El desarrollo de la energía by suplementospetroleros lediplovlza

C E R C O D E S E S TA B I L I Z A D O R E N A M É R I C A L AT I N A

P1-14

Edición venezolana I S S N

Año III. Números 17-18. Caracas, enero-febrero de 2010

Prescindir de un verdadero casino Y si se cerrara la Bolsa... P17 Cincuenta años después de Greensboro La izquierda estadounidense ha olvidado sus triunfos P20 Afganistán: una coalición dentro de la coalición Los mercenarios ganan su guerra P21 Movilizaciones populares, tentaciones autoritarias y dependencia económica La regresión política de África P23 El “modelo de Pekín”. por Serge Halimi P25 Un movimiento especulativo mundial Avidez por las tierras cultivables africanas P26

18,00 Bs.F.

El desarrollo de la energía por ral Afirmar que el cambio climático está generando estragos en el planeta, no es una exageración. La sequía prolongada e inesperada que vive Venezuela ha bajado el nivel del caudal de los ríos que alimentan los embalses. Algunos están prácticamente secos y otros, como la represa hidroeléctrica Guri, que es alimentada por el río Caroní, aunque todavía no está en nivel crítico si sigue bajando como hasta ahora lo alcanzará en tres meses. Bajo estas condiciones el Gobierno nacional tomó medidas de racionar el suministro de agua potable y un plan de uso racional del servicio eléctrico. Algo inédito para una ciudad como Caracas que se ha acostumbrado al derroche, porque en ciertas áreas del país donde estos servicios no funcionaban correctamente (incluso en zonas cercanas a Caracas como los valles del Tuy, Barlovento o el propio estado Bolívar incluyendo Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar) con la emergencia actual se hizo evidente su deficiencia. En el caso de la energía eléctrica, quedó al descubierto la fragilidad del sistema que se había instalado desde hace más de cuatro décadas porque en su construcción obviamente no se contaba con el Fenómeno del Niño que hoy nos cobra factura y evidencia la gravedad del cambio climático. Esto aunado a que los presupuestos se cayeron con el tiempo contribuye a que una obra como la represa de Guri esté sensiblemente afectada. Pero ¿eso es todo? La generación de energía eléctrica pasó a ser un tema sensible en un país donde la palabra energía es de uso cotidiano gracias a una economía sustentada en la extracción y refinación del petróleo. Y se maneja la idea de que la represa del Guri es la que provee de energía eléctrica a todo el país. El objetivo de la construcción de esta represa fue la de sostener el desarrollo de las empresas básicas en la región de Guayana, esen-

cazal

Ilustración: Ugo Ramallo

La ilusión de un mandatario todopoderoso ¿Se puede reformar Estados Unidos? P15

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cialmente, y el resto del país. Pero vale citar al olvidado Salvador de la Plaza en esta ocasión, cuando se comenzó la construcción del Guri y las empresas en el estado Bolívar: ( )Actúan esas potencias conforme a la ley del superbeneficio, extraer a bajos costos los minerales de los países subdesarrollados y revendérselos luego a altos precios transformados en productos y artículos. Venezuela no se ha escapado a esa extorsión. Sobre su Siderúrgica de Matanzas, construida por el Estado después de haber sido vencidos múltiples obstáculos, y que debía servir de base para su desarrollo industrial independiente, se cierne la grave amenaza de que sea convertida en simple proveedora de productos semielaborados para la industria norteamericana(...)”1. Y esa grave amenaza se convirtió en realidad y más de la mitad de la energía eléctrica que produce la represa del Guri la consumen las industrias básicas, que fueron del Estado, se privatizaron, actualmente se nacionalizaron pero ¿cambió su modo de producción? ¿Cumplieron o cumplen su obje-

tivo de ser “el núcleo de la industrialización del país?”. Cuando se construyó la represa, según explica un documental audiovisual de Edelca y de la Coporación Venezolana de Guayana (CVG) de 1985, se hizo con el “propósito” del “eficiente aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní, que se calcula en más de 26 millones de kilovatios, y sustituirá en gran parte la energía termoeléctrica derivada de los hidrocarburos que ahora se queman inútilmente para producir electridad, ahorrándole al país aproximadamente 168 millones de barriles de petróleo por año”2 Pero la razón principal de ese ahorro era que toda la industria petrolera estaba dirigida hacia el desarrollo de las grandes metrópolis que necesitaban petróleo a bajo costo por eso era preferible la energía hidroeléctrica, no porque ahorrara al país barriles de petróleo, sino porque le ahorraba a los países consumidores dinero. La realidad nos muestra que las empresas básicas que están establecidas en la región de Guayana usan, actualmente, un total de

1.840 MW de la producida por Edelca, superior a la que utiliza el Distrito Capital, que asciende a 1.600 MW3 y que toda la red eléctrica nacional es hidroeléctrica. En este plan de emergencia se le impusieron a estas empresas un tope de consumo diario, pero en este caso vale de nuevo citar a Salvador de la Plaza, cuando dice que las empresas básicas deben encargarse de toda la cadena de producción (desde la extracción hasta la manufacturación) para abastecer al mercado nacional y comercializar su excedente en el mercado internacional y señala que su meta fundamental es el de ser el núcleo fundamental del desarrollo de las industrias básicas metalúrgicas y de la industrialización del país.4 Las represas existentes son necesarias pero no suficientes, en el plan de Edelca está el de llegar a fin de año a la paridad 50-50 entre energía hidroeléctrica y energía térmica (por combustible líquido o gas). Y esto debería extenderse a todo el país. Ese ahorro de 168 millones de barriles de petróleo al año que se cita más arriba como la justificación para la construcción de la represa del Guri y con ello el uso prioritario de la energía hidroeléctrica en todo el territorio nacional sin buscar otras alternativas complementarias, viables y seguras (como la utilización de la energía nuclear, que está muy cerca de ponerse en práctica en Argentina y Brasil, miembros de UNASUR) el país lo está pagando y con altos intereses. Todo lo contrario a lo que se espera de un “ahorro”. De la Plaza, Salvador (1976). Economía minera y petrolera de Venezuela. Caracas: Fondo Editorial Salvador de la Plaza, pp.53-55.

EDELCA y CVG: Guri. Ver en http://www.youtube.com/watch? v=6mFo8xziOHU

Datos suministrados por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Ob. cit.

CE RCO DE SE STAB I L I ZADO R E N AM É RI CA L ATI N A

Caracas, enero-febrero de 2010

Ediciones

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Cercando a Venezuela por ignacio

Poco a poco y silenciosamente, como una tela de araña tejida en la noche, un impresionante cerco militar amenaza a Venezuela y, a mediano plazo, al conjunto de los gobiernos progresistas de América Latina. Hugo Chávez rearma su ejército con aviones rusos Sukhoi

La llegada al poder en Venezuela del presidente Hugo Chávez, el 2 de febrero de 1999, coincidió con un acontecimiento militar traumático para Estados Unidos: la clausura de su principal instalación militar en la región, la base Howard, situada en Panamá, cerrada en noviembre de 1999 en virtud de los Tratados Torrijos-Carter (1977). Las tropas acantonadas en Howard fueron reconcentradas en Puerto Rico. Pero un masivo movimiento local de protesta obligó al Pentágono a retirarse y a cerrar la gigantesca base de Roosevelt Roads, trasladando a sus efectivos a Texas y Florida y el Cuartel General del Comando Sur –SouthCom1– a Miami2. Nueva doctrina Para sustituirlas, el Pentágono eligió cuatro localidades estratégicamente situadas para controlar la región: Manta en Ecuador, Comalapa en El Salvador y las islas de Aruba y Curazao (de soberanía holandesa). En estas bases, añadió a sus –por decirlo así– “tradicionales” misiones de espionaje nuevos cometidos oficiales (vigilar el narcotráfico y combatir la inmigración clandestina hacia Estados Unidos), y otras tareas encubiertas: luchar contra los insurgentes colombianos, controlar los flujos

Dominique Vidal Responsable de las ediciones internacionales 1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París Teléfono: +331 53 94 96 21 Fax: +331 53 94 96 26 secretaria@monde-diplomatique.fr www.monde-diplomatique.fr

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*Director de Le Monde diplomatique, edición España.

ramonet*

de petróleo y minerales, los recursos en agua dulce y la biodiversidad. Pero desde el principio, sus principales objetivos fueron vigilar a Venezuela y desestabilizar a la Revolución Bolivariana. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld definió una nueva doctrina militar para enfrentar al “terrorismo internacional”. Modificó la estrategia de despliegue exterior, fundada en la existencia de enormes bases dotadas de personal muy abundante. Y decidió reemplazar esas megabases por un número mucho más elevado de Foreign Operating Location (FOL, Sitio Operacional Exterior) y de Cooperative Security Locations (CSL, Sitio Compartido de Seguridad), con poco personal militar pero equipados con tecnologías ultramodernas de detección, radares de última generación, gigantescas antenas satelitales, aviones espías (Orion C-130 y Awacs), drones de vigilancia3, etc. Resultado: en poco tiempo, la cantidad de instalaciones militares estadounidenses en el extranjero se multiplicó, alcanzando la insólita suma de 865 bases de tipo FOL o CSL desplegadas en 46 países4. Jamás en la historia, una potencia multiplicó de tal modo sus puestos militares de control para implantarse a través del planeta. En América Latina, el redespliegue de bases permitió que la de Manta (Ecuador) colaborara en el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el Presidente de Venezuela. A partir de entonces, una campaña mediática dirigida por Washington empieza a difundir falsas informaciones sobre la pretendida presencia en ese país de células de organizaciones como Hamas, Hezbollah y hasta Al Qaeda, las que dispondrían de “campos de entrenamiento en la isla de Margarita”5. Con el pretexto de vigilar tales movimientos, y en represalia contra el gobierno de Caracas que ha puesto fin, en mayo de 2004, a medio siglo de presencia militar estadounidense en Venezuela, el Pentágono renueva, en 2005, un contrato con el gobierno de los Países Bajos para ampliar el uso de sus bases militares en las islas de Aruba y Curazao,

situadas muy cerca de las costas venezolanas, y donde últimamente se han incrementado las visitas de buques de guerra estadounidenses6. Advertencia de Chávez Estos movimientos han sido recientemente denunciados por el presidente Chávez: “Es bueno que Europa sepa que el imperio norteamericano está armando hasta los dientes, llenando de aviones de guerra y de barcos de guerra las islas de Aruba y Curazao. El Reino de los Países Bajos tiene responsabilidad en esto. (...) Estoy acusando al Reino de los Países Bajos –que es miembro de la Unión Europea, y quisiera ver qué dice la Unión Europea sobre esto– de estar preparando, junto al imperio yanqui, una agresión contra Venezuela”7. En 2006, se empieza a hablar en Caracas de “socialismo del siglo XXI”, nace la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y Hugo Chávez es reelegido presidente. Washington reacciona imponiendo un embargo sobre la venta de armas a Venezuela, bajo el pretexto de que Caracas “no colabora suficientemente en la guerra contra el terrorismo”. Los aviones F-16 de la fuerza aérea venezolana se quedan sin piezas de recambio. Ante esa situación, las autoridades venezolanas establecen un acuerdo con Rusia para dotar a su fuerza aérea de aviones Sukhoi. Washington denuncia un presunto “rearme masivo” de Venezuela, omitiendo recordar que los principales presupuestos militares de América Latina son los de Brasil, Colombia y Chile. Y que, cada año, Colombia recibe, en el marco del Plan Colombia, una ayuda militar estadounidense de 630 millones de dólares. Desde ese momento, las tensiones se agudizaron. El 1° de marzo de 2008, ayudadas por la base de Manta, las fuerzas colombianas atacan un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado en el territorio de Ecuador. En represalia, Quito decide no renovar el acuerdo sobre la base de Manta, que vence en noviembre de 2009. Washington responde, el mes siguiente, con la reactivación de la IV Flota (desactivada en 1948, hace sesenta años…) cuya misión es vigilar

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El United States Southern Command (SouthCom) dirige todas las acciones militares estadounidenses en América Central, América del Sur y el Caribe.

“Basus belli” en Colombia por maurice

lemoine*

Ilustración: Yuruani Bravo (6 años)

la costa atlántica de América del Sur. Un mes más tarde, los Estados sudamericanos, reunidos en Brasilia, replican creando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, en marzo de 2009, el Consejo de Defensa Suramericano. Unas semanas después, el embajador de Estados Unidos en Bogotá anuncia que la base de Manta será relocalizada en Palanquero, Colombia. En junio, con el apoyo de la base estadounidense de Soto Cano, se produce el golpe de Estado en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, quien había conseguido integrar a su país en el ALBA. En agosto, el Pentágono anuncia que dispondrá de siete nuevas bases militares en Colombia. Y en octubre, el presidente conservador de Panamá, Ricardo Martinelli, admite que ha cedido a Estados Unidos el uso de cuatro nuevas bases militares. De ese modo, Venezuela y la Revolución Bolivariana se ven rodeadas por nada menos que trece bases estadounidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao, así como por los portaaviones y navíos de guerra de la IV Flota. El presidente Barack Obama parece haber dejado manos libres al Pentágono. Todo anuncia una agresión inminente. ¿Consentirán los pueblos que un nuevo crimen contra la democracia se cometa en América Latina?

Caracas, enero-febrero de 2010

John Lindsay-Poland, “US Military Bases in Latin America and the Caribbean”, Foreign Policy in Focus, Nueva York, agosto de 2004.

Laurent Checola y Edouard Pflimlin, “Guerras a control remoto”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2009.

Chalmers Johnson, “Ten measures to liquidate the U.S. military bases”, Asia Times, 4-8-09, www.atimes.com/atimes/ Middle_East/KH04Ak01.html

Martin Arostegui, “From Venezuela, a counterplot”, Insight Magazine, Washington, 3-4-03.

Eva Golinger, “Más de 100 buques de guerra de EE.UU. han ‘visitado’ Curazao en un año”, Rebelión, 19-12-09, www. rebelion.org

Discurso en el Encuentro del ALBA con los Movimientos Sociales de Dinamarca, Copenhague, 17-12-09.

Bogotá y Washington insisten en que las siete bases militares que Colombia puso a disposición de Estados Unidos sobre su propio territorio, en virtud del acuerdo firmado el 30 de octubre de 2009, tienen por objetivo fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Pero no pocos indicios refuerzan las sospechas de los países latinoamericanos de que las verdaderas intenciones del Pentágono consisten en contar con una plataforma para vigilar y controlar una región estratégica de América del Sur.

“Los problemas de Colombia se extienden mucho más allá de sus fronteras y tienen implicancias en la seguridad y la estabilidad regional”, declaró en agosto de 1999 la secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright1. El 13 de julio del año siguiente, el presidente William Clinton y su homólogo Andrés Pastrana acordaron firmar el Plan Colombia, destinado a terminar con el narcotráfico y las guerrillas. A modo de participación, el Congreso, en Bogotá, sólo tuvo derecho a consultar un texto parcial y… en inglés. Una década más tarde, Colombia recibió más de 5.000 millones de dólares de ayuda estadounidense, primordialmente militar. Y desde la llegada de Álvaro Uribe al poder en 2002, corrió mucha sangre bajo el puente. El Presidente había prometido una “rápida victoria” sobre los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sobre todo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): según los balances que difunde el ejército colombiano, triunfó ampliamente. Por ejemplo, en 2007 el ejército pretendía

haber capturado a más de 6.500 guerrilleros y haber dado muerte a más de 3.000; cifras que se repiten año tras año. Siempre según Bogotá, de 2002 a mayo de 2008 el programa de desmovilización involucró a cerca de 15.000 personas, de las cuales 9.000 serían miembros de las FARC. Sabiendo que siempre se estimó el número de esas fuerzas en alrededor de 15.000 combatientes, ¡forzosamente han desa parecido! Búsquese el error… El 30 de octubre de 2009, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense William Brownfield firmaron un nuevo acuerdo elaborado en secreto que otorga a Estados Unidos, por un período de diez años, renovable, 7 bases militares en territorio neogranadino2, con los mismos objetivos que adelantara el Plan Colombia3. De hecho, aunque desde hace dos años vienen sufriendo serios reveses, las FARC siguen activas. El anuncio de su derrota se debe sobre todo a la curiosa manera en que el ejército colombiano infla sus balances. Actualmente están en curso 1.300

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investigaciones –parte visible del iceberg– contra miembros de las fuerzas armadas, en el marco de lo que se llama el escándalo de los “falsos positivos”: el asesinato de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate. No obstante, frente a un adversario compuesto de “irregulares” y para destruir mediante aspersión química plantaciones de cultivos ilícitos, la fuerza que despliega Estados Unidos en las siete nuevas bases –Palanquero, Malambo, Apiay, Cartagena, Málaga, Larandia, Tolemaida– parece por lo menos desproporcionada4. Así, el Pentágono invertirá 31,6 millones de euros para el acondicionamiento de Palanquero, a orillas del río Magdalena. La instalación dispondrá de una pista de 3.500 metros preparada para recibir aviones C-17 (Galaxy) capaces de transportar 70 toneladas y que poseen una autonomía de vuelo de más de 8.000 kilómetros sin reaprovisionamiento de combustible. Desde Apiay operarán aparatos de reconocimiento y AWACS (Airborne Warning and Control System; radares voladores de largo alcance). Rechazo regional El 10 de agosto de 2009, antes incluso del anuncio oficial del acuerdo, el presidente venezolano Hugo Chávez advertía durante la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Quito: “Vientos de guerra comienzan a soplar” en América del Sur5. Muchos atribuyeron sus palabras a un delirio paranoico –¡otra excentricidad más!–. Sin embargo, sus homólogos Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) también expresaron su preocupación. A sus voces se agregaría la del ex presidente colombiano Ernesto Samper: “Vamos a prestar el país para que se convierta en un portaaviones para hacer operaciones de vigilancia electrónica en toda la región suramericana. (…) Es como prestarle el balcón a una persona que no vive en el edificio para que venga a colocar reflectores y videocámaras sobre los vecinos”6. Marcando la tendencia dominante de la época pos Guerra Fría, Estados Unidos pasó de una estrategia de containment (contención) del rival soviético a la búsqueda de la omnipresencia geoestratégica planetaria. Las nuevas tecnologías militares ya no exigen bases gigantescas, sino una densa red de puntos de apoyo preestablecidos que permitan, de ser necesario, proyectar fuerzas de rápido despliegue. Hasta fines de 1999, gracias a las catorce bases –y en particu-

lar la de Howard– situadas en la zona estadounidense del canal de Panamá, donde estaba instalado el Comando Sur del ejército de Estados Unidos (US Southcom), Washington controlaba tanto América Central como América del Sur. Tras la retirada del istmo, fruto del acuerdo Carter-Torrijos7, el Pentágono se aseguró, utilizando denominaciones que evitan el calificativo de “bases”, centros operativos de avanzada (Forward Operations Location; FOL) y centros de seguridad cooperativa (Cooperative Security Locations; CSL), en Comalapa (El Salvador), Soto Cano (Honduras), Guantánamo (Cuba), Roosevelt Roads (Puerto Rico), Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curaçao) –islas bajo jurisdicción de los Países Bajos–, Iquitos y Nanay (Perú), Liberia (Costa Rica) y Manta (Ecuador). Pero mientras que, en línea directa con la Doctrina Monroe8, la “indócil” América Latina se volvía nuevamente prioritaria, Roosevelt Roads fue cerrada en mayo de 2003, como consecuencia de importantes manifestaciones de los habitantes de la isla de Vieques (Puerto Rico). Brasil se negó a conceder a Estados Unidos, que la solicita hace mucho, la estratégica base de Alcantara, situada en su territorio. Con la llegada al poder del presidente Fernando Lugo, en Paraguay, se detuvo el proyecto de ocupación del aeropuerto Mariscal Estigarribia, situado a menos de 100 kilómetros de la frontera boliviana –lo que quizás no sea ajeno a las actuales dificultades de Lugo–. Última contrariedad, el jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa no renovó la concesión de Manta, que finalizaba el 18 de septiembre de 2009 y desde donde operaban los aviones espías Orion C-130 y AWACS. Por un breve momento se pudo creer que la Casa Blanca había abandonado la belicosa retórica de George W. Bush. Pero sería olvidar que la planificación del Pentágono es independiente de quien llegue a ser el Presidente en función, quien por más que sea el “comandante en jefe” –y parece que Barack Obama no es una excepción–, ratifica muy a menudo las recomendaciones y decisiones del Estado Mayor Conjunto y del Departamento de Defensa. Tanto Washington como Bogotá aseguran que no se trata de establecer “bases estadounidenses”, sino tan sólo de usar las “instalaciones colombianas”. Así, el 8 de diciembre de 2009, en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) de Montevideo, el vicepresidente colombiano Francisco Santos declaró: “Podemos superar las diferencias sobre una base de respeto mutuo y la

seguridad de que el acuerdo con Estados Unidos jamás será utilizado para ninguna acción contra ningún país del continente”. No convenció, como tampoco lo hizo Uribe, recibido fríamente –salvo en Lima– durante su gira de “franca explicación” del 4 al 6 de agosto de 2009 en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Y con razón… En mayo de 2009, para obtener la financiación del acondicionamiento de la base de Palanquero, un documento del Departamento de Defensa presentado al Congreso estadounidense precisaba: “El desarrollo de este CSL brinda una oportunidad única para un amplio espectro de operaciones en una subregión crítica de nuestro hemisferio, donde la seguridad y la estabilidad están bajo la constante amenaza de insurgencias narcoterroristas, de gobiernos antiestadounidenses [el destacado es nuestro], de una pobreza endémica y de constantes desastres naturales”9. No hay forma más clara de decir que el objetivo de las bases es efectuar misiones de inteligencia militar sobre el conjunto de América del Sur, y que el despliegue de tropas estadounidenses permitirá eventuales operaciones abiertas y/o clandestinas, en Colombia y en la región. Como el Plan Colombia, el acuerdo autoriza la presencia de 800 militares estadounidenses y 600 contractors (contratistas) pertenecientes a las empresas más poderosas del complejo militarindustrial –entre otras DynCorp, Bechtel, Lockheed Martin, Rendon Group y Raytheon. En la mira Por supuesto, las reacciones más vivas provienen de naciones que están en la mira de Washington, como Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. Ya se conoce allí la tradición estadounidense de utilizar a terceros países para espiar, desestabilizar o lanzar ataques militares contra gobiernos “molestos”. En 1954, la operación destinada a derrocar al presidente de Guatemala Jacobo Arbenz fue lanzada a partir de bases (en este caso clandestinas) instaladas en Nicaragua y en Honduras. Idéntica estrategia que la de la tentativa de invasión de Cuba, en Bahía de los Cochinos, organizada en abril de 1961 desde Guatemala y Nicaragua. Honduras también sirvió como plataforma de la estrategia de Washington en la guerra que se impuso a la Nicaragua sandinista en la década de 1980, con la base estadounidense de Palmerola (Soto Cano) como principal punto de apoyo. Bogotá anunció la creación de una nueva división (12.000 hombres, 6 batallones) en la frontera

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con Venezuela, y de una base en la península de la Guajira, también fronteriza. Por su parte, el gobierno panameño informó que Estados Unidos establecerá dos (e incluso tal vez cuatro) bases navales en el país, en Bahía Piña y en Punta Coca. Mientras tanto, las provocaciones se multiplican –sobrevuelo ilegal del territorio venezolano por un dron (vehículo aéreo no tripulado) procedente de Colombia (20 de diciembre de 2009) y por dos cazas estadou nidenses (17 de mayo de 2009 y 7 de enero de 2010) que despegaron de Curaçao–, paramilitares colombianos se infiltran y la guerra psicológica está en su apogeo. Así, Venezuela aparece (junto con Bolivia y… ¡Birmania!), en el grupo de los tres países que, según Washington, no se esfuerzan por luchar contra el narcotráfico10. El 25 de mayo de 2009, el diario El Tiempo (Bogotá) publicó informaciones del servicio secreto colombiano que afirmaban que una docena de jefes guerrilleros viven en Cuba, en Ecuador y en Venezuela. Ya en marzo los generales colombianos se declaraban preocupados por no poder actuar “sobre los diez campamentos de jefes rebeldes de las FARC en Venezuela y en Ecuador”11. En nombre de la lucha contra la “narcoguerrilla” se establecen los elementos de un escenario catastrófico. El 28 de diciembre de 2009, ante la sospecha de que Bogotá se preparaba a poner en escena “falsos positivos” para justificar una incursión o un ataque en su país, Chávez declaraba: “No sería extraño que ellos, que matan tanta gente en Colombia, maten a no sé qué gente, ni cuánta gente, los traigan a territorio venezolano (…), construyan un campamento improvisado que también contará con armamento y panfletos con propaganda (…) y digan: ahí está la base de los guerrilleros”12. Por el momento, no es factible ni se proyecta una agresión directa de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela. Pero el menor incidente fronterizo causado por un enfrentamiento entre fuerzas venezolanas y colombianas, o incluso simplemente fabricado, puede servir de pretexto para detonar un conflicto en el curso del cual Washington acudiría en ayuda de su aliado. Sabiendo que las numerosas bases y la IV Flota estadounidense, reactivada en 2008, cercan por completo a Venezuela.

La Constitución (art. 173 y 237) autoriza sólo “el tránsito” –es decir el paso temporario– de tropas extranjeras por el territorio de la República, con acuerdo del Senado y opinión favorable del Consejo de Estado, requisitos que el gobierno no cumplió. Por otra parte, en ausencia de tratado internacional aprobado por el Congreso y sujeto a un control de legalidad por parte de la Corte Constitucional, ese acuerdo viola los artículos 150-16 y 241-10 de la Constitución.

En el marco del Plan Colombia, militares e instructores estadounidenses ya están en las bases de Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo.

TeleSur, Caracas, 10-8-09.

TeleSur, 8-11-09.

Firmado por los presidentes James Carter y Omar Torrijos en 1977, fijaba el 31 de diciembre de 1999 como fecha límite para devolver el canal y el conjunto de las instalaciones de la Canal Zone (CZ) a manos panameñas, así como el cierre de las bases estadounidenses.

Principios enunciados por el presidente James Monroe en su mensaje al Congreso del 2-12-1823, que establecen, de hecho, la dominación de Estados Unidos sobre todo el continente americano.

Department of the Air Force, “Military Construction Program. Fiscal Year (FY) 2010. Budget Estimates. Justification Data Submitted to Congress”, mayo de 2009. 9

El 13-8-09, después de que la Guardia Nacional interceptara más de 3 toneladas de droga (marihuana) en el estado Táchira, el ministro del Interior venezolano Tareck el Asaimi señalaba que el camión había pasado sin inconvenientes tres puestos de control, de tres organismos de seguridad, del lado colombiano de la frontera, en Cúcuta.

Noticias 24, Caracas, 6-3-09.

Venezolana de Televisión, Caracas, 2812-09.

Traducción:

teresa garufi

The New York Times, 10-8-1999.

De Nueva Granada, antiguo nombre de Colombia.

*Jefe de redacción de Le Monde diplomatique, París.

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Caracas, enero-febrero de 2010

Golpe de Estado permanente en Paraguay musseau*

Ilustración: Felipe García

por françois

En el centro de Asunción, la capital de Paraguay, en el número 710 de la calle Chile, entre dos altos edificios administrativos, la pequeña casa colonial de un solo piso y con las ventanas enrejadas tiene un aspecto poco atractivo. En la fachada hay una pequeña placa dorada: “Museo de la memoria”. En el interior, innumerables fotos ilustran los años de plomo de la dictadura de extrema derecha del general Alfredo Stroessner (1954-1989), una de las más brutales del continente. En ese laberinto de salas oscuras, aparece la antigua oficina del coronel estadounidense Robert K. Thierry, que vino a “instruir” a los esbirros de Stroessner en las diferentes técnicas de tortura. Especialmente en la que terminó siendo la más tristemente célebre, la “pileta”, una bañera llena de excrementos en la cual se sumergía a los opositores, con frecuencia comunistas, hasta el límite de sus fuerzas. Al fondo del patio, el visitante descubre dos celdas que eran utilizadas por los torturadores. Dos bañeras lo prueban, así como algunos instrumentos con los que se aplicaban descargas eléctricas a los “recalcitrantes”. Este museo, abierto en 2006, está ubicado en los locales de lo que fue la terrible Escuela Técnica, por la que desfilaron unas diez mil víctimas. “En

*Periodista.

total, fui detenido diecinueve veces –confía Waldimiro Valois Cabañas, de 88 años, que ha venido en peregrinaje–. De todas las prisiones que conocí, este lugar era el más horrible. Me acuerdo del comisario Alejandro Schreiber, un auténtico nazi”. Firme y digno, Cabañas también ha ido al museo con la intención de obtener una reparación financiera por parte del Estado paraguayo. “Recopilé todas las informaciones relativas a mi hermano y a mí, para solicitar una indemnización al gobierno. Pero no tengo muchas esperanzas porque a nosotros, las víctimas de la dictadura, nos quieren olvidar. En el Paraguay de hoy molestamos porque encarnamos un pasa-

do vergonzoso”. Sólo veinte años pasaron desde la caída de Stroessner. Pero de paseo por Asunción pareciera que la dictadura nunca existió. Fuera de este modesto museo, no hay ninguna placa conmemorativa, ningún monumento en homenaje a los 19.862 detenidos y a los 18.772 torturados1. Los políticos, muchos de los cuales provienen del “antiguo régimen”, se callan. Y los medios de comunicación sólo mencionan este período negro con una infinita prudencia. A bordo de un taxi que zigzaguea por el ensordecedor microcentro de Asunción, Cabañas señala las comisarías. “Eran centros de interrogación y de tortura

conocidos por todos. Hoy estos lugares parecen tan normales que, a veces, me pregunto si nuestro infierno no habrá sido un sueño”. Ha llegado la hora de un Paraguay democrático y… amnésico. El 20 de abril de 2008, cansados por décadas de incuria, corrupción y autoritarismo –sesenta y un años consecutivos de dominación exclusiva del Partido Colorado, del cual Stroessner era miembro– el 40,8% de los electores colocaron sus esperanzas en la figura del “obispo de los pobres” Fernando Lugo, muy comprometido socialmente, ajeno a las esferas oligárquicas y virgen de todo escándalo financiero2. Un terremoto político y simbólico en este

país que nunca había tenido en su historia un período dominado por una izquierda democrática. En el entorno de Lugo subrayan el hecho de que si bien ese pasado “molesta”, hay que darle prioridad a la economía. Paraguay, uno de los países más pobres de América Latina, no muestra ningún signo de despegue. Por otra parte, el margen de maniobra del presidente Lugo es “muy reducido” o “casi nulo”. Por cierto, el gobierno hizo detener a Sabino Montanaro, de 87 años, ministro del Interior durante la dictadura: al regresar en mayo de 2009 de su exilio hondureño, seguro de sí mismo, el anciano fue interpelado y detenido preventivamente en la penitenciaría de Tacumbú, cerca de Asunción. Sus idas y venidsa entre la cárcel y el hospital militar –el hombre está muy enfermo– apasionan a los paraguayos, estupefactos ante este golpe teatral, impensable hasta ahora: ¡uno de aquellos que encarnaban el terror del régimen stronista comparecerá ante un tribunal! “Evidentemente, se trata de una gran noticia, pero también es el árbol que tapa el bosque. Ningún responsable militar de la dictadura ha pagado por sus crímenes. En total, al día de hoy, sólo cinco policías y su jefe, Pastor Coronel, fueron condenados a penas de prisión. Mientras los jueces chilenos y argentinos actúan en la dirección correcta, aquí es el reino de la impunidad”, dice Carlos Portillo, profesor de Derecho, que fue uno de los nueve miembros de la Comisión de Verdad y Justicia en-

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tre 2003 y 2008. Este organismo fue “cuidadosamente mantenido en el anonimato por los círculos mediático-políticos”, explica con una mueca de despecho. ¿Podría ser de otra manera? La Alianza Patriótica para el Cambio (APC), que llevó a Lugo al poder, no es más que una coalición de ocho partidos políticos, entre los cuales se destaca el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), al que pertenece el vicepresidente Federico Franco. Los dirigentes de este partido, rival histórico del Partido Colorado, también han sido (y son) salpicados por innumerables escándalos de corrupción. “¿Cómo, entonces, puede [Lugo] hacer avanzar su gran promesa electoral: la reforma agraria?”, se pregunta Jorge Torres, cronista del diario ABC Color. En Paraguay, un país eminentemente agrícola (la ganadería y la agricultura representan el 30% de su Producto Interno Bruto), esta reforma siempre fue aplazada hasta las calendas griegas. Según la Presidencia de la República, el 1% de los latifundistas posee el 77% de las tierras, mientras al menos 200.000 campesinos esperan, ansiosos, que se realice una nueva distribución. Alrededor de otros cien mil “sin tierra”, que en un primer momento engrosaron la población de los suburbios de las grandes ciudades (Asunción, Ciudad del Este), emigraron a partir de 2004 a Estados Unidos o a España. Tomas Zayas, directivo de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (CNOCIP), lucha activamente contra esta “injusticia flagrante”. Y no deja de alentar a los “sin tierra” a ocupar grandes propiedades “improductivas”, corriendo el riesgo –frecuente– de que lo muelan a palos miembros de la fuerza pública o milicias privadas pagadas por los latifundistas. El propio Zayas logró su objetivo, en 1989, en el Alto Paraná, muy cerca de la frontera con

Brasil. Hoy, bajo su dirección, 170 familias campesinas se reparten 762 hectáreas conquistadas con gran esfuerzo, en una colonia bautizada “El Triunfo”. Son tierras que les permiten sobrevivir, aun cuando resulten miserables en comparación con las decenas de miles de hectáreas de los vecinos, cultivadores de soja transgénica, en su mayoría de origen brasileño. “Somos una excepción –dice Zayas–. La mayoría de las comunidades no puede resistir ante el avance de los grandes productores. Es necesaria una real reforma agraria, si no esta aplanadora terminará por empobrecer a todo el Paraguay rural”. La soja transgénica, cultivada en 2,7 millones de hectáreas, requiere muy poca mano de obra (un peón cada 500 hectáreas) y, además, sólo una ínfima parte de los mil millones de dólares anuales que genera llega a las cajas del Estado. Es mejor repartir las tierras, pero ¿cómo? El Estado paraguayo no tiene recursos para comprarlas. Ciertamente, podría “recuperarlas”, ya que cantidades inmensas de tierras fueron distribuidas de manera arbitraria e ilegal, bajo la dictadura, a militares o empresarios “amigos”. Aquí se habla de “tierras mal habidas”, tierras mal adquiridas que, con frecuencia, en ese caos administrativo, están dotadas de diversos títulos de propiedad. Para los numerosos campesinos perjudicados, la única posibilidad de lograr algo es la vía judicial; por otra parte, miles de disputas territoriales se acumulan en los tribunales. “Allí se toca el nervio del sistema, es decir, el poder judicial –se indigna Mirta Barreto, presidente del Centro de Servicios y Estudios Rurales (CSER)–. Los jueces están muy corrompidos, por eso defienden los intereses de los latifundistas. En el Estado actual, es imposible cualquier tipo de justicia sobre la propiedad de la tierra”. Este cerrojo judicial es uno

de los peores obstáculos para el reformador Lugo. Sin la colaboración de los magistrados, la reforma agraria seguirá siendo una quimera. Lo mismo ocurre con cualquier otra modificación constitucional que le pudiera dar al Presidente mayor libertad de acción. La lucha es particularmente difícil porque los nueve altos magistrados del Tribunal Supremo se han autodeclarado inamovibles hasta la edad de 75 años. “Un golpe de Estado permanente –se indigna un diplomático occidental que desempeña funciones en Asunción–. ¿Cómo quiere usted que se lleve a cabo un cambio estructural, cuando los árbitros indispensables para ese posible cambio, productos puros del antiguo régimen, se oponen ferozmente a él?”. Nada sorprendente, a diferencia de las otras ex dictaduras del Cono Sur (Brasil, Argentina, Uruguay), en Paraguay no se ha producido una verdadera ruptura. El golpista que derrocó a Stroessner en 1989, el general Andrés Rodríguez, era su propio yerno. Tras una fachada democrática, instauró un régimen tan autoritario como el anterior y además relacionado, desde las más altas esferas del poder, con el contrabando y el tráfico de drogas. El Partido Colorado siguió mandando, no importa el nombre de los sucesivos presidentes (Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau, Oscar Nicanor), se siguió manteniendo el mismo sistema clientelar, con la complicidad activa de los jueces, abogados, senadores, diputados y altos funcionarios. En la actualidad, día a día, esta madeja de complicidades ligadas al Partido Colorado o al PLRA descarga su bilis contra Lugo, a través de unos medios adeptos a la derecha más conservadora. Un día, a causa de sus excelentes relaciones con los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nues-

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tra América (ALBA) integrada por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbudas), el ex obispo es acusado de “deriva populista al estilo Hugo Chávez”; al día siguiente, sería compinche de los “guerrilleros” que raptaron a Fidel Zavala, un ganadero cuyo secuestro, en octubre de 2009, desencadenó una vasta movilización popular. Esta ofensiva llevó al Presidente a destituir a los más altos mandos militares, el 6 de noviembre de 2009, en medio de rumores de golpe. Aun así, la sombra de Honduras, donde un golpe de Estado derrocó en junio pasado al presidente Manuel Zelaya, se extiende sobre Paraguay. Cada vez que Lugo intenta implementar una política de reformas, debe enfrentar al Parlamento, donde ya no dispone de ningún apoyo, porque el PLRA se unió a la oposición de derecha y extrema derecha3. Desde todas partes se ejercen presiones para poner fin a su mandato o para destituirlo, con los más diversos pretextos; el vicepresidente Franco no deja pasar la ocasión de señalar que está “dispuesto a gobernar”. “Los que se oponen al cambio son todopoderosos, son los dueños del país”, constata Augusto Barreto, productor musical y periodista que, con telediez.com (televisión en internet), ataca los abusos de poder y los escándalos de corrupción que afectan a la elite dirigente. En la cincuentena, con un humor corrosivo, el hombre no carece de valor. El 20 de noviembre de 1995 cuatro matones asesinaron a su padre, que se había atrevido a denunciar al general Rodríguez como narcotraficante. “Lo que es inaudito –confía–, es la tranquilidad con la cual se pavonean aquellos que fueron los peores elementos de la dictadura. Como Martín Chiola, íntimo de Stroessner e incorregible senador Colorado. O Dióge-

nes Martínez, un torturador que después fue nombrado ¡ministro de Relaciones Exteriores y Procurador General del Estado!” Siempre en el centro de la capital, se levanta una de esas viviendas blancas, con columnas,de la oligarquía. Es la oficina del senador Alfredo Stroessner, nieto del dictador fallecido en Brasil en 2006. De gran estatura y sonrisa seductora, el hombre se ha impuesto como una de las jóvenes promesas del Partido Colorado. Condena los “atentados a los derechos humanos” de su abuelo, pero de ninguna manera niega su herencia. Por donde pasa, “Goli” –así lo llaman– es recibido con respeto, cuando no triunfalmente. Este retoño de Stroessner se ha sacado el premio mayor, heredero de un holding familiar (finanzas, construcción, ganadería, transporte) y de una parte de la fortuna de su abuelo, estimada en 900 millones de dólares y aprovecha el temor que inspira. Seguro de sí, ya ha anunciado su candidatura para la elección presidencial de 2013, una candidatura que, sin duda, no tendrá ninguna dificultad en financiar. Ya se presenta como… “el hombre del cambio”. Traducción:

luca vera

Cifras establecidas por la Comisión de Verdad y Justicia y hechas públicas a fines de 2008. El informe estima la cantidad de víctimas directas e indirectas de la dictadura –desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones, tortura, violaciones y exilio político– en 128.076.

La tasa de participación en esta elección por mayoría simple, en una sola vuelta, fue del 65%. Véase Renaud Lambert, “Au Paraguay, l’’élite’ aussi a voté à gauche“, Le Monde diplomatique, París, junio de 2008.

Lugo sólo dispone de tres senadores sobre un total de 48 y de dos diputados de los 80 de la Cámara.

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En peligro el incipiente proceso democrático

Una amenaza latente en Paraguay por gustavo

La elección de Fernando Lugo Méndez como presidente del Paraguay en las elecciones del 20 de abril de 2008 marcó un hito en la historia política del país. Con la asunción del ex obispo católico, por primera vez se traspasa el mando de un signo político a otro sin un golpe de Estado militar o un levantamiento civil con apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA).

*Periodista.

El nuevo gobierno asumió el poder como esperanza de un cambio en el Paraguay; donde se juntan postergadas reivindicaciones sociales y nacionales, luego de más de 60 años de gobiernos colorados. La trilogía Partido Colorado-Gobierno-FFAA fue inalterable durante los 35 años de la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989), sumergiendo en la absoluta pobreza y marginación a la mayoría de la población paraguaya, suprimiendo las garantías constitucionales, estableciendo el Estado de sitio permanente y la atroz persecución a sus opositores. Infortunados antecedentes no permiten siquiera pensar en un retroceso político en tan corto tiempo. Este axioma sin embargo se enfrenta con la decisión de iniciar un Juicio Político al presidente Lugo por parte de un importante segmento del Poder Legislativo dominado por opositores conservadores y de derecha de la Asociación Nacional Republicana (ANR), la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), el partido Patria Querida (PQ) y una facción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) liderada por el actual vicepresidente de la Nación, Federico Franco. El PLRA fue el principal sostén político que llevó a Lugo al poder, pero el sector franquista1 muy pronto pasó a la oposición buscando el apoyo de la ANR, UNACE y PQ para ubicar al vicepresidente en el sillón presidencial. Este quiebre provocó que la bancada liberal se quedara sólo con los diputados y senadores que respondían al senador Blas Llano, al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre y al senador Luis Alberto Wagner. Con elementos pueriles que no competen a cuestiones de Estado (como el escándalo mediático sobre la paternidad del presidente Lugo –fruto de una relación con una joven cuando aún pertenecía a los estrados de la Iglesia Católica) intentan iniciar un juicio de destitución a Lugo. Todo, con la ayuda de los monopolios mediáticos que hablan de “los hijos de Lugo” y de un supuesto manejo de su gobierno por parte de “enemigos externos” representados en las figuras de Hugo Chávez y Evo Morales. Bajo esas premi-

torres*

sas y animada por la “solución hondureña” para correr de Paraguay la “influencia bolivariana y el comunismo”, la oligarquía paraguaya (a través de sus representantes que ocupan sus curules en el Parlamento Nacional, el Poder Judicial y los organismos de seguridad –algunos sectores antidemocráticos del cuadro de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) preparó el escenario –el 6 de noviembre pasado– para que a través de un push militar– parlamentario se llamase a un Juicio Político al presidente Fernando Lugo, alegando que el país va a la deriva y que por lo tanto habría que actuar rápido para que no se quebrantara la “democracia representativa” enarbolada por los partidos tradicionales y la ultraderecha frente a una democracia establecida en la Constitución Nacional de 1992 y cuya puesta en vigencia es impulsada por los movimientos sociales, los partidos progresistas y de izquierda. La resistencia al cambio A pesar de su crisis de dirección los partidos de derecha rápidamente se rearticulan para neutralizar cualquier iniciativa de cambio que el Ejecutivo promueva, cuya debilidad se refleja en el Poder Legislativo y Judicial, además de indecisiones propias para administrar un mar de intereses superpuestos, donde la propiedad y el control sobre la tierra son el tapete de la discusión. En esta etapa, la rancia derecha paraguaya modula acuerdos para debilitar al gobierno de Lugo con campañas de desgaste e interpelaciones maniobradas a Secretarios de Estado, para que con el reinicio del período de sesiones parlamentarias en marzo próximo se pueda concretar la amenaza de destitución de manera “democrática y legalista”, que implique el uso de instrumentos constitucionales para remover al Presidente vía Juicio Político2, aprovechando la superioridad numérica en ambas cámaras del Congreso Nacional. Al mismo tiempo, los medios empresariales pasan a engrosar al sector opositor con constantes ataques y cargando sus titulares de improperios a la figura presidencial y a “la mala gestión gubernamental”, haciendo eco de todos los temas que colaboren

para obstruir cuanto antes el proyecto de cambio democrático iniciado el 15 de agosto de 2008. En este frente se coloca el diario Abc Color, cuya línea editorial se ubica claramente a favor de una situación de inestabilidad política, marcando la agenda a debatir y colmando sus páginas con opiniones de protagonistas antidemocráticos. “Caso Teixeira, el escándalo del presidente”,3 se convirtió en una de las sistemáticas campañas de desinformación llevada adelante por este matutino con el fin de frenar proyectos de modelos de asentamientos campesinos. En esta serie de publicaciones, y con argumentos que carecen de todo sustento técnico, el gobierno de Lugo es condenado por intento de estafa al Estado tras dar su aprobación para la compra de una propiedad de 22 mil hectáreas al terrateniente brasileño Ulises Teixeria4 –ubicada en el límite entre los departamentos de San Pedro y Amambay, al noreste del país– con el objetivo de iniciar la política de reforma agraria. Esta parcela sería adquirida por el Estado paraguayo como parte de la primera adjudicación a un grupo de campesinos sin tierra de esa región. El operativo de prensa se argumentó sobre un supuesto de “sobrecostos de 30 millones de dólares para la compra de esta propiedad y acordado premeditadamente entre el Ejecutivo y los referentes de izquierda de su gobierno para favorecer con la abultada cifra a los grupos de izquierda y fortalecer su agenda política en el país”. Tras esta fuerte campaña mediática se congelaron todos los trámites para la compra de ésta y otras propiedades, incluso para la recuperación de las tierras malhabidas (o maladjudicadas) durante la dictadura stronista a personas que no son sujetos beneficiarios de la reforma agraria. De esta manera, agroganaderos aliados a los medios empresariales, representantes parlamentarios y judiciales, desatan una guerra sin cuartel5 contra el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y sus proyectos de reforma agraria, principal promesa electoral de la Alianza Patriótica para el Cambio6. Esta tenaz alianza explica a priori cómo el poder político y el latifundio van de la mano.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y otras estructuras que representan al sector sojero y de los agronegocios, completan el cuadro conspirativo para tumbar el gobierno de Lugo antes de 2013. Con argumentos como los de la inseguridad en el campo (refiriéndose a las amenazas de las organizaciones campesinas de llevar a cabo acciones contra los monocultivos sojeros y a los últimos secuestros de ganaderos del departamento de San Pedro y Concepción7) se desata una campaña conspirativa con base en el anuncio de apoyo del gobierno a la producción campesina tradicional, la promesa de un mayor control al uso de los agrotóxicos en las plantaciones de soja, y el eventual tributo a la renta sojera. Esta campaña ha provocado constantes amenazas y chantajes como el de paralizar al país con paros agrarios denominados “tractorazo”8. Además, como claro vocero de la oposición, Abc Color ha empezado una inmisericorde campaña contra el acuerdo entre las estatales Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la provisión, por parte de PDVSA, de combustibles y su respectivo traslado (fletes) hasta el puerto de Asunción. Este convenio fue considerado por el diario como un negociado “para sacar del medio a las navieras locales a través de un pliego leonino”, arguyendo además que la buena relación entre Lugo y Chávez hace peligrar la democracia paraguaya. ¿Qué ha cambiado en Paraguay? Si algo ha cambiado en Paraguay es sin lugar a dudas la aparición de nuevos actores políticos y sociales. Ahora, ¿por qué este sistemático ataque contra el gobierno cuando apenas lleva gobernando un año y cinco meses? ¿Cuál sería el punto de apoyo del Presidente ante un eventual juicio político? ¿Quiénes se benefician con una inestabilidad política en el país? Para responder parte de estos interrogantes es necesario señalar primero que para la derecha paraguaya no fueron suficientes los mensajes y las acciones del presidente Lugo, quien aclaró

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una y otra vez que su gobierno se ubicaba en el centro (poncho juruicha mbytetépe9), dejando en claro que se encontraba lejos de girar a la izquierda o de adherirse al Socialismo del siglo XXI de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia. Suficiente guiño para demostrar a sus oponentes conservadores que su gobierno es de la línea de la Concertación chilena o del Frente Amplio uruguayo, modelos que dicen aceptar la derecha y la oligarquía paraguaya10. Sus críticos desde la izquierda le reprochan su posición centrista, teniendo en cuenta que estar ubicado en una línea socialdemócrata en un país como el Paraguay, es estar muy cerca de la derecha tradicional. Es evidente que la derecha espera mayores concesiones de Lugo y presiona para que rompa definitivamente con el frente social-campesino de orientación de izquierda y con sectores progresistas. Precisamente, el Obispo devenido a Presidente es germen de una región donde la disputa político-ideológica es constante debido a una extraordinaria experiencia de movilizaciones sociales y campesinas. Los movimientos populares han tenido un rol fundamental desde la caída de la dictadura; probablemente el más importante de todos ha sido el de ejercer presión sobre los sucesivos gobiernos colorados para avanzar en conquistas sociales y democráticas. Se constituyeron en el principal –si no el único– oponente estable a las fuerzas más conservadoras de la sociedad paraguaya y a las políticas neoliberales dictadas desde Washington. Es por ello que si el proceso encabezado por Lugo llegara a buscar profundizar los cambios, el gobierno deberá apoyarse en los sectores de izquierda, progresistas y fuerzas sociales movilizadas, además de apostar por un sistema de democracia participativa, como el Ñemongeta Guasu11 que implementó durante la campaña electoral, recorriendo todo el país para escuchar los problemas, las propuestas y las preguntas de la gente, acción que le redituó enormemente para llegar al triunfo electoral del 20 abril de 2008. El reencauzamiento de este tipo de iniciativas durante las jornadas de gobierno, en el interior del territorio nacional, favorecería su estabilidad política y le ofrecería la posibilidad de ganar firmes aliados y liderar un gran frente político-social, teniendo en cuenta que carece de un partido propio que lo sostenga. Además, cabe señalar que el apoyo internacional (principalmente por parte de los gobiernos de la región representados en el Mercosur) con el que cuenta Fernando Lugo es de enorme valor agregado, cons-

tituyendo una fortaleza en el caso de que la insistencia opositora de llevar a cabo un juicio político al Presidente se concretara. El proceso en la actual coyuntura En esta etapa, la figura de Lugo es clave para romper con el bipartidismo hegemónico. Sin embargo, la capacidad de rearticulación y gestión del poder del Partido Colorado, con su gran maquinaria, indica que aún es un gigante dormido que va apostar todas sus fichas en las elecciones municipales de noviembre. El PLRA, en cambio, demuestra un mayor desgaste al tener un vicepresidente opositor sin mucho apoyo en las bases y en la conducción partidaria. No obstante, estos dos centenarios partidos políticos, con sus facciones más conservadoras, demuestran una alianza estratégica dentro del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral y la Fiscalía General del Estado. En ese orden, se articulan en el Congreso sectores que responden al senador colorado Juan Carlos Galaverna, al vicepresidente Federico Franco y a referentes del stronismo, con la intención de persuadir al partido Patria Querida, liderado por el financista Pedro Fadul, para unirse a ellos. El libreto a seguir es el plan que abiertamente señala el senador liberal Alfredo Luis Jaeggli: “En menos de seis meses hay que sacar al presidente Fernando Lugo, antes de que las organizaciones sociales se fortalezcan”. Asimismo, el golpista Lino Oviedo de UNACE12 continúa avanzando y apoyando los planes para desestabilizar al gobierno y ubicarse como líder político que aglutine al frente opositor. En ese aspecto se entiende el recorte al Presupuesto General de Gastos –principalmente al que responde a los gastos sociales– y la renuencia a cualquier modificación de la Constitución en lo que respecta especialmente al Sistema Electoral y Judicial, enclaves en las cuales se sostiene el freno institucional en el Paraguay. Es notoria la presencia activa de conocidos grupos del poder fáctico en la obstrucción abierta o encubierta a cualquier pretensión de cambios que pudieran peligrar sus antiguos privilegios heredados del stronismo, como abiertamente lo demuestran los oligarcas ganaderos como Eduardo Avilés13, Alberto Soljancic, entre otros, cuando llaman públicamente a asesinar o perseguir a “comunistas” –pronunciamientos que ni siquiera tuvo en cuenta la Fiscalía General del Estado para tomar alguna medida judicial-policial. El senador Jaeggli no se ha quedado atrás al vanagloriar el plan para derrocar al gobierno y los instru-

mentos para maniatarlo, negando los fondos de inversión social desde la Comisión Bicameral de Presupuesto y al mismo tiempo oponiéndose a la aplicación del Impuesto a la Renta Personal. La negativa para dar el acuerdo constitucional a varios candidatos a embajadores en países considerados vitales, entre ellos los vecinos Brasil y Argentina, y al ingreso de Venezuela al Mercosur; son ejemplos palpables de que el gobierno de Lugo es rehén de un Parlamento dominado por una dura oposición que no está dispuesta a continuar el juego democrático y aceptar un necesario proceso de cambio en el país. A partir de una lectura apresurada de una información que afirmaba que Bolivia “se estaba armando”, los parlamentarios opositores aprovecharon la ocasión para forzar en la agenda una hipótesis de conflicto con Bolivia, cuando en realidad esta nación sólo estaba discutiendo un préstamo de cien millones de dólares para comprar, entre otras cosas, un avión presidencial y modernizar algunas unidades de combate. La alarma opositora justifica la necesidad de una preparación militar para enfrentarse a Bolivia arguyendo que el presidente Evo Morales recibe ayuda de su par venezolano, Hugo Chávez, para aumentar su capacidad bélica, “trayendo consigo la bolivarización de las FFAA de la región” que, por efecto dominó, podría pulverizar a las Fuerzas Armadas paraguayas. Esta hipótesis de conflicto no es más que un rumor falaz, puesto que el motivo de la invasión boliviana para buscar una salida al mar por el Chaco es ya una plétora desgastada desde la Guerra del Chaco (1932-1935)14. En contraste, la simpatía hacia una mayor política de acercamiento con Estados Unidos (EEUU) en temas de seguridad y defensa es urgida desde la vereda opositora. El senador del UNACE, Oscar Tuma, lamentó el rechazo del presidente Lugo del “programa de acción social” denominado cooperación Nuevo Horizonte 2010; un programa que debía ser llevado adelante por alrededor de 400 militares estadounidenses para la construcción de caminos, escuelas, puestos odontológicos, etcétera. Al respecto, el Jefe del Comando Sur de EEUU, general Douglas Fraser, durante una reciente visita a Asunción, ha manifestado su desilusión por la negativa del Presidente paraguayo para llevar a cabo el programa Nuevo Horizonte 2010. Las contradicciones del gobierno de Lugo Las ambigüedades y la ausencia de una clara política de gobierno son algunas de las características de Lugo en esta

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etapa de su mandato. La anticipada entrevista con el presidente estadounidense, George Bush sobre “cooperación” y los acuerdos suscritos con el presidente colombiano Álvaro Uribe sobre asesoramiento y cooperación de inteligencia15 a las fuerzas policiales paraguayas “para combatir los secuestros”, son acciones consideradas continuistas para sus aliados de la izquierda. Sin embargo, para mostrar su pendular política exterior, después de reunirse con Bush, Lugo se encontró con Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Cristina Fernández y Michelle Bachelet. Este cambiante recorrido se percibe constantemente. Paradójicamente, pese al rechazo del gobierno de Lugo de la continuación del programa Nuevo Horizonte, en un reciente acto público, un pertrecho de equipamientos militares fue donado al Batallón Conjunto de las Fuerzas Especiales de Paraguay por el programa “Equipo 1208” del Comando Sur de Estados Unidos “para cumplir con misiones de combate al terrorismo y planes de seguridad integral”. Dicha entrega se canalizó a través del Programa Internacional de Instrucción y Capacitación Militar, ejecutado a través de la oficina de Cooperación de Defensa. Estos acuerdos se demuestran en la práctica mediante los hechos ocurridos en el interior del país en los que fuerzas policiales y militares trabajan en conjunto: tal es el caso del operativo Jerovia en enero de 2009, Sombra y Triángulo en noviembre pasado y el operativo Jaguareté en enero último para hacer misiones frente a los secuestros y a la demanda de organizaciones campesinas en el conflicto por la tierra. Según el abogado Juan Martens, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la figura del delincuente o terrorista en Paraguay es construida discrecionalmente por quienes detentan el poder. Asimismo, muchas de las ejecuciones han sido encubiertas o legitimadas por una fiscalía excesivamente “colombianizada” y por la criticada propuesta de modificación del Código Procesal Penal paraguayo16. Ante estos hechos sin embargo recobran un brío esperanzador las declaraciones del presidente Lugo durante la firma de acuerdo entre el Espacio Unitario Congreso Popular y la Alianza Patriótica para el Cambio para consolidar los cambios y la apuesta electoral para las elecciones municipales: “Los partidos progresistas son los que marcarán el futuro de nuestro país. El 20 de abril de 2008 la ciudadanía ha dado su veredicto y ha dejado en el pasado a los partidos tradicionales, que hoy lloran por la leche derramada”. A partir de

estas palabras, los opositores más reaccionarios pegaron el grito al cielo sacudiendo al sector luguista del PLRA para que actuara porque Lugo había usado el término “tradicionales” incluyendo a los liberales. Estas pequeñas acciones participativas son las contrariedades que el actual gobierno genera en la patria latifundista17 que ya encuentra motivos suficientes para encarar un proyecto destituyente contra Lugo. Es importante resaltar en este punto también el reciente nombramiento como director de la entidad Binacional Itaipú al del economista Gustavo Codas, de cercana vinculación a la izquierda. Este hecho sugiere una señal de enorme significación: intentar romper la hegemonía de los partidos tradicionales de la dirección de la mayor hidroeléctrica de la región, así como avanzar en los puntos que se encuentran pendientes en la declaración LugoLula, del 25 de julio de 2009, como punto de inicio para el logro de una mayor compensación de la energía cedida por el Paraguay a su vecino-socio, y el comienzo de la recuperación soberana sobre la energía que le corresponde al país (otras de las promesas enarboladas por Lugo durante la campaña electoral). Lo concreto es que en estas circunstancias hay mucho que discutir y mejorar en la gestión actual, comenzando por el cumplimiento de las promesas electorales del Presidente, y acelerar, entre otras cosas, la aplicación de la reforma agraria. Para ello, ha empezado a consolidarse un frente a través de la unificación de las fuerzas democráticas y progresistas paraguayas que articulan movimientos de masas crecientes, que gozan de gran estado de ánimo para mantener el Estado de derecho y la lucha contra la violación y por la plena realización de los derechos humanos de todas las paraguayas y paraguayos.

“Por el bien del Paraguay” es el movimiento interno del PLRA liderado por el vicepresidente Federico Franco, denominado también franquismo.

Los juicios políticos indican el surgimiento de un nuevo patrón de inestabilidad política en América Latina. Ver más en Pérez Liñán, Aníbal, Juicio Político al Presidente y Nuevas Inestabilidad Política en América Latina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009.

Ver material multimedia del diario Abc Color: “Caso Teixeira: El ‘vyrorei’ (intrascendente) del presidente Lugo”. Disponible en: www.abc.com.py, 11/11/09.

Teixeria representa a uno de los tantos terratenientes brasileños en Paraguay que, desde el viraje geoestratégico del dictador Stroessner hacia Itamaraty, poseen las principales tierras productivas del país. Se calcula que alrededor de 500 mil brasiguayos (denominación de los brasileños radicados en Paraguay –alrededor del 10%

CE RCO DE SE STAB I L I ZADO R E N AM É RI CA L ATI N A

LE MONDE diplomatique «el Dipló»

de la población–) viven actualmente en las inmediaciones fronterizas con el Brasil. Situación que en muchos casos ha generado constantes conflictos con los campesinos nativos debido a la problemática del trabajo de la tierra y la soberanía territorial. Armoa, Miguel: “El montaje Teixeira: cuando la mentira es la verdad (Guerra a la reforma agraria: Parte 1)”, en revista E’a, 17/11/09. Disponible en: http:// ea.com.py.

Coalición electoral que llevó a Lugo a la presidencia.

Los ganaderos Aníbal Lindstrom y Fidel Zavala fueron secuestrados supuestamente por un grupo de guerrilla campesina denominado Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), y liberados tras el pago de rescate.

Ver “Amenazan con tractorazo en la noche de Navidad”, en diario Abc Color, 28/11/09. Disponible en: http://www. abc.com.py.

Voz guaraní que significa estar bien en el centro como la entrada de un poncho. Lugo ha usado en varias ocasiones esta metáfora para referirse a la ubicación ideológico-política de su gobierno.

José “Pepe” Mujica muestra el camino, http://www.abc.com.py, 25/01/2010. 10

Gran conversatorio, en guaraní.

El Oviedismo actúa conforme al perfil de “extrema derecha”, “fascista” y “antidemocrático” que le dan los estudiosos de las ciencias políticas. El analista político italiano Marcelo Lacci afirma que después del marzo paraguayo volvió a abrirse en Paraguay el debate ideológico y la formación de partidos ideológicos, ubicando al 12

oviedismo en un perfil de “partido ultraderecha”. Ver: “Unace es coherente con perfil fascista, afirman”, en Abc Color, 12/07/09. Eduardo Avilés es chileno radicado en Paraguay desde hace más de 30 años. Fue expulsado de su país tras un atentado contra Salvador Allende. Él mismo declaró al diario Última Hora acerca de su proyecto paramilitar ideado para detener el avance de la izquierda en Paraguay. En dicha entrevista reconoció además que es un correo personal que se filtró y que el mismo estaba dirigido a los socios de la Asociación Rural del Paraguay, Regional San Pedro, a la cual pertenece. En la carta, Avilés argumenta que los “comunistas hijos de puta” quieren destruir al Paraguay, “como lo hicieron los allendistas de Chile desde 1968 hasta el 11 de setiembre de 1973”.

Bolivia no tiene en cuenta esa vía debido a la discusión avanzada que tiene con Chile sobre su salida al Pacífico, mientras el petróleo ya está de su lado.

La Declaración Conjunta de los presidentes de la República de Colombia y de la República del Paraguay del 29 de septiembre de 2008 manifiesta el ofrecimiento por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano de brindar asesoría para la creación de un organismo civil de inteligencia en el país.

Conferencia de Juan Martens realizada en el marco de las actividades recordatorias de los 20 años del retorno de la democracia, Museo de la Memoria, Asunción, 2009.

El 85% de las tierras cultivables están aún en manos del 2,5% de la población.

Caracas, enero-febrero de 2010

COMANDO ANTICOMUNISTA* Estimados amigos. Ya es la hora de ponernos los pantalones largos.Hasta cuando tenemos que esperar para combatir a estos Comunistas hijos de puta, que están queriendo destruir nuestro querido Paraguay, como lo hicieron los Allendistas en Chile, desde 1.968, hasta el ll de septiembre de 1.974, o convertirnos en una Nueva Colombia. Cuantos padres, hermanos e hijos tendremos que enterrar, para poder reaccionar.Cuanto luto y dolor, tendrán que soportar nuestras madres, señoras o hijas antes de liquidar esta peste que se llaman subersivos comunistas. Todos sabemos, que este gobierno no solamente los apaña, los ayuda, les dá dinero y alimentos, hace ojos ciegos ante el avance de la guerrilla, en vez de ordenar en un minuto la salida de las tropas a la zona en cuestíon, para cerrar con pinzas de fuego, y capturar a estos bandidos y ejecutarlos en el lugar donde se les encuentre. Los verdaderos responsables de todo esto, Fernando Lugo, Lopez Perito, Marcial Congo, Camilo Suarez,( los intelectuales), Pakoba Ledesma, Elvio Benites y otros (los tontos útiles) , los Magda Meza, Cetrine etc. etc,( los ejecutores). Es hora de despertar. 1. Juntar dinero, para poder liberar al amigo Fidel Zabala. 2. Juntar dinero para organizarnos, igual que ellos, pero en sentido contrario.( en Chile, 1.970, nos dío resultado). 3. Juntar dinero para que tengamos los AR-15, AK-47, etc. ect. 4. Perseguir, agarrar y liquidar fisicamente a todos los comunista que atentan contras nuestras vidas y pertenencias. 5. Comunicar públicamente al Gobierno del Sr. Lugo, que su fiesta comienza a terminarse, que su idilio con Chavez, Morales, Correa, Castro y otros, tiene los días contados. Que sepa cuellito Filizzola, que o hace algo para terminar con todo esto, o que pronto salga del país. Yo personalmente ya viví y pasé todo esto, no permitiré en lo posible que vuela a pasar con mi nuevo y querido país, ni menos con mi familia y amigos. En estas situaciones debemos jugarnos el todo por el todo, estar dispuestos a matar y a morir, pero nunca aflojar, o si no, seremos víctimas igual que lo fueron los Salvadoreños, lo son los Cubanos, los Colombianos, y los Bolivianos. Por la formación del Comando anticomunista Paraguayo ( C.A.P.). * Correo electrónico enviado por Avilés a sus amigos de la ARP (ver nota 13 en esta página)