Edición especial PERUMIN by Revista Stakeholders

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EDITORIAL

EQUIPO DIRECTOR Javier Arce Novoa

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DIRECTOR ADJUNTO Hans Rothgiesser

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ASESOR Luis Arce Novoa JEFE DE REDACCIÓN Marco Minaya Barrientos REDACCIÓN Renzo Rojas Diego Estrada COLABORADORES Humberto Montalva Köster Alonso Arias CONSEJO CONSULTIVO Baltazar Caravedo Ana Zucchetti Augusto Baertl Felipe Portocarrero Manuel Pulgar-Vidal Rafael Valencia-Dongo Jorge Melo-Vega Perú 2021 GERENTE DE Verónica Atauyuco Luna PUBLICIDAD COORDINADOR DE Anthony De Oliveira De Sousa CONTENIDO DISEÑO & Andrea López Alva DIAGRAMACIÓN Juan Pablo De La Cuadra STAKEHOLDERS MEDIA Mario Antunez de Mayolo WEB/REDES SOCIALES (Jefe de Marketing) Marilia Vargas (Analista de Comunicaciones)

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Revista Stakeholders

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La revista no se hace responsable por las opiniones vertidas por nuestros colaboradores. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú n°. 2008-07250

a edición N°101 de la Revista Stakeholders tiene como tema central a la minería en el marco de Perumin 34, la segunda convención minería más importante del mundo que se realizará en el departamento de Arequipa este mes de setiembre. La resaltante actualidad por la que atraviesa el Perú en el sector, categoriza a este evento como de uno de gran envergadura y aúnan nuestros esfuerzos en esta edición por hacer un gran trabajo. En este contexto, nuestro Informe Central analiza la situación de los conflictos sociales suscitados hasta la fecha. Por otro lado, uno de nuestros informes especiales aborda el reciente caso del proyecto minero Tía María, en el cual se hace un breve repaso de las circunstancias que originaron su estado actual y se propone algunas alternativas de la mano de especialistas. Del mismo modo, porque la minería y la sostenibilidad son dos conceptos estrechamente relacionados, un informe hace un análisis de la relación que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la minería. Nuestros demás informes, infografías y notas, recorren esta actividad económica en sus distintos aspectos a estudiar. En nuestra Entrevista Central, Stakeholders conversó con Gonzalo Quijandría Fernandez, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur de Minsur S.A, quien compartió la visión que tiene la compañía en promover una minería responsable con sus grupos de interés. Y, como es un distintivo de Stakeholders, distintos especialistas y expertos nacionales e internacionales, a través de columnas de opinión y entrevistas, aportan una valiosa visión del desarrollo de la minería. Con esta edición, nuestros deseos se unen a los de los protagonistas del sector por hacer de la minería una actividad responsable.

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LA ENERGÍA SOCIAL EN AREQUIPA BALTAZAR CARAVEDO

Miembro del Directorio de CTC Consultores

ntre los meses de marzo y junio de este año 2019, con el apoyo de la Universidad Continental y con la participación de Franz Omar Vásquez y Rubén Espinoza, ambos docentes de dicha casa de estudios, tuve la oportunidad de dirigir una investigación para intentar medir la energía social en la ciudad de Arequipa. La perspectiva de sistemas complejos y energía social la vengo trabajando hace algún tiempo, y la disposición generosa de la Universidad Continental y el equipo que me acompañó permitió realizar un trabajo para probar una herramienta que plasmará el planteamiento teórico que había desarrollado, y medir las tensiones que se generan en un sistema y la transformación que pueden provocar.

a la energía subjetiva, que es la que se manifiesta en los vínculos en una sociedad, en una organización, en una ciudad. Los vínculos hacen referencia a los comportamientos que se despliegan durante un tiempo determinado y producen acción o movimiento. Con este ejercicio abordamos la relación que se establece entre uso de energía objetiva, comportamiento individual y colectivo, consciencia, inconsciente (energía subjetiva) e impacto (cohesión y repulsión en los sistemas y subsistemas). Para levantar la información usamos varios tipos de herramientas: cuantitativas y cualitativas. Entre las herramientas cualitativas usamos: entrevistas a empresas (a diferentes niveles de las mismas), a familias, a asociaciones sin fines de lucro, a entidades públicas, distribuidas en los diferentes sistemas que logramos identificar. También realizamos observaciones en la vía pública en distintos horarios y en momentos en los que se daban aglomeraciones de personas y de vehículos poniendo atención a los comportamientos en esas circunstancias. Y, asimismo, dedicamos tiempo a observar, escuchar y sistematizar los programas de radio y televisión con mayor audiencia y llegada a los distintos sistemas. Tomar en cuenta los tiempos ayudó producir equivalencias entre energía objetiva y energía subjetiva y generar referencias para realizar las estimaciones en términos de kilovatios. Ello hizo factible establecer el carácter cohesivo o repulsivo de los vínculos y su predominio (balance de la energía social) en el sistema general.

Para realizar este proyecto se hicieron algunas precisiones al concepto de sistemas y energía social. Siguiendo una idea de un físico norteamericano (Erick Chaisson), se agrupó a la población en sistemas según su uso de energía o su densidad de energía: sistema tradicional, sistema moderno y sistema tecnológico. En cada uno de esos sistemas hay una intensidad de uso de energía distinto. Trabajamos con información del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017 y con información de Osinergmin (tuvimos acceso al consumo de energía en cada vivienda), y pudimos estimar la densidad de energía per cápita. Adicionalmente, usamos la información disponible referida al número de celulares por persona. Con esta información establecimos la distribución de la población según sistemas en la ciudad de Arequipa.

La conclusión a la que llegamos es que en la ciudad de Arequipa predomina la energía de cohesión. Para hacer comparable esta aproximación hemos propuesto la creación del índice de Energía Social con la finalidad de establecer los sistemas que se distribuyen en el territorio peruano (en los distintos continentes y en el mundo) y el balance de energía social en cada uno. Se trata de un método que no utiliza la medición monetaria, y que se inscribe en la perspectiva de considerar el valor-sistema para observar los procesos integrales de la humanidad.

Se introdujo una distinción entre energía objetiva y energía subjetiva. Y en el caso de ésta última (energía subjetiva) se hizo una segunda distinción: energía subjetiva activa y energía subjetiva pasiva. La medición del uso de energía no era un problema porque se mide por medio de las empresas que tienen esa responsabilidad. Pero, dado que la energía social aborda aspectos que no son medibles con la tecnología existente, ideamos un método para aproximarnos

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¡NO A LA MINERÍA!.. ENTONCES CONVERSEMOS JORGE MELO-VEGA CASTRO Presidente de Responde

a no nos sorprenden los bandazos que viene dando la opinión pública frente a diferentes decisiones trascendentes que debería tomar el gobierno. Esa situación refleja nuestra precaria formación ciudadana que impide identificar las prioridades nacionales con una mirada honesta, reconociendo la realidad, para encontrar una salida auténtica y así construir nuestro desarrollo. Lo hemos visto ante la imposibilidad de sacar adelante una reforma laboral que genere empleo juvenil o que permita contar con contratos de trabajo a largo plazo. El facilismo populista lo ha impedido más de una vez, en base a premisas falsas, como la defensa de unos derechos que no existen, salvo para una minoría y porque la reforma serviría para favorecer a las grandes empresas, cuando en el Perú, no las tenemos hay muy pocas y es parte de nuestras limitantes para la competitividad. La respuesta de la autoridad ante el humor de la calle ha sido entonces, la inacción. “No hay condiciones”.

la OIT precisa que sólo puede haber consulta previa si hay información. Hablar de diálogo entonces, es involucrarse en la protección y respeto a los Derechos Humanos, de allí que quienes se oponen a ese espacio, están violentando derechos fundamentales y la autoridad está obligada a hacer respetar el diálogo. Debemos de una vez por todas comprender, como una sociedad madura, que todas, absolutamente todas las actividades generan impactos positivos y negativos, las haga quien las haga: el privado, el Estado, la Iglesia, la sociedad civil o la academia. El reto, el entendimiento, el diálogo, pasa por identificar los impactos positivos para la sociedad y probablemente mi colectivo o uno individualmente tendrá más impactos negativos y por tanto, mediante ese diálogo se abordará la forma de mitigarlo o compensarlo. Pero no se puede impedir el desarrollo de todos por el impacto a unos pocos. La obligación de la autoridad es precisamente la de convencernos, actuando, que sí lo mejor para todos es que haya una carretera, un hospital, una iglesia, una mina, un aeropuerto o una iglesia frente a mi casa o en mis terrenos, yo tengo que aceptar y ser adecuadamente compensado por ello. Mi respuesta no puede ser agarrarme a balazos contra la autoridad.

Otro ejemplo es el que estamos viviendo con la minería y la renuncia a crear las condiciones para sacar los proyectos mineros que nos permitan generar desarrollo. Insistimos en que no se trata únicamente de crear crecimiento económico, porque eso se obtiene con inversión, mientras que el desarrollo significa compromiso auténtico de las autoridades, diálogo, presencia del Estado en la zona que se expresa con la oferta de servicios básicos: salud, educación, seguridad, justicia y transporte. Esa es la actuación del Estado y no promesas que luego se incumplen.

Estamos experimentando el ejercicio de un Estado débil incapaz de hacer cumplir las leyes y una administración de justicia que evita pronunciarse en base a valoraciones políticas frente al conflicto. Mientras tanto, importantes sectores de la población también empiezan a modificar sus prioridades abandonando la opción por la inversión y el desarrollo; y así sumando una cosa y la otra, la percepción de futuro y confianza en el país se está deteriorando considerablemente. Nos falta información y diálogo, practicar la ciudadanía.

El diálogo es indispensable y si hay sectores que no lo desean hay que proscribirlos. El diálogo es fundamental para cualquier decisión, incluso en los escenarios de consulta previa que algunos sectores exigen. El Convenio 169 de

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MINERÍA RESPONSABLE HANS ROTHGIESSER

Director adjunto de la Revista Stakeholders

minera podían trabajar de la mano para beneficiarse todos simultáneamente de la explotación de una mina. No obstante, para que esto funcionase necesitábamos un Estado que se pusiera la camiseta y ése tampoco ha sido el caso. Claramente.

no de los principales problemas que tenemos en el Perú con respecto a la promoción del sector minero es la falta de un planteamiento nacional de modelo de desarrollo aceptado por todos. Esto, por supuesto, es consecuencia de que nunca nos hemos puesto realmente de acuerdo en qué tipo de país queremos ser. Tenemos un sector de la población que se opone a la minería, pero no plantea una alternativa realista a nivel nacional. Por el otro lado, tenemos un segmento importante de la economía nacional que vive actualmente de esta industria a través de alguno de los canales. Quizás por la generación del empleo indirecto, quizás por alguno de los proyectos financiados con dinero del canon minero, quizás por las oportunidades que se generaron por la intervención en responsabilidad social.

¿Cómo es posible que en casi una década no hayamos podido avanzar en absoluto al respecto? ¿Cómo es posible que la discusión siga siendo la misma? Los mineros han ido afinando sus procesos. Han aplicado tecnologías cada vez más limpias. Han contratado cada vez más y mejores operadores para trabajar con las comunidades distintos proyectos y programas para beneficiarlas. Y si bien hay mucho que podría hacer mejor y aprender y difundir para que más mineras hagan las cosas bien, por su lado, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado se ha puesto saboteado a sí mismo. La ley de consulta previa, que debía ser la norma final para solucionar este asunto, no ha funcionado por una serie de razones. Primero, porque su ejecución quedó en manos de un ministerio que semánticamente tiene algo que ver, pero que no es el adecuado y que tiene otras prioridades. Tan poco efectiva ha sido su aplicación, que incluso hoy en día hay líderes de opinión y columnistas que insisten en desinformar que la consulta previa es vinculante, un detalle que ya se aclaró a nivel técnico y legal que simplemente no es posible. El llamado a desmentir esto es el mismo Estado, el cual ni siquiera eso hace.

En el año 2011 tuve la suerte de poder acudir a la Convención Minera en Arequipa. En esa ocasión la preocupación generalizada era la conflictividad que existía alrededor de la aprobación de nuevos proyectos mineros y cuál iba a ser la solución final a ese asunto. La minería, por supuesto, es una actividad en la que la presencia del ingeniero es bastante fuerte: Desde el ingeniero de minas que está metido en la operación hasta el ingeniero civil encargado de las construcciones. Y un ingeniero suele pensar en función a las soluciones finales de los problemas. No podemos culpar al sector minero, entonces, por querer encontrar una solución definitiva para poder continuar explotando estos recursos naturales.

Y así seguiremos Perumin tras Perumin discutiendo las mismas cosas. A menos, claro, que hagamos cambios profundos a la institucionalidad alrededor de este problema. No obstante, antes necesitamos discutir en la arena política qué es lo que queremos como país hacer con la minería. Esa debería ser el inevitable punto de partida.

Esta solución, por supuesto, nunca llegó. En algún momento se pensó que el canon minero sería la solución y que así se ganaría el apoyo de las autoridades locales. Claramente ese no ha sido el caso. Basta echarle un vistazo al caso de Tía María. En otro momento se propuso la consulta previa como la forma por la cual Estado, comunidades aledañas y

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MINERÍA Y EDUCACIÓN: HAMLET SENTADO EN UN BANCO DE ORO ALFREDO DRAXL

Director Ejecutivo de Cidel

a recurrente discusión sobre las concesiones mineras nos ha sumido en una parálisis hamletiana improductiva. Apostar por la educación es la mejor manera de movernos hacia adelante.

La educación genera mejores electores. La mejor educación y la cultura favorecen el aprovechamiento sostenible de los recursos. El Perú tiene al menos $ 46,700 millones dólares en proyectos en cartera? Nuestro “banco de oro” puede tranquilamente financiar una sustancial e histórica inversión en educación, especialmente en las zonas de influencia minera. El Ministerio de Educación tiene muy claras las líneas de inversión que se deben realizar, pero el lastre de la normativa del Estado es insoportablemente lento. Se ha mencionado el buen ejemplo del alineamiento de esfuerzos para el caso de los Panamericanos de Lima. ¿No es la educación una causa aún más grande e importante?

Quienes abogan por cerrar las minas denuncian la “ilusión neo-extractivista” del famoso banco de oro, que aprovecha únicamente al “gran capital” y promueve un modelo de “maldesarrollo” . El argumento antiminero tiene aquí un punto importante: la minería produjo 98,226 millones de soles en impuestos entre los años 2001 y 2016, pero el impacto en las poblaciones aledañas a los lugares de explotación, viene siendo muy reducido, y en particular en educación, los distritos que más recursos recibieron durante el boom minero de los años 2000 exhiben un efecto paradójicamente negativo .

Obras por impuestos es un buen camino, pero se requiere revisar pues favorece la obra física, visible, y los impactos de corto plazo. Lo mismo la ley del canon minero. Articulemos la participación de especialistas del Minedu junto a las empresas mineras. Que éstas aporten los recursos y capacidad de gestión, que el Ministerio aporte los objetivos, estrategias y diseñen los indicadores educativos que hagan tangibles los avances en los proyectos menos visibles y de largo plazo que suelen ser los más importantes.

Pero en esta verdadera tragedia, la culpa original no está en principalmente en las empresas mineras, sino en la disfunción de nuestras instituciones, políticas, legales y culturales. Las instituciones priorizan el bien común sobre el individual y la apuesta por la sostenibilidad y el largo plazo por encima del beneficio inmediato. En nuestro caso, el cálculo político y la corrupción conspiraron para que la inversión educativa -un bien común, de largo plazo y sin rédito político inmediato- se abandone de tal manera, que, luego de 15 años, el aluvión de dinero se esfumó sin dejar rastro alguno en los estudiantes.

Apostemos por mejorar las condiciones de las escuelas y tener mejores docentes y directivos. Hagamos de las escuelas de zona de influencia minera un polo de atracción para la investigación y el desarrollo educativo. Los efectos alcanzarán a todo el País, y haremos sentir a los peruanos de las zonas mineras que los camiones de minerales transportan no solo rocas, sino el futuro de sus hijos y del Perú.

El complejo hamletiano debe terminar. Prioricemos la inversión de nuestros recursos no renovables en una verdadera revolución educativa que potencie el “desarrollo de capital humano”. Las minas se agotan, pero la educación se renueva: una vez logrado un estándar básico, las generaciones tienden a superar a sus mayores. La educación descentraliza.

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Un buen ejemplo del argumento antiminero internacional puede encontrarse en el trabajo de Rodrigo Blanco Q. Impacto de la minería en el Perú y alternativas al desarrollo. Ed. Agencia Andaluza para la cooperación internacional para el Desarrollo. Acceso: shorturl.at/prAQ1 Ver: Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: en Gestión 17-7-2017 Ver: Agüero; Maldonado; Balcázar y Ñopo: The Value of Redistribution: Natural Resources and the Formation of Human Capital under Weak Institutions. Institute Institute of Labor Economics; July, 2017.

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APUNTES SOBRE MINERÍA RESPONSABLE ING. LUIS RIVERA

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

raíz de los últimos sucesos en nuestro país en torno al futuro del proyecto minero Tía María, se ha puesto en agenda nuevamente el concepto de minería responsable. Un principio inherente a las buenas prácticas de la minería moderna. Lo escuchamos recientemente en el Mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, así como en los discursos de algunos gobernadores regionales. Pero ¿qué se entiende por minería responsable? O mejor dicho ¿cuánto sabe la población sobre el enfoque de triple impacto en el sector minero? A grandes rasgos se podría decir que relativamente poco y esto se debe en gran parte a la desinformación y a los permanentes discursos malintencionados de opositores a la minería, que invisibilizan los aportes y buenas prácticas de nuestra industria. Al respecto, un estudio del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) presentado en la última edición de PERUMIN señala que uno de los principales desafíos de la minería peruana, sin duda, es su mala percepción. Esta apreciación se debe a una débil comunicación. Se especifica que nos comunicamos muy bien entre mineros o con gente vinculada al sector; sin embargo, cuando salimos al terreno, adolecemos de esas capacidades. Bajo dicha premisa, es necesario dar a conocer el concepto de minería responsable y comunicar de forma clara y oportuna, aquellos ejemplos que se dan en el país. Minería responsable Debemos comunicar y enfatizar que la industria minera en las últimas décadas ha madurado notablemente en la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) haciéndose cada vez más consciente del triple impacto que genera sus operaciones, a nivel social, económico y ambiental. La actividad ha pasado del despliegue filantrópico de décadas pasadas a internalizar nuevos conceptos asociados a la licencia

social, la eficiencia hídrica o el valor compartido, que le han permitido avanzar de modo positivo en el desarrollo de proyectos y operaciones. Asimismo, además de los múltiples proyectos de RSE en favor de las comunidades y grupos de interés, las empresas mineras participan activamente en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), mecanismo que le permite a los ciudadanos conocer los aportes generados por las industrias extractivas y cómo se utilizan. En nuestro país, contamos con una infinidad de ejemplos sobre el desempeño responsable de nuestra minería y su gran aporte al desarrollo de las regiones a través de la generación de empleo, su contribución al fisco o la creación de infraestructura (carreteras, hospitales, reservorios, electrificación, etc.). Esos ejemplos son la muestra de que el sector ha avanzado mucho en este tema. Por ello precisamente, el año pasado se presentó en Lima el Índice de la Minería Responsable (Responsible Mining Index), una iniciativa patrocinada por los gobiernos de Holanda y Suiza para fomentar las prácticas líderes y el aprendizaje en nuestra industria. En ese sentido, queremos remarcar que hablar de minería responsable no pasa necesariamente por cambiar la actual Ley General de Minería como algunos pretenden hacernos creer. Consideramos que existe aquí un planteamiento equivocado y se crea una asociación de conceptos que puede confundir al común de la gente. Preocupaciones como la revisión del canon, la consulta previa o tributación, tranquilamente pueden discutirse a través de sus propios marcos normativos o decretos supremos, sin necesidad de crear expectativas en la población, sobre todo en la población cercana a yacimientos mineros. El cambio de cualquier normativa sin sustento técnico ni consensos no garantizará el desarrollo que nuestro país necesita y tanto merece.

ING. GUILLERMO SHINNO Gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

“ES MÁS UNA TENDENCIA DE LAS CORPORACIONES ORGANIZAR EVENTOS INTERNACIONALES SOSTENIBLES” POR MARCO MINAYA mminaya@stakeholders.com.pe

Existe una creciente preocupación de los aspectos ambientales en todos los países del mundo, razón por la que se han creado mecanismos de control y reducción implementando herramientas de gestión de sostenibilidad, como es el cálculo de la huella de carbono para determinar emisiones de dióxido de carbono y con ello empezar a implementar un desarrollo sustentable. Calculada la huella de carbono, es posible trazarse metas de reducción llegando incluso a la compensación de emisiones o neutralización climática, tanto de la organización como de los productos, servicios y eventos de las instituciones. En relación al evento de PERUMIN, ¿qué características han tenido en cuenta para que sea un evento sostenible? Cada vez es más una tendencia de las asociaciones y corporaciones en organizar eventos internacionales sostenibles. Es por esa razón que el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), en busca de la excelencia ambiental y coexistir en una economía baja en carbono, ha solicitado a la empresa A2G, consultora especializada en sostenibilidad y cambio climático con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en temas ambientales, para que desarrolle la medición de la huella de carbono de Perumin 34. Es una gran satisfacción poder contar con la Certificación de Huella de Carbono Quality Carbon Footprint® que garantiza la exactitud y respaldo del cálculo hacia auditoría de terceros siguiendo la norma ISO 14064-1.

n el marco del PERUMIN 34 Convención Minera, Stakeholders entrevistó al Ing. Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien compartió la relevancia que tienen los eventos sostenibles en nuestro país y cómo podemos implementar una gestión adecuada de forma sostenible. ¿Cuáles son las tendencias internacionales vinculadas al desarrollo de eventos sostenibles? Conocer el aporte individual frente al cambio climático de una determinada empresa viene siendo un estándar cada vez más común. ¿En qué consiste el desarrollo de un evento sostenible? ¿Cómo y por qué organizar un evento sostenible? Las asociaciones y corporaciones lo están tomando como parte imprescindible de sus estrategias de responsabilidad social corporativa. Siendo un proceso que va a seguir escalando prioridades a medida que se vayan evidenciando más los problemas climáticos, los riesgos frente a estos cambios van generando mayor interés y compromiso de empresas e instituciones, como parte de su responsabilidad ambiental y social. ¿Cómo lograr que un evento sea sostenible? Teniendo en cuenta los impactos sociales, económicos y ambientales en el desarrollo de un evento sostenible, ¿por qué el sector empresarial debería implementar esta gestión de eventos sostenibles?

CARLOS GALVÉZ Presidente de Perumin 34

"LA INDUSTRIA MINERA DEL SIGLO XXI REQUIERE DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONDICIONES INDISPENSABLES PARA QUE SEA SOSTENIBLE” POR MARCO MINAYA mminaya@stakeholders.com.pe

PERUMIN es la segunda Convención Minera más grande del mundo y es organizada cada dos años por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Su edición 34°, que se desarrollará en Arequipa del 16 al 20 de setiembre de 2019 en Cerro Juli, tendrá como lema “Minería, ciencia, innovación tecnológica y educación”.

n este marco, la Cumbre Minera es el espacio de diálogo principal de Perumín 34, con un aforo de 1000 personas, que presentará los principales temas vinculados a la actividad minera, destacando los impactos positivos que la misma genera y los desafíos que enfrenta, así como las grandes

oportunidades que la minería presenta para el futuro crecimiento sostenible del Perú, si se construye una visión consensuada de desarrollo a nivel país que la integre como factor clave. Bajo el lema “Minería: Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación” se presentarán Conferencias y Diálogos con los principales expertos

nacionales e internacionales, autoridades y empresarios que se darán cita en Perumín 34. Como antesala a dicho evento, Stakeholders entrevistó a Carlos Gálvez, presidente de Perumin 34, quien compartió sus expectativas al respecto.

Entrevista |

¿Cuáles son las expectativas para Perumin34? Al momento hemos logrado superar ampliamente las expectativas trazadas, al haber alcanzado más de 500 trabajos técnicos de altísima calidad, que participan por el “Premio Nacional de Minería” de este PERUMIN. Igualmente, hemos concitado la atención de gestores de proyectos de sostenibilidad dentro del ámbito de “PERUMIN Inspira”, al que se han presentado 180 proyectos orientados a resolver problemas de sostenibilidad en las zonas altoandinas y finalmente, dentro de la labor de Rumbo al PERUMIN, hemos logrado que más de 1,000 profesionales jóvenes y estudiantes provenientes de 45 universidades del país, participen de 3 hackatones y 2 eventos de tecnología de información, automatización y robótica. Este esfuerzo será redondeado en la hackatón final, que se llevará a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín entre el 11 y el 13 de setiembre. Estos eventos han permitido el desarrollo de emprendimientos de innovación (startups), que serán presentados en la Cumbre Minera. En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos que persigue el evento Perumin 34? El objetivo central es compartir con las generaciones jóvenes que la industria minera es un vehículo formidable para introducir a las nuevas generaciones en la industria del conocimiento. Somos conscientes que quien no está en condiciones de competir en ese ámbito, perderá el tren de la historia.

Bajo el lema “Miner ía, Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación, ¿por qué este encuentro minero apuesta por dichos campos de acción? Dicho esto, cuando nos planteamos el lema “Minería: Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación”, nos propusimos identificar la brecha educativa que tenemos de cara al futuro y la importancia de optimizar el aprovechamiento de nuestro gran potencial minero para el logro de un alto nivel de competitividad en la industria del conocimiento. ¿Por qué es impor tante promover el ámbito de Tecnología, Innovación y sostenibilidad? La industria minera del siglo XXI, por ser competitiva, requiere del aprovechamiento máximo de la tecnología y la innovación, condiciones indispensables para que sea sostenible; y estos desafíos son una oportunidad para el desarrollo de tecnologías e innovaciones propias. El logro de estos objetivos nos permitirá ser también exportadores de servicios tecnológicos relacionados a nuestra industria y escalables a la vida cotidiana. En el caso del espacio “Cumbre minera”, se está convocando a distintos profesionales de diversas industrias. ¿se trata de promover, diversificar y enriquecer con distintas posturas el campo del sector minero en el país? Contar con un potencial geológico es una condición necesaria pero no suficiente para ser competitivo a nivel mundial. Por ello vamos a presentar un Índice de Competitividad Minera,

que nos permitirá comparar nuestro nivel de competitividad respecto a nuestros pares en la industria. Asimismo, dará luces sobre los aspectos que debemos mejorar. De igual manera, realizaremos un análisis y discusión sobre diversos temas como infraestructura compartida y desarrollo regional, constitución de clústers mineros, digitalización, gestión del talento, entre otros temas que debemos trabajar. Finalmente, conscientes que la minería no es un fin en sí mismo, sino un vehículo para nuestro desarrollo, hemos convocado a expertos académicos y empresariales del primer mundo a que nos compartan y estimulen en la línea que nos hemos trazado. Queremos resaltar aquí la participación activa de más de 1,500 estudiantes universitarios que tendrán la oportunidad de aprovechar este conocimiento. Pese a los esfuerzos que hace el sector en materia de minería responsable, ¿por qué cuesta mucho trabajo apostar a largo plazo por una minería sostenible? La industria minera que representamos agrupa solo a las empresas mineras responsables que apuestan a largo plazo por una minería sostenible. En el siglo XXI no hay otra opción y es lo que debemos hacer comprender a quienes se oponen a esta industria: debemos invitarlos a conocer y a pensar en torno en la minería del siglo XIX. En esta línea invitamos al Estado a comunicar clara y abiertamente las reales condiciones de operación, contribución e impacto positivo de esta industria.

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RESPONSABILIDAD SOCIAL MINERA: LABOR INDISPENSABLE DEL BUEN VECINO YAMILA OSORIO

Exgobernadora de Arequipa

oy que los conflictos sociales vinculados al desarrollo de proyectos mineros ponen de nuevo en debate la relación de las empresas de este rubro con las comunidades de sus zonas de influencia, así como lo concerniente al esquema de tributación peruano y al destino de esta recaudación, es conveniente visibilizar el impacto que ha tenido la operación de proyectos mineros en las regiones independientemente de las cifras de contribución al crecimiento del PBI o de generación de empleo, que no dejan de ser importantes, y más vinculado a las iniciativas de responsabilidad social que les han permitido conectar mejor con sus vecinos y mantener la paz social indispensable para el desarrollo de cualquier inversión privada. En lo que concierne a mi experiencia, puedo manifestar que como en todos los sectores, en el minero hay empresas con clara vocación social que más allá de sus obligaciones tributarias han destinado fondos sociales importantes para contribuir a cerrar brechas sociales y de infraestructura en sus zonas de influencia, y hay también quienes consideran que sus obligaciones se agotan con el pago de impuestos, correspondiéndole al estado hacer llegar la recaudación de manera eficiente a sus poblaciones.

Hay también aquéllas que han sabido impulsar el desarrollo de proyectos que solucionen los problemas prioritarios de sus vecinos y con ello garantizar la paz social para sus operaciones, como la construcción de represas, plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales por la principal minera de Arequipa o la ejecución de proyectos productivos en Orcopampa y Tapay por las empresas de la zona, que han generado ejemplares emprendimientos. Es cierto también que en el caso de Cerro Verde, cuya inversión social es bastante considerable en relación a otras, las obras de mayor impacto se dieron debido al aporte de solidaridad que rigió del 2006 al 2011, y que de alguna manera suplió el pago de regalías del que estuvo exonerada por el convenio de estabilidad tributaria del que gozaba. Lamentablemente este aporte de solidaridad por el cual se llegó a obtener 1786 millones a nivel nacional entre el 2006 y 2009, de los cuales 432 se invirtieron en casi 300 proyectos en Arequipa, previo consenso de autoridades, organizaciones sociales y la empresa minera; finalmente fue sustituido en el gobierno nacionalista por la creación del impuesto y el gravamen especial a la minería, recentralizando los aportes mineros y por tanto alejando la posibilidad de que las comunidades sientan más cercana la presencia de las empresas mineras.

En cuanto a Arequipa, tenemos ambos casos, desde los distritos de la parte alta de la provincia de Caylloma donde, pese a décadas de explotación minera, su realidad social parece no haberse visto influenciada positivamente por esta actividad. Basta ver el estado de abandono de sus caminos de acceso, con relación a los cuales recién hace menos de cinco años y luego de jornadas de protesta, la comunidad logró el compromiso de la elaboración de un proyecto de asfaltado como aporte social de las empresas que operan en la zona.

En estos últimos días se ha venido hablando de algunas propuestas de modificación al esquema tributario minero y a la ley general de minería, al respecto creo que la propuesta más propicia para fortalecer el impacto de la actividad minera en sus zonas de influencia, es que la distribución del Impuesto y del Gravamen especial a la minería se descentralice, redistribuyéndose el 50% en las regiones de zonas de influencia y el 50 % en el gobierno nacional. Actualmente las regiones no gozan de este fondo.

Expertos RS | Informe |

Foto: Defensorìa del Pueblo

CONFLICTOS SOCIALES Y MINERÍA: PUNTOS CLAVES PARA ENTENDER UNA COMPLEJA REALIDAD En la actualidad, un gran porcentaje de los conflictos sociales tienen que ver con la minería en nuestro país. En este contexto, es preciso tener una adecuada mirada sobre este difícil tema, el cual necesita medidas urgentes para su destrabe. POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

| Informe Central

Pablo de la Flor

Haciendo un puntual énfasis en los concernientes a la minería, 62 son los casos activos registrados hasta la fecha, listado en el que se encuentran coyunturas mediáticas como las de Tía María y Quellaveco. No obstante, y ante un escenario poco alentador, el Perú se mantiene a la cabeza en la producción minera de ciertos metales a nivel latinoamericano y mundial. Por ejemplo, según el Mineral Commodity Summaries 2019 de la U.S. Geological Survey, somos los primeros productores de oro, zinc, plomo, entre otros minerales, de Latinoamérica; a la vez que estamos en el Top 10 de los mismos en el planeta (Ver cuadro 2).

Cálculos reconfortantes, pese a que la actividad minera tiene una conflictividad considerable. Entonces, ¿por qué esta recurrencia de los conflictos sociales en el sector? Augusto Cauti, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), dialogó con Stakeholders y señaló perspectivas sobre esta cuestión. “En muchos casos tienen que ver con reclamos de las poblaciones que traen

Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

años de retraso, en cuanto a déficit de infraestructura y de servicios públicos. Entonces, cuando llega un proyecto minero se generan reclamos a este, que no necesariamente tienen que ver con sus actividades. Pero también existen algunos casos puntuales, donde sí algunas empresas no han podido elevar sus estándares a lo que hoy en día se exige a la actividad minera, hablamos de estándares tipo socioambiental”. Análogamente, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), compartió un punto de vista parecido al del viceministro, aunque fue agudo en recalcar el rol que el Estado debe de asumir. “Guarda más relación con la precariedad institucional, que con la actuación pública nuestra. No es posible que, a pesar de todos los recursos transferidos vía canon, que son 40 mil millones de soles en la última década, sigamos arrastrando los enormes déficits en acceso a servicios básicos como salud, educación, electrificación, agua y saneamiento. La persistencia de esas enormes brechas, en materia de bienestar, es lo que genera una enorme asociación por parte de la población de la zona minera, que es consciente de los enormes aportes que se han generado;

Informe Central |

sin embargo, a la vez tienen que soportar el hecho de que sus condiciones de vida no hayan variado de manera significativa”, detalló. ¿Puede afectar la conflictividad a la inversión minera? Según el Boletín Estadístico Mensual Minero de la SNMPE, la etapa enero - junio del 2019 tuvo una variación positiva de 26,2 % en la inversión minera en comparación con el mismo período del año pasado, debido a los proyectos que han venido desarrollándose (Ver cuadro 3);

sin embargo, las exportaciones han sido 11,1 % menos en el mismo lapso del 2018 (Ver cuadro 4). Así, escenarios conflictivos en el sector pueden afectar a

proyectos potenciales y, por lo tanto, frenar las inversiones. Para el director ejecutivo de la SNMPE, el gobierno debe ser escrupuloso a la hora de abordar los conflictos para no afectar al desarrollo de la inversión. “Los inversionistas vienen observando con especial cuidado lo que está pasando en el país sobre la conflictividad. Esto genera importantes dudas entre los distintos sectores interesados en invertir en el país, indudablemente eso viene dándose. De ahí, le doy importancia a tener cuidado a cómo vienen manejándose este tipo de conflictos sociales y lo que el Estado pueda actuar de manera prudente, pero a la vez con firmeza; para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley. De lo contrario, estas condiciones van a devenir en el desinterés de las empresas por esperar definir la ejecución de los proyectos en el país, esto es una coyuntura muy compleja y el Estado debe tener especial cuidado”, explicó Pablo de la Flor. En una posible hipótesis, lo acontecido en Tía María podría ser el estimulante

de la reactivación de otros conflictos en el sector que pudieran afectar a las inversiones en un largo plazo. Dada la estadística mencionada en el Reporte de Conflictos Sociales, tengamos en cuenta que hay catalogados casos nuevos como el de Champamarca, Pasco, relacionados a la minería. En ese sentido, el viceministro abordó este supuesto efecto “contagiante” de los conflictos y expuso cómo va el desenvolvimiento de esta rama económica. “Las operaciones, que están en un curso normal, se vienen reinvirtiendo porque son las que se mantienen y siguen operando, ahí tenemos a un sinnúmero de empresas. En cuanto a los proyectos que están en construcción, hay también ejemplos, ahí tenemos a Mina Justa en Ica de más de 1600 millones de dólares, la ampliación de Toromocho en Junín y más. Donde podría sí a ver una afectación, es en lainversión de los nuevos proyectos, esa es la parte que nos toca como sector público y también al privado, ver qué acciones o medidas reforzar para encaminar estas inversiones y que nuestro país crezca”, aseveró. ¿Sobre si podría tener un trasfondo político la conflictividad? El funcionario no lo niega. “Tampoco descartemos que en algunos lugares específicos se está dando un tema político, se utiliza también políticamente a la minería como excusa para levantar una bandera que tiene un trasfondo político, que no necesariamente tiene que ver con la actividad, pero se está generando un rédito político a ciertas personas”, complementó.

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“Evaluar la conflictividad desde los valores positivo y negativo, no es correcto. La interpretación que tiene la Defensoría del Pueblo sobre el conflicto social es que es la oportunidad para el cambio social” Rolando Luque

Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo

¿En qué debemos trabajar? La implementación de los proyectos mineros tiene como protagonistas a tres actores fundamentales: la empresa privada, el Estado y la comunidad. Empero, es menester labrar una relación positiva con los vecinos de la zona de intervención desde los inicios. Para ello, existen los mecanismos de participación ciudadana, que en su aplicación el Perú tiene un balance desfavorable. El adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad consideró que estos mecanismos deben de contar con gran presencia del Estado, a la vez que la empresa debe ver en ellos la oportunidad adecuada de fortalecer lazos con la comunidad. “Los mecanismos de participación ciudadana, en general en el Perú, no son lo suficientemente efectivos como para garantizar que la población sea escuchada por la empresa antes de que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La licencia social

no es otra cosa que los mecanismos de participación ciudadana, pero estos en nuestra legislación ponen el acento en los temas ambientales”, agregó. Igualmente, en su criterio es imperioso que los EIA tomen en cuenta con mayor profundidad a los aspectos sociales y no estén basados solamente en los ambientales. En esa misma línea, se debería evitar ver a la participación ciudadana como un obstáculo a superar para finalmente hacer a un proyecto viable. “Entonces, en el EIA uno encuentra que el 80 % a 90 % de los aspectos están concentrados en el orden ambiental y unos cuantos párrafos al tema social. Es decir, nos estamos preocupando en los temores de la población que es el impacto ambiental, y no nos estamos preocupando por las expectativas de la población, y es ahí donde se discute el desarrollo, los temas sociales: qué beneficios va traer explotar un yacimiento minero para la población. Se dice simplemente que la empresa se compromete a contratar a la gente de la zona, falta una serie de indicadores”, enfatizó.

Visión de la Minería al 2030 Para trabajar en relación al meollo que convoca la conflictividad en la minería, el Estado viene interviniendo mediante la creación de ciertas dependencias. Esto, en el marco de que el 4 de setiembre del 2018 se realizó la primera reunión del Grupo Visión Minería 2030 (GVM 2030), que articuló a representantes del Estado, de las empresas, de la academia y de la Sociedad Civil. En dicho evento, se sincronizaron líneas estratégicas para el futuro de la minería en el Perú de acá a una década: “Al 2030, la minería en el Perú es inclusiva, está integrada social, ambiental y territorialmente, en un marco de buena gobernanza y de desarrollo sostenible. Se ha consolidado como una actividad competitiva e innovadora y goza de la valoración de toda la sociedad”, sintetiza el Anuario Minero 2018 del Ministerio de Energía y Minas (Minem). De esta manera, se ha tramitado direcciones como la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, la Oficina General de Gestión Social

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“Nosotros tenemos como objetivo promover las inversiones mineras sostenibles y eso, desde el viceministerio de Minas, tiene que ver con la parte ecológica, económica y social” Augusto Cauti Barrantes Viceministro de Minas

y también los Comités de Gestión e Información. El viceministro de Minas lo resaltó: “Nosotros como objetivo tenemos promover las inversiones mineras sostenibles y eso, desde el viceministerio de Minas, tiene que ver con la parte ecológica, económica y social. Puntualmente a lo que corresponde al tema social, a nosotros nos toca ver que las empresas tengan un buen relacionamiento con sus entornos, especialmente con el de influencia directa del proyecto”, señaló. Acciones importantes, que deben de seguir su curso en favor de la disminución de los conflictos sociales en el Perú; donde el papel del Estado sea preponderante y de facilitador en el contacto entre los inversionistas y los habitantes de la zona de operación. Pablo de la Flor valoró el alcance que tiene el gobierno. “Sin esa dinámica será muy difícil que las empresas puedan de manera autónoma hacer demasiado sobre la problemática de la conflictividad,

creemos que la actuación pública en ese sentido es fundamental para resolver esta cuestión. No obstante, las empresas deben seguir insistiendo en la mejora de su relacionamiento con las comunidades en sus zonas de influencia, para ir afinando y mejorando su comunicación de los distintos grupos de interés con los que se involucra”, recalcó. Mejorar la institucionalidad es apremiante y Rolando Luque lo reconoce, en tanto que la minería es una actividad de la que el Perú obtiene grandes beneficios económicos en aportes como el Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad. “¿Qué ha ocurrido en estos 10 años? No podemos decir que ha habido un impacto fuerte en el descenso de la conflictividad social, allí están los números, esta sube y baja. Solo podemos hablar de un descenso importante cuando haya reformas institucionales y los propios mecanismos regulares del Estado

puedan resolver la conflictividad social y no se necesiten de mesas de diálogo, ni mesas técnicas; es decir, eso funcione dentro de la institucionalidad, pero no la tenemos, aunque hay un proceso en marcha”, aseguró. La fisionomía de los conflictos sociales hace que abordar su dificultad, más allá de ser una manifestación dentro de los cauces democráticos, sea compleja y que necesite de aportes interdisciplinarios para su resolución. Se requiere de debates, colaboraciones y sólidas articulaciones para generar propuestas que ayuden asistir y familiarizar los proyectos mineros con la población. Esperamos que pronto el Perú encuentre su rumbo saludable en el sector, en un plazo en el que el Bicentenario de la República se aproxima como una fecha importante.

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EQUIDAD DE GÉNERO: ¿CÓMO ESTAMOS EN EL SECTOR? y explotación de minas y canteras es considerablemente baja: 17.7 % y 12.8 %, respectivamente.

Andrea De La Piedra CEO de Aequales Perú

esde su creación en el 2015, el Ranking PAR de Equidad de Género ha convocado a empresas de diversos sectores económicos interesadas y dispuestas a obtener una radiografía sobre la condición de la igualdad de oportunidades laborales al interior de sus organizaciones. Históricamente, el grueso de participantes se ha concentrado en el sector financiero (20.6 % según el Ranking PAR 2019, donde participaron 194 empresas privadas) y de servicios a las empresas (18.6 %), lo cual nos revelaba un reto nuevo: fomentar la participación de empresas de sectores tradicionalmente masculinizados. La Encuesta Nacional de Empresas (INEI, 2015) apunta que la proporción de mujeres que trabajan en compañías formales de sectores como construcción

En ese sentido, la participación de empresas mineras energéticas ha crecido 3 puntos porcentuales con respecto al 2018, situándose en 10,3 % sobre el total de participantes del Ranking PAR 2019. Este incremento, además de entusiasmarnos, también supone una aproximación hacia conocer data más fidedigna del sector. Por ejemplo, hemos identificado que 25% de estas empresas cuentan con un plan anual de trabajo de equidad de género, herramienta que se traduce en un mapa con las actividades, objetivos generales y específicos, y personas involucradas en la estrategia de género de la compañía. En esa línea, 60 % de empresas ofrecen campañas de sensibilización a su personal sobre prevención del acoso sexual laboral, en tanto que el 45 % contestó que destinaba un porcentaje de su presupuesto anual a actividades a favor de la equidad. Dichas cifras están encima del promedio de respuestas de los 194 participantes del Ranking PAR (53 % afirmaron que ofrecían capacitaciones sobre acoso y 44 % que contaban con un presupuesto específico), sin embargo, si nos aproximamos a las 20 mejores empresas del Ranking PAR, aquellas que fueron premiadas en julio pasado,

Rodrigo Alomía

Coordinador del Ranking PAR

encontramos que el 100 % cumple con estas acciones citadas; además, 85 % de ellas contaban con un plan anual de trabajo. Sí, el sector que hoy nos convoca no tiene estructuras organizacionales idénticas a otros citados líneas arriba; también es cierto que las barreras para trabajar el tema suelen multiplicarse y aparentar ser inamovibles. No obstante, cruzar los brazos y ampararse de la meritocracia no cambiará el panorama. La meritocracia funciona con igualdad de oportunidades; lo que también funciona es autodiagnosticarse en el tema (lo que no se mide, no se gestiona) para partir de un punto cero. Cerro Matoso-South 32, compañía colombiana que opera una de las más grandes minas de ferroníquel del

Expertos RS |

mundo, narraba, en el informe que preparamos con PwC Perú Moviendo la aguja: acciones para cerrar la brecha de género en el sector privado, que su estrategia de género había empezado en 2016 con la creación de un comité de engagement que definió su visión a futuro. Más adelante, su comité de diversidad vería la luz y con este buenas prácticas laborales, como capacitar al personal de RR.HH en mitigar sesgos inconscientes hasta ofrecer licencias de paternidad y maternidad extendidas. En Perú, Gold Fields La Cima, primer puesto de su sector en el Ranking PAR 2019, destaca por contar con un comité y un programa de equidad de género, promover comunicaciones inclusivas, y capacitar a sus colaboradores y colaboradoras en el tema. Finalmente, si desagregamos a las compañías mineras (nueve para ser precisos) de las energéticas en el Ranking PAR, encontramos que las cifras se reconfiguran: 11 % cuentan con un plan anual de trabajo, 33% tienen un presupuesto específico y 55 % capacita en prevención del acoso; asimismo, el porcentaje de mujeres también disminuye en las principales líneas jerárquicas (ver gráficos). Hoy, el reto recae en entender la equidad de género como una cadena de beneficios humanos y económicos, cuyo impacto puede alcanzar incluso a los “sectores duros”. Hay que creer para actuar.

Estructura en el sector minero energético

Estructura en el sector minero

Artículo elaborado por Rodrigo Alomía – Coordinador del Ranking PAR / Andrea de la Piedra, CEO de Aequales Perú

TÍA MARÍA: GÉNESIS Y DIAGNÓSTICO DE UN CONFLICTO OCLUIDO Los primeros trabajos de exploración en Tía María iniciaron en el año 2003. Desde entonces, han pasado más de 15 años y el proyecto no ha encontrado un derrotero claro para su ejecución; es más, este afrontó el pasado mes de julio una de sus crisis más agudas. Stakeholders dialogó con expertos sobre esta coyuntura. POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

a delicada situación del proyecto minero Tía María no es una historia reciente, por el contrario, tiene una larga data en su devenir. Los últimos episodios son una consecución de hechos que iniciaron aproximadamente el año 2011, cuando el conflicto registró las primeras protestas. A la actualidad, Tía María se encuentra suspendido, dado el contexto social generado a partir de que el Estado otorgó a la empresa Southern Perú la licencia de construcción el pasado mes de julio. Antes de cualquier reflexión, hay que brevemente explicar en qué consiste Tía María. Este es un proyecto minero que tiene previsto obtener cobre de los yacimientos La Tapada y Tía María a partir de la lixiviación, proceso en el cual se usa cierta cantidad de ácido sulfúrico en la obtención del metal, para posteriormente ser transformados en cátodos (planchas) de cobre en una

planta especializada. Cabe decir que los dos yacimientos están ubicados en el desierto de La Joya, Arequipa, y el punto más próximo de posible afectación está a 2.5 km en el Valle de Tambo. Los antecedentes indican que se presentaron dos Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el primero de ellos tuvo 138 observaciones por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el siguiente, con los errores subsanados, contó con la aprobación del Estado. Su cronología tiene varios puntos álgidos, en el 2011, se registraron las primeras protestas con fallecidos de por medio, ante lo cual el proyecto terminó paralizándose. Para el 2015, y tras la aprobación del segundo EIA por parte del Ministerio de Minas y Energía (Minem), surgió un paro indefinido en el Valle de Tambo con víctimas mortales nuevamente.

Al presente año, en julio, el Ejecutivo otorgó la licencia de construcción y los pobladores retomaron el paro en Arequipa. A través del tiempo, sus reclamos se centran básicamente en dos aspectos: el posible daño a la agricultura y al agua del río Tambo. A raíz de lo anterior, el escenario se configuró en procesos de diálogos infructuosos, en figuras mediáticas de opinión, en carreteras tomadas, entre otros condimentos, que poco han aportado a la resolución del conflicto. Motivo En el marco del conversatorio “Tía María: mitos y realidades sobre el proyecto minero” organizado por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú, evento donde se dialogó sobre este conflicto social, Stakeholders acudió a la consulta de especialistas para una explicación más clara.

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Marina Irigoyen, co-coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, también profundizó acerca de algunas de las causas que han llevado al proyecto Tía María a la situación actual en la que se encuentra. Entre ellas vislumbró importantes factores comunicacionales, algunos referidos al EIA que, como señalamos anteriormente, se realizaron dos. Oscar Schiappa-Pietra

Director de AgroAndino SRL y docente de CETRUM PUCP

Oscar Schiappa-Pietra, director de AgroAndino SRL y docente de CETRUM PUCP, hizo un importante análisis de los motivos por los que Tía María ha sido inviable. Hay diversas causas y, aunque la respuesta no merece ser corta, brindó un claro panorama al respecto. Confianza, eficacia y licencia social, son algunos de los conceptos a los que recurrió en esta problemática. “Las causas son diversas. Este es un proyecto que se inició en 2003, y desde entonces no ha logrado generarse un clima de aceptación en la población del Valle de Tambo. Hay causas atribuibles a la conducta de los actores directamente involucrados en este proyecto, así como de actores que debieran estar presentes. También, la empresa Southern ha sido incapaz de generarse confianza y persuadir a las poblaciones que serán afectadas, debido a su historia en la Costa sur y a su ineficaz estrategia comunicacional”, señaló. Lo referido a nivel comunicacional ha sido un factor clave. Y es que gestionar proyectos de esta envergadura requiere trabajar de la mano con la población y, precisamente, los encargados de esta gestión han errado en Tía María.

“Creo que fueron elementos comunicacionales, pero también elementos que vienen de más larga trayectoria, de la historia del proyecto de la empresa. En lo comunicacional, me parece que no se ha llegado a fondo de manera transparente en los correctivos que se han hecho al EIA famoso de la segunda fase, de la segunda protesta, pero también no se ha llegado a todos los posibles usuarios de los beneficios con un mensaje claro”, narró. En una presentación al Congreso de la República, Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas, indicó que cerca de 250 millones de soles se han perdido tras los paros en Tía María. Aunque dijo que esto solo es un pequeño retraso en la economía, hay que ser conscientes de que su perjuicio sería mayor si esto se repite en los próximos conflictos; entonces, ¿en quién recaen las responsabilidades? Schiappa-Pietra es crítico a la hora de abordar esta interrogante, en especial en la función que cumple el Estado. “El Estado debería ser el catalizador de esos procesos de concertación temprana y de shock de inversiones sociales-productivas, enfocados en el desarrollo territorial, en vez de seguir obsesivamente aferrado a su rol pasivo y reactivo. Es engañoso otorgar una licencia de construcción sin haber coadyuvado proactivamente a generar las condiciones de desarrollo social-

Marina Irigoyen

Co-coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible

productivo sobre las cuales sea posible forjar percepciones favorables al emprendimiento minero”, relató. Una reflexión más centrada en el papel de la empresa Southern Perú lo hace Marina Irigoyen. Ella mencionó que se debió tomar en cuenta los antecedentes a lo largo del tiempo, para asumir efectivas acciones que ayuden a mejorar la relación con la comunidad. “Pero más allá del tema comunicacional, que tiene que ver con este conflicto, hay elementos que tienen que ver con la historia de la propia Southern, los desencuentros, entre la primera y la segunda protesta, por los muertos, heridos y que evidentemente deja un resentimiento en la población, no ha habido una autocrítica en esta etapa. Por ejemplo, acabamos de ver lo que ha hecho Quellaveco, que ha señalado que sí han tenido errores, que se han distanciado, pero que quieren un nuevo acercamiento”, enfatizó. Cómo se maneja la información es un eje central en estos casos, ya que es fundamental la claridad para una posterior confiabilidad; y no solo de parte de los actores primarios, sino de aquellos indirectos, como la prensa,

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líderes de opinión, etc. Según una encuesta de El Comercio – Ipsos en el mes de agosto, el 54 % de peruanos está informado sobre Tía María; asimismo, el mismo porcentaje de los informados están en contra del proyecto. Por otro lado, la evolución en cuanto a la cantidad de personas informadas entre junio y agosto ha ido en aumento; sin embargo, también lo ha hecho el número de personas que son opuestas a Tía María (de 38 % al 54 % de los informados). ¿Reflejan verdaderamente estas cifras qué piensa la gente? Al margen de un sí o no, hay que cuestionarnos si a más información, mayor eficiencia comunicativa. Lo que importa es cómo se gestiona la data, cómo se le entrega a los interesados para no crear falsos escenarios; aspavientos innecesarios como los vistos en la televisión, consecuencias de que cuando la protesta toma matices de violencia, resulta peligroso. Para la co-coordinadora del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, estas situaciones vienen impulsadas a veces por malos influenciadores. “Hay varios elementos que influyen en esto. Usualmente, cuando la protesta no ha tenido como antecedente un proceso de diálogo fructífero, cuando la población, las organizaciones sociales han expresado su divergencia, sus preocupaciones, sus sentimientos y no han tenido una escucha adecuada, tanto en los aspectos formales como comunicacionales; es ahí entonces que este acto normal, como debe de ser dentro de los cauces democráticos, sufre la impulsión de alguna gente que evidentemente tiene otras intenciones y lamentablemente sucede en momentos que se exacerban los sentimientos y las emociones”, contó.

Minería y agricultura, una oportunidad Uno de los mecanismos a los que se debe de acudir para evitar este tipo de confrontaciones, entre la comunidad y la empresa, es trabajar en una óptima relación sostenible entre la agricultura y la minería. Una oportunidad importante para Tía María, donde hay un grave desencuentro con la población. El director de AgroAndino SRL reflexionó acerca de esta coyuntura. “Necesitamos cambiar la correlación entre agricultura y minería, para generar una convivencia armónica y mutuamente beneficiosa. Debido a la brecha tecnológica y técnica existente entre los requerimientos de las empresas mineras y las capacidades de las comunidades circundantes a las zonas de operación, la capacidad de absorción de mano de obra calificada y de proveedores locales por parte de aquellas es limitado. Además, la actividad minera es finita en el tiempo. Esas son dos poderosas razones por las que debiera priorizarse el desarrollo agropecuario en las zonas de operaciones mineras”, sostuvo. Alternativas para la viabilidad de Tía María Cultivar un fuerte vínculo de correspondencia con la comunidad es vital en estos conflictos. En este propósito, Marina Irigoyen brindó una vía de solución con la mediación de una tercera persona. “El encuentro de estos factores, tal como se ha llevado hasta ahora, ha sido infructífero; entonces, esto requiere la intervención de una tercera persona, validado, reconocido, alguien que tenga la confianza de todas las partes y que contribuya a reestablecer el diálogo. Una persona

Oliverio Muñoz

Presidente del Capítulo de Ingeniería de minas

en las que todas puedan confiar en que haga funcionar el proceso” Por otra parte, Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas, indicó que en estos casos “el Estado tiene que crear plataformas, de tal manera que se pueda cargar toda la información para que sea pública; es decir, en plataformas virtuales, de tal forma que toda la información que se genere del proyecto: técnicas, ambientales, sociales, estén ahí para que la gente ingrese. Hoy no la tenemos”. Y para culminar este artículo, Oscar Schiappa-Pietra hizo referencia al diálogo y al despliegue de una planificación correcta entre los actores primarios de este conflicto. “Hay que retomar el diálogo centrado exclusivamente en acordar la ejecución de un plan de desarrollo territorial, que responda a las expectativas y necesidades sociales y productivas de la localidad, prestando especial atención a lo concerniente a la potenciación del desarrollo agropecuario”, finalizó.

Modelo de gráfica tomado del Libro blanco llamado Cartografía de la minería en relación con los Objetivos de desarrollo Sostenible: un atlas. Adaptación basada en el contenido del sitio web de los Objetivos Mundiales (www.globalgoals.org/es/).

¿AGENDA 2030 Y MINERÍA? MIRANDO DENTRO DE LOS ODS Hoy en día, la mala imagen de las mineras, la informalidad y los conflictos sociales ha ocasionado que perdamos la visión de las ODS en el sector minero. POR ALONSO ARIAS LOAYZA aarias@stakeholders.com.pe

podremos hablar de un desarrollo sostenible, pero la minería estaría aún en el comienzo de un recorrido lleno de obstáculos.

an pasado cuatro años desde que se establecieron los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A estos los podríamos definir como la guía y el apoyo para que cada nación pueda alcanzar un progreso sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas, monitoreo y evaluaciones cuyos indicadores te expongan un impacto en favor del crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.

Una de las principales barreras es la mala imagen que conlleva nuestra minería peruana, en muchos casos generados por aquellas que la ejercen de forma ilegal. Por otro lado, enfocándonos en las mineras legales, estas pueden promover mucho y lograr objetivos que nos encaminen a los ODS. Para Astrid Cornejo, gerente general de AC Sostenibilidad, la industria minera puede influir positivamente en la consecución de los ODS, pero si no se toman las medidas pertinentes, es probable que también impacte negativamente. “La minería puede fomentar el desarrollo económico, facilitar oportunidades de empleo digno, el desarrollo empresarial, el incremento de ingresos fiscales y el poder de establecer vínculos o alianzas a nivel de diversos rubros como el tecnológico, infraestructura, etc”.

Si hablamos del sector minero, un rubro donde se ha visto afectado por la informalidad y conflictos sociales, es difícil hacer una asociación de esta con los ODS. Sin embargo, la conexión de los objetivos de desarrollo sostenible y la minería pueden estar mucho más conectadas e insertadas de lo que creemos. El presente informe busca dar una visión sobre la relación de los ODS y el sector minero, y qué expectativas u oportunidades tenemos para cumplirlos de cara al 2030. Desarrollo sostenible en el sector minero: ¿es posible?

La afirmación brindada por Cornejo nos lleva a dar la conclusión de que el sector minero, al igual que otros tipos de industrias, abarca más de un ODS. En la siguiente sección, Javier Portocarrero, director ejecutivo de CIES, nos abordará qué ODS están intrínsecos en esta industria que estamos abordando.

Cuando hablamos de desarrollo sostenible en la minería, “implica la necesidad que el sector y sus empresas consideren la necesaria integración de tres elementos básicos: económicos, ambientales y sociales” (CIES, 2018). Si se desarrollan estos tres componentes de manera equilibrada y equitativa

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bendecida por la naturaleza en términos de potencial minero, al ser primer productor en Latinoamérica de oro, zinc y plomo; y a nivel mundial, el segundo en plata y cobre”, mencionó el director ejecutivo de CIES. Enfocándonos en la ODS ocho, relacionado al Trabajo Decente y Crecimiento Económico, la minería es fundamental, porque esta tiene actualmente una cartera de proyectos de más de 50 000 millones de dólares que de realizarse impulsaría muchísimo al desarrollo del país. “El asunto es cómo sacar adelante esos proyectos y por otro lado que tengan las mejores repercusiones para el país”, afirmaba Portocarrero. Por otro lado, en términos de empleo y para el representante de CIES, la minería en sí misma genera poco empleo porque es una actividad intensiva en capital y maquinaria de gran escala. El principal factor para la aplicación de empleo es el tema de los eslabonamientos, comprando sus insumos, de parte de las mineras a las industrias locales, regionales y nacionales, de tal manera segmenta el desarrollo de esos complejos industriales a los que se llama los Clúster.

Astrid Cornejo

Gerente General de AC Sostenibilidad

Más de un ODS Según el informe “La minería peruana y los objetivos de desarrollo sostenible”, realizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), sostiene que las empresas mineras, independientemente del tamaño, pueden y deben incorporar los ODS en sus actividades y operaciones para así consolidar los esfuerzos globales y generar nuevas ideas. Para ello, es fundamental una alianza constante entre los gobiernos, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. Esta afirmación la sostuvo el director ejecutivo de CIES, quien además nos comentó cómo podemos clasificar los ODS que se aplican en la minería. “Podemos dividir los ODS para efectos de la minería en dos grandes grupos, uno donde se encuentran en el desarrollo económico; y otro, el cuidado ambiental”, afirmaba Javier Portocarrero, vocero de CIES. Con respecto al desarrollo económico, podemos identificar los ODS número ocho, enfocado al trabajo decente; el número nueve, que es industria, innovación e infraestructura; el doce, producción y consumo responsable; y finalmente el ODS diecisiete; es importante que las alianzas se den para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, en el desarrollo ambiental, el especialista identifica el objetivo trece, que es acción por el clima; el catorce, vida submarina; el quince, que tiene que ver con los ecosistemas terrestres; y nuevamente el diecisiete que es un objetivo más transversal. “Hay una serie de maneras en la cual la minería puede contribuir en los ODS”, finalizó Portocarrero. Ahora abordemos a detalle sobre cómo se pueden desarrollar y abordar cada ODS, en base a lo expuesto por el representante del Consorcio de Investigación Económica y Social. Se sabe que la minería para el Perú es el 10 % del PBI y un poco más del 60 % de las exportaciones. “Somos una nación

Un clúster minero es una asociación de empresas y actores relacionados a la minería para aprovechar integralmente las oportunidades de desarrollo que ofrece el sector. Como clúster minero se puede sistematizar un trabajo que tenga por finalidad el desarrollo sostenible de las poblaciones de sus áreas de influencia. Esto generaría confianza en la actividad minera y disminuiría la conflictividad en el sector. (CIES, 2018). Es importante que el Estado pueda apoyar el desarrollo de estos clúster con acciones de financiamiento, orientación, asistencia técnica, infraestructura, etc. Con relación al ODS nueve, que es el tema de la Industria, Innovación e Infraestructura, hemos abordado a los clústeres; por el tema de la innovación, el representante de CIES, considera muy útil que las mineras fomenten la investigación y desarrollo de temas relacionados al sector. “Podría pensarse en realizar concursos de investigación para las universidades u ONG, con la finalidad de promover innovación no solamente en minería, que puede ser muy importante, sino también, por ejemplo, en saber cómo producir oro de manera más amigable, evitando el uso del mercurio y de otros contaminantes”, afirmaba Javier Portocarrero. Por otro lado, es necesario buscar un desarrollo tecnológico para los proyectos que se emprenden. “Muchas empresas mineras tienen proyectos de RSE, que buscan el desarrollo de las zonas; entonces, ver tecnologías para ayudar al desarrollo productivo de las zonas, y no solamente investigación en ciencias duras o tecnológicas, sino también en ciencias sociales”. Portocarrero, hace énfasis en cómo hacer para que la población se beneficie más en términos objetivos

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de Tingo Maria donde iba a usar en principio agua de la cuenca del rio Tambo, después se hizo un compromiso en hacer una planta desalinizadora de agua de mar para usarla”. Entonces, hay soluciones tecnológicas y la idea es crear un clima de diálogo, en el cual ponen de su parte las empresas, las comunidades, el estado y la sociedad civil. Para Portocarrero, la alianza es sumamente importante porque permitirá sacar adelante los proyectos y cada uno tiene su responsabilidad. “Por un lado, las comunidades deben exigir sus derechos, la consulta previa, también recibir un beneficio de las operaciones, porque desde el punto de vista de sostenibilidad hay dos factores en la minería, por un lado, es el factor de la no contaminación, del entorno, del ecosistema aledaño, y por otro lado, la sostenibilidad desde el punto de vista de la minería por naturaleza y el consumo de un recurso no renovable”. Una vez mencionado esto, vale preguntarse, ¿cómo podemos identificar con certeza que estos objetivos le corresponden al sector minero asumirlos? Para ello, Julianna Ramírez, especialista en responsabilidad social empresarial y catedrática de la Universidad de Lima, comentó que para hacer minería, al igual que muchas empresas en el mundo, identificamos la parte de ley que hay que cumplir y la voluntaria; dentro de la parte voluntaria está la RSE y la otra escala es el desarrollo sostenible. La especialista sostiene que al buscar la sostenibilidad “no tienes que necesariamente cumplir con todos los ODS, la recomendación siempre es tomar aquellos objetivos que van de acuerdo a la cadena de valor y a partir de ello ponerla en marcha. Por ejemplo, no le vas a pedir a la minería educación de calidad, porque no es lo que le corresponde a la minera”. Ante esta última afirmación surge el dilema que muchas veces es un punto clave que conlleva a varios conflictos sociales por una aparente mala percepción sobre las responsabilidades de las mineras para aspirar a una sostenibilidad que conlleve ODS.

Javier Portocarrero

Director ejecutivo de CIES

pero también subjetivos, que el ciudadano sienta y vea a la minería como una aliada “eso es sumamente importante y por ello tenemos la contribución de los estudios antropológicos, sociológicos, que son relevantes para poder comunicar bien y entender bien, siempre se critica que falta comunicación de las empresas mineras, pero también, a veces falta la capacidad de escuchar y entender al otro, y de esa manera tener un dialogo más informado”, concluye Director Ejecutivo de CIES. Para cerrar el bloque de ODS enfocados al desarrollo económico, identificamos el objetivo diecisiete. Las alianzas son fundamentales para sacar adelante el potencial minero que tenemos. “Las alianzas son fundamentales entre la industria minera, las comunidades, el sector público, la sociedad civil, incluyendo a la academia, universidades, centros de investigación, para poder precisamente generar un clima que favorezca al diálogo, la inversión y a su vez permita la aceptación de las comunidades a estas inversiones”. Ahora, nos toca exponer los objetivos de desarrollo sostenible en el tema ambiental. Javier Portocarrero expresó que la minería peruana en la antigüedad, por la primera mitad del siglo XX, era contaminante porque la tecnología no se había desarrollado y por otra parte el marco legal no era muy exigente pero ahora hay una normatividad un poco más estricta, además del movimiento internacional en pro de una minería más limpia.

El Estado y los ODS En escenarios de conflictividad social, siempre se discute el rol que debe asumir el Estado. Para este caso, las ODS es un buen punto de reflexión al respecto. La ausencia del Estado en las zonas aledañas, cuyo territorio no solo se ubican centros mineros por explorar, sino también lugares aislados y vulnerables donde hay una carencia notable de necesidades básicas, es una realidad que no se puede obviar. La catedrática de la Universidad de Lima, Julianna Ramírez, manifiesta su postura con respecto a que no se puede pedir a la minera la labor del Estado. “Tienes un gobierno ausente a lo largo y ancho del país, llega una minera y la población le exige lo que

Para el representante del CIES, aún hay campos de mejora, ahí lo básico es buscar que efectivamente no haya el tema de contaminación, pero el principal problema en el caso peruano es la relación de la gran minería con la agricultura. “Hay muchas creencias de que la minería puede afectar el agua, y esa es la base de todos los conflictos socio ambientales. A veces la minería demanda agua y puede haber un cierto conflicto por el uso de este recurso, pero este problema es superable mediante la tecnología, por ejemplo, en el caso

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no le exigió al Gobierno”. La especialista identifica una relación tripartita que se da muy frecuentemente en el sector minero. “Tienes un gobierno ausente, una comunidad que exige necesidades básicas y una empresa que está buscando su licencia social. Esa es la relación tripartita que se da, y donde hay juego de intereses, que no siempre es fácil, al final a la minera le va bien, suele ser aquella que logra ayudar a la comunidad”. Una perspectiva diferente tiene el Director Ejecutivo de CIES, Javier Portocarrero, quien afirma que el Estado no está ausente en materia de ODS pero sí se debe incrementar el nivel de acción en pro de los ODS. Además, destacó el rol del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), “el Ministerio de Energía y Minas ha hecho un esfuerzo por imaginar la visión de minería al 2030 y ha buscado congregar a empresas del sector público y académicos para ver el tema específicamente de los ODS”. El especialista, insistió que si hay un esfuerzo del Estado a nivel del MINEM pero aún falta por realizar más esfuerzos, que sean transversales e incluir a otros ministerios como el de economía, de inclusión y desarrollo social, de la producción, etc.

Julianna Ramírez

Especialista en RSE y catedrática de la Universidad de Lima

con poco valor y visión. Aún no se puede determinar si la minería peruana puede alcanzar esa mirada de sostenibilidad, pero lo que sí es cierto es que se viene trabajando en ello. Es importante, como bien menciona Astrid Cornejo, la minería tiene un poco más claro la implementación de las ODS, porque hay objetivos muy específicos. “Así emocionalmente los haya decidido o no, si no generas el valor social de parte de la minera lo más probable es que tengas problemas con la comunidad”. Por su parte Julianna Ramírez hace un llamado al rol que cumplen los medios de comunicación; ella afirma que tienen un deber importante para transmitir los beneficios que puede producir la minería en favor de la sostenibilidad del país, pero lamentablemente no se viene dando de esa manera. “A la gente le interesa saber lo que la minería puede hacer por uno y para el medio en la cual se encuentra su comunidad”. Finalmente, Javier Portocarrero, considera totalmente factible llegar en buenas miras al 2030, pero solo se dará si nos enfocamos en un punto. “Destrabar los proyectos y ese es un tema que conlleva saber manejar bien la competitividad y conflictividad social”, afirmaba el Director Ejecutivo de CIES.

ODS 17: ¿Clave para la Agenda 2030? El ODS número diecisiete está enfocado a las alianzas para lograr los objetivos. La clave para poder llegar a un año 2030 con los ODS en la vanguardia, es necesario ese trabajo compositivo que busca este último objetivo. Para el Director del CIES, las alianzas hay que buscarlas no con una posición de arriba hacia abajo, sino conversar primero con las comunidades, los alcaldes, los gobiernos provinciales y regionales para generar un movimiento de avance de abajo hacia arriba y buscar ese cambio legal. “Porque si uno lo hace de arriba hacia abajo lo que se puede producir es una posible marcha en contra de las modificaciones que se piensen aplicar, pero si uno lo hace al revés tiene más posibilidades de éxito”, hacía la reflexión Portocarrero. Además de la importancia de las alianzas, Astrid Cornejo, hace una reflexión sobre el compromiso que debe tener el ciudadano de a pie con respecto a los ODS. “Si llegamos a cumplir los ODS para el 2030 va a depender del trabajo de todos. Llegaremos siempre y cuando el ciudadano de a pie, profesionales, CEOS, dueños de empresa y Gobierno tenga la voluntad de querer trabajar los temas de objetivos de desarrollo sostenible”.

El Estado ha venido fallando desde ya hace mucho tiempo, primero, por la mala inversión de los recursos que no se ejecutan bien; segundo, por la falta de enfoque de prevención o anticipación para poder evitar que ese conflicto escale. A modo de conclusión, todo se define en buscar las alianzas estratégicas para lograr una interacción entre empresa, academia, Estado, comunidades y así pensar una visión común para unirnos y hacer programas de desarrollo, eficientes, eficaces, socialmente responsables, y ambientalmente amigables que remedien los pasivos que existen y propongan una minería no contaminante hacia el futuro del 2030.

2030: ¿META AMBICIOSA? Decir y dar por seguro que llegaremos al 2030 con los ODS, en el rubro minero, totalmente cumplidos sería una afirmación

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MINERÍA Y LOS ODS: UN DESAFÍO EN DESARROLLO JORGE SANABRIA

Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEDS) de la Universidad de Lima

n la histórica cumbre de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, los países del mundo adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un llamado universal para la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad; desde ese momento, su existencia y ratificación en 193 países, incluyendo al Perú, ha significado cambios en sus políticas de gobierno y en sus estructuras sociales, convocando, alrededor del Estado, a la sociedad, la empresa privada y la academia. Bajo el marco de este plan de acción, nuestro país se convirtió en uno de los primeros en promulgar una ley referida a la problemática del cambio climático (Ley 30654), problemática que fue recogida en el ODS 13, o la Política Nacional de Igualdad de Género (DS. N.º 0082019), recogida en el ODS 5. Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer hasta el 2030, año en el que el mundo espera recoger los frutos de esta agenda de desarrollo sostenible. En esa senda, es apropiado hablar de la industria minera a nivel global. La minería es una industria capaz de generar puestos de trabajo, e innovación e inversión que conlleven cambios profundos a largo plazo. Pero también ha contribuido a desencadenar muchos de los problemas que frenan el desarrollo sostenible; por ejemplo: las emisiones de carbono, la contaminación ambiental, el desplazamiento de las comunidades, la acentuación de la desigualdad económica y social, el fraude fiscal y la corrupción; problemas todos que se ven reflejados en mayor o menor medida en nuestro país y que los ODS buscan remediar.

Los ODS ofrecen a las empresas mineras la posibilidad de efectuar una contribución positiva y real para el país. La estrategia estará en función del contexto social, político y económico locales, de la fase de la actividad minera en que se encuentre, de la participación de las comunidades locales y las restantes partes interesadas; con ello como insumo, es posible presupuestar los recursos y trazar un plan de trabajo conjunto entre Estado, empresa y sociedad. Para aquellas mineras que aún no se deciden por cuál ODS empezar a trabajar, se les sugiere que miren los objetivos relacionados con la inclusión social (ODS 1, 5, 10 y 16), la sostenibilidad ambiental (ODS 6, 7, 13 y 15) y el desarrollo económico (ODS 8, 9 y 12). En conclusión, no se trata de gastar los recursos para decir que se está trabajando con los ODS, el desarrollo sostenible no es filantropía al más alto nivel. Esta agenda de desarrollo implica apoyar el crecimiento integral de la sociedad y el de la propia empresa, crecimiento que se ve plasmado en beneficios como ahorros en materia energética, ahorros en las compras locales de óptima calidad, en el uso del agua a través de su reciclaje, en la reducción de conflictos sociales, la mejora de la adaptación de la empresa a las políticas y normativas nacionales aplicables al sector, y en especial en el progreso de las relaciones con las comunidades y las partes interesadas. Lograr un desarrollo sostenible en nuestro país constituye todo un desafío tan complejo como las políticas y estructuras sociales lo determinen; y un escenario donde la industria minera debe intensificar su participación, sus alianzas y su diálogo con el resto de los sectores industriales, el Gobierno, la sociedad civil, la academia y las comunidades locales. Solamente así caminaremos juntos hacia el Bicentenario y hacia el año 2030 con pie firme y seguro para alcanzar esta ansiada meta.

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MINERÍA RESPONSABLE Y LOS ODS JULIANNA RAMÍREZ LOZANO Docente CENTRUM- PUCP

a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en setiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados miembros que la suscribieron, entre ellos el Perú́. Resaltan temas prioritarios para la región como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. Para su implementación, la Agenda 2030 requiere de la participación de los representantes de los gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado. Las empresas mineras –sea cual fuere su tamaño– pueden y deben incorporar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en sus actividades y operaciones, y de esta manera consolidar los esfuerzos globales y generar nuevas ideas. Para que esto tenga éxito es menester una alianza sustancial y permanente entre los gobiernos, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil. El sector minero en el Perú tiene una tarea pendiente, de limpiar la mala imagen que tiene, debido a algunas malas prácticas, pero también a la minera informal que le ha hecho mucho daño por no respetar ni a las personas, el medio ambiente ni a la autoridad. En este sentido, presentamos las algunas reflexiones y posibles acciones para plantear una minería responsable basándonos en algunas de los ODS. ODS 6: Agua limpia y saneamiento. Lo cual implica que las empresas mineras deben cuidar, respetar y remediar cualquier daño al ecosistema y en especial a las fuentes de agua, como ríos, lagunas y otras. ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico. Lo cual implica que las empresas mineras puedan ofrecer trabajo decente a los miembros de las comunidades vecinas. Este trabajo implicará capacitación y formación del futuro personal. Y también incluye la promoción para la creación de empresas comunales como principales proveedoras de

las empresas mineras. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. En este tema la empresa minera puede y debe contribuir directamente en la promoción de infraestructura pública (caminos, agua, energía) para corredores económicos entre varias regiones. ODS 10: Reducción de las desigualdades. En la medida que la empresa minera pueda ofrecer trabajo local y contribuir directamente en la calidad de vida de las poblaciones contribuyendo en la mejora de sus necesidades básicas. ODS 12: Producción y consumo responsables. Lo cual significa que la empresa minera en su producción y gestión debe ser responsable con tu entorno desde el enfoque del triple balance. ODS 13: Acción por el clima. Lo cual significa adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, un problema mundial que la empresa minera debe contribuir. ODS 14: Vida Sostenible. Implica conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, y los recursos marinos para el desarrollo sostenible ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionando los bosques de forma sostenible ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones sólidas. Lo cual implica garantizar buenas relaciones con el entorno en especial velar por las buenas relaciones con las poblaciones vecinas. Tema que es clave para garantizar la paz social y promover la gestión empresarial. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible manteniendo alianzas en el tiempo con el sector público, privados, sociedad civil, academia. Sin esta ODS no es posible alcanzar las anteriores. La minera peruana tiene un gran reto entre manos. Si la apuesta es por la ética y la sostenibilidad, será posible alcanzar una minería responsable que el Perú necesita mantener, puesto que es y seguirá siendo una de las principales fuentes de riqueza e ingresos del país.

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CONFLICTOS Y MINERÍA: REFLEXIONANDO SOBRE LOS CAMBIOS QUE SE REQUIEREN MIGUEL LÉVANO MUÑOZ

Especialista en Industrias Extractivas de Oxfam en Perú

odos y todas reconocemos que la minería es el sector económico más vinculado con la conflictividad social en el Perú. Una verdad, ratificada por los reportes tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Presidencia del Consejo Ministros, es que los conflictos que giran en torno a la actividad minera siguen expresando

un gran desafío para la gobernabilidad del país. Y si nos centramos en los últimos 10 años, vemos que a pesar de que la totalidad de conflictos sociales ha disminuido, la proporción de aquellos vinculados a la minería ha crecido, llegando a representar el 43 % del total.

Fuente: Defensoría del Pueblo Elaboración: propia

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Ver http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=6981&idMenu=sub6980&idCateg=1208 Ana Leyva, Consúltame de Verdad, aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero, CooperAcción y Oxfam. Lima, junio 2018. Oficio N° 0504-2016/DP del defensor del Pueblo al ministro Gonzalo Tamayo Flores, recibido el 15 de agosto de 2016.

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Elaboración: propia

La creación de instituciones u organismos especializados, el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos, el desarrollo de instrumentos de intervención, entre otros, podrían explicar la reducción cuantitativa de la conflictividad social. Sin embargo, algo estamos dejando de hacer o haciendo mal para que casos como Tía María tengan más de 10 años de escalamiento y crisis, sin encontrar una salida viable y sostenible. En este escenario se ha propuesto una nueva Ley General de Minería, lo que resulta lógico considerando que la ley existente fue aprobada en 1992, en un contexto político y económico distinto, y que, desde entonces, a pesar de los importantes cambios normativos e institucionales, no ha sido debidamente actualizada. Solo observando los 15 procesos de consulta previa en minería terminados , que representan el 35 % de los implementados hasta la fecha, se pueden constatar no solo asimetrías en los accesos a información y asesorías , sino que no tocan los momentos medulares de una operación minera. La Defensoría del Pueblo cuestionó la idoneidad del momento de su implementación:

“Establecer la consulta previa antes de la autorización de inicio de exploración no permite a los pueblos indígenas consultados arribar a acuerdos directamente vinculados al diseño del proyecto y que pueda incidir en la protección concreta de sus derechos colectivos” . En ese sentido, el Grupo de Empresas y Derechos Humanos, de Naciones Unidas, recomendó al Estado peruano que las consultas previas “…se lleven a cabo en todas las fases de la adopción de decisiones que puedan afectarles…” , es decir, antes de las concesiones, prospección, aprobación del EIA y aprobación de planes de cierres de mina . Pero más que buscar una minería con menos conflictos, debemos procurar una que aprende de estas tensiones y promueva modificaciones que la hagan más sostenible. Eso pasa por reformas al marco normativo e institucional -que puede iniciarse con la nueva Ley General de Minería- elevando sus estándares ambientales, sociales y económicos; y por una mayor y más efectiva presencia del Estado frente a decisiones fundamentales y en las zonas donde se desarrollan los grandes proyectos mineros.

"Debemos procurar una minería que aprenda de estas tensiones y promueva modificaciones que la hagan más sostenible"

Numeral 90, letra d, sobre recomendaciones al gobierno peruano, pp. 20, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú. Naciones Unidas, mayo 2018. Ver: https://acnudh.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-humanos-y-empresas-mision-al-peru/ Numeral 66, idem.

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LEOPOLDO MONZÓN UGARRIZA Gerente general de PROESMIN

¿QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS Y BÁSICOS HACEN A UN PROYECTO MINERO VIABLE Y SOSTENIBLE EN EL PERÚ?

os últimos años, los proyectos mineros en etapa de exploración y explotación, han sido objeto de discusión por los altos riesgos que presentan en lo ambiental y social. Es por tal motivo, la población peruana duda de la minería debido a que la transparencia y la información que circula son medias verdaderas, muchos mitos y más falacias que se tejen alrededor de esta industria. Lo cierto y comprobado es la cuantiosa cantidad de ingresos que la actividad minera ha generado y lo poco que ha transformado en infraestructura y empleo productivo en los lugares donde se desarrollan estas actividades. El verdadero desarrollo sostenible involucra un nuevo modelo social, donde la empresa y la población, logran generar acuerdos y compromisos que a la larga tienen que cumplirse definitivamente. Es por tal motivo, que planteamos las siguientes medidas para asegurar un nuevo giro a la situación actual, considerando el levantamiento de información realizado por PROESMIN en más de 30 minas en operación: • Importante capital de riesgo en las etapas previas a la construcción (Prospección y Exploración) • Proceso largo y burocrático asociado a los trámites • Adecuado nivel de carga impositiva (Regalías, impuesto a la renta) • Poco de desarrollo económico alrededor de las actividades mineras • Impactos ambientales generados • Poca infraestructura desarrollada en las cuencas mineras • Demasiadas áreas denunciadas en función a las que se explotan • Alta percepción de la población en general que la minería contamina y que no genera desarrollo • Generación de empleo de forma directa e indirecta: pobladores interesados en la generación de empleos

Ante lo expuesto proponemos una serie de medidas en paralelo a la línea de tiempo a un proyecto minero: • Facilidades a la prospección y exploración casi sin restricciones; aprobación inmediata de estas actividades mediante declaración jurada y un compromiso de remediar cualquier impacto que pueda originarse. • Para la etapa de construcción de la mina, implementar como mínimo en las cuencas intervenidas: sistemas de almacenamiento de agua, sistemas de riego, potabilización de aguas para consumo humano, tratamiento de aguas residuales, construcción de carreteras y vías; todo esto asegurará empleo y será una condición inobjetable para la licencia social. El financiamiento de estas actividades corresponderá al estado las mismas que serán pagadas con el adelanto de las regalías y el canon que se origine; para estos fines existen bancos e instituciones financieras interesadas en generar un fideicomiso para llevar adelante estas actividades de forma inmediata. • En los primeros años de explotación, se implementará toda la infraestructura educativa, de salud y, el financiamiento será el mismo al anterior, pero recurriendo a los fondos que se generaran a mediano plazo en los proyectos (5 años). • Durante todo el proceso, desde la prospección hasta la explotación, debe haber un monitoreo continuo del medio ambiente. En relación a lo planteado, las empresas mineras deben tener un compromiso con los pobladores en el siguiente sentido: si se cumple con los acuerdos expresados, cualquier reclamo efectuado de forma injustificado que atente contra la infraestructura estatal o privada, será penado respecto a la ley inmediata; en caso contrario, los pobladores podrían solicitar una acción directa de ejecución sobre los puntos que no se hayan cumplido en los compromisos adquiridos.

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EL AGUA Y LA IMPORTANCIA DE SU USO DE MANERA EFICIENTE Y RESPONSABLE PEDRO HEREDIA

Gerente general de Greenfields Minerals

uando hablamos del agua, quizá cada uno puede tener en la mente algo usual sobre ella. Pero, ¿cuántos podemos recapacitar acerca de su importancia? Cada uno podrá relacionar dicha importancia con un interés individual o quizá comunitario. Esto, de seguro, dependerá mucho de cuánta, qué calidad y cuán apreciada por su escasez es en su entorno inmediato. Existen hoy personas que, increíblemente, podrían pasar por alto su hoy casi condicionado uso. Y es que, en algunos años, quizá, sea un problema poder contar con ella. Aunque parezca exagerado, es una posibilidad latente. Entonces, es hora de poner una ponderación en su uso, reúso y un especial y escrupuloso énfasis en cómo afectamos el circuito natural del agua. En el rubro minero, como en la mayoría de ámbitos de la industria, su uso es tan importante como el que significa para la humanidad su consumo: la producción la hace imprescindible. Pero acá existe un pequeño parámetro que debemos considerar: si queremos intentar mantener de algún modo el equilibrio lo más seguro es que tengamos que invertir más dinero que el que hasta estos últimos tiempos consideramos invertir. No es para nada grato, ni mucho menos soslayable, ver cómo poblaciones pierden su recurso más importante por la poca o nula intención de algunas empresas de cuidarlo. Algunos colegas afirman que, antes las leyes no exigían tener un cuidado especial con los recursos hídricos. Prueba de ello es el colapso de lagunas o la contaminación de ríos que, por años, han soportado ese desdén de nuestra parte. ¿Acaso una ley debía advertirnos de que con desecho tóxicos estábamos matando algún tipo de vida o vulnerando la salud de algunas poblaciones aledañas? La cuestión fue –y es- cultural. La consideración no es un parámetro que esté en el común de nosotros. Y “si no me afecta, pues no me debe importar”. Esta triste realidad significa a nuestro

país, en varios casos, un retroceso en lo que deberíamos llamar desarrollo sostenible, en función de un desarrollo hoy muy exclusivamente considerado, llamado desarrollo económico. Pero, como en todo lo relacionado a él, debemos escudriñar cómo se plasma o manifiesta, o en qué se traduce dicho crecimiento. Acá, el detalle más importante del eslabón productivo extractivo: la administración pública de los recursos económicos generados. Si los recursos que se obtienen no significan cuidado, salud y educación de calidad, oportunidades, sólo tendremos “tótems” pero no necesariamente aquello que es imprescindible para tener una mejor calidad de vida. Urgimos de tener una mejor calidad de ciudadanos, que encuentren en una formación sólida, escolar y profesional el camino a participar de las soluciones de nuestro tan variado país. Sean en el sector de las poblaciones como el sector empresarial. Si la minería va a significar peligros más allá de lo que la naturaleza da, creo que es mejor replantear las cosas. Porque, para hacer minería hay que hacerla de la mejor manera, así eso signifique considerar más inversiones para menguar posibles impactos negativos. Porque a todos nos conviene que se genere divisas pero siempre y cuando éstas sean destinadas a suplir necesidades. Asimismo, necesitamos un sector minero responsable en todos sus niveles, que no sólo planifique, sino que sepa comunicar con claridad aquello que se hará, teniendo siempre un comportamiento que brinde confianza a la población. De otro modo, no sólo se afectará proyectos puntuales, sino que todo el sector caerá en el descrédito. Empecemos, a modo de propuesta, por considerar a profesionales del rubro en los puestos clave, en los que se deben tomar las decisiones, siempre al amparo de lo que equipos multidisciplinarios puedan definir como alternativas inocuas, eficientes y rentables. De eso se trata, de pensar todos en la mejor opción, y no en pensar desidiosamente, generando así conflictos, sea por acción o por omisión. Esto es responsabilidad de todos.

Gonzalo QuijandrĂa Fernandez Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur S.A.

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“EL FACTOR MÁS IMPORTANTE EN EL TRABAJO CON LAS COMUNIDADES ES LA GENERACIÓN DE CONFIANZA” POR MARCO MINAYA mminaya@stakeholders.com.pe

n el marco del evento PERUMIN 34, Stakeholders entrevistó a Gonzalo Quijandría Fernandez, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Minsur S.A., quien compartió la visión que tiene la compañía en materia de sostenibilidad y la forma en que vienen trabajando con las comunidades para generar mayor confianza. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Minsur para el PERUMIN 34? Perumin es el espacio para que cada dos años el sector minero analice los avances e innovaciones tanto tecnológicos, comerciales y productivos como en prácticas socio ambientales, que se vienen experimentando en la industria minera mundial. Sirve también para reflexionar sobre los retos que implica mantener el crecimiento de una actividad que representa el 60 % de nuestras exportaciones, y tratar de encontrar los factores que puedan permitir que más peruanos se beneficien de este crecimiento. Para la presente edición de PERUMIN 34 Convención Minera, el lema es Minería: Ciencia, Innovación, Tecnología y Educación. Para Minsur, ¿de qué forma integran estos ámbitos todo su proceso de gestión social y ambiental? ¿Cuál es

el trabajo que desarrollan en cada campo? El lema del actual Perumin menciona cuatro aspectos que están presentes en el día a día del sector, y muchas veces dejamos de lado cuando pensamos en esta actividad que es altamente especializada en los campos de ciencia y tecnología. Asimismo, el sector minero es una importante fuente de innovación, no sólo en la búsqueda de eficiencias que permitan optimizar costos, sino también porque es parte del aprendizaje constante para continuar aprovechando los recursos naturales de manera sostenible, mediante prácticas ambientales que buscan permanentemente reducir los impactos de la actividad. Minsur, por ejemplo, junto con Microsoft desarrolló una solución para monitorear la calidad del agua aplicando inteligencia artificial. Es importante también la mención a la educación, como camino identificado para poder lograr que más peruanos cuenten con recursos para poder aprovechar los beneficios de la actividad. En el caso de Minsur, la inversión social en educación es uno de nuestros pilares en la relación con las comunidades. Jóvenes con educación tienen mayores posibilidades de hacerse una carrera en la minería o en la rama que ellos deseen, y de contribuir con el desarrollo de sus localidades.

Minsur se ha caracterizado siempre por ser una empresa reconocida por su vanguardia, competitividad y modelo de gestión social y ambiental con sus grupos de interés. ¿Cuáles han sido los factores más importantes al momento de trabajar con las comunidades? El factor más importante en el trabajo con las comunidades es la generación de confianza. Esta no se logra de la noche a la mañana ni se mantiene incólume una vez alcanzada, es una labor que se basa en las prácticas de toda la operación y en la que no puede haber pausas. Minsur tiene operaciones que tienen más de cuarenta años, y otras con menos de una década. En todas, el esfuerzo por mantener la confianza de las comunidades, tanto en nuestras prácticas ambientales, como nuestros programas sociales o la generación de puestos de trabajo, es el mismo, y nos permite afrontar las situaciones más complicadas a través de procesos de diálogo que no podría llegar a buen puerto de otra manera. Este estilo de relacionamiento parte de nuestra misión empresarial y nuestra política de Sostenibilidad, nuestro código de ética, los valores corporativos y nuestros estándares

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alineados a los principios del ICMM que constantemente revisamos. Pese a los esfuerzos que hace el sector en materia de minería responsable, ¿por qué cuesta mucho trabajo apostar a largo plazo por una minería sostenible? No es un tema de cuánto esfuerzo requiera, que es el que todo sector que pretenda llevar a cabo una labor responsable debe hacer, sino que es indispensable apostar por una minería sostenible por la supervivencia misma del sector. No se trata únicamente de las consecuencias en el largo plazo en nuestro planeta si por ejemplo no apostamos por mayores fuentes de energía limpia, sino que en el mediano y corto plazo habrá consecuencias en el negocio para los que no se hayan adaptado a los nuevos estándares.

Por ejemplo, hoy varios consumidores finales de productos ligados a la industria electrónica vienen exigiendo los más altos estándares sociales y ambientales a sus proveedores de minerales, y constantemente están

buscando productos que sustituyan a minerales cuyos productores no garanticen estos cumplimientos. El Perú es un país minero por historia, ¿de qué forma Minsur ha

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contribuido con el desarrollo del país a nivel social, económico y ambiental? Minsur es una empresa de capitales peruanos que viene operando en nuestro país desde hace más de cuarenta años. En este camino hemos

alcanzado algunos hitos que nos permiten entender mejor nuestra contribución. Entre estos, creo que lo más relevante ha sido lograr ser la primera empresa peruana y tercera

a nivel latinoamericano en ingresar al ICMM (Consejo Internacional de Minería y Metales), que es una asociación de las empresas con más altos estándares sociales y ambientales

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del mundo. Ser miembro del ICMM implica hacer “minería con principios”, en referencia a los 10 principios a los que nos comprometemos las empresas que lo integramos. Esto tiene un impacto en el sector minero peruano, pues ahora una empresa de nuestro país participa en las discusiones para diseñar el nuevo estándar de minería en el mundo, que tiene como propósito, entre otros, adaptarse a los retos de cambio climático, reducir los impactos ambientales, elevar la calidad de vida de las zonas donde operamos, etc.

esfuerzos en el desarrollo infantil temprano. Como parte de estos esfuerzos, hemos llevado a cabo varios proyectos, entre estos el proyecto Sami, que trabajamos con la ONG Sumbi y con Acción contra el Hambre, que ejecutamos en los distritos de Antauta y

En cuanto al aspecto social, existe un trabajo intensificado con Acción contra el Hambre para afrontar las bajas temperatura. ¿En qué consiste la estrategia que desarrollan con las comunidades? En Minsur, como empresa del grupo BRECA, tenemos un mandato de enfocar gran parte de nuestros

Ajoyani en Puno y que implica trabajar con la comunidad en la articulación para facilitar el desarrollo del plan para la disminución de la anemia y desnutrición crónica. Este proyecto es un buen ejemplo de nuestro enfoque multiactor, en

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donde la autoridad local juega un rol fundamental como coordinador de todos los actores involucrados, con el objetivo de darle sostenibilidad al proyecto. Esta estrategia ha sido fundamental para poder reducir los niveles de anemia en más de 50 puntos porcentuales y para sentar las bases de un nuevo sistema de atención integral (familia-comunidad-autoridades) a la primera infancia. Considerando que las empresas mineras formales solo demandan el 1.04 % del agua que consumen en el país, ¿de qué forma Minsur trabaja con el recurso hídrico? En Minsur hemos desarrollado una política de excelencia en la gestión del agua, que se aplica a todas nuestras operaciones, y que es una muestra de cómo gestionar los recursos de manera responsable. En esta política se promueve el uso constante de

tecnologías para asegurar un menor consumo de agua y garantizar que no haya impactos sobre este recurso. Así, reciclamos un gran porcentaje del agua usada en nuestras operaciones y la se devuelve, es tratada en modernas plantas de tratamiento. Asimismo, nos obligamos a medir nuestro consumo e irlo reduciendo paulatinamente. Se busca que el país sea un territorio prospero con un buen manejo de nuestros recursos naturales. ¿Qué puede aportar la minería responsable desde la perspectiva de Minsur? La minería no es sólo el sector que genera una gran cantidad de recursos económicos a los distintos niveles de gobierno, es también un socio de las comunidades para lograr que estos recursos beneficien las zonas donde opera, y desarrollar proyectos que

permiten alcanzar mayores niveles de prosperidad. Ejemplos de estos abundan en la minería formal. La preocupación hoy está en cómo seguir generando estos recursos y a la vez elevar los estándares ambientales y sociales de las empresas. Este reto es asumido cada vez con mayor énfasis en las empresas a nivel mundial. El Perú es un actor importante para la minería en el mundo, y como tal, las empresas locales no son ajenas a estos desafíos. El aporte más importante de la industria minera a los países donde opera está aún por verse, y está relacionado a la cultura de sostenibilidad que se viene generando entre todos los actores del sector, y en las zonas donde operamos, que usualmente son las más apartadas y necesitadas del país.

EL DIÁLOGO EN CONFLICTOS SOCIALES: ¿CUESTIÓN DE CONFIANZA? POR DIEGO ESTRADA destrada@stakeholders.com.pe

egún la Defensoría del Pueblo, la mayor parte de los casos de conflicto en los que se encuentran involucradas las empresas son de carácter socioambiental, y hasta el momento suman 116 de los cuales 85 aún se encuentran activos. En el Perú de los últimos seis años, el 48 % de los conflictos sociales han sido tratados a través de procesos de diálogo, según la Defensoría del Pueblo. Algunos de ellos han sido improvisados, otros largos y poco eficaces, pero también hay algunos en los que las partes lograron desentrañar los problemas colaborando mutuamente hasta llegar a acuerdos. Dentro de los 116 conflictos relacionados con empresas, 72 de ellos son del sector minero, lo

que muestra la razón por la cual debemos darle un enfoque principal a este sector cuando hablamos de conflictos y ausencia de diálogo. Según Javier Caravedo, director ejecutivo de ProDialogo, la gestión del dialogo en conflictos sociales es sobre todo importante en proyectos mineros, en donde se debe trabajar la legitimidad del proyecto, y con esto hace referencia al trabajar el concepto de confianza por encima del tema legal que igualmente debe estar impecable; y es que este activo intangible, la confianza, es necesaria para prevenir cualquier tipo de conflicto, pues eventualmente puede que exista uno, pero es importante tratar a éste como una oportunidad de mejorar las condiciones y no de una manera confrontacional. Javier Caravedo segura que debe haber un proceso de dialogo, y no se

debe ver a este solo como el realizar reuniones, sino que implica realizar cambios de enfoque para llegar a entender las dimensiones históricas, sociales, políticas e institucionales, y realizar los cambios normativos que sean necesarios para que todos estén conformes y se llegue a un consenso. En ese sentido, Caravedo afirma que para esto es necesario un dialogo transformativo que tiene en cuenta cuatro puntos: primero debe ser genuino, esto quiere decir que se debe sentir democrático, plural, horizontal, donde la comunicación sea constructiva; segundo, debe ser intercultural, y no solo en termino de empresa y pueblos indígenas, porque a veces no hay población indígena, pero es necesario ver que estamos entendiendo o cuales son las lógicas de desarrollo que se quieren lograr; tercero, que sea multiactor,

Comunidad |

José Salazar

Javier Caravedo

CEO de Proel, agencia especializada en prevención y gestión de crisis

Director ejecutivo de ProDialogo

que no sea una conversación solo de dos actores, sino que esto involucre tanto a empresa, comunidad y al estado; y por último, debe ser sostenible, es decir el dialogo no es solo cosa de una reunión, sino que debe mantenerse de manera sistemática.

como los anteriores. Y es que una buena estrategia de comunicación local sirve para monitorear adecuadamente expectativas, intereses, contrariedades y reclamos de la población. Junto a la prevención, la comunicación resulta indispensable para abordar aspectos emocionales en juego, aprender a escuchar y, sobre todo, crear los mecanismos adecuados para esa escucha. Solo así podremos apreciar el gran impacto que tiene la comunicación en prevenir los conflictos sociales y en aportar al cambio social.

Sin embargo, según José Salazar, CEO de Proel, agencia especializada en prevención y gestión de crisis, la razón principal por la que hay un fracaso en el dialogo es por la falta de intereses comunes de ambas partes y la ausencia de un objetivo final para el diálogo. Para el especialista, el diálogo fracasa porque los intereses son individuales, porque cada actor tratará de obtener ventaja propia en la negociación y porque la emoción, en este caso normalmente negativa, se apodera de las discusiones; es en esta etapa donde la comunicación empática juega un rol fundamental porque, entre otros aportes, permite ponernos en el lugar del otro y asumir que hay uno o varios hechos que han generado una situación de conflicto. Caso del proyecto minero Tía María Para ejemplificar un escenario en donde la discusión es el diálogo, José Salazar aseguró que la falta de trabajo en la fase inicial o temprana del conflicto, seguimiento inadecuado a los acuerdos logrados y falta de canales de comunicación locales fueron la razón por la cual este caso de Tía María ha crecido tanto. El Gobierno como la propia empresa debieron explicar, adecuadamente, los cambios introducidos al diseño original del proyecto minero, los impactos y los compromisos asumidos, tanto los nuevos

La minería tiene un gran impacto sobre la economía en el Perú; sin embargo, tiene un pasivo reputacional, una percepción negativa no solo entre las comunidades del entorno minero, sino entre la opinión pública en general. Y aquí está el reto de la comunicación: convertirse en una gran oportunidad para cambiar esa mala reputación. Pero las estrategias de comunicación, con contenido altamente empático y con lenguaje adecuado y sencillo, tienen que aplicarse antes de que una empresa privada ponga su primera maquinaria en el terreno, inclusive antes de que el Estado entregue la concesión minera a una determinada empresa. Tiene que aplicarse en la etapa primaria de desarrollo y no en medio del conflicto.

| Informe

EL DERECHO LABORAL MINERO Y SU IMPRESCINDIBLE MEJORA CONTINUA La minería tiene como grueso a un sector importante de los trabajadores peruanos. Notables por el carácter económico de su labor, hay déficits aún por remediar en cuanto a las condiciones en las que se desempeñan. Según el Minem, más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, se generaron en el 2018 en el sector. POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

ace casi 9 años, la humanidad fue testigo de uno de los rescates más impresionantes del mundo. Treinta y tres mineros fueron salvados de morir a 720 metros de profundidad en el derrumbe de la mina San José, ubicada en la ciudad chilena Caldera. El episodio fue llevado hasta las salas de cine tiempo después; sin embargo, al margen de la conmoción provocada, el suceso nos llevó –lleva- a una reflexión profunda de lo que significa el riesgo que asume la mano de obra en la minería. Para lo anterior, existen los derechos laborales que, entre otros aspectos, velan por la seguridad de los trabajadores. Asimismo, en el Perú estos cobran un cariz especial, donde es fácil reconocer en el sector avances, pero también tareas pendientes por parte de quienes deben de vigilar por la integridad laboral de los empleados. Hay un marco legal, el cual regula el régimen especial en el que

ciertos puntos que los trabajadores vienen pidiendo en lo concerniente a sus derechos. Respecto a los progresos, el viceministro de Trabajo, Augusto Eguiguren, señaló a Stakeholders que se han implementado ciertos convenios para optimizar aspectos como la supervisión en materias de seguridad, salud y fiscalización; colaboración clave en este tipo de procesos con otras entidades correspondientes. Augusto Eguiguren

Viceministro de Trabajo

se desenvuelven los cerca de 200 mil trabajadores del sector: el Convenio N001 de la OIT, que especifica el número de horas de trabajo; el Decreto Supremo N0 014-92-EM, referido a la Ley General de Minería; la Ley N0 25009, sobre la jubilación; entre otras normas, que han venido enmarcando este ámbito. No obstante, y a pesar de esta legislatura, en la actualidad hay

“Se ha puesto énfasis en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, atendiendo a la naturaleza propia de las actividades que se desarrollan en el sector minero. Así pues, se ha logrado conformar un grupo especializado de Inspectores de Trabajo e Inspectores Auxiliares en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), para atender las demandas inspectivas en el sector minero, mediante fiscalizaciones que

Estado | surgen a partir de las denuncias de trabajadores o de las organizaciones sindicales, así como fiscalizaciones de oficio de acuerdo a una programación establecida por la entidad”, sostuvo. Además, indicó que hay articulaciones importantes con instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en cuestión de operativos de forma conjunta, por ejemplo. Y también hay un próximo acuerdo con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para integrar estas acciones de supervisión. Por otro lado, Jorge Juárez, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP), fue consultado para esta nota sobre aquellos pedidos que desde el sector se solicitan al empresariado y al Estado; los cuales se concretizan a través del Pliego Nacional Minero Metalúrgico y Siderúrgico del Perú. Seguridad, salud y compensación económica, son algunos aspectos que aborda este documento. “En las condiciones de seguridad tenemos muchos problemas, el índice que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reporta es que casi llegamos a los 30 muertos al año, desde ahí vemos una precariedad en el tema de seguridad. Por otro lado, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la última modificatoria de la Ley 29783, a través del Decreto 023, le da las facultades de presidir a la empresa este comité. En la práctica, esto se vuelve en una suerte de que la empresa decide qué puntos se vuelven materia de seguridad y lo que le conviene que se trate en este comité”, comentó. En ese sentido, también señaló algunas acciones que se tomarán para que las autoridades consideren el pliego, entre las que figura una huelga indefinida convocada para el 10 de setiembre. Hay condiciones especiales en las que laboran los trabajadores del sector minero. Por ejemplo, es

Jorge Juárez

Secretario general de la FNTMMSP

común que la cantidad de horas de trabajo sean distintas a las ocho horas convencionales. Por otra parte, hay modelos atípicos como el de 14 x 7; es decir, dos semanas de trabajo continuo por una de descanso. En ese contexto, el secretario general de la FNTMMSP agregó otro factor importante en este acápite: la naturaleza del contrato. “Cerca de un 70 % de los trabajadores del sector minero son tercerizados; es decir, 130 mil trabajadores lo son, solo 70 mil en promedio pertenecen a la empresa minera directamente. Esto es un gran problema porque los trabajadores tercerizados tienen una condición común que son a través de unos contratos temporales, eso quiere decir que las empresas evaden la responsabilidad con sus trabajadores. En este propósito, los sindicalistas, los delegados, los trabajadores que pudieran reclamar un trabajo digno, que reclaman sus derechos, son apartados a dedo para que no se les renueve el contrato”, enfatizó. Al respecto, el viceministro explicó cuál ha sido el transcurso de este pliego, que en su inicio fue presentado en el mes de marzo de este año al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para su recepción. En ella, se menciona a la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) como la organización representante del lado empleador. “Mediante el Auto Directoral General N0 080-2019-MTPE/2/14,

se dispuso la apertura del expediente de negociación colectiva entre la FNTMMSP y SNMPE, siendo que la SNMPE ha procedido a la devolución del pliego de reclamos y ha formulado oposición a la negociación colectiva, habiéndose corrido traslado de ello a la FNTMMSP para su absolución”, refirió. ¿Qué acciones se tomarán ante la huelga? El representante del MTPE mencionó que se seguirán las respectivas medidas administrativas. De igual manera, señalizó que ya se ha notificado a las empresas en las que “la organización sindical de grado superior cuenta con afiliados”. “Cabe indicar que una vez efectuada formalmente la comunicación de la huelga, la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT) realizará la calificación de la misma verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y su Reglamento, para el ejercicio de dicho derecho. Asimismo, se activarán los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (reuniones extra proceso) que coadyuven la solución del conflicto”, mencionó. Por último, el representante de la FNTMMSP, federación que alberga a 103 bases sindicales en todo el territorio nacional, deliberó acerca de que la minería responsable también tiene una estrecha relación con el compromiso que las empresas asumen con sus trabajadores. “Creo que nosotros como trabajadores también exigimos una minería responsable, ya que esta se da a través de equilibrar los beneficios para los trabajadores, para las comunidades y, por supuesto, con el respeto al medioambiente. Finalmente, nosotros también somos personas, ciudadanos nacionales del Perú y queremos un país mejor. También queremos acciones sostenibles de parte de las empresas para las comunidades y con respeto al medioambiente, creo que es algo de vital importancia para la vida humana”, consideró.

DESAFÍOS EN LA PEQUEÑA MINERÍA Y LA MINERÍA ARTESANAL: ¿UNA ILUSIÓN? Los grandes proyectos mineros no son los únicos valiosos aportes a la producción minería en el Perú. La pequeña minería y la minería artesanal son también un grupo eje en el desarrollo del sector. Sin embargo, hay puntos a observar para la mejora de esta fracción, donde la formalización minera juega un papel fundamental. POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

egún el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), hasta el momento hay cerca de 55 mil pequeños mineros en proceso de formalización en todo el país; una cantidad considerable en la que el Estado debe asegurar la finalización de su acreditación. Tal tramitología administrativa es necesaria, ya que termina por autenticar a este grupo dentro de los márgenes de la pequeña minería (PM) y la minería artesanal (MA). A partir de esto, hay que reconocer que la formalización es un factor clave en lo que respecta al desarrollo de la PM y la MA. Sin embargo, hay puntos en este proceso como la burocratización, la adjudicación de licencias, la comercialización, entre otros, que merecen un urgente tratamiento para hacer de la formalización un mecanismo fructífero. También hay que considerar el

Mauricio Winkelried

Gerente de Programa de Solidaridad Network|Innovación Social

apoyo del Estado en esta tarea, ya que existen dependencias como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que buscan ayudar en asuntos de formalización y promoción a la pequeña Minería; esto en el marco de la Ley N° 27651: Ley de Formalización

y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. En este contexto, para la presente nota fue entrevistado Mauricio Winkelried, gerente de Programa Solidaridad Network|Innovación Social, quien brindó un panorama sobre la situación que atraviesa la PM y la MA. En estadísticas, él resaltó la fundamental presencia de este grupo a nivel mundial y en el Perú. “Desde una perspectiva laboral, la minería de pequeña escala representa el 90% del total de la mano de obra minera disponible en el mundo, así como entre el 10 % y el 15 % de toda la producción mundial -al menos ese es el caso del oro-. La minería de pequeña escala es “pequeña” sólo en nombre. Cabe resaltar que en nuestro país, las empresas mineras de pequeña escala se dedican principalmente a la actividad aurífera”, sostuvo. Por otro lado, antes de continuar

Empresa |

Manuel Reinoso

Presidente de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala-SONAMIPE

con el desarrollo de esta materia, hay que recalcar que hay una sustancial diferencia entre el PM y el MA. Así, según la ley que mencionamos en el tercer párrafo de este artículo, el PM posee un título de hasta 2.000 hectáreas (ha) y el MA uno de hasta 1.000. La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos (Minem) es la que otorga la correspondiente acreditación cada dos años a través de una declaración jurada. En lo que se refiere a los obstáculos que enfrenta la formalización, Stakeholders conversó con Manuel Reinoso, un pequeño minero que cuenta con una larga trayectoria en la función de esta actividad y que participó en el conversatorio “Pequeña Minería y Minería Artesanal”: Oportunidades y Desafíos” en el Auditorio del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Este último evento, contó con la presencia de representantes de distintas instituciones involucradas en el sector. Reinoso, quien vive la efervescencia del día a día en la pequeña minería y que afronta sus dificultades, habló de un aspecto clave: la comercialización y la poca rentabilidad que tiene el productor minero de pequeña escala, obstáculos que también impiden acceder a la formalización.

“No tiene la rentabilidad adecuada el minero, ya que esto va por varias manos. Primero, tú vendes al copiador de la mina, después él le vende al del distrito y de ahí se va a la región; y este último lo trae a Lima para que un copiador grande lo venda a otros que exportan. Entonces, no gana el pequeño minero y el Estado tiene que ver la forma de cómo el minero pueda exportar directamente para que tenga más rentabilidad y pueda invertir”, explicó. Si bien es cierto que, por un lado, necesitamos que los mineros a pequeña escala se formalicen; por otro, también es importante que el Estado brinde las herramientas y las regulaciones acordes a la realidad que afrontan. En ese sentido, él fue enfático en su crítica a los procesos que tiene que asumir para desplegarse. “Se tiene que mejorar la comercialización, sino el minero no come. El que vende 15 gramos, 20 gramos, no está regulado; entonces la Sunat piensa que todos tienen que tener todo, que los que venden esa cantidad tienen que tener toda la contabilidad completa. No ayuda. Se tiene que sacar distintas licencias como de mercurio, de lavado de activos, de cuentas corrientes, etc. Lo más difícil es ir a sacar a la Sunat varios permisos; por ejemplo, cuando tienes que tener el polvorín y, si no lo tienes, no puedes tener explosivos en la manos”, relató. En la misma línea, Mauricio Winkelried abordó otro de los inconvenientes que hay en el proceso de la formalización. Y es que la mayoría de los pequeños mineros se encuentran laborando en concesiones mineras en las que ellos no son los titulares, un requerimiento necesario para la

formalización. En esta problemática, el Programa Solidaridad Network | Innovación Social viene trabajando en “Sinergias de oro” para una influencia positiva. “Desde Solidaridad se tiene la visión de que la minería de pequeña escala sea un sector más formal, más seguro y más productivo a través de la implementación de soluciones innovadoras de mercado. Es bajo esta visión que se da origen al modelo de negocio de valor compartido que hemos denominado “Sinergias de oro”, que tiene el objetivo de maximizar la productividad entre la minería de pequeña escala y la gran minería, a partir de una relación de coexistencia responsable y sinérgica”, sostuvo. Otra precisión necesaria, es la correcta distinción de un minero ilegal de uno informal a pesar de que no existe con exactitud una delimitación. Como una de las características, el primero de ellos se desempeña en un territorio prohibido (reservas naturales, sitios arqueológicos, etc.) a diferencia de un minero informal, además que este último ya se encuentra en un proceso de formalización para su identificación como un PM o un MA. No obstante, al margen de algunas precisiones conceptuales y de los pendientes de las autoridades con la PM y la MA, no hay que olvidar la rigurosidad que igual debe de tener la minería a pequeña escala para que esta sea una minería sostenible y responsable; es decir, los aspectos como el ambiental, el social y el técnico requieren una adecuada atención. Al fin y al cabo, la tarea de es de todos y todas, y en esto las diversas organizaciones tienen un rol clave.

“HOY EN DÍA, EL DESARROLLO EMPRESARIAL TIENE QUE IR ACOMPAÑADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE SOSTENIBILIDAD” Francisco Lecaros, presidente de la Fundación Minera de Chile, conversó en exclusiva con Stakeholders sobre el desarrollo del sector minero en el país sureño y de algunos aspectos puntuales en el Perú. Entre ellos, abordó el relevante caso del proyecto minero Tía María.

n el Perú, los conflictos sociales relacionados a la minería tienen una preponderancia importante. ¿Cuál es la situación de Chile referente a este tópico? Chile no es ajeno a los conflictos sociales, debido al desarrollo de proyectos industriales no solamente en el sector minero, sino también de la agroindustria. Hoy la ciudadanía tiene más información, tiene más educación y adquiere mayor conocimiento; en ese sentido, la ciudadanía está cada vez más empoderada. Lo que ocurre sí, es que Chile tiene el canal institucional y jurídico para poder canalizar todas esas demandas, esas necesidades a través de distintos canales institucionales: como la

POR RENZO ROJAS rrojas@stakeholders.com.pe

participación en la tramitación ambiental de los proyectos, etc. Por otro lado, también tenemos ciertas situaciones de conflictividad social en contra de algunos proyectos muy en específicos; por ejemplo, un proyecto de Los Andes Copper en una región, pero es precisamente por la desinformación que hay porcentaje muy minoritario de una comuna o un territorio muy en específico, que recién están en una etapa de evaluación, estudio y de planificación de ingeniería, porque la ciudadanía de ese territorio siente que se va a ocupar un río (Rocín) que hay en el sector, pero la realidad es que se va a tomar agua desalada de otro lado. Lo importante y lo que nos preocupa, no es que no haya conflictos, sino que

esa conflictividad se derive a los canales institucionales. Y así, de esta manera, existan certezas de cómo y de qué forma se desarrolla ese diálogo con el objetivo de que toda la ciudadanía y el proyecto sean fructífero y Chile gane. Uno de los reclamos en el proyecto minero Tía María es la supuesta afectación a la agricultura y al agua del río Tambo. En ese sentido, ¿qué tan importante es una relación sostenible entre la minería y la agricultura? Es muy necesaria. En el caso de Chile, el 86 % de los recursos hídricos continentales son ocupados por la agricultura y solamente el 3 % por la minería; por lo tanto, hay un mito

Entrevista |

producto de la desinformación de que la minería es un gran consumidor de agua y no es así, es la industria de la agricultura. En el caso de Tía María, los inversionistas necesitan confianza, las garantías necesarias para que su proyecto, por la vía institucional y legal, camine de la forma adecuada, con la certeza de que el proyecto va a ser ejecutado. No puede ocurrir que un proyecto de más de 1500 millones de dólares, no tenga la garantía de su desarrollo y tenga que desaparecer del mapa de los proyectos mineros por una decisión política. Por consiguiente, estas circunstancias no solo afectan a Tía María como proyecto de Southern, sino que, a la minería en su conjunto, a la minería global. Esto sucede porque un proyecto que cumple con todas las condiciones jurídicas que pide el Estado peruano es bajado del mapa por una situación política y eso no puede ocurrir. Se habla mucho de la licencia social y de los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, ¿por qué aún existe cierta desconfianza hacia los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)? Creo que en ese aspecto ha sido un error compartido, no solo del Estado, sino también de la empresa. Considero que falta mayor diálogo y confianza de entender un poco del significado real del sector minero, falta también institucionalidad para hacerse cargo de la educación, para transferir el conocimiento, para decir qué es una minería amigable y sostenible con el medioambiente versus la extracción minera ilegal, que tiene en este caso Perú. Creo que el gobierno y que las comunidades tienen que hacerse cargo de la extracción mineral ilegal de ciertos territorios, ya que eso ha afectado a la imagen de la minería en su conjunto. Eso no es minería, eso es extracción minera ilegal y en eso Perú en específico tiene que hacerse cargo, a diferencia de Chile

donde tenemos aproximadamente 700 pequeños medianos mineros, pero todos formalizados. En Chile no existe la minería ilegal, por la institucionalidad jurídica que ha permitido el desarrollo de los proyectos; en ese sentido, el Perú tiene un trabajo muy importante; a propósito de que el presidente Vizcarra está en un acuerdo con la Amazonía por el tema del incendio para hacerse cargo del desastre que se ha generado en Madre de Dios y en otros territorios por esta extracción ilegal de minerales, no de minería. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana figura el diálogo. ¿A qué se debe la gestión del diálogo de una manera reactiva, antes que una proactiva? Cuando suceden situaciones relacionadas al diálogo, debe existir un canal institucional para desarrollar este diálogo. Es decir, que haya unos mínimos comunes denominadores entre las partes, que exista la voluntad de conocer e interiorizarse sobre uno y otro. Donde el desarrollo del territorio sea importante, no solamente para los habitantes específicamente que tengan impacto del proyecto de inversión, sino que entender que el desarrollo virtuoso de la industria de la minería, viene acompañado del desarrollo de los proveedores de la comunidad del territorio, de la empresa minera en cuestión. Hoy en día no basta el desarrollo minero, no basta el desarrollo empresarial, sino que ese desarrollo tiene que ir acompañado de responsabilidad social y con sostenibilidad. Finalmente, ¿cuál ha sido el rol y el aporte de la Fundación Minera de Chile en el desarrollo de la minería en el país? En el 2015, el sector minero chileno se puso de acuerdo en la planificación estratégica al 2035 en el denominado RoadMap minero. En este se

Francisco Lecaros

Presidente de la Fundación Minera de Chile

establecieron los desafíos mineros en distintos ámbitos: innovación, desarrollo de la automatización, capital humano, productividad y sostenibilidad, en los que se establecieron cuáles eran los desafíos del sector minero para generar una minería virtuosa para el desarrollo del país. Hablamos de un virtuosismo donde la ciudadanía, los proveedores, las empresas y el sector público es beneficiado a través del desarrollo productivo sostenible y amigable del medioambiente de la minería. Por lo tanto, uno de los desafíos que se planteó es el desarrollo del capital humano necesario para la industria, cómo somos capaces de que toda la información relacionada con la industria sea canalizada a través de una institucionalidad que pueda promover el conocimiento, la transferencia de la información, la cultura, con el objetivo de que Chile tenga a la minería en el corazón y sienta esta industria como parte del patrimonio. De esta forma, nace la Fundación Minera de Chile en el 2015 que me toca presidir. Entonces, principalmente nos hicimos cargo de los desafíos de capital humano que requiere la industria y de cómo somos capaces de informar a la ciudadanía y de decirle acerca de las necesidades de capital humano que existen en el sector extractivo.

COMUNICACIÓN INTERNA: ¿INDISPENSABLE PARA LAS EMPRESAS EN EL SECTOR MINERO? POR MARILIA VARGAS mvargas@stakeholders.com.pe

extractiva y la manera en que esta reputación puede afectar las relaciones comunitarias, llegando incluso a impedir el accionar productivo de estas organizaciones.

a minería es un sector en el que se vive en la permanente gestión del conflicto y modulando potenciales crisis, por lo que la comunicación interna tiene una función de cohesión entre los intereses de los stakeholders y la organización. En ese sentido, Juan Carlos Linares, profesor de Comunicación interna de la Dirección de Educación Continua de la USMP, resalta que los colaboradores tienen un doble rol, al ser no solo generadores de valor dentro de la empresa, sino también embajadores de la reputación de esta, al ser parte de la comunidad en que ésta acciona.

Profesor de Comunicación interna de la Dirección de Educación Continua de la USMP

La comunicación interna dentro de una empresa del sector extractivo representa un conjunto de retos en términos de audiencia, geografía y oportunidad. “La gran diferencia viene a ser el impacto que esta genera más allá de las fronteras de la empresa; siendo esta la razón por la que es más pertinente aún el trabajar de manera integrada y a manera de espejo con las áreas encargadas de comunicación externa y relaciones institucionales”, comentó Linares. En ese sentido, es necesario

crear un engagement en los diferentes públicos internos de interés para crear una relación sostenible y de valor con los colaboradores y, por extensión, con sus familias. Esta gestión marcará la reputación de la empresa. Carlos Linares aseguró que este impacto se ve naturalmente en los indicadores de gestión humana tales como clima, rotación, ausentismo, presentismo, entre otros, pero cobra una importancia particular al considerar su relación en la reputación de la empresa

Juan Carlos Linares

1 Zona Ejecutiva de El Comercio https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/tendencias/sector-minero-como-desarrollar-plan-comunicacion-noticia-1992186

Si alguna vez la comunicación en el rubro minero, basada en compartir de forma fría los resultados económicos o productivos, tuvo éxito, el crecimiento de la sociedad lleva a la definición de mensajes donde temas como el propósito, la misión y el sentir de los colaboradores toman mayor relevancia en la forma . “Peter Drucker decía en su libro “El Ejecutivo Eficaz” que “el 60 % de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación”. más allá del porcentaje en sí mismo, se puede afirmar que en un rubro que mueve cifras tan importantes como lo hace la minería, el impacto de gestionar inadecuadamente la comunicación puede ser terrible”, contó el docente de la USMP. Por ello, contar con un compromiso real desde la alta dirección para con la sostenibilidad es indiscutible en este sector.

ECONOMÍA CIRCULAR EN LA MINERÍA: ALCANCES Y PRECISIONES La economía circular es una estrategia que busca minimizar el desecho de residuos de los procesos industriales, ofreciendo una oportunidad a la minería para seguir creciendo de forma sostenible, a través de la eficiencia energética basado en la optimización de los recursos. POR DIEGO ESTRADA destrada@stakeholders.com.pe

tilizar el concepto de economía circular en la minería puede proporcionar beneficios comerciales a toda la cadena de valor, apostando por la sostenibilidad de la industria y por el bienestar de la sociedad como del medio ambiente. Ester Xicota, especialista en economía circular, considera que lo más importante dentro de este proceso es el de eliminar el concepto que se tiene de residuo, y buscar cómo aquello que ya dábamos por perdido, puede generar vida en un proceso diferente. Al hacer que los materiales continúen un proceso distinto, Xicota, afirma que esto hace que el medio ambiente reciba menos presión, y creo un ahorro tanto de impacto como de manera económica en la industria, pues estarían utilizando todo el potencial de sus materiales. Un ejemplo claro de que se puede aplicar la economía circular en la minería es Nexa, quienes tienen un uso eficiente del recurso hídrico, dado que en la actualidad se recircula el 100 % del agua

Ester Xitoca

Especialista en economía circular

de procesos y el bombeo diario de agua es para compensar las pérdidas naturales del sistema; además de afirmar que en su mina Morro Agudo de Brasil que no generan ningún residuo, ya que todo lo que genera se transforma en nuevo producto que va para la agricultura. Es un producto secundario; y representa el 5 % de sus ingresos. La valorización de residuos dentro

de una economía circular es cada vez más una motivación no sólo económica y medioambiental sino también empresarial en búsqueda de eficiencia de los recursos de los que disponemos, por esto se hace cada vez más importante contar con profesionales familiarizados en procesos, técnicas y métodos de valorización de los residuos producidos en cada tipo de industria, ofreciendo una ventaja competitiva en cada sector. Si bien la economía circular puede ser mayormente complicada en el sector textil, no necesariamente implica que sea ajena a otros sectores, ya que lo que se trata es de darle una segunda vida a todos los residuos que existen y se generan dentro del sector extractivo, con el fin de que la industria pueda desarrollar un modelo de desarrollo sostenible, generando un efecto multiplicador entre en gremio. Por ende, la economía circular permite destacar por la apuesta del modelo y su inserción en el core del negocio.

| Entrevista

“Nuestro objetivo principal es la creación de valor sostenible para nuestros grupos de interés” Stakeholders conversó con Luis Alburqueque, gerente de Responsabilidad Social de Kallpa, quien destacó la apuesta que Kallpa tiene con sus respectivos grupos de interés para generar valor sostenible.

¿A qué se dedica kallpa? Somos una empresa generadora de energía, con una potencia instalada de 2,906 MW, contribuyendo de manera importante con la seguridad de suministro y la confiabilidad del sistema eléctrico, claves para el crecimiento y desarrollo del Perú. Tenemos un portafolio de generación diversificado conformado por las centrales hidroeléctricas Cañón del Pato (Áncash), Carhuaquero (Cajamarca) y Cerro del Águila (Huancavelica), y a las centrales térmicas Aguaytía (Ucayali), Kallpa (Lima), Las Flores (Lima) y Puerto Bravo (Arequipa). Contamos con el negocio de hidrocarburos y más de 700 km de líneas de transmisión, lo que nos permite asegurar fuentes continuas y confiables de electricidad para nuestros clientes. Asimismo, estamos en etapas de estudios en proyectos eólicos y solares, lo cual nos permitirá seguir renovando nuestro portafolio y aportar más energía limpia para nuestro país. ¿Cuál es la nueva propuesta de Kallpa, según el reciente cambio de imagen que han tenido? Nuestro objetivo principal es la creación de valor sostenible para nuestros grupos de interés, por ello ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada país y cada cliente, que apliquen las mejores prácticas de la industria y garanticen el bienestar de nuestros empleados, el medio ambiente y las comunidades a las que atendemos. Ser conscientes de nuestras decisiones, por ello conoce-

dad y el medio ambiente a través de prácticas responsables. ¿A qué se debe esta proliferación y necesidad de llevar a cabo prácticas responsables en el mundo de la empresa?

Luis Alburqueque

Gerente de Responsabilidad Social de Kallpa

mos y entendemos las necesidades de nuestro entorno, y el impacto de nuestras decisiones en cada uno de nuestros grupos de interés. Teniendo una especialidad sensibilidad con nuestras comunidades con las que interactuamos. ¿Cómo se relaciona su empresa con la minería en el país? A través de la prestación del servicio de energía como clientes libres, y generando de la mano desarrollo con nuestros grupos de interés que compartimos. ¿De qué forma Kallpa se relaciona con la sostenibilidad? Total, porque nuestro propósito es que nuestras soluciones energéticas sean innovadoras y sostenibles para el desarrollo de cada hogar, ciudad y país en el que operamos Cada vez más, las empresas apuestan por comprometerse con la socie-

La principal causa es la convivencia armoniosa con nuestros vecinos, demostrar que el desarrollo de la empresa va de la mano con la mejora en las condiciones de vida de las localidades con las que interactuamos. La sostenibilidad va de la mano con convertirnos en un actor aliado en el desarrollo sin perder de vista la presencia del Estado y el empoderamiento de la población, de modo tal que la sostenibilidad trascienda a la presencia de la empresa ¿Cree que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tendría que ser algo obligatorio para todas las empresas? Considero que, en el contexto actual, la industria que no tenga como prioridad empresarial la RSC está destinada al fracaso. La empresa debe contar con políticas claras de RSC que se identifiquen en acciones desde la etapa previa a cualquier actividad que impacte a la población y medio ambiente, debe promover espacios de participación ciudadana que generen la mayor información sobre el proyecto (pro y contras). La RSC debe traducirse en acciones sostenibles que no se confundan con el asistencialismo, que involucre a todos los actores responsables del desarrollo y que sobre todo se dejen claras las reglas de juego entre las obligaciones y el rol de la empresa, Estado y comunidad.

Expertos RS |

UN DIÁLOGO EFECTIVO PARA SOLUCIONES DURADERAS MANUEL BERNALES ALVARADO

Miembro del Consejo Directivo de la organización Desarrollo Urbano Sostenible

n los últimos 20 años prensa, académicos, políticos, ONG, iglesias, entidades del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y multilaterales, empresarios y Órganos de los tres poderes del Estado han insistido en series estadísticas sobre conflictos sociales poniendo en relieve los causados por factores ambientales y sociales. Nadie ha cuestionado la validez teórica, metodológica ni uso de indicadores, desde informes de la Defensoría del Pueblo, fuente más citada, hasta Willakniki publicación de la PCM, pasando por estudios y boletines de ONG internacionales, de nivel nacional y departamental. El total presentado ha ido in crescendo. No se ha develado con precisión causales ni responsables por muertes, daños y conducta violenta fuera de la ley. Se han tejido, impuesto o consentido historias y relatos que responde a un anti de turno dentro del rechazo al “sistema” o régimen constitucional, que lleva más de dos generaciones, constituyendo una creencia arraigada en diversos sectores de la población, especialmente jóvenes, según estudios y encuestas tampoco científicamente validadas o auditadas. Esta caracterización se usa también por reduccionistas estatoquístas a ultranza: los antimineros causan los conflictos. El polo opuesto reitera: causantes son los capitalistas y sus operadores antipopulares y/o corruptos fuera y dentro del Estado, no solo del Ejecutivo nacional, al servicio de las empresas o que no aseguran la presencia y actuación efectiva de tres niveles de gobierno de la república. Ninguna publicación sobre conflictos ha tipificado y realizado estadísticas sobre los actores políticos, partidos, movimientos y líderes como parte de factores de conflictividad. Tampoco de los agentes ilegales nacionales y extranjeros: son aludidos y quedan en la sombra: caso Majaz o Rio Blanco. Solo informes no públicos del sistema de inteligencia del Estado.

Propuesta Mientras el gobierno central no tenga equipos permanentes trabajando y conviviendo con las poblaciones en cuyo hábitat hay o habrá proyectos de inversión de industrias extractivas, como antes hubo maestros rurales y promotores del desarrollo humano comunitario ejemplares, habrá un enorme vacío apto para cualquier agente perturbador. ¡Se vive en la desmemoria! Estos equipos bien seleccionados preparados y supervisados costarían muy poco para las grandes y medianas inversiones y serían soporte primo y constante para el ejercicio del poder regulador y arbitral del Estado. Costarían menos que inefectivos medios escritos o audiovisuales hechos por y para los creyentes en un reduccionista mensaje empresarial: ¡mensajes caros para un público cautivo! Estas personas, varones y mujeres, preferentemente de la zona, deben tener unidad de doctrina, planeamiento, inteligencia y acción, sobre y mediante la promoción del desarrollo y seguridad humana, la palanca inversionista de industrias extractivas como la minera, la gradual conjugación de expectativas y tiempos que conlleva 20 o más años de presencia de agentes de una economía y sociedad globalizadas y de un Estado Republicano Unitario, en áreas de pobreza, desigualdad y tradición de marginación y maltrato republicanos. Esencial es que cada parte una vez logrado un acuerdo unánime, cumplan con el programa acordado mediante la organización aprobada, caso Quellaveco, y la autoridad pública no sea reducida a incumplir su misión rectora y legal. Lo más difícil será la construcción de un planeamiento estratégico por regiones de planeamiento e inversión privada pública en diversos sectores eslabonados, no por departamentos, porque no hay planeamiento sin sistema, disuelto en 1992, pese a experiencias como la realizada desde Arequipa allá por 1962.

| Entrevista

“Hay que repasar las metas de los ODS y ver si los cumplimos, para ser conscientes de lo que debemos hacer” En la presente entrevista, Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional de RSC de la Universidad Católica de Murcia (España), compartió su experiencia en los campos de la responsabilidad social y la sostenibilidad en Europa. Además, brindó su percepción de esta temática a nivel latinoamericano. POR MARCO MINAYA mminaya@stakeholders.com.pe

¿Cómo se ha venido gestionando en Europa el concepto de la responsabilidad social corporativa (RSC)? En Europa, la RSC se incorpora en una primera fase de un ámbito que está mucho más ligado al marketing, a la comunicación, a la imagen de la marca, al posicionamiento de esta; es decir, se mueve en lo referido a la comunicación estratégica. Lo cierto es que en Europa, por imposición de la Unión Europea, lo que era voluntario empieza a ser obligatorio. Hay dos directivas que transforman el mundo de la responsabilidad social en todos los países de la Unión Europea y la primera es sobre la información nacional. Esta indica que hoy las empresas de 500 trabajadores - de aquí a dos años las de más de 250 - y de otros indicadores en cuanto al volumen de facturación; no les es suficiente con depositar el resultado contable en el registro mercantil (el informe económico), sino tienen que depositar un informe no financiero que es muy importante. Además, tienen que informar si trabajan en países de América Latina, cuál es su relación en materia de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, de derechos sindicales, de diversidad, de los estándares de la Organización internacional del trabajo (OIT), de políticas de salud, agua y

Victor Mesegur

Director de la Cátedra Internacional de RSC de la Universidad Católica de Murcia (España)

seguridad, derecho de información, políticas de corrupción, soborno y demás. ¿Qué importancia tiene el rol del Estado en el desarrollo de la responsabilidad social y la sostenibilidad? Creo que en muchos países de Europa dirían que la RSC se debe de dar de manera voluntaria y que el reto es el cumplimiento normativo, no es así. Soy partidario de que haya permeabilidad entre voluntariedad y regulación legal; porque el ser humano es igual en todo el mundo y la tendencia a no colaborar es natural. Creo que si el ser humano no tuviera leyes, no nos entenderíamos. Algo que me preocupa en América Lati-

na es que noto una ausencia del Estado y este tiene que existir, exigir y dar el ejemplo. Si el Estado no tiene presencia, es muy difícil, el poder económico va a hacer lo que quiera. Tengo una formación jurídica, por lo que soy criminoso, educador, abogado, catedrático; en ese sentido, lo que más me parece importante es que el Estado regule y luego la empresa puede mejorar la regulación. La empresa debe ser más responsable que nosotros, pero nosotros tenemos que educarnos en sostenibilidad y el Estado debe regular en ella. En el caso de España, una empresa sabe que si no respeta los derechos humanos y posteriormente se establece en un país tercero, el Estado no le va a apoyar en dar subvenciones, ni servicio en la embajada; es más, el Estado le puede complicar su desarrollo. Por consiguiente, el Estado no puede dejar al libre albedrío a las empresas, debe estar regulando y premiando las buenas políticas; aunque no soy partidario de los premios, sí creo que hay que reconocer e incentivar a que la gente practique la sostenibilidad. Existe también la ley de contratos públicos, no sé si existen las clausulas sociales en la legislación peruana, pero eso a mucha gente le cambiaría el chip o también es una opción el informe no financiero. Por otra parte, el Estado no tiene que dedicarse solamen-

Entrevista |

“Lo importante es saber cuál es tu estrategia para el Desarrollo Sostenible”

te a regular para que la gente se sume a sus políticas; su rol no acaba en planificar, acaba en políticas de fomento y estas necesitan presupuesto. En la actualidad, los ODS son las metas concretas de la sostenibilidad en el mundo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para que en un futuro próximo se garantice su cumplimiento? Considero que en lo referido a los ODS las personas no han entendido bien esta cuestión; o sea, no se trata de decir "yo lucho contra la pobreza" y punto, no. Hay que repasar las metas de los objetivos y ver si las cumplimos, para ser conscientes de lo qué hay que hacer. Muchas veces, la gente se queda en lo superficial y esto se convierte en una operación estética a un “muerto”, puro maquillaje. Por eso, para mí, el informe no financiero es el más riguroso, porque se tiene que verificar que se cumple en la realidad lo que hay en el documento; entonces, si estamos hablando de que estás trabajando en la sostenibilidad con respecto a la emisión del CO2, muestra los documentos donde tú compruebes que lo estás haciendo. Si dices que estás luchando contra la corrupción, muestra el plan de prevención penal que has hecho, el cual no sea un plagio que has adquirido de internet; porque si no estamos devaluando el concepto de sostenibilidad y se convierte en un tema de comunicación corporativa, de posicionamiento de marca y esto no responde a las políticas que fueron el génesis de la RS.

Se suele ver muchas veces a la responsabilidad social como un acto de filantropía, ¿cuál es la percepción que tienen en España de este concepto? En España empezó así pero, por ejemplo, si volvemos al informe no financiero, no preguntamos qué es lo que se hace de filantropía, ya que esto no incluye. Lo que es necesario saber es si cumplen con los convenios de la OIT, si hay trabajo infantil o no, si hay políticas de igualdad de género o no, si hay un trabajo contra la corrupción o no. Indicar que “yo le dono a la gente" eso está muy bien, pero eso no es parte del informe no financiero. Reconozco que en la empresa lo entendían así, que te digan que la RSC es "sí, yo ayudo a la fiesta del pueblo; sí, yo hago campaña de navidad"; pero las directrices no van por ahí. Lo importante es saber cuál es tu estrategia para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, Europa está apostando fuerte por la economía circular. Los proyectos de economía circular, por ejemplo en mi universidad, cuentan con un fondo europeo de 4,2 billones de euros; y esto porque el reciclaje va a formar parte de nuestro futuro. Entonces, hay todo un esfuerzo de recursos financieros y educativos para introducir la economía circular en las empresas, dicho esto, aún nos queda mucho por trabajar al respecto.

Para finalizar, ¿cuán importante es la comunicación en la reputación de una organización? De los dos premios Nobel de América Latina en Literatura, claramente me descarto por Gabriel García Márquez, y él decía que lo que no se publica no existe; para mí la clave está en que lo que se publique sea verdad. Si me preguntan cuál es la línea de especialización de la cátedra que dirijo, es la de posicionamiento de marca, posición corporativa y comunicación; pero te lo digo con toda la lealtad y la transparencia, hay empresas a las que no les acepto un contrato. Creo que la buena práctica hay que comunicarla, que comunicar la RSC es una pedagogía extraordinaria; que revistas como Stakeholders hacen un favor impagable a la RSC porque la están divulgando. La única clave es que esto no se realice a cualquier precio. Si tenemos claro que lo que una empresa comunica no es cierto, hay que decirlo; porque para mí la comunicación es fundamental para un proceso de cualquier cambio de pedagogía social. También considero que el papel de los medios de comunicación en la divulgación de la RSC es de primer orden y soy muy partidario de esto, pero con una premisa o un límite; no comunicar lo que no es verdad. Por otro lado, también considero que este tema de la RSC es un perfecto pretexto para volver al periodismo de investigación.

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UNI, INVESTIGACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

n coordinación con el Vice Rectorado de Investigación con el Centro de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria (CEPS), la Universidad Nacional de Ingeniería, está organizando, por tercer año consecutivo, la III Expoferia de Innovación tecnológica “Innovando para el futuro”, programada para el 12, 13 y 14 de noviembre, en el Coliseo “Guido Del Castillo” de la UNI. La Expoferia es un evento planteado en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria, con el objetivo de presentar ante las entidades del estado, empresas, comunidad académica y público en general los resultados y avances de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica y emprendimiento; de los servicios que brindan los institutos especializados y los laboratorios de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, atendiendo las demandas de soluciones técnicas por las entidades de la comunidad local y nacional, en el año que finaliza. De esta manera, la UNI, rinde cuentas con transparencia, del cumplimiento de su compromiso de aportar a la solución de los grandes problemas nacionales y al desarrollo sostenible del país, es decir, de la pertinencia de sus actividades en el eje de la Investigación. En esta III versión de la expoferia, tendrá lugar el I Encuentro Innova Latam Summit que reúne a selectos ponentes, talleristas,

conferencistas y profesionales de la tecnología, visionarios investigadores y académicos de América Latina, para abrir la discusión en torno al futuro la innovación y emprendimiento en el Perú y Latinoamérica. También se lleva a cabo la premiación de los tres mejores proyectos de investigación UNI y del concurso internacional de papers, organizado por la agrupación estudiantil Premio Proyecta UNI, al igual que la premiación del mejor emprendimiento realizado por START UP UNI. Simultáneamente, se desarrollarán conferencias magistrales, talleres de desarrollo de emprendimientos, mesas de debate y significativos momentos de socialización, además de la presentación y reconocimiento de los grupos ganadores en los concursos realizados internacionalmente. Invitamos al empresariado nacional a visitar a la III Expoferia “Innovando para el futuro”, y hacernos llegar sus apreciaciones y sugerencias , reiterándoles que la UNI pone a disposición de las empresas, gobiernos locales, regionales y nacionales, sus desarrollos de innovación y emprendimientos, para contribuir a la competitividad en la producción de bienes y servicios, así como, que se encuentra abierta a recoger sus demandas para la formación profesional, la innovación y el desarrollo de nuevos conocimientos científicos que aporte al desarrollo humano sostenibles de nuestro país.

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Pablo Miranda Gerente general de Disal

“EN DISAL, ASUMIMOS EL RETO DE FACILITAR Y ARTICULAR LA MAYOR RED DE VALORIZACIÓN DEL PAÍS” Pablo Miranda, gerente general de Disal, conversó con Stakeholders acerca de la labor que viene realizando la compañía en el sector medioambiental. Además, también comentó sobre los nuevos proyectos que buscan la optimización de los servicios en el rubro.

¿Cuál es el rol de Disal, como empresa, en la sociedad peruana?

¿Qué retos tiene Disal como empresa medioambiental? ¿Cuáles son las estrategias para superarlas?

Como empresa perteneciente a la industria de los servicios medioambientales, tenemos una doble responsabilidad. La primera de ellas tiene relación con nuestros clientes, debido a que Disal debe ser capaz de entregarle todo el soporte tecnológico y operacional que ellos necesitan para que puedan cumplir con todo lo relacionado a la legislación peruana. Todo ello con la finalidad de que nuestros clientes puedan destacarse en la gestión medioambiental en cada uno de los sectores a los que pertenecen.

Somos una empresa que busca valorizar la mayor cantidad de residuos posibles y que está tratando, de manera diaria, llevar a disposición final la menor cantidad de residuos. Es por ello que en Disal asumimos el reto de facilitar y articular la mayor red de valorización del país.

La segunda responsabilidad que tenemos está ligada a la sociedad en la que estamos presentes, en este caso la peruana. Por ende, nuestro compromiso tiene relación con la implementación de distintos programas para proporcionar toda nuestra tecnología y orientar a todos nuestros clientes hacia un mundo más limpio y sostenible.

Tenemos que encontrar la manera de articular las distintas iniciativas que existen en el Perú, con la finalidad de encontrarle otros usos a los residuos. A todo este proceso le llamamos economía circular. Nosotros invitamos a diferentes actores de diversos sectores para plantearles modificaciones a su proceso productivo, que finalmente implique que puedan utilizar sus residuos como materia prima. En este escenario, nacen algunas dificultades,

Entrevista |

ya que resulta complicado que las empresas estén dispuestas a modificar sus procesos. Sin embargo, me quedo con el lado positivo de las cosas, ya que cada día existen cada vez más empresas que nos contactan para preguntar cómo pueden hacer ellos para sumarse a las empresas que valorizan los residuos.

es lo que se está reutilizando de sus residuos y cómo se están transformando en nuevos productos que generan valor no sólo para las industrias, sino también para el medioambiente. Hoy en día tenemos varias iniciativas que están en busca de fomentar la valorización en las organizaciones.

Hoy en día se está buscando que cada vez se sumen más compañías a este cambio y a medida que esto ocurra, la disposición de residuos va a ayudar a modificar los procesos, con el objetivo final de poder aportar a la reducción de la generación de los mismos.

Acerca de su cultura organizacional, ¿Cómo la implementa Disal con sus colaboradores?

¿Qué proyectos viene gestionando Disal para la optimización de los servicios hacia sus clientes? Tenemos diversos proyectos. Primero, queremos que nuestros procesos sean más tecnológicos, tengan un mejor soporte; es así que estamos en un proceso relevante de renovación de flota, con inversiones por sobre los 10 millones de dólares. Este es un esfuerzo importante, el cual tiene un impacto muy positivo en lo que es la reducción de emisiones de CO2 como producto de que estamos incorporando flota Euro 5, la cual cuenta con última tecnología. También estamos trabajando en tecnología de soporte para nuestros procesos en terreno con software, que nos permite hacer un seguimiento a los servicios y entregar a nuestros clientes la mejor información en tiempo real. También queremos evidenciar la valorización, mostrar qué

Venimos de un proceso de transformación como compañía en estos dos últimos años, donde entendemos y estamos convencidos, de que cualquier proceso hacia nuestros clientes tiene que primero surgir desde adentro. De esta manera, hemos venido haciendo todo un trabajo de cultura dentro de la compañía, donde nuestra gente es la primera que tiene que entender lo que significa el trabajo en la industria medioambiental; comprender que en nuestro día a día tenemos que estar pensando en cómo vamos a reducir los residuos, cómo los vamos a utilizar mejor. Es tan importante evidenciarlo, que hemos inaugurado hace poco una nueva oficina, donde nuestra gente, entiende y ve en su puesto de trabajo cómo hemos reutilizado la madera, las alfombras y hasta los cilindros de aceite que se usan en nuestras sucursales; es decir, los distintos elementos que tenemos en nuestras operaciones. La esencia de lo que significa Disal para nuestros clientes, está en nuestra gente. Por eso, es importante que el equipo viva inmerso en esta cultura y así en cada una de nuestras operaciones nuestros clientes lo hagan suyo también.

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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNACEM JESÚS BERNEDO

Jefe de Seguridad e Higiene Industrial de Unacem

a seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental de todos los trabajadores y tiene como objetivo primordial que los trabajadores regresen a sus casas sanos y salvos. Es por eso que Unacem viene generando una cultura de seguridad con la mejora de las áreas de trabajo y el comportamiento seguro de nuestro personal, como parte de la Política Integrada de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, así como de la Política de Sostenibilidad, a fin de prevenir daños tanto físicos como mentales en nuestros trabajadores y de empresas contratistas. En 2010 se llevó a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo OHSAS 18001, el cual se certificó en el 2013, abarcando todas sus operaciones: plantas industriales, mineras y portuarias. Dentro de esta certificación se tomaron en cuenta el liderazgo, responsabilidad y organización, capacitación y personal competente, gestión de riesgos, salud e higiene, entre otros como elementos principales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Es así que, venimos implementando diferentes iniciativas como: Intervención Visible de Liderazgo (IVL), con la finalidad de motivar la conducta segura a través de conversaciones directas de los líderes con los trabajadores; Campaña Mano a Mano, con el objetivo de proteger las manos de los trabajadores a través de charlas y capacitaciones; Aislamiento de Energía, a través de etiquetas y avisos para que todos conozcan el estándar de bloqueo, etiquetado y prueba de energía; Campaña de Protección Solar, Campaña de Orden y Limpieza, entre otros.

Además, como parte de nuestra cultura de prevención e innovación, se implementó en abril de 2019, desde Asociación Unacem, nuestra organización de Responsabilidad Social Corporativa, el proyecto “Aula Interactiva para la capacitación en seguridad y salud en el trabajo”, con el objetivo de desarrollar capacidades y competencias en los colaboradores, tanto de Unacem como de sus empresas contratistas y de esa forma sensibilizar y escalar en conocimiento de manera práctica en seguridad preventiva. Hasta la fecha, se han capacitado a más de 2 mil colaboradores. Los colaboradores se están capacitando en los siguientes temas: seguridad en trabajos en altura, seguridad en espacios confinados, seguridad en trabajos en caliente, aislamiento de energía, seguridad de montacargas, entre otros, de forma teórica y práctica y así cumplir a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). Con la implementación del Aula Interactiva y el inicio de las capacitaciones prácticas, UNACEM está a la vanguardia en temas de seguridad y salud en el trabajo, reduciendo los índices de severidad y accidentabilidad de las operaciones de la empresa. Es así que el índice de frecuencia acumulado de julio del 2019 comparado con el mismo mes del 2018 se ha logrado reducir en un 63 % de forma efectiva. De esta forma, Unacem viene contribuyendo a la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8.8 que es “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores”. Además de proyectarse como un referente en seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional.

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#LEYBIC: A LA ESPERA DEL DEBATE FINAL PARA SU APROBACIÓN EN EL CONGRESO JUAN DIEGO MUJICA FILIPPI Abogado por la Universidad de Lima LL.M. por Harvard Law School

beneficio de sus accionistas, sino el de todos los grupos de interés involucrados en el proceso productivo y de comercialización, dígase, la comunidad, el ambiente, los trabajadores y los proveedores.

uan Diego es abogado por la Universidad de Lima y Máster en Derecho (LL.M.) por Harvard Law School. Se especializa en Derecho Comercial, específicamente, en estudiar e investigar acerca de empresas con propósito social y ambiental en América Latina. Es autor de diversas tesis y publicaciones académicas sobre la Economía de Triple Impacto y las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (B.I.C.). Actualmente, promueve la #LeyBIC en el Perú y es miembro del comité directivo de la Comunidad Latinoamericana de Abogados B.

Si bien este cambio de paradigma ha generado algunas transformaciones en la actividad empresarial en nuestro país, traduciéndose en movimientos de responsabilidad social dentro de las estructuras corporativas, el empresariado peruano no ha asimilado de manera integral las oportunidades que el mismo trae consigo.

oy en día, la solución de problemas sociales y ambientales no son ajenos a la actividad empresarial. El empresariado mundial es protagonista de un cambio de paradigma, el cual consiste en que el propósito de una empresa no está limitado a la realización de una actividad económica que genere utilidades para sus accionistas, sino que contempla uno que le permite a la empresa solucionar problemas sociales y ambientales concretos. A nivel mundial, hay dos hechos recientes que ponen en manifiesto la importancia que está cobrando este cambio de paradigma en el mundo de los negocios. El primero, la publicación a fines de 2018 de la carta “Purpose & Profit” de Larry Fink, gerente general de BlackRock. En la misma, Fink argumenta que las empresas tienen una responsabilidad con la comunidad, no únicamente con sus accionistas, indicando que la ganancia y el propósito están estrechamente vinculados. El segundo es el reciente acuerdo adoptado por el Business Roundtable, grupo al que pertenecen los gerentes de las 181 compañías más grandes de Estados Unidos, que redefine el propósito de las empresas, tomando en consideración no sólo el

Sin embargo, sí se puede detectar un gran interés de parte de emprendedores sociales y empresarios con propósito, en explorar la implementación de políticas corporativas que integren una visión que además de ser beneficiosa para la empresa, genere cambios positivos y tangibles en realidades sociales y ambientales a través de propósitos de beneficios altruistas. Como consecuencia del análisis y estudio del cambio de paradigma líneas arriba descrito, desde hace media década realizo investigaciones y participo en grupos de trabajo que permiten dicho cambio. Así, por ejemplo, en el 2016 sustenté la tesis “Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo: un aporte societario al bienestar social y medioambiental” para optar por el título de abogado por la Universidad de Lima. Es innegable que hoy en hay un creciente interés de parte de la sociedad civil y del empresariado por la empresa con propósito. El evento de Perú Sostenible realizado el pasado mes de agosto mostró el compromiso de empresas de todo tamaño en tener un propósito que va más allá de su actividad económica. Incluso, el Congresista Alberto de Belaúnde presentó a inicios del 2018 el Proyecto de Ley N° 2533/2017-CR al Congreso de la República (en adelante, la #LeyBIC).

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Este proyecto de ley es aquel contenido en el último capítulo de mi tesis y tiene por objetivo incluir a las Sociedades B.I.C. dentro del ordenamiento jurídico peruano permitiendo así el reconocimiento de la empresa con propósito por parte del Estado. Asimismo, contribuirá a tener un ecosistema adecuado para la consolidación de la Economía de Impacto en nuestro país, la misma que contempla variables económicas, sociales y ambientales en la economía. En ese sentido, la presentación de la #LeyBIC al Congreso de la República es un gran ejemplo de las grandes sinergias que la labor legislativa y la academia pueden lograr. Recientemente, la #LeyBIC ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión de Economía y la Comisión de Justicia en marzo y abril del 2019, respectivamente, abriendo paso, en un futuro cercano, a su discusión dentro del pleno del Congreso de la República. El antecedente conceptual y legislativo de las Sociedades B.I.C., es la figura jurídica que en inglés se denomina Benefit Corporation y está regulada, en los Estados Unidos de America, en 35 estados además de Washington D.C.. En América Latina, el Perú no es el único país que está buscando en contar dentro de su ordenamiento jurídico con una #LeyBIC. Por ejemplo, Colombia es el segundo país del mundo además de Estados Unidos y después de Italia en haber aprobado la #LeyBIC. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay tienen proyectos similares en diferentes etapas legislativas de revisión en sus parlamentos. Ahora bien, ante tales avances, en el Perú y en el extranjero, es importante preguntarnos ¿qué es una Sociedad B.I.C.? y ¿cómo se puede insertar al ordenamiento jurídico peruano? Puede definirse como Sociedad B.I.C. a toda aquella persona jurídica, presente en una legislación comercial que realiza actividad económica, reparte utilidades a sus accionistas y se caracteriza porque estos últimos y los gestores de la sociedad buscan construir un beneficio público social y ambiental, según lo establecido en su Estatuto. Las Sociedades B.I.C. presentan tres elementos esenciales que forman parte de su estructura orgánica:

(i) Propósito de beneficio: debe constar en el Estatuto Social y debe ser específico, concreto y medible. El mismo debe ser parte del espíritu corporativo organizacional y estar presente en los planes a corto, mediano y largo plazo de la empresa. La existencia del propósito de beneficio es la razón fundamental por la cual la sociedad tiene la posibilidad de desarrollar acciones no relacionadas directamente con el retorno sobre la inversión de los accionistas. Este propósito genera una nueva serie de deberes para los directores y administradores de las empresas. Quienes ocupan tales roles, no solo deberán trabajar activamente por el cumplimiento de los objetivos económicos sino también por los fines sociales y ambientales teniendo en consideración a los grupos de interés de la empresa. (ii) Deberes y protecciones ampliadas de los directores o administradores de la sociedad: estos deberán ampliar sus deberes, para velar por el manejo ordenado y ordinario de la actividad económica y trabajar de manera constante por la consecución del propósito de beneficio social y ambiental. Asimismo, estarán protegidos ante demandas de los accionistas de la sociedad por la no maximización de utilidades y también ante demandas de los beneficiarios del propósito de beneficio.

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(iii) Transparencia de información: la empresa deberá tener políticas de transparencia organizacional y deben presentar un Informe de Beneficio cada año. Este informe debe ser el resultado de una evaluación realizada por un tercero que corrobore el cumplimiento del propósito de beneficio. Este tercero auditor debe tener las herramientas y solvencia profesional para indicar el fehaciente cumplimiento de la actividad altruista en la sociedad. En cuanto a su regulación, los países latinoamericanos han optado por regular a la Sociedad B.I.C. como una categoría jurídica societaria adicional e independiente a los tipos societarios previstos en cada una de sus legislaciones. La razón de esta regulación se basa en que las #LeyBIC inserta únicamente tres elementos esenciales y modifica de manera puntual algunos aspectos de los tipos previstos en la ley, no existiendo razón para crear un nuevo tipo societario. El Derecho Empresarial observa hoy un fenómeno sin fronteras en el cual el propósito de beneficio se eleva a la par de la realización de una actividad económica, una misión que la nutre y le da sentido a la sociedad y a todos los que la componen. De ser aprobada, la #LeyBIC crearía la posibilidad para los accionistas de vincularse legalmente como Sociedad B.I.C., permitiendo al empresariado nacional que así lo desee, trabajar en un sinfín de posibilidades social y ambientalmente responsables y en particular necesarias. El importante avance legislativo de la #LeyBIC en el Perú ha sido producto del debate alturado e informado del

Congreso de la República durante el primer semestre del año. Congresistas de todos los grupos políticos mostraron una gran disposición en debatir y aprobar por unanimidad este proyecto de ley en las comisiones en las que fue debatido, atendiendo especialmente la posibilidad que el mismo alínea a la empresa peruana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de la coyuntura actual, la misma que urge a nuestros congresistas en priorizar su rol legislador, se presenta una oportunidad para que la #LeyBIC sea revisada por las fuerzas políticas representadas en el pleno del Congreso de la República, considerando la misma como una iniciativa que le da la posibilidad al empresariado nacional de realizar actividad económica con propósito. Quienes apoyamos la #LeyBIC creemos que este es un gran paso para actualizar nuestra legislación societaria en atención al cambio de paradigma antes mencionado, el mismo que es fundamental para el desarrollo de una actividad económica más íntegra, transparente y responsable, de parte de las empresas nacionales. Por ello, también confiamos que, en clara señal de su compromiso con el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en reconocimiento al rol que los emprendimientos privados desempeñan para su cumplimiento, la Mesa Directiva del Congreso de la República dará espacio al debate de esta propuesta legislativa. Para más información, se ha preparado las siguientes páginas de Preguntas y Respuestas, sobre este proyecto de ley.

“Confiamos que, en clara señal de su compromiso con el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en reconocimiento al rol que los emprendimientos privados desempeñan para su cumplimiento, la Mesa Directiva del Congreso de la República dará espacio al debate de esta propuesta legislativa"

| Entrevista

¿Qué es una Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC)?

La Sociedad BIC es una sociedad que además de realizar una actividad económica, como vender productos u ofrecer servicios, tiene un propósito de beneficio social y ambiental con el cual genera un impacto positivo concreto. La incorporación de las Sociedades BIC a la legislación peruana permitirá a las empresas que deseen adherirse a esta forma societaria, contar con una herramienta legal que hará posible crear un propósito de largo plazo. La empresas que deciden ser Sociedades BIC tienen un objetivo que va más allá de maximizar el valor de sus acciones. Las mismas incluyen el núcleo de la corporación un propósito de beneficio social y ambiental y están obligadas a considerar el impacto de sus decisiones frente a diversos grupos de interés, incluyendo a sus accionistas y beneficiarios. La Sociedad características:

BIC

tienen

las

Colombia e Italia. Así como en el Perú, otros países de América Latina como Argentina, Chile y Brasil están debatiendo sus propios Proyectos de Sociedades BIC.

El Proyecto de Ley BIC da una identidad jurídica a empresas que integran la creación de valor económico, social y ambiental. Permite que los emprendedores sociales, empresarios con propósito e inversionistas de impacto tengan una opción adicional al determinar qué figura legal es la más adecuada para alcanzar sus objetivos.

"Beneficio e Interés Colectivo" se entiende como el compromiso de una organización con fines de lucro, es decir, empresas, con la búsqueda y generación de un impacto positivo o la reducción de un impacto negativo en la comunidad y el ambiente.

siguientes

El propósito de beneﬁcio social y ambiental que propone la Ley BIC es de interés colectivo ya que está

Resguardo del propósito de beneﬁcio: Al cuidar el propósito de beneficio de la empresa, los inversionistas y terceros interesados (stakeholders), podrán estar seguros de que su inversión a largo plazo será en una empresa con propósito social o ambiental.

Protección y responsabilidad de los directores y administradores: Dado la ampliación de responsabilidades, se otorga una protección a los directores y administradores para tener en cuenta los intereses financieros y no financieros de la empresa al momento de tomar decisiones.

Ventaja competitiva para captar talento: De acuerdo con una encuesta realizada por Deloitte en el año 2014, el 77% de jóvenes profesionales preﬁeren trabajar en una empresa que cuente con un propósito social y ambiental deﬁnido.

Buena reputación, ahora y siempre: Las Sociedades BIC peruanas se unirían a una larga, pero limitada lista de empresas que actualmente se encuentran constituidas en 35 estados de Estados Unidos, así como en

¿Qué se entiende por "Beneficio e Interés Colectivo"?

proyectado para generar bien común.

¿Qué regula el Proyecto de Ley BIC?

El Proyecto de Ley BIC regula una categoría independiente y adicional a los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades. Las Sociedades BIC podrán, además de realizar una actividad enonómica y repartir las utilidades accionistas, tener un propósito de beneficio social y ambiental altruista en su Estatuto. Junto con la inclusión de su propósito, se regula también las responsabilidades y obligaciones para los administradores y directores de la empresa. Asimismo, se exige que la empresa tenga sólidas políticas de transparencia organizacional con la finalidad de considerar a sus grupos de interés en la toma de decisiones, así como comprobar el logro de sus objetivos al presentar un Informe de Gestión Social y Ambiental, el cual deberá ser de acceso público a la ciudadanía.

El Proyecto de Ley BIC regula que cualquiera de los tipos societarios que se encuentran regulados en la Ley General de Sociedades podrán adoptar adicional e independientemente la categoría de Sociedad BIC. Por ello, cualquier persona jurídica societaria, que realice actividad económica y reparta utilidades a sus socios, podrá optar por ser una Sociedad BIC. Con ello, podrá establecer en su Estatuto un propósito de beneficio social y ambiental, así como contar con las otras características que propone el proyecto de ley.

¿Qué beneficios otorga la ley a las empresas que opten por la categoría BIC?

El objetivo principal del Proyecto de Ley BIC es lograr que el Estado

identifique, reconozca a las empresas que tienen un propósito social y ambiental , a

través del cual intentan solucionar una problemática concreta.

Las características del Proyecto de Ley BIC son el principal beneficio del cual gozarán las empresas con propósito que hoy no cuentan con el respaldo jurídico necesario para lograr sus objetivos, tanto los económicos como aquellos relacionados al propósito de beneficio. Con la existencia de la Sociedad BIC en nuestra legislación, cada empresa, según su actividad económica, propósito de beneficio y plan estratégico podrá generar beneficios concretos desde el propio mercado.

Por ejemplo, los inversionistas de impacto podrán decidir y realizar más y mejores inversiones: el consumidor responsable podrá identificar con mayor facilidad sus compras; las empresas podrán contratar proveedores consecuentes con sus actividades; y, el Estado podrá eventualmente crear políticas y ofrecer programas que apoyen a estas empresas e impulsen el consumo responsable. El Proyecto de Ley BIC no otorga beneficios tributarios a las empresas que opten acogerse a esta. Como se menciona líneas arriba, el mismo mercado será el que determine los beneficios que puedan darse a estas empresas, así como cualquier política que el Estado crea conveniente implementar a lo largo del tiempo.

¿Cómo se protegen los intereses de los accionistas?

Los intereses de los accionistas se encuentran protegidos según las disposiciones de la Ley General de Sociedades y las disposiciones adicionales que se incluyan en los Estatutos de las empresas. El Proyecto de Ley BIC no restringe ningún derecho de los accionistas, únicamente establece mayorías específicas para los casos de modificación del Estatuto, ya sea para ser una Sociedad BIC o dejar de serlo.

¿Por qué es necesaria la Ley BIC?

Hoy en día, América Latina y el mundo viene viviendo un cambio de paradigma empresarial como respuesta a los diferentes problemas sociales y ambientales. Cada vez más empresarios e inversionistas quieren contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales a través de la actividad empresarial.

El ordenamiento jurídico peruano no cuenta con legislación que permita a las empresas declarar, reconocer y funcionar con un propósito de beneﬁcio adicional a la actividad económica. Por ello, el Proyecto de Ley BIC se traduce en un reconocimiento

del Estado que regula integralmente a este modelo de empresa.

La legislación actual obliga a los administradores de las empresas a tomar decisiones con la finalidad exclusiva de maximizar la rentabilidad para los accionistas. Sin embargo, hoy en día muchas empresas y sus propios accionistas incluyen un propósito de beneficio social y ambiental que excede esta visión por lo que queda pendiente regular la existencia del propósito, el rol de los administradores y la transparencia de información como elementos clave. Además de dar identidad a las empresas con propósito, el Proyecto de Ley BIC permitirá al Perú estar en la vanguardia del Derecho Comercial, junto con países como Estados Unidos, Colombia e Italia, que ya tienen esa legislación en su sistema jurídico y Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, que están discutiendo propios proyectos de ley que se encuentran en diferentes etapas de proceso legislativo.

Diferencias con otros conceptos ¿Cuál es la diferencia entre una Empresa B Certificada y una Sociedad BIC? Las Empresas B Certificadas (Certified B Corps en inglés) son empresas que han alcanzado estándares rigurosos de transparencia, responsabilidad, rendimiento social y sostenibilidad ambiental. Las mismas cuentan con una certificación otorgada por la organización sin fines de lucro B Lab, con sede en Estados Unidos. La certificación se otorga a aquellas empresas de cualquier país que hayan obtenido más de 80 puntos en la "Evaluación de Impacto B”. Esta evaluación analiza el desempeño en la empresa en temas de gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y cliente. Las empresas B Certificadas se diferencian de las Sociedades BIC, ya que las últimas pertenecen a un modelo societario que existe en la legislación de un país. Si bien las Sociedades BIC no tienen relación directa con las Empresas B, sí comparten ciertas características. Adicionalmente toda Sociedad BIC puede también optar por la certificación de Empresa B.

¿Cuál es la diferencia entre una Empresa Social y una Sociedad BIC? Se denomina Empresa Social a aquellas empresas que tienen dentro de su propio modelo de negocio el proporcionar beneficios sociales y ambientales. Es decir, existe una estrecha relación entre su actividad económica y su propósito de beneficio. Aquellos productos que vende o servicios que ofrece están directamente relacionados con la problemática que su propósito de beneficio pretende resolver. En estricto, la Empresa Social no está regulada en la legislación peruana. En cambio, en el caso de la Sociedad BIC, el propósito de beneficio puede no estar directamente relacionado a la actividad económica que la misma realiza. Al partir de un concepto más amplio, toda Sociedad BIC que así lo quiera puede caracterizarse también como Empresa Social: sin embargo, no toda Empresa Social tiene que ser necesariamente una Sociedad BIC

El Proyecto de Ley BIC buscainsertar a la Sociedad BIC a la que permitiría a Empresas Sociales constituirse como tales y

legislación peruana, lo proteger su propósito.

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FINANCIANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA DE SOSTENIBILIDAD CARLO ANGELES

Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y Activista Socio Ambiental

egún el Banco Mundial, la brecha de financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es de alrededor de $ 3 billones (equivale a 3 trillones americanos). La Agenda 2030 no se logrará a menos que tenga lugar una movilización masiva de recursos. Ante esto es importante destacar, que actualmente existe un mercado global anual de 15 billones de dólares operado por gobiernos alrededor del mundo. Este mercado es el de las Compras Públicas. Los ODS son un conjunto de objetivos ambiciosos establecidos por las Naciones Unidas para lograr el desarrollo para 2030. Esta agenda fue adoptada por cada uno de los 193 estados miembro de la Organización de Naciones Unidas, incluido Perú. Además de los compromisos internacionales, poco a poco se ha ido fortaleciendo e incrementando la tendencia hacia la sostenibilidad como concepto en la sociedad. Solo por dar algunas cifras: Según la encuesta IPSOS Global Advisor 2018, Perú es el tercer país más preocupado en el mundo por el calentamiento global (39 %). Según IPSOS – La Lima que no vemos, la contaminación ambiental y limpieza pública es la segunda mayor percepción como principal problema de la ciudad (52 %). Según Apoyo Comunicación, el segundo mayor activismo negativo en redes sobre empresas es por temas socioambientales (53 %).

Esta tendencia ha conllevado en políticas de estado, que buscan alinearse con estas nuevas prioridades ciudadanos, La ley marco sobre Cambio Climático aprobada el 15 de marzo de 2018 y los recientes esfuerzos del Ministerio de Producción y Ministerio del Ambiente para diseñar la Hoja de Ruta de la Economía Circular para la Industria, son un claro ejemplo de ello. La economía circular es un ejemplo perfecto de cómo el mercado se puede alinear a criterios de sostenibilidad y responsabilidad. Pero para que la economía circular sea una realidad, se necesita un fuerte estímulo e inversión para poder financiar el desarrollo e investigación necesaria para el diseño de productos y servicios bajo el concepto de circularidad. Es aquí donde el Estado puede tener un nuevo rol, no el de ente normativo y fiscalizador, sino un rol aún más transformador, desde su poder adquisitivo. Los gobiernos son los mayores compradores individuales de bienes y servicios en cualquier país. Por ello, si cambiamos la manera en que los gobiernos hacen negocios con el sector privado, podemos influir positivamente en el mercado para que ocurra una transición hacia una economía de sostenibilidad. Como Regidor de Lima Metropolitana, redacté el Proyecto de Ordenanza para fomentar el Desarrollo Económico con Impacto Social y/o ambiental – Lima Sostenible, presentado por 29 (de 39) regidores de Lima Metropolitana. La ciudad invierte anualmente más de 250 millones de dólares en sus procesos de Compras Públicas.

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El primer paso, tuvo lugar el dos de agosto, en la que el Gobierno de Lima Metropolitana declaró de Interés Metropolitano el diseño de instrumentos de gestión, así como otras medidas complementarias, que garanticen la transición efectiva hacia un modelo de Compras Públicas Sostenibles. Con este primer paso, se busca instalar un comité intergerencial para identificar los 10 productos y/o servicios que más compra y que además tienen mayor impacto ambiental. Luego de identificarlos, se realizará una reingeniería de los mismos, para que en su proceso de adquisición se considere los principios de economía circular. El comité además diseñará el plan para la incorporación periódica de estos requisitos en la cadena de suministro del Gobierno de Lima Metropolitana. Además, en solo tres meses, hemos ampliado el debate en 50 instituciones públicas, en las que seis gobiernos locales ya están elaborando sus propios instrumentos para la transición a la contratación pública sostenible. La ciudad de Bagua fue el primer gobierno local en adoptar nuestro proyecto para la transición a la contratación pública sostenible. Esta iniciativa también ha inspirado acciones en

el sector privado. Electro Oriente con Acuerdo de Directorio N° 068-2019 de fecha el 13 de junio aprobó las medidas para transitar hacía el sistema de Compras Públicas Sostenibles. Esta columna, será un espacio permanente en el que iremos relatando nuestra aventura sumando a diversos actores de la sociedad a estimular el principio de economía desde sus propias cadenas de abastecimiento. Estos actores serán parte de la columna no solo como protagonistas de la misma, sino además como invitados a escribir sus propias iniciativas para estimular la circularidad. Únicamente con lo avanzado a la fecha, estamos frente a una oportunidad de movilizar más de 600 millones de dólares anuales para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de Compras Públicas Sostenibles. Si sumamos más actores, podemos transitar hacia una economía de sostenibilidad, desarrollando un mercado de empresas que compran y que proveen bajo el principio de circularidad. El reto es elevar el concepto de Compras Públicas Sostenible a la agenda nacional.

¡Vamos a Lograrlo!

" El reto es elevar el concepto de Compras Públicas Sostenible a la agenda nacional."

¡LO MEJOR DE PERÚ SOSTENIBLE!

BLOQUE PERSONAS MESA DE ACCIÓN ODS #4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

MESA DE ACCIÓN ODS #2: HAMBRE CERO

MESA DE ACCIÓN ODS #5: EQUIDAD DE GÉNERO

BLOQUE PLANETA MESA DE ACCIÓN ODS #6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

BLOQUE PROSPERIDAD

MESA DE ACCIÓN ODS #11: COMUNIDADES SOSTENIBLES

BLOQUE PAZ MESA DE ACCIÓN ODS #16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

¿QUÉ NOS DEJÓ LA FERIA DE LA SOSTENIBILIDAD?

CIUDADES

Entrevista |

B2MINING 3.0 RECIBE EL PREMIO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Este galardón tiene como propósito reconocer los esfuerzos realizados por las empresas asociadas al gremio.

biz Latin America ha recibido el Premio a la Innovación Tecnológica en el sector minero energético 2019, en la categoría Proveedor de Excelencia, por nuestra plataforma B2Mining 3.0. El premio fue otorgado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el 15 de agosto en el X Simposium de Tecnología e Innovación del Sector Minero Energético, X TICAR. Éste premio busca estimular y promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector minero energético, así como también, reconocer los esfuerzos realizados por el sector empresarial y el sector académico en la innovación e implementación de tecnologías como: Tecnología de la información, Telecomunicaciones, Automatización y Robótica, tecnologías usadas en el desarrollo de productos y/o servicios innovadores, e ideas innovadoras que contribuyan a generar un impacto positivo en la competitividad, productividad, creación de valor y sostenibilidad de las empresas del sector Minero Energético. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) entregó el Premio a la Innovación Tecnológica en el Sector Minero energético 2019. Se presentaron 22 proyectos técnicos por parte de empresas de los sectores minero, de hidrocarburos, eléctrico y servicios asociados al gremio minero energético. Ebiz Latin America ganó el premio en la categoría Proveedor de Excelencia Además de Ebiz Latin America, en la categoría Empresa

Innovadora ganó Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. con el proyecto “Sistema de alarma de síntesis de voz automática para demoras en equipo de mina”. El segundo puesto fue para Compañía Minera Antamina S.A. con el programa “Sistema anti colisión para palas”. Asimismo, en la categoría Idea Innovadora, Sociedad Minera Cerro Verde, con el proyecto “Sistema de medición a través de un dispositivo de rastra en espesadores de concentrado”, ocupó el primer lugar, y la empresa Proyectos de Infraestructura del Perú, con el programa “PDInspector – Innovando y transformando la cultura preventiva”, obtuvo el segundo puesto. Ebiz Latin America agradece este reconocimiento, saludando a todos sus miembros de su comunidad electrónica que trabajan con sus sistemas a diario. Asimismo, resaltan el trabajo y creatividad de sus colaboradores que hicieron posible que B2Mining se convierta en un sistema de gestión empresarial modelo a nivel nacional. El jurado calificador del Premio a la Innovación Tecnológica del sector Mineroenergético, fue integrado por José Luis Quiroz, especialista en proyectos de innovación para la Ley de Beneficios Tributarios 30309 de Concytec; Ana Sobarzo Arteaga, subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica de Concytec; y por Gerard Franz, PhD en diseño de circuitos integrados y evaluador de proyectos de Innovate y del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).