Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión
MANIFIESTO DE LIBRES ASAMBLEA CÁNTABRA POR LAS LIBERTADES Y CONTRA LA REPRESIÓN En las últimas legislaturas la ciudadanía española ha venido sufriendo una merma progresiva de sus derechos y libertades. En 2010, y para favorecer a los poderes financieros nacionales e internacionales, el gobierno del PSOE tomó una serie de medidas que supusieron drásticos recortes en las prestaciones del estado de bienestar. Poco más tarde, esta política económica antisocial cristalizó en el acuerdo con el PP para la reforma exprés de la constitución. Con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del ejecutivo, la situación no hizo más que empeorar. Y así, después de dos años de gobierno del PP, el panorama no puede ser más desolador: Una reforma laboral que ha triturado los derechos de los trabajadores, contribuido a ampliar el paro y creado un “precariado” cuyas condiciones de vida empiezan a parecerse a las del proletariado de hace más de un siglo. Una política antisocial de continuos ataques a lo público, con fuertes recortes en sanidad, enseñanza, dependencia, investigación, cultura…, y el apenas disimulado objetivo de privatizar áreas vitales de nuestro ya de por sí escuálido estado de bienestar. Una gestión económica claramente sesgada en beneficio de los de arriba, con cuantiosas inyecciones de fondos públicos a la banca y medidas dirigidas a reforzar el poder de las grandes empresas. Una imparable degradación de las instituciones, con una larga ristra de casos de corrupción que suponen un agravio más para quienes han venido soportando recortes, privaciones y privatizaciones. Frente a esta ingeniería política neoliberal, las clases trabajadoras no han permanecido pasivas y han tratado de responder a los recortes de derechos y a la pérdida de calidad de vida mediante huelgas, manifestaciones, concentraciones, ocupaciones, escraches, acampadas, encierros… y cualquier otro medio a su alcance que, siempre de forma pacífica, pudiese detener las agresiones a las que estaban y están siendo sometidas. A pesar de esta elevada conflictividad social, el gobierno del Partido Popular ha logrado resistir el empuje de las protestas. Para ello, ha recurrido tanto a un discurso que culpa de la situación actual
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al anterior ejecutivo y alega una supuesta imposibilidad de hacer otras políticas, como a un significativo aumento del grado de represión sobre las movilizaciones sociales: dispositivos policiales desmesurados, extrema dureza en las cargas de los antidisturbios, detenciones, maltratos y multas. Todo un arsenal de medidas represivas que busca, como toda política autoritaria, asustar a la población y sumirla en el miedo, la impotencia y el conformismo. Sin embargo, esta estrategia no ha conseguido detener unos movimientos reivindicativos que ponen cada vez más en entredicho las constantes apelaciones de Mariano Rajoy al supuesto apoyo de la mayoría silenciosa que le dio el mandato. El gobierno de Rajoy comienza la segunda parte de la legislatura con un doble objetivo: seguir aplicando rescates, privatizaciones y reformas (segunda vuelta de la reforma laboral y de las pensiones, entre otras); y recomponer su imagen como eficaz gestor de la crisis. Pero para alcanzar tales fines, le es más necesario que nunca contener la calle, paralizar las movilizaciones, amordazar las protestas. En definitiva, dar otra vuelta de tuerca a su política represiva para transformar esa hipotética mayoría silenciosa que reivindica para sí, en la sociedad silenciada que en realidad pretende para todos. Ya hace un año la Ley de Tasas Judiciales limitaba a los más vulnerables la capacidad de recurrir a la justicia, pero en los últimos meses estamos asistiendo a un verdadero asalto a las libertades democráticas con la aparición en el horizonte de cuatro leyes: la Reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Privada (ya en vigor), la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Servicios Mínimos. La Reforma del Código Penal representa un grave retroceso con respecto al llamado Código Penal de la democracia, aprobado en 1995. El nuevo código penal criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales y de ciertas formas de protesta social, al tiempo que crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político. Se propone la persecución generalizada de la movilización social al considerar conductas delictivas cualquier expresión de resistencia a la represión, la desobediencia a la policía (e incluso a la seguridad privada) o el apoyo a manifestaciones o la difusión de convocatorias que la autoridad considere, de manera arbitraria, que alteran el orden público. Además, se condenan ciertas formas de solidaridad (el apoyo cotidiano a los sin papeles, por ejemplo), se penan determinados usos de economía de subsistencia (como el top manta) y se reintroduce la cadena perpetua bajo el eufemístico
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nombre de “prisión permanente revisable”. En definitiva, con esta reforma se puede afirmar con toda propiedad que pasamos del “estado social” al “estado penal”. La Ley de Seguridad Privada concede a los vigilantes privados autoridad para actuar en la calle. De esta manera, podrán realizar en la vía y espacios públicos “las comprobaciones necesarias para prevenir delitos o impedir su consumación”, es decir, que podrán identificar, registrar y detener a cualquier persona que consideren sospechosa. La Ley de Seguridad Privada supone una dejación de funciones por parte del Estado, aparte de fomentar la creación de un aparato represivo de bajo coste y favorecer el negocio de las empresas de seguridad privada. La Ley de Seguridad Ciudadana constituye una regresión histórica más propia de un Estado autoritario que de una democracia avanzada. Con la anunciada reforma, no cabe hablar de una verdadera ley de seguridad ciudadana, sino de una auténtica ley de orden público,que recuerda a la “Ley de Vagos y Maleantes”existente durante el franquismo. Se sancionan administrativamente conductas que el Código Penal recogía como faltas, pero dándoles un castigo económico mucho mayor y sin las garantías que, hasta ahora, otorgaba un juicio para el ciudadano. Así se consideran faltas o infracciones administrativas graves (sancionadas con astronómicas multas, impagables para la inmensa mayoría) las manifestaciones no autorizadas, las concentraciones frente al Congreso e instituciones públicas estatales o autonómicas y los escraches frente al domicilio de políticos. Cabe destacar también la prohibición de grabar o difundir imágenes de policías en “el ejercicio de sus funciones”, que tiene como objetivo impedir la filmación de cualquier posible uso indebido de la fuerza por parte de la policía.La nueva Ley de Seguridad Ciudadana supone una huida del control judicial que deja en manos de las autoridades gubernativas (las que son objeto de las protestas) y de la policía (los encargados de la represión) toda la decisión sancionadora. Finalmente, el aún poco definido proyecto de Ley de Servicios Mínimos que, al establecer amplios servicios mínimos obligatorios en todos los sectores, sean o no imprescindibles, busca vaciar de contenido real el derecho de huelga y convertirlo en un instrumento inútil. Estamos, pues, ante un verdadero proceso de involución democrática que pretende restringir el ejercicio de derechos fundamentales, criminalizar
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formas de movilización social, amedrentar a la población, debilitar el control judicialy blindar el poder político frente a toda crítica o protesta. Ante tal situación, hemos decidido crear LIBRES, la ASAMBLEA CÁNTABRA POR LAS LIBERTADES Y CONTRA LA REPRESIÓN como un instrumento para reafirmar las libertades fundamentales, para defender el derecho de los ciudadanos a la intervención en los asuntos públicos sin miedo a ser criminalizados y, en definitiva, para reivindicar una democracia digna de tal nombre. ¡Democracia es libertad! ¡Alcemos la voz, paremos las leyes mordaza! ¡Supresión inmediata de todas las sanciones y condenas de activistas!