LE MONDE diplomatique Venezuela
E U R O P A
salarios en picada •
Caracas • Febrero de 2012 1
V E N E Z U E L A P. 10 y 15-17
Triunfo indiscutible frente a ExxonMobil • P.
H U N G R Í A 2
Laboratorio de una nueva derecha • P. 9 y 10
A ñ o I V. N ú m e r o 3 1 . C a r a c a s , f e b r e r o d e 2 0 1 2 • 2 0 B s F.
Ed i c i ón
El ABC de Paraguay E
l 3 de febrero de 1989 el dictador paraguayo Alfredo Stroessner se dirigió a plena luz del día al aeropuerto internacional –que para ese entonces llevaba su nombre– y tomó el avión de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) que lo llevó al exilio en Brasilia, Brasil. En la madrugada de ese día, su mano derecha y consuegro Andrés Rodríguez, comenzó las escaramuzas militares para defenestrarlo después de haber estado 35 años en el poder. “El tiranosaurio”, como lo llamaba el escritor Augusto Roa Bastos, contó con la complicidad de los medios de comunicación privados y el departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) para mantener al Paraguay bajo un régimen de represión y tortura, de refugio de criminales como el nazi Joseph Mengele y el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, quién se refugió allí después del triunfo de la revolución sandinista en 1979. ABC Color es uno de los matutinos que actuó servilmente frente al dictador Stroessner, pero ahora sufre de amnesia cuando se trata de escribir la historia contemporánea y su dueño, Aldo Zuccolillo, pretende convertirse en el defensor de la “democracia” y de la “libertad de expresión” de Paraguay. A diario, las portadas y páginas internas de ABC Color incitan a la opinión pública a estar contra el Gobierno y el presidente paraguayo Fernando Lugo –similar a la tortura psicológica inflijida a los antiguos prisioneros del régimen, cuando dejaban caer, continuamente, una gota de agua sobre la frente –. Claramente anticomunista desde los tiempos de Stroessner, también ataca sistemáticamente la integración latinoamericana y a los países que han solicitado su adhesión al Mercosur, en especial, a Venezuela y el presidente Hugo Chávez. La democracia según ABC Color El editorial “Ni derecha militar ni izquierda salvaje” del viernes 3 de fe-
brero pasado, 23 años después de la caída de Stroessner, hace mención al terror que se impuso durante 34 años de dictadura, pero al comparar con el actual gobierno, el presidente Lugo queda como lo más “lamentable” que le ha ocurrido a Paraguay. “Quienes actualmente nos gobiernan, desgraciadamente, están dando muestras de desprecio por la vigencia del estado de Derecho similares a las que en el pasado daban los adulones del sable y de las botas. El presidente Fernando Lugo y su equipo, fieles seguidores del manual del bolivarianismo marxista totalitario creado por el gorila Hugo Chávez, pretende instaurar en el país un régimen político verticalista que compromete seriamente nuestro modelo de vida republicano”, reza uno de los párrafos del editorial de ABC Color. Tuvo que pasar 30 años de dictadura, cuando en 1984 Stroessner clausuró ABC Color, para que Zuccolillo se “percatara” de los crímenes del régimen dictatorial. Su complicidad ahora se silencia en el periódico y demás medios de comunicación privados sin dar cuenta que el Dictador fue invitado de honor y padrino de la inauguración del diario, el 8 de agosto de 1967. “Defendió con vehemencia la política y la larga era de paz y de progreso del gobierno del general Stroessner”, escribió el periodista Nemesio Barreto Monzón en “Periodismo y servilismo”, trabajo de investigación sobre los vínculos de Zuccolillo con Stroessner y su colaboración con la represión desde diversas áreas, bien con la delación –como fue la publicación de la foto del sacerdote español Miguel Sanmartí García como supuesto jefe de una “organización terrorista”–, la venta de automóviles Chevrolette para la policía stronista –llamada “caperucitas”–, hasta la donación que realizó el 8 de marzo de 1979 de 8.000 dólares para que el director del centro de detención, tortura y muerte llamado “La Técnica”,
ve n e zola n a
El renacer de una exigencia por Raúl Cazal
Antonio Campus Alum, denunciara ante el Congreso de la Liga Anticomunista Mundial (WACL, por sus siglas en inglés) la “maniobra procomunista” del presidente Jimmy Carter contra el régimen de Stroessner. Zuccolillo consideraba que la dictadura de Stroessner era una “auténtica democracia” y hasta ahora investigadores no han conseguido ni una prueba de que “alguna vez haya hecho una denuncia sobre la violación de los derechos humanos”, refiere Barreto. El 16 de agosto de 1977 ABC Color emplazó al presidente estadounidense Carter, porque era importante “hacer comprender a Estados Unidos que su actual planteo [sobre derechos humanos] necesita correcciones, así como también garantía de que no abandonará a las auténticas democracias al comunismo en ningún momento y bajo ningún pretexto. Y hasta hoy no tenemos esa garantía”. El “diario joven con fe en la Patria”, como se autodenominó en sus inicios, comulgó con la dictadura y la nueva Constitución –también estrenada en el mismo año de aparición del periódico– que prohibía la difusión y estudio del marxismo. En el artículo 71 de la Constitución de 1967 sentenciaba que “La libertad de pensamiento y la de opinión quedan garantizadas por igual para todos los habitantes de la República”, pero dejó expreso seguidamente que “No se permitirá predicar el odio entre los paraguayos, ni la lucha de clases…” [itálicas nuestras]. La enconada posición anticomunista aliaba al dictador y al empresario, incluso con la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) que respaldó políticamente al régimen dictatorial. A mediados de 2011 se descubrió un manual de la dictadura que circuló a partir de 1976 bajo el título de “Principios y métodos para combatir al comunismo internacional” firmada por la Junta de (continúa en la p. 3)
Límite a las rentas, una idea norteamericana Por Sam Pizzigati*
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ntre las numerosas reivindicaciones planteadas por los militantes del movimiento “Ocupar Wall Street” hay una que encuentra sus raíces allá lejos, en la historia de Estados Unidos: la instauración de un tope a los altos ingresos. Desde la época dorada de la posguerra civil estadounidense, las grandes movilizaciones en favor de la justicia económica expresaron siempre este reclamo, hoy llamado “salario máximo”. Esta fórmula no sólo abarca el salario sino la totalidad de los ingresos anuales; permite crear un vínculo de familiaridad con la noción de “salario mínimo”. Fue el filósofo Felix Adler, conocido sobre todo por haber fundado y presidido, a comienzos del siglo XX, el National Child Labor Committee, el primero en hacer este reclamo. Según él, la explotación de los trabajadores, jóvenes y viejos, genera inmensas fortunas privadas que ejercen una “influencia corruptora” en la vida política estadounidense. Para limitar esta influencia, proponía implementar un sistema fiscal fuertemente progresivo que pudiera alcanzar, más allá de cierto umbral, el 100% de tributación. Dicha tasa le dejaría al individuo “todo lo que puede servir realmente para la realización de la vida humana” y le arrancaría “aquello que está destinado a la pompa, la arrogancia, el poder”1. Si bien The New York Times dio amplia difusión al reclamo de Adler, la noción de “salario máximo” no tuvo su correlato legislativo antes del primer conflicto mundial. Con el fin de financiar el esfuerzo de la guerra, los progresistas propusieron entonces gravar hasta el 100% los ingresos superiores a 100.000 dólares. El grupo que apoyó esta medida, el American Committee on Finance War, reunía a una red formada por 2.000 voluntarios en todo el país. Este grupo publicó en los periódicos cupones recortables que los lectores podían firmar, comprometiéndose así a “trabajar por la rápida promulgación de una ley” sobre la limitación de los ingresos: un “reclutamiento de la riqueza”, según las palabras del Comité. “Si el Estado tiene derecho a confiscar la vida de un hombre para satisfacer el interés general, entonces debe indudablemente poder hacerlo con la fortuna de alguien por las mismas razones”, declaraba ante el Congreso el presidente de la organización, el abogado Amos Pinchot, antes (continúa en la p. 9
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Caracas, febrero de 2011
Raúl Cazal Director Estela Aganchul Editora
EDICIONES INTERNACIONALES
Florángel Gómez Prensa y relaciones institucionales Samuel Bravo Diseño y concepción gráfica Samuel Bravo Alfredo Rajoy Ilustran en este número Producciones del Waraima Traducción, corrección y producción gráfica Gráficas Lauki Impresión Depósito legal pp 200801DC1253 Es una publicación de Producciones del Waraima 7257 C.A. RIF: J-29596783-7 Víctor García Presidente Torre Parque Central. Edificio Mohedano Mezzanina 1 - Oficina 1-13 Avda. Este 10. Caracas 1010 +58 212 2857257
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Caracas • Febrero de 2012
Importante precedente para los países productores de petróleo
Triunfo indiscutible de Venezuela frente a ExxonMobil por Estela Aganchul
La edición venezolana de Le Monde Diplomatique seguirá, en 2012, con su política editorial iniciada el pasado año, y acompañará su edición mensual con suplementos sobre política petrolera. Entre los temas a tratar destacará el tema del arbitraje internacional, tanto contra la compañía petrolera nacional, PDVSA, ante la Corte de Comercio Internacional (CCI); como contra la República Bolivariana de Venezuela (RBV), ante el Centro Internacional de Arreglo de Deferencias relativas a Inversiones (CIADI). Su importancia no sólo para Venezuela, sino para todos los países productores de petróleo, justifica que se les analice con mayor profundidad y más detalladamente
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n enero de 2008 el gobierno venezolano acababa de terminar su política de nacionalización de todas las asociaciones formadas durante los años de la Apertura Petrolera, formando Empresa Mixtas con una participación accionaria mínima de la Corporación Venezolana del Petróleo (filial de PDVSA) de 60% (en las asociaciones llevadas a cabo durante la Apertura la participación estatal siempre fue minoritaria). Esta política fue muy exitosa, aunque hubo dos importantes compañías petroleras internacionales que se negaron a esta transformación: ExxonMobil y ConocoPhillips. Luego, ExxonMobil lanzó contra PDVSA –por ende, contra Venezuela– un ataque sorpresivo, en la Alta Corte de Londres, a la cual solicitó congelar las inversiones de PDVSA en el exterior, hasta por un monto de doce mil millones de dólares. ExxonMobil tuvo un éxito inicial espectacular, al concedérsele ese congelamiento, pero por lo pronto por un tiempo limitado. Los medios de comunicación opositores reaccionaron con júbilo ante la noticia: “ExxonMobil congela doce mil millones de dólares en activos de PDVSA”; “PDVSA sin capacidad de maniobra”; además anunciaban que ConocoPhillips seguiría el ejemplo de ExxonMobil; en fin, el país en ruinas… Soñaban con el desplome inmediato de los bonos venezolanos emitidos por PDVSA y el subsiguiente desplome del gobierno, sin importarles que se desplome el país, con una actitud similar a la que asumieron seis años antes, durante el paro petrolero. La campaña fue tan intensa que cualquier ciudadano de a pie hablaba de lo mismo en un país donde, extrañamente, el petróleo no tiene relevancia ni en la opinión pública, ni en el imaginario colectivo pero sí sigue tratándose como el causante de todos los males. La fiesta opositora duró poco; dos meses para ser más precisos. En marzo del mismo año, sin mucho ruido, los medios anunciaron que “un tribunal británico levantó la orden judicial que congelaba doce mil millones de dólares pertenecientes a Petróleos de Venezuela”. Además, ExxonMobil fue condenada a reembolsar a PDVSA sus gastos del caso. El tema no se volvió a mencionar, y la oposición estaba segura que, de todas maneras, ExxonMobil sí iba a triunfar en el
arbitraje relacionado. Ahora, cuatro años más tarde, el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) entregó su veredicto, el cual se llegó a conocer a principios de enero de 2012. Ya al formalizarse el caso ante el tribunal a mediados de 2008, ExxonMobil había reducido su reclamo de doce mil millones de dólares a la mitad; el tribunal arbitral determinó ahora que le correspondía de verdad la suma de novecientos millones. Es ésta una suma cónsona con las indemnizaciones pagadas por el gobierno en otros casos, en base a negociaciones directas y amistosas con los afectados. Venezuela obtuvo una clara victoria, y ExxonMobil sufrió una clara derrota. En cuanto a PDVSA, haciendo valer varios reclamos contra ExxonMobil, el veredicto se reduce a tener que desembolsar ahora 250 millones de dólares adicionales... Sin embargo, para la opinión pública venezolana la situación sigue siendo muy confusa. Por una parte, sigue pendiente el caso de ExxonMobil contra la República Bolivariana de Venezuela ante el CIADI – ya no contra PDVSA – esencialmente por el mismo asunto, pero ahora ExxonMobil pide diecisiete mil millones de dólares: muy al estilo del perdedor en la ruleta quien, confrontado con perderlo todo, desesperado, duplica su apuesta. Por la otra, también confunde la noticia que el gobierno ahora se retiró del CIADI, pero que la demanda de ExxonMobil, de todas maneras, seguirá su curso. Muchos países productores de petróleo alrededor del mundo entero, de hecho, se encuentran potencialmente en situaciones similares. Para todos ellos, el contundente éxito de Venezuela ante la CCI es un importantísimo precedente que no dejará de servir de referencia por muchos años; del mismo modo que sus éxitos del pasado – principalmente después de las nacionalizaciones de la OPEP en los años setenta del siglo XX – sirvieron de referencia y sentaron precedentes para Venezuela incluso en este caso, treinta años más tarde. Dada la importancia de este caso, y de los que están pendientes, Le Monde Diplomatique está comprometido con el país de informar exhaustivamente, presentando un análisis de fondo, caso por caso. l
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Caracas • Febrero de 2012 3
El ABC de Paraguay (viene de la página 1)
Gobierno del Partido Colorado y elaborado por la “Comisión Permanente Especial encargada de llevar a la práctica la lucha contra el Comunismo”. En el Manual se estableció que se debía perseguir toda disidencia política y que quienes criticaban a Stroessner eran “agentes comunistas”. La “ecuanimidad” constitucional Los medios públicos de Paraguay, recientemente creados, se han dado a la tarea de recuperar la memoria política y social del país. Sin embargo, se han encontrado con diversos escollos, como la desaparición total de los archivos de la Radio Nacional del período de la dictadura. El ministro de Información paraguayo, Augusto Dos Santos, denunció ante la Comisión de Verdad y Justicia la desaparición de los archivos que “marcaron una historia negra del uso de los medios del Estado en favor de una prédica sectaria y atemorizadora”, expresó en la apertura de la “Semana de la memoria”, el 30 de enero, en Asunción. La nueva televisora pública y la joven agencia IP Paraguay –que el 19 de enero cumplió 3 años–, libran una batalla desigual contra los medios de comunicación privados que en su mayoría provienen de la época de la dictadura. Sin embargo, existe la percepción de que el periódico ABC Color es quien impone la agenda de discusión política nacional y la de los demás medios de comunicación nacionales. El 24 de enero pasado aparece, en portada de este periódico, el titular principal: “Efraín Alegre le pide a Lugo que renuncie”. Alegre fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Lugo, es senador en el Congreso y actualmente es precandidato presidencial por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Ese mismo día Alegre “dejó en claro que en ningún momento pidió la salida del Presidente de la República” y así apareció en el periódico al día siguiente, pero sin ningún llamado especial. Mucho menos en portada, como lo establece cualquier código de ética periodística. El Senador del PLRA generalmente aparece con poca relevancia en ABC Color y cuando tiene algún destacado en sus páginas aparece con sorna: “Juicio político no es viable, dice Alegre” [itálicas nuestra], en referencia al Protocolo de Ushuaia II que firmaron los presidentes de Mercosur, reunidos recientemente en Montevideo, por el que pretenden hacer un juicio político sobre la base de que Lugo firmó algo ilegal. El Protocolo establece el compromiso de las naciones miembros de Mercosur a fortalecer la democra-
cia y limitar a quienes en un futuro pretendan quebrantarla mediante golpes de Estado. El dirigente y fundador del PLRA, Domingo Laíno, defendió la firma del Protocolo a propósito de lo vivido en Honduras, “donde un golpe de Estado derrocó al presidente (Manuel Zelaya) electo constitucionalmente, fue apresado y expulsado del país. También está el caso de Ecuador, donde políticos, policías y militares impulsaron un golpe de Estado fallido contra el presidente Correa”. La nota apareció en ABC Color el 10 de enero bajo el título: “A favor de medidas más severas”. “Le llama la atención que antes, cuando existían dictaduras, los voceros de hoy también reclamaban cláusulas democráticas y solidaridad internacional para cambiar el proceso, y ahora que justamente en todos los países reinan democracias critican un documento que pretende afianzar las democracias en la región”, escribió la Redacción del periódico y en ningún momento aclaran a qué dictadura se refiere Laíno y quiénes son los “voceros de hoy”. Laíno sin embargo fue más explícito al final de la nota sin firma, que “muchos de los que hoy están gritando contra esta firma son los que más creen en la libertad de empresa que de prensa, son aquellos que no ven con claridad la diferencia que existe entre libertad de empresa y libertad de prensa”. La alusión es con ABC Color, pero esto no se explica en la noticia publicada. En la actual Constitución, que se aprobó en 1992, en el artículo 28, “Del derecho a informarse”, dice reconocer “el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.” La “ecuanimidad”, para ABC Color, está en colocar en página enfrentada al diputado colorado Oscar Tuma (h) con el siguiente titular: “Lugo firmó un disparate y debe ir a juicio”. Supuestamente el parlamentario envió por correo electrónico a la presidenta de la ANR, Lilian Samaniego, un borrador de su pedido de juicio político contra Lugo por haber firmado del Protocolo de Ushuaia II, por lo que “ameritó” ser destacado en el periódico. Y como colofón, en la portada de ese 10 de enero utilizan burdamente el patriotismo en el titular principal al intentar relacionar la Guerra de la Triple Alianza, que se libró durante un lustro a partir de 1870, muy viva en la conciencia nacional paraguaya: “El luguismo, a favor de la intervención del Paraguay”, con el siguiente antetítulo: “Referentes [partidarios del presidente Lugo] defienden cláusula que permite bloqueo”.
La fortuna amasada Las manipulaciones y mentiras se reproducen a diario en el periódico de Aldo Zuccolillo, empresario que logró amasar una fortuna gracias a empresas que formó bajo la protección del dictador Stroessner y que se empezó a alejar de éste una vez que en la región comenzó a cambiar el panorama político. Argentina regresó a la democracia en 1983 y en Brasil comenzaron las manifestaciones populares contra la dictadura. En el libro Herederos de Stroessner, del periodista Idilio Méndez, se detallan los negocios de Zuccolillo, entre los que se encuentra una sociedad que fundó en 1989 con Juan Carlos Wasmosy –presidente de Paraguay entre 1993 y 1998– para la creación de una empresa dedicada a la transmisión televisiva por cable, Telsat S.A. A esta sociedad se sumaría, para dirigirla, Luis Raúl Menocchio, actualmente implicado en el asesinato de cinco personas, dos en Paraguay y tres en Argentina. La familia de Zuccolillo es accionista y propietaria de Financiera Atlas S.A., Inmobiliaria del Este, Consultora Atlas, Hotelera Atlas, Silpar (anteriormente La Perseverancia), Imprenta Mercurio, Núcleo S.A (Personal), La Metalúrgica, Mariscal López Shopping, Shopping Mariano, Zusa SACI (empresa dedicada a la ganadería y el rubro de combustibles), Pety S.A. y, hasta hace unos años, la cadena de supermercados Superseis, entre otros. Sus familiares fueron parte del entorno de Stroessner: Conrado Pappalardo, su cuñado, fue maestro de ceremonia de la dictadura; su hermano Antonio Zuccolillo fue designado embajador en Londres en 1980 y el hijo de éste, Hugo Fernando, en 1974 contrajo matrimonio con María Olivia Stroessner, hija del dictador. Los “Archivos del Terror”, que fueron hallados en 1992 por el periodista Martín Almada, revelaron que Julio César Zuccolillo, otro hermano de Aldo, era pyrague (delator, informante de la policía). La verdad y la justicia El Informe de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ) dio aconocer que durante el régimen stronista se efectuaron 20.820 detenciones irregulares, de las que resultaron víctimas un total de 19.862 personas. “El régimen realizó en promedio 612 detenciones, 584 personas por año, casi dos detenciones por día, durante 34 años”, destaca la agencia IP Paraguay del Informe en la “Semana de la Memoria”. “La tortura en el Paraguay es la base de la represión, es el corazón del
Tuvo que pasar 30 años de dictadura, cuando en 1984 Stroessner clausuró ABC Color, para que Zuccolillo se “percatara” de los crímenes del régimen dictatorial. Su complicidad ahora se silencia en el periódico y demás medios de comunicación privados sin dar cuenta que el Dictador fue invitado de honor y padrino de la inauguración del diario, el 8 de agosto de 1967
sistema que permite al régimen de Stroessner mantenerse”, declaró el ex embajador de EEUU en Paraguay Robert White ante un Tribunal de Justicia de su país sobre el caso de tortura y asesinato del joven Joel Filártiga. La CVJ estima que 18.772 personas fueron torturadas por la dictadura y dejó una secuela de terror de tal magnitud que el día en que era derrocado el Dictador, los paraguayos y paraguayas no salieron a la calle inmediatamente a celebrar, porque pensaban que era una simulación de Golpe, una trampa. ABC Color fue cómplice de ese terror impuesto por Stroessner. Su admiración por las dictaduras lo llevó a indignarse cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, 1998, para ser extraditado y enjuiciado en España por crímenes de lesa humanidad. Para Zuccolillo era incomprensible que el ex dictador chileno, quien “modernizó y trajo prosperidad” a Chile sea detenido “arbitrariamente” fuera de su hábitat “natural”, cuenta Barreto en “Periodismo y servilismo”. Ahora el periódico y sus dueños se presentan, sin ningún rubor, como preocupados por los “intereses” nacionales y la “democracia”. El 26 de enero publica en primera página: “Ex jefes militares ven intención de autogolpe”, sin dejar de lado el tema del Protocolo firmado en Montevideo. Debajo de ese titular presentaron una foto de una manifestación violenta de políticos ecuatorianos opositores que se negaban a la disolución del Congreso para hacer la consulta de la Constituyente. “Ushuaia II es para perpetuar a autócratas”, reza el titular de la foto antes descrita. A primera vista parece que es una manifestación en Asunción, Paraguay, pero la leyenda es una perla informativa que se explica por sí misma: “Usan como argumento la dudosa intentona de golpe a Rafael Correa. Cuando Correa atracó alevosamente el Congreso de su país en 2007 (foto), ningún gobierno de la zona movió un dedo” [itálicas nuestra]. Stroessner logró que los medios de comunicación hegemónicos nacionales e internacionales tejieran un velo de cuasi olvido sobre el régimen oprobioso y criminal que lo mantuvo en el poder por 35 años. En la actualidad, ABC Color cumple el papel que la dictadura stronista impuso a Paraguay, mantenerla aislada del nuevo escenario político latinoamericano que tiene como eje principal el fortalecimiento de la democracia y de la integración regional. l