilidad que las mujeres accedan a los beneficios de los programas de titulación de tierras. A pesar de que las reformas a las leyes efectuadas en los últimos años han permitido que se eliminen los obstáculos legales que impedían que las mujeres accedieran a la tierra (Artículo 108 de la Ley de Municipalidades, Artículo 73 de la Ley de Igualdad de Oportunidades, y Artículo 103 de la Ley de Propiedad), encontramos que los formularios de solicitud de servicios de titulación del INA no se incluye un espacio para que el solicitante indique el nombre de su esposa o compañera. Asimismo, se puede dar el caso de solicitar que se formalice la unión de hecho como paso previo a la solicitud conjunta. En nuestro país este es un proceso largo y oneroso, por tanto tiende a inhibir a muchas mujeres a solicitar que sean incluidas como copropietarias de los títulos. En muchos lugares, se da también la práctica de permitir que las mujeres presenten un documento firmado donde renuncian a sus derechos de propiedad. Ello sin tener en cuenta los factores que pueden obligar a las mujeres a tomar este tipo de decisiones; so pena que medie coacción, amenazas o fuerza en este acto. Además, como no se han desarrollado en el país campañas sobre la difusión del contenido de estas leyes, muchas mujeres no tienen conocimiento de sus derechos a la titulación conjunta; por tanto, no reclaman la inscripción conjunta de los títulos otorgados29.

del INA porque tiene que pagar. Es cierto que le ponen condiciones para que pueda pagarlo, pero el hecho está en que si esa mujer no puede empezar a dar esas cuotas de nada sirve o de poco sirve que ya haya salido ese título. ¡Porque esta ahí dormido! Mientras no dé no se cuantas cuotas no puede salir a utilizarlo; entonces, de alguna manera no está sirviendo de nada”. (Grupo focal)

Otra limitación que enfrentan las mujeres es que debido a su pobreza, no puede pagar los impuestos de venta que establece el INA en los casos de adjudicación de tierras:

Los proyectos del PRAF comparten las mismas limitaciones -mencionadas con anterioridad- que se dan en las demás instituciones del sector público a ser: problemas en su diseño, contratación inadecuada del personal encargado de ejecutarlo y corrupción de las autoridades: “Ha sucedido lo mismo con los proyectos que ha estado coordinando el PRAF. Eso ha sido un desastre. En Balfate por ejemplo,

“La otra cuestión está en que el INA por ejemplo, hasta donde yo tengo conocimiento, no puede la mujer tener acceso a un título de propiedad 29 Carmen Diana Deere/ Magdalena León. ¿De quién es la tierra? Programas de titulación de tierras en América Latina. Extracto de artículo publicado en la revista Journal of Agrarian Change, vol. 1, 3, 2001. Pp.47-51.

Sin embargo, el principal problema que enfrentan tiene que ver con el hecho que en gran medida el personal técnico sigue considerando que las mujeres no son parte esencial de los procesos productivos. Tan es así que no considera necesario incluirlas en los 73 programas de titulación de tierras, o se niega a otorgar títulos de propiedad conjuntos. •• El Programa de Reasignación Familiar (PRAF) En el 2007,el Programa de Asignación Familiar (PRAF) por medio del proyecto PRAF/Di-Mujer –el cual opera en 17 de los 18 departamentos del país- brindó asistencia técnica a 12,700 mujeres organizadas en grupos solidarios y microempresas en las áreas de producción, organización, administración, y aspectos financieros y sociales. El proyecto otorgó créditos solidarios por un monto de 27, 469,622.50 millones de lempiras a 4,807 beneficias. Es decir, un promedio de 5,714.50 lempiras por cada una, aproximadamente, ya que los montos responden a las actividades que realizan30.

30 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Situación de la Mujer Rural en Honduras... Pp.113.

llevaron un proyecto de panadería, un proyecto de chorizo y un proyecto de costura para grupos de mujeres. ¿Qué pasó? Para el de costura, el PRAF contrató una empresa privada de San Pedro Sula. El convenio decía que tenían que darle la materia prima, las máquinas, las herramientas, pero no llegó nada, las mujeres lograron hacer su práctica con pedacitos de trapos. La capacitadora estaba por un mes, pasara lo que pasara terminaba su convenio y se iba. Después con el proyecto de chorizo, contrataron una instancia privada pero mandaron un representante de INFOP, pero la empresa privada siempre cobró la consultoría. Ha habido una corrupción enorme en los manejos del PRAF, del dicho programa hombre y mujer”. (Grupo Focal) •• Comedores solidarios Aunque los proyectos de comedores solidarios no entran en la categoría de los proyectos ejecutados por las instituciones del sector público agrícola, se decidió incluirles porque fueron recurrentemente mencionados por las mujeres en las entrevistas realizadas. En términos generales, ellas comentaban que este tipo de iniciativas no son más que una extensión del trabajo doméstico; y, no constituyen una alternativa generadora de ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida. “Es difícil poder medir el impacto de este tipo de actividades o de proyectos, -si es que se le puede llamar proyectos- porque, ¿qué implica el comedor solidario? Por ejemplo, en Bonito Oriental lo que hicieron fue armar grupitos nuevos de las mujeres que les hicieron las campañas al que esta ahora de gobierno, entonces fue una oportunidad para juntarlas y decirles aquí les traemos una estufa, un par de ollas, no se cuanto de dinero para que empezaran a vender comida. Pero haciendo nosotras un análisis, mirábamos que si las mujeres se quedan sólo con la idea de esas dos ollitas, jamás se van a superar, si más bien esas mujeres ahora tienen que dedicar más esfuerzos a ese comedor solidario porque tiene que garantizar que funciona. Pero, ¿qué hacen? Ya no cocinan en su casa sino que venden la comida a menos costo y se la llevan a los hijos, o sea que habría que ver el fondo de eso”. (Grupo focal)

•• Proyectos no tradicionales Gran parte de los proyectos que se realizan con mujeres son proyectos basados en sus actividades tradicionales. Este es el caso de proyectos de: manualidades, alimentos envasados, corte y confección, elaboración de artesanías de materiales propias de la zona. Cabe notar que también se han realizado proyectos de medicina natural. A menudo, traen más beneficios a las mujeres porque permiten sustituir las medicinas del mercado por plantas medicinales. Las medicinas químicas son mucho más caras entre tanto las plantas medicinales muchas veces son cultivas en los propios huertos familiares. Proyectos más innovadores -que se salen de los esquemas tradicionales- no han sido ejecutados en el país. Esto no permite que las mujeres se inserten en sectores más productivos de la economía. Por tanto, no se está contribuyendo suficiente para impulsar un cambio en las percepciones sociales sobre los roles de las mujeres y los hombres ni sobre la capacidad de las mujeres para desarrollarse en otros ámbitos de su vida y de la economía. •• Proyectos con mujeres indígenas De todos los grupos étnicos del país, las mujeres lencas son quienes han recibido apoyo de la cooperación internacional. Algunas instituciones del Estado que apoyan proyectos con mujeres indígenas son las siguientes: el PRAF, Lempira Sur, y el Programa Especial de Seguridad Alimentaria PESA31.

31 Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Informe de Investigación: “Mujer Rural Hondureña... Pp.84.

partir de la década de los sesentas, los grupos y organizaciones feministas y de mujeres en América Latina empezaron a analizar y a denunciar las desigualdades que existen entre las mujeres y los hombres en el campo. Asimismo, evidenciaron las dificultades específicas que enfrentan las mujeres en su participación como sujetas y beneficiarias en los programas de desarrollo. De estas reflexiones surgieron distintos enfoques teóricos y propuestas las cuales han sido llevadas a la práctica en la mayor parte de los países del tercer mundo. Si bien es cierto estos enfoques surgieron en diferentes épocas y hay muchas diferencias entre ellos, no menos cierto es que comparten un elemento común y es: parten de la premisa que las mujeres han estado excluidas desde siempre de los procesos de desarrollo. Por tanto, esta es la razón fundamental por la cual las mujeres siguen viviendo en desigualdad, discriminación e inequidad en todos los ámbitos de su vida, sobre todo, en lo relacionado con el acceso a los bienes y recursos. Dos de los enfoques reconocidos por una mayor efectividad, en términos de resultados concretos, son el Género y Desarrollo (GED) y el enfoque del empoderamiento. El GED parte de la premisa que las relaciones entre mujeres y varones en situaciones históricas, económicas, sociales, étnicas, políticas y culturales dan lugar a sistemas económicos y sociales que las excluyen como protagonistas. Dentro de sus estrategias, propone el replanteamiento de los roles y las identidades tradicionales de mujeres y hombres. Asume que las intervenciones deben dirigirse obligatoriamente hacia la transformación de lo siguiente: división del trabajo, normas, valores y estereotipos de género. Es decir, las acciones no deben reproducir los roles y tareas tradicionales de las mujeres. El empoderamiento es entendido como un proceso de cambio mediante el cual las mujeres van aumentando su acceso al poder. De hecho, tiene como fin transformar el orden patriarcal y las

estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación de género. Las estrategias para el empoderamiento de las mujeres son múltiples. Puede mencionarse que van desde la educación y toma de conciencia en la necesidad de luchar contra las distintas formas de opresiones hasta la posibilidad de acceso a las instancias o espacios de toma de decisiones. Todo ello apuntalando a que las mujeres puedan defender sus derechos y tener éxito con sus demandas. El enfoque del empoderamiento parte de la premisa que debe darse una transformación radical de su condición, tanto en el ám- 77 bito privado como en el público. Debe permitirles ser artífices de sus propios procesos, tener la capacidad de incidir en el Estado y en las organizaciones. La incorporación de uno u otro enfoque tiene consecuencias directas en los impactos o efectos a mediano y largo plazo en las acciones que se realizan. Cabe recordar que cada enfoque tiene fines u objetivos diferentes. Para lograr que los programas y proyectos tengan un impacto a mediano y largo plazo en la vida de las mujeres, es necesario que se incorporen las premisas básicas de estos dos enfoques. Asimismo, enfoques que han mostrado ser inadecuados (Mujer y Desarrollo, el enfoque del bienestar, el de la antipobreza, o el de la eficiencia) para lograr una mejora en su situación y condición de las mujeres deben ser superados. Para efectos de mayor claridad en el análisis de la evidencia recolectada –además, del análisis de los enfoques incorporados en los programas y proyectos- se abordará el impacto de los programas y proyectos en la vida de las mujeres de acuerdo con el siguiente esquema:

Participación equitativa de las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo Impacto de los programas y proyectos en la vida de las mujeres

Acceso y control de los recursos productivos y satisfacción de las necesidades prácticas de género

Estratégia Aumento de los niveles organizativos de las mujeres y capacidad de incidencia

Satisfacción de necesidades estratégicas de género

78 Aumento de los ingresos de las mujeres y control de las ganancias obtenidas

Acceso a la tierra

Mejoramiento de su salud sexual y reproductiva

Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Aumento de los niveles educativos

Mejoramiento de su calidad de vida

Empoderamiento de las mujeres

•• Participación de las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo Cabe subrayar que se han logrado avances importantes para el avance de la población femenina. Entre estos, puede enlistarse lo siguiente: adecuación de las leyes, aprobación de políticas públicas, conformación de una estructura institucional para implementar las acciones contempladas en las políticas, y, finalmente, la incorporación del enfoque de género en la formulación y ejecución de programas y proyectos con mujeres. Sin embargo, no puede obviarse

que el análisis de la información indica que la participación femenina está muy por debajo de la masculina en proyectos relacionados con el agro. Ello se evidencia a continuación: •• En las capacitaciones realizadas por la SAG, las mujeres sólo participaron en un 17%. •• En proyectos de apoyo a la producción de riego, acceso a la tierra y comercialización, la participación femenina apenas logra un 6%, como se observa en el Cuadro N ˚ 2.

•• En los programas y proyectos del sector público agrícola a cargo de diferentes instituciones, solamente en 3 de los 13 proyectos en ejecución se registra participación femenina superior a la masculina (Proyecto de Coco de la Oficina Regional de Dicta en el Litoral Atlántico, Repoblación Forestal y Medios de Subsistencia Sostenible en Pico Bonito, y Programa para la Conservación del Medio Ambiente y la Reforestación Nacional “María Carla Rivera Tejada”). Entre tanto, los proyectos para la formación y desarrollo de cajas rurales son los únicos donde se registra una mayor participación de las mujeres. Como puede apreciarse en la información expuesta en el Cuadro N ˚ 4. •• En los 10 proyectos en ejecución a cargo del INA -en un 60% de los mismos- se identifica una participación femenina inferior al 30%. En el caso de proyectos dirigidos exclusivamente a mujeres podemos percibir que tienen asignados los montos más bajos de su cartera de proyectos (ver en el Cuadro N ˚ 6). •• A nivel nacional, las cifras sobre capacitación técnica dejan ver que un 32.3% de las mujeres han recibido algún tipo de capacitación frente al 56.2% de los hombres. Estas diferencias se ensanchan en el área rural donde las mujeres caen a un 25.2% frente a un 66.8% de los varones. El sesgo de género también aflora en los temas impartidos en las capacitaciones. Tan es así que las mujeres han recibido capacitaciones en actividades productivas tradicionales (elaboración de embutidos y sanidad animal) y no en producción agrícola (sistemas de riesgo, técnicas sobre pastos, uso de la tierra y cultivos, entre otros) como se muestra en el Cuadro N ˚ 7. •• La desigualdad de la participación femenina en programas y proyectos de acceso a crédito es evidente en el hecho que sólo un 11% de mujeres se beneficiaron de los mismos. Durante los últimos años, apenas un 8.7% del total de las personas beneficiadas por las instituciones estatales de préstamo (p.e. BANADESA) han sido

mujeres. De hecho, a medida aumenta el monto va disminuyendo el acceso al crédito de las mujeres (ver Cuadro N ˚ 8). •• Cabe subrayar que se observa una tendencia a la baja en los porcentajes de participación de las mujeres en los proyectos de la SAG. De un 58.9% del total de los proyectos ejecutados en la actualidad, pasa a un 37.3% en la cartera de nuevos proyectos. Las razones que están detrás de la baja participación de las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo son de dos tipos. Por un lado, persisten normas y costumbres patriarcales que no permiten 79 que se reconozca su rol y su participación como productoras. Tan es así que se cuestiona su capacidad para combinar el trabajo productivo con el reproductivo al igual que su habilidad para contratar personal asalariado y ser productoras eficientes. Por otro lado, prevalecen obstáculos de carácter institucional -falta de estadísticas desagregadas sobre la participación de las mujeres en la agricultura y sensibilización insuficiente sobre la perspectiva de género de funcionarios públicos y de las agendas estratégicas de las ONG- que impactan en el diseño de programas los cuales, hasta la fecha, no aseguran una participación equitativa entre hombres y mujeres en el proceso de producción y en el acceso a los recursos productivos1. •• Aumento de los ingresos de las mujeres y control de las ganancias obtenidas Los datos obtenidos para este informe no permiten dar cuenta de las ganancias generadas por los proyectos arriba mencionados. Los indicadores de impacto de las propuestas de proyectos no contemplan esto; además, no se han realizado investigaciones que estudien de forma específica este tema. La única información disponible es brindada por los proyectos del PRAF donde se revela que las ganancias de dichos proyectos no sobrepasan los 40.00 por cada integrante. 1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. El Acceso de la mujer latinoamericana a la tierra. (Roma, OAA, 1999). Pp. 4.

En efecto, se llega a esta conclusión al analizar los montos de los proyectos ejecutados con mujeres, expuestos en el cuadro N ˚ 5. Aquí se puede ver que dichos proyectos son a baja escala -en términos de sus asignaciones presupuestarias- por tanto, no permiten que las mujeres tengan mayores ingresos y mejoren su calidad de vida: “Yo creo que el apoyo que nos dan no es suficiente. Es cierto, manejamos caja, hay un fondo extra de lo que es la caja. Y, hay repartición de dividendos -de ganancias- pero la ganancia es muy poca. No nos permite tener una mejor condición de vida. ¡No es cierto! Queremos o estamos tratando de 80 mejorar esas cajas, pero necesitamos el apoyo de otras instituciones, que haya más cobertura para las mujeres, para que podamos tener poder económico”. (Grupo Focal) Un obstáculo adicional es que el establecimiento de mecanismos para asegurar el control y poder de decisión sobre el destino y uso de los ingresos y las ganancias por parte de las mujeres no se incluye dentro de los programas y proyectos como un componente central. Este estudio ha comprobado que la participación femenina en los programas y proyectos no implica necesariamente que accedan a sus beneficios. Esto esta asociado a la prevalencia del enfoque MED u otros enfoques que no abordan lo referente al cambio de las relaciones entre los géneros aunque teórica y discursivamente se pretende aplicar el enfoque GED. Si bien las técnicas mencionan que poco a poco se ha logrado incluir este componente en las acciones que ejecutan, es obvio que todavía queda un largo camino por recorrer. •• Mejoramiento de su calidad de vida Existen varias condiciones necesarias para que las acciones de política tengan un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres. A continuación enlistamos algunas condiciones básicas. En primer lugar es necesario que no sean una extensión del trabajo doméstico. En segundo, no deben aumentar la ya pesada carga de trabajo de

las mujeres. Y, en tercero, no deben ser asistencialistas porque, por lo general, este tipo de proyectos no permite aumentar los ingresos de las mujeres. Adicionalmente, la simple satisfacción de las necesidades de las mujeres es considerada el fin de sus acciones. No obstante, la información obtenida nos indica que la mayor parte de los proyectos ejecutados en el país caen en la categoría de ser una extensión de las actividades tradicionalmente desarrolladas por las mujeres en el ámbito doméstico. Este tipo de proyectos productivos no tiene en cuenta la triple jornada de trabajo de las mujeres ni las implicaciones de la sobrecarga de trabajo. Esto es así porque no contemplan estrategias para lograr una disminución de su trabajo reproductivo (cuidado y mantenimiento de la unidad doméstica y de sus miembros, gestación y cuidado de las y los niños, preparación de alimentos, quehaceres domésticos, atención de la salud familiar y huertos familiares2) ni amortiguar las consecuencias que esto trae para la calidad de vida y la salud de las mujeres. La mayor parte de las iniciativas que se realizan en el marco de los proyectos productivos para mujeres se basan en las premisas del enfoque del bienestar. Este se centra en aumentar la capacidad productiva de las mujeres a fin de mejorar sus condiciones de vida en el contexto de la familia. Este enfoque parte de tres supuestos fundamentales a ser: las mujeres son receptoras pasivas del desarrollo, la maternidad es el rol más importante de la mujer y el cuidado de los hijos es el principal aporte de la mujer al desarrollo. Dentro de los programas de este tipo ejecutados por el Estado, se pueden incluir los proyectos del PRAF y los comedores solidarios. El personal técnico de las instituciones no explicita que este es el enfoque utilizado en el diseño e implementación de sus programas y proyectos. Sin embargo, al no incluir acciones orientadas a la toma 2 Maria Cecilia Alfaro. Develando el Género: elementos conceptuales básicos para entender la equidad. “Serie Hacia la Equidad”. (San José Costa Rica, ABSOLUTO, 1999). Pp. 20.

de conciencia de las mujeres, a la posibilidad de invertir en sí mismas ni a satisfacer sus necesidades personales, entonces las mujeres utilizan las ganancias generadas por su trabajo en la satisfacción de las necesidades de su hogar y sus hijas e hijos. Por tanto, no se avanza hacia el desarrollo integral de si mismas como personas individuales. Predomina la ejecución de propuestas asistencialistas que no combaten los orígenes de la pobreza de las mujeres los cuales están directamente vinculados con la prevalencia de un sistema social y económico excluyente, capitalista, neoliberal y patriarcal. Dentro de los proyectos basados en el enfoque de bienestar, se incluyen acciones de alivio en el marco de los fondos de la ERP, el bono tecnológico, y las de seguridad alimentaria. •• Acceso a la tierra En los últimos años, se ha producido un aumento en el número de mujeres beneficiadas de los programas de titulación de tierras. Cabe notar que durante el periodo de la reforma agraria hasta el año 1982, sólo un 4% de las mujeres obtuvieron títulos de propiedad. En el periodo comprendido de 1982 a 1995, las mujeres representaron el 20% de las beneficiarias. Entre tanto de 1995 a 2000, las mujeres logran un 25%. Esta diferencia -bastante impresionante- en el porcentaje de mujeres beneficiarias por los programas de titulación de tierras es producto de una combinación de factores. En primer lugar, encontramos un incremento en el número de jefaturas de hogar encabezadas por mujeres en las áreas rurales. En segundo, trazamos una lenta pero creciente aceptación de que las mujeres, también, son agricultoras. Es posible que se haya dado una menor oposición social al reconocimiento de las mujeres como agricultoras individuales que a su aceptación como miembros de los asentamientos colectivos. Como es sabido, esta fue la principal forma de distribución de la tierra en los años setenta durante la Reforma Agraria. Y, finalmente que las mujeres rurales han demostrado cada

vez más que necesitan y quieren tierra. Este ha sido el caso tanto al ocupar tierras nacionales como al demandar que esas tierras sean tituladas a su nombre3. A pesar de estos avances, persiste un indicador que muestra el impacto desventajoso de los programas y proyectos de titulación de tierras en la vida de las mujeres. Así pues, del total de tierras tituladas sólo un 10% están de a nombre de mujeres. En la actualidad, el Estado solamente está ejecutando dos proyectos de titulación de tierras que incluyen mujeres. Por tanto, no es posible esperar una transformación radical de la estructura de posesión de la tierra ni 81 que aumente de forma significativa el porcentaje de mujeres dueñas de la tierra en el país. Al no ser dueñas de la tierra, las mujeres enfrentan una serie de dificultades. Primero, no deciden sobre el tipo de actividad productiva a la cual dedicarse. Segundo, esta situación las relega a permanecer dentro del hogar realizando labores domésticas. Tercero, se suman a las actividades agrícolas “ayudando” a su esposo -o compañero de hogar- en la parcela sin recibir salario ni parte de las ganancias. En efecto, algunas mujeres se insertan como asalariadas trabajando en tierras de otras personas. Cuarto, tampoco pueden acceder a créditos. Esto es así -aún con el sector ONG- por la exigencia de presentar el título de propiedad como garantía para otorgar préstamos. •• Aumento de los niveles organizativos de las mujeres De hecho, la organización de las mujeres es a la vez un medio y un fin. Es lo primero porque les permite tener una mayor capacidad de incidencia, exigir lo que les corresponde y velar por el cumplimiento de sus derechos. Y, es lo segundo porque la organización se convierte en un espacio para hablar de sus problemas y necesidades, para compartir sus experiencias de vida, para crecer de la mano unas con otras. El feminismo enfatiza que “el desarrollo de proyectos productivos 3 Carmen Diana Deere/ Magdalena León. ¿De quién es la tierra?... Pp. 50.

por parte de las organizaciones de mujeres no solamente debe ser visto como la búsqueda de mejorías en las condiciones de vida, ya que la construcción de una identidad colectiva basada en el género sugiere que las necesidades básicas no están solamente ligadas a la sobrevivencia sino a la construcción de identidades y relaciones de poder”4. Por estas razones, desde que se empiezan a elaborar teorías y propuestas para incluir a las mujeres en los programas y proyectos de desarrollo, la organización de grupos de mujeres se vuelve una prioridad. En algunos programas y proyectos del estado se ha logrado 82 incluir el componente organizativo, sin embargo, no se ha logrado construir redes organizativas fuertes, que permanezcan en el tiempo, y que tengan claridad en cuanto a sus fines, estrategias y acción política. Esto se debe, en parte, a la falta de sensibilización de las y los técnicos sobre los problemas que enfrentan las mujeres para organizarse. Puede mencionarse -entre otros- los factores siguientes: machismo (dominio del tiempo y cuerpo de las mujeres), violencia y triple jornada de las mujeres. Es más -de acuerdo con las opiniones expresadas por las mujeres en el grupo focal- muchas veces la intervención del Estado más bien debilita las estructuras u organizaciones de mujeres existentes porque privilegian los proyectos a mujeres que participaron en las campañas o que no están organizadas: “Los grupos de mujeres se han debilitado mucho en nuestra zona porque muchas mujeres que tienen años de estar organizadas no son beneficiadas por los proyectos, han sentido que para que han estado organizadas si al momento de asignar los proyectos se han armado grupitos nuevos y se les ha colocado el proyecto. Y eso desanima a las mujeres. Los grupos nuevos que han surgido son mujeres correligionarias del que está en este momento (trabajaron con los políticos, pegaron afiches, no quieren saber de formación). 4 A. Conger. “Power, Gender and Development: Popular Women's Organizations and the politics of Needs in Ecuator”, en Escobar y Alvarez (edits.) “The making of Social Movements in Latin América”, pp.147-148.; citado por Rina Villars: Para la casa más que para el mundo: Sufragismo y Feminismo en la Historia de Honduras. (Honduras: Editorial Guaymuras, 2001) Pp. 513.

Sencillo, esos grupos no son funcionales. Eso más bien viene a debilitar la organización y el proceso que como mujeres llevamos. No se les están haciendo conciencia del componente de fortalecimiento organizacional a nivel de formación y capacitación, sólo hablan de cuanto pisto van a generar. Entonces, cuando no generan la cantidad de pisto que les ha metido a la cabeza que van a tener, las mujeres se van. Hay muchos aspectos que hay que considerar, porque si vamos y hacemos un inventario de: ¿cuántos grupos nuevos hay? Vamos a decir, tantos. Pero si vemos -en la realidad- esos grupos sólo existen por un interés económico. Y la experiencia con mujeres nos ha dicho que los grupos que se organizan sólo con un interés productivo tienden a desaparecer rápido”. (Grupo focal) Esta opinión evidencia las debilidades que se manifiestan cuando no se trabaja el componente organizacional (fortalecimiento de grupo y creación de redes solidarias) entre mujeres. Vemos que los proyectos no son sostenibles a largo plazo. De no incluir esta estrategia, las mujeres no le dan sentido a la organización. Por tanto, no se desarrolla la sororidad entre ellas y no se genera una identidad colectiva que les permita darle continuidad a sus acciones. A ello es preciso agregar que tampoco se desarrollan capacidades que les permitan incidir en los espacios de toma de decisiones (nacionales ni locales). La estrategia de organización está estrechamente ligada con la construcción de una ciudadanía para y desde las mujeres. La “ampliación de la ciudadanía” es la piedra angular de las reflexiones feministas sobre la democracia. Es definida como “un aumento de la capacidad de las mujeres de participar en los procesos políticos, en la vida ciudadana de las comunidades, pero además en una ampliación de la representación y participación en los poderes del Estado y de las instituciones políticas y sociales”5. No obstante, las entrevistas realizadas nos muestran que el Estado no se ha preocupado por fortalecer las organizaciones de mujeres ni por generar una conciencia ciudadana propositiva. Esto es así porque las mujeres fortalecidas y empoderadas exigen sus derechos, demandan, participan: 5 Braulia Thillet de Solórzano, Mujeres y percepciones políticas. “Colección estudios de género 3”. (Guatemala, FLACSO, 2001). Pp. 57.

“No. Al Estado no le interesa que nos fortalezcamos. Para que les va a interesar eso a ellos, entre el pueblo está más dormido mejor para ellos”. (Grupo focal) A pesar de estos obstáculos, las mujeres poco a poco van ganando más espacios y van ocupando puestos de decisión en otras organizaciones. Parten desde un trabajo continuo (combinación de empoderamiento económico con trabajo de concienciación de la condición de mujer) acompañado por el reconocimiento de sus opresiones y capacidades: “El empoderamiento económico trae consigo el empoderamiento social, porque ya son tomadas en cuenta en su casa. Ya los maridos les empiezan a respetar porque ya ellas tienen dinero. Y, les mejora la autoestima. Ahora, algunas mujeres hasta se están presentando a cargos de elección popular para suplentes de una diputación. Y otras, están muy interesadas en participar en el Consejo Nacional de Mujeres Lencas, luchando desde ahí. Ahora ahí las toman en cuenta. Y, cuando ellas piden la palabra y hablan, se les escucha”. (Edith Larios, DINADERS) El trabajo de organización política es realizado con éxito por el esfuerzo de las organizaciones de mujeres y no por iniciativa del Estado. •• Aumento de los niveles educativos (educación formal y alternativa) y capacitación en derechos Uno de los campos en los que más avances se han logrado a favor de las mujeres es en la educación. Esto se evidencia en la reducción de las tasas de analfabetismo así como en el aumento de los años de estudio de las mujeres. Pero al igual que sucede con muchas de las acciones del Estado, no se cuenta con una coordinación efectiva entre la Secretaría de Educación y las diferentes instituciones del sector público agrícola para que el componente de educación (formal e informal) se convierta en un elemento central en los programas y proyectos:

“No hemos tenido apoyo del Estado para educación. Esa estrategia nosotras la llevamos a la par como organizaciones de mujeres. Es más, nosotras ahorita hemos roto el record con las mujeres. Nosotras decimos, el próximo año usted se va a PRALEBA, a cualquier programa, aunque sea a primer grado. Y hemos ido creando una conciencia en nosotras. Nosotras ya somos producto de esa campaña. Cuando nosotras iniciamos Casa Luna, unas tenían tercer grado, primer grado, la que más tenía era sexto grado, y ahorita todas nos hemos graduado. ¡Toditas estamos en la Universidad! A excepción de una compañera que decidió poner a su hija. Eso lo vamos haciendo con todas las mujeres, pero por parte del Estado, no”. (Grupo focal) “Si las instituciones que nos capacitan nos dieran material didác- 83 tico y alimentación para salir a las aldeas a capacitar a las mujeres sería muy bueno. Porque no podemos tener tanta gente aquí, porque son demasiadas mujeres. Tenemos que salir con ellas a capacitarlas allá a las bases. Pero no tenemos la capacidad ni el material didáctico para todas. Aunque vemos que si los capacitamos y nos organizamos bien nosotros conseguimos bastantes proyectos ahí en el departamento”. (Grupo focal) A través de un trabajo colectivo, las mujeres buscan estrategias para mejorar el nivel educativo de sus compañeras dentro de sus organizaciones: “A través de los programas no tenemos nada, pero las organizaciones sí. Algunas llegamos con tercer grado, pero nos vamos motivando. Algunas ya están por graduarse. En algunos grupos ha habido mujeres que han sido analfabetas, pero nosotras mismas nos motivamos. De nosotras surge darles clases a las compañeras, los fines de semana. Por los programas, nadie tiene educación. Pero por su propio interés, su propio esfuerzo, sí tenemos compañeras que se están preparando. Los hijos de nosotros -a puro esfuerzo nuestro- se han preparado. Que haya un programa de apoyo, ¡no es cierto!”. (Grupo focal) De acuerdo con las entrevistas, se ha logrado incluir la educación en derechos de las mujeres en todos los programas y proyectos que tienen el componente de capacitación.

•• Mejoramiento de su salud sexual y la salud reproductiva Aunque el orden sexual abarca todos los aspectos de la vida, es quizás el cuerpo el más preciado objeto de poder en el orden de géneros. Las instituciones disciplinan, controlan y recrean los cuerpos a través de variados procesos pedagógicos que permiten a las mujeres y a los hombres enseñar, aprender, internalizar, actuar o rehusar las maneras del cuerpo6. El cuerpo es sometido cotidiana y sistemáticamente a técnicas disciplinarias. Se educa, obedece, responde. Las relaciones de poder lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a 84 suplicio, lo fuerzan a trabajos, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos7. El control de la sexualidad y el confinamiento de las mujeres al espacio privado -a través de la maternidad- es un mecanismo más del capitalismo patriarcal neoliberal. Por su medio, asegura que las mujeres realicen el trabajo reproductivo, y no participen en otras actividades más rentables (en términos de ingresos) que les permitan una mayor autonomía. El sometimiento del cuerpo de las mujeres también es una estrategia más del capitalismo para asegurar el mantenimiento del sistema. Al ser objeto supremo del sistema socioeconómico dominante, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres se convierten en medios de producción que tienden a ser dominados y controlados8. Desde esta perspectiva, los discursos liberadores -como el feministaentran en conflicto con discursos más conservadores. Los primeros cuestionan la libertad negada a las mujeres de decidir sobre cuándo, cómo y con quien tener relaciones sexuales; de decidir sobre el 6 Marcela Lagarde, “Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia”, Cuadernos inacabados N ˚ 25. (Madrid, horas y HORAS/ Marcela Lagarde, 2001), Pp. 52. 7 Michael Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. (España, Siglo Veintiuno editores, 1996) pp. 139-145. 8 Else Oyen. “Producción de la Pobreza: un Enfoque diferente para comprender la pobreza”; citado por Alison Teresa Burns. Politizando la pobreza: hacia una Economía Solidaria del Cuidado. (El Salvador, Progressio, 2007). Pp. 47.

número de hijas e hijos que desean tener; de utilizar métodos anticonceptivos eficaces; de dar y recibir placer; de escoger su opción sexual; y, sobre todo, de recibir una educación sexual adecuada a sus necesidades y contextos. Mientras, los segundos se basan en una moral cristiana y abogan por prácticas sexuales opresivas que mantengan el orden social. Estas son quizás las razones por las cuales el componente de la educación sexual está prácticamente ausente de los programas y proyectos que se realizan con mujeres rurales. Sin embargo, las estadísticas muestren con claridad los problemas que enfrentan los cuales se ven en las altas tasas de natalidad y fecundidad, las altas tasas de mortalidad infantil, la prevalencia de enfermedades como el VIH/SIDA y el cáncer de mama y cérvix (entre otros problemas). El personal técnico del sector público agrícola afirma que incluye estos temas en las capacitaciones; pero, las mujeres consideran que son abordados de manera superficial. Hasta el momento, no se han creado programas específicos de salud sexual y reproductiva dirigidos a las mujeres rurales. Tampoco, se ha logrado establecer alianzas con la Secretaría de Salud para la ejecución de estas acciones y para el mejoramiento de los servicios de salud existentes en las zonas rurales. Al igual que sucede con la educación, los avances logrados son producto del trabajo realizado por las mismas organizaciones: “En el caso de nosotras -como AMUC- siempre se les da la capacitación y organización, de género, autoestima, salud reproductiva, para que la pareja pueda participar, pero desde la organización, no desde el Estado”. (Grupo focal) “Nosotros en Occidente si han recibido sus capacitaciones por OCDI - que es una organización cristiana de desarrollo- pero no por parte del Estado”. (Grupo focal)

Este componente debe ser central en las estrategias de desarrollo. No puede olvidarse que con frecuencia la participación femenina se ve restringida por el alto número de hijas e hijos bajo su cuidado y por el padecimiento de enfermedades que limitan su capacidad productiva. Además, y como se mencionó en las páginas anteriores, la autonomía de las mujeres pasa por la libertad de poder decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. •• Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos más extendidos para ejercer control sobre su cuerpo y sus vidas. A través del uso de la violencia, las mujeres son obligadas a permanecer dentro de sus hogares. No se les permiten participar en las organizaciones comunitarias y de autoayuda mutua9. Un estudio realizado sobre el surgimiento de una organización de mujeres campesinas de Occidente demostró que la violencia ejercida en su contra es uno de los principales obstáculos de participación en programas y proyectos de desarrollo10. Asimismo, esta violencia ejercida contra las mujeres constituye un gran obstáculo para el desarrollo. Se ha comprobado que las mujeres víctimas de violencia doméstica son menos productivas en el trabajo. Ello representa una pérdida directa para la producción nacional11. La información recolectada, y al igual que sucede con la educación y la sexualidad, este tema sólo es abordado de manera superficial en los programas y proyectos. El trabajo que se ha hecho en prevención y atención de la violencia ha sido por iniciativa de las organizaciones de mujeres, que sí incluyen este componente como uno de sus objetivos centrales, aunque todavía su abordaje encuentra mucha resistencia dentro de las mismas organizaciones. 9 Mayra Buvinic y otras. La Violencia en América Latina y el Caribe: Un Marco de Referencia para la Acción. (Washington, BID, 1999). Pp. 18. 10 Rocío Tábora. Democratizando la vida. La propuesta metodológica de las mujeres del PAEM... 11 Andrew R. Morrison y Maria Loreto Biehl (Edit.). El costo del silencio. Violencia Doméstica en las Américas. (Washington, BID, 1997). Pp. XII.

•• El empoderamiento de las mujeres La palabra “empoderamiento” -acuñada desde el feminismoquiere decir poder para las mujeres y autonomía para tomar decisiones sobre sus vidas. El empoderamiento implica lo siguiente: toma de conciencia de las mujeres sobre la desigualdad y discriminación que prevalece en nuestra sociedad; tener acceso a información adecuada sobre su situación; capacidad de poder intervenir con eficacia en los espacios de toma de decisiones; y, control sobre los recursos (físicos, humanos, intelectuales, financieros y de su propio ser) y control sobre la ideología (creencias, valores y actitudes)12. 85 Desde esta perspectiva, el empoderamiento va más allá del control sobre los recursos económicos, tiene que ver con la posibilidad de transformarse a sí mismas, de verse como sujetas de cambio así como tener autonomía sobre sus decisiones y procesos. Debe ser el fin último de todos los programas y proyectos de desarrollo. Una de las experiencias más exitosas que se ha realizado en el país -en términos de empoderamiento de las mujeres- es la formación de una cooperativa para la producción y comercialización de productos de plátano, en la comunidad de Quebrada Larga (departamento de Danlí). El personal técnico del INAM da fe del proceso de empoderamiento que han seguido las mujeres de esta comunidad. Los cambios se han producido en todos los niveles a ser: aumento de sus ingresos, fortalecimiento de la empresa, capacidad de gestión, y sobre todo, la posibilidad y capacidad de tomar las riendas de su vida: “Ellas fueron ganadoras a nivel de toda Latinoamérica como un proyecto innovador. Ella representó nuestro país en Chile. La coordinadora tuvo la experiencia de ir a Chile a presentar el proyecto. Allí se dio cuenta de la importancia de prepararse mejor para la comercialización. Antes, ellas 12 Batliwala, citada por Gita Sen. “El empoderamiento como un enfoque a la pobreza”, en Irma Arriagada y Carmen Torres (edit.) Género y Pobreza. Nuevas dimensiones. EDICIONES DE LAS MUJERES N ˚ 26, julio 1998. (Chile, Isis Internacional, 1998). Pp. 122.

estaban a nivel de artesanas; hoy ya es una empresa grande. Ya tienen distribuidores, tienen carro, y -por ese proyecto- llevaron luz a la comunidad. Antes cocinaban en un fogón y en unas ollas grandes, pero ahora tienen todo industrializado, tienen su sellador industrial. Siempre están innovando y estaban buscando en exportar a El Salvador. Ella habla y eso me gusta a mí porque eso no se mide. Ya no es la señora que yo conocí cuatro años atrás. Ya ella habla de un plan de negocios. Cuando las llevamos a México, le digo yo: “no se pierda el taller que viene, que le gustará saber como elaborar un plan de negocios”. Me respondió: “No, si el plan de negocio ya lo tenemos elaborado. Y, consiste en todos los pasos de comercialización que se van a 86 tener durante este año, cuales van a ser nuestros productos de venta y dependencias de mercado”. Ella habla con un lenguaje técnico. Realmente, hay una mejora en su autoestima. Y, eso es un estimulo para otras las mujeres. Vemos también un cambio de mentalidad porque la mujer pierde el temor al crédito y se da cuenta de que realmente puede ejercer una actividad productiva. Entonces, les permite tener otra visión”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) El sometimiento y la opresión de las mujeres llegan al extremo de negarles la palabra. Las mujeres tienen que aprender a expresarse en público, perder el temor de ser vistas, hacerse escuchar: “Hay que seguir capacitando a las mujeres, a las que están marginadas, a las que no han podido salir a ninguna capacitación. Nosotras seremos un medio para poder seguir multiplicando los conocimientos que nosotras aprendemos, porque es así como podemos sacar a todas las mujeres adelante. Yo era una de las personas que yo casi lloraba cuando me paraba, aquí en este lugarcito. Me decía Nila: “Yo me voy a parar al lado de usted, yo voy a estar aquí cerca, para que usted empiece a exponer”. Y hoy nadie me detiene, yo digo lo que yo siento”. (Grupo focal) Desde el trabajo que realizan las mujeres dentro de las organizaciones, aprenden que su transformación también pasa por un cambio en las relaciones de poder que se dan dentro de sus hogares. Es decir, por la posibilidad de tomar decisiones dentro de la casa. Ello

a pesar que la sociedad y las reglas patriarcales milenarias les enseñan a obedecer a sus esposos y que su lugar es la casa, cuidando del hogar y de sus hijas e hijos: “Muchas de ellas también comentaban que había un cambio de roles, porque al principio sus esposos se oponían, se oponían a que ellas hicieran los créditos. Se oponían a que ellas participaran en una actividad productiva. Y, al principio, comentan que era bastante difícil el poder compensar entre lo productivo y también sus roles en el hogar, pero que después los esposos se daban cuenta realmente del cambio. Y que el cambio era beneficioso para ambos. En ese momento, ellos empiezan a intercambiar esos roles. Ellos se dedican también al cuidado de los hijos o a aportar a la mujer en el tema de las empresas”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM) El empoderamiento debe permitir que las mujeres tengan poder de decisión dentro de sus hogares, que se escuche la voz de las mujeres, que tengan poder de decisión dentro de sus hogares así como libertad para participar y organizarse: “Pues, vea como se ha trabajado en diferentes niveles. Por ejemplo, se percibe, se aprecia, que algunas mujeres que han sido beneficiadas como las indígenas, las lencas, y las mujeres de Yoro. Ellas ya no son las mismas. Ahora se expresan, no se quedan con su opinión, están como apropiadas, empoderadas. Ya tienen más conocimiento de sus derechos, ya pueden tomar la decisión en su hogar, ya reclaman en su hogar. Entonces ya no son aquellas mujeres sumisas. Y eso les ha ayudado. Por ejemplo, con este programa del PDPR, los técnicos de Yoro... había unas señoras bien empoderadas. Y dos de las mujeres decían: “Lo que sí les puedo decir es que he sido capacitada, he tomado varios cursos, he sido sensibilizada. Ya las rodillas no me duelen porque antes pasaba hincada rogándole a mi esposo que hiciera esto, y yo antes no venía a hablar en estos eventos, a decir cómo me sentía. Y ahora ha sido un cambio. En lo productivo no, porque no es a corto plazo, pero sí hay un cambio en la autoestima de la mujer”. (Encargadas del Eje de Economía del INAM)

La politización de lo privado, de lo íntimo, de la cama y de la casa, debe ser entonces un componente central de todos los programas y los proyectos que se ejecuten. Para ello, es necesario incluir estrategias que permitan el empoderamiento de las mujeres, que generen una mayor autonomía. Por consiguiente, solamente de esta manera, se logrará que las mujeres tengan acceso y control de los recursos productivos, en condiciones de equidad.

Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones 1. Honduras es un país con una población mayoritariamente rural. Esto es así aunque, poco a poco, el sector agropecuario está perdiendo peso en términos del PIB. La producción agrícola sigue siendo una importante fuente de divisas. No obstante, las condiciones que persisten en el campo, hacen que la pobreza aumente 88 constantemente; que crezca el número de hogares y personas que no pueden satisfacer ni sus necesidades más elementales; y, que no se logre reducir las brechas de inequidad y desigualdad social que persisten en el campo. 2. La pobreza de las personas que viven en el campo se ha visto incrementada en los últimos años por diversas razones. Entre estas, encontramos las siguientes: falta de políticas macroeconómicas dirigidas a la reactivación del agro; por el impacto del cambio climático y la degradación de los recursos naturales y el ambiente; y por la falta de estrategias para mitigar los efectos de los desastres naturales en el agro. A todo esto, es preciso sumarle la crisis económica mundial y las consecuencias previstas de la globalización. Esta última ha abierto las fronteras del mercado pero las ha cerrado para las personas lo cual ha provocando el incremento de las corrientes migratorias a los países desarrollados, a expensas de sus propias vidas. 3. Si bien toda la población del campo se ha visto afectada por el aumento de la precariedad social, son las mujeres quienes reciben más fuerza el peso de la pobreza. Las mujeres participan activamente en la economía (desde su trabajo no asalariado en los hogares, en las pequeñas parcelas familiares, y en pequeñas microempresas) pero debido a la persistencia de reglas sociales patriarcales, ellas se sitúan en el peldaño más bajo de la escala social. Los indicadores (pobreza, acceso al mercado laboral, ingresos, educación, salud y participación política) dan cuenta clara de este hecho. Los índices de desempleo y subempleo son mucho más altos en las mujeres que en los hombres.

Todavía, persiste una brecha importante de mujeres que no tienen ningún nivel educativo. Las altas tasas de natalidad, mortalidad materna e infantil así como la incidencia de enfermedades relacionadas con su salud sexual y reproductiva causan un deterioro constante en la salud de las mujeres e influyen negativamente en su inserción como parte activa de la economía. 4. La visibilidad de estos problemas ha hecho que la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo sea central en el contenido de muchos instrumentos y conferencias internacionales de las cuales Honduras es signatario. Este es el caso de las siguientes: Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW: 1979); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”:1994); Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Declaración de Beijing: 1994); Conferencia Internacional de Viena (1993) y Declaración de los Objetivos del Milenio. Todos estos instrumentos contienen disposiciones específicas sobre la situación de las mujeres rurales y establecen los principios básicos que deben ser adoptados por los Estados –como Honduras- para lograr la incorporación de las mujeres en los proceso de desarrollo así como eliminar las barreras legales, administrativas y culturales que no permiten una mayor equidad e igualdad social. 5. En concordancia con estas convenciones y conferencias, se han aprobado, en el país, leyes que hacen referencia específica a la situación de las mujeres en el campo las cuales incluyen medidas prioritarias que deben llevarse a cabo para mejorar su situación. Este es el caso de las siguientes: Ley de Igualdad de Oportunidades (2000), reformas a la Ley de la Reforma Agraria (1991), Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (1992), reformas a la Ley de Municipalidades (2000) y Ley de Propiedad (2004). To-

das estas disposiciones establecen que las mujeres tienen acceso en igualdad de condiciones a las tierras ejidales, municipales, y a las adjudicadas mediante la reforma agraria, programas de interés social o de titulación de tierras. 6. Honduras ha aprobado políticas públicas con equidad de género dirigidas a las mujeres rurales, a ser: Política de Equidad de Género en el Agro Hondureño (1999-2015), Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño (20022006) y Política de Equidad de Género en Recursos Naturales y Ambiente (2000-2015). Asimismo, se ha logrado la incorporación del enfoque de género en otras políticas sectoriales tal es el caso del Plan Estratégico Operativo para el Sector Agroalimentario 2006-2010, el Plan Estratégico del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA, el Plan Estratégico del Instituto Nacional Agrario, y el Plan Estratégico Sub-Esa PRONAFOR 2006–2010. Todas estas políticas públicas se enmarcan dentro de la Política Nacional de la Mujer y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (2002-2007). Este es el instrumento que rige el accionar del Estado en materia de derechos de las mujeres. También forman parte de este marco estratégico la Política de Equidad de Género en la Secretaría de Finanzas, el Plan Multianual de la Secretaría de Finanzas, la Política de Salud Sexual y Reproductiva (1999), el III Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH y SIDA 2008-2012 (PENSIDA III) y El Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2006-2010). 7. La aprobación de estas leyes, políticas públicas y planes ha ido acompañada de una serie de medidas y reformas en la institucionalidad estatal, dentro de estas cabe mencionar, la creación de unidades de género dentro de algunas dependencias de la SAG (Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA), Dirección de Riego y Drenaje, Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), y la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS)). Otros avances son la mención especifica de oficialización de políticas públicas sectoriales en la Política Nacional de la Mujer, la implementación del Plan Estratégico de la Política para la Equidad de Género en el Agro Hondureño (2002-2006), la formación y reactivación del Comité

Interinstitucional de Género del Sector Agrícola (COTIGSA), la capacitación del personal de algunas instituciones sobre el enfoque de género, la elaboración de materiales informativos y educativos; la creación centros de documentación y sistemas estadísticos en algunas instituciones del sector público agrícola, la realización de investigaciones sobre la situación de las mujeres rurales y su incorporación en los procesos de desarrollo, la incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos, y la elaboración de estrategias de género en algunas dependencias de la SAG y otras instituciones. 8. Si bien estas leyes y políticas públicas han permitido una mejora sustancial en el marco normativo y de los derechos de las 89 mujeres rurales, todavía persisten grandes brechas en cuanto a su formulación taxativa y su implementación. Para el caso, todavía persisten prácticas legales y administrativas que obstaculizan el derecho de las mujeres a la tierra; este es el caso de la aceptación de la documentos donde las mujeres renuncian a sus derechos a la tierra, (cuando se trata de títulos extendidos a favor de la unidad familiar) y el cobro de impuestos para su adjudicación (que no puede ser cubierto por las mujeres debido a su pobreza). 9. El principal problema que se presenta para implementar las políticas públicas es la falta de voluntad política para la ejecución. Esto se refleja en el debilitamiento de las unidades de género creadas al interior de la SAG y de otras instituciones (p.e. la unidad de género de DINADERS). Asimismo, se ve en la falta de presupuesto para el funcionamiento de las unidades y en la rotación continua del personal capacitado para estas funciones. La falta de apoyo para la implementación de la PEGAH se refleja en una asignación presupuestaria inequitativa a los programas y proyectos ejecutados con mujeres. Cabe mencionar que esta es una constante que se repite con las demás políticas públicas que han sido aprobadas en el país. 10. Una limitación adicional para la implementación de la PEGAH es que no fue adecuadamente socializada con las instituciones del Estado ni con la sociedad civil. Como consecuencia prevalece la falta de unidad y coherencia en las acciones que se ejecutan así como una vinculación fallida entre la PEGAH y las demás políti-

cas sectoriales. El COTIGSA -espacio de coordinación interinstitucional- está muy debilitado, no tiene presupuesto asignado para su funcionamiento, y no cuenta con el apoyo político de las altas autoridades gubernamentales. Por lo tanto, tiene poca incidencia en las actividades que se realizan. Puede afirmarse que no se cuenta con una verdadera coordinación entre las instancias que intervienen en su implementación 11. Aunque la PEGAH es una política pública dirigida al campo o al área rural, tampoco se ha logrado que su implementación sea efectiva en todas las regiones del país. Las y los alcaldes, y el per90 sonal de las instituciones del sector público agrícola asignado a las regionales desconocen la PEGAH, o hacen caso omiso de sus principios y obligaciones. 12. En efecto, el problema más grave enfrentado por todas las políticas públicas (contentivas de derechos de las mujeres y aprobadas en el país) es la falta de claridad conceptual y metodológica del enfoque de género desde el cual se estructuran estas políticas. El análisis del contenido de las políticas pone en evidencia que se parte de un enfoque familista y o que se siguen utilizando de hecho enfoques inadecuados (MED, enfoque del bienestar o enfoques asistencialistas). 13. Al no haber unificación de criterios en cuanto al enfoque y los objetivos que se esperan del trabajo con las mujeres, los resultados finales que se obtienen son disímiles, contradictorios, y no se logran sostener a largo plazo. La prevalencia de enfoques más tradicionales, como el enfoque de familia, del bienestar, o el MED, reafirma la percepción de las mujeres desde su papel reproductivo que no permiten un cambio en los roles tradicionales y en la mentalidad de las personas. Los proyectos (huertos familiares, los fogones mejorados, los comedores familiares, entre otros) responden a esa visión. 14. No se ha logrado que las mujeres participen en igualdad de condiciones en los programas y proyectos ejecutados por las distintas instituciones del sector público agrícola. La participación femenina sigue siendo considerablemente menor a la masculina en la mayor parte de los proyectos.

15. Existen muy pocos proyectos productivos dirigidos a la población femenina. Es más, el porcentaje de proyectos en los que se incluye a las mujeres tiende a disminuir. Asimismo, se observa que ellas no están incluidas en proyectos de alta rentabilidad (p.e. producción para la exportación de cultivos no tradicionales). 16. La mayor parte de los programas y proyectos ejecutados con mujeres tienen fondos muy bajos de inversión. Ello limita la capacidad de generación de ingresos suficientes para mejorar la calidad de vida de las mujeres. 17. Las mujeres tienen poco acceso a participar en los programas y proyectos con asignaciones presupuestarias millonarias (fondos de la ERP, el bono tecnológico, la red solidaria, los programas de acceso a crédito y de apoyo a cajas rurales, y los proyectos de seguridad alimentaria). Si a esto le sumamos la corrupción -que impera en el país en el manejo del erario público- y la politización de las acciones, los resultados evidencian proyectos mal implementados, en todo caso, con resultados de corto alcance. 18. Si bien se ha logrado un aumento significativo del número de mujeres beneficiaria de títulos de propiedad, aun sigue siendo un porcentaje inferior a los varones. Esto se evidencia en que apenas un 10% de las tierras estén inscritas a nombre de mujeres. A pesar de esta clara desventaja, casi no hay programas de titulación de tierras dirigidos exclusivamente a las mujeres. 19. Las mujeres no son consideradas sujetas de crédito porque no se dueñas de la tierra. Solamente, el 11% de los beneficiarios de las diferentes fuentes de crédito fueron mujeres. Se observó que los montos otorgados a las mujeres están muy por debajo de aquellos para los varones y que su participación se reduce a medida que los montos aumentan. 20. La discriminación ejercida contra la población femenina también es evidente en el acceso a capacitación y tecnología adecuada. Sólo un 25.2% de las personas del área rural que han recibido asistencia técnica son mujeres. 21. El resultado final de todo esto es que no se logre una mejora sustancial de la condición de las mujeres. En sus testimonios,

ellas relataban como en algunos casos, las ganancias obtenidas por su trabajo en las microempresas no son superiores a un dólar diario, por lo que se puede afirmar -que salvo algunas excepciones de experiencias exitosas- que los proyectos productivos que se ejecutan con participación no han permitido que se mejore sustancialmente sus ingresos, y que por lo tanto, puedan constituirse como una alternativa para que salgan de la pobreza. 22. La mayor parte de los programas y proyectos no son integrales. Se limitan a atender lo relacionado con la incorporación de las mujeres a los procesos productivos; dejan de lado lo relacionado con la educación, salud sexual y reproductiva, al igual que la prevención de la violencia. Por tanto no contribuyen a un cambio en las relaciones de género las cuales son la piedra fundacional sobre la cual se asienta la subordinación y exclusión de las mujeres. Asimismo, no abonan a un verdadero empoderamiento. 23. La forma de implementación de estos programas y proyectos no fortalece las organizaciones de mujeres, al contrario, las debilitando debido a las prácticas viciadas que imperan en el accionar del Estado. Recomendaciones 1. Los cambios que ha traído el nuevo siglo (aumento de la pobreza, privatización de los servicios públicos, incremento de la migración interna y externa, los cambios en la estructura del empleo, producto de la globalización y nuevas formas de explotación laboral, y pérdida de importancia del sector agrícola en términos de su contribución al PIB) deben abordarse en el análisis de la situación y condición de las mujeres, en la aprobación de leyes, en la ejecución de políticas públicas, y en el diseño de los programas y proyectos. Esto contribuirá al diseño de estrategias más acordes con la realidad e incrementará la posibilidad de efectos más sostenibles y adecuados a los problemas que enfrentan las mujeres. 2. Se deben reformar las leyes relativas a la propiedad (Ley de Reforma Agraria, Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector

Agrícola, y Ley de Propiedad), a fin de establecer la obligatoriedad de inscribir los títulos de propiedad adjudicados por el Estado a nombre de la pareja o de la mujer. Esto impedirá que se continúe con prácticas legales y administrativas (p.e. firma de acuerdos de renuncia de los derechos de propiedad) que actúan en detrimento del derecho de las mujeres a la tierra. 3. Respaldar la creación de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) mediante reforma a la Ley de Municipalidades. Estas oficinas deben contar con presupuesto suficiente para asegurar su funcionamiento y personal calificado y sensibilizado en la perspectiva de género a efecto de que fortalecer su capacidad de incidencia 91 en los planes de desarrollo municipales y la regionalización de las políticas públicas. 4. Se debe partir de una visión integral de las políticas sectoriales, porque así se logrará unidad en las acciones y en los resultados obtenidos. La integración y complementariedad entre estas políticas y la Política Nacional de la Mujer en el marco del proceso de aprobación del II Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades es un punto ineludible (actualmente en proceso de acuerdo entre el Estado y la sociedad civil). Las políticas públicas aprobadas deben ser debidamente socializadas con el personal del Estado, las organizaciones feministas y de mujeres, y las organizaciones de la sociedad civil y deben ser el referente y guía de su trabajo con mujeres. 5. Se debe fortalecer el COTIGSA por ser el espacio de coordinación interinstitucional que vela por la implementación de la PEGAH. Se le debe dotar de presupuesto así como establecer la obligatoriedad que todas las instituciones del sector público agrícola designen personal enlace para este espacio. 6. El Estado debe comprometerse en el fortalecimiento de la institucionalidad creada en el proceso de implementación de la PEGAH. Todas las instituciones del sector deben contar con una unidad de género, que vele por la adecuada incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos. Estas unidades deben tener el presupuesto y el personal necesario para realizar eficientemente sus acciones.

7. Debe continuarse con el proceso de capacitación a las y los funcionarios públicos que trabajan en el sector público agrícola. Estos deben ser procesos sostenidos que incluyan todo lo relacionado con la perspectiva de género desde una visión feminista. Las capacitaciones deben incluir lo siguiente: análisis de la situación de las mujeres en el campo; derechos de las mujeres; enfoques sobre mujer, género y desarrollo y, finalmente, elaboración de proyectos con enfoque de género. Asimismo, es preciso abordar otros temas que afectan directamente a las mujeres (salud sexual y reproductiva, violencia contra las mujeres, etc.) 92 8. Creación o apertura de programas dirigidos exclusivamente a las mujeres con asignaciones presupuestarias adecuadas a los problemas que enfrentan las mujeres en el campo. Estos deben estar orientados a la generación de alternativas productivas rentables para las mujeres así como al mejoramiento de su nivel de vida. Consecutivamente se debe revisar y reformular los proyectos mixtos con miras a lograr una distribución equitativa de los fondos disponibles. 9. Eliminar de la cartera de proyectos del Estado los proyectos que refuerzan el rol tradicional de las mujeres (fogones mejorados, comedores solidarios, proyectos avícolas, porcinos o de cría de ganado a baja escala) en vista de su baja rentabilidad y escasa generación de ingresos los cuales, adicionalmente, aumentan la carga de trabajo de las mujeres y actúan en detrimento de su salud y bienestar. 10. Debe crearse programas de acceso a crédito y tecnología específicos para las mujeres. Los programas de crédito deben estructurarse de tal forma que puedan responder al hecho que las mujeres no son propietarias de los medios de producción. Por consiguiente, deben poner a disposición de las mujeres créditos blandos a largo plazo y bajos intereses. 11. Aplicar una visión integral del trabajo con las mujeres. Esta debe articular el abordaje de sus necesidades prácticas (p.e. proyectos productivos generadores de ingresos) con medidas destinadas a satisfacer las necesidades estratégicas de las mujeres (p.e. aumento de niveles educativos, mejora en salud, empoderamiento, derechos

y ejercicio de ciudadanía) para que ellas mismas se encarguen de vigilar y exigir el cumplimiento de sus derechos. 12. Debe abandonarse la caracterización de las mujeres como “grupo vulnerable”. Deben ser consideradas e incorporadas como sujetas capaces de liderar sus propios procesos. Todas las acciones que se realicen deben incluir un componente que busque su fortalecimiento organizativo, que propicie la creación de espacios propios donde puedan discutir sobre sus problemas así como proponer soluciones colectivas. 13. Es necesario que las estrategias se diseñen desde la diversidad de las mujeres. Es decir, que tengan en cuenta los múltiples problemas que enfrentan desde su condición (triple jornada de trabajo, la carga de las y los hijos, las labores domésticas, etc.). Asimismo, estas acciones deben apuntalar hacia cambios sociales y culturales para transformar las estructuras sobre las cuales se asienta, se legitima y se reproduce la desigualdad hacia las mujeres.

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