Sin Condena

Fotografías y texto Santi Carneri

Paraguay es el país de América Latina con mayor proporción de personas encarceladas sin condena y el cuarto del mundo. De cada diez personas recluidas, sólo dos han visto a un juez y tienen una sentencia. Las restantes no saben si son culpables o inocentes. La mayoría están en prisión preventiva, una figura legal que fiscales y jueces aplican a mansalva y que iguala a quien mata con el que roba una licuadora.

El marco legal tiene eufemismos para maquillar el infierno. La cantidad de personas encarceladas es el doble de la capacidad penitenciaria de todo Paraguay. El objetivo de las cárceles es –en teoría– lograr la reinserción a la sociedad de las personas que hayan cumplido con su condena. Cuando la realidad es que el sistema penitenciario paraguayo no resuelve los problemas de los que se encarga, sino que los empeora.

Las prisiones funcionan como una representación en miniatura de lo que ocurre a gran escala en el país y en el mundo; una rosca de clasismo, violencia y corrupción que privilegia a unos pocos mientras la mayoría batalla por sobrevivir. O al menos es lo que pude concluir tras recorrer casi todas las prisiones de Paraguay entre 2013 y 2017, como voluntario del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Acompañando a un equipo de abogados, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, registré en imágenes y entrevistas lo que cientos de personas denuncian: que las cárceles son lugares donde hay de todo, menos justicia.

“Amanecer cada día pensando en cómo enfrentar la enfermedad si me contagio, sabiendo que la población penitenciaria no es primordial, cuando la sociedad entera vive desesperada… Si en tiempos normales es un infierno, ¿se imaginan en tiempo de catástrofe pandémica?”, me cuenta en tiempos de COVID-19 a través de mensajes de teléfono un interno de Tacumbú, la mayor prisión de Paraguay y la más laberíntica e intrigante.

Hace mucho calor. Mucha humedad, mal olor a sudor y lejía, a orín y a cigarrillo. En el Centro de Educación de Itauguá son unos 400 chicos de entre 14 y 17 años los que permanecen aburridos en celdas infernales, llenos de energía, a veces rabiosos, a veces violentos. Pueden tener derecho a cama con colchón o simplemente a un colchón en el suelo. A veces esta opción es mejor, se está más fresco. Igual, las camas no son la gloria: estructuras viejas de madera plagadas de cucarachas. ¿Los baños? Agua fría e insalubridad total. En cada pabellón un agujero en el suelo para que hasta 40 adolescentes defequen, orinen y ahí mismo se duchen con un pobre chorro helado.

Llevan seis horas despiertos y no saben qué más hacer. Ya tomaron el desayuno: pan y leche, y lavaron el suelo del pabellón. Los funcionarios les observan tras los barrotes, también están aburridos. Unos 40 adolescentes, en una celda que no debería albergar a más de diez, se envuelven una mano con una toalla o una camiseta y golpean al que tienen enfrente con todas sus fuerzas. Puñetazos en la cara, costillas, cabeza… Una batalla total entre dos equipos que buscan reventarse a golpes solo para pasar el rato.

Pasan la mayor parte del tiempo en las ruinosas celdas porque no hay un programa serio de reinserción. Entre sudores, violencia y drogas cuentan las horas hasta la próxima vez que intentarán escapar. Las violaciones de derechos que acechan a los jóvenes infractores son idénticas que las que sufre la población adulta.

En el caso de los adultos, solo unas 2.000 personas del total de 14.000 recluidas de Paraguay están condenadas, el resto permanece en prisión sin sentencia, lo que lo convierte en el país de la región con mayor indefinición de causas judiciales. Unos 60 guardias vigilan a los 4.000 internos. Cada poco tiempo hay un motín, una fuga de presos o algún herido o incluso algún fallecido por arma blanca. También han muerto internos por disparos de arma de fuego. Tacumbú es una representación reducida de la sociedad paraguaya, un cóctel de injusticias y tranquila resignación.