Opinión de TECHO Argentina del primer año de gobierno desde una mirada del hábitat y los asentamientos Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno realizamos un informe que buscaba recapitular algunos acontecimientos que considerábamos importantes por su vínculo con la realidad de los asentamientos del país, territorio donde habita 1 de cada 10 ciudadanos. En esta ocasión, nos parece pertinente expresar en ese mismo sentido, algunas reflexiones en este primer año de gobierno. Como punto central, tenemos una gran preocupación vinculada a la situación social y el deterioro en la calidad de vida de los sectores más vulnerados. En este sentido, destacamos el aumento del desempleo (cifras oficiales EPH / SIPA / UCA), con un gran agravante producto de la caída de la actividad de la construcción y su actividades derivadas, justamente, el mayor empleador (tanto formal como informal) de los sectores populares. Un doble daño, en esta misma línea, fue el freno (ya desde octubre de 2015) a la construcción de viviendas por cooperativas que empleaban a vecinos de los barrios populares y al mismo tiempo ofrecían una solución habitacional. Siguiendo esta idea, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA señala que el trabajo informal afecta a más del 40% de la población económicamente activa. Más aún, las remuneraciones medias de los trabajadores ocupados en subempleos inestables registraron una caída significativa. Este escenario, sumado a la alta inflación (que terminará rondando el 40% anual) ocasiona daños profundos en la calidad de vida de miles de familias. Una muestra de esto es la rapidez con la que aumentó la cantidad de gente en comedores barriales, según datos oficiales y nuestra propia observación en territorio. Al mismo tiempo, nos tocó vivenciar al menos 13 desalojos en distintos lugares del país. En todos los casos observando, por un lado, la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos a nivel internacional y por el otro, la falta de coordinación estatal en sus tres niveles y poderes en la respuestas a las familias afectadas. Es destacable, en este sentido, la iniciativa del poder legislativo de la Provincia de Buenos Aires, que establece la suspensión de los desalojos por un año, entendiendo la situación crítica que atraviesan la mayoría de las familias. No obstante, esperamos que en 2017 se debata el proyecto nacional de regulación de desalojos presentado por HABITAR ARGENTINA en el Congreso y que está a la espera de su tratamiento. Como contrapartida, es destacable el gran avance en la publicación de datos oficiales, algo fundamental para dar cuenta del estado de situación nacional y para medir el impacto de las políticas públicas. Además, resaltamos las medidas de ampliación y actualización de la asignación universal por hijo y las pensiones. Por otra parte, destacamos el lanzamiento del Registro Nacional de Barrios Populares, en coordinación con organizaciones sociales desde donde se busca registrar y formalizar la existencia de los asentamientos informales del país, en sintonía con la demanda que TECHO viene realizando hace varios años. Asimismo, son relevantes los anuncios en todo el territorio nacional de distintos proyectos de urbanización en asentamientos. Sin embargo, cabe mencionar que se registraron muy pocos avances en este año, así como también la falta de una propuesta de medición de resultados ante una tarea tan compleja y multidimensional. En esta línea, proponemos que los gobiernos estudien el Acuerdo por la Urbanización de Villas y Asentamientos, 1
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un documento elaborado por más de 40 organizaciones del sector y cientos de referentes comunitarios de los barrios populares. A su vez, vemos positivo el proceso a través del cual se sancionó la Ley de Emergencia Social, en donde las organizaciones lograron posicionar y discutir una agenda necesaria a la hora de pensar políticas para los barrios más vulnerados, entendiendo la necesidad de mejorar la aplicación de los planes sociales y de formalizar los trabajos de la economía popular. Entre otras cosas, nos parece pertinente reforzar nuestra preocupación ante el irregular proceso judicial llevado a cabo en Jujuy con el caso de Milagro Sala, también mencionado en nuestro primer informe, dado su gravedad y la falta de resolución. Su detención sienta un mal antecedente en lo que respecta a la libertad de expresión y asociación, ya que no fueron garantizadas las condiciones que todo proceso justo requiere, tal como expresaron diversas voces de todo el arco social, político y de opinión pública de Argentina, ahora reforzadas por las solicitudes de la ONU, OEA y CIDH al gobierno argentino. En lo que respecta a la agenda internacional del hábitat, vale destacar que en octubre ocurrió la tercera Cumbre Mundial del Hábitat en Quito, organizada por la Organización de las Naciones Unidas, a la cual asistieron todos los países del mundo para revisar los avances de los últimos 20 años, discutir y definir las prioridades mundiales, regionales y nacionales en torno al acceso justo al hábitat adecuado. A pesar de nuestra recomendación y pedido explícito a las autoridades nacionales de convocar a una mesa de diálogo en torno al documento oficial, dicha instancia no sucedió. Tampoco se divulgó o debatió el documento oficial que Argentina luego presentó fuera de término. En contraposición, cabe destacar la acertada relevancia que el Gobierno Nacional le otorgó al evento y que quedó expresada con la presencia de una delegación de las máximas autoridades afines a la temática. Quedará pendiente para el 2017 la elaboración de un plan de acción nacional para cumplir con los compromisos asumidos allí.
El balance de este año nos muestra que ocurrieron temas muy preocupantes que deben cambiar con urgencia para 2017 y que lo positivo realizado no alcanza. Es fundamental comprender que el sector de la población que vive en los barrios populares no tiene margen de error y que forma parte de una estructura injusta que sistemáticamente sufre de manera amplificada las recesiones y las crisis. Los 1 de cada 10 ciudadanos que habitan en asentamientos informales debe ser prioridad absoluta de la política pública de los próximos años si queremos realmente avanzar hacia un país más justo, democrático, desarrollado y sustentable.
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