El contexto del espacio cívico de las organizaciones de juventudes en Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Conociendo su presente para construir mejores futuros
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Con el apoyo de:
Dirección de país
Carmen Elena Alemán
Gerente de Programas
Anabel Amaya
Área de gestión de conocimientos
Cesar Mejía
Coordinadora editorial
Oficina Regional de Plan International para las Américas
Martha Sánchez Gutiérrez
Especialista en fortalecimiento de sociedad civil y asocios
Revisión y aportes
Equipo técnico del Programa Regional de Juventudes en El Salvador
Yamila Abrego
Asesora Nacional de Salud, Plan
International El Salvador
Nohel Meléndez
Coordinador de Proyecto, Plan International El Salvador
Fátima Alonzo
Integrante de equipo de fortalecimiento interno, Proyecto Poder Rocío Mendoza
Impulsadora de Fondos, Leer para Soñar
Álvaro Urquilla
Impulsador de Fondos, Red Coincidir
Investigación
Isegoría SAS
Calle 109a #18-18 Interior 1
Teléfono: (571) 9278899
Bogotá D.C.
Director Ejecutivo
Andrés Gordillo
Equipo de Investigación
Lady Viviana Botina Cáceres Coordinación
Javier Fernando Galindo Bohórquez
Investigador
Valentina Fierro
Diego Martínez
Convocatoria y logística
Corrección de estilo
Ernesto Navarro Martínez
Pedro Javier Velandia Piedrahita
Diseño y diagramación publicación online
Taller Creativo de Aleida Sánchez B. SAS www.tallercreativoaleida.com.co
Dirección creativa
Aleida Sánchez B.
Diseño y diagramación
Bibiana Andrea Alturo Mendoza
Primera edición
Agosto 2021
Producto hecho en Colombia
“Este material está financiado por ASDI, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ASDI no necesariamente comparte las opiniones expresadas en este documento. La responsabilidad exclusiva del contenido es del autor”.
ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunitario.
ARENA: Alianza Republicana Nacionalista.
CAM: Cuerpo de Agentes Metropolitanos.
CMPV: Comité Municipal de Prevención de Violencia.
CIDEMO: Centro de Investigación para la Democracia.
CONAPEJ: Consejo Nacional de la Persona Joven.
DSR: Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
FCAM: Fondo Centroamericano de Mujeres.
FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
IMJ: Instituto Municipal de la Juventud (San Salvador).
INJUVE: Instituto Nacional de la Juventud.
LGBTIQ+: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Intersexuales, Queer.
OIR: Oficina de Información y Respuesta.
PNC: Policía Nacional Civil.
PRJ: Programa Regional de Juventudes.
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
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1. Agente clave: persona cuyo conocimiento y experiencia en un tema determinado puede aportar insumos importantes para la comprensión de un fenómeno y el acceso a la construcción del conocimiento subjetivo que existe en torno a ese fenómeno (definición propia). Hace referencia a: 1) personal de Plan International (a nivel de las Oficinas Países); 2) ONG internacionales (con presencia en los países de estudio); 3) instituciones gubernamentales (locales y nacionales); y 4) otras ONG nacionales y locales, especialmente de juventudes y organizaciones aliadas con los movimientos de mujeres, feministas, personas LGBTIQ+.
2. Organización liderada por juventudes: grupo de personas jóvenes (entre 18 y 30 años, tomando como referencia las leyes vinculantes de juventudes en los países de estudio) que se reúnen para generar diferentes formas de participación e incidencia de acuerdo con un conjunto de intereses en común. Dichos intereses pueden estar asociados o no a una voluntad política (definición propia).
3. Entorno habilitante: espacio cívico (físico, virtual, legal) que reconoce, protege, promueve, demanda y defiende el libre y pleno ejercicio de la ciudadanía activa y los derechos humanos. En esta investigación, se profundiza sobre el
contexto de las organizaciones lideradas por juventudes y en qué medida sus entornos garantizan y protegen sus libertades fundamentales, el acceso a la información y la incidencia política. Aquí se analizan también las condiciones del entorno para la colaboración con otras organizaciones, así como sus recursos y estrategias de sostenibilidad.
4. Participación ciudadana: proceso de involucramiento de la ciudadanía a nivel individual o colectivo, con el objeto de incidir y participar en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas que afecten su vida y bienestar.
5. Adultocentrismo: relación social asimétrica donde las personas adultas ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo.
6. Ciberactivismo: forma de acción política y de participación social que se da a través de los medios digitales y tecnológicos. En esta investigación, se reconocen a todas las formas de organización social existente, tanto las que cuentan con registro legal como aquellas que han decidido funcionar sin registro legal o personería jurídica.
Este informe presenta los resultados del estudio realizado por Plan International e Isegoría, que tuvo como objetivo identificar y analizar las características del entorno habilitante en el que participan y se desarrollan las organizaciones lideradas por personas jóvenes de Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Bolivia y Nicaragua que hicieron parte de la investigación. En este informe se presentan los hallazgos correspondientes a El Salvador.. La investigación se realiza en el marco de la iniciativa del Programa Regional de Juventudes de Plan International El Salvador, que busca generar condiciones en las juventudes y su entorno para la transformación de las relaciones de poder a favor de la defensa de los DD. HH. (Plan International El Salvador, 2020, p. 8).
El estudio se abordó a partir de una metodología mixta, que combinó la revisión sistemática de fuentes secundarias y el levantamiento de información primaria de corte cualitativo virtual. Se aplicaron tres grupos focales con organizaciones lideradas por juventudes de El Salvador y diez entrevistas con agentes1 clave de organizaciones lideradas por juventudes, instituciones estatales, agencias de cooperación y organismos
internacionales. Las áreas temáticas de los grupos focales y las entrevistas fueron la seguridad y garantía de derechos y libertades; la incidencia política; las fuentes de información y comunicación; los niveles de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes con los agentes de su entorno; y los recursos y la sostenibilidad.
Entre los principales hallazgos, se encuentra que las personas participantes consideran que no hay espacios importantes de participación o incidencia para las organizaciones lideradas por juventudes que sean abiertos por el Estado y, principalmente, por el gobierno central. Esto sucede, en parte, por la falta de interés del gobierno central en la participación juvenil, dado que existe un discurso negativo desde el Ejecutivo sobre las organizaciones lideradas por juventudes y sus acciones; y porque la Ley de Juventud del país no es aplicada por las instituciones estatales encargadas de hacerlo.
Esto también se ve reflejado en la financiación y apoyo que reciben las organizaciones lideradas por juventudes, otorgados principalmente por organizaciones de cooperación internacional o instituciones municipales.
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Los principales temas de movilización de las organizaciones lideradas por juventudes de El Salvador son los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género, la participación política de las juventudes y los bienes comunes. Los riesgos o limitaciones que implican trabajar estos temas son el adultocentrismo, el discurso negativo de las instituciones estatales (que puede ser difundido por los medios de comunicación y replicado por la ciudadanía), la falta de recursos económicos para la sostenibilidad y las dificultades de trabajar en zonas donde hay presencia de crimen organizado (“pandillas”).
Las organizaciones lideradas por juventudes suelen usar un gran abanico de redes sociales para comunicar sus acciones, hacer denuncias y convocar a distintas actividades o concursos. Estas mismas redes suelen ser fuentes de información para análisis y reflexiones sobre su contexto. Además de estas,
también acuden a la información de medios de comunicación alternativos o independientes, organismos internacionales, agencias de cooperación, instituciones académicas y de investigación, así como a sus propias fuentes (investigaciones o reuniones propias).
Los niveles de confianza percibidos por las personas participantes suelen ser bajos. Hay poca o ninguna confianza en las instituciones estatales y en los medios de comunicación tradicionales o hegemónicos. Frente a la sociedad civil, existe una confianza moderada o dividida. La confianza podría ser reconstruida si se atiende al llamado de las personas participantes; quienes mencionan la importancia de una mayor apertura a la participación de organizaciones juveniles, la consolidación de más canales de financiación con mayor flexibilidad y la renuncia a emitir mensajes negativos sobre las juventudes en general y sobre las organizaciones lideradas por juventudes en particular.
La investigación tuvo el objetivo general de identificar y analizar las características del entorno habilitante en el que participan y se desarrollan tres organizaciones lideradas por juventudes de El Salvador que participan en el Programa Regional de Juventudes de Plan International. También procura entender la percepción sobre el entorno habilitante general de las organizaciones lideradas por personas jóvenes en el país. Para cumplir tal objetivo, se recolectó y analizó información primaria y secundaria que expresara las características del entorno habilitante a través de medios virtuales. Asimismo, se buscó realizar un análisis del entorno habilitante que cuente con recomendaciones de fortalecimiento y aporte insumos para comprender el escenario en el que operan e interactúan las organizaciones lideradas por jóvenes.
La metodología fue cualitativa y se desarrolló a partir de diez (10) entrevistas a profundidad y tres (3) grupos focales, en los que participaron integrantes de las organizaciones lideradas por juventudes de El Salvador, funcionarios gubernamentales, y representantes de las ONG y la cooperación internacional. Adicionalmente, se consultaron algunas fuentes secundarias (prensa, leyes, decretos y propuestas o políticas públicas) que contribuyen a la comprensión del entorno habilitante descrito por los(as) participantes de los grupos focales y las entrevistas. A continuación, se presenta la población participante:
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Se llevaron a cabo tres grupos focales con una participación total de diecisiete (17) personas. En el grupo focal de la organización Leer Para Soñar participaron cinco personas; en el de Red Coincidir, cuatro; y en el de Proyecto Poder, ocho. De las personas participantes, un 82% (14) fueron mujeres y un 17% (3) hombres. La mayor parte de los(as) participantes (81%) se encuentra en el rango de edad de las personas jóvenes de acuerdo con la Ley General de Juventud (15 a 29 años). De los 30 a los 44 años, hubo 3 participantes (18.5%). La pertenencia étnico-racial declarada por las personas participantes fue “mestizo” (47%), “ninguna” (23,4%) y afrodescendiente (23,4%). El 35,2% de los participantes está estudiando, el 29,4% está trabajando y el 17,4% está buscando trabajo. Otro 17,4% prefirió no responder a la pregunta por su ocupación principal. La mayoría de los participantes (64,5%) lleva menos de 3 años en su organización juvenil.
La participación en los grupos focales fue mayoritariamente femenina, tanto en número de participantes como en cantidad y magnitud (tiempo) de las intervenciones. En el grupo focal de Proyecto Poder la participación fue únicamente femenina,
debido a que solo participaron mujeres. En el grupo focal de Red Coincidir la cantidad y magnitud de las intervenciones fue repartida de forma equitativa entre mujeres y hombres. Para el caso del grupo focal de Leer Para Soñar la participación femenina global fue mayor. La participación del hombre que asistió a esta reunión fue proporcionalmente mayor a la de cada una de las participantes mujeres tomadas de forma individual. Sin embargo, esto último no quiere decir que la participación de cada una de las mujeres de forma individual en ese grupo focal fuera escasa: solo fue relativamente menor a la del hombre participante.
En las entrevistas participaron siete (7) mujeres y tres (3) hombres. De estas personas, cinco (5) hacen parte de organizaciones lideradas por juventudes, tres (3) pertenecen a una ONG u organismo internacional y dos (2) son funcionarios estatales. La distribución de ocupaciones de las personas entrevistadas fue la siguiente: técnica al interior de alguna organización (2), profesional en ciencias sociales o humanas (3), consultora independiente (2), estudiante (1), ingeniero industrial (1) y audiovisualista (1). Las organizaciones/ entidades y el cargo de las personas participantes son:
Tabla 2. Entidades y organizaciones participantes en las entrevistas.
Organización o entidad Sexo Enfoque de trabajo de organización
Asociación Ameyalli F Defensa de derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia sexual e intrafamiliar y defensa de justicia ambiental.
Mentes Jóvenes F Descentralización de oportunidades para jóvenes de San Salvador a fin de llevarlas a oriente y occidente, especialmente a jóvenes de zonas rurales.
Kolectivo San Jacinto F Construcción de una red de comunicadores(as) populares.
Azul Originario F
Plataforma Global M
Implementación de metodologías pedagógicas con comunidades en alto grado de vulnerabilidad. En años recientes, se ha enfocado en personas privadas de libertad y sus familias.
Fortalecimiento del activismo y el empoderamiento de las juventudes de Centroamérica para generar incidencia.
Colectiva Feminista F Defensa de derechos de las mujeres. Defensa, acompañamiento, asesoría y seguimiento a mujeres víctimas de violencia.
FCAM F Financiación de grupos de base y organizaciones de mujeres y feministas en la región centroamericana.
UNFPA F Organismo de Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva.
CONAPEJ M Propuesta, evaluación, creación y diseño de políticas públicas en el marco de la Ley General de Juventud.
IMJ M Acompañamiento en la conformación y monitoreo de las organizaciones lideradas por juventudes de los seis distritos de San Salvador.
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La muestra de agentes clave que participaron en las entrevistas fue diversa (en términos de sexo, sector que representan y rol) y tuvo en cuenta a personas que, desde su trabajo, tienen incidencia desde o hacia las organizaciones lideradas por juventudes. La participación de personas integrantes de las organizaciones lideradas por juventudes fue mayoritaria, pues su rol es crucial si se quiere entender desde su misma percepción el entorno habilitante en El Salvador. Asimismo, fue importante la participación de las ONG y organismos internacionales que promueven la participación y la incidencia de las organizaciones lideradas por juventudes a través de la financiación, la formación o el apoyo. Por último, la
participación de funcionarios del Estado fue importante para entender cómo desde ahí se formulan y ejecutan políticas, regulaciones o programas, a nivel municipal o nacional, relacionados con el entorno habilitante de las organizaciones lideradas por juventudes.
Las áreas y dimensiones de interés del estudio abordadas en las entrevistas y los grupos focales fueron las siguientes:
Tabla 3. Categorías de análisis del estudio.
Áreas de interés
Dimensiones
1.1. Reconocimiento de las organizaciones lideradas por juventudes como agentes sociales y políticos a quienes se les debe garantizar derechos y libertades particulares.
1.2. Entorno legal y normativo en el que se encuentran inmersas las organizaciones lideradas por juventudes.
Seguridad y garantía de derechos y libertades
1.3. Estado en el que se encuentran las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica.
1.4. Garantía de derechos de grupos juveniles específicos, dentro de los que se cuentan minorías y poblaciones vulnerables.
2.1. Espacios dispuestos por parte del Estado para el diálogo y la incidencia política de organizaciones lideradas por juventudes.
2.2. Escenarios de articulación promovidos por agentes distintos al Estado en los que participan organizaciones lideradas por juventudes.
2.3. Relacionamiento y legitimidad de las organizaciones lideradas por juventudes ante el Estado y otras organizaciones sociales civiles no-juveniles.
2.4. Actitudes políticas, confianza y tolerancia con que cuenta la sociedad civil y los medios de comunicación hacia las organizaciones lideradas por juventudes.
2.5. Acceso y participación en plataformas tecnológicas, redes sociales y redes de información y comunicación con que cuentan las organizaciones lideradas por juventudes.
2.6. Acceso a información confiable y de calidad que permita a las organizaciones lideradas por juventudes realizar análisis y reflexiones sobre su contexto.
2.7. Principales temas que movilizan a las organizaciones lideradas por juventudes; retos y riesgos que implica trabajar estos temas.
3.1. Acceso a diversas fuentes de recursos para garantizar su sostenibilidad y desarrollar actividades.
Recursos y sostenibilidad
3.2. Relación y legitimidad ante organizaciones o agencias internacionales que aportan recursos para desarrollar sus agendas.
3.3. Buenas prácticas en la captación de recursos por parte de organizaciones lideradas por juventudes.
3.4. Contexto de competencia para acceso a recursos estatales y no estatales.
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Las entrevistas y grupos focales se desarrollaron de forma virtual a través de la plataforma Zoom o de Microsoft Teams. Una de las ventajas de la virtualidad es que no se necesita realizar un desplazamiento hacia la zona en la que vive la persona que va a participar del estudio, lo que ahorra esfuerzos en tiempo y recursos. Asimismo, puede existir mayor flexibilidad para la aplicación de los instrumentos; pues, en ocasiones, es más fácil que una persona se conecte a una reunión virtual a que tenga que hacer un desplazamiento físico. Sin embargo, existieron algunas brechas o limitaciones en la recolección de información a través de la virtualidad. Una de ellas fue la calidad de la señal de internet que tenían el investigador o las personas participantes del estudio. En la mayoría de los casos, no hubo problema con este aspecto, pero en algunas ocasiones la mala señal impedía escuchar con claridad y, en un caso, obligó a reprogramar una entrevista hasta que la persona participante pudiera estar en un contexto con buena señal. Otro aspecto asociado a las limitaciones es que el uso de la
cámara era voluntario y, cuando las personas no la encendían, la distancia entre investigador y participantes se acrecentaba dado que no podían verse los gestos o expresiones. En algunos casos, la gestualidad y la expresividad permite conectarse de manera más cercana con las personas y comprender de forma más profunda lo que dicen para, de esa manera, realizar un análisis más riguroso.
En términos éticos, ni las entrevistas ni los grupos focales generaron algún dilema o tensión. Las interacciones e intervenciones tanto del investigador como de las personas participantes se dieron en un ambiente de reconocimiento mutuo, tolerancia y apoyo. Todas las personas participantes firmaron o expresaron de forma oral su consentimiento informado para participar en las actividades de investigación; y el investigador aclaró varias veces que la información no sería usada para generar daños a su persona, sino solo para efectos de cumplir con los objetivos de la investigación.
Un entorno habilitante se refiere a un conjunto de condiciones que impactan en la capacidad de los ciudadanos de participar y comprometerse en la sociedad civil de una forma sostenible (Fioramonti & Kononykhina, 2015, p. 475). Tales condiciones o atributos promueven la participación de las personas y propician cambios en la estructura social o el sistema de relaciones sociales de tal forma que se fomente la inclusión.
Este entorno incluye no solo marcos legales, regulatorios o de política pública, sino también factores políticos, económicos y socioculturales (Fioramonti & Kononykhina, 2015, p. 475).
Además, para que haya un entorno habilitante, debe primero asegurarse un entorno protector; es decir, un espacio físico o un sistema de relaciones sociales capaz de actuar como una red para proteger, promover, demandar y defender los derechos de las personas involucradas (Plan International, 2020). En este caso, las personas involucradas son quienes participan de organizaciones lideradas por juventudes.
El núcleo del entorno protector es que los sujetos puedan ejercer libremente sus derechos sin que medie ninguna forma de violencia, explotación o exclusión. La transformación de un entorno inseguro en un entorno protector pasa por la
identificación de percepciones, actitudes, roles y relaciones en una comunidad que tienen un impacto en la protección y la participación de las personas (Plan International, 2017) y causan brechas entre sus miembros. Aunque parte del entorno protector, el entorno habilitante no se reduce a este: además de ofrecer protección, permite el empoderamiento de los sujetos dentro de un marco democrático para el desarrollo de sus capacidades y la generación de impactos favorables en sus comunidades.
El entorno habilitante puede dividirse en tres tipos de entornos: un entorno socioeconómico, en el que entran factores como la educación, la equidad, la igualdad de género y la infraestructura de tecnologías de la comunicación; un entorno sociocultural compuesto por factores culturales que refuerzan la capacidad de los ciudadanos para participar, tales como la confianza, la tolerancia, la solidaridad y la inclinación a la acción colectiva; y un entorno de gobernanza, que incluye condiciones mínimas para la participación social y política como el Estado de derecho, el diálogo político, los derechos individuales y colectivos y marcos regulatorios para las organizaciones civiles (Fioramonti & Kononykhina, 2015, p. 477).
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Ahora bien, en tanto conjunto de atributos que promueven la participación e inclusión de las personas, el entorno habilitante exige poner atención a las diferencias de poder entre las personas participantes (Jiménez et al, 2019) y no presuponer que todas se encuentran en condiciones iguales. De igual forma, Jiménez y otros (2019) plantean que existen factores contextuales y factores procedimentales que tienen incidencia en que un entorno sea habilitante o no y en qué medida. Los factores contextuales tienen que ver con consideraciones societales como demografía, historia, cultura, condiciones socioeconómicas, entre otras, así como de la oferta institucional existente (Jiménez, y otros, 2019) (y las asimetrías de poder e información que hay entre las instituciones y los agentes; en este caso, las organizaciones lideradas por juventudes). En cuanto a los factores procedimentales, se rescatan siete criterios de efectividad en los procesos participativos de una organización (Jiménez et al, 2019): representatividad e inclusividad; deliberación justa; acceso a recursos; transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas (accountability); aprendizaje; independencia; y eficiencia.
Por otro lado, Layton (2009) habla de los componentes fundamentales para un entorno habilitante, destacando cuatro elementos: un marco legal que empodere a los grupos de una sociedad o a las personas participantes de una organización; disponibilidad y acceso a recursos para llevar a cabo programas, proyectos y actividades que sean costoeficientes; un sistema de responsabilidades y rendición de cuentas (accountability) que permita generar confianza, tanto
en las organizaciones como en las instituciones; y capacidad institucional u organizacional suficiente para implementar actividades, proyectos, programas y demás de manera exitosa y con el menor número posible de limitaciones. A estos cuatro elementos, el autor añade la importancia de que exista un contexto cultural propicio, en sus términos, a la filantropía y el desarrollo de una sociedad civil vibrante. Layton (2009) argumenta que el contexto cultural (a saber, los valores, hábitos, actitudes, creencias, orientaciones y presunciones subyacentes que prevalecen en una sociedad o comunidad) puede favorecer o entorpecer los intentos de consolidar o fortalecer un entorno habilitante.
Tanto en la perspectiva de Layton (2009) como en la de Jiménez y otros (2019), hay un énfasis claro en la necesidad de que no solo haya disponibilidad y acceso a recursos, sino que exista un sistema o una serie de mecanismos de responsabilidades de las organizaciones y las instituciones a través de los cuales rindan cuentas a las comunidades. En esa medida, quienes tienen como fin la creación de un entorno habilitante deben trabajar en conjunto con instituciones, personas y grupos alrededor de la participación y los temas transversales de interés para una comunidad, a fin de transformar las normas sociales que constituyen los obstáculos para un entorno efectivamente habilitante. Aún más, un entorno habilitante propicio se destaca por promover esfuerzos participativos, conjuntos y armonizados en los temas de interés para una organización y/o comunidades en cinco niveles diferentes: i) personas; ii) comunidad; iii) sociedad civil; iv) prestadores de servicios; y v) encargados de formular las políticas (Plan International, s.f.).
El marco normativo dispuesto para las juventudes en El Salvador está dado por la Ley General de Juventud del año 2012. En el artículo 2 se expone que “se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 años”. De acuerdo con el artículo 3, la ley tiene tres objetivos: garantizar los derechos fundamentales de la población joven y promover el cumplimiento de sus deberes; favorecer la participación de la población joven; y garantizar la existencia de una institucionalidad pública que elabore políticas públicas para la población joven. La ley define siete áreas de trabajo para las políticas sectoriales de la juventud: promoción de la participación juvenil; prevención de la violencia y garantía de la seguridad; promoción de los derechos de la educación; promoción del empleo juvenil; protección de la salud integral; inclusión social, ambiental y cultural; y promoción de la recreación y el tiempo libre.
A partir de los artículos 22 y 24 de la ley, se crea el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) como una institución descentralizada de la Presidencia de la República. El Instituto
tiene por objetivos: “Formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Juventud y de las políticas sectoriales” de la juventud; coordinar con diferentes organismos y organizaciones para la ejecución de las políticas públicas; y coordinar con el Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) el diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de juventud. Con respecto a las organizaciones lideradas por juventudes, en el artículo 11 del Reglamento de la Ley se dice que el INJUVE debe promover la conformación y funcionamiento de organizaciones lideradas por juventudes. Para ello, el artículo 37 bis de la ley señala que “se exonerará a las organizaciones lideradas por juventudes del pago de aranceles en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación”.
En el artículo 34 se indica que el CONAPEJ es una entidad del INJUVE que tiene por objetivo proponer, evaluar y hacer contraloría de las políticas públicas del INJUVE y está integrado por una persona joven de cada departamento del país, para un total de 14 representantes electos democráticamente
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y tomando en consideración el enfoque de género. Los miembros del consejo serán electos por las asociaciones o fundaciones “legalmente constituidas e inscritas, o en proceso de legalización; así como las organizaciones lideradas por juventudes”. En esas elecciones, como se afirma en el artículo 45, cada una de las organizaciones lideradas por juventudes constituidas legalmente tendrá derecho a un voto.
A propósito de las organizaciones juveniles, en el artículo 27 del Reglamento de la Ley se aclara que estas deben constituirse conforme a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro. Esto, a su vez, está amparado en el artículo 7 de la Constitución de El Salvador, en el que se indica que sus habitantes “tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito”. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley
de Asociaciones y Fundaciones, toda asociación o fundación sin fines de lucro tiene derecho a solicitar reconocimiento de su personalidad jurídica por el Estado a través del Ministerio de Gobierno. Entre las obligaciones de una asociación o fundación está el contar con estatutos (art. 12), llevar un libro de registro de sus miembros o afiliados (art. 15) y, si está registrada de forma legal, tener una contabilidad formal de su patrimonio (art. 40). Para el trámite registral, se deben entregar varios documentos solicitados en el Ministerio de Gobernación (estatutos, nómina, certificación de elección de junta directiva, entre otros) y esperar respuesta de la entidad de registro. Si hay observaciones, estas se deben enmendar en los 45 días siguientes y, después de realizar las subsanaciones o si estas no se hubiesen presentado, se hará el registro en los 60 días siguientes por parte del Ministerio de Gobernación.
A continuación, se desarrollan los hallazgos de la investigación en cinco categorías: 1) seguridad y garantía de derechos y libertades, 2) incidencia política, 3) fuentes de información y comunicación, 4) nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes y 5) recursos y sostenibilidad. En cada una de estas categorías se resaltan las miradas de las organizaciones lideradas por juventudes y de los agentes clave.
En esta sección se presentarán los resultados de indagación en torno a la seguridad y garantía de derechos y libertades para las organizaciones lideradas por juventudes. La existencia de un entorno habilitante requiere, en principio, que se den condiciones generales en la sociedad que permitan la constitución y el trabajo de las organizaciones juveniles. Si esas condiciones no existen o se ven debilitadas, entonces las organizaciones lideradas por juventudes van a tener muchos obstáculos y barreras para constituirse y trabajar. A continuación, se presentan hallazgos sobre el reconocimiento de las organizaciones juveniles por parte del Estado, la
sociedad civil y la ciudadanía. De igual manera, se describe el proceso que debe llevar a cabo una organización juvenil para legalizarse. A su vez, se abordan los temas de libertad de asociación y expresión de las organizaciones lideradas por juventudes, así como las barreras y obstáculos a su trabajo en materia de género, edad, raza y etnia, y diversidad sexual. Por último, se exponen los agentes del contexto salvadoreño que cierran espacios o limitan el activismo de las organizaciones lideradas por juventudes.
Si bien el reconocimiento de las organizaciones lideradas por juventudes está dado de manera formal en la Ley de Juventud, según algunos(as) participantes de los grupos focales, la aplicación y el ejercicio de la ley ha disminuido con la entrada del gobierno central liderado por el presidente Nayib Bukele y el partido político Nuevas Ideas. En los tres grupos focales, las personas participantes coinciden en afirmar que el Estado reconoce de forma negativa a las organizaciones lideradas por juventudes. Desde el Ejecutivo y el partido de gobierno (Nuevas Ideas), se suele tildar a las organizaciones lideradas por juventudes como grupos de “fachada” que son financiadas o apoyadas por los partidos políticos de la oposición (FMLN y
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ARENA). Por otra parte, desde esos mismos agentes y las fuerzas armadas recae una estigmatización sobre las organizaciones lideradas por juventudes como grupos en los que participan integrantes de las “pandillas” o “maras”.
Esa percepción negativa se manifiesta a través del cierre y la limitación de espacios de participación como el INJUVE o el CONAPEJ por parte del gobierno central. Otros agentes, como los cuerpos de seguridad (PNC, CAM o militares), suelen limitar a las organizaciones juveniles en las marchas a través de la intimidación o el amedrentamiento. Las “agrupaciones ilícitas” también pueden ser agentes que cierran o limitan la existencia de espacios de reunión, pues hay actividades de campo que se realizan en zonas en las que no pueden entrar las organizaciones (o, si entran, solo pueden hacerlo las mujeres).
En dos grupos focales se aclaró que sí existe reconocimiento por parte de otras organizaciones de la sociedad civil, debido al trabajo articulado o a que se ha participado con esas organizaciones en espacios intersectoriales o en alianzas estratégicas. Por otra parte, el reconocimiento de la ciudadanía es dividido. En el grupo focal de la organización Proyecto Poder (2021), se dijo que “se le ha vendido a la población la idea de que los derechos humanos son para proteger criminales y la gente lo percibe así”. Muchas veces ese reconocimiento negativo de las organizaciones se da por parte de fundamentalistas religiosos que están en contra de la promoción de la IVE o de los DSDR y que, por ello, califican a las personas integrantes de las organizaciones como asesinas. A pesar de lo anterior, también existe un reconocimiento positivo al trabajo de las
organizaciones lideradas por juventudes, principalmente en las comunidades donde han trabajado muchos años y son conocidas por las actividades y los procesos que llevan allí.
Los(as) participantes consideran que sí existe libertad de asociación y reunión para las organizaciones lideradas por juventudes, aunque se sospecha de lo que pueda ocurrir en el futuro con la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa en mayo de 2021, compuesta en su mayoría por diputados del partido de gobierno (que, como se dijo antes, reconoce de forma negativa a las organizaciones lideradas por juventudes). A propósito de la libertad de expresión, se dice que no hay censura; pero a pesar de ello, sí existen problemas como la deslegitimación del discurso, las agendas de trabajo o las actividades que realizan las organizaciones lideradas por juventudes. Esta deslegitimación puede venir desde el gobierno central, otras instituciones estatales y la ciudadanía en general, y se transmite a través de los medios de comunicación o de las redes sociales.
En cuanto a barreras, obstáculos y retos para las organizaciones lideradas por juventudes, un asunto clave tiene que ver con la cultura adultocéntrica de El Salvador. Tal adultocentrismo se da porque se piensa que los jóvenes no tienen capacidad de ser sujetos políticos que puedan participar en la solución de los problemas importantes del país; o también porque se asocia a las juventudes con la criminalidad. En el grupo focal de la organización juvenil Red Coincidir (2021), se afirmó que “hay estigma por ser jóvenes, El Salvador es un país altamente violento y la mayoría de las víctimas de esta violencia son las
juventudes, entonces hay un estigma porque nos ven como los que producimos la violencia, porque en las pandillas muchos son jóvenes”. También existen barreras de género, pues se piensa que las mujeres no deben o no pueden organizarse. Por ejemplo, cuando el trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes se da desde el anonimato, se suele pensar que las organizaciones compuestas por mujeres son organizaciones de hombres mayores. También existen barreras por la orientación sexual o la identidad de género; principalmente, con las personas trans, que viven la intersección de múltiples exclusiones y problemas como la pobreza, la violencia policial, el acoso, las barreras institucionales, entre otras.
Al preguntar a los(as) entrevistados(as) por el reconocimiento que da el Estado a las organizaciones lideradas por juventudes, la mayoría aclara que no existe, es negativo o ha ido disminuyendo a partir de la entrada del gobierno central liderado por el partido Nuevas Ideas. Cuando se dice que no existe, se debe a que las organizaciones lideradas por juventudes no se consideran importantes. El Estado “se considera autosuficiente y no les conviene o no consideran necesario su relacionamiento con organizaciones lideradas por juventudes” (Entrevista, Institución estatal, 2021). Las personas que aclaran que el reconocimiento ha disminuido dicen que esto se da debido a que los espacios de liderazgo y participación juvenil se han limitado paulatinamente. Cuando el reconocimiento es negativo se asocia con la percepción de las
organizaciones juveniles como peligrosas para la estabilidad del Estado. Cuando se dice que existe reconocimiento por parte del Estado, en algunas entrevistas se aclara que esto está cambiando a una situación preocupante, debido a la transición negativa que se está viviendo con el gobierno actual y la entrada de la nueva Asamblea Legislativa.
Por otra parte, en general se considera que existe reconocimiento de las organizaciones lideradas por juventudes por parte de otras organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de organizaciones tiende a dar apoyo y oportunidades de participación a las organizaciones lideradas por juventudes, aunque no suelen ser todas. Como ejemplo, las organizaciones subsidiadas por el gobierno central no tienen una relación cercana con las organizaciones juveniles de algunas personas entrevistadas debido a la diferencia que existe en sus agendas y en el apoyo que reciben del Ejecutivo.
El reconocimiento de las organizaciones lideradas por juventudes por parte de la ciudadanía puede seguir el estigma de “delincuentes” o “pandilleros” que recae sobre las personas jóvenes. Además de asociar a las organizaciones con “grupos irregulares”, se cree que los jóvenes solo pueden participar en actividades deportivas, artísticas, culturales o de cuidado del medio ambiente, pero no los ven con capacidad de organizarse e incidir políticamente en su contexto. En relación con ello, también se piensa que las organizaciones lideradas por juventudes que trabajan en derechos humanos obstaculizan el “desarrollo” o el progreso al hacer contraloría u oposición a proyectos extractivos. Por otra parte, hay un segmento de la
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ciudadanía que sí reconoce la importancia del trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes. Ese reconocimiento suele recaer sobre las organizaciones más conocidas, que llevan mucho tiempo trabajando, están legalizadas o tienen una amplia cobertura territorial; y suele venir de personas que apoyan y sienten afinidad por las agendas de las organizaciones lideradas por juventudes.
El proceso formal que se debe seguir para registrar legalmente a una organización juvenil a nivel nacional recibe el apoyo legal y económico del INJUVE y el aval por parte del Ministerio de Gobernación. Hay coincidencia en las entrevistas en afirmar que es un proceso complicado, costoso y que toma mucho tiempo. Además de ello, se reclama que después de la legalización no se hace un acompañamiento por parte del INJUVE a las organizaciones juveniles para formarlas en la reglamentación que deben seguir y apoyarlas en los reportes que deben presentar anualmente a los Ministerios de Gobernación y Hacienda. También se explica que otro problema es el bloqueo que se hace a los procesos de legalización de organizaciones que no son afines al gobierno. Las organizaciones también pueden constituirse como ADESCO a nivel municipal. Este tipo de personería tiene limitantes, pues una organización no puede trabajar fuera de la municipalidad y muchas de las cooperantes que tienen programas de financiación no reconocen a las ADESCO como posibles receptoras de recursos.
Hay coincidencia en afirmar que existe libertad de asociación y de reunión, aunque para algunas personas entrevistadas esto se da con algunas limitaciones como la estigmatización,
de los jóvenes por parte de la PNC o el CAM. Para muchos entrevistados, cuando varios jóvenes se reúnen en el espacio público pueden ser confundidos como integrantes de pandillas por los cuerpos de seguridad. Por esa razón, se aclara que las reuniones se dan en mejores condiciones si se hacen en un espacio cerrado y no en el espacio público.
Durante las cuarentenas obligatorias del año 2020, también se aplicaron muchas restricciones a la reunión presencial de las organizaciones, soportadas en los decretos gubernamentales que limitaban la movilidad y las reuniones. Sobre la libertad de expresión, la mayoría afirma que existe y que no ha habido casos de restricción o censura. Sin embargo, al igual que en los grupos focales, las personas entrevistadas afirman que existen casos de daño a la imagen y acoso; igualmente, se ve de forma preocupante la transición que podría vivirse con la instalación de la nueva Asamblea Legislativa.
Las personas participantes reconocen que El Salvador es un país con una cultura adultocéntrica. Este adultocentrismo se da tanto en los adultos como en los jóvenes que participan de las organizaciones lideradas por juventudes, dado que los jóvenes mayores (cercanos a los 30 años) se consideran más expertos que los jóvenes menores para el liderazgo. Otro problema se presenta cuando los jóvenes cruzan la barrera legal de la juventud, pues ya no pueden participar en las organizaciones lideradas por juventudes. Ello requiere procesos de relevo que muchas veces no se dan, porque las personas que lideran no lo consideran importante o no quieren transferir el liderazgo. Por otra parte, una de las barreras más importantes es la falta de autonomía económica de muchos jóvenes; lo que les impide,
por ejemplo, cubrir el costo de los procedimientos burocráticos necesarios para legalizar una organización juvenil.
Las barreras por género están relacionadas con la menor posibilidad de organización de las mujeres, pues, “el tema del trabajo de cuidado designado específicamente a las mujeres limita el derecho a la organización de estas” (Entrevista, Asociación Ameyalli, 2021). Estas barreras no solo se dan en mujeres adultas, sino también en mujeres jóvenes que se encargan de algunas tareas del hogar o de cuidar a algunos de sus hermanos. Otra de esas barreras, para algunas personas entrevistadas, es la poca importancia que tienen las agendas de mujeres en la sociedad civil en general. Además, las organizaciones lideradas por juventudes suelen tener baja participación de mujeres y pocas organizaciones son compuestas mayoritariamente por mujeres.
Con respecto a la pertenencia étnico-racial, algunas personas participantes aclaran que no se registra la importancia de reconocerse como pueblos originarios o como afrodescendientes. Las juventudes se reconocen como urbanas o rurales, pero pocas veces como indígenas o afro. Adicionalmente, el acercamiento entre organizaciones de pueblos originarios y organizaciones lideradas por juventudes es mínimo, debido a que sus agendas no coinciden o no tienen contacto territorial.
Cuando se trató el tema de las barreras por identidad de género u orientación sexual, fue señalada la situación de las personas trans, quienes sufren múltiples exclusiones y se ven volcadas
a enfocarse en sostenerse en el “día a día”, lo que dificulta la organización en torno a agendas juveniles o LGBTI. Una de las barreras más importantes es que, desde el Estado, las personas trans suelen ser tratadas más en términos de salud y no tanto como sujetos políticos con reivindicaciones que van más allá de lo sanitario. A ello se suma que la participación en instancias estatales como el CONAPEJ es reducida, pues no hay una sola organización juvenil LGBTI constituida legalmente.
Para varias personas entrevistadas, el principal actor que cierra espacios o limita la participación es el Estado; y, al interior de este, el gobierno central, la policía civil y los militares. Varias entrevistadas mencionan que se han cerrado o limitado espacios de participación desde la entrada del último gobierno. Asimismo, encuentran que la principal causa de dichos cierres es la postura negativa del presidente frente a cualquier organización que trate de hacer oposición, crítica o contraloría a su gobierno. Además del gobierno, como se explicó antes, la policía y los militares también cierran o limitan la participación, debido a la vigilancia que ejercen sobre las juventudes y a sus acciones limitantes y represivas durante movilizaciones como la del 8 de marzo.
Otro actor importante son las pandillas: son “jóvenes atacando a otros jóvenes” (Entrevista, Agencia de cooperación internacional, 2021). Esta limitación a la participación juvenil se ve más en las zonas donde las pandillas tienen mayor presencia. Para algunas personas entrevistadas, ello se explica porque los integrantes de las pandillas ven en la organización juvenil un posible debilitamiento de su propia agrupación. En
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palabras de otra persona entrevistada: “Si hay más personas organizándose, va a haber menos personas para este tipo de grupos, entonces ahí hay una coacción que puede surgir” (Entrevista, Plataforma global, 2021).
Los medios de comunicación como la Telecorporación Salvadoreña, medios tradicionales o gubernamentales, son agentes que generan mensajes negativos sobre la población joven y las organizaciones lideradas por juventudes. El principal mensaje que emiten es el estereotipo dual de los jóvenes: o se les piensa como integrantes de alguna pandilla o como personas que no hacen nada, como “ninis” que andan haciendo revuelta. Además del estereotipo atado a la juventud, las organizaciones juveniles también pueden ser desvirtuadas por los medios debido a su trabajo de oposición o contraloría (principalmente, del gobierno nacional).
Otros agentes que pueden generar mensajes negativos son los fundamentalistas religiosos, quienes emiten mensajes que no se dirigen necesariamente a la condición juvenil, sino a las personas jóvenes que abrazan banderas como el feminismo o los DSDR. La Iglesia suele emitir mensajes en contra de este tipo de organizaciones, pero también apoya otras agendas de las organizaciones de la sociedad civil: “Se mete en el tema de la diversidad, el aborto, el tema de las libertades, pero al mismo tiempo sientan postura en temas de corrupción, de agua, de medio ambiente” (Entrevista, Plataforma global, 2021).
En esta sección se presentan hallazgos en torno a la incidencia política de las organizaciones lideradas por juventudes a través de su activismo. Un factor importante del entorno habilitante es el hecho de que las organizaciones lideradas por juventudes puedan incidir políticamente en los contextos o espacios en los que trabajan. Esa incidencia se puede promover a través de la creación de espacios de participación e interlocución entre distintos tipos de actores estatales y no estatales, juveniles o no, en los que las organizaciones puedan plantear propuestas y transformaciones a nivel internacional, nacional, regional, municipal o comunitario. Si esos espacios no existen o si la participación se ve restringida a algunas agendas cerradas y predispuestas, entonces el entorno habilitante se verá debilitado, pues las organizaciones lideradas por juventudes no podrán tener incidencia. A continuación, se presentan hallazgos en torno a los espacios o canales de comunicación que posibilitan la incidencia política de las organizaciones lideradas por juventudes, propuestos desde el Estado o desde otras instancias como las mismas organizaciones, los organismos internacionales y las agencias de cooperación.
En los grupos focales, se mencionan los siguientes espacios o canales promovidos por el estado para el diálogo y la incidencia política de las organizaciones lideradas por juventudes: el INJUVE, los CMPV, el CONAPEJ, la Asamblea Legislativa y
algunas alcaldías municipales. Según las personas de las organizaciones lideradas por juventudes, el INJUVE existe formalmente y tiene funcionarios, pero no tiene un trabajo importante en la promoción de la participación juvenil. También se aclara que, para poder participar de forma relevante, hay que identificarse con la línea que trae dispuesta el instituto sin una oportunidad de discutirla o construirla desde las mismas organizaciones. Algo similar sucede con el CONAPEJ, que es el órgano representativo que hace contraloría a las políticas dirigidas a la población joven, pero que en este momento tiene representantes “afines al gobierno”: “El año pasado fueron las elecciones del CONAPEJ y se postularon muchos jóvenes de diferentes zonas de El Salvador y hubo una gran manipulación de parte del Estado. Al final los jóvenes que quedaron en este consejo son afines al gobierno. Prácticamente si es afín casi que no existe” (Grupo focal, Organización juvenil Leer para soñar, 2021).
Otro de los espacios son los CMPV (Comités Municipales de Prevención de Violencia). Estos espacios fueron creados a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia y, según el documento de política pública, tienen el objetivo de convocar “personas representativas del conjunto de agentes y sectores del municipio […] para fortalecer la participación ciudadana en el ámbito local en los procesos de prevención de la violencia y mejorar la seguridad ciudadana” (Gobierno de El Salvador, 2013, p. 66). En los grupos focales, se aclaró que estos espacios han dejado de funcionar al nivel en el que lo venían haciendo; debido a la pandemia, pero también a la falta de acompañamiento del Ministerio de Justicia (que es
el principal promotor de este espacio). En algunos municipios, estos espacios se han mantenido, pero más por la voluntad de las alcaldías municipales, las ONG internacionales y las propias organizaciones de la sociedad civil (entre las que están las organizaciones lideradas por juventudes). En las alcaldías también se suelen hacer solicitudes para el préstamo de espacios o para que se faciliten recursos “en especie” que permitan el desarrollo de actividades en el marco de los proyectos que realizan las organizaciones lideradas por juventudes.
Los espacios no estatales para la incidencia y la articulación entre organizaciones mencionados en los grupos focales suelen ser organizados o apoyados por las mismas organizaciones lideradas por juventudes, las ONG, las agencias de cooperación internacional o las Naciones Unidas (y sus diversas agencias). Los espacios abiertos por organizaciones como Plan International, TDH Suiza y FCAM permiten la formación, articulación e intercambio de las organizaciones lideradas por juventudes que trabajan en asocio con estas agencias. Otros espacios como el CIDEMO promueven la articulación entre organizaciones sociales y comunitarias para promover la participación política y el fortalecimiento organizacional. También existen espacios promovidos desde las mismas organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, que cuenta con una sección de juventudes en la que participa la organización Proyecto Poder. Entre otras articulaciones, la organización juvenil Red Coincidir ha participado en varios espacios de participación en torno a DSDR, como la Coalición Salvadoreña
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por una Educación Sexual Integral, la Red Centroamericana por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
El espacio más importante que funciona desde hace poco es la Plataforma Legislativa de Juventudes, una iniciativa apoyada por la Unión Europea, Oikos y la Asociación de Desarrollo
Económico Santa Marta. Esta aglutina a 52 organizaciones lideradas por juventudes que redactaron un documento con propuestas para los candidatos que participaron de las anteriores elecciones a la Asamblea Legislativa. Según el documento, se establece “una hoja de ruta que asumiremos como generación en el corto, mediano y largo plazo, para superar esa nociva percepción y práctica electoral de las élites políticas de que las juventudes somos solo votos o manos para ondear banderas en sus campañas” (Varias Organizaciones, 2021, p. 7). Para las organizaciones, esta plataforma fue un espacio que generó incidencia, porque varios candidatos de todos los partidos asistieron a la presentación y pueden retomar estas propuestas en la Asamblea, pero también porque deja sentada una base para la articulación de las organizaciones lideradas por juventudes en El Salvador.
Las personas entrevistadas mencionan que los espacios propuestos por el estado para la participación y el diálogo de las organizaciones lideradas por juventudes a nivel nacional son el INJUVE, el CONAPEJ y la Dirección de Reconstrucción
del Tejido Social; y, a nivel municipal, son el IMJ en la ciudad de San Salvador y los CMPV. Del INJUVE se dice que es un espacio formal para el diálogo entre el Estado y las organizaciones lideradas por juventudes, pero su trabajo se ha venido debilitando y deslegitimando desde cambio de gobierno en 2019. Además, se aclara que en muchos casos los funcionarios del INJUVE quieren apoyar el trabajo organizacional de las juventudes, pero no pueden hacerlo debido a que el Instituto sigue esperando lineamientos de trabajo desde el gobierno nacional. Por ello, se hacen recomendaciones como que el INJUVE pueda formalizarse más y convertirse en una institución más grande, como un Ministerio de Juventud (lo que le permitiría más autonomía política, estratégica y financiera sin depender tanto de las agendas de otras instituciones gubernamentales).
A propósito del CONAPEJ, se asegura que también es un espacio formal para la participación juvenil, pero no es para todas las organizaciones, pues desde el INJUVE se decide quiénes pueden participar en tanto el mismo Consejo suele tener una identificación partidaria con el gobierno de turno. Otra de las limitantes del CONAPEJ es que solo pueden participar organizaciones registradas ante el Ministerio de Gobernación; como se explicó antes, ese proceso de legalización suele ser costoso, requiere experticia técnica y toma mucho tiempo. Por esas razones, varias personas entrevistadas proponen una apertura del CONAPEJ. Una de ellas dice que “lo principal sería empezar a abrir un poquito más los espacios y escuchar a las juventudes, aunque tengamos ideales o pensamientos distintos” (Entrevista, Mentes jóvenes, 2021).
Otro de los espacios nacionales mencionados es la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno. Desde allí se organizan actividades y plantean proyectos para prevención de violencia enfocados en la adolescencia y la juventud. Sin embargo, no hay certeza sobre el trabajo que se adelanta al interior de esta institución, pues no se sabe cómo se construyen los proyectos de incidencia ni cómo se ejecutan (quiénes y cómo participan).
El primer espacio municipal mencionado son los CMPV, que aglutinan a las instituciones públicas que hacen presencia en una municipalidad y a las organizaciones del territorio. Allí las organizaciones lideradas por juventudes pueden hacer presencia en las mesas de seguridad o de género. Estos espacios, según algunas entrevistadas, suelen tener ventajas, pues se da un intercambio que permite conocer el trabajo de otras organizaciones y hacer más fácil el diálogo para la incidencia. La participación no se reduce al diálogo, sino que también existe incidencia a través de la construcción de propuestas de política pública, como la política de género municipal. Otro espacio de participación juvenil es el IMJ de San Salvador, que dispone de espacios para la reunión y el desarrollo de actividades de las organizaciones lideradas por juventudes y que fue el principal promotor de la Política Municipal de Juventud.
Cuando se les pregunta si en los espacios es posible plantear cambios, las personas entrevistadas afirman que es difícil en el nivel nacional o que, si bien se pueden hacer propuestas, es poco probable que se ejecuten. Para algunas entrevistadas, esa
dificultad está asociada al gobierno nacional de turno, pues si se quiere plantear cambios se debe asumir que el gobierno nacional y la Asamblea Legislativa cuentan con una agenda y que no es posible ejecutarlos si no hay afinidad con las instituciones. Otras entrevistadas también mencionan que los cambios sí se pueden plantear, pero que no existen estrategias adecuadas por parte de las instituciones estatales o de las organizaciones lideradas por juventudes para el diálogo: “desde el Estado están muy acostumbrados a las demandas y desde las organizaciones muy acostumbradas a demandar, pero [hace falta] hacer este diálogo de política, se tiene que buscar la sinergia y los intereses en común” (Entrevista, Agencia de cooperación internacional, 2021).
Entre los espacios no estatales, las personas entrevistadas mencionan la Plataforma Legislativa de Juventudes y las coordinaciones entre organizaciones de sociedad civil que trabajan temas similares (por ejemplo, el movimiento feminista, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua y la Mesa de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos). La percepción de la Plataforma Legislativa es positiva, pues fue un espacio en el que ninguna institución u organización llegó a imponer su agenda. Por el contrario, las propuestas presentadas a los candidatos a la Asamblea fueron construidas a través de la participación de diversas organizaciones lideradas por juventudes y de la recolección de información a nivel nacional con encuestas y grupos focales. Uno de los comentarios que se hace a la Plataforma es que las organizaciones que la fundaron buscaron trabajar con el CONAPEJ “y nos dijeron que sí y luego que no porque no estábamos alineados con los ideales de ellos” (Entrevista, Mentes jóvenes, 2021).
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En esta sección se presentan los hallazgos en torno a las fuentes de información y comunicación. Un entorno habilitante permite que las organizaciones lideradas por juventudes puedan hacer análisis de sus contextos de trabajo o incidencia a partir del acceso a la información de diversas fuentes. Asimismo, ese entorno se fortalece si las organizaciones pueden difundir, promover y desarrollar su trabajo a partir de distintas plataformas o redes de comunicación, más aún en el contexto de la pandemia por COVID-19 que restringe las posibilidades de reunión presencial. Ese entorno habilitante se ve debilitado si las fuentes de información son pocas o restringidas y si el trabajo comunicativo o de redes se ve obstaculizado o deslegitimado. A continuación, se presentan hallazgos en torno a las fuentes de información que usan las organizaciones lideradas por juventudes para sus análisis de contexto; la garantía del derecho al acceso a la información pública por parte del Estado; los principales temas de trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes y los riesgos o problemas asociados a esto; y las plataformas tecnológicas y redes sociales usadas por las organizaciones.
5.3.1. Organizaciones lideradas por juventudes
Los temas que movilizan a las organizaciones lideradas por juventudes mencionados en los grupos focales son los derechos
humanos, los feminismos, los derechos sexuales y reproductivos, la defensa de los territorios y el derecho al agua, la cultura de paz y la prevención de violencia, y el abuso de autoridad de los cuerpos de seguridad. En los grupos focales, se aclara que el trabajo en derechos humanos suele ser criminalizado, pues se tiende a pensar que se está defendiendo a criminales. Un discurso similar existe en torno a las luchas feministas, pues se les ataca debido al conservadurismo y la religiosidad propia del país. Cuando se habla de acoso callejero, feminicidio, abortos o cualquier acción violenta, se suele minimizar la importancia de estos fenómenos e incluso se suele decir que la responsabilidad es de las víctimas. También se ataca el trabajo en DSDR, pues debido al desconocimiento de estos derechos se piensa que desde las organizaciones se está promoviendo una sexualidad irresponsable o que las mujeres aborten de forma masiva.
Otro tema importante es la defensa de los territorios y del derecho al agua. Sobre esto, se dice que es un tema complicado de trabajar en tanto afecta intereses económicos de empresas o propietarios que buscan explotar los recursos naturales o se consideran dueños de estos. Al tocar esos intereses en los grupos focales, se aclara que existe mayor presión y persecución debido al poder económico que tienen los opositores a las luchas por los bienes comunes.
En el tema de cultura de paz y prevención de violencia también se presentan algunas limitaciones o riesgos, debido a que las personas suelen pensar que se hace parte de una pandilla o también puede suceder que las mismas pandillas
no estén de acuerdo con el trabajo organizativo en tanto pueden verse afectadas en su estructura. Además, se habla de la criminalización de las juventudes y el abuso de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. De acuerdo con las personas participantes, este fenómeno ha venido creciendo con la pandemia; por lo que existe movilización para que se lleve a cabo el debido proceso por parte de los cuerpos de seguridad y no se violenten los derechos de las juventudes.
Las tres organizaciones participan de la mayoría de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Además, suelen usar Zoom u otras plataformas para hacer sus reuniones virtuales o para llevar a cabo actividades durante la pandemia. Las redes sociales pueden difundir contenido informativo para promover agendas como los derechos sexuales y reproductivos o hacer denuncias; también pueden usarse para hacer procesos formativos como talleres o diplomados; y, por último, puede utilizarse para convocar a eventos, actividades públicas, concursos o becas. El uso de las redes puede ser un punto a favor de las organizaciones, pero también puede ser lo contrario cuando la cantidad de trabajo es mucha y las personas de la organización son pocas. En ese caso, las redes sociales suelen descuidarse y se da más importancia a las actividades enmarcadas en los proyectos que tienen financiación.
5.3.2. Agentes clave
Las fuentes de información mencionadas por las personas entrevistadas son las redes sociales (Facebook, Twitter), los
medios de comunicación (en su mayoría alternativos), los liderazgos o especialistas en diferentes temas, las páginas de las organizaciones internacionales, la información recolectada por las mismas organizaciones, instituciones estatales, como los ministerios, el INJUVE o el CONAPEJ, las bibliotecas, e instituciones académicas, como universidades o institutos de investigación. El uso de las redes sociales para informarse suele tener ventajas; pues, en Twitter, por ejemplo, las noticias suelen aparecer más rápido. Sin embargo, en las redes también hay mucha información que no es verídica y se encuentra manipulada. Algunos medios alternativos que suelen ser fuente de información son Gato Encerrado, El Faro y Factum. Algunas veces también se usa como fuente algunos medios tradicionales como el Diario de Hoy o La Prensa Gráfica, pero también han perdido credibilidad.
También se recurre a liderazgos o a especialistas en distintos temas o sectores como la academia, la economía, el medio ambiente, las organizaciones y los grupos parlamentarios. Otra fuente de información son las organizaciones internacionales como el PNUD, Plan International o UNFPA, quienes publican informes con datos que pueden emplearse en la redacción de propuestas como las que se presentaron en la Plataforma Legislativa de Juventudes. Para esta misma Plataforma, la fuente de información fueron las encuestas virtuales o territoriales y los distintos instrumentos aplicados por las mismas organizaciones para construir el documento de propuestas. La información extraída de las mismas organizaciones también se recolecta cuando las personas jóvenes organizadas hacen sus propias reuniones para discutir la situación coyuntural y analizar ventajas y desventajas.
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Otras fuentes de información pueden encontrarse en las bibliotecas, a las que se puede acudir cuando se quiere hacer una revisión hemerográfica sobre las publicaciones. Y también se suele usar la información que ofrecen las universidades o distintas instituciones académicas o de investigación, como las que menciona el entrevistado de Plataforma Global: El IDHUCA (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana) y el FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho).
Entre las fuentes de información estatales, se encuentran el INJUVE, el CONAPEJ, los ministerios y las alcaldías. El acceso a la información de las instituciones públicas está garantizado por la Ley de Acceso a la Información Pública de 2011, que, según su artículo 1, tiene por objeto “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado”. A pesar de que existe la ley y los mecanismos garantizados por la misma, desde algunas organizaciones lideradas por juventudes se señala que ese derecho no se garantiza, pues las instituciones estatales retienen la información o dificultan el acceso a esta. Frente al acceso a la información, el gobierno es la representación de una dualidad: por una parte, refuerza la idea de que es más transparente por el uso masivo de las redes sociales (en cabeza del presidente con su cuenta en Twitter); pero, por otro lado, restringe el acceso a la información pública que permite verificar si lo que se dice en redes sociales es verídico. Sumado a ello, el actual gobierno ha declarado reserva total en torno a los gastos que se han hecho durante la pandemia. Sobre este
tema, un medio de comunicación internacional afirma que “el Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal) declaró la reserva total de información relacionada con la aplicación y compra de vacunas contra la covid-19, con lo que veda el acceso a estos datos por períodos de entre 3 y 5 años” (Swissinfo, 24 de marzo de 2021).
Dos agentes afirman que sí existe acceso a la información pública, pero hay problemas en tanto, por una parte, el Estado no divulga ni comunica esa información y, por otra parte, las personas no están acostumbradas al uso del mecanismo formal para el acceso a la información (OIR, Oficina de Información y Respuesta) de cada institución pública. Muchas veces, se prefiere solicitar esa información a través de mecanismos informales o de personas conocidas en las instituciones públicas.
La agenda de temas que movilizan a las organizaciones lideradas por juventudes es extensa: protección de bienes comunes, derecho al agua y medio ambiente; derechos sexuales y reproductivos, lucha feminista y LGTBI; participación política de juventudes; estigmatización de las personas jóvenes; corrupción y violencia; empleabilidad; educación; arte y cultura; y personas privadas de libertad y personas desaparecidas. Entre las principales limitaciones al trabajar sobre estos temas, se menciona el bajo acceso a fuentes de financiación para los proyectos de las organizaciones lideradas por juventudes.
Uno de los riesgos que se menciona es la agresión que se puede recibir si se trabaja en oposición a la agenda del gobierno
central en torno a temas como los proyectos extractivistas, los monocultivos y la corrupción. El trabajo en esos temas suele poner en evidencia y en vulnerabilidad a las organizaciones y las personas que hacen denuncias públicas. Otro tipo de riesgo se presenta por la violencia simbólica que se emite en el discurso político del gobierno central y del partido de gobierno. Además, los riesgos también se presentan en las movilizaciones o marchas de protesta, que son sujetas de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. En palabras de una entrevistada, si bien “no está latente esa represión física, sí se logra visibilizar que han cambiado estos espacios… que no hay tanta libertad para mostrar como una opinión diferente” (Entrevista, Azul Originario, 2021).
Otro de los riesgos está asociado a trabajar en zonas donde hay presencia de pandillas, pues los grupos suelen limitar la movilidad de las juventudes en general debido a los conflictos territoriales y a la desconfianza en torno al trabajo de las organizaciones lideradas por juventudes. Para una persona entrevistada, “a los grupos delictivos no les conviene tener jóvenes que sean tan pensantes porque pierden” (Entrevista, Mentes jóvenes, 2021). En contraste con la anterior opinión, otra persona entrevistada afirma que “a pesar de que no podemos negar que vivimos en un país muy violento, no hemos conocido casos reiterados de que miembros de organizaciones lideradas por juventudes hayan sido atacados por grupos delincuenciales en los territorios” (Entrevista, Institución estatal, 2021).
De acuerdo con las personas entrevistadas, las redes sociales utilizadas por las organizaciones juveniles son Facebook,
Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram o Signal, Zoom (u otras plataformas de reunión) y Tik-Tok. Estas redes se pueden usar para divulgar información, para hacer denuncias o contraloría y para comunicarse. Si bien las redes sociales pueden ser usadas por las organizaciones lideradas por juventudes, también suelen ser empleadas por personas jóvenes que, desde su posición individual, participan en la difusión o discusión de sus posiciones políticas sin integrar ninguna organización. Facebook es la red social más utilizada y se emplea para difundir información o emitir programas en vivo de temas como la incidencia de las elecciones de Estados Unidos en El Salvador o los roles de género en los sistemas democráticos. Si bien, para algunos, Facebook es una red social que ha perdido usuarios en los últimos años, es más fácil de usar y es incluida como red gratuita en algunos paquetes de navegación. Según una persona entrevistada, las personas jóvenes la usan “no porque les guste más, sino porque es más accesible” (Entrevista, Organismo internacional, 2021).
Twitter suele ser una red social más hostil, pues es donde más se hacen denuncias o se declaran posiciones políticas, pero también se reciben más ataques a través de comentarios. Instagram es una red social que se usa cuando las organizaciones lideradas por juventudes tienen un desarrollo comunicativo más alto, pues requiere de la edición y el diseño de publicaciones visuales, fotografías y vídeos. WhatsApp se emplea para comunicaciones internas o grupos de difusión; aunque, en algunos casos, también se usan Telegram y Signal cuando los asuntos a tratar son más delicados o requieren mayor protección.
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En esta sección se presentarán los hallazgos en torno a los niveles de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes hacia y desde diferentes agentes de su entorno. La confianza es un factor importante en el fortalecimiento de un entorno habilitante, pues permite que exista mayor apertura y seguridad desde y hacia las organizaciones lideradas por juventudes y sus agendas de activismo. Si la confianza es alta, existe apertura desde agentes como el Estado, otras organizaciones, la sociedad en general o los medios de comunicación. Por el contrario, la baja confianza es un indicador de los bajos niveles de comunicación y contacto entre las organizaciones y otros agentes; e, incluso, demuestra que el reconocimiento es en algunos casos negativo y que no existe apertura para tener algún tipo de relación que promueva o fortalezca a las organizaciones juveniles. En esta sección, se presentan los hallazgos de una encuesta desarrollada en los grupos focales y en las entrevistas, en la que se indagó por la confianza de las organizaciones lideradas por juventudes desde y hacia distintos agentes, como el Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación.
En general, las personas participantes de los grupos focales consideran que la confianza es poca o nula de las organizaciones lideradas por juventudes hacia el Estado, la sociedad civil y los medios de comunicación y viceversa (ver tabla de resultados). La confianza en el Estado y sus instituciones es poca o inexistente debido a la criminalización y a que el gobierno excluye a las organizaciones lideradas por juventudes que no siguen su agenda. La confianza en los medios es mayoritariamente poca, porque se consideran poco imparciales y amarillistas; sin embargo, hay algunos medios en los que sí existe confianza, como los medios alternativos o independientes que buscan a las organizaciones lideradas por juventudes para saber de su trabajo o exhiben una postura crítica. Para la mayoría, la confianza desde los medios hacia las organizaciones sociales también es poca o nula, puesto que los medios tradicionales no suelen buscar a las organizaciones lideradas por juventudes para que brinden su punto de vista.
Gráfico 1. Nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en agentes de su entorno.
Organizaciones juveniles en la sociedad civil
Medios de comunicación en las organizaciones juveniles
Sociedad civil en las organizaciones juveniles
Organizaciones juveniles en los medios de comunicación
Organizaciones juveniles en las instituciones estatales
Organizaciones juveniles en el Estado
No sabe/No responde Ninguna confianza
confianza
La confianza desde la sociedad civil hacia las organizaciones lideradas por juventudes es poca, debido a la cultura conservadora y adultocéntrica que impide a los jóvenes ocupar espacios de toma de decisión o hablar de temas como los DSDR. Por otro lado, la confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en la sociedad civil también es mayoritariamente
poca, dado que un gran sector de la sociedad está en un polo diferente a las agendas que defienden estas organizaciones. Sin embargo, en algunos sectores de la sociedad civil sí existe confianza en las organizaciones juveniles por el trabajo colectivo, la articulación y el apoyo de otras organizaciones hacia las mismas.
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Las personas entrevistadas manifiestan que, en general, existen bajos niveles de confianza desde y hacia las organizaciones lideradas por juventudes, con excepción de la confianza hacia y desde la sociedad civil. La confianza en el Estado es poca, porque “se sienten inseguros de lo que va a venir, no se esperan un país con prosperidad, sienten que van a estar bajo un mandato que les va a obligar a hacer lo que diga el Estado y no lo que ellos quieran” (Entrevista, Colectiva feminista, 2021). La confianza de las organizaciones en los medios es principalmente poca, aunque con ciertos matices. Hay poca confianza en los medios hegemónicos o tradicionales y una mayor confianza en los medios comunitarios o alternativos, como El Faro o Gato Encerrado. Por otro lado, la confianza de los medios en las organizaciones lideradas por juventudes también es poca, pues difunden imágenes estereotipadas de los jóvenes y no permiten la participación de las organizaciones juveniles (incluso los medios alternativos).
La confianza de la sociedad civil en las organizaciones lideradas por juventudes es poca o alta. La sociedad civil organizada suele tener mucha confianza en las organizaciones lideradas por juventudes, debido a que la relación entre estos dos tipos de organizaciones se da en torno a asuntos que ya se dan por sentados. Sin embargo, desde algunos sectores de la ciudadanía no se tiene tanta confianza, pues “hay una instalación de ese nuevo imaginario de que somos los opositores al desarrollo y a esas nuevas formas de administrar” (Entrevista, Asociación Ameyalli, 2021). Por otra parte, la confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en la sociedad civil es mayoritariamente alta, debido a las redes que se han construido y a que las organizaciones juveniles requieren en ocasiones del acompañamiento de las organizaciones adultas. Sin embargo, algunos dicen que la confianza es poca, debido a la falta de ese apoyo.
Gráfico 2. Percepción de agentes clave sobre el nivel de confianza de las organizaciones lideradas por juventudes en agentes de su entorno.
Organizaciones juveniles en la sociedad civil
Medios de comunicación en las organizaciones juveniles
Sociedad civil en las organizaciones juveniles
Organizaciones juveniles en los medios de comunicación
Organizaciones juveniles en las instituciones estatales
Organizaciones juveniles en el Estado
No sabe/No responde Ninguna confianza
Alta confianza
Poca confianza
A continuación, se presentan hallazgos en torno a los recursos y la sostenibilidad de las organizaciones lideradas por juventudes. Un entorno habilitante fortalecido garantiza que las organizaciones no carguen con problemas económicos, administrativos o sociales que puedan afectar su sostenibilidad. Por ello, es importante que las organizaciones tengan acceso a fuentes de financiación que permitan desarrollar activismo en torno a sus agendas, que tengan
las capacidades para manejar esos recursos y que no existan actores o factores sociales que les dificulten llevar a cabo su trabajo. En esta sección, se presentarán hallazgos en torno a la financiación y las buenas prácticas en la administración de recursos de las organizaciones lideradas por juventudes; así como las principales problemáticas sociales que afectan su sostenibilidad.
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En los grupos focales, se menciona que la principal fuente de financiación son los fondos de la cooperación internacional. Las organizaciones mencionadas que ofrecen financiación son FCAM, Plan International, TDH Suiza, CAMI (Charity, Aid, Mindfulness, Integrity) e IM Suecia. El acceso a estos fondos se ha dado porque las organizaciones de cooperación buscan a las organizaciones juveniles o porque estas organizaciones buscan a través de redes las ofertas de la cooperación.
La relación entre las organizaciones y la cooperación suele ser de confianza. Uno de los factores que contribuye a esa confianza es la flexibilidad para el uso de los fondos otorgados por la cooperación y a que las organizaciones de cooperación mencionadas no imponen sus agendas. Algo diferente sucede si los fondos se limitan a ser gastados en algo específico sin brindar flexibilidad en su uso; por ejemplo, cuando, por lineamientos de las cooperantes, los fondos deben ser gastados principalmente en la ejecución del proyecto y no en el reconocimiento de honorarios de los ejecutantes. Adicionalmente, desde la organización juvenil Red Coincidir (2021) se dijo que en la relación con la cooperación “hemos ejercido un rol pedagógico, sobre todo con Plan, en el trabajo con juventudes, en la transición de la niñez y la adolescencia a las juventudes”.
Para las organizaciones, los fondos no son suficientes, lo que limita en tanto no permite que sus integrantes trabajen de tiempo completo o de medio tiempo (puesto que no hay condiciones presupuestales adecuadas para hacerlo). Otra
de las limitaciones es no tener un registro como organización legal, pues muchas agencias de cooperación lo requieren para el acceso a los fondos de financiación. En el grupo focal con la organización Red Coincidir, también se habló de esta limitante y de las estrategias para conseguir fondos sin que la organización esté legalizada: “La cooperación ha tenido flexibilidad en ese sentido, pero si quisiéramos acceder a fondos lo hacemos a partir de una figura de un agente fiscal, una sombrilla. Los fondos no llegan directamente a la red, sino que hay otra organización que sí está constituida legalmente y los hacen llegar a Coincidir” (Grupo focal Organización Red Coincidir, 2021).
Entre las recomendaciones que se hacen a las fuentes de financiación, se señaló que deben fortalecerse los canales de convocatoria y comunicación, pues en ocasiones no existe claridad sobre los sitios en los que hay que buscar la información. Además, se sugiere dignificar el trabajo que se hace en las organizaciones; pues, si bien es algo voluntario, también existen necesidades y gastos que las personas organizadas deben cubrir en su vida cotidiana y sus hogares.
Una de las problemáticas sociales que se mencionan es la escasez de recursos económicos para la sostenibilidad de las organizaciones. No hay muchas ofertas de financiación, sobre todo para las organizaciones que no están registradas legalmente. Por esa razón, en muchas organizaciones el trabajo se desarrolla a partir del voluntariado y no se reciben
honorarios, lo que dificulta la participación de personas jóvenes que deben trabajar para cubrir sus necesidades básicas.
Otro de los problemas es el nivel educativo de las personas organizadas, pues muchas veces es necesario tener preparación para poder redactar una propuesta para gestionar recursos. A ese nivel educativo se le suman las dificultades en el acceso a recursos como redes de internet, comunicación o transporte que permitan a las organizaciones buscar y conocer oportunidades para la financiación de sus proyectos.
Entre las entidades que financian a las organizaciones, se menciona principalmente la cooperación internacional, con organizaciones como FCAM, Fondo CAMI, Mama Cash, Fondo Seattle, Plan International, UNFPA, Horizont 3000, la Unión Europea y la Cooperación Austriaca para el Desarrollo; también se menciona la financiación con fondos municipales. La financiación con fondos flexibles es de máximo 5.000 dólares anuales y se puede brindar a organizaciones sin registro legal. Otros fondos más grandes requieren de la legalización y pueden llegar hasta los 25.000 dólares anuales. Además del apoyo financiero, también existe el apoyo “en especie” a través de recursos como el préstamo de espacios o la gestión del refrigerio y el transporte para las actividades.
Las personas entrevistadas coinciden en que los recursos no son suficientes y en que la situación económica de las organizaciones es mala o muy precaria. A esto se suman otras limitaciones, como la dificultad de la financiación cuando la organización no está legalizada o la necesidad de adaptarse a la
agenda de la organización o agencia que las está financiando. Además, los proyectos financiados suelen ser a muy corto plazo, lo que no permite un trabajo sólido y más consolidado en los territorios. Entre las recomendaciones realizadas, se señala que hay que construir más espacios para el encuentro entre agencias de cooperación y distintas organizaciones de la sociedad civil (incluidas las juveniles) para ver qué puntos de coincidencia existen, a fin de no duplicar trabajos y hacer una mejor gestión de los fondos.
Entre las buenas prácticas resaltadas en la gestión de recursos, se destaca la horizontalidad en la participación y el liderazgo al interior de las organizaciones juveniles. Esto permite que los recursos sean administrados de forma más fiable y que las organizaciones financiadoras depositen niveles más altos de confianza en las organizaciones lideradas por juventudes. Adicionalmente, se destaca que, debido a que los recursos de las organizaciones lideradas por juventudes son escasos, se administra con mucho cuidado y rigurosidad lo poco que se tiene.
Frente a los escenarios de competencia entre organizaciones para el acceso a recursos, se dan dos tipos de declaraciones. Unas personas aseguran que no existe competencia, debido a las escasas fuentes de financiación en tanto son pocas las organizaciones que están legalizadas y pueden acceder a los recursos. También se habla de forma positiva de los procesos de articulación entre organizaciones para aplicar a recursos; pues esto permite que más organizaciones tengan recursos y que el trabajo de un proyecto puede desarrollarse en diferentes frentes de forma integral, apelando a las experticias de cada organización.
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De acuerdo con las declaraciones de los(as) participantes de la investigación, existe un entorno habilitante debilitado para la participación de las organizaciones lideradas por juventudes y su incidencia. Desde el presente gobierno se han cerrado o debilitado diversos espacios de participación y también se han generado múltiples mensajes negativos en contra de las juventudes o de las organizaciones lideradas por jóvenes. Estos mensajes se suman a los que ya vienen de tiempo atrás y asocian a las juventudes con la criminalidad o la desocupación (los “nini”). Algunas organizaciones suelen ser catalogadas como “de fachada”, pues se afirma que son financiadas por partidos políticos de oposición al gobierno central. Además, desde las instituciones estatales, la sociedad civil y la ciudadanía en general se piensa que los jóvenes y las organizaciones lideradas por juventudes no tienen la capacidad de ser sujetos políticos activos que participen en la solución de problemas de El Salvador.
Si bien desde el Estado no se ofrecen garantías plenas para la participación, no existe represión o persecución sistemática a las organizaciones lideradas por juventudes, aunque se
teme que por la transición que se está viviendo ello pueda ocurrir en el futuro. Tampoco hay censura, pero sí se emiten mensajes negativos contra las organizaciones lideradas por juventudes y sus agendas de trabajo o se deslegitima su discurso. Adicionalmente, suele existir intimidación desde los cuerpos de seguridad del Estado o las agrupaciones ilícitas hacia la movilidad de las personas jóvenes y organizadas en las protestas o en el trabajo de campo que realizan en las comunidades.
Frente a las barreras u obstáculos que tienen las organizaciones lideradas por juventudes, es importante mencionar que la participación femenina en las organizaciones lideradas por juventudes es baja y suele verse afectada por la presión que tienen muchas mujeres jóvenes de realizar el trabajo de cuidado en sus hogares o familiares, lo que les impide contar con el tiempo adecuado o la disposición para organizarse. Asimismo, cuando ya están organizadas, las mujeres jóvenes no suelen ser vistas como un actor político importante o capaz y sus demandas no suelen ser recogidas en las agendas generales de las organizaciones de la sociedad civil.
El proceso para la legalización de las organizaciones lideradas por juventudes suele tomar mucho tiempo, es complicado y costoso. No existe un seguimiento activo por parte del INJUVE u otras instituciones a la legalización de las organizaciones
para apoyar en el cumplimiento de los trámites legales que se requieren después de constituidas. Además, desde los grupos focales y las entrevistas se acusa que en el INJUVE y el Ministerio de Gobernación existen bloqueos o falta de apoyo a los procesos de legalización de organizaciones que son opositoras al gobierno central actual.
Si bien el Estado ha debilitado su apoyo a la participación, desde las mismas organizaciones lideradas por juventudes y con ayuda de la cooperación internacional se hacen esfuerzos para construir espacios de participación con el objetivo de fortalecer el entorno habilitante. El esfuerzo reciente más importante en esa dirección es la Plataforma Legislativa de Juventudes, una iniciativa que hizo propuestas a los candidatos de las últimas elecciones de la Asamblea Legislativa. A propósito de los espacios estatales para la participación de las organizaciones juveniles, se señaló la dificultad de plantear y ejecutar cambios en torno a las políticas de juventud. Si se quiere que estos cambios propuestos sean tomados en cuenta, se debe tener afinidad con las agendas del gobierno nacional o de la Asamblea Legislativa. Además de los anteriores espacios, se menciona que los CMPV son instancias importantes para la incidencia, aunque su existencia depende de la voluntad política de las entidades estatales nacionales y municipales.
El uso de redes sociales es un factor importante de la participación de las juventudes y las organizaciones juveniles.
Desde allí se puede difundir información, hacer denuncias y convocar a actividades. Sin embargo, las redes sociales también son un escenario en el que las organizaciones lideradas por juventudes reciben ataques o son percibidas con hostilidad. Adicionalmente, si bien las redes permiten difundir información con más facilidad, también son un escenario de desinformación y estigmatización de las juventudes. Por otra parte, el acceso a la información pública se ha visto limitado con el gobierno central actual; pero también se menciona que no se emplean los mecanismos formales para solicitar información (como las OIR).
Las fuentes de recursos económicos o materiales son reducidas y suelen venir de organizaciones de cooperación internacional, más no del Estado. Las agencias que financian a las tres organizaciones del PRJ suelen ser flexibles frente al uso que se hace de los recursos y no imponen sus agendas temáticas. Al interior de las organizaciones lideradas por juventudes también existen múltiples problemas económicos, como la gestión de recursos, la capacidad para otorgar honorarios a sus participantes y la falta de autonomía económica de muchos jóvenes que dificulta los procesos de legalización e incidencia. Otros problemas de las organizaciones son el recambio generacional para que las organizaciones no desaparezcan, la equidad de género en la participación y los liderazgos y la apertura a la diversidad sexual y de género.
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Se hace un llamado para que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones lideradas por juventudes, las agencias de cooperación y las instituciones estatales en general generen o fortalezcan protocolos para superar el adultocentrismo y la discriminación por razones de género o diversidad sexual en el trabajo con organizaciones lideradas por juventudes y con personas jóvenes en general.
Asimismo, se recomienda que, desde las instituciones estatales y las agencias de cooperación directamente relacionadas con las organizaciones lideradas por juventudes, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las mismas organizaciones lideradas por juventudes, se construyan estrategias de acción afirmativa que permitan un mayor acceso de las mujeres y las personas LGBTIQ+ a las organizaciones juveniles, a los procesos de liderazgo juvenil, a los espacios de
participación juvenil y a las fuentes de recursos de financiación.
Se sugiere adelantar, desde el Estado, las mismas organizaciones lideradas por juventudes, las organizaciones de cooperación y las organizaciones de la sociedad civil, algún tipo de iniciativa de comunicación masiva que contribuya al desmonte del imaginario de las juventudes como criminales o sujetos que no tienen importancia en la vida política. A su vez, se invita a estos agentes a construir recomendaciones para el relacionamiento y comunicación con personas jóvenes o con organizaciones lideradas por juventudes que prevengan la estigmatización y la violencia simbólica. También se invita al INJUVE a crear canales para la dinamización y el seguimiento a denuncias frente a hechos amenazantes o intimidatorios en contra de las personas jóvenes de estas organizaciones.
Se recomienda que Plan International adelante procesos de financiación de proyectos que tiendan a disminuir la estigmatización sobre las personas jóvenes a través de campañas comunicativas o formativas.
Se sugiere que, desde Plan International, las organizaciones lideradas por juventudes y la sociedad civil en general, se haga un llamado a las entidades gubernamentales pertinentes (gobierno nacional, municipios, ministerios) para fortalecer los espacios estatales de participación juvenil como el INJUVE, el CONAPEJ y, a nivel municipal, el IMJ de San Salvador. Este fortalecimiento implica una apertura a la participación de organizaciones juveniles de diversos orígenes y agendas, así como una mayor canalización de recursos a la participación juvenil. A nivel municipal, se recomienda mantener y fortalecer los espacios de participación como los CMPV; en los casos en los que estos comités han desaparecido, se sugiere convocar a restablecerlos.
Se hace un llamado a Plan International y a las agencias de cooperación en general para que hagan seguimiento y recomendaciones a los diferentes
procesos (legalización, participación, convocatoria) del INJUVE y el CONPEJ, a fin de permitir un acceso a la pluralidad de organizaciones lideradas por juventudes sin ningún tipo de restricción por orientación política o agenda de movilización.
Se invita a las organizaciones lideradas por juventudes del PRJ y a las organizaciones lideradas por juventudes en general a participar en el espacio de la Plataforma Legislativa de Juventudes y a contribuir a que este siga existiendo y se convierta en una red estable y duradera de participación juvenil independiente del Estado.
Se recomienda a Plan International organizar o apoyar la construcción de espacios de interlocución entre las organizaciones lideradas por juventudes y las instituciones estatales, principalmente el INJUVE y el CONAPEJ, en los que se discuta y se llegue a acuerdos en torno a políticas de juventud, canales de participación y denuncias.
Se recomienda al INJUVE, el CONAPEJ, los CMPV, las instancias de juventud municipales y, en general, a todas las entidades estatales a construir o fortalecer oportunidades de financiación robustas y permanentes para las organizaciones lideradas por juventudes de El
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Salvador, que sean de fácil acceso y no tengan sesgos por ideología política o agenda de activismo. Se recomienda que esas fuentes de financiación permitan que las organizaciones accedan al menos a 5.000 dólares anuales para mantener un equilibrio entre las fuentes de financiación estatales y las de la cooperación internacional. Asimismo, se recomienda financiar desde el Estado espacios similares a la Plataforma Legislativa de Juventudes en los que las organizaciones lideradas por juventudes puedan participar en la investigación, el análisis de contexto y la construcción de propuestas para la solución de las distintas problemáticas de El Salvador.
Si bien la cooperación internacional es la principal fuente de financiación, se recomienda a Plan International y a otras agencias cooperantes reestructurar la oferta para que el acceso a estos fondos no dependa de ser una organización legalizada y para que se flexibilice el uso de los recursos. Se pueden establecer otros requisitos diferentes a la legalización para acceder a esos recursos; por ejemplo, trayectoria de trabajo de la organización. También, para garantizar la idoneidad del gasto de los recursos, se pueden firmar compromisos entre financiadores y financiados. La estrategia más pragmática que puede ser aplicada para financiar a más organizaciones es la transferencia de los recursos a organizaciones no legalizadas a través de organizaciones sombrilla que sí estén legalizadas.
Se recomienda generar procesos formativos desde Plan International, la cooperación en general o el Estado que permitan a las organizaciones juveniles construir mejores estrategias para atravesar los procesos burocráticos o formales en el acceso a recursos, el acceso a información pública y la participación en espacios estatales.
Se invita a las organizaciones lideradas por juventudes a ampliar sus agendas de trabajo de tal manera que puedan tener incidencia en más territorios y participar en más convocatorias para el acceso a recursos. Además, se invita a que estas organizaciones se articulen para generar una incidencia mayor y más integral en las comunidades y para ampliar la probabilidad de obtener recursos a través de procesos de financiación.
Se recomienda a Plan International garantizar de manera progresiva una mayor apertura, flexibilidad y descentralización territorial en la asignación de recursos a las organizaciones lideradas por juventudes, sin que ello implique debilitar la eficacia y las fortalezas de los proyectos. Asimismo, se sugiere que las convocatorias para financiar proyectos se fortalezcan y lleguen a un público más amplio.
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1. Es importante resaltar la diferencia entre el término agente clave , que hace referencia a las personas que participaron de la investigación a través de grupos focales o entrevistas, y agente metropolitano, que hace referencia a un cuerpo estatal de seguridad de El Salvador. .
