El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
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Presidenta ejecutiva de Fundación PLAN
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Vicepresidente de operaciones de Fundación PLAN
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Área de implementación programática
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Área de gestión del conocimiento
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Director Área Gestión del Conocimiento
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Coordinador Área Gestión del Conocimiento
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Profesional especializado Área Gestión del Conocimiento
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Directora
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Profesional especializada
Coordinadora editorial
Oficina Regional de Plan International para las Américas
Martha Sánchez Gutiérrez
Especialista en fortalecimiento de sociedad civil y asocios
Revisión y aportes
Equipo técnico de Fundación PLAN en Colombia
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Gerente de proyectos
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Gerente de proyectos
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Subgerente de proyecto
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Subgerente de proyectos
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Subgerente de proyectos
Investigación
Isegoría SAS
Calle 109a #18-18 Interior 1
Telefono: (571) 9278899
Bogotá D.C.
Director Ejecutivo
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Equipo de Investigación
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Coordinación
Nathalia Ximena Guerra Villamizar
Investigadora
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Diego Martínez
Convocatoria y logística
Corrección de estilo
Ernesto Navarro Martínez
Pedro Javier Velandia Piedrahita
Diseño y diagramación publicación online
Taller Creativo de Aleida Sánchez B. SAS www.tallercreativoaleida.com.co
Dirección creativa
Aleida Sánchez B.
Diseño y diagramación
Bibiana Andrea Alturo Mendoza
Primera edición
Agosto 2021
ISBN: 978-958-53596-6-6
Producto hecho en Colombia
“Este material está financiado por ASDI, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ASDI no necesariamente comparte las opiniones expresadas en este documento. La responsabilidad exclusiva del contenido es del autor”.
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
SPA: Sustancias psicoactivas
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
IVE: Interrupción Voluntaria del Embarazo
ESMAD: Escuadrón Móvil Antidisturbios
IDARTES: Instituto Distrital de las Artes
PRJ: Programa Regional de Juventudes
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1. Agente clave: Persona cuyo conocimiento y experiencia en un tema determinado puede aportar insumos importantes para la comprensión de un fenómeno y el acceso a la construcción del conocimiento subjetivo que existe en torno a ese fenómeno (definición propia). Hace referencia a: 1) Personal de Plan International (a nivel de las Oficinas Países); 2) ONG internacionales con presencia en los países de estudio; 3) Instituciones Gubernamentales (locales y nacionales) y 4) Otras ONG nacionales y locales, especialmente de juventudes y organizaciones aliadas en los movimientos de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+.
2. Organización liderada por juventudes: Grupo de personas jóvenes (entre 18 y 30 años, tomando como referencia las leyes vinculantes de juventudes en los países de estudio), que se reúnen para generar diferentes formas de participación e incidencia de acuerdo con un conjunto de intereses en común. Dichos intereses pueden estar asociados o no a una voluntad política (definición propia).
3. Entorno habilitante: Es un espacio cívico (físico, virtual o legal) que reconoce, protege, promueve, demanda y defiende el libre y pleno ejercicio de la ciudadanía activa y de los derechos humanos. En esta investigación
se profundiza sobre el entorno de las organizaciones lideradas por juventudes y en qué medida dichos entornos garantizan y protegen sus libertades fundamentales, el acceso a la información y la incidencia política. Aquí se analizan también las condiciones del entorno para la colaboración con otras organizaciones, así como sus recursos y estrategias de sostenibilidad.
4. Participación ciudadana: Es el proceso de involucramiento de la ciudadanía, a nivel individual o colectivo, con el objeto de incidir y participar en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas que afecten su vida y bienestar.
5. Adultocentrismo: Relación social asimétrica donde las personas adultas ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo.
6. Ciberactivismo: Es una forma de acción política y de participación social que se da a través de los medios digitales y tecnológicos. En esta investigación se reconocen a todas las formas de organización social existente, tanto las que cuentan con registro legal como aquellas que han decidido funcionar sin registro legal o personería jurídica.
Este informe presenta los resultados del estudio realizado por Plan International e Isegoria que tuvo como objetivo identificar y analizar las características del entorno habilitante en el que participan y se desarrollan las organizaciones lideradas por personas jóvenes de Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Nicaragua que hicieron parte de la investigación. En este informe se presentan los hallazgos correspondientes a Colombia.. La investigación se realiza en el marco de la iniciativa del Programa Regional de Juventudes (PRJ) de Plan Internacional. Se desarrolló una investigación cualitativa a partir de 10 entrevistas a agentes claves, tres grupos focales a organizaciones lideradas por juventudes en Colombia y la revisión del marco normativo colombiano en lo que respecta a organizaciones lideradas por juventudes. Las personas entrevistadas cuentan con una amplia trayectoria de trabajo en torno a las organizaciones lideradas por juventudes a partir de diferentes contextos institucionales y áreas del conocimiento.
Los hallazgos de esta investigación señalan una ruptura entre el marco normativo colombiano que establece las garantías de los procesos de participación ciudadana juvenil y la realidad material de las organizaciones y liderazgos juveniles en Colombia. Además de la ausencia de garantías frente a censuras violentas, amenazas y asesinatos de líderes y lideresas
sociales, las posibilidades de dar continuidad a los procesos de participación ciudadana son prácticamente inexistentes, en tanto que no se brindan los recursos económicos suficientes ni los espacios de diálogo necesarios con el Estado, en donde las personas jóvenes puedan comunicar y participar de la transformación de sus entornos. La relación entre estos agentes es de instrumentalización por parte del Estado a las organizaciones lideradas por juventudes y sucede en contextos de conveniencia política.
Las circunstancias señaladas y la presencia selectiva del Estado en determinados territorios han provocado una relación de desconfianza entre las organizaciones lideradas por juventudes, el Estado y las instituciones estatales. Por un lado, las organizaciones lideradas por juventudes prefieren buscar la financiación y el fortalecimiento de sus procesos en organismos de cooperación internacional que no impliquen la politización ni la instrumentalización de sus acciones. Por parte del Estado, la lectura sobre el trabajo participativo juvenil también es de desconfianza. Se percibe a las personas jóvenes como la contraparte del Estado y como una amenaza al estatus de las élites políticas tradicionales. La construcción de este imaginario ha sido promovida por algunos medios de comunicación masiva y ha permeado también la percepción de algunos sectores de la sociedad civil. En consecuencia,
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con este contexto político, el Estado y sus instituciones han asignado a las personas jóvenes el rol de beneficiarias de las políticas públicas limitando sus competencias como grupo poblacional con agencia y capacidad de transformación de la realidad política colombiana.
La ausencia del Estado como garante de la seguridad y la sostenibilidad del trabajo de los procesos de participación juvenil ha implicado que las organizaciones construyan espacios alternativos de articulación con sus pares, con las ONG y convenios de cooperación internacional. A través de estos espacios autogestionados, las organizaciones lideradas por juventudes fortalecen sus acciones y consiguen algunos de los recursos necesarios para su sostenimiento y la ejecución de sus acciones; sin embargo, todas las personas y organizaciones entrevistadas coinciden en que los recursos económicos con que cuentan actualmente estos procesos participativos son escasos y se redujeron aún más por la coyuntura de salud pública provocada por la COVID-19. Estas condiciones han configurado un escenario bastante precario para el ejercicio de incidencia política juvenil, debido a que la falta de recursos trunca los procesos de las organizaciones y obliga a sus
integrantes a abandonar el activismo político para ocupar su tiempo en actividades remuneradas que les permitan su sostenimiento.
Tomando como punto de partida las condiciones de los entornos habilitantes identificadas mediante esta investigación, se sugiere promover la creación de espacios institucionales con participación del Estado, en donde las personas jóvenes tengan la posibilidad de aportar a la transformación del país y a la construcción de una agenda pública que incluya sus necesidades como prioridad. La creación de espacios de diálogo donde se contemple a las personas jóvenes como agentes de cambio contribuirá a establecer una relación de confianza entre las partes implicadas. Asimismo, resulta fundamental crear espacios para el fortalecimiento de las organizaciones lideradas por juventudes en torno a la obtención y administración de recursos. Entre las recomendaciones también se señaló la necesidad de incentivar la tecnificación de los procesos que llevan a cabo las organizaciones, principalmente en lo que respecta a la sistematización de sus ejercicios de participación y la búsqueda y utilización de fuentes de información.
El objetivo principal de esta investigación fue identificar y analizar las características del entorno habilitante en que participan y se desarrollan las organizaciones lideradas por personas jóvenes de Colombia. Para la consecución del objetivo planteado i) se recolectó y analizó información primaria y secundaria, a través de medios virtuales/digitales, que expresan las características del entorno habilitante en que participan y se desarrollan las organizaciones lideradas por personas jóvenes de Colombia; a su vez, ii) se realizó un análisis del entorno habilitante del país, que cuenta con recomendaciones de fortalecimiento que aportan insumos que permiten comprender el estado del entorno habilitante en el que operan e interactúan las organizaciones lideradas por jóvenes.
Para el desarrollo de esta investigación se implementó una metodología cualitativa que incluye la revisión de fuentes
secundarias. A través de esta metodología se buscó indagar la construcción del conocimiento subjetivo de los agentes en torno a las categorías analíticas propuestas en esta investigación: (i) seguridad y garantía de derechos y libertades; (ii) incidencia política; y (iii) recursos y sostenibilidad; así como la descripción de los contextos sociales, económicos y culturales que rodean las experiencias de participación juvenil en Colombia. Es de anotar que para efectos de la presentación de los hallazgos se desagregaron dos categorías: niveles de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en agentes de su entorno y fuentes de información y comunicación, para facilitar la lectura. Sin embargo, en las conclusiones y recomendaciones la categoría niveles confianza se agrupa con la categoría principal número 1 Seguridad y garantía de derechos y libertades. Fuentes de información y comunicación se agrupa con la categoría principal número 2 Incidencia.
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Tabla 1. Categorías de análisis del estudio
Seguridad y garantía de derechos y libertades
1.1. Reconocimiento de las organizaciones lideradas por juventudes como agentes sociales y políticos a quienes se les debe garantizar unos derechos y libertades particulares.
1.2. Entorno legal y normativo en el que se encuentran inmersas las organizaciones lideradas por juventudes.
1.3. Estado en el que se encuentran la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica.
1.4. Garantía de derechos de grupos juveniles específicos, dentro de los que se cuentan minorías y poblaciones vulnerables.
2.1. Espacios dispuestos por parte del Estado para el diálogo y la incidencia política de organizaciones lideradas por juventudes.
2.2. Escenarios de articulación promovidos por agentes distintos por el Estado en los que participan organizaciones lideradas por juventudes.
Incidencia política
2.3. Relacionamiento y legitimidad de las organizaciones lideradas por juventudes ante el Estado y otras organizaciones sociales civiles no juveniles.
2.4. Actitudes políticas, confianza y tolerancia con que cuenta la sociedad civil y los medios de comunicación sobre las organizaciones lideradas por juventudes.
2.5. Acceso y participación en plataformas tecnológicas, redes sociales, redes de información y comunicación con que cuentan las organizaciones lideradas por juventudes.
2.6. Acceso a información confiable y de calidad que permita a las organizaciones lideradas por juventudes realizar análisis y reflexiones sobre su contexto.
2.7. Principales temas que movilizan a las organizaciones lideradas por juventudes y los retos y riesgos que implica trabajar esos temas.
3.1. Acceso a diversas fuentes de recursos para garantizar su sostenibilidad y desarrollar actividades.
3.2. Relación y legitimidad ante organizaciones o agencias internacionales que aportan recursos para desarrollar sus agendas.
3.3. Buenas prácticas en la captación de recursos por parte de organizaciones lideradas por juventudes.
3.4. Contexto de competencia para acceso a recursos estatales y no estatales.
De acuerdo con este planteamiento, las técnicas de recolección de información empleadas en esta investigación consistieron en 10 entrevistas a profundidad con agentes clave y tres grupos focales con organizaciones lideradas por juventudes, ambas técnicas se desarrollaron vía Zoom. Entre las ventajas que representó la implementación de estas herramientas estuvo la posibilidad de llevar a cabo una investigación con seres humanos en medio de la coyuntura de salud pública actual, así como la posibilidad de entrevistar personas de diferentes territorios sin la necesidad de desplazarse hasta estos lugares. Entre las limitaciones se encuentra la imposibilidad de analizar los comportamientos, movimientos, gestos y expresiones paralelas al discurso de cada persona entrevistada. Usualmente, la lectura de este lenguaje no
verbal configura parte fundamental del análisis cualitativo. Sin embargo, su omisión no causó consecuencias determinantes en el análisis de la información.
Frente a las consideraciones éticas, se diseñó un formato de consentimiento informado por medio del cual se hizo una presentación de los objetivos de la investigación, se señaló la población participante, se mencionó que la participación era libre y voluntaria, se señaló el carácter de confidencialidad con el que fue tratada toda la información y la seguridad de los datos y los beneficios de su participación. Este consentimiento fue enviado previamente a cada participante. Además se hizo la lectura del documento al inicio de cada intervención. Tipo de informante Tipo de instrumento Número de actividades
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En el caso de la Fundación Perros sin Raza, ubicada en la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá, se contó con la participación de nueve personas, 3 mujeres y 6 hombres. En el desarrollo de este grupo focal, la mayoría de las personas participantes pertenecían a un grupo etario que oscilaba entre los 14 y 17 años. Además de las edades señaladas, asistieron cuatro personas entre los 20 y 35 años. Las personas integrantes de Perros sin Raza son, en su mayoría, estudiantes con una participación menor a los dos años dentro de la fundación y no se autoreferencian bajo ninguna identidad étnico-racial en particular. Sobre este grupo focal es posible afirmar que la participación de mujeres y hombres fue equitativa y contaban con niveles equivalentes de involucramiento y conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en la fundación. No obstante, cabe señalar que la participación de las personas menores de edad fue mínima, y que la gran mayoría de los aportes fueron hechos por las personas mayores de edad.
Con respecto a la Fundación Bochinche, ubicada en el Oriente de la ciudad de Cali, se llevó a cabo un grupo focal que contó con la participación de cuatro mujeres y tres hombres. La mayoría de las personas que participaron del ejercicio han hecho parte de la fundación por un periodo de tiempo superior a los cuatro
años, sus edades oscilan entre los 25 y 30 años y su ocupación principal es trabajar. Todas las personas de la fundación Bochinche se reconocieron como afrodescendientes. Frente a este grupo focal es importante señalar que la mayoría de las intervenciones fueron hechas por mujeres, mientras que la participación de los hombres fue ocasional. Sin embargo, por las experiencias narradas durante las intervenciones es posible inferir que el trabajo dentro del colectivo se distribuye de forma equitativa.
En el caso de la Fundación Tengo Ganas, ubicada en Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca, se llevó a cabo un grupo focal con 10 personas, de allí 7 de las participantes eran mujeres, mientras que 3 de los participantes eran hombres. Asimismo, el 70% de las personas que asistieron al grupo focal indicaron que su actividad principal es estudiar, mientras que el 30% restante indicó que ocupa su tiempo trabajando. La mayoría de las personas participantes pertenecían a un grupo etario que oscila entre los 20 y los 24 años y su tiempo de participación en la fundación era inferior a los 2 años. Sin embargo, hubo dos participantes mayores de 25 años cuyo proceso en la fundación supera los 6 años. El 70% de las personas que estuvieron presentes en el ejercicio se reconocen
como afrodescendientes, mientras que el 30% restante se divide entre personas blancas, mestizas e indígena, 1 en cada caso. Durante el desarrollo de este ejercicio hubo una participación muy activa por parte de las mujeres y, particularmente, por parte de uno de los hombres de la fundación.
Tabla 3. Distribución de participantes por grupo focal
Las personas que participaron de las entrevistas como agentes clave cuentan con perfiles diversos que aportan desde diferentes sectores al fortalecimiento y la continuidad del trabajo que llevan a cabo las organizaciones lideradas por juventudes. En total se entrevistaron 10 personas, cinco mujeres y cinco hombres. Del grupo señalado, tres personas se desempeñan como servidoras públicas, cinco como miembros de agencias de cooperación y dos son activistas. A continuación se hará una breve reseña de los perfiles profesionales de las personas entrevistadas:
Tabla 4. Filiación y ocupación de las personas participantes en las entrevistas a profundidad.
1 Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Trabajadora social con maestría en Desarrollo y Participación comunitaria.
2 Save the Children Licenciatura en Ciencias Sociales.
3 Secretaría de Salud de Cali Licenciatura en Educación Preescolar.
4 Fundamor Coordinadora de sexualidad y VIH.
5 Pastoral Social Arquidiócesis de Cali Trabajadores sociales.
6 Consejería Presidencial para la Juventud Ingeniero agrónomo.
7 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Politólogo.
8 Alcaldía de Bosa Comunicador social
9 Representante de la Plataforma Juvenil Administrador de empresas.
10 Amigos de la UNESCO
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.
Todas las personas entrevistadas cumplen con un rol relevante en la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales. Desde diferentes sectores, con diferentes recursos y garantías de seguridad, estas personas se encargan de acompañar los procesos juveniles, retroalimentarlos, gestionar algunos recursos para su funcionamiento y generar espacios
El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros para la articulación con otros procesos organizativos. En términos generales, es evidente que el trabajo de las personas se caracteriza por un amplio conocimiento de los temas abordados, por la experiencia de varios años de trabajo en torno a la participación de las organizaciones lideradas por juventudes y por el compromiso en la transformación de los entornos que son intervenidos.
La definición de entorno habilitante se puede resumir en un conjunto de atributos que promueven la participación de las personas y propician cambios en la estructura social o el sistema de relaciones sociales de tal forma que se fomente la inclusión. Para que estos atributos promuevan la participación en condiciones de igualdad se requieren unas condiciones específicas que así lo permitan. Por lo tanto, para que haya un entorno habilitante debe primero asegurarse un entorno protector; es decir, un espacio físico o un sistema de relaciones sociales capaz de actuar como una red para proteger, promover, demandar y defender los derechos de las personas involucradas (PLAN Internacional, 2020); en este caso, las personas participantes de organizaciones lideradas por juventudes.
El núcleo del entorno protector es que las personas puedan ejercer libremente sus derechos sin que medie ninguna forma de violencia, explotación o exclusión. La transformación de un entorno inseguro en un entorno protector pasa por la identificación de percepciones, actitudes, roles y relaciones en una comunidad que tienen un impacto en la protección y la participación de las personas (Plan Internacional, 2017)
y causan brechas entre sus miembros. Para abordar estas percepciones, actitudes, comportamientos y relaciones, se debe hacer un trabajo que permita a las personas reconocerse como sujetos y sujetas de derechos, dar cuenta de sus propias potencialidades, desarrollar sus capacidades y fomentar su participación para que la comunidad diseñe su propia estrategia de protección y resiliencia. Se trata de planes y ejercicios de acción colectiva.
Aunque parte del entorno protector, el entorno habilitante no se reduce a este. Además de ofrecer protección, permite el empoderamiento de las personas dentro de un marco democrático para el desarrollo de sus capacidades y la generación de impactos favorables en sus comunidades. En la definición que formula la organización de derechos humanos CIVILIS se destaca la importancia de la confianza, la construcción de paz y el diálogo permanente en un entorno habilitante, el cual se piensa como:
Ambiente, clima o contexto que ofrece reconocimiento, libre ejercicio, protección, respaldo y eficacia a la sociedad civil en el desarrollo de sus capacidades, iniciativas y labores cívicas, de acuerdo con el comportamiento de
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sociedades abiertas y democráticas, en las que existe una institucionalidad estatal cuya organización y actuación obedece a los principios y normas de un estado de derecho, un sistema político democrático que garantiza las libertades y la igualdad de derechos, una serie de mecanismos mediante los cuales se dedican esfuerzos sostenidos a la realización efectiva de todos los derechos humanos y la práctica de consensos sociales, políticos y culturales, basados en la confianza, la construcción de la paz y un diálogo permanente que acepta las críticas y el disenso (CIVILS Derechos Humanos, s.f.).
En ese sentido, un entorno habilitante funciona a partir de la existencia de las características recién descritas o se construye apuntando a la edificación de una institucionalidad estatal acorde a un estado social de derecho, la profundización de un sistema político democrático, la generación de mecanismos que protejan y garanticen el goce de derechos y la construcción de consensos sociales participativos y abiertos.
Ahora bien, en tanto conjunto de atributos que promueven la participación e inclusión de las personas, el entorno habilitante exige poner atención a las diferencias de poder entre las personas participantes (Jiménez et al., 2019) y no presuponer que todas se encuentran en condiciones iguales. Así mismo, (Jiménez et al., 2019) plantean que existen factores contextuales y factores procedimentales que tienen incidencia en que un entorno sea habilitante o no y en qué medida. Los factores contextuales tienen que ver con consideraciones societales tales como demografía,
historia, cultura, condiciones socioeconómicas, entre otras, y de la oferta institucional existente (y las asimetrías de poder e información que hay entre las instituciones y los agentes, en este caso, las organizaciones lideradas por juventudes) (Jiménez et al., 2019).
En cuanto a los factores procedimentales, se rescatan siete criterios de efectividad en los procesos participativos de una organización (Jiménez et al., 2019):
1. Representatividad e inclusividad
2. Deliberación justa
3. Acceso a recursos
4. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas (accountability)
5. Aprendizaje
6. Independencia
7. Eficiencia
Estos siete criterios se complementan con otros factores procedimentales señalados por la ONU para alcanzar una participación libre, activa y significativa y que los autores ponen de presente.
Por otro lado, Layton (2009) habla de los componentes fundamentales para un entorno habilitante, destacando cuatro elementos:
1. Un marco legal que empodere a los grupos de una sociedad o a las personas participantes de una organización.
2. Disponibilidad y acceso a recursos para llevar a cabo programas, proyectos, actividades, etc. y que estos sean costo-eficientes.
3. Un sistema de responsabilidades y rendición de cuentas (accountability) que permita generar confianza, tanto en las organizaciones como en las instituciones.
4. Capacidad institucional u organizacional suficiente para implementar actividades, proyectos, programas y demás de manera exitosa y con el menor número posible de limitaciones.
Tanto en la perspectiva de (Layton, 2009) como en la de (Jiménez et al., 2019) hay un énfasis claro en la necesidad de que no solo haya disponibilidad y acceso a recursos, sino que exista un sistema o una serie de mecanismos de responsabilidades de las organizaciones y las instituciones a través de los cuales rindan cuentas a las comunidades.
También, un entorno habilitante se caracteriza por envolver cada una de las iniciativas que tenga la comunidad y la organización y que estas iniciativas se relacionen orgánicamente entre sí para que no sean simples actividades aisladas. Solo en la medida en que esto sea así puede realmente considerarse que el entorno es habilitante. Para que las diferentes iniciativas puedan articularse, la organización o institución debe procurar
generar la mayor visibilidad posible e involucrar a la mayor cantidad posible de personas, definiendo colectivamente cuáles son las principales necesidades sobre las que se espera trabajar. El alcance y el impacto de las iniciativas, por lo tanto, dependen de los niveles de confianza hacia la organización y hacia las instituciones y la legitimidad (Layton, 2009) que los planes y las acciones de las organizaciones tienen entre la comunidad.
En esa medida, quienes tienen como fin la creación de un entorno habilitante deben trabajar en conjunto con instituciones, personas y grupos alrededor de la participación y los temas transversales de interés para una comunidad, buscando transformar las normas sociales que constituyen los obstáculos para un entorno habilitante.
Como la presente propuesta técnica se enfoca en organizaciones lideradas por juventudes, con base en estas consideraciones conceptuales sobre la acción colectiva, puede identificarse que para el análisis de los entornos habilitantes las organizaciones deben basarse en la solidaridad entre sus miembros, aunque, simultáneamente, se encuentran en conflicto con normas y estructuras sociales que menoscaban el potencial de los entornos habilitantes. En esa medida, la acción colectiva de las organizaciones lideradas por juventudes podría romper los límites de compatibilidad del sistema de relaciones sociales en el cual tiene lugar la acción (Melucci, 2019), por lo que los entornos habilitantes pueden resultar transgresores de las normas sociales y las estructuras culturales que reproducen saberes y prácticas que minan la capacidad de las personas y el ejercicio efectivo de sus derechos.
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El marco normativo colombiano cuenta con algunas leyes y artículos de la constitución política cuyo fin es garantizar los derechos de las personas jóvenes con algún ejercicio de incidencia social y política y, a su vez, promover la participación juvenil en los espacios de decisión del país. Entre la legislación señalada se cuentan los artículos 20, 37 y 38 de la Constitución Política. A través del artículo 38 “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” (Constitución Política, 1991). En los referente a los organismos de acción comunal, las disposiciones de este artículo se desarrollan por medio de la ley 743 de 2002, según la cual:
Tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes” (Ley 743 de 2002, 2002).
Por otro lado, el artículo 20 establece que se “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (Constitución Política, 1991). Mientras que el artículo 37 señala que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho” (Constitución Política, 1991).
Con respecto a las leyes puntuales que existen en Colombia en torno a la garantía y promoción de la participación política de las personas jóvenes, la legislación cuenta con la ley 1453 de 2011, en cuyo capítulo IV, artículo 95, se determina que “las organizaciones juveniles lideradas por juventudes registradas y con personería jurídica podrán participar y ser escuchadas en la construcción de la política pública de prevención de la delincuencia juvenil” (Ley 1453 de 2011, 2011).
A partir del marco normativo también se cuenta con la Ley
Estatutaria 1622 de 2013, cuyo objetivo es:
Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país” (Ley Estatutaria 1622 de 2013, 2013).
Entre las finalidades de esta ley se contempla:
1. Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de derechos y protagonistas del desarrollo de la nación desde el ejercicio de la diferencia y la autonomía.
2. Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la sociedad y el Estado; la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la cualificación y armonización de la oferta y el proceso de formación política y técnica dirigida a los jóvenes, servidores públicos y sociedad en general.
3. Garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental de la Nación.
4. Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias individuales y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción de lo público.
5. Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional (Ley Estatutaria 1622 de 2013, 2013).
Esta ley fue modificada por la ley estatutaria 1885 de 2018, por medio de la cual se dictan las funciones de los consejos de juventud y se establece que:
En cada uno de los Municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo Municipal de Juventud, integrado por jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes”. En esta ley también se señala a la Registraduría Nacional como responsable de la organización y dirección de las elecciones para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud, entre otros (Ley 1885 de 2018, 2018).
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Finalmente, se encuentra la Ley 375 de 1997, por medio de la cual se crea la Ley de la Juventud. El objeto de esta ley es:
Establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud” y su finalidad es “promover la formación integral del joven que contribuya a su desarrollo físico, sicólogo, social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación” (Ley 375 de 1997, 1997).
A continuación, se desarrollan los hallazgos en cinco categorías: 1. Seguridad y garantía de derechos y libertades, 2. Incidencia política, 3. Fuentes de información y comunicación, 4. Nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes y 5. Recursos y sostenibilidad. En cada una de estas categorías se resaltan las miradas de las organizaciones lideradas por juventudes y por agentes clave.
Entre los hallazgos presentados en esta categoría se aborda el reconocimiento de las organizaciones lideradas por juventudes como actores sociales y políticos por parte del Estado, la sociedad civil y otras organizaciones sociales; el conocimiento de agentes involucrados en los procesos de las organizaciones lideradas por juventudes sobre el marco jurídico vinculante a los derechos de las juventudes, sus posibilidades de asociación y libertad de expresión, así como la garantía de derechos a grupos poblaciones vulnerables.
Las tres fundaciones que participaron de este ejercicio están constituidas legalmente. Este trámite jurídico les permite cierto reconocimiento estatal en la medida en que les habilita para participar en las convocatorias de contratación pública. Sin embargo, al indagar si existe reconocimiento por parte del Estado con respecto al trabajo de participación que desarrollan las fundaciones, las respuestas variaron. Para las personas participantes, esta pregunta tuvo una interpretación mucho más simbólica que material. En este sentido, la Fundación Bochinche considera que su trayectoria de participación ciudadana no cuenta con reconocimiento por parte del Estado. La legitimidad de su trabajo proviene del reconocimiento territorial y del trabajo con otras fundaciones, compañeras y compañeros. Según las personas que hacen parte de la fundación, para ellas sería importante contar con el reconocimiento de las instituciones públicas, siempre y cuando esto no implique la necesidad de encasillarse en un grupo político y se traduzca en la obtención de recursos para el funcionamiento de su fundación.
El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
En el caso de la Fundación Tengo Ganas, se promueven espacios de participación con otras organizaciones para proponer y escuchar sus propuestas, articular su labor y generar incidencia en trabajo conjunto. También han generado espacios para ser escuchados por grupos políticos y que sus propuestas y necesidades sean tomadas en cuenta en las agendas políticas. De acuerdo con las personas integrantes de la fundación, el reconocimiento a su trabajo en la promoción de los derechos humanos proviene principalmente de la ciudadanía.
Por su parte, Perros sin Raza fue la única fundación que afirmó contar con reconocimiento pleno por parte del Estado. Para la fundación, esta legitimidad es evidente en el trabajo que desarrollan en torno a la educación en derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, su articulación con la Agencia presidencial para la Reincorporación y Normalización, su participación en el Consejo de Planeación Local de Bosa, en las Plataformas Locales de Juventud, en los presupuestos participativos y en las diferentes instancias de participación locales que permiten la incidencia en su territorio, cuenta para la fundación como una forma de reconocimiento estatal. De acuerdo con la Fundación PLAN, esta percepción de reconocimiento estatal puede estar asociada a que la Fundación Perros sin Raza mantiene alianzas y convenios con la alcaldía local de Bosa.
Frente a la libertad de asociación, expresión y reunión política, las personas que integran la Fundación Bochinche coinciden en que cada individuo tiene libertad de elegir sus afinidades políticas y no se discuten estos temas dentro de
la fundación. No perciben ningún tipo de censura y no hay conocimiento sobre el marco jurídico vinculante a los derechos de las juventudes. Por otro lado, la Fundación Tengo Ganas concluyó que para su equipo de trabajo sí existe la posibilidad de reunión y no han vivido casos de censura. Sin embargo, su trabajo participativo sucede en un contexto de riesgo, debido a que en el departamento del Cauca los activismos sociales se consideran como enemigos para ciertos grupos por afectar sus intereses, es así como algunos temas en particular generan riesgos para quien promueva cualquier forma de activismo en torno a ellos, por ejemplo: la explotación y minería ilegal y las acciones de los grupos al margen de la ley.
Por su parte, la Fundación Perros sin Raza desarrolla su trabajo de base en la localidad de Bosa. De acuerdo con su experiencia, no han percibido censura sobre su trabajo de participación ciudadana por parte de ningún agente; sin embargo, en esta localidad existen muchos colectivos y organizaciones lideradas por juventudes con propuestas de participación que no pueden ejecutarse debido a la falta de espacios y recursos para su funcionamiento. Para las personas jóvenes que hacen parte de Perros sin Raza, resulta necesaria una mayor oferta de espacios y recursos para el fortalecimiento económico y humano de la fundación, dichos recursos podrían provenir por parte de las alcaldías, secretarías de Integración Social, Secretarías de Salud y otras instituciones públicas que se encuentren en capacidad de fortalecer su trabajo comunitario. También afirmaron que no conocen ninguna normatividad sobre libertad de asociación, expresión y reunión política en Colombia.
Frente a la discriminación en razón a diversos factores como edad, género, pertenencia étnico racial y orientaciones sexuales e identidades de género, las personas que integran la Fundación Bochinche afirmaron que las características señaladas les afectan como fundación y como individuos. Sin embargo, cuando se buscó profundizar sobre la relación entre estas categorías y posibles situaciones de discriminación, estas mismas categorías fueron señaladas como “temas estratégicos de intervención”, en la medida en que son aspectos problemáticos en sus entornos, mientras que en la experiencia puntual de la fundación Bochinche, su mayor obstáculo se erige en torno al sector de la ciudad que habitan y a la edad.
De acuerdo con lo anterior, las personas que integran la Fundación Bochinche, al mencionar en determinados espacios de participación que son del Oriente de Cali, perciben que se les impone como el único sector de la ciudad en el que pueden trabajar y llevar a cabo sus intervenciones como fundación. Cabe señalar que sobre el Oriente de Cali recaen prejuicios asociados a la realidad del territorio como la pobreza extrema y falta de educación, se asume que la mayoría de las problemáticas de la ciudad son ocasionadas por personas que provienen del Oriente. De acuerdo con (Aguilar y Portilla-Rojas, 2018), quienes desarrollaron una investigación acerca de los conflictos territoriales en el barrio Potero Grande, concluyeron que la calle y el barrio resultan ser lugares inseguros por los robos, asesinatos, consumo o uso de ciertos lugares por grupos delincuenciales. Las múltiples fronteras invisibles establecidas en el territorio promueven las inseguridades en
sus habitantes. El estudio mostró que dicha situación obliga a estas personas a encerrarse en sus casas en donde se sienten más seguras y protegidas. Estos miedos conducen a que la ocupación y apropiación de los lugares de encuentro sean mínimas, afectando su calidad de vida, limitando la cohesión social. Debido a la inactividad laboral, en el caso de las personas jóvenes, y educativa en el caso de los niños y las niñas, se presentó un aumento desmedido de grupos delincuenciales organizados, dejando como resultado en este territorio pandillas formadas por jóvenes y niños vulnerables, estableciéndose el micro tráfico, las oficinas de cobro, casas de venta y consumo de sustancias psicoactivas, junto a esto surgió la apropiación desmedida del territorio, se instauraron las fronteras invisibles, el barrio se fragmentó y se elevaron los actos violentos dejando miles de muertes a su paso. Por otra parte, los medios de comunicación reforzaron y trasmitieron una imagen negativa de este barrio influyendo en el rechazo social que se desató por parte de la ciudadanía caleña hacia estos, viéndose afectados enormemente, ya que no se les brindaba las mismas oportunidades que como personas que tenían derecho, por lo que el adaptarse a esta realidad y lograr convivir en paz se convirtió en un gran desafío.
No obstante, las personas participantes de la fundación mencionaron que al hablar del Oriente se debe reconocer como un lugar de la ciudad desde donde se gestan propuestas culturales, talento y liderazgos juveniles.
Las personas que integran la fundación mencionaron que su trabajo se ha dificultado por la delincuencia del barrio que habitan, y que la discriminación por residir en Potrero Grande
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es aún más evidente cuando asisten a eventos por fuera del Oriente de Cali. Los prejuicios más comunes se asocian con robos y violencia. Otra forma de discriminación a las que se han visto expuestos es la exclusión por considerarles muy jóvenes para ejecutar acciones útiles en su comunidad, mientras que en otros espacios se les ha discriminado por participar de procesos juveniles aun cuando algunas personas que integran la organización superan los 26 años. De forma individual, las personas que hacen parte de la fundación han sufrido discriminación en el contexto profesional, debido a que sus perfiles profesionales y su trabajo son cuestionados por residir en el Oriente de Cali.
Asimismo, las barreras de participación que se han interpuesto al trabajo de la Fundación Tengo Ganas están asociados a su edad. Las personas jóvenes son leídas como personas sin experiencia y sin compromiso. Esto se convierte en un obstáculo cuando la fundación quiere intervenir en espacios educativos, impartir charlas, desarrollar actividades, etc. Por otro lado, la participación de las mujeres, niñas y adolescentes ha aumentado. Sin embargo, persisten algunos espacios dentro de las organizaciones lideradas por juventudes en donde tienen lugar algunas lógicas de discriminación basadas en género: no se escucha a las mujeres que hacen parte de las organizaciones, su experiencia no se toma en cuenta y se minimiza su opinión.
Desde la experiencia de la Fundación Perros sin Raza, las barreras que han encontrado en sus procesos de participación están más asociadas al enfoque artístico y juvenil de su
fundación. No se asignan suficientes recursos para las iniciativas artísticas y culturales, a esto se suma la barrera interpuesta por la lectura adultocenstrista de las instituciones que entregan los recursos, quienes asumen que las personas jóvenes son un grupo poblacional sin experiencia para la administración de los presupuestos. En ocasiones los recursos públicos que deberían destinarse a estas iniciativas son utilizados para fines diferentes y las personas jóvenes del colectivo han protestado frente a las instituciones públicas para mostrar su desacuerdo con estas situaciones. En su trayectoria de participación, las cuestiones asociadas al género o la pertenencia étnico racial no representan una barrera.
Frente a la pregunta relacionada con los agentes que limitan la libertad de activismo, la Fundación Bochinche no identificó ningún agente que censure sus procesos de intervención social. Por otro lado, las personas integrantes de la Fundación Tengo Ganas afirmaron que no han vivido situaciones de censura, sin embargo, al profundizar sobre su experiencia señalaron que en los núcleos familiares de las personas que pertenecen a Tengo Ganas se han generado ciertos disgustos por hablar abiertamente de sexualidad que es el tema principal que se aborda en la organización. Aunado a lo anterior, la Fundación Tengo Ganas afirmó que, por el hecho de habitar una zona como el Cauca, puede existir una sensación de miedo entre las personas que ejercen activismo en torno al consumo de sustancias psicoactivas, derechos sexuales y reproductivos y proyecto de vida. Aunque no es el caso de Tengo Ganas, otras organizaciones sociales cercanas sí han sido amenazadas y censuradas.
Finalmente, Perros sin Raza señaló que en la localidad de Bosa existen barreras invisibles creadas por los grupos de delincuencia urbana, si un grupo traspasa la barrera invisible puede ser asesinado por el grupo que lidera esta zona. Estos grupos delincuenciales suelen ser contratados por grupos de poder (como la policía) para dispersar protestas y evitar que tengan alguna incidencia política. La percepción de inseguridad ocasionada por estos grupos dentro de la localidad limita las acciones de la fundación en espacios públicos como los parques por el temor a sufrir alguna forma de violencia.
La situación actual de las organizaciones lideradas por juventudes contrasta con el escenario de participación que debe garantizar el Estado de acuerdo con el marco normativo colombiano. A pesar de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política acerca de la libertad de expresión, las organizaciones lideradas por juventudes son censuradas con respecto a ciertos temas y formas de participación sin que se les garantice alguna protección.
Bajo la misma lógica, las manifestaciones públicas carecen de garantías que permitan su ejercicio por parte de las personas jóvenes. En Colombia las protestas son disueltas a través de medios paraestatales como la violencia armada ejercida por policías vestidos de civiles, uso de recursos públicos para atacar y asesinar a las personas manifestantes, alianzas con determinados sectores de la ciudadanía para permitirles el uso ilegal de armas de fuego en contra de las personas que participan de las manifestaciones, uso desproporcionado de la fuerza pública con armas letales, entre otros ataques.
La coyuntura actual del país ha configurado un escenario de violencia desigual, en donde el gobierno nacional y varias instituciones estatales han omitido su rol como garantes del derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad; en su lugar, ha promovido, permitido y perpetrado un amplio número de violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía. Los hechos de violencia estatal que actualmente tienen lugar en Colombia han sido ampliamente documentados por medios de comunicación alternativos, tal es el caso del portal web Pacifista, quienes denuncian la complicidad de instituciones como la Policía y la Fiscalía en hechos de violencia paramilitar que han sucedido en medio de las protestas sociales. A través del artículo “La balanza de la justicia está descalibrada en medio del Paro Nacional”, publicado el 15 de mayo del 2021, se abordan temas como el subregistro de las denuncias por abuso policial, “la parsimonia de la justicia”, la parcialidad de la Fiscalía en favor de la Policía, entre otras denuncias (Torres-Martínez, 2021).
De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que, en la situación actual, el Estado colombiano no “garantiza el respeto y promoción de los derechos propios de los jóvenes que les permitan participar plenamente el progreso de la Nación”, como debería corresponder de acuerdo con la ley 375 de 1997. Por otro lado, aun cuando se promueve la participación juvenil en la construcción de las políticas públicas, los espacios para la incidencia son muy reducidos y se limitan al ejercicio consultivo, sin resultados efectivos al momento de establecer y ejecutar estas políticas. Tampoco existen herramientas jurídicas que faciliten la formalización y sostenibilidad de las organizaciones lideradas por juventudes.
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Un elemento común en los resultados de esta investigación es que los derechos y libertades para las organizaciones lideradas por juventudes existen únicamente en la legislación del país, sin que haya un ejercicio real y efectivo de estas leyes que garantice la protección y el fortalecimiento de estos procesos. Según esto, no existe reconocimiento de las personas jóvenes como agentes propositivos con capacidad de transformar y contribuir a los procesos de incidencia social de sus territorios, por el contrario, el Estado deslegitima las capacidades de las personas jóvenes y adolescentes.
Estas ideas negativas sobre las personas jóvenes se refuerzan a partir de la percepción que tiene el Estado colombiano de las organizaciones lideradas por juventudes como su contraparte. Las personas jóvenes han sido estigmatizadas por los medios de comunicación masiva y las instituciones públicas, como un sector violento y agresivo por cuenta de su participación activa en las movilizaciones sociales y por su discrepancia con las posiciones políticas del Gobierno. Desde la Constitución Política, la ley 1098 de 2006, 1622 de 2013, ley 1885 de 2018, entre otras disposiciones normativas, se cuenta con todas las garantías para crear asociaciones. Sin embargo, en la puesta en práctica se bloquea el desarrollo y la formación de estas organizaciones, las personas jóvenes son asumidas desde el gobierno como beneficiarias y no como potenciales agentes del cambio político. A continuación, se cita un fragmento de la entrevista que se llevó a cabo a un funcionario de UNFPA, en donde se explica la relación entre la norma y su cumplimiento
en torno a las garantías de las organizaciones lideradas por juventudes.
Por un lado, la constitución les ofrece a las organizaciones el marco de derechos y libertades: la libertad de asociación y de expresión está contemplada. Sin embargo, en la práctica, los derechos son limitados; particularmente, en el último gobierno hay procesos de censura. Por ejemplo, los colectivos de jóvenes que tienen objeción de conciencia se convierten en objetivo de las fuerzas militares. Por su parte, el Ministerio del Interior podría dirigir estos procesos de participación juvenil, pero, por el contrario, actúa como enemigo interno. Ejemplo de tal problemática es que las y los jóvenes tienen miedo de asociarse por los asesinatos de líderes sociales: asociarse en las áreas rurales convierte a los y las jóvenes en objetivo militar o en presa de la cooptación de grupos armados. En resumen, si bien hay una normativa y leyes de participación ciudadana, estas no siempre se implementan (Entrevista funcionario UNFPA, 2021).
Por otro lado, las personas funcionarias de instituciones públicas coinciden en que existen espacios institucionales para promover la participación de los liderazgos juveniles. No obstante, los temas en los que se les permite tener algún proceso participativo no tienen ninguna incidencia sobre asuntos realmente decisivos en la construcción de las agendas
de gobierno. El diseño del Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos relevantes en la política pública del país no incluyen la participación de organizaciones y liderazgos juveniles. En consecuencia, las intervenciones de las personas jóvenes, lejos de ser legitimadas y reconocidas por parte del Estado, son instrumentalizadas para cumplir con requisitos de inclusión.
Ahora bien, el reconocimiento por parte de la sociedad civil varía de acuerdo con las circunstancias. En las zonas del país con alta de presencia de conflicto armado, las organizaciones de la sociedad civil legitiman y participan de las iniciativas juveniles en torno a temas como la construcción de paz, educación y salud, en la medida en que reconocen la importancia de esta incidencia social en sus territorios. En términos generales, podría inferirse que las organizaciones de la sociedad civil tienen una percepción mucho más positiva sobre las organizaciones y liderazgos juveniles que el Estado. Las personas jóvenes son asumidas en las organizaciones de la sociedad civil como aliadas estratégicas incluso desde el diseño de las acciones que desarrollan.
Es así que las organizaciones de la sociedad civil vinculan las necesidades y expectativas de las personas jóvenes en la formulación de los proyectos, contrario a lo que sucede en la relación vertical que existe entre los procesos juveniles y el Estado, donde es este último agente quien decide los lineamientos de apoyo a partir de equipos técnicos, sin consultar las necesidades de quienes se beneficiarán; además, desde las organizaciones de la sociedad civil existe el reconocimiento a los
procesos de las personas jóvenes, sin limitarse a los resultados puntuales. Esta relación horizontal entre las organizaciones lideradas por juventudes y otras organizaciones de la sociedad civil representan una ventaja importante para las personas jóvenes, en tanto que estos espacios les permiten hacer parte de proyectos a largo plazo que trascienden a la vigencia y ejecución de los presupuestos de cada gobierno. No obstante, el reconocimiento de otras organizaciones también depende de la formación política y comunicativa de las personas jóvenes en los escenarios de participación e incidencia, mientras más evidente resulte esa formación y experiencia, su posición política ganará mayor legitimidad. Ahora bien, aun cuando la relación que se construye entre estos dos agentes suele tener un carácter mucho más horizontal, en ocasiones persisten las mismas lógicas de cooptación e instrumentalización del trabajo juvenil que caracterizan a la relación entre el Estado y las organizaciones lideradas por juventudes. Algunas personas entrevistadas recomendaron aumentar la visibilidad de los procesos organizativos juveniles y continuar con el fortalecimiento técnico en diferentes áreas como la captación de recursos, asistencia legal, entre otros. Por otro lado, la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en que la ciudadanía percibe a las personas jóvenes como agentes de riesgo, cuyas intervenciones en los escenarios públicos son siempre violentas. Estos imaginarios están alimentados por la construcción que han hecho los medios de comunicación masiva sobre las personas jóvenes, en donde normalmente se muestra una información parcializada que omite las situaciones de precariedad que rodean a las personas jóvenes en términos de acceso a diferentes recursos, principalmente
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a la educación. Es importante señalar que el reconocimiento depende del sector de la sociedad civil. Las personas adultas son quienes ofrecen mayor resistencia a legitimar el trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes al considerar que van en contravía de las prácticas e imaginarios conservadores. Este sector suele brindar legitimidad únicamente a las expresiones juveniles que tienen el deporte y la cultura como objetivos principales, pues asocian las organizaciones de personas jóvenes con iniciativas para “ocupación del tiempo libre”, e invalidan las intervenciones desarrolladas por personas jóvenes que abordan otros temas relevantes en la agenda pública del país. En la ciudadanía persiste el imaginario que las personas jóvenes carecen de claridad sobre sí mismas y de responsabilidades que demanden su tiempo.
Además de la ausencia de reconocimiento que persiste por parte del Estado y la Ciudadanía, las organizaciones y liderazgos juveniles encuentran otros obstáculos de tipo social y administrativo que dificultan su participación. Varias personas señalaron como uno de los obstáculos principales los procesos de contratación con instituciones estatales que permitirían la financiación y posterior ejecución de los procesos de participación social y comunitaria de las organizaciones lideradas por juventudes. Dichos procesos incluyen entre sus requisitos determinada experiencia contractual de la cual carecen muchas de estas organizaciones, en gran medida porque el voluntariado y otras actividades llevadas a cabo por las organizaciones lideradas por juventudes no son una experiencia legitima para el Estado. Así pues, los requisitos legales están dispuestos con demasiada
rigurosidad, lo cual termina por favorecer a un grupo muy reducido de organizaciones que cuentan con las condiciones administrativas solicitadas. Agentes claves coinciden en que, para promover procesos de contratación transparentes con oportunidades equitativas de acceso, es necesario crear ciertas excepciones para la contratación de organizaciones lideradas por juventudes, particularmente en relación con la constitución legal como requisito de participación y la exigencia de tributación. A continuación se cita un fragmento de la entrevista a un joven miembro de la Plataforma Juvenil, que brinda un contexto acerca de las barreras que existen en la formalización de organizaciones lideradas por juventudes:
Normalmente las organizaciones de jóvenes están conformadas por estudiantes, lo cual implica que no cuenten con los recursos exigidos para crear y formalizar una organización. Además, al hacer el proceso de formalización a través de la plataforma juvenil, los jóvenes se encuentran con una barrera institucional y es que algunas alcaldías los instrumentalizan para sus propios intereses, y si la organización no favorece estos intereses, el apoyo desde la alcaldía disminuye. A pesar de esto los jóvenes sienten la obligación de formalizarse o de lo contrario tendrán muy pocas posibilidades de conseguir apoyo y tendrán que sostenerse con recursos propios y donaciones de privados. Sin embargo, la gran responsabilidad que se genera con la formalización los hace dudar de tomar esta decisión (Entrevista joven miembro de la Plataforma Juvenil, 2021).
Asimismo, señalan que las contrataciones no cuentan con condiciones de seguridad social y la duración de estos contratos suele ser muy corta debido a que se establecen bajo la figura de la prestación de servicios. Otra barrera de tipo administrativo y organizacional es la edad de las personas que participan de los procesos juveniles. Después de los 29 años las personas dejan de considerarse jóvenes, lo cual limita su permanencia en los procesos; esto potencia los relevos generacionales, pero entorpece la sostenibilidad de los procesos.
En cuanto a las barreras sociales impuestas a las organizaciones lideradas por juventudes, las personas hicieron mayor énfasis en la edad, pertenencia étnico racial y en menor medida las barreras asociadas al género. Las personas jóvenes son víctimas de discriminación ejercida desde sus mismas comunidades, se les considera como una amenaza al status quo, con poco conocimiento de la realidad social y política de sus contextos sociales y sin ninguna experiencia en temas de participación. En el imaginario social persiste la idea de que la participación social de las personas jóvenes debe ser muy limitada hasta que cumplan cierta edad.
Asimismo, hay obstáculos y estigmatización en torno a los temas de género y diversidad sexual. Si bien existe cierta relevancia de organizaciones lideradas por juventudes que defienden los derechos de estos grupos poblacionales, en muchos territorios son procesos aún incipientes, particularmente en ciudades pequeñas donde el derecho de participación de las personas de los sectores LGBTIQ+ es limitada, pues no son consideradas como sujetos de derechos.
Aunado a lo anterior, los territorios no ofrecen espacios físicos para reunirse, lo que imposibilita la constitución de organizaciones feministas, de organizaciones en favor de los derechos de las personas de los sectores LGBTIQ+ juveniles y otros asuntos como la construcción de paz y cuidado del medio ambiente. Estos temas representan un nivel de riesgo alto para las personas que ejercen activismo, y la ausencia de espacios físicos seguros, donde agentes externos que están en contra de estos procesos organizativos no puedan hacer un perfilamiento ni infiltrarse en sus reuniones, obstaculiza la constitución y continuidad de estas organizaciones lideradas por juventudes.
En cuanto a la pertenencia étnico racial, las personas coinciden en que no hay suficiente apoyo a las organizaciones lideradas por juventudes que hacen incidencia política sobre estos temas, lo cual limita la trascendencia de su activismo al nivel local y reduce las posibilidades de alcanzar alguna resonancia a nivel nacional. Finalmente, la necesidad económica de las personas jóvenes en un país que no brinda garantías educativas ni laborales les empuja a la búsqueda de recursos económicos para su sostenimiento y en muchas ocasiones el de sus familias, lo cual limita o anula el tiempo que podrían invertir en ejercer su liderazgo social. De acuerdo con la Fundación Plan Colombia, son pocos los recursos de inversión destinados a la juventud. Esta circunstancia se vuelve más crítica en municipios de categoría 4 o 5 a diferencia de aquellos que están clasificados en las categorías 1 o 2, como podrían ser Cali o Bogotá. Dado que, en relación a Santander de Quilichao, los recursos son menores y el gobierno nacional no genera
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políticas que compensen o generen líneas complementarias para la juventud, esto resulta evidente en los PDM y dificulta los procesos de incidencia política juvenil en la planeación.
Finalmente, con respecto a los agentes sociales que censuran y limitan la libertad de activismo de las organizaciones lideradas por juventudes, es importante tener en cuenta que Colombia es un país con una larga trayectoria de conflicto armado interno en donde están inmersos diferentes agentes legales e ilegales. Esta situación complejiza el panorama de seguridad para las personas jóvenes activistas y les convierte en el objetivo de diversas amenazas provenientes de múltiples agentes.
Un ejemplo de censura por parte de agentes legales es la violencia ejercida por la Policía Nacional, esta institución criminaliza la protesta social y abusa de su fuerza contra las personas jóvenes causando lesiones graves y muy a menudo la muerte de personas jóvenes que ejercen su derecho a la protesta. Lejos de prestar garantías de seguridad al ejercicio de sus derechos, instituciones públicas como la Policía Nacional/ ESMAD, en determinados contextos, se han convertido en la amenaza más grande de los procesos participativos juveniles. Según el funcionario de UNFPA que fue entrevistado durante esta investigación “este gobierno, contradictoriamente, envía mensajes de apuesta por la juventud, pero simultáneamente la criminaliza; es un problema de paradigma: se asocia la rebeldía de la juventud con la criminalidad”.
De acuerdo con (Barrera y Hoyos, 2020), quienes analizaron las dinámicas de las protestas sociales que tuvieron lugar en
Colombia a finales del 2019, sobre el uso de repertorios violentos, se observa que la probabilidad incrementa únicamente cuando los adversarios son las fuerzas de seguridad del Estado y la empresa pública. El hecho de que estos dos actores coincidan como los adversarios hacia quienes el reclamo se dirige con mayor probabilidad de violencia durante eventos de protesta puede explicarse por razones históricas. Dada la importancia que tienen varias de estas empresas para la economía nacional y los riesgos que enfrentan en un contexto de conflicto armado, tradicionalmente ha existido una estrecha relación con las fuerzas de seguridad del Estado que, en varias ocasiones, ha dado lugar a un uso desproporcionado de la fuerza para disuadir muchas de las protestas en su contra. Una situación a la que suman los atropellos y abusos cometidos por estas instituciones en otros contextos. Asimismo, los autores afirman que la violencia pueda ser una opción disponible para algunos manifestantes al momento de plantear sus reclamos públicamente, sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra está muy lejos de la narrativa dominante que informa una buena parte de la respuesta estatal. También sugieren que la violencia puede ser un subproducto de la interacción entre autoridades y manifestantes más que la elección deliberada de unas u otros. Lo anterior ubica el debate en un lugar muy distinto donde lo ha querido llevar el gobierno actual y algunos sectores políticos.
De acuerdo con la ONG colombiana Temblores, en el marco del paro nacional que ha tenido lugar en Colombia desde el 28 de abril y continúa activo a 18 de junio de 2021, han sido asesinadas 39 personas por violencia policial, se han
registrado 963 detenciones arbitrarias en contra las personas manifestantes, ha habido 12 casos de violencia sexual (todos perpetrados hacia mujeres), 548 personas han desaparecido, hay 28 víctimas de heridas en los ojos, 111 casos de disparos de armas de fuego y 278 agresiones por la policía (Temblores ONG - Indepaz, 2021). De acuerdo con un “comunicado conjunto de Temblores ONG – INDEPAZ”:
Se cuentan con numerosos vídeos de miembros de la Fuerza Pública, policías y miembros de organismo de inteligencia, que arremeten contra concentraciones y reuniones pacíficas. Lo anterior con armas de fuego en la mano, haciendo disparos de amedrantamiento, sembrando el terror entre los manifestantes y, en ocasiones, disparando en dirección a la multitud” (Temblores ONG, 2021).
De acuerdo con los datos de la ONG mencionada, las edades de las personas asesinadas oscilan entre los 13 y 86 años, mientras que el grupo etario en el que se encuentra el mayor número de personas asesinadas está entre los 18 a los 26 años. Las fuentes de los hechos mencionados son los registros audiovisuales de las personas manifestantes enviados a la ONG Temblores, denuncias hechas ante la Defensoría del Pueblo y el cruce de información con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos1.
A nivel local, las juntas de acción comunal han llegado a convertirse en obstáculos para la participación juvenil, impidiendo que los recursos destinados al fortalecimiento
de estas organizaciones sean destinados para este fin. Por mencionar un ejemplo narrado por una de las entrevistadas, desde la Alcaldía de Cali se diseñó un proyecto para la rehabilitación de las personas jóvenes que quedaron en situación de discapacidad como producto de la violencia entre pandillas; sin embargo, el comité de planificación de la Junta de Acción Comunal lo impidió y desplazó el proyecto a la población de la tercera edad.
Cuando los movimientos juveniles van en contravía de los intereses de estructuras inflexibles o rechazan los métodos ilegales ya legitimados en los territorios, se encuentran con amenazas de agentes legales o ilegales, tal como se expuso anteriormente. Entre los agentes ilegales se mencionaron las amenazas por medio de grupos paramilitares a través de panfletos, en los que exigen a las personas jóvenes detener su activismo e incluso abandonar el territorio para salvaguardar su integridad. Dentro de las organizaciones lideradas por juventudes que abordan temas como la utilización del tiempo libre de las personas jóvenes, consumo de SPA y construcción de un proyecto de vida, existen muchas personas que ejercen su liderazgo amenazadas por pandillas a las cuales no les conviene su activismo. Algo similar sucede en las zonas rurales en donde no hay organizaciones lideradas por juventudes por el temor que existe frente al paramilitarismo y demás grupos armados.
Quienes lideran las organizaciones criminales aprovechan las necesidades de supervivencia de las personas jóvenes y sus familias para vincularles a economías criminales como redes de
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explotación sexual, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, etc.
El potencial de transformación que tienen las personas jóvenes y que no es fortalecido por las instituciones públicas, termina siendo cooptado por las bandas criminales, quienes encausan dicho potencial en lógicas de violencia en donde las principales víctimas son las mismas personas jóvenes. Finalmente, podría mencionarse entre las barreras sociales a fundamentalistas religiosos que censuran las agendas feministas y el activismo de las jóvenes en torno a la despenalización del aborto, contra las violencias basadas en género, entre otras.
Frente a la existencia de espacios institucionales para la participación juvenil, la Fundación Bochinche habló de la plataforma de juventudes; sin embargo, observaron que falta mayor integración, no hay suficiente interés por parte de las organizaciones en participar de estos espacios y tampoco hay interés por parte de la Plataforma Juvenil por incluir nuevos proyectos y fundaciones. La comunicación dentro de este espacio no es efectiva y las discusiones no aportan nuevos puntos de discusión. El desinterés por participar en estos espacios también se asocia con la instrumentalización de las instituciones al trabajo organizaciones lideradas por juventudes.
Bajo esta categoría se muestran los hallazgos acerca de cuál es la percepción de las personas entrevistadas con respecto a los espacios dispuestos por parte del Estado para el diálogo y la incidencia política de organizaciones lideradas por juventudes, los escenarios de articulación promovidos por actores distintos al Estado en los que participan organizaciones lideradas por juventudes, los principales temas que movilizan a las organizaciones lideradas por juventudes y los retos y riesgos que implica trabajar estos temas en Colombia.
De acuerdo con las personas integrantes de la Fundación Bochinche, es necesario recuperar la confianza de las personas jóvenes en estos procesos para generar trabajo conjunto con las fundaciones que están interesadas en apoyar sus procesos participativos. Por otro lado, las personas integrantes de la fundación perciben una lógica de rechazo a las personas jóvenes por parte de las instituciones. Las comunicaciones sobre diferentes proyectos llegan a las organizaciones de trabajo juvenil cuando ya están asignadas sin un proceso previo de selección, debido a que se asume que el trabajo juvenil implica ausencia de experiencia. Bochinche expuso el ejemplo de la Mesa de Mujeres de la Alcaldía, la Subsecretaría de Género, el área de derechos sexuales y reproductivos de la Secretaría de Salud y otras organizaciones que trabajan temas similares a los temas abordados por su fundación, cuentan con
contrataciones fijas con entidades como Profamilia, Sí Mujer y ESES de las cinco zonas de la ciudad, sin dejar lugar a la participación de las organizaciones lideradas por juventudes. Los espacios gestionados por la Plataforma de Juventudes se llevan a cabo con las personas jóvenes de las mismas organizaciones que siempre han ejercido representatividad en estos espacios, limitando la posibilidad de participación para otras organizaciones lideradas por juventudes, el resultado de este escenario es que no hay un proceso de escucha efectiva a las personas jóvenes desde las instituciones.
De acuerdo con la Fundación Tengo Ganas, los entes gubernamentales cuentan con muy pocos espacios abiertos para la participación de las personas jóvenes, por tanto, es necesario crear más espacios y fortalecer los existentes para darle mayor relevancia a la participación juvenil en la construcción del país. También resaltaron que los espacios institucionales para el diálogo y la participación se han creado por cuenta del trabajo e incidencia de las mismas organizaciones lideradas por juventudes por medio de invitaciones a las y los candidatos a las alcaldías para discutir sus propuestas.
Con respecto a este tema, la Fundación Perros sin Raza señaló que existen espacios para el diálogo con el Estado, pero estos espacios no tienen suficiente difusión y su desconocimiento impide que las personas jóvenes y las organizaciones se acerquen a ellos. Entre los espacios existentes cuentan el Consejo de Planeación Local, desde el cual es posible participar en la construcción del Plan de Desarrollo de la localidad, los
encuentros ciudadanos, la Secretaría de Integración Social desde donde se desarrolla el comité operativo local de juventudes. Este último es un espacio de la localidad donde se reúnen las personas jóvenes con las instituciones públicas como la Policía y allí escuchan sus aportes y peticiones.
Tal como lo afirmaron las otras dos fundaciones, Perros sin Raza también encuentra necesaria la creación de más espacios institucionales para la incidencia y participación juvenil. Asimismo, resaltaron que la existencia de estos lugares no garantiza que su funcionamiento sea efectivo, pues al no ser diseñados por personas jóvenes, difícilmente serán comprendidas sus necesidades y no se podrán garantizar sus derechos. Similar a la experiencia relatada por las personas de la Fundación Bochinche, las personas que integran Perros sin Raza señalaron que no hay contratación por parte de las entidades de gobierno a las organizaciones lideradas por juventudes, la inclusión por medio de la contratación se convertiría en una forma efectiva de aportar al crecimiento de las organizaciones lideradas por juventudes y a su vez permitir que las personas jóvenes participen de la transformación de sus territorios. Es posible que en los espacios institucionales haya un ejercicio de escucha. No obstante, las instituciones no destinan recursos para la ejecución de los proyectos propuestos por las personas jóvenes.
Para la Fundación Bochinche, resulta clave el reconocimiento dentro del territorio por la comunidad y otras organizaciones sociales. Para la fundación es imprescindible el reconocimiento que reciben por parte de integrantes de la comunidad, quienes
El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
acuden a la fundación porque reconocen que su trabajo puede contribuir a mejorar las condiciones de territorio. Este reconocimiento por parte de la comunidad les ha dado suficiente relevancia para que otras instituciones busquen crear articulación y generar espacios de incidencia.
Para la Fundación Tengo Ganas, los espacios con entes gubernamentales locales y nacionales son claves para su trabajo de influencia e incentivar que más personas jóvenes se involucren en el trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes. Asimismo, su participación en el Programa Regional de Juventudes les ha permitido crear incidencia sobre sus procesos locales y fortalecer su trabajo.
Para la Fundación Perros sin Raza, los espacios que realmente funcionan para ejercer trabajo de influencia son aquellos autogestionados por las personas jóvenes. De acuerdo con su experiencia, en estos procesos se necesitan liderazgos de diversos grupos juveniles para lograr un trabajo de incidencia. Esto debido a que las personas que ejercen liderazgos individuales se convierten en el blanco de amenazas por parte de instituciones estatales. Un ejemplo de los espacios autogestionados que funcionan para la comunicación con las instituciones en la localidad de Bosa, son las Mesas de Hip Hop, Rock y Grafiti, estas iniciativas cuentan con cierto reconocimiento por parte de las instituciones y se han convertido en espacios de confluencia para las personas jóvenes.
Ahora bien, con respecto a los canales de comunicación de las organizaciones lideradas por juventudes con el Estado, las
tres fundaciones coinciden en que el único canal institucional disponible son las Plataformas de Juventud. No obstante, como se ha identificado en el desarrollo de este ejercicio, dicho canal es poco eficiente y no funciona como un recurso para recoger las propuestas y preocupaciones de las personas jóvenes, entre otras razones porque, de acuerdo con las fundaciones, su diseño no estuvo a cargo de personas jóvenes ni contó con sus expectativas sobre el mismo. Para la Fundación Bochinche falta mayor integración dentro de esta plataforma. En términos generales, las organizaciones sociales no tienen interés por participar en estos espacios y tampoco hay interés por parte de la plataforma por incluir nuevos proyectos y fundaciones. La comunicación no es efectiva y las discusiones suelen darse en torno a los mismos temas. Asimismo, señalaron que muchas personas jóvenes sienten desinterés de participar en esos procesos, principalmente porque estos espacios institucionales instrumentalizan el trabajo juvenil.
En el caso de la Fundación Perros sin Raza, el único canal para relacionarse con el Estado son las protestas y las manifestaciones. Sin embargo, durante la pandemia se redujeron las posibilidades de convocar protestas y con esto las posibilidades de comunicación con el Estado2. Según la experiencia de la Fundación Tengo Ganas, las redes sociales —Twitter, principalmente— han funcionado como un medio de comunicación con el Estado. También señalaron que a nivel departamental existe la Plataforma Departamental de Juventud y espacios como la Agenda Juvenil de Paz del Cauca, mientras que a nivel nacional no se percibe una relación con el Estado.
Entre los espacios establecidos por el Estado para el diálogo con las organizaciones lideradas por juventudes, el funcionario de UNFPA entrevistado durante este ejercicio mencionó entre los espacios institucionales del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, en el cual se establecen dos subsistemas: el subsistema institucional y el de participación. En este último hay un Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, conformado únicamente por entidades del Estado sin la participación de organizaciones lideradas por juventudes. A partir de estos, el funcionario concluye que no existen Consejos de Juventud reales. Los espacios que, en cierta medida, cumplen una función afín al diálogo entre las organizaciones lideradas por juventudes y el Estado son las Plataformas Municipales de Juventud, que se encuentran inscritas y avaladas por la Personería municipal.
Actualmente continúa el proceso de constitución de la Plataforma Nacional de Juventud. En otras palabras, aunque existe la figura legal, es poco efectiva y la participación de las personas jóvenes es simbólica, no se recogen sus demandas, expectativas, necesidades ni se brindan las garantías para que las personas jóvenes se encuentren y articulen su trabajo. Otra barrera relativa a estas plataformas es que su acceso es muy limitado, principalmente en las zonas rurales. Es importante señalar que estos espacios de participación son promovidos por la Consejería Presidencial para la Juventud y el Programa Colombia Joven es desde donde se lideran espacios. No obstante, Colombia Joven cuenta con una debilidad
estructural, ya que es una figura adscrita a la rama ejecutiva, mediante la primera dama, una posición que, de acuerdo con el entrevistado, tiene poca capacidad de implementación práctica.
La experiencia del funcionario de UNFPA contrasta con el discurso del funcionario de la Consejería Presidencial para la Juventud, quien asegura que las “Plataformas de Juventudes se conforman en cada región y son espacios a los que puede asistir las personas jóvenes y participar para concertar una agenda” (Entrevista a funcionario de la Consejería Presidencial para la Juventud, 2021). Además de este espacio, asegura que existen los Consejos de Política Social.
Según la experiencia del funcionario de la alcaldía local de Bosa, mediante la ley de Juventud se ha garantizado la existencia de los Consejos Locales de Juventud. Esta ley busca garantizar la participación política de las personas jóvenes, mediante el establecimiento de una oficina para la atención de la juventud desde las Secretarías e instituciones públicas. No obstante, estas oficinas realmente corresponden a cargos burocráticos que no generan incidencia en las decisiones del Estado. Estos espacios son promovidos por el Ministerio del Interior y las secretarías de Integración Social o de Gobierno. En palabras del funcionario, “aún se debe impulsar la incidencia en el bienestar y la participación de los y las jóvenes, estos espacios deben funcionar como interlocutores reales que nutran la toma de decisiones que afectan a los y las jóvenes” (Entrevista funcionario de la Alcaldía Local de Bosa, 2021).
El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
Por otro lado, la funcionaria de la alcaldía de Cali indicó que en torno a los temas de salud están las Mesas de Trabajo de Juventudes, las cuales cuentan con el reconocimiento de las Empresas Sociales del Estado y su objetivo es identificar las necesidades de las personas jóvenes para, a partir de este conocimiento, construir proyectos que aporten al bienestar de la comunidad. Sin embargo, la alcaldía de Cali obstaculiza los procesos de contratación de las personas jóvenes en estos proyectos y agentes políticos instrumentalizan su trabajo de acuerdo con sus intereses, restando efectividad y legitimidad al objetivo de estas mesas. Estas iniciativas son promovidas por la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad y Justicia (para jóvenes en pandillas y barrismo) y la Secretaría de Paz (para prevenir la trata de personas).
También se articula el trabajo con el SENA para aportar en temas de empleabilidad y educación de las personas jóvenes de acuerdo con sus aspiraciones; a su vez, existen semilleros dirigidos a diferentes grupos poblacionales como las víctimas del conflicto armado, la personas con diversidad funcional y las personas afrodescendientes.
Ahora bien, en los escenarios descritos existen ciertas posibilidades de transformación. Sin embargo, es necesario disminuir la relación de dependencia entre las organizaciones lideradas por juventudes y la voluntad política de la alcaldía. De acuerdo con la funcionaria de la alcaldía de Cali, en aras de contribuir a esta independencia, se han llevado a cabo procesos de capacitación en formulación de proyectos, dichas capacitaciones buscan brindar a las personas jóvenes
las herramientas necesarias para gestionar recursos de financiación a través de cooperación internacional y otras fuentes sin intereses políticos.
En términos generales, la apreciación de las personas con respecto a la posibilidad de plantear cambios que transformen el entorno de las personas jóvenes a través de estos espacios es poco optimista. Es posible plantear cambios y generar discusiones acerca de estas propuestas; sin embargo, las posibilidades de llevar estas discusiones a la práctica son muy reducidas, principalmente porque las instituciones diseñan y aprueban sus agendas políticas sin la participación de las personas jóvenes. El diseño de estas agendas de concertación expone la imposibilidad de transformar los programas del Plan de Desarrollo; únicamente, posibilita la discusión de su ejecución, independientemente de si esos planes atiendan adecuadamente, o no, las necesidades de las personas jóvenes.
Un obstáculo identificado por la mayoría de las personas es la dependencia de estos espacios a la voluntad política de cada administración.
Por otro lado, a través de la presión generada por los paros cívicos que iniciaron el 28 de abril de 2021 y continúan vigentes a 18 de junio de 2021, el gobierno nacional ha abierto mesas de diálogo en donde se delegaron personas de distintos Ministerios para atender las necesidades de la comunidad, fue entonces a partir de unas acciones de facto que el gobierno intervino. Ahora bien, estos espacios fueron efectivos en el levantamiento de algunas inconformidades de
las personas jóvenes; sin embargo, se traducen en acciones muy coyunturales y puntuales que no alcanzan a transformarse en un proceso nacional.
De acuerdo con la experiencia de las personas, uno de los principales obstáculos para que haya una relación efectiva entre las organizaciones lideradas por juventudes y el Estado es la falta de comunicación: no existen estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) que integren medios de comunicación de fácil acceso para las personas jóvenes y les permita informarse acerca de sus derechos y los canales de participación disponibles.
En general, trabajar sin estos medios de comunicación complejiza el proceso de participación, debido a que no hay suficiente personal que pueda llegar a todos los territorios. Ahora bien, dentro del subsistema de participación están establecidas las Plataformas Juveniles cuyo rol es, entre otros, representar los procesos organizativos juveniles.3
En estas plataformas están reunidos grupos con diversos intereses: medio ambiente, cultura, deportes, emprendimientos económicos, partidos políticos, etc. Aun así, en muchos casos las plataformas deben estar avaladas por los partidos políticos, esto representa un obstáculo en la medida en que estos partidos no recogen correctamente las demandas y preocupaciones de las personas jóvenes. En este orden de ideas, estos canales se ven limitados por estereotipos y desconocimiento de los procesos juveniles de las personas
encargadas a nivel territorial. Finalmente, no hay unas guías claras para la formación de personas referentes en temas de juventud a nivel territorial.
Además de los canales dispuestos por el Estado, las organizaciones lideradas por juventudes han construido otros espacios en la articulación con entidades no gubernamentales. Para las personas entrevistadas, estos últimos superan en número a los impulsados por el Estado. Su razón de ser es la inexistente garantía de reunión y encuentro que caracteriza a los espacios institucionales. Estos espacios alternativos están construidos en concordancia con la visión de las organizaciones, por tanto, cuentan con diversidad de perspectivas y opiniones. Una de sus fortalezas es que representan con mayor fidelidad las necesidades territoriales: se desarrollan con libertad y confianza las relaciones y códigos comunitarios, juveniles, territoriales y los intercambios de información, dinámicas que, por lo regular, suceden con poca fluidez en los espacios institucionales.
Es necesario resaltar que un aspecto a mejorar con respecto a estos procesos es su falta de sostenibilidad, las intervenciones suelen ser muy puntuales y no permiten la permanencia de las acciones desarrolladas. En palabras del representante de la Plataforma Juvenil, “hace falta un establecimiento de objetivos y hojas de ruta para que las actividades se conviertan en procesos de cambio. Para esto, se necesitan recursos físicos, humanos y financieros” (2021). La continuidad de estas intervenciones podría garantizarse en la medida en que se
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puedan transferir a procesos de las organizaciones lideradas por juventudes o entidades de gobierno. Otro reto importante es la sistematización de las experiencias, generar evidencia, documentar estos procesos de manera rigurosa y académica para llevar a cabo su respectiva revisión y aprovechar las experiencias de mejor manera. Los observatorios juveniles que existen tienen una perspectiva muy amplia y de tipo macro, pero no desde los casos específicos. Entonces, el reto está en formar a las personas jóvenes para que desarrollen estas sistematizaciones.
Los espacios alternativos de articulación han promovido la participación juvenil a nivel regional e interregional en espacios donde comparten experiencias con otras organizaciones y liderazgos juveniles. En los encuentros señalados por la funcionaria de la alcaldía de Cali se instruye a las personas jóvenes en política pública para desarrollar su incidencia con autogestión, el reconocimiento de las rutas de acceso a las alternativas de solución de sus necesidades y la capacidad de cohabitar, en términos políticos, con otras organizaciones lideradas por juventudes.
Bajo esta categoría se presentan los hallazgos asociados a las posibilidades de acceso y participación en plataformas tecnológicas, redes sociales, redes de información y comunicación con que cuentan las organizaciones lideradas por juventudes y acceso a información confiable y de calidad que permita a las organizaciones lideradas por juventudes realizar análisis y reflexiones sobre su contexto.
Para la Fundación Bochinche los temas de mayor interés para las organizaciones lideradas por juventudes en Colombia son aquellos relacionados con el arte, la música y la danza. En el caso de la Fundación Bochinche son prioritarios los procesos de incidencia en temas étnicos, de medio ambiente, liderazgo y derechos humanos. Otros temas relevantes en el trabajo de la fundación son la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos y el empoderamiento de las mujeres. De acuerdo con las personas integran la fundación, en ocasiones se han presentado situaciones de discriminación y cuestionamiento frente a estos temas, particularmente cuando sus intervenciones son acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Otras fundaciones les han exigido que eliminen el registro fotográfico de estas actividades, les censuran, e incluso “mandan a callar” a las personas que hacen parte de Bochinche.
En el caso de Tengo Ganas, los objetos sociales que movilizan su fundación están asociados al consumo de sustancias psicoactivas, proyecto de vida, conocimiento de las prácticas y costumbres de su región, la participación juvenil e incidencia política y la promoción de los derechos de salud sexual y reproductiva. Abordar estos temas implica algunos riesgos como amenazas de bandas criminales y redes de tráfico y microtráfico. Cuando las organizaciones lideradas por juventudes trabajan temas como proyecto de vida y entornos de protección, los grupos criminales suelen reaccionar con agresiones y amenazas, debido a que les interesa que este tipo de discursos que orientan a las personas jóvenes a construir proyectos de vida diferentes a la criminalidad no estén a su alcance. A pesar de este riesgo latente en el ejercicio de su activismo, la fundación busca reunirse en espacios protegidos y articularse con organizaciones que sumen a esa protección.
Por su parte, el objetivo de Perros sin Raza es que las personas jóvenes adquieran conocimientos mediante los procesos que se desarrollan en la fundación y, posteriormente, cuenten con la posibilidad de extrapolar dichos conocimientos a sus emprendimientos. Un ejemplo es la formación en formulación de proyectos, cuyo objetivo es que las personas jóvenes cuenten con esta herramienta al momento de presentar sus proyectos a las diferentes convocatorias para obtener recursos, empleo e ingresos dignos a partir de sus conocimientos. Asimismo, de acuerdo con la Fundación PLAN desde la Fundación Perros sin Raza se abordan temas de género y se desarrollan diferentes procesos feministas desde el arte.
Para Perros sin Raza las principales barreras están relacionadas con la burocracia y la censura por parte de las administraciones locales. En ocasiones las administraciones se encuentran en desacuerdo con las movilizaciones promovidas por las organizaciones lideradas por juventudes y les excluyen de los procesos de selección. Otro riesgo importante es el “perfilamiento”4 de las personas jóvenes que se dedican al activismo en diferentes temas. Una estrategia que ha sido utilizada frecuentemente para desactivar los liderazgos juveniles ha sido ofrecer varios trabajos a esas personas que lideran para ocupar todo su tiempo y evitar que sigan invirtiendo su esfuerzo en el liderazgo y movilización de más personas jóvenes.
Ahora bien, una de las herramientas más utilizadas por parte de las organizaciones sociales para la búsqueda y difusión de información son las redes sociales. A partir de plataformas como Facebook, Twitter, WhatsApp y en menor medida Instagram y Tik Tok , las organizaciones lideradas por juventudes tienen la posibilidad de compartir y promover sus acciones de incidencia política. A pesar de las ventajas que estas aplicaciones puedan brindar al desarrollo de las organizaciones lideradas por juventudes, existe una barrera importante con respecto a las posibilidades de conectividad que ofrecen ciertos territorios en donde no hay cobertura de servicios básicos. Es importante resaltar que las redes sociales no son espacios seguros, lo cual es evidente en los casos de acoso sexual de los que las mujeres son víctimas en redes sociales, en la exposición de datos sensibles, engaños, estafas, entre otros.
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De acuerdo con el relato del funcionario de UNFPA, existe un sistema generado desde la Ley Estatutaria de Juventud, el cual garantiza el derecho al acceso a la información, su nombre es JUACO. Este observatorio ofrece información sobre aspectos como población, datos sociodemográficos, empleabilidad, homicidios, jóvenes víctimas del conflicto armado, entre otros. Ahora bien, no todos los sistemas de información del Estado están alineados con el concepto de juventud de 14 a 28 años empleado por el DANE, esto implica que no haya una sincronización de la información entre varias instituciones. Otro obstáculo importante es que en Colombia la información nacional de la juventud es escasa, no está unificada en algún repositorio común y no existe algún ente que se encargue de recopilar suficiente información.
Por otro lado, desde su área de conocimiento, la coordinadora de Fundamor señaló que la información epidemiológica con enfoque en la juventud es abundante. Sin embargo, la información acerca de la dimensión social y comunitaria es escasa. Los canales para la búsqueda de esta información son los gubernamentales y principalmente a través de internet. Entre los aspectos a mejorar con respecto a la comunicación podría señalarse la insuficiente promoción de los procesos exitosos alcanzados por cuenta de liderazgos juveniles, la ausencia de énfasis en temas sociales y comunitarios y la falta de acceso según el contexto de las personas jóvenes: territorios urbanos y rurales.
Con respecto a este tema, el representante de la Plataforma Juvenil planteó que la forma de administración centralista en Colombia determina el acceso a la información. En las capitales hay mayores posibilidades de acceso frente al resto del país. Asimismo, la presencia de instituciones de gobierno como el Ministerio Público, la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría amplían las posibilidades de acceder a información relevante para las organizaciones lideradas por juventudes. En contraste, en las demás regiones del país se dificulta la consecución de información debido a la debilidad y, en ocasiones, inefectividad de las instituciones públicas. Por otro lado, adquirir información sobre convocatorias para trabajar en cooperación con las ONG o sobre proyectos de contratación es particularmente difícil para las personas jóvenes de las regiones que están fuera de la capital, limitando el acceso a la financiación de sus proyectos. La información sobre estas convocatorias se envía directamente a la alcaldía y esta es quien la distribuye; no obstante, algunas de estas propuestas se asignan a un grupo específico sin pasar por un proceso de selección, mientras que otras sí se comparten con todas las organizaciones lideradas por juventudes.
Una estrategia implementada por algunas organizaciones lideradas por juventudes para suplir la escasez de fuentes confiables ha sido la construcción de su información a través de investigaciones propias. Por medio de los procesos de autogestión en la búsqueda de información es posible
exponer la realidad de los territorios, hacer un conteo de estos, y reconocer sus necesidades. Adicionalmente, la información auto emitida suele contrastarse con los datos oficiales, para evaluar la lectura que realiza el Estado. Por otro lado, es importante señalar que aun cuando haya acceso a los medios de información, pueden ser poco efectivos en el cumplimiento de sus objetivos, en la medida en que las personas jóvenes en ocasiones carecen de la formación política suficiente que les permita explorar y seleccionar la información necesaria para el desarrollo de sus proyectos.
La información a la que normalmente buscan acceso las organizaciones lideradas por juventudes se relaciona con los temas de mayor interés en su ejercicio de incidencia política.
De acuerdo con la experiencia de las personas entrevistadas, los objetos sociales más comunes entre las organizaciones lideradas por juventudes de Colombia corresponden a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, garantía de derechos de las poblaciones históricamente marginalizadas como los sectores LGBTIQ+ y poblaciones con pertenencia étnico rural, la construcción de paz, temas culturales y deportivos, acceso a la educación, cuidado del medio ambiente, empleabilidad y construcción de proyectos de vida. La preferencia por un tema u otro depende del contexto en que se desarrolla cada organización social, esto se encuentra determinado por el territorio, la presencia de conflicto armado, el acceso a servicios básicos, la creación de espacios para el esparcimiento, a la forma en que el Estado hace presencia en sus territorios, entre otros.
Ahora bien, la incidencia política en torno a estos temas puede convertirse en una situación de amenaza a la integridad de las personas jóvenes que ejercen alguna forma de liderazgo, e incluso a sus familias. El ejercicio de participación está limitado en unos territorios más que en otros. De acuerdo con la experiencia de la funcionaria de la OIM, después de la firma del Acuerdo de Paz surgieron otros agentes que continúan en la disputa territorial o de recursos asociados a actividades ilícitas. Las denuncias de personas jóvenes que ejercen alguna forma de liderazgo se convierten en un blanco para los grupos armados. Esto limita las acciones de las personas jóvenes y en ocasiones les obliga a matizar su discurso para salvaguardar su vida o a desplazarse a las ciudades principales para pedir protección a las instituciones pública. Las personas coinciden en que los riesgos asociados al activismo social aumentan cuando las organizaciones y/o personas jóvenes que lideran pertenecen al área rural.
Otro riesgo inminente para las personas jóvenes que ejercen diferentes formas de activismo es el de convertirse en víctimas de reclutamiento forzado. Las personas jóvenes son obligadas por los grupos armados a participar de sus acciones ilícitas, quienes se niegan a hacer parte de estas actividades corren el riesgo de ser amenazadas o asesinadas.
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Bajo esta categoría se presentan los hallazgos asociados a las actitudes políticas, confianza y tolerancia con que cuenta la sociedad civil y los medios de comunicación sobre las organizaciones lideradas por juventudes.
La relación de confianza que existe entre las organizaciones lideradas por juventudes y el Estado es bastante débil. En términos generales, los resultados de la encuesta realizada en el marco de la entrevista apuntan a que hay poca confianza por parte de las organizaciones lideradas por juventudes por cuenta de los procesos que se han llevado a cabo con el Estado. La instrumentalización del trabajo juvenil y la falta de espacios de diálogo con el Estado han deteriorado la confianza de las organizaciones lideradas por juventudes. Por otro lado, las masacres a líderes y lideresas sociales, el perfilamiento a personas jóvenes por su activismo, las masacres durante las manifestaciones y la violencia ejercida por el Estado hacia la ciudadanía han terminado por reducir la confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en el Estado.
Algo similar sucede en la relación de confianza entre las organizaciones lideradas por juventudes y las instituciones estatales. Las personas jóvenes perciben que las instituciones toman las decisiones relevantes del país sin tomar en cuenta sus propuestas y sus preocupaciones, no hay un trabajo articulado e instrumentalizan el trabajo juvenil. El producto final de los procesos de consulta a las organizaciones lideradas por juventudes se distorsiona porque finalmente son las instituciones estatales quienes deciden cómo se llevan a cabo las intervenciones.
El nivel de confianza entre los medios de comunicación masiva y las organizaciones lideradas por juventudes es bastante bajo. La percepción de las personas jóvenes es que estos medios no muestran la realidad de las diferentes problemáticas sociales que atraviesa el país, con el fin de beneficiar a ciertas elites económicas y de poder. Los medios de comunicación suelen tener ciertos prejuicios sobre la edad de las personas que trabajan en organizaciones lideradas por juventudes, razón por la cual no brindan suficiente relevancia a sus procesos.
Contrario a la percepción con respecto a agentes claves, la relación de confianza entre la sociedad y las organizaciones civiles es bastante alta. Esta confianza mutua es evidente en la participación de la sociedad civil en las actividades organizadas por las fundaciones juveniles. Su percepción es que esta confianza se debe a las redes de solidaridad que se construyen entre ambas partes, al acompañamiento entre
organizaciones y a la participación y colaboración conjunta. Las organizaciones lideradas por juventudes confían en que la sociedad civil puede transformarse, de ahí que se implementen trabajos de intervención en los territorios, de no existir esta confianza no habría lugar a las actividades y el objetivo de las organizaciones lideradas por juventudes.
Gráfico 1. Nivel de confianza de la organización juvenil Tengo Ganas en agentes de su entorno
De las organizaciones juveniles en el Estado
De las organizaciones juveniles en las instituciones estatales
De la sociedad civil en las organizaciones juveniles
De las organizaciones juveniles en los medios de comunicación
De las organizaciones juveniles en la sociedad civil
De los medios de comunicación en las organizaciones juveniles
No sabe/No responde Ninguna confianza
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Gráfico 2. Nivel de confianza de la organización juvenil Perros sin Raza en agentes de su entorno
De las organizaciones juveniles en la sociedad civil
De los medios de comunicación en las organizaciones juveniles
De la sociedad civil en las organizaciones juveniles
De las organizaciones juveniles en los medios de comunicación
De las organizaciones juveniles en las instituciones estatales
De las organizaciones juveniles en el Estado
No sabe/No responde Ninguna confianza Alta confianza Poca confianza
Mediana confianza
Gráfico 3. Nivel de confianza de la organización juvenil Bochinche en agentes de su entorno
De las organizaciones juveniles en el Estado
De las organizaciones juveniles en las instituciones estatales
De las organizaciones juveniles en los medios de comunicación
De la sociedad civil en las organizaciones juveniles
De los medios de comunicación en las organizaciones juveniles
De las organizaciones juveniles en la sociedad civil
No sabe/No responde Ninguna confianza Alta confianza Poca confianza
Todas las personas coincidieron en que el nivel de confianza entre las organizaciones lideradas por juventudes y el Estado es muy bajo. Esta relación se debe a que las personas jóvenes no sienten un respaldo por parte del Estado frente a sus demandas y perciben los ejercicios de consulta como una forma de instrumentalizar su trabajo de participación política. Estas dinámicas generan sentimientos de frustración en las organizaciones lideradas por juventudes. En términos de funcionario de UNFPA, se convierten en “procesos de desesperanza aprendida”. Algo similar sucede en la relación de confianza entre las instituciones estatales y las organizaciones lideradas por juventudes. La mayoría de las personas están de acuerdo en que las organizaciones tienen un bajo nivel de confianza en estas instituciones por causa de la ausencia de garantías de seguridad para el ejercicio político, la corrupción y la discriminación que ejercen estas entidades a las organizaciones sociales. No obstante, la opinión de la funcionaria de la alcaldía de Cali es que no hay mucha o poca confianza, sino “desconocimiento de las posibilidades y beneficios de una participación crítica y consensuada, con un alto grado de compromiso frente a las instituciones”.
Frente al nivel de confianza entre las organizaciones lideradas por juventudes y los medios de comunicación, las personas tienen opiniones divididas. Por un lado, hay una percepción de falta de confianza en los medios de comunicación masiva, debido a que cualquier desinformación allí transmitida puede
ser contrastada en la red; además, el rol de los medios ha sido crucial para construir el imaginario de las personas jóvenes como contraparte del Estado. Sin embargo, otras personas señalaron que el nivel de confianza depende del medio de comunicación. De acuerdo con la experiencia del representante de la Plataforma Juvenil, los medios locales suelen mostrarse dispuestos a transmitir las denuncias y los procesos de incidencia de las personas jóvenes. Ahora bien, frente a la confianza que existe entre estos agentes en dirección contraria, la mayoría de los agentes consideran que hay un nivel de confianza muy bajo, pues constantemente se descalifican las acciones juveniles y sus movilizaciones. En general, se transmite una percepción negativa de las personas jóvenes como agentes políticos.
Finalmente, la confianza entre la sociedad civil y las organizaciones fue percibida como relación de mayor confianza, en la medida en que las organizaciones lideradas por juventudes provienen de la sociedad civil y comparten varios escenarios e intereses. No obstante, las respuestas están mediadas de acuerdo con los sectores de la sociedad civil de los que se esté hablando, es así como hay cierta prevención frente a los grupos empresariales, pues la mayoría de las organizaciones lideradas por juventudes no están interesadas en comprometer sus posturas a cambio de algún interés económico. La confianza existe si los intereses son compartidos con determinado sector de la sociedad civil.
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Gráfico 4. Percepciones de agentes clave acerca del nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en agentes de su entorno
De las organizaciones juveniles en la sociedad civil
De los medios de comunicación en las organizaciones juveniles
De la sociedad civil en las organizaciones juveniles
De las organizaciones juveniles en los medios de comunicación
De las organizaciones juveniles en las instituciones estatales
De las organizaciones juveniles en el Estado
En esta categoría se presentan los hallazgos de esta investigación relacionados con la percepción de las personas participantes acerca del acceso a diversas fuentes (estatales y no-estatales) de recursos para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones lideradas por juventudes; la relación y legitimidad ante organizaciones o agencias Internacionales que aportan recursos para desarrollar sus agendas y las buenas prácticas en la captación de recursos por parte de organizaciones lideradas por juventudes.
5.5.1.
Al indagar sobre las fuentes de financiación para acceder a recursos, la Fundación Bochinche indicó que no hay un recurso económico que les sostenga, su trabajo se hace por medio de cooperación y proyectos a los que se postulan, también perciben algunos recursos por medio de empresas de la ciudad que les proveen alimentos, transportes, etc., para llevar a cabo ciertos eventos. En términos generales sus recursos se obtienen por autogestión y la colaboración de personas conocidas.
Esta fundación considera el trabajo en equipo como una prioridad para su sostenibilidad, razón por la cual se asocian con otras fundaciones para promover el trabajo colaborativo. Un ejemplo de estas articulaciones colaborativas es el intercambio de recursos: Bochinche brinda charlas sobre salud sexual y reproductiva a otras fundaciones quienes, a cambio brindan otro recurso que le resulta útil a la fundación. Otra forma de apoyo mutuo se da compartiendo convocatorias, fotografías, coreografías, y otras herramientas necesarias para el desarrollo de sus intervenciones. Normalmente cada integrante de la Fundación Bochinche brinda recursos propios para gestionar las actividades, los recursos no son suficientes. Como fundación existe el objetivo de vivir de las actividades que sus integrantes desarrollan. No obstante, aún no cuentan con los recursos necesarios para esto. Para esta fundación su legitimidad se debe a la transparencia y organización de sus acciones. Señalaron que la legitimidad frente a instituciones públicas no hace parte de su agenda en tanto que no es su objetivo involucrarse en compromisos políticos ni ser instrumentalizados por estas instituciones para cumplir metas. Aun cuando el trabajo sea ejecutado por Bochinche, la fundación prefiere obtener recursos de entidades no gubernamentales.
Por su parte, la Fundación Tengo Ganas obtiene sus recursos de donaciones y de proyectos de cooperación internacional. Similar al caso de Bochinche, los recursos con los que cuenta la Fundación Tengo Ganas no son suficientes, no hay salarios, hay bonificaciones o reconocimientos por el tiempo y trabajo invertido. La fundación tiene como objetivo tener contratos
laborales y sueldos dignos que corresponda al trabajo de la fundación. Por otro lado, para la fundación es evidente la falta de confianza hacia las personas jóvenes por parte de las instituciones públicas en lo que concierne a la gestión y administración de recursos.
Con respecto a la Fundación Perros sin Raza, han gestionado sus recursos por medio de PLAN, autogestión, alianzas con organizaciones como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y becas de Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). Con el dinero recibido compran las herramientas necesarias para llevar a cabo los procesos de aprendizaje como tableros, cuadernos, marcadores, etc. Actualmente necesitan más recursos para acceder a cámaras, equipos de sonido y costear los honorarios de las personas artistas que trabajan en la fundación.
5.5.2.
Las personas entrevistadas coinciden en que los recursos que pueden alcanzar a nivel local son muy pocos. Es común que las organizaciones lideradas por juventudes sean convocadas por las instituciones públicas para desarrollar acciones puntuales durante la Semana de la Juventud, y al darse el cumplimiento a estas acciones se detiene el apoyo. Infortunadamente son muy escasos los territorios donde hay apoyo económico por parte del Estado para la ejecución de proyectos juveniles, razón por la cual las organizaciones lideradas por juventudes suelen buscar la financiación de sus procesos de participación a través de las
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ONG y organismos de cooperación internacional donde existe mayor oferta y margen de acción para las organizaciones, pues no están sujetas a los intereses partidistas que pueden encontrarse en el sector público. No obstante, las personas identifican algunas debilidades en la financiación proveniente de las ONG y la cooperación internacional, como la corta duración de los proyectos, lo cual limita su sostenibilidad en el tiempo y la de las fundaciones, las restricciones de focalización territorial y de las edades de quienes se pueden vincular a los proyectos.
A partir del escenario anterior, la autogestión se convierte en la estrategia más frecuente para la captación de recursos. A través de actividades internas de las fundaciones y del capital individual de sus integrantes se obtienen algunos recursos. Sin embargo, las tareas de autogestión son desgastantes para las fundaciones e implican que se invierta tiempo y esfuerzo que podría destinarse a los procesos de incidencia política. Como consecuencia de ello, las organizaciones tienden a ser de corta duración; en otras palabras, las personas jóvenes desertan por falta de recursos para sostener las fundaciones.
Por otra parte, existen alianzas estratégicas, como los sindicatos, quienes en ocasiones apoyan a las organizaciones lideradas por juventudes con recursos puntuales como refrigerios, agua, transporte, etc.
Con respecto a las problemáticas sociales que limitan e incluso impiden el trabajo de las organizaciones sociales, está la falta de credibilidad en la gestión de sus proyectos, el conjunto de
obstáculos para constituirse legalmente, la insuficiente praxis en el ejercicio de la participación, la demagogia excesiva contraria a un ejercicio pedagógico que permita la participación de las organizaciones en asuntos relevantes en las decisiones políticas del país, la dependencia de voluntades políticas para la ejecución de políticas de juventud y políticas territoriales que no toman en cuenta las propuestas juveniles, entre otras.
Así pues, las organizaciones lideradas por juventudes pierden credibilidad en las instituciones.
Además de las limitaciones planteadas, se suman otras barreras de acuerdo con el territorio en que se lleve a cabo la participación juvenil. En las zonas rurales se suma la falta de acceso a la inversión social básica como servicios públicos, educación, etc., la inseguridad frente a grupos armados ilegales, acceso limitado a ingresos, el reconocimiento de su rol político, el narcotráfico y la corrupción, entre otras. En términos generales, las organizaciones lideradas por juventudes se enfrentan a amenazas, vulneración a los derechos, limitación de la libertad de expresión y asociación, la falta de reconocimiento como agentes activos, el alto desempleo juvenil, la poca rentabilidad y ausencia de sostenibilidad de sus procesos organizativos. Si el trabajo participativo no les asegura a las personas jóvenes suficientes recursos, deben retirarse de estos escenarios para buscar su sostenimiento económico.
A lo anterior se suma la coyuntura actual de la pandemia que ha vuelto casi inviable, en términos de bioseguridad, el trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes, pues la mayoría de sus acciones consistían en el trabajo presencial
en sus territorios. La comunicación entre las personas que integran las organizaciones se vio limitada a los medios virtuales que implican el uso de un dispositivo y acceso a internet, recursos con lo que no cuentan todas las personas que ejercen diferentes formas de activismo político. Producto de todo lo anterior fue imposible ejecutar varios proyectos, afectando finalmente el flujo de caja de las organizaciones.
Ahora bien, con respecto a las buenas prácticas de las organizaciones para la captación de recursos se puede señalar la formación de las organizaciones lideradas por juventudes en diferentes temas que les permitan ampliar la oferta de proyectos sociales por cuenta de su gestión. Lo anterior se traduce en mayores posibilidades de acceso a recursos. Por otro lado, es necesario ampliar la capacitación enfocada la administración de esos recursos. Otra buena práctica sería la identificación de los agentes con quienes es posible mantener alianzas de trabajo, estas alianzas además de asegurar la financiación de los proyectos brindan mayor credibilidad al
trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes. Un ejemplo es la alianza con instituciones como PLAN. Finalmente se resalta la cooperación entre las organizaciones lideradas por juventudes: si una organización encuentra determinada convocatoria que no se ajusta a sus intereses o no cuenta con los requisitos señalados, le puede compartir esta información a otras organizaciones.
Ahora bien, en términos de competencia, las organizaciones lideradas por juventudes suelen tener una amplia desventaja frente a otras organizaciones debido a su corta trayectoria, a la falta de recursos, deformación en determinados temas relevantes, de reconocimiento, de visibilidad de sus procesos, entre otros. En ocasiones hay lugar a que se desarrollen lógicas colaborativas para la participación en convocatorias. Sin embargo, esto no sucede en todo el país, no se hace de forma sistemática y no es a largo plazo, en la medida en que, cuando finalizan los proyectos, se desarticulan estas relaciones.
El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
Las condiciones para el trabajo de incidencia política por parte de las organizaciones lideradas por juventudes son bastante precarias. En general, las personas jóvenes que ejercen distintas formas de liderazgo juvenil están expuestas a múltiples amenazas por parte de grupos armados legales e ilegales, no cuentan con suficientes recursos económicos para el sostenimiento de sus organizaciones y tampoco cuentan con el apoyo del Estado para dar continuidad y fortalecer sus acciones. Estas condiciones varían según el territorio en que tengan lugar las acciones de las organizaciones, siendo el área rural la zona más afectada. Allí la presencia del Estado es selectiva, esto implica que las organizaciones y jóvenes que lideran estén mucho más expuestas a las amenazas violentas de los diferentes agentes y cuenten con menos posibilidades de acudir a alguna entidad estatal u ONG que le brinde los recursos necesarios para salvaguardar su integridad. Además del panorama descrito, la cobertura de servicios básicos y el acceso a la educación son deficientes en estas zonas del país.
Este entorno desfavorable para el ejercicio de participación juvenil se encuentra ampliamente relacionado con las percepciones que hay desde el Estado y sus instituciones hacia el trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes. En primer lugar, estos agentes conciben a las personas jóvenes como beneficiarias de las políticas y programas de gobierno, mas no como agentes con capacidad de incidencia y transformación de sus territorios. En consecuencia, los procesos de contratación entre el Estado y estas organizaciones son escasos y tienen lugar a partir de una lógica de trabajo jerarquizada donde, por lo general, se instrumentaliza el trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes.
Los espacios dispuestos por el Estado para la interlocución con las personas jóvenes son limitados, no cuentan con suficiente difusión y son poco efectivos. De acuerdo con la experiencia de las personas y organizaciones entrevistadas, estos espacios cumplen un rol consultivo y no hay lugar a un trabajo conjunto de construcción donde las personas jóvenes intervengan en las decisiones relevantes de las agendas políticas del país. Si bien existen una serie de leyes y programas diseñados para las personas jóvenes —de cuya construcción no participaron—, se limitan a ser un marco normativo carente de efectos prácticos que protejan y fortalezcan la participación política de las organizaciones lideradas por juventudes.
Frente a la ausencia de espacios de diálogo con las instituciones del Estado, las organizaciones lideradas por juventudes recurren a otras estrategias de comunicación alternativas como la creación de espacios gestionados en articulación con otras organizaciones o la protesta social. Todo este escenario ha debilitado ampliamente la confianza de las personas jóvenes en el Estado, quienes prefieren articular para buscar fuentes de financiación y el fortalecimiento de sus acciones con las ONG y acuerdos de cooperación internacional. A su vez, el Estado colombiano y sus instituciones perciben a las personas jóvenes como la contraparte de sus programas y políticas de gobierno. Se asocia a las personas jóvenes que desarrollan procesos de participación política como agentes de violencia que buscan desestabilizar el estatus quo de sus administraciones públicas. La construcción de estos discursos
se ve reforzada por los medios de comunicación masiva en donde, usualmente, se muestran las acciones de las organizaciones lideradas por juventudes de forma parcializada contribuyendo así a la construcción del imaginario señalado.
Por otro lado, la ausencia de recursos y de un entorno con garantías para el ejercicio de incidencia política por parte de las personas jóvenes tiene consecuencias evidentes en la sostenibilidad de las organizaciones lideradas por juventudes. En este orden de ideas, las organizaciones suelen funcionar por periodos de tiempo relativamente cortos, entre otras razones, porque la falta de recursos para el desarrollo de las actividades en las fundaciones, y la falta de recursos para retribuir económicamente el tiempo que invierten sus integrantes, les obliga a abandonar el trabajo político y buscar un empleo en donde puedan obtener los recursos necesarios para su sostenimiento y, en ocasiones, el de sus familias. De acuerdo con la experiencia de las personas, existen vacíos importantes en cuanto a los conocimientos de las organizaciones sociales frente a la formulación de proyectos y la administración de los recursos internos. Si bien existen algunos procesos participativos que gestionan sus recursos de forma óptima, este punto se convierte en una debilidad para muchas organizaciones lideradas por juventudes.
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Durante las entrevistas, se identificó que existe un vacío en las organizaciones con respecto al conocimiento del marco normativo que les debe garantizar los derechos fundamentales al ejercicio de su participación como la libertad de expresión, de asociación y la libertad política. Entre las fortalezas de las organizaciones lideradas por juventudes se evidenció la capacidad de articulación con otras organizaciones para fortalecer sus intervenciones y gestionar recursos; el dominio de los temas que configuran el objeto social de sus organizaciones; la definición de unas posturas políticas claras y la defensa de las mismas; su convicción con respecto a la capacidad de transformación de sus entornos a partir de la incidencia política, así como la voluntad de continuidad en sus procesos a pesar de los obstáculos que les impone la falta de apoyo estatal y las condiciones de inseguridad del país.
A las organizaciones lideradas por juventudes, organizaciones civiles y cooperación internacional se les recomienda:
1. Promover campañas en donde se evidencien y socialicen los resultados de las acciones desarrolladas por organizaciones lideradas por juventudes, con el fin de contrarrestar el imaginario de las personas jóvenes como agentes de violencia. Estas campañas pueden contribuir a afianzar la relación de confianza de los diferentes sectores sociales hacia las organizaciones lideradas por juventudes.
2. Construir protocolos para la participación protegida de las juventudes.
3. Al Estado y sus instituciones de gobierno se les recomienda:
4. Prohibir el uso de los Escuadrones Móviles Antidisturbios, ESMAD en las movilizaciones sociales.
5. Contar con instituciones públicas imparciales que penalicen el abuso policiaco y la complicidad de las fuerzas armadas legales con grupos o agentes paramilitares.
6. Contar con espacios físicos en los territorios que garanticen la seguridad de las personas jóvenes durante las reuniones en donde se definen sus acciones de participación.
7. Crear y/o fortalecer los espacios y canales de comunicación entre el Estado y las organizaciones lideradas por juventudes. El diseño de estas herramientas de participación debe surgir de las necesidades, expectativas e iniciativas de las personas jóvenes.
8. Revisar y reformar el marco normativo jurídico, legal y tributario que rige a las organizaciones juveniles con el fin de disminuir los obstáculos que dificultan su conformación y desarrollo.
9. Cumplir con la normatividad dispuesta para proteger a las organizaciones juveniles y garantizar su ejercicio de participación, así como consolidar las plataformas juveniles y diseñar e implementar políticas públicas de juventud con perspectiva interseccional.
10. Garantizar el derecho a la protesta con todas las condiciones de seguridad y respetar los derechos humanos.
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1. Al Estado, las organizaciones lideradas por juventudes, organizaciones civiles y cooperación internacional se les recomienda ejercer incidencia política para promover la creación de una Secretaría de la Juventud, con presencia en todos los territorios. Esta secretaría debería ser el ente encargado de garantizar los derechos de las organizaciones y liderazgos juveniles de acuerdo con el marco legal del país, así como ofrecer fortalecimiento a sus procesos participativos y fuentes de información.
2. A las organizaciones lideradas por juventudes, organizaciones civiles y cooperación internacional se les recomienda promover la tecnificación de los procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones lideradas por juventudes y la sistematización de la información que han construido a partir de su ejercicio de participación.
3. Al Estado y las organizaciones de cooperación internacional se les recomienda crear espacios de formación en torno a la búsqueda, creación y uso de fuentes de información públicas que permitan el fortalecimiento e incentiven la rigurosidad de las acciones llevadas a cabo por las organizaciones lideradas por juventudes. Asimismo, promover el uso de estas fuentes como un proceso clave en la ejecución de sus intervenciones.
4. Al Estado y sus instituciones gubernamentales se les recomienda fortalecer el enfoque de género en las políticas y los programas de gobierno orientados a promover los procesos de participación juvenil.
A las organizaciones de cooperación internacional se les recomienda:
1. Crear espacios para el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones lideradas por juventudes en torno a la gestión, obtención y administración de recursos.
2. Brindar asistencia técnica a las organizaciones lideradas por juventudes sobre la formulación de proyectos y su postulación a diversas fuentes de financiación.
3. Promover la diversificación de perfiles en las organizaciones lideradas por juventudes a través de formaciones y de los requisitos de participación en las convocatorias, que les permitan ampliar la oferta de proyectos sociales en los que pueden participar. En la medida en que las organizaciones cuenten con mayor diversificación de conocimientos, mayores serán las posibilidades de aplicar a un número más amplio de fuentes de financiación.
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1. Estos datos dan cuenta de las denuncias hechas entre el 28 de abril y el 9 de mayo de 2021.
2. Es importante señalar que las entrevistas se llevaron a cabo antes del 28 de abril de 2021, día en que comenzaron las manifestaciones sociales vigentes en el país. Previo a esta fecha se evitaban las actividades que implicaran cualquier forma de aglomeración, como medida sanitaria para prevenir el contagio de COVID-19.
3. De acuerdo con la Ley 1885 de 2018, además de representar los procesos organizativos juveniles, las Plataformas Juveniles deben 1) Ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud, y a la ejecución de las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades públicas del orden territorial y nacional. 2) Interactuar con las instancias o entidades públicas que desarrollen procesos con el sector, y coordinar con ellas la realización de acciones conjuntas. 3) Fomentar la creación de procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes y movimientos juveniles, en la respectiva jurisdicción. 4) Dinamizar la promoción, formación integral y la participación de la juventud, de acuerdo con las finalidades de la presente ley y demás normas que la modifiquen o complementen. 5) Promover la difusión, respeto y ejercicio de los Derechos Humanos, civiles, sociales y políticos de la juventud, así como sus deberes. 6) Elegir representantes ante las instancias en las que se traten los asuntos de juventud y cuyas regulaciones o estatutos así lo dispongan. 7) Participar en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a la población joven en las respectivas entidades territoriales. 8) Interactuar con las instancias o entidades que desarrollen el tema de juventud y coordinar la realización de acciones conjuntas. 9) Participar en la difusión y conocimiento de la presente ley. 10) Es compromiso de los Consejos de Juventud luego de constituidos, presentar un plan unificado de trabajo que oriente su gestión durante el periodo para el que fueron elegidos. 11) Elegir delegados ante otras instancias y espacios de participación. 12) Adoptar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento (Ley 1885 de 2018, 2018).
4. Al hablar de perfilamiento las personas entrevistadas hacen referencia al proceso de identificar a las personas activistas (nombres, fotografías, datos personales), para convertirlas en blanco de amenazas y demás acciones violentas que atentan contra su integridad.
