17 de marzo de 2014
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El Heraldo Economía
Detecta Profeco en casi $80 el kilo de limón en el norte del país México
L
a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). detectó en casi 80 pesos el kilogramo de limón en estados de la frontera norte del país y de 70 pesos en el Distrito Federal, aunque aclaró que se trata de casos aislados. La titular del organismo, Lorena Martínez Rodríguez, destacó que existen algunos puntos de venta que ubican al cítrico por arriba de los 70 pesos el kilo, “por lo que inmediatamente actuamos para hacer las verificaciones e imponer las sanciones correspondientes”. Entrevistada en el marco del Día Mundial del Consumidor, refirió que el precio más alto encontrado por la Profeco es de 78 pesos en el norte del país y de 70 pesos en el Distrito Federal. Sin embargo, dijo que el fruto se vende entre 48 y 52 pesos por kilogramo y que a partir del monitoreo que realiza la Profeco, se considera que hay estabilidad en gene-
MEXICO.- El precio más alto encontrado por la Profeco es de 78 pesos en el norte del país y de 70 pesos en el Distrito Federal. ral en el precio. Indicó que la Profeco realiza acciones de verificación a través de dos acciones fundamentales: que el precio se encuentre a la vista del público, y que el comerciante acredite con documentos que respalden el alza en el precio del producto. Martínez Rodríguez sostuvo
que la sanción inmediata es la suspensión de toda actividad comercial en el establecimiento, y posteriormente se define la sanción económica que puede variar entre 300 mil y cuatro millones de pesos. La procuradora añadió que el monto dependerá de la gravedad de la falta, pero
¿Y si tú no Venezuela: Conflicto tuvieras un nombre? social afecta finanzas
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Saúl
Caracas
Arellano
uestra Constitución tiene dos artículos que podrían considerarse como los pilares de los llamados “derechos de nueva generación”. En efecto, el nuevo paradigma constitucional vigente desde lo que la ministra, Olga Sánchez Cordero, llamó recientemente como el “verano mexicano” del 2011, ha venido a ampliar de manera generosa el catálogo de derechos humanos reconocidos por el Estado. Por su parte, el artículo 4º constitucional, se ha convertido en algo así como el “artículo de los derechos sociales”; en él se incorporó el derecho a la salud, a la alimentación, al agua potable y de manera muy especial -de la mano del principio del “interés superior de la niñez”-, el conjunto de los derechos de las niñas y los niños. El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó una nueva reforma a este artículo, a partir de la minuta que fue recibida de la Cámara de Senadores, mediante la cual se establece un principio fundamentalísimo, el cual había sido exigido desde al menos hace 15 años por numerosas organizaciones de defensa de los derechos de la niñez, relativo a la garantía de gratuidad del registro del nacimiento al momento de nacer. El asunto es de la mayor trascendencia desde la perspectiva de los derechos humanos. Se trata de un mecanismo que obliga a dar un cumplimiento efectivo al derecho a la identidad; en ese sentido es pertinente precisar que el derecho a tener un nombre está garantizado tanto por la Constitución como por el artículo 7º de la Convención de los Derechos de las niñas y los niños. Aquí lo interesante es que se eleva a rango constitucional el mandato de homologar en toda la República los criterios para el registro de las y los recién nacidos, así como reducir al mínimo el plazo en el que esto debe llevarse a cabo. Unicef–México presentó recientemente un estudio en el que analiza precisamente el grado de incumplimiento de la garantía del derecho a la identidad. En este documento, el organismo identifica las enormes disparidades que existen en el país, evidenciando con ello una vez más que nacer en uno u otro ámbito territorial, determina y condiciona el acceso y la garantía a ciertos derechos. Dice Unicef: “Por ejemplo, en la mayoría de los códigos civiles estatales se ha establecido un plazo de 180 días como máximo para el registro de un nacimiento. Sin embargo, en algunas entidades el plazo es de un año, como en Chiapas y Tabasco; en Zacatecas y Guanajuato, se establece un periodo de 91 y 92 días, respectivamente. Yucatán extiende el plazo a sólo 45 días; en Nuevo León es de 40 días, mientras que Guerrero y Campeche estipulan realizarlo en un lapso de 30 días. En Quintana Roo si lo registra el padre tiene un plazo de 15 días, mientras que el registro por parte de la madre tiene un plazo de 30.” Lo anterior es a todas luces inaceptable en un Estado garante de los derechos humanos; más aún en un contexto nacional en el que de acuerdo con las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, entre los años 2009 y 2012 se han procesado 973 casos judiciales por abandono y omisión de cuidados de menores e incapaces; así como 1,773 casos de sustracción y tráfico de menores e incapaces; cifras que por lo que reportan las ONG especializadas en la materia, deben ser vistas con cuidado debido al inmenso subregistro estadístico que existe en la materia. Regresando al documento de Unicef, el organismo destaca que en el año 2009 hubo un 6.6% de niñas y niños que no fueron registrados de manera oportuna ante el registro civil. El indicador pudiera parecer bajo; sin embargo, considerando la relevancia del derecho a la identidad, así como la magnitud demográfica de México, en realidad se trata de una cifra inaceptable. Cada año, de acuerdo con el INEGI, hay un promedio aproximado de 2.4 millones de nacimientos de niñas y niños; considerando esa cifra, el 6.6% señalado equivale a 158,400 niñas y niños que no son registrados de manera oportuna, violando con ello no sólo su derecho a la identidad, sino al acceso a otros derechos que dependen de tener o no un acta de nacimiento. Las entidades en donde menores porcentajes de registro oportuno al nacimiento son Chiapas, Guerrero, Campeche, Morelos y Quintana Roo; mientras que en los que se ha alcanzado un mayor avance son Yucatán, San Luis Potosí, el Estado de México, Querétaro y el Distrito Federal. En ese sentido, es importante destacar las inmensas desigualdades que persisten en el país, pues mientras que en Chiapas sólo son registrados de manera oportuna el 61% de los nacimientos, en el Distrito Federal el acceso al registro de las niñas y niños es de 100%. Hay tres principios elementales que deben respetarse respecto del registro del nacimiento de las niñas y los niños: Universalidad, Oportunidad y Gratuidad; frente a ello, lo urgente es llevar a cabo de manera inmediata, todo lo necesario para que ninguna niña o niño se vea privado del derecho que tienen a tener un nombre.
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l presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes reconoció que su país atraviesa dificultades económicas a raíz del conflicto social que atraviesa el país, pero se mostró optimista sobre el desempeño en el año. Merentes explicó que la conflictividad social que vive la nación "se quiera o no, perturba la economía en cierto grado", según un reporte de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) , oficial. "Venezuela tiene condiciones para superar este momento que no es tan bueno y el Gobierno está tomando medidas para superarlo" , expresó Merentes."El BCV (Banco Central de Venezue-
la) está tomando una política monetaria de mayor peso para recoger liquidez. Las reuniones con el sector privado se están haciendo de tal manera, para buscar solventar las distorsiones" , agregó el funcionario según la agencia oficial de noticias. El mercado cambiario local se vio sometido a presiones en los últimos meses debido a que el gobierno redujo la venta de dólares oficiales. Muchas empresas y personas naturales han recurrido al mercado paralelo para satisfacer las necesidades de divisas.Mientras que oficialmente se ofertan 6,30 bolívares por dólar, en el paralelo o ilegal se ofrece mucho más. Merentes insistió en que el Producto Interno Bruto (PIB)
crecerá este año. "Hay una variable que se llama el PIB potencial. Venezuela está por encima de 6% y 7% desde el punto de vista de las variables de bienes y servicios y todo lo que produce la economía" , manifestó. Desde el pasado 12 de febrero, jóvenes y opositores, mayoritariamente de clase media, han protagonizado protestas callejeras en protesta por la inflación de 56.3% anual el desabastecimiento de bienes básicos, colas para comprar algunos artículos en las tiendas de abarrotes y una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En contrapartida simpatizantes progubernamentales también se manifestaron a lo largo del mes en apoyo.
Mancera descarta cierre total de Línea 12 del Metro México
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l jefe de gobierno capitalino, Miguel Angel Mancera, descartó que se tenga la intención de cerrar todas las estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, debido a que hasta el momento ningún punto señala dicha medida. Lo anterior, debido a que desde el pasado miércoles por razones de seguridad para los usuarios se suspendió el servicio en 11 de las 20 estaciones de la citada red. En entrevista tras participar en la megaclase de yoga en Paseo de la Reforma, Mancera Espinosa agregó que están a la espera de un par
de opiniones de expertos internacionales para realizar algunas obras en la llamada Línea Dorada. Dio a conocer que "independientemente de eso se presentó una reclamación al consorcio a efecto de que se hagan ya intervenciones; vamos a ver cuál es la respuesta y se empiece con las reparaciones de la línea" , indicó. Mancera Espinosa mencionó que debido a que existieron recursos federales en la construcción de la Línea 12, están sujetos a la auditoría y supervisión del gobierno federal. "Obviamente cada peso que se recibe de la federación es auditado y supervisado y estaremos pendientes a las
noticias tanto de la función (pública) como de la auditoría (superior)" , expresó. Asimismo explicó que hasta el momento no ha tenido contacto específico con ningún funcionario del gobierno federal sobre el tema de la Línea 12. Por otra parte, el jefe de gobierno señaló que se apegarán a los requerimientos que les haga el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) , respecto a la instalación de parquímetros en Coyoacán. "Nosotros tenemos que cumplir, esta zona está catalogada y hay que cumplir con el INAH, como en todos los demás trabajos que se hacen en la ciudad.
Se alista San Lázaro para discutir Ley de Competencia México
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sta semana la Cámara de Diputados entrará al debate de la primera de las reformas secundarias, la Ley de Competencia Económica, con la cual se busca actualizar esta norma que en 20 años no ha sido modificada, anunció José González
Morfín, Presidente de la Cámara de Diputados, quien convocó a sostener un diálogo respetuoso en este tema. El legislador por Michoacán dijo que nuestro país requiere de medidas que impulsen su crecimiento, promuevan la competencia y aceleren el desarrollo, "por ello, esta semana que inicia segura-
MEXICO.- El objetivo de esta ley es garantizar la libre competencia y la concurrencia de agentes económicos.
mente podremos debatir en el pleno la Ley de Competencia Económica, la primera de las reformas secundarias que tenemos pendientes en este periodo de sesiones". El Presidente de la Cámara Baja señaló que es necesario hacer una revisión completa de la Ley de Competencia y ajustarla a los nuevos tiempos que demanda la ciudadanía y a lascondiciones económicas no sólo de México sino las internacionales; con ello, dijo, se abonará a la generación de certidumbre que requieren los sectores interesados. "El objetivo de esta ley es garantizar la libre competencia y la concurrencia de agentes económicos. Además, combatir las prácticas monopólicas absolutas o relativas y limitar las conductas anticompetitivas.
aclaró que siempre se aplicarán con justicia. “Estas multas se imponen a quienes no puedan justificar el incremento de los precios, de acuerdo al artículo décimo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Nosotros les exigimos que nos muestren sus facturas para justificar el alza”, puntualizó.
Aumenta uso de aviones privados por inseguridad México
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l número de avionetas y aviones privados — identificados con matrículas XB— creció 23% en la última década debido, principalmente, a la inseguridad que persiste en el país, concuerdan especialistas. “Cada vez más gente prefiere, por seguridad, utilizar aviones propios”, comenta Héctor Castellanos, secretario de la Federación Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (Femppa). Por esa razón hoy se justifica que el número de aeronaves privadas haya aumentado en más de mil unidades en los últimos 13 años, al pasar de 4 mil 786 en 2000 a 5 mil 885 en 2013, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Aunque no se puede generalizar el perfil del propietario de una aeronave privada, éstos suelen ser hombres mayores de 30 años, principalmente dedicados al sector industrial”, agrega Castellanos, “pero también hay mujeres y ancianos”. El número de unidades comerciales —con matrícula XA— creció 89% en el mismo periodo, al pasar de mil 173 en el año 2000 a 2 mil 217 en 2013. Esto se debe al incremento en la flotilla de las aerolíneas que buscaron repartirse el mercado que Mexicana de Aviación dejó al suspenderse sus operaciones en 2010, explica el capitán Miguel Ángel Valero, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. En contraste, el número de aeronaves gubernamentales disminuyó 4.3%, de acuerdo con la SCT. En 2003, los gobiernos federal y estatales concentraron 440 naves, mientras que al cierre de 2013 se redujo a 421. El 57% (238) de las 421 aeronaves pertenece al gobierno federal y 43% (183) restante a los estatales. Entre las entidades federales con más número de unidades están: la Presidencia de la República, con 23; la Procuraduría General de la República (PGR), con 71, y la extintaPolicía Federal Preventiva aún tiene 16, según consta en los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la misma dependencia, los cuales se pudieron cotejar en sus oficinas gracias a una solicitud de información pública, sin que se pudiera grabar ni fotografiar ningún dato. La PGR tiene en su flota las aeronaves más antiguas, entre ellas cinco unidades fabricadas entre 1966 y 1971.