LE MONDE diplomatique Venezuela
M I S S I S S I P P I
La fractura de la Norteamérica profunda • P. 15-17
POLÍTICAS SOCIALES EN EL MERCOSUR
La igualdad como prioridad política • P. 4-5
Caracas • marzo-abril de 2012 1
U N I Ó N
E U R O P E A
Economistas a sueldo en la mira • P. 18-20
ENCARTE N° 9 Sofía Argüello Pazmiño
A ñ o I V. N ú m e r o 3 2 . C a r a c a s , m a r z o - a b r i l d e 2 0 1 2 • 2 0 B s F.
Ed i c i ón
Eslogan o consigna L
a política venezolana se había acostumbrado al bipartidismo, antes de que Hugo Chávez apareciera en la escena nacional. Esa polarización a favor de unos partidos políticos que eran parte del mismo sistema (Acción Democrática y Copei) se agudizaba en la medida que existía una elección y se diferenciaban por el eslogan. Con la polarización electoral sobrevivieron los partidos tradicionales y es la forma que han encontrado –y los que aparecieron luego de sus respectivas purgas internas– para intentar derrotar a Chávez. Desde que éste lanzó su candidatura presidencial y fue a elecciones en 1998, estos partidos dejaron a un lado a sus candidatos –Luis Alfaro (AD) e Irene Sáez (Copei)–, y se unieron con Henrique Salas Römer (Proyecto Venezuela). La historia de los resultados es conocida, también las que le siguieron. La oposición se ha atomizado para enfrentar a Chávez en cada elección, esta vez lo hacen con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a pesar de las severas discrepancias políticas que existe entre las diferentes organizaciones que la integran. Después que la oposición quemó los cuadernos electorales, una vez concluida sus primarias para escoger el candidato presidencial de la derecha (también a sus alcaldes y gobernadores), comenzó su campaña electoral con el eslogan sobre el “progreso”, por un lado, y con una estrategia que apunta a desprestigiar al ente comicial, por otro. El candidato elegido por los electores opositores, Henrique Capriles Radonski, comenzó la carrera política en las filas del partido socialcristiano Copei, con quien logró la diputación por el estado Zulia en 1998. Se mantuvo en el Congreso mientras el país discutía la nueva Constitución. En 2000 cambia de partido y pasa a formar parte de Primero Justicia (PJ), pero sin cambiar de acera ideológica, ya que ambas organizaciones con fines políticos, a principios del nuevo milenio, se disputaron la franquicia de lla-
marse “Partido Popular”, lo que los identificaría más con el homónimo partido de derechas español. El cambio no fue un asunto ideológico sino generacional. En PJ estaban los “muchachos”, las caras “nuevas”, mientras Copei se fosilizaba y desaparecía del escenario político –lo que comenzó con la separación de su fundador, Rafael Caldera, en 1994–, y dejó de ser una de las referencias electorales que, junto con Acción Democrática, conformaban el bipartidismo político venezolano. En 1999, Capriles estuvo en contra de la aprobación de la nueva Constitución porque supuestamente consolidaría una “dictadura constitucional” en la que habría “tres tipos de ciudadanos: los civiles, los militares y los indígenas”. Le “preocupaba” sobremanera estos últimos, porque la Carta Magna, según el candidato, le daba capacidad “a los indígenas para crear naciones aparte en sus territorios ocupados”. En las elecciones del año 2000 llega a la alcaldía de Baruta y participa con su partido en el golpe de Estado de 2002. El 12 de abril de ese año se convierte en “justiciero”. Por la mañana se dedica a la caza de chavistas en su municipio y por la tarde pretende requisar la embajada de Cuba, mientras esta sede era agredida. En las elecciones de 2008 logró la gobernación del estado Miranda, y una de sus medidas fue el cese del apoyo estadal a las misiones sociales. Según las encuestas nacionales publicadas, el candidato Capriles no ha dado buenos dividendos. Algunas dicen que esta candidatura se estancó alrededor del 30%, otras revelan que pierde puntos en la medida en
ve n e zola n a
La austeridad ¿es un mal inevitable? Por Raúl Cazal
que se acerca la fecha de la elección. Su discurso electoral no ha logrado pasar más allá de chistes y de pretender convencer a los electores chavistas de que mantendrá las misiones sociales con la creación de una Ley. Mientras, el presidente Chávez ha logrado movilizar a la población para resolver el problema de la vivienda, por la situación creada por las lluvias que, desde finales de 2010, afectan considerablemente al país. A diferencia del bipartidismo tradicional, la polarización actual se debate entre dos proyectos políticos totalmente contrapuestos. El de la oposición, con el eslogan de “progreso”, no oculta su intención de recurrir al Fondo Monetario Internacional y, por ende, a sus recetas económicas que traerían como resultado la profundización de las desigualdades sociales; y el proyecto de los socialistas, que lidera Hugo Chávez, con la consigna de “soberanía e independencia”. El 7 de octubre el pueblo decidirá por un modelo económico y social. l
Ilustración: Ugo Ramallo
Frente a los acreedores: el atrevimiento argentino y la pusilanimidad griega La crisis griega no es inédita. Otros países, agobiados, al igual que Grecia hoy, por la carga de la deuda escogieron no obstante no pagar más, como la Argentina de las décadas 1990-2000. Este ejemplo emblemático ilustra también las lógicas que conducen a la catástrofe y los mecanismos que podrían permitir a Atenas aflojar el tornillo de los ajustes Por Maurice Lemoine Periodista
T
odo empieza a partir de una idea deslumbrante. Para poner fin a la inflación que devasta al país a su llegada al poder en 19891, el presidente peronista Carlos Menem –acompañado por su super ministro de Economía Domingo Cavallo, formado en Harvard y ex funcionario de la dictadura (1976-1983)– fija la tasa de cambio de la moneda argentina de manera rígida: 1 peso=1 dólar. Este sistema es bautizado “convertibilidad”. Al principio, esta política alentada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene éxito: la inflación desaparece, el crecimiento económico se afirma. El 1º de enero de 2001, Grecia cumple con los requisitos de Maastricht y se une a la zona euro. Un año más tarde, las monedas acuñadas de la nueva divisa reemplazan al dracma, la antigua moneda nacional. Después de la crisis mexicana (1994-1995), la Argentina tiene dificultades para financiarse en los mercados: el alza de las tasas de interés –que alcanzan el 20%– pesa sobre su presupuesto. Dado que varias crisis golpearon a las naciones emergentes (el sudeste asiático, Rusia, Brasil), el dólar, transformado en inversión refugio, ve crecer su valor. El matrimonio de amor del peso con el billete verde se vuelve en contra de la Argentina: al quitarle al Banco Central toda autonomía, el gobierno perdió el control de su política monetaria. Cuando varios vecinos importantes, como Brasil, devalúan su moneda, cuando el dólar sube en relación al euro, Argentina pierde toda competitividad en sus mercados, tanto próximos como lejanos. El año 1998 marca así el tránsito del crecimiento a la recesión. (continúa en la p. 7
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Malvinas
Caracas, marzo-abril de 2012
Raúl Cazal Director Estela Aganchul Editora
EDICIONES INTERNACIONALES
Florángel Gómez Prensa y relaciones institucionales Samuel Bravo Diseño y concepción gráfica Samuel Bravo Felipe García Ilustran en este número Producciones del Waraima Traducción, corrección y producción gráfica Gráficas Lauki Impresión Depósito legal pp 200801DC1253 Es una publicación de Producciones del Waraima 7257 C.A. RIF: J-29596783-7 Víctor García Presidente Torre Parque Central. Edificio Mohedano Mezzanina 1 - Oficina 1-13 Avda. Este 10. Caracas 1010 +58 212 2857257
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una errónea visión alternativa Por Atilio A. Boron*
En el momento en que Argentina reactiva su derecho a la soberanía sobre las islas Malvinas, y recibe como respuesta por parte del primer ministro Cameron el título de “colonialista”, una carta abierta publicada y firmada por un grupo de intelectuales y publicistas sorprende por su tono entreguista y su desconocimiento del significado del término “autodeterminación de los pueblos”, al proponer un referéndum en unas islas arrebatadas a Argentina y reclamadas por ésta desde hace 179 años.
*Sociólogo. Director del PLED
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s bueno que en Argentina haya irrumpido una discusión acerca de qué actitud tomar en relación a las Islas Malvinas. Desde hace mucho este país estaba atrapado entre las secuelas paralizantes de la ignominiosa derrota sufrida hace casi treinta años -producto de la incompetencia, fanfarronería y demagogia de la dictadura genocida- y la vía muerta de una estrategia diplomática que pese a su perseverancia no rindió frutos porque el mal llamado “orden mundial” es en realidad un cruento e injusto desorden en donde sólo por excepción deja de regir la ley del más fuerte. Es de celebrar que en fechas recientes el gobierno nacional haya modificado algunos aspectos de esta estrategia buscando nuevos y valiosos aliados regionales para inclinar a su favor una correlación de fuerzas que en el uno a uno de la diplomacia convencional entre el Reino Unido y Argentina, nos conducía inexorablemente a un nuevo ciclo de decepciones. Gracias a las torpes provocaciones de David Cameron la causa de las Malvinas se latinoamericanizó y Londres acusó el impacto al ver que, en esta parte del mundo, su pertinaz colonialismo suscitaba creciente repudio a la vez que solidaridad con la Argentina y que Washington admitía, para desasosiego británico, que había un problema de soberanía que debía discutirse bilateralmente. Y es lógico que el tema se haya latinoamericanizado porque la controversia sobre la soberanía del archipiélago involucra al menos tres aspectos que hacen al interés común de América Latina: (a) la explotación de recursos naturales de nuestros espacios marítimos: recursos renovables (si no se los depreda), como la pesca, y no renovables, como el petróleo; (b) el acceso a la Antártida, fuente segura de enormes riquezas minerales e hidrocarburíferas cuyo tratado, que deja “congelados” los reclamos de soberanía sobre ese territorio, debería ser renovado en fechas próximas; y (c) el ac-
ceso al paso bioceánico a través del Estrecho de Magallanes, de extraordinaria importancia en la hipótesis de que por diversos motivos fuese inoperable el Canal de Panamá. Estas cuestiones, como es obvio, no pueden ser indiferentes para la región, y muy en especial para los países sudamericanos. La causa subyacente de las bravatas del anodino premier británico son los graves problemas económicos (hasta ahora disimulados) y sociales (indisimulables) que atribulan al Reino Unido. Baste recordar que hace menos de un año multitudinarias protestas populares culminaron con saqueos e incendios en las principales ciudades británicas, las que impulsaron a Cameron a escalar el diferendo militarizando aún más al Atlántico Sur y violando los acuerdos regionales que velan por la desnuclearización de esta parte del mundo, incluyendo en su juego a la figura del príncipe Guillermo con toda la carga simbólica que esto implica y yéndose de boca con afirmaciones tales como que la Argentina era un país colonialista, lo que en cuestión de minutos convirtió al émulo de Margaret Thatcher en el hazmerreír universal toda vez que más de la mitad de los territorios aún sometidos al yugo colonial tienen como potencia dominante al Reino Unido, entre ellas nada menos que Gibraltar, en las puertas de Europa. Esto produjo la paradojal coincidencia de España con la Argentina en sus reclamos anticolonialistas, ante las cuales Londres respondió con su acostumbrado desprecio por la legalidad internacional. Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensivos cosmopolitismos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscientos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacrificados en la guerra, los más de
mil que regresaron heridos y mutilados, los muchos que se suicidaron después y la afrenta que representa para el honor de este país los reclamos de los miles de conscriptos que aún no obtienen del estado nacional el resarcimiento que se merecen por sus servicios prestados en la guerra. Esta advertencia viene a cuento porque en los últimos días se ha desencadenado entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobierno una especie de torneo para ver quien adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de los argentinos y la memoria de nuestros muertos al paso que llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los disparates más significativos es el que dice, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que Las Malvinas sean reincorporadas al patrimonio nacional. Se apela, erróneamente, a la doctrina de la “autodeterminación nacional” lo que le permitió al historiador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17 intelectuales y publicistas proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, renunciar alegremente y sin más miramientos al legítimo derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años1. Quienes postulan la doctrina de la “autodeterminación nacional” se olvidan que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña
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colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las tres mil almas. Esa viciosa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, “conquista”, y de por sí invalida cualquier pretensión de legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas. La inconsistencia del argumento es más que evidente y no se necesita ser un eminente jurisconsulto para comprobarlo. Propongo el siguiente experimento mental: imaginemos lo que habría ocurrido si la Argentina hubiera sido una gran potencia y a comienzos del siglo diecinueve hubiese ocupado militarmente una dependencia británica, próxima a sus costas, como por ejemplo la Isla de Man, expulsando al puñado de ingleses que la habitaban y hubiese instalado allí una pe-
Ante la complejidad que tiene la lucha por recuperar a las islas es importante que en Argentina se debata el asunto con la seriedad que se merece, sin patrioterismo pero también sin desaprensivos cosmopolitismos, entre otras cosas porque de por medio están los seiscientos cuarenta y nueve jóvenes argentinos que fueron sacrificados en la guerra queña comunidad de argentinos amparados por la permanente presencia de un destacamento armado donde los reclamos de la corona británica hubiesen sido sistemáticamente desoídos y una medida desesperada para recupe-
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rar la isla por las armas -tomada cuando en Inglaterra el fantasma de Cromwell y los sentimientos antimonárquicos preanunciaban una crisis política de enormes proporciones- hubiese permitido su transitoria reintegración al dominio británico, sólo para que, poco después, sus tropas sufrieran una aplastante derrota a manos de la potencia colonizadora sudamericana. Luego de ello Londres proseguiría con sus infructuosos reclamos mientras una arrogante Buenos Aires ratificaba su absoluto rechazo a cualquier inicio de conversaciones sobre el tema so pretexto de que nada podía hacerse contra la voluntad de los isleños, descendientes de quienes ocuparon por la fuerza esa isla dos siglos atrás. Seguramente que, en este caso, los actuales cosmopolitas dispuestos a ceder definitivamente las Malvinas a los ingleses se hubieran rasgado las vestiduras ante esta sucesión de atropellos al derecho de gentes, el desprecio
por la negociación diplomática y el desacato a las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero ya no como un experimento mental sino como una palpable realidad esto es lo que Londres ha venido haciendo desde 1833, y es por ello que rehúsa a sentarse en una mesa de negociaciones, honrar las reiteradas recomendaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y la Resolución 2065 de la Asamblea General que insta a las partes a buscar una solución pacífica al diferendo, cosa a la cual el Reino Unido se ha negado sistemáticamente. Y lo hace porque el Foreign Office es consciente de que toda la legislación internacional le juega en contra; que su acto de piratesca apropiación de unas islas que no eran suyas es insanablemente ilegal e ilegítimo –y lo mismo vale para el Peñón de Gibraltar- y ni siquiera mil años de ocupación podrán redimir a los invasores británicos de ese pecado de origen. Tal como
lo recordara Fidel Castro pocos días atrás, una vez iniciada la negociación diplomática los ingleses no tendrán más remedio que irse porque sólo les asiste el hecho desnudo de la conquista y la fuerza2. Pero los críticos se olvidan de todos estos molestos detalles y adoptan, en algunos casos de modo sorprendente dada sus trayectorias político-intelectuales, el punto de vista del colonizador. La culpa, por supuesto, es de los colonizados, de las víctimas; la razón, en cambio, siempre está del lado de los colonizadores. La historia argentina y latinoamericana está repleta de casos como estos en los cuales la “colonialidad” de las elites culturales las convierte en voceros de las potencias coloniales. Claro que para esto es preciso olvidar muchas cosas: (a) que el recalentamiento del tema Malvinas fue responsabilidad de Londres y no de Buenos Aires; (b) que hasta ahora el gobierno argentino ha dado muestras de una saludable prudencia, al no caer en las burdas provocaciones de Cameron y responder a su bravuconada reforzando la presencia militar en el Atlántico Sur; (c) y que el núcleo central de su argumentación, la “autodeterminación” de los isleños se desploma ante el peso de un componente central de la misma tradición jurídica anglosajona que los críticos se supone tienen en alta estima y que dice que might does not make right, o sea, la fuerza no crea derechos. En consecuencia, en el caso de las Malvinas, como en cualquier otro en donde un Estado arrebata el territorio de otro país por la vía de la conquista, la doctrina que se aplica no puede ser la de la “autodeterminación nacional”, por las razones arriba expuestas, sino la de la “integridad territorial” que establece que ningún estado tiene derecho a apropiarse de un territorio que pertenece
o se halla bajo la jurisdicción de otro. Según esta doctrina la “consulta a los deseos de los isleños” es irrelevante a la hora de resolver la cuestión de la soberanía, aunque va de suyo que si las Malvinas llegaran a retornar algún día a la Argentina (en un futuro que sin dudas está muy lejano, aun cuando Londres decida dejar de violar la legalidad internacional y obedezca el mandato de la ONU) el modo de vida de los isleños, su lengua y sus tradiciones deberían ser incondicionalmente respetadas y la Argentina debería aceptar, como lo han hecho Bolivia y Ecuador, el desafío de construir una comunidad política binacional, bilinguística y multicultural. Pero esto nada tiene que ver con la cuestión de la soberanía: quienes apelan a la “autodeterminación” de los isleños cometen un grave error jurídico y político, al paso que sus confusas elucubraciones desnudan los peligros que el rechazo visceral a una gobernante, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, puede tener sobre mentes que, bajo otras circunstancias, dieron en algunos casos muestras de notable lucidez y clarividencia. l
Luis Alberto Romero, “¿Son realmente nuestras Las Malvinas?”, La Nación, 14 de Febrero de 2012; el documento de los 17 intelectuales y publicistas lleva por título: “Malvinas: una visión alternativa”, y se publicó íntegramente en la edición del 23 de Febrero de 2012. 2 Ver al respecto el esclarecedor análisis de Marcelo G. Kohen sobre todos los obstáculos interpuestos por el Reino Unido para evitar el inicio de negociaciones diplomáticas sobre el futuros de las islas: “¿Quién ‘bloquea’ en la cuestión Malvinas”, en Página/12, 12 de enero de 2012. 1
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i observamos las características de las políticas direccionadas a la inclusión e integración social habremos de verificar un cambio de enfoque estratégico y normativo, su traducción en los diseños y formulación de planes, programas sociales y proyectos sociales, así como en los resultados que a la vista se comprueban como exitosos. Todo parece indicar que nos hallamos en una etapa de transición signada por la revisión de los sistemas y modelos de protección social con una intención implícita de reconstruir una matriz de bienestar capaz de resolver los nudos críticos que presenta nuestra realidad societal. No obstante ello, la deuda fundamental con la equidad y la igualdad social es asunto que preocupa a los gobernantes de la Región, sobre todo si tomamos en cuenta que América Latina continúa siendo el continente más desigual del mundo. Repasemos sucintamente los rasgos que caracterizan esta etapa de transición en el último decenio:
Estabilidad macroeconómica
En tiempos de globalización y de fuerte interrelación en el planeta, los Estados nacionales aún cuentan con márgenes importantes de autonomía en el manejo de las principales variables macroeconómicas. Tal y como lo señala la CEPAL, la crisis mundial desatada en el año 2008 fue absorbida por las economías nacionales latinoamericanas en virtud de haber aplicado políticas contracíclicas, lo que “permitió” moderar la profundidad y la duración de su impacto (CEPAL, 2010) “De hecho, varias de las medidas de política de mercado de trabajo adoptados fueron el vehículo para que el mayor gasto fiscal llegara en la mayor medida posible a las personas, reflejando un preocupación por la igualdad” (CEPAL, 2010). El año 2011 – señalaba el Informe de referencia -, se inició con un dinamismo económico singular, revirtiendo y dejando atrás los efectos de la crisis, el crecimiento del PBI regional proyectado supera el 4.1 y en algunos de los casos, por encima del 6%, al mismo tiempo que descienden las tasas de desempleo abierto ubicándose en el entorno del 7%. Mientras los países más industrializados atraviesan por una de las peores crisis financieras (obsérvese las medidas adoptadas en Europa que implicaron reducción del gasto público, disciplina fiscal, congelamiento de salarios, etc. y los impactos generados por la especulación en Estados Unidos), la Región sigue creciendo y las economías sortean los coletazos sin mayores contratiempos.
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Políticas Sociales en el MERCOSUR
LA IGUALDAD como prioridad política Por Christian Adel Mirza*
La primera década del siglo XXI ha marcado sin duda el inicio de un proceso significativo de cambios en las orientaciones en el campo de las políticas públicas sociales en la Región (MERCOSUR). Más específicamente estas transformaciones se han plasmado en la esfera de la acción social del Estado con relación directa a los problemas sociales. Dicho de otro modo, la cuestión social ha sido resignificada tanto téorica como empíricamente, por los actores principales que hoy asumen la conducción de la gestión pública en los cuatro Estados Parte del MERCOSUR Todo parece indicar que nos hallamos en una etapa de transición signada por la revisión de los sistemas y modelos de protección social con una intención implícita de reconstruir una matriz de bienestar capaz de resolver los nudos críticos que presenta nuestra realidad societal. No obstante ello, la deuda fundamental con la equidad y la igualdad social es asunto que preocupa a los gobernantes de la Región, sobre todo si tomamos en cuenta que América Latina continúa siendo el continente más desigual del mundo.
*Magister en Ciencia Política con especialización en Gobierno y Políticas Públicas. Profesor e Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) e investigador Senior para CLACSO. Actualmente es el Director Ejecutivo de Instituto Social del Mercosur
El regreso del Estado protector
A contrasentido de las doctrinas o tesis del Estado minimalista y la desregulación funcional al patrón de acumulación y a los intereses del capital, particularmente el capital financiero y trasnacional, el último decenio manifiesta el retorno del Estado, sobre todo en el campo de las políticas sociales. El regreso del Estado toma la forma de planes, programas sociales y proyectos sociales, de una acción pública masiva, sostenida en el tiempo y con una importante movilización y aplicación de recursos presupuestales. La mayor intervención estatal deja entrever una cierta intencionalidad de “domesticar el mercado”, es decir, operar en el mismo con acciones volitivas, en algunas esferas muy decisivas para la recuperación de los salarios. Véase el ejemplo de la negociación colectiva introducida en Uruguay mediante el funcionamiento de los Consejos de Salarios Tripartitos que suponen una injerencia mucho mayor que en las décadas anteriores fundamentada en la necesidad de inclinar la balanza a favor del trabajo en una relación que es asimétrica y desigual entre Capital y Trabajo.
Los ciudadanos son sujetos de derechos
Colocar el centro de atención en los derechos supone abandonar la idea que los ciudadanos son objetos de la compasión y de la asistencia pública. Deben ser tenidos como sujetos de derechos y el Estado garantizar su pleno ejercicio; esto es precisamente
lo que sustenta hoy día la base conceptual de las políticas sociales en el MERCOSUR. La integralidad de las políticas públicas desde un enfoque sistémico ha sido el intento puesto en práctica en los últimos años. Sin embargo, los propios constreñimientos del modelo productivo limitan todavía -y pese a los esfuerzos desplegados- aquella aspiración de integralidad de las intervenciones públicas para obtener resultados en términos de mayor equidad. Persisten rasgos de un modelo liberal-residualista que conviven o coexisten con la aplicación de planes sociales que pretenden apuntar a las causas que producen y reproducen la pobreza y no solo a mitigar los efectos “perversos” de las políticas económicas. La tendencia indica un itinerario probable en la remoción de aquellos resabios en la arquitectura de protección social.
Tensión entre universalidad y focalización
Es lo que aparece con fuerza en el escenario de las políticas sociales. De un lado se proclama el acceso universal a la educación, la salud, la vivienda (y por cierto que se toman medidas en ese sentido), de otro lado, persiste el criterio de focalización o de discriminación positiva para el acceso a prestaciones sociales no contributivas. An así, a modo de ejemplo, las modificaciones del régimen de asignaciones familiares en Argentina y la nueva estrategia de Brasil sin Miseria demuestran una intención de recorrer un camino hacia aquella universalización desanclada
de la comprobación de medios -o al menos de moderar el criterio- ampliando notablemente la cobertura de colectivos sociales. Introduciendo asimismo el concepto de focalización subsidiaria, esto es, una focalización complementaria que contribuye al ejercicio efectivo de los derechos por parte de sectores vulnerables que se encuentran en situación de desventaja económica y social.
Y en cuanto al impacto en la disminución de la brecha social o, dicho de otro modo, en la reducción de la desigualdad, los resultados no han sido plenamente satisfactorios, pese al descenso del coeficiente de Gini (como uno de los indicadores de medición), sobre todo en consideración a los altísimos niveles de desigualdad que arrastra la Región desde varias décadas atrás.
Transferencias Monetarias Directas
Incremento del Gasto Público Social
La implementación de Programas de Transferencias Condicionadas de Renta es una impronta generalizada en toda la Región. Precisamente con la llegada al poder político de los partidos y coaliciones progresistas, la transferencia monetaria directa se erige como un pilar sustantivo de las estrategias de combate a la pobreza y la indigencia. Vale remarcar que los impactos en aquella dirección han sido altamente positivos, dado que la indigencia o extrema pobreza ha bajado de manera sensible y en menor medida bajaron los índices de pobreza. Debe subrayarse a modo de ejemplo, al más reciente de los programas de esta naturaleza, el Tekoporá en Paraguay el cual avanzó sustancialmente en términos de cobertura fuertemente sustentado en la cooperación con las organizaciones sociales territoriales. Las condicionalidades –muy discutidas por otra parte– han evidenciado un incremento de la matrícula escolar y de la concurrencia a los diversos efectores de salud.
Aun cuando se entiende que el Gasto Público Social debería considerarse propiamente como inversión social, por lo general se registra en los presupuestos (técnicamente) como gasto aplicado por el Estado a cubrir las necesidades de la población, ofreciendo los bienes, servicios y prestaciones que lo hagan posible. Así es como observamos que en América Latina el porcentaje destinado al gasto social se ubicaba en el 12.21% del PBI en 1990-91, para el año 20072008 aquel trepaba al 18% y superaba levemente el 20% en el MERCOSUR (CEPAL, 2010). Esto se explica en buena medida por el incremento en el sector salud y en educación y por el aumento relativo de la seguridad social. Aún cuando el GPS mantiene globalmente un carácter procíclico, la mayoría de las naciones desarrollan una política de expansión del gasto en coyunturas de contracción económica mediante transferencias, subsidios y estímulos al empleo. Según el Panorama Social de la CEPAL la pobreza
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se incrementó levemente durante el 2008 y 2009 a consecuencia de la crisis pero hubo nuevamente una recuperación de la tendencia de descenso sostenido. Según el mencionado Informe (CEPAL, 2010), para Argentina, Chile, Perú y Uruguay la pobreza disminuyó por el efecto crecimiento; mientras que para Brasil, Ecuador, Panamá y Paraguay por efecto distribución.
Convergencia de estrategias: la cuestión social en la agenda política
Hay evidencia por lo antedicho, que el MERCOSUR camina a paso seguro por la senda de las transformaciones necesarias en la superación de la pobreza y la indigencia, para lo cual debe subrayarse las recientes decisiones que ha tomado el bloque rela-
Mientras los países más industrializados atraviesan por una de las peores crisis financieras (obsérvese las medidas adoptadas en Europa que implicaron reducción del gasto público, disciplina fiscal, congelamiento de salarios, etc. y los impactos generados por la especulación en Estados Unidos), la Región sigue creciendo y las economías sortean los coletazos sin mayores contratiempos.
Caracas • marzo-abril de 2012 5
tivas a la Dimensión Social del proceso de integración regional. En ese sentido se señalaba en la Declaración de Buenos Aires “Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social” del 14 de julio de 2006: la necesidad de “Asumir la dimensión social de la integración basada en un desarrollo económico de distribución equitativa, tendiente a garantizar el desarrollo humano integral, que reconoce al individuo como ciudadano sujeto de derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. De esta forma, la Dimensión Social de la integración regional se configura como un espacio inclusivo que fortalece los derechos ciudadanos y la democracia”1. La Declaración de Principios del MERCOSUR Social sintetiza los temas que habían
ocupado la atención y generado acuerdos en las reuniones de Ministros y Autoridades del MERCOSUR Social hasta ese momento2. Los fundamentos conceptuales se refieren a la: centralidad de la Dimensión Social en la integración que pretenda promover un desarrollo humano y social integral; indisociabilidad de lo social y económico en la formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales regionales; reafirmación del núcleo familiar como eje de intervención privilegiado de las políticas sociales en la región; centralidad del rol del Estado; protección y promoción social desde una perspectiva de derechos, superando la visión meramente compensatoria de lo social; participación de una sociedad civil fortalecida or-
ganizacionalmente. Asimismo en la Cumbre de Presidentes en Asunción de fines de junio 2011, el Consejo Mercado Común (máxima instancia decisoria) aprobó -a propuesta de la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social (RMADS) y la Comisión de Coordinación de Ministerios de Asuntos Sociales (CCMASM)el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS) que articula nueve ejes fundamentales y 26 directrices estratégicas para la Región, que se desarrollarán a partir del año 2012 bajo el formato de proyectos sociales regionales. Finalmente en la instancia realizada en Montevideo (6 y 7 de diciembre 2011) y días antes de la Cumbre de Presidentes, la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social (RMADS) resolvió definir en su próximo Plan Bienal los ejes prioritarios; a) la profundización de la institucionalidad de la Dimensión Social del MERCOSUR en particular su apoyo al Instituto Social del MERCOSUR, b) la elaboración y ejecución de proyectos regionales en el marco del PEAS, c) desarrollar la estrategia de identificación, intercambio y difusión de mejores prácticas en el área social y d) fortalecimiento de la integración con otras instancias del MERCOSUR sobre todo las designadas por la CCMASM. En síntesis, la cuestión social ocupa un espacio jerarquizado en las agendas públicas de los gobernantes en el Bloque MERCOSUR y de la sociedad en su conjunto: ello significa recuperar la centralidad del trabajo como mecanismo de integración, observar las nuevas manifestaciones de la exclusión social y de la pobreza, identificar y resaltar las formas históricas de discriminación hacia determinados colectivos sociales, advertir los reclamos por una ciudadanía plena, las urgencias
en materia de reparto de la riqueza y en suma, reconocer que la democracia se consolida y solo se asegura en la medida que las personas y familias sientan que en aquella residen las respuestas a sus demandas y necesidades. Ya no basta con obtener un crecimiento económico sostenido, más aún, para que sigan creciendo las economías y hablemos de desarrollo es absolutamente imprescindible la satisfacción de determinadas condiciones sociales que lo hagan viable a largo plazo y se redistribuya la riqueza de modo equitativo. Y si dichos asuntos ocupan un lugar privilegiado en las agendas gubernamentales, ello es fruto de una decisión política pero también de la acción social colectiva que reclama cada vez más participación. El MERCOSUR tiene pues un enorme desafío por delante -que de alguna manera ha sido asumido-: seguir reduciendo la pobreza y eliminar la indigencia, pero avanzar sustancialmente en dirección a disminuir la brecha social aún existente. Si la calidad de vida y el bienestar de la población es la prioridad inequívoca de los cuatro gobiernos del Bloque, es la hora de profundizar las estrategias mancomunadas a nivel regional para revertir el proceso histórico de concentración de la riqueza y acrecentar los mecanismos de su redistribución equitativa.
Declaración de Buenos Aires “Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social”, Buenos Aires, 14/ 07/ 2006. 2 Se refiere a la VII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur, Bolivia, Chile, Perú en 2004; la Declaración de Asunción y la Declaración de Montevideo en 2005; y la Declaración de Buenos Aires en 2006. 1