L a privatización de PEMEX: ¡Cuidado con l a renta!
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Los ojos sobre Venezuela Por Raúl Cazal
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a oposición venezolana busca desestabilizar al país apuntando al mismo objetivo que culminó en el golpe de Estado de abril de 2002. En ese momento intentaron dar un “golpe blando”, pero no tuvieron el apoyo de sectores políticos, económicos y militares, como sí sucedió en Honduras y, más recientemente, en Paraguay. El intento de tomar el Gobierno a toda costa los ha llevado a la desesperación, como lo demuestra la incitación a la sublevación de sus seguidores por parte del candidato perdedor, después de que el órgano electoral proclamase ganador a Nicolás Maduro. Esta reacción del dirigente opositortrajo como consecuencia el asesinato de 11 partidarios del chavismo. Aunque este hecho es a todas luces punible, la oposición busca zafar de la justicia declarándose víctima de persecución política. No es la primera vez que actúa así y esto incluso le ha dado réditos electorales, especialmente al más reciente candidato perdedor en la elección presidencial Henrique Capriles Radonski. Hasta ahora han conseguido el apoyo internacional de los políticos y partidos de la derecha. Pero esto no fue suficiente. Comenzaron entonces a hacer “chirriar la economía”, como si 43 años después obedeciesen la orden que dio el presidente estadounidense Richard Nixon al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Richard Helms como parte del plan de injerencia que buscaba impedir que el presiden-
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te socialista electo Salvador Allende pudiera asumir la presidencia en 1970, en Chile. La economía venezolana se ve afectada por la inflación que desató la especulación de sectores comerciales y productivos por la adquisición de divisas, y con el desabastecimiento de ciertos productos. Hacer “Chirriar la economía”, como quería Nixon en Chile,no es solamente colapsar
“Yo, presidente de Bolivia secuestrado en Europa”
a los sectores involucrados en la producción y el comercio sino, y tal vez lo más importante, generar un malestar tal en la población que llevaría a ésta a sublevarse contra sus gobernantes democráticamente electos y a quienes han apoyado en todas las políticas sociales implementadas en los 14 años de revolución bolivariana. Si bien la oposición ha logrado captar a un sector de la
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población electoral, robando el lenguaje y las propuestas del chavismo también han ocultado sus verdaderos intereses hasta el punto que su candidato, de derecha por definición política (véase su posición respecto a la ayuda venezolana al pueblo haitiano, su posición con los organismos regionales latinoamericanos y la búsqueda de apoyo en los centros de poder históricamente de
derecha, como Miami) ha tenido la desfachatez de decir públicamente que su “pensamiento” es de izquierda. Las características fascistas que la definen, la llevan, como a éste, a apropiarse de la palabra “socialismo” para cometer crímenes de lesa humanidad.. Hugo Chávez cambió el rumbo de la historia política, económica y social de Venezuela, e incluso de América latina. Marcó la pauta a finales del siglo XX para alcanzar el Gobierno a través de elecciones, mantenerse durante 14 años -a pesar de golpes, sabotajes económicos, referendo revocatorio- y generar una política con base en la construcción del poder popular. Este es el planteamiento sobre el quetrabaja el presidente Nicolás Maduro, primer presidente venezolano chavista, logró mantener unido a un partido y a sus militantes y seguidores. La mayor demostración de unidad y organización fue haber ganado una elección presidencial en tal solo 10 días de campaña electoral, contra el candidato de la derecha, que estaba en campaña desde hacía más de 2 años. Sin embargo el pueblo venezolano ha dado muestras de su conciencia política, y cuando entiende que quieren hacer “chirriar la economía” del país, logra coordinar un frente común con el Gobierno para frenar a quienes quieren revertir el proceso revolucionario que se vive en Venezuela. Los ojos de la izquierda latinoamericana y del mundo están puestos sobre Venezuela. Así como los ojos de Chávez, que está en cada corazón venezolano que quiere una Patria libre y soberana.
egipto: la revolución a la sombra de los militares
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2 Le Monde diplomatique Venezuela venezuela
Raúl Cazal Director Estela Aganchul Editora Florángel Gómez Prensa y relaciones institucionales Ilustración Ugo Ramallo Producciones del Waraima Traducción,corrección y producción gráfica Gráficas Lauki Impresión Depósito legal pp 200801DC1253 Es una publicación de Producciones del Waraima 7257 C.A. RIF: J-29596783-7 Víctor García Presidente Residencias Unión. Torre B Oficinas E-F 4ta avenida. Caracas 1060 +58 212 2857257 - 2519027 produccionesdelwaraima@gmail.com info.monde-diplomatique@gmail.com @lediplovlza De esta edición se imprimieron 5.000 ejemplares Distribución Disribuidora Continental francia Hubert Beuve-Méry Fundador Francois Honti, Claude Julien, Ignacio Ramonet Antiguos directores Serge Halimi Presidente del Directorio y Director de la Redacción Alain Gresh Director Adjunto Bruno Lombard Director de Gestión Martine Bulard Jefa de Redacción Anne-Cécile Robert Responsable de las ediciones internacionales y su desarrollo 1-3 rue Stephen-Pichon, 75013 París Teléfono: +331 53 94 96 21 Fax: +331 53 94 96 26 secretaria@monde-diplomatique.fr www.monde-diplomatique.fr EN INTERNET Catalán: www.mondiplomatic.com Chino: http://cn.mondediplo.com Esperanto: http://eo.MondeDiplo.com Inglés: http://Mondediplo.com Japonés: www.diplo.jp Portugués (Brasil): www.diplo.com.br En total, la difusión de Le Monde diplomatique y de sus distintas ediciones (62 ediciones internacionales en 24 idiomas; 31 impresas y 31 en internet) supera los 1.900.000 ejemplares. EDICIONES INTERNACIONALES ALEMANIA. Die Tageszeitung. (Kochstrasse 18, 10969 Berlín); 90.000 ejemplares, supl. mensual. www. monde-diplomatique.de ARGENTINA. Capital Intelectual S.A. (Francisco Acuña de Figueroa 459. Buenos Aires 1180); 40.000 ejemplares, mensual. www.eldiplo.org BRASIL. Instituto Pólis (Rua Araújo 124, São Paulo); 40.000 ejemplares, mensual.
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¡Todos fichados!
Por Ignacio Ramonet*
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os lo temíamos1. Y tanto la literatura (1984, de George Orwell) como el cine de anticipación (Minority Report, de Steven Spielberg) nos habían avisado: con los progresos de las técnicas de comunicación todos acabaríamos siendo vigilados. Claro, intuíamos que esa violación de nuestra privacidad la ejercería un Estado neo totalitario. Ahí nos equivocamos. Porque las inauditas revelaciones efectuadas por el valeroso Edward Snowden sobre la vigilancia orwelliana de nuestras comunicaciones acusan directamente a Estados Unidos, país antaño considerado como “la patria de la libertad”. Al parecer, desde la promulgación en 2001 de la ley “Patriot Act”2, eso se terminó. El propio presidente Barack Obama lo acaba de admitir: “No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de privacidad”. Bienvenidos pues a la era del ‘Gran Hermano’... ¿Qué revelaciones ha hecho Snowden? Este antiguo asistente técnico de la CIA, de 29 años, y que últimamente trabajaba para una empresa privada –la Booz Allen Hamilton3– subcontratada por la Agencia estadounidense de Seguridad Nacional (NSA), re-
veló mediante filtraciones a los diarios The Guardian y The Washington Post, la existencia de programas secretos que permitían la vigilancia de las comunicaciones de millones de ciudadanos por parte del Gobierno de Estados Unidos. Un primer programa entró en vigor en 2006. Consiste en espiar todas las llamadas telefónicas que se efectúan, a través de la compañía Verizon, dentro de Estados Unidos, y las que se hacen desde allí hacia el extranjero. Otro programa, llamado PRISM, fue puesto en marcha en 2008. Supone la recolección de todos los datos enviados por Internet –correos electrónicos, fotos, vídeos, chats, redes sociales, tarjetas de crédito... – únicamente (en principio) por extranjeros que residen fuera del territorio norteamericano. Ambos programas han sido aprobados en secreto por el Congreso de Estados Unidos, al que se habría mantenido, según Barack Obama, “consistentemente informado” sobre su desarrollo. Sobre la dimensión de la increíble violación de nuestros derechos civiles y de nuestras comunicaciones, la prensa ha aportado detalles espeluznantes. El 5 de junio, por ejemplo, The Guardian publicó la orden emiti-
da por el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, que exigía a la compañía telefónica Verizon la entrega a la NSA del registro de decenas de millones de llamadas de sus clientes. El mandato no autoriza, al parecer, a conocer el contenido de las comunicaciones ni los titulares de los números de teléfono, pero sí permite el control de la duración y el destino de esas llamadas. El día siguiente The Guardian y The Washington Post revelaron la realidad del programa secreto de vigilancia PRISM, que autoriza a la NSA y al FBI a acceder a los servidores de las nueve principales empresas de Internet (con la notable excepción de Twitter): Microsoft, Yahoo, Google, Facebook4, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple. Mediante esta violación de las comunicaciones, el Gobierno estadounidense puede acceder a archivos, audios, vídeos, correos electrónicos o fotografías de sus usuarios. PRISM se ha convertido de ese modo en la herramienta más útil de la NSA a la hora de elaborar los informes que diariamente entrega al presidente Obama. El 7 de junio, los mismos diarios publicaron una directiva de la Casa Blanca en la que el presidente ordena a sus agencias de inteligencia (NSA,
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CIA, FBI) establecer una lista de posibles países susceptibles de ser ‘ciberatacados’ por Washington. Y el 8 de junio, The Guardian filtró la existencia de otro programa que permite a la NSA clasificar los datos que recopila en función del origen de la información. Esta práctica, orientada al ciberespionaje en el exterior, permitió recopilar –sólo en marzo pasado– unos 3.000 millones de datos de ordenadores en Estados Unidos... Durante estas últimas semanas, ambos periódicos han ido revelando, gracias a filtraciones hechas por Edward Snowden, nuevos programas de ciberespionaje y vigilancia de las comunicaciones en países del resto del mundo. “La NSA –explicó Edward Snowden– ha construido una infraestructura que le permite interceptar prácticamente cualquier tipo de comunicación. Con estas técnicas, la mayoría de las comunicaciones humanas se almacenan para servir en algún momento a un objetivo determinado”. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), cuyo cuartel general se halla en Fort Meade (Maryland), es la más importante y la más desconocida agencia de inteligencia norteamericana. Es tan secreta que la mayoría de los estadounidenses ignora su existencia. Controla la mayor parte del presupuesto destinado a los servicios de inteligencia, y produce más de cincuenta toneladas de material clasificado al día... Ella –y no la CIA– es quien posee y opera el grueso de los sistemas estadounidenses de recogida secreta de material de inteligencia: desde una red mundial de satélites hasta las decenas de puestos de escucha, miles de ordenadores y los masivos bosques de antenas situados en las colinas de Virginia occidental. Una de sus especialidades es espiar a los espías, o sea a los servicios de inteligencias de todas las potencias, amigas o enemigas. Durante la guerra de las Malvinas (1982), por ejemplo, la NSA descifró el código secreto de los servicios de inteligencia argentinos, haciendo así posible la transmisión de información crucial a los británicos sobre las fuerzas argentinas... Todo el sistema de intercepción de la NSA puede captar discretamente cualquier e-mail, cualquier consulta de Internet o conversación telefónica inter-
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nacional. El conjunto total de comunicaciones interceptadas y descifradas por la NSA constituye la principal fuente de información clandestina del Gobierno estadounidense. La NSA colabora estrechamente con el misterioso sistema Echelon. Creado en secreto, después de la Segunda Guerra Mundial, por cinco potencias (los “cinco ojos”) anglosajonas: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Echelon es un sistema orwelliano de vigilancia global que se extiende por todo el mundo y está orientado hacia los satélites que se utilizan para transmitir la mayor parte de las llamadas telefónicas, comunicaciones por Internet, correo electrónico y redes sociales. Echelon puede captar hasta dos millones de conversaciones por minuto. Su misión clandestina es el espionaje de gobiernos, partidos políticos, organizaciones y empresas. Seis bases a través del mundo recopilan las informaciones e interceptan de forma indiscriminada enormes cantidades de comunicaciones que los superordenadores de la NSA posteriormente criban mediante la introducción de palabras claves en varios idiomas. En el marco de Echelon, los servicios de inteligencia estadounidense y británico han establecido una larga colaboración secreta. Y ahora hemos sabido, gracias a nuevas revelaciones de Edward Snowden, que el espionaje británico también pincha clandestinamente cables de fibra óptica, lo que le permitió espiar las comunicaciones de las delegaciones que acudieron a la Cumbre del G-20 de Londres en abril de 2009. Sin distinguir entre amigos y enemigos5. Mediante el programa Tempora, los servicios británicos no dudan en almacenar colosales cantidades de información obtenida ilegalmente. Por ejemplo, en 2012, manejaron unos 600 millones de “eventos telefónicos” al día y pincharon, en perfecta ilegalidad, más de 200 cables... Cada cable transporta 10 gigabytes6 por segundo. En teoría, podrían procesar 21 petabytes7 al día; lo que equivale a enviar toda la información que contiene la Biblioteca Británica 192 veces al día... Los servicios de inteligencia constatan que ya hay más de 2.000 millones de usuarios de Internet en el mundo y que
más de mil millones utilizan Facebook de forma habitual. Por eso se han fijado por objetivo, transgrediendo leyes y principios éticos, controlar todo lo que circula por Internet. Y lo están consiguiendo: “Estamos empezando a dominar Internet”, confesó un espía inglés, “y nuestra capacidad actual es bastante impresionante”. Para mejorar aún más ese conocimiento de Internet, la Government Communications Headquarters (GCHQ, Agencia de inteligencia británica) lanzó recientemente dos nuevos programas: Mastering The Internet (MTI) sobre cómo dominar Internet, e Interception Modernisation Programme para una explotación orwelliana de las telecomunicaciones globales. Según Edward Snowden, Londres y Washington acumulan ya, diariamente, una cantidad astronómica de datos interceptados clandestinamente a través de las redes mundiales de fibra óptica. Ambos países destinan en total a unos 550 especialistas a analizar esa titanesca información. Con la ayuda de la NSA, la GCHQ se aprovecha de que gran parte de los cables de fibra óptica que conducen las telecomunicaciones planetarias pasan por el Reino Unido, y los ha interceptado con sofisticados programas informáticos. En síntesis, miles de millones de llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, datos sobre visitas a Internet son acumulados sin que los ciudadanos lo sepan bajo pretexto de reforzar la seguridad y combatir el terrorismo y el crimen organizado. Washington y Londres han puesto en marcha un orwelliano plan ‘Gran Hermano’ con capacidad de saber todo lo que hacemos y decimos en nuestras comunicaciones. Y cuando el presidente Obama apela a la ‘legitimidad’ de tales prácticas de violación de la privacidad, está defendiendo lo injustificable. Además, hay que recordar que por haber realizado labores de información sobre peligrosos grupos terroristas con base en La Florida –o sea una misión que el presidente Obama considera hoy como ‘perfectamente legítima’– cinco cubanos fueron detenidos en 1998 y condenados por la justicia estadounidense a largas e inmerecidas penas de prisión8. Un escándalo judicial que es hora de reparar liberando a esos cinco héroes9. El presidente Barack Obama
está abusando de su poder y restando libertad a todos los ciudadanos del mundo. “Yo no quiero vivir en una sociedad que permite este tipo de actuaciones”, protestó Edward Snowden cuando decidió hacer sus impactantes revelaciones. Las hizo, y no es casualidad, justo cuando empezaba el juicio contra el soldado Bradley Manning acusado de filtrar secretos a WikiLeaks, la organización internacional que publica informaciones secretas de fuentes anónimas. Y cuando el cibermilitante Julian Assange lleva un año refugiado en la embajada de Ecuador en Londres... Snowden, Manning, Assange, son paladines de la libertad de expresión, luchadores en beneficio de la salud de la democracia y de los intereses de todos los ciudadanos del planeta. Hoy acosados y perseguidos por el ‘Gran Hermano’ estadounidense10. ¿Por qué estos tres héroes de nuestro tiempo aceptaron semejante riesgo que les puede hasta costar la vida? Edward Snowden,
Sobre la dimensión de la increíble violación de nuestros derechos civiles y de nuestras comunicaciones, la prensa ha aportado detalles espeluznantes. El 5 de junio, por ejemplo, The Guardian publicó la orden emitida por el Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera, que exigía a la compañía telefónica Verizon la entrega a la NSA del registro de decenas de millones de llamadas de sus clientes
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obligado a pedir asilo político en Ecuador, contesta: “Cuando te das cuenta de que el mundo que ayudaste a crear va a ser peor para la próxima generación y para las siguientes, y que se extienden las capacidades de esta arquitectura de opresión, comprendes que es necesario aceptar cualquier riesgo. Sin que te importen las consecuencias”. l *Director de Le Monde diplomatique, España
Véase Ignacio Ramonet, “Vigilancia total” y “Control social total”, en Le Monde diplomatique, España, respectivamente agosto de 2003 y mayo de 2009. 2 Propuesta por el presidente George W. Bush y adoptada en el contexto emocional que sucedió a los atentados del 11 de septiembre de 2001, la ley “Patriot Act” autoriza controles que interfieren en la vida privada, suprimen el secreto de la correspondencia y la libertad de información. Ya no se exige una autorización para las escuchas telefónicas. Y los investigadores pueden acceder a las informaciones personales de los ciudadanos sin orden de registro. 3 En 2012, esta empresa le facturó a la Administración estadounidense 1.300 millones de dólares por “asistencia en misiones de inteligencia”. 4 Hemos sabido recientemente que Max Kelly, el responsable principal de seguridad de Facebook, responsable de proteger la información personal de los usuarios de esta red social contra ataques externos, dejó esta empresa en 2010 y fue reclutado... por la NSA. 5 Espiar a diplomáticos extranjeros es legal en el Reino Unido: lo ampara una ley aprobada por los conservadores británicos en 1994 que pone el interés económico nacional por encima de la cortesía diplomática. 6 El byte es la unidad de información en informática. Un gigabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es GB, y equivale a 1010 bytes, o sea mil millones de bytes, equivalente, en texto escrito, a una furgoneta llena de páginas con texto. 7 Un petabyte (PT) equivale a 1015 bytes. 8 La misión de los cinco A ntonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González consistía en infiltrar y observar las actuaciones de grupos de exiliados cubanos para prevenir actos de terrorismo contra Cuba. A propósito del juicio que, condenó a varios de ellos a penas de cadena perpetua, Amnesty International declaró en un comunicado que “durante el juicio no se presentó ninguna prueba que demostrase que los acusados realmente hubieran manejado o transmitido información clasificada”. 9 Véase Fernando Morais, Los últimos soldados de la guerra fría, Arte y Literatura, La Habana, 2013. 10 Edward Snowden corre el riesgo de ser condenado a 30 años de prisión después de haber sido acusado oficialmente por la Administración de Estados Unidos de “espionaje”, “robo” y “utilización ilegal de bienes gubernamentales”. 1
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“Yo, presidente de Bolivia, fui secuestrado en Europa” Por Evo Morales
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l 2 de julio pasado se produjo uno de los acontecimientos más insólitos en la historia del derecho internacional: la prohibición hecha al avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia de sobrevolar los territorios francés, español, italiano y portugués, y después mi secuestro en el aeropuerto de Viena (Austria) durante catorce horas. Algunas semanas después, este atentado contra la vida de los miembros de una delegación oficial, cometida por Estados conocidos como democráticos y respetuosos de las leyes, continúa levantando la indignación, mientras que abundan las condenas por parte de ciudadanos, organizaciones sociales, organismos internacionales y gobiernos en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó? Yo estaba en Moscú, cuando unos instantes antes del comienzo de una reunión con Vladimir Putin, un asistente me alertó de las dificultades técnicas: imposible regresarnos a Portugal como habíamos previsto inicialmente. Sin embargo, cuando termina mi reunión con el presidente ruso, queda claro que el problema no tiene nada de técnico… Desde La Paz, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, organiza una escala en Las Palmas de la Gran Canaria, en España, y valida un nuevo plan de vuelo. Todo parece estar en orden… Sin embargo, mientras estamos en el aire, el coronel de aviación Celiar Arispe, que comanda el grupo aéreo presidencial y piloteaba el avión ese día, me viene a ver: “¡París nos retira su autorización de sobrevuelo! ¡No podemos entrar en el espacio aéreo francés”. Su sorpresa sólo se igualaba con su inquietud: estábamos a punto de pasar sobre el Hexágono. Nosotros podíamos seguramente intentar regresar a Rusia, pero corríamos el riesgo de quedarnos sin combustible. El
Las revelaciones hechas por Edward Snowden que muestran el carácter tentacular del espionaje americano no suscitó más que cautelosas reacciones por parte de los dirigentes europeos, los cuales, sin embargo, no dudaron en inmovilizar el avión del presidente boliviano Evo Morales, por sospechar que allí se encontraba el informante fugitivo
coronel Arispe contactó con la torre de control del aeropuerto de Viena para solicitar la autorización de efectuar un aterrizaje de emergencia. Le agradezco aquí a las autoridades austríacas por habernos dado luz verde. Instalado en una pequeña oficina del aeropuerto que pusieron a mi disposición, yo estaba en plena conversación con mi vicepresidente, Alvaro García Linera, y con Choquehuanca para examinar el desarrollo de los acontecimientos y, sobretodo, intentar comprender las razones de la decisión francesa, cuando el piloto me informó que Italia también rechazó nuestra entrada a su espacio aéreo. Es en ese momento que recibo la visita del embajador de España en Austria, Alberto Carnero. Éste me anuncia que un nuevo plan de vuelo acaba de ser aprobado para llevarme a España. Solamente, me explica, antes tendrá que inspeccionar el avión presidencial. Esta es una condición sine qua non para nuestra partida para Las Palmas de Gran Canaria. Cuando le pregunto sobre las razones de esta exigencia, Carnero menciona el nombre de Edward Snowden, el empleado de una sociedad americana con la cual Washington subcontrata algunas de sus actividades de espionaje. Yo le respondí que no lo conocía más que a través de la lectura de la prensa. Igualmente le recordé al diplomático español que mi país respetaba las convenciones internacionales: en ningún caso yo estaba tratando de extraditar a nadie a Bolivia. Carnero estaba en contacto permanente con el subsecretario de Asuntos Exteriores español, Rafael Mendívil Peydro, quien, evidentemente, le pedía que insistiera. “Usted no inspeccionará este avión”, debí recalcar. “Si usted no cree que lo que yo le digo, entonces está tratando de mentiroso al presidente del Estado soberano de Bolivia”. El diplomático sale para tomar las consignas de su superior, y al regresar me pide entonces que lo
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La privatización de PEMEX
Cuidado con la renta In memoriam: José Luis González Aragón, entrañable amigo y colega en Petróleos Mexicanos
Por Juan Carlos Boué *
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l director general de Pemex declaró hace poco a la prensa que la industria petrolera de México tiene el marco legal más restrictivo de todos los países del mundo, con la sola excepción de Corea del Norte. El director general de Pemex declaró hace poco a la prensa que la industria petrolera de México tiene el marco legal más restrictivo de todos los países del mundo, con la sola excepción de Corea del Norte. La comparación sugiere que gracias a la añeja hostilidad contra la participación del capital privado en la industria petrolera, especialmente en exploración y producción, México acusa tal rezago institucional que se encuentra a la par de un fósil estalinista de la Guerra Fría (“México y Corea del Norte tienen el marco energético más restrictivo”, El País, 25 de febrero 2013). En contraste, países que solían abordar esta cuestión de manera igualmente dogmática han optado por darle un giro de 180 grados a sus respectivas políticas petroleras y ahora, gracias a los aportes tecnológicos, financieros y gerenciales de compañías internacionales, tienen sectores petroleros vigorosos, capaces de enfrentar los desafíos más complejos. Un caso emblemático sería Brasil, país que entre 1953 y 1997 mantuvo un monopolio estatal sobre todas las ramas de la industria petrolera, muy similar al que todavía existe en México, pero cuya liberalización de la exploración y la producción de sus recursos petroleros ha traído un crecimiento espectacular de los mismos. En los últimos cinco años Brasil ha anunciado descubrimientos en aguas ultra-profundas cuya magnitud es comparable al total de reservas probadas de México. La mayor parte de esta impresionante adición de reservas ha corrido por cuenta de la compañía petrolera nacional, Petrobras, cuyas acciones se cotizan en
las bolsas de valores de São Paulo y Nueva York. De hecho, entre todas las empresas petroleras del mundo, Petrobras probablemente sea la que cuente con el más impresionante palmarés en lo tocante a la producción de petróleo a profundidades marinas extremas. Más aún, a lo largo de la última década la producción de crudo
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y gas de Petrobras ha aumentado espectacularmente, a pesar de que ha tenido que desplazarse a tirantes de agua cada vez mayores. Durante esos mismos años, en cambio, la producción de petróleo crudo en México ha ido en picada por el agotamiento natural del campo Cantarell, agravado por el daño que se causó a éste en aras del frívolo objetivo de imponer un récord absoluto de producción durante el sexenio de Vicente Fox, así como del fracaso de la iniciativa de Pemex de compensar dicha declinación mediante producción proveniente de los yacimientos, someros y terrestres, de Chicontepec. Para efectos de la definición de la agenda petrolera mexicana la comparación con Corea del Norte no parece venir demasiado al caso. Después de todo, “parecerse lo menos posible a Corea del Norte” no suena como un programa serio de acción. Sin embargo, en términos analíticos, es sumamente valiosa, por lo que revela del debate en materia petrolera en México, tanto en lo fáctico como en lo conceptual. El supuesto paralelismo entre ambos países no existe en los hechos. El marco legal petrolero de México es más restrictivo que el de Corea del Norte. Inclusive tras la firma de los contratos de servicios múltiples de Burgos o los recientes contratos integrales de exploración y producción para campos maduros, México sigue siendo uno de los tres países que excluyen de la manera más tajante la inversión privada en exploración y producción. Los otros dos miembros de este club son Arabia Saudita y Kuwait. En cambio, Corea del Norte al igual que Cuba, la otra reliquia del socialismo realmente existente, ha suscrito numerosos acuerdos de producción compartida con compañías privadas de diversos orígenes (“Glimmers of Hope Seen in North Korean Basins, Markets”, Oil and Gas Journal, 97 [1], 1999). En la práctica, principalmente por consideraciones de índole geológica y por los riesgos de sanciones y embargos, ni los acuerdos de producción compartida norcoreanos ni los cubanos han sido fructíferos. Vale la pena subrayar que los promotores de la apertura petrolera en México ven en este tipo de contratos el vehículo legal idóneo para la reforma, entre otras cosas porque el inversionista privado se presenta
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ahí como un simple agente o contratista del Estado, y nunca tiene título de propiedad sobre los hidrocarburos producidos, aunque su remuneración casi siempre se liquida en especie con los hidrocarburos producidos y, cuando se liquida en efectivo, el precio de mercado de los hidrocarburos es la variable de mayor peso para determinar el monto. En el plano conceptual, las deficiencias que subyacen al planteamiento del director de Pemex son menos evidentes, pero más insidiosas. Se aborda la participación del capital privado en actividades de exploración y producción como un asunto de izquierda versus derecha. Discrepar de dicha participación es sintomático de una mal aconsejada y anacrónica vocación estatista, un tanto más excusable en México por la veneración que suscita la memoria del general Cárdenas. Estar a favor de la participación del capital privado, en cambio, indica una pragmática y saludable percepción de las enormes posibilidades que ofrece el mercado para hacer frente a los desafíos de una economía globalizada y una industria petrolera mundial en acelerado proceso de transformación tecnológica, así como para satisfacer las exigencias de la población mexicana. Las limitaciones inherentes a esta perspectiva saltan a la vista cuando se consideran los casos de los dos países cuya postura a este respecto es la más parecida a la de México: Arabia Saudita y Kuwait, monarquías semi-feudales que difícilmente pueden verse como adalides de la izquierda. Asimismo, si se repara en los casos de otros países que o bien tradicionalmente han optado por esquemas restrictivos al capital privado (Abu Dhabi, Irán, Irak antes de la invasión estadunidense), o bien están tratando de apretar nuevamente las tuercas tras haber usado esquemas liberales, como la Federación Rusa y Venezuela, se puede constatar que dichos países se encuentran distribuidos a todo lo largo del espectro ideológico. El único factor que estos países tienen en común es la fecundidad de sus yacimientos petrolíferos. Disfrutan, por ello, de costos unitarios relativamente bajos de explotación, y generan en consecuencia utilidades extraordinarias que se traducen en tasas de rentabilidad superiores, en ocasiones por órdenes de
Para efectos de la definición de la agenda petrolera mexicana la comparación con Corea del Norte no parece venir demasiado al caso. Después de todo, “parecerse lo menos posible a Corea del Norte” no suena como un programa serio de acción. magnitud, a las necesarias para atraer capital de inversión a estas actividades, habida cuenta de los riesgos involucrados. La capacidad de generar ganancias extraordinarias es la que tiende a determinar si la estructura de gobierno de las actividades de exploración y producción es, en principio, de corte restrictivo o más bien liberal. Es decir, que el grado de receptividad de un país cualquiera a la inversión privada en estas actividades no necesariamente refleja la visión mayoritaria en dicho país acerca de cuál debe ser el peso relativo del Estado versus el del mercado en una economía moderna. Las más de las veces es una respuesta a una pregunta de índole eminentemente práctica; a saber, ¿cuánto más podrá recibir dicho país a cambio de la liquidación de un recurso natural no renovable, valioso y relativamente escaso, que es de su exclusiva propiedad y dominio, si restringe o impide el acceso del capital privado? La postura de un Estado frente a la participación del capital privado en exploración y producción de petróleo es, o debería ser, ante todo una cuestión de negocios, no de ideología. Más con-
cretamente, se trata del negocio que está en posición de hacer un Estado cuando, en su calidad de terrateniente, exige una remuneración patrimonial bajo la forma de regalías, derechos de producción y otros tipos de gravámenes a la extracción de petróleo y gas, a cambio de permitir la explotación de sus recursos de hidrocarburos. Para apreciar la superioridad de esta última perspectiva analítica, conviene hacer referencia a la historia reciente no tanto de Rusia o Venezuela, dos países cuyas políticas petroleras actuales se prestan a interpretaciones ideológicas simplistas, sino de Dinamarca, una de las democracias liberales más avanzadas del mundo. En 2003 este país nacionalizó parcialmente la así llamada “concesión petrolera única” y también alteró radicalmente su régimen fiscal. Explicar estas medidas en términos ideológicos es muy difícil: ¿el gobierno de coalición de centro-derecha que las tomó sucumbió, temporalmente, al temible virus norcoreano? Para explicarlas desde la perspectiva de negocios antes esbozada basta ver que con los precios del petróleo en franca alza estas medidas permitieron al gobierno danés triplicar sus ingresos fiscales petroleros, aumentando la proporción de los ingresos brutos generados por la concesión petrolera. Dicha proporción pasó de poco más de 20% durante el periodo 19902003 a aproximadamente 50% entre 2004 y 2011. Una situación análoga a la de Dinamarca, pero mucho más extrema, fue la de las monarquías del Golfo Pérsico, tras la guerra de Yom Kippur y el primer shock petrolero (1973-4). Ante estos eventos, dichos países sencillamente no tuvieron otra opción más que nacionalizar sus propias concesiones petroleras y confiar la conducción de las actividades de la industria a empresas estatales. El peso de la renta petrolera en sus
respectivas economías se volvió a tal grado avasallador que, más allá de sus preferencias ideológicas, les quedó claro que no podían darse el lujo de que su ingreso petrolero fiscal dependiera de las decisiones de inversión de compañías privadas cuya tajada del negocio, a las tasas de imposición derivadas de los acuerdos de Teherán y Trípoli (1971), era cuando mucho de cinco centavos por cada dólar de ingreso bruto de la concesión. Para el Estado mexicano el monopolio en las actividades de exploración y producción durante los años de auge de los yacimientos de Tabasco, Chiapas y Campeche también resultó un negocio colosal, con todo y que el vehículo a través del cual se ejerció dicho monopolio fuera una paraestatal con las ineficiencias seculares de Pemex. Cabe aclarar que la percepción generalizada de que esta empresa mantiene al gobierno federal — y, por extensión, a México — no podría ser más equivocada: lo que sostiene al gobierno federal no es Petróleos Mexicanos sino el petróleo mexicano y las rentas que éste genera. Por espacio de casi tres décadas México logró recaudar, proporcionalmente, los gravámenes a la producción petrolera más elevados del mundo. Con toda seguridad éste no habría sido el caso si el gobierno federal hubiera tenido que cobrarle estos impuestos a empresas privadas, en lugar de a Pemex. El hecho de que México tenga la tasa de impuestos más baja de todos los países miembros de la OCDE hasta cierto punto se explica por la efectividad de Pemex como instrumento de recaudación fiscal, pero también es un reflejo de la inhabilidad del gobierno federal para cobrar impuestos a contribuyentes no cautivos (la cual ya estaba muy en evidencia para cuando tuvieron lugar los grandes descubrimientos petroleros de la década de los años novecientos setenta). Pero el negocio petrolero del Estado mexicano se ha deteriorado al compás de la declinación de los grandes yacimientos del sureste, y las múltiples carencias tecnológicas y gerenciales de Pemex no permiten avizorar una mejoría en la situación. A partir de 2005, lejos de haber sido descapitalizada por causa de la “voracidad fiscal” del gobierno federal, Pemex ha dedicado montos sin precedentes de capital a la inversión en actividades de exploración y
producción, pero los resultados obtenidos han sido exiguos, por decir lo menos. Ante esto, el gobierno mexicano, efectivamente, no parece tener otra alternativa que relajar las condiciones de acceso y admitir el regreso del capital privado a la exploración y la producción de petróleo. A grandes rasgos este diagnóstico luce similar al de los actuales promotores de la apertura petrolera en México. Sin embargo, las semejanzas son engañosas, ya que los segundos tienen una visión mucho más desalentadora respecto a la debilidad de la posición negociadora del país en estos momentos. Dicha visión hace énfasis en lo mucho que supuestamente ha de concederse con tal de atraer capital petrolero, pero pasa por alto la prospectividad geológica de México y, sobre todo, el hecho incontrovertible de que los precios altos del petróleo son sintomáticos de la relativa escasez — no la abundancia — de alternativas de inversión a nivel mundial. 2011 marcó la primera ocasión en que el promedio anual del precio internacional del petróleo superó los 100 dólares por barril. Estos precios son una condición necesaria para sustentar las actividades de producción de hidrocarburos líquidos provenientes de lutitas bituminosas (shale oil) cuyos costos variables mínimos generalmente exceden los 50 dólares por barril, las más de las veces por un margen considerable. En contraste, los costos de producción en un yacimiento en un tirante de agua moderado
En 2003 Dinamarca nacionalizó parcialmente la así llamada “concesión petrolera única” y también alteró radicalmente su régimen fiscal. Explicar estas medidas en términos ideológicos es muy difícil: ¿el gobierno de coalición de centro-derecha que las tomó sucumbió, temporalmente, al temible virus norcoreano?
Caracas • julio-agosto de 2013
frente a las costas de Tabasco o Veracruz son del orden de los 15 dólares por barril. El mejor indicio de los preocupantes derroteros por los que se encauza la iniciativa de apertura petrolera del presente gobierno quizás sea la elección de Brasil como el modelo a seguir. El régimen fiscal brasileño fue diseñado expresamente para maximizar los flujos de efectivo disponibles para propósitos de reinversión y distribución a los inversionistas, a costa del ingreso fiscal del Estado. El aparato gubernamental brasileño, hay que apuntar, apenas está cayendo en cuenta de ello. Este modelo fiscal implica la liquidación acelerada, sin que medie una compensación razonable, de un bien natural irremplazable que es propiedad común de la nación. Los impuestos especiales contribuyen solamente con la mitad del ingreso fiscal petrolero en Brasil, el resto proviene del impuesto sobre la renta corporativo normal, cuya recaudación está sujeta a un sinnúmero de excepciones y deducciones. Por el contrario, en México, el 100% de los gravámenes petroleros son impuestos especiales, de muy difícil manipulación. Difícilmente puede esperarse que la injusticia inter-generacional que el modelo brasileño supone afecte los cálculos políticos de funcionarios cuyas prioridades se limitan al corto y mediano plazos. Lo que debería alarmar a dichos funcionarios es que en 2011, por ejemplo, la producción de hidrocarburos líquidos de Brasil fue equivalente al 81% de la de México, pero el ingreso fiscal del gobierno brasileño, de unos 32 mil millones de dólares, representó menos de la mitad de lo que recaudó el gobierno mexicano (70 mil millones). De hecho, si la tasa de participación fiscal mexicana hubiera sido comparable a la brasileña, el gobierno federal habría percibido 148 mil millones de dólares menos en ingresos tributarios entre 2003, año en que arrancó el actual ciclo de precios altos del petróleo, y 2011. A la luz del raquítico desempeño económico del país durante ese periodo, cabría preguntarse cuál habría sido la situación con un gasto público inferior, por este enorme monto, al que realmente se ejerció. Los promotores de la apertura petrolera en México insisten en que la liberalización del sector de exploración y producción
Le Monde diplomatique Venezuela 11
no tiene por qué desembocar en una calamidad fiscal. Para citar nuevamente a su director general: “Creemos que Pemex debe pagar más impuestos en términos nominales, no necesariamente en términos relativos. Es decir, si a la paraestatal se le dota de un marco fiscal más competitivo podrá producir más y, en términos nominales, podrá producir más impuestos” (“Un mito, decir que Pemex está en situación trágica: Lozoya”, La Jornada, 13 de marzo de 2013). Pero lejos de ser un consuelo estas palabras de hecho apuntan a lo que constituye el aspecto más preocupante del actual programa de apertura en México; a saber, la cercanía con la que se ciñe a un modelo de liberalización ensayado con anterioridad y cuyos resultados, tanto en el plano económico como en el político, fueron desastrosos. Declaraciones sustancialmente idénticas a éstas, a cargo del presidente y otros altos funcionarios de PDVSA habrían podido leerse casi a diario en la prensa venezolana de principios de la década de los noventa. Significativamente, la apertura petrolera venezolana se sustentó en la interpretación creativa de las restricciones en la legislación vigente y no en una reforma de la misma, ya que esto último planteaba demasiadas complicaciones. Más aún, su postulado político central era uno que tiene enorme resonancia en México: la no privatización de la empresa petrolera estatal. Quienes se oponen a la apertura petrolera en México acusan a sus adversarios de mentir
cuando estos últimos insisten en que Pemex no habrá de privatizarse, pero la verdad es que los primeros no acaban de entender que el modelo aperturista a la venezolana requiere de una paraestatal que asuma el doble compromiso de blindar el régimen fiscal de los contratistas e indemnizar a éstos por los efectos de cualquier cambio en dicho régimen. Esta funesta figura de la empresa nacional como rehén de sus contratistas ya está plasmada en los contratos integrales de exploración y producción para campos maduros de Pemex, cuyo articulado en lo referente a impuestos reza así: “En caso de modificación o creación de Leyes Aplicables respecto a Impuestos aplicables exclusivamente a prestadores de servicios de petróleo y gas, en la medida en que sea permitido por las Leyes Aplicables, el Contrato podrá ser modificado, por mutuo acuerdo y siempre que resulte conveniente para las Partes”. Desde luego, el disparate de que Pemex pueda asociarse con sus contratistas en las empresas que le prestan servicios no hace más que reforzar esta perversa alineación de incentivos. Y si bien sería reconfortante poder concluir que estas cláusulas son simplemente una muestra de incompetencia de la administración anterior, y no reflejan el tenor de lo que será la propuesta aperturista del nuevo gobierno, el problema es que se pueden encontrar también en los nuevos contratos integrales para Chicontepec, que la nueva administración de Pemex promueve con entusiasmo.
Por espacio de casi tres décadas México logró recaudar, proporcionalmente, los gravámenes a la producción petrolera más elevados del mundo. Con toda seguridad éste no habría sido el caso si el gobierno federal hubiera tenido que cobrarle estos impuestos a empresas privadas, en lugar de a Pemex A propósito de esta labor de promoción, merece destacarse que el único consejero de Pemex que se opuso a la firma de los contratos integrales fue el priista Rogelio Gasca Neri. Sus votos razonados al respecto, así como la explicación que sobre ellos diera, son documentos de lectura obligatoria para quien se interese por la cuestión de la apertura petrolera. Pueden encontrarse en el portal internet de Pemex bajo el título “Acuerdos”, del año 2010 para los contratos de la región sur y 2011 para los de la región norte. En contraste con Gasca Neri, la representación del PRD en el consejo de Pemex no tuvo mayor problema en aprobar las cláusulas descritas anteriormente, a pesar
de la altisonante retórica de este partido en materia petrolera. Por todo ello, el que Gasca Neri no haya sido refrendado como consejero tras el triunfo electoral del PRI es, a la vez, motivo de profunda preocupación y clara indicación de por dónde han de ir los tiros. A Gasca Neri, por cierto, le quedaba claro el linaje de los contratos a los que se opuso, como explicó en un memorándum dirigido al anterior director general de Pemex (ver http:// www.pemex.com/files/content/ VotoRazonadoRGN_Anexo%20 ContratosIncentivados.pdf ): “la estructura económica adoptada en el modelo de contrato propuesto no es nueva. Fue implementada en los años noventa en Venezuela bajo la modalidad de convenios operativos… La historia muestra que bajo esos convenios las petroleras transnacionales pudieron extraer una proporción muy considerable de la renta petrolera que le correspondía al Estado venezolano”. De hecho, tan considerable era esta proporción que, en medio de una acelerada expansión de la producción petrolera venezolana, el ingreso fiscal de ese país se contrajo brutalmente. En el año 2000, por ejemplo, México y Venezuela produjeron volúmenes comparables de hidrocarburos, pero sus respectivos ingresos fiscales fueron de 24 mil millones de dólares versus 13 mil millones. No cabe duda que este colapso fiscal fue un factor determinante en la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela. Ahora, con el deceso de Chávez, su legado político, económico y social está acaparando nuevamente la atención tanto de la prensa como de la clase política mexicana. Esto ofrece una excelente oportunidad para reflexionar sobre las graves consecuencias que una apertura petrolera mal diseñada puede tener en un país para el cual la renta petrolera bien puede no ser el futuro, pero cuyo futuro sin renta petrolera es alarmante. Si monumentum requiris, circumspice. l (*) Ex funcionario de Petróleos Mexicanos, experto y académico en temas de economía industrial del petróleo y política fiscal petrolera. Autor de El síndrome de la orimulsión, Los libros de Le Monde diplomatique, Caracas: 2012 así como numerosos libros y monografías especializados en materia petrolera. Publicado originalmente en la revista Mexicana NEXUS, junio de 2013.
Caracas • julio-agosto de 2013
Egipto
por Serge Halimi
E
El ejército, las urnas, la calle...
Estos últimos años, otros países además de Egipto conocieron situaciones de este tipo sin que por eso las fuerzas armadas tomen el poder, arresten sin juicio al jefe de Estado y asesinen a sus militantes. De lo contrario a esto se llama golpe de Estado que ver con las cuestiones económicas y sociales, prácticamente sin cambios desde la caída de Moubarak. Ahora, que este enfrentamiento desemboque en elecciones o que se recurra a un golpe de Estado, hace preguntarse ¿de qué vale una revolución si no cambia nada? Los nuevos dirigentes subordinaron la salud de su país a las ayudas financieras (12 millardos de dólares) de los Estados del Golfo –en particular de la muy reaccionaria Arabia saudita2. Si esta opción se confirma, los juristas podrá estar de acuerdo o no, el pueblo egipcio retomará el camino de la calle. l
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llos habían jurado que no aspirarían a la presidencia de Egipto. Ante esta primera promesa rota, los Hermanos Musulmanes debían aportar “pan, libertad, justicia social”. Bajo su mandato, la inseguridad se acrecentó, la miseria también. La muchedumbre entonces reconquistó la calle para exigir la salida del presidente Mohamed Morsi. Algunas revoluciones comenzaron así. Cuando triunfan, se celebra durante siglos sin preocuparse mucho de su relativa espontaneidad o de los fundamentos jurídicos de su detonante. Después de la dictadura de Hosni Moubarak, era una ilusión imaginar que la prolongada opresión en la vida política, del debate contradictorio, no tendría peso en los primeros escrutinios. En tales casos, los electores a menudo confirman la influencia de las fuerzas sociales o institucionales mejor estructuradas (las grandes familias, las fuerzas armadas, el viejo partido único) o la de los grupos organizados que armaron sus redes clandestinas para escapar de la represión (los Hermanos Musulmanes). El aprendizaje democrático desborda largamente el tiempo de una elección1. Las promesas no cumplidas, los dirigentes electos “por poco” y que enfrentan de inmediato la mala voluntad o la ira de la opinión, las manifestaciones gigantes organizadas por una coalición nada homogénea: estos últimos años, otros países además de Egipto conocieron situaciones de este tipo sin que por eso las fuerzas armadas tomen el poder, arresten sin juicio al jefe de Estado y asesinen a sus militantes. De lo contrario a esto se llama golpe de Estado. Este término, los países occidentales no lo emplean. Árbitros de elegancias diplomáticas, parecen estimar que algunos golpes –Mali, Honduras, Egipto…– son menos inadmisibles que otros. En primer lugar, Estados Unidos
apoyó a los Hermanos Musulmanes, luego mantuvieron su ayuda militar al Cairo, cuando el presidente Morsi fue “depuesto” por las fuerzas armadas. Una alianza conservadora entre los militares y los Hermanos hubiese constituido el escenario soñado de Washington; esto no sucedió. Si se regocijan a la vez los nostálgicos del viejo régimen, los nacionalistas nasserianos, los neoliberales egipcios, los salafistas, la izquierda laica, los monarcas sauditas, forzosamente habrá decepcionados entre ellos… Si bien Egipto está en bancarrota, el enfrentamiento entre los militares y los islamistas no tiene
Ver Alexis de Tocqueville, “Chacun à son rang”, Le Monde diplomatique, abril 1998. 2 Ver “Impunité saoudienne” , Le Monde diplomatique, marzo 2012. 1