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HACÍA DÓNDE VA LA REGULACIÓN DEL OUTSOURCING
Hacia dónde va la regulación del
OUTSOURCING La competencia en los mercados nacionales e internacionales ha llevado a todas las empresas a la búsqueda de mayor competitividad, esencialmente a través de dos vertientes: la mejora de en la calidad de sus productos, y la reducción de costos.
Por: Ulises Martínez Dentro de la segunda vertiente, el costo laboral es un componente importante, que se integra por los salarios, cargas sociales, el costo de su administración, y el potencial riesgo de hacer frente a demandas de trabajadores inconformes. Es ahí donde un considerable número de empresas hallaron en el outsourcing (que típicamente es la contratación de la mano de obra a través de terceros) una alternativa para hace más eficientes sus recursos. Sin embargo, el tratamiento del outsourcing no en todos los casos fue el más adecuado y produjo esquemas abusivos, que tuvieron como reacción diversas acciones de las autoridades para contrarrestar o eliminar el outsourcing nocivo¸ es decir, aquel que priva de la seguridad social a los trabajadores, o que pudiera favorecer esquemas de evasión o elusión fiscal. En 2012 mientras en el Congreso de la Unión era discutida la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor en diciembre del mismo año, se generó una expectativa muy alta en el sector empresarial, pues se esperaba que la naciente regulación del outsourcing otorgara facilidades y beneficios al sector empresarial. No obstante, el resultado no fue el esperado, la regulación estableció consecuencias
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severas para las empresas que no cumplieran los requisitos establecidos por la Ley, incluyendo el ser considerado patrón de los trabajadores bajo esquemas de outsourcing y la imposición de multas, que llegan hasta los cinco mil días de salario mínimo por trabajador afectado. Además, el SAT emitió sus propios criterios, que endurecieron la regulación, estableciendo la imposibilidad de deducir las facturas por servicios de outsourcing cuando existiese un incumplimiento a la legislación laboral (que esencialmente señala que el trabajo en modalidad de outsourcing no debe abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, debe justificarse por su carácter especializado, y los trabajadores subcontratados no pueden realizar las mismas tareas que los trabajadores contratados directamente). Las expectativas del sector empresarial quedaron muy lejos de cumplirse, y pareciera que aún no se perciben beneficios de la regulación, ni para los trabajadores, ni para los patrones. Pero el tema no se detiene ahí, pues a finales de octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera publicó en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero un aviso a través del cual determina que el servicio de subcontratación de personal (outsourcing) es considerado como una Actividad
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Vulnerable para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como “Ley Antilavado”). Esto significa que el outsourcing es considerado como una actividad con potencial riesgo de realizarse con dinero producto de actividades ilegales. La consecuencia inmediata es, que además de los informes trimestrales que los usuarios y prestadores de este tipo de servicios ya deben enviar al IMSS y al INFONAVIT, la empresas dedicadas al outsourcing también tendrán que reportar cierta información a través del Portal de Prevención
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de Lavado de Dinero, lo que permitirá a las autoridades contar con mayores elementos para sus actividades de fiscalización. Pero también, la utilización del outsourcing sin cumplir adecuadamente los requisitos establecidos en su regulación, pudiera llegar a configurar alguna conducta susceptible de sancionarse con penas de prisión. Por todo lo anterior, vale la pena evaluar si la contratación de servicios de outsourcing aún es viable para las empresas, o, si su regulación lo ha convertido en un servicio con más riesgos que beneficios.
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