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Primera edición: diciembre de 2018 Bogotá, D.C. ISBN: 978-958-56953-0-6 Número de ejemplares: 1000 Impreso y hecho en Colombia 2
Temblores ONG Dirección Ejecutiva Alejandro Lanz Sánchez Coordinación general del informe Sebastián Lanz Sánchez Coordinación del trabajo de campo Emilia Márquez Pizano Redacción principal Sebastián Lanz Sánchez Corrección de estilo Lucía Carbonell López Autores y Autoras del Informe Verónica Calvo Cortés Lucía Carbonell López Keisha Gómez Castro Alejandro Lanz Sánchez
Sebastián Lanz Sánchez Emilia Márquez Pizano Silvia Catalina Quintero Torres Daniela Romero Soto Isabella Vargas Jímenez Equipo de investigación Investigadores e Investigadoras de campo Lucía Carbonell López Keisha Gómez Castro Manuel Hernández Alejandro Lanz Sánchez Sebastián Lanz Sánchez. Emilia Márquez Pizano Silvana Pineda Altamar Silvia Quintero Torres Daniela Romero Soto Pedro Santos García Camilo Torres Rojas
CON EL APOYO DE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
Transcripción de entrevistas Natalia Calderón Verónica Calvo Cortés Keisha Gómez Castro Análisis de datos cuantitativos Verónica Calvo Cortés Diseño y diagramación Isabella Vargas Jiménez Fotografías Sebastián Lanz Silvia Quintero
Al Colectivo Art-Nómada y al profe Heiner Arit Gachancipá Niampira, por su admirable arte callejero y por su incansable trabajo y por generar espacios participativos de creación artística y de liderazgo colectivo. Al Hostal la Pinta, por acogernos, por permitirnos trabajar por la justicia social en su casa y por aguantarnos día a día. Al padre Fray Ñero, Sacerdote franciscano de la Fundación Callejeros de la Misericordia, por su compromiso incondicional con la justicia social y por defender los derechos de los ciudadanos habitantes de calle. Y a Vicky, por su admirable liderazgo y por motivar a las personas habitantes de calle a defender sus derechos desde el movimiento social.
La realización de este informe fue posible gracias al apoyo de Open Society Foundations y de la Friedrich-EbertStiftung en Colombia - FESCOL- . A ellos, también gracias por creer en nuestro trabajo y por apoyarlo. Las posturas y las opiniones presentadas en esta publicación no representan necesariamente las de FESCOL ni las de Open Society Foundations.
CONTENIDO
11 Prólogo
18 Metodología
30 A garrote y a bolillo: La Violencia Física contra Habitantes de Calle en Colombia
53 Recomendaciones y conclusiones
12 Introducción
20 Bala y chuzo: Violencia homicida contra Habitantes de Calle en Colombia.
36 No-Cuerpo, No-Lugar: La desterritorialización de la identidad y la negación del Derecho a la Ciudad
64 Índice de Infografías
La hoja de vida de los habitantes de calle está relegada a los márgenes de la ciudad; la violencia inscrita en sus cuerpos y en sus trayectorias nos cuenta una historia de movilidad forzada y de inmovilidad sentenciada. Sus memorias nos narran un episodio más del conflicto armado, de una temporada que no ha puesto punto final. Su ruta de navegación andariega se debate día tras día entre caminos de vida y muerte y entre miradas de asco y desdén que, lentamente, apuñalan su largo trasegar. -Temblores ONG
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TEMBLORES ONG Este informe fue escrito por Temblores ONG y nació de nuestra misión política promover espacios de construcción de literaturas callejeras que pongan a temblar a las estructuras dominantes de la opresión. En Temblores ONG creemos en un movimiento social que sacuda las placas tectónicas, que haga temblar, que genere pequeñas revoluciones locales y que nos permita construir pilares firmes para luchar contra la violencia. Para ello, buscamos activar y movilizar procesos comunitarios de transformación social que pongan a tambalear a las estructuras hegemónicas que garantizan el mantenimiento de la exclusión, la violencia, la discriminación y la negación de derechos hacia las comunidades y poblaciones que han sido históricamente marginadas.
Así, nuestro trabajo le apuesta a la construcción de modelos de justicia social que surjan de un diálogo efectivo entre la comunidad académica, la opinión pública, los actores del Estado y las agencias comunitarios. Este informe es la muestra de ese diálogo: en él confluyen narrativas académicas, estatales y comunitarias que, presentadas ante la opinión pública, buscan denunciar las problemáticas de violencia y negación de derechos a las que se enfrentan las ciudadanías habitantes de calle en Colombia. Es un texto producido desde la ciudad, desde la multivocalidad de la calle y desde la pluralidad de experiencias de habitabilidad de calle. Con este informe, nuestra organización les invita a temblar y a sacudirse. Confiamos en que un movimiento social que aprenda a temblar, sabrá encontrar, en sus propias grietas, los caminos para defender los derechos humanos y para poner a temblar a la injusticia social.
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LOS
NUNCA NADIE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE HABITANTES DE CALLE EN COLOMBIA
El título de este informe habla del sentimiento de impotencia que nos generó ver en los registros estatales una cifra tan alta de homicidios contra ciudadanías que pareciera que nadie extraña: después de ser violentamente asesinadas, estas ciudadanías son registradas estatalmente como N.N.: sus identidades son borradas y sus cuerpos se convierten en cifras intercambiables. Los Nunca Nadie, como informe de derechos humanos y como ejercicio de memoria sobre la violencia ejercida contra las personas habitantes de calle, busca denunciar las graves violaciones a los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de estas ciudadanías que para el Estado no llegan a ser siquiera una estadística, en tanto no existe una cifra estatal unificada que dé cuenta de la totalidad de los casos de violencia homicida y física contra esta población.
PRÓLOGO
Este es un ejercicio de denuncia y un llamado a las autoridades que registran estas violencias a implementar métodos rigurosos de documentación para reducir el subregistro; también a las autoridades competentes, a que investiguen los hechos de violencia cometidos en contra de esta población para reducir el crónico grado de impunidad en el que se encuentran estos casos. Los Nunca Nadie también busca ser un lugar de memoria, no solo porque en él yacen profundos y desgarradores testimonios de la violencia contra las personas habitantes de calle, sino porque también habla desde las voces de esos nunca nadies a los que la violencia les arrebató la vida. Así pues, este informe es denuncia y memoria. En él confluyen distintas narrativas de la violencia y del dolor colectivo para contar esta historia y que no haya olvido; para rememorar desde la pluralidad de las voces que hablan a lo largo de él; para redibujar la historia que la violencia ha borrado y para clamar justicia colectiva: ¡para que en este país nadie sea registrado como un nunca nadie! 13
INTRODUCCIÓN
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Comenzamos nuestro trabajo en la L el 25 de abril de 2018. Semanas antes habíamos decidido realizar un informe que diera cuenta de la situación de derechos humanos de las personas habitantes de calle en los últimos 11 años en Colombia, como un esfuerzo por conmemorar la intervención estatal que tuvo lugar en la L el 28 de mayo de 2016. Ese día decidimos encontrarnos en el centro de Bogotá, para planear el propósito de la visita a la L. Días antes habíamos diseñado un instrumento de entrevista semiestructurada para guiar las conversaciones que pudiéramos encontrar en el lugar o en el camino: teníamos un interés particular por indagar acerca del cambio de la L después de
la intervención estatal, por conocer los hechos de violencia policial a los que se enfrentan sistemáticamente las poblaciones de calle y por encontrar, desde las voces locales, fragmentos que nos permitieran reconstruir las hoy por hoy ruinas de lo que algún día fue la L. Nos bajamos por el Eje Ambiental, pasando por las antiguas vías del tranvía hasta llegar a la plaza de la Mariposa. Un par de cuadras más abajo, volteamos por la Caracas y caminamos hasta llegar a la Plaza del Voto Nacional. Custodiada por el gran Batallón del Ejército a la izquierda, la parroquia justo en frente y los soldados que caminan en círculos, esta plaza parecía ser otra distinta a la que conocíamos. Bajamos, entonces, por la famosa esquina de “Cristo te Ama” y ya allí pudimos encontrar las vallas de la policía y la polisombra verde que, en un intento fallido por ocultar la L de los ojos del desarrollo urbano, nos dejaban entrever los vestigios de una guerra contra las drogas. Miramos el lugar por entre las telas verdes y colectivamente coincidimos en que era necesario bajarse por entre las cuadras, recorrer el lugar, observarlo desde la vulnerabilidad en la que nos situaba y caminar por él para poder tener una noción más amplia de las dinámicas que ocurren allí. La foto de portada que acompaña este informe fue tomada durante esa, la primera de múltiples visitas, y
fue seleccionada para esta publicación porque incita al público a experimentar la curiosidad que sintió el equipo de campo al querer ver lo que estaba detrás de la polisombra verde y, como consecuencia, invita a leer el texto para averiguarlo. Durante ese recorrido, nos llamó la atención una serie de murales, ubicados en la carrera 13 con calle 17, que denunciaban los hechos de feminicidio en contra de Rosa Elvira Cely y de Yuliana Samboni y las graves lesiones que sufrió Natalia Ponce de León en contra de su integridad y su vida. Era poco probable que, dentro de un equipo feminista como lo es el nuestro, tales retratos de la violencia machista pasaran desapercibidos o fueran ignorados. Paramos, miramos, nos llenamos de curiosidad y empezamos a especular acerca de las autoras de esos retratos -¿quiénes serán?, mira el detalle de la placa del carro en el mural de Yuliana Samboní-, decíamos. En esas llegó Rubén: -“¿Ustedes están interesados en estos murales?”, rechifló desde la otra esquina. -“Sí. ¿Usted sabe quién los hizo?”, contestamos nosotros. -“Yo soy uno de los artistas, con otros tres compañeros habitantes de calle”, contestó Rubén.
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Cruzamos la calle, nos acercamos, nos saludamos y empezamos a hablar. Nos explicó cómo habían hecho el mural y por qué se habían interesado en esas problemáticas. Para nosotros, aquello parecía una intersección poco frecuente (la de la denuncia de la violencia machista desde las voces de personas habitantes de calle en un espacio en donde frecuentemente las mujeres son violentadas) y, de repente, al escuchar a los artistas, se podía percibir una empatía practicada desde la crítica a través de los murales. Más adelante llegó Heiner, el profesor de Artes Plásticas de la Academia de Artes y Oficios de la Secretaría Distrital de Integración Social, quien coordinó la ejecución del mural. Después de un largo cruce de palabras que detallaban los murales, les contamos acerca de nuestra intención de documentar la situación de derechos humanos de las personas habitantes de calle: nos encontrábamos a pocos días de que se cumplieran dos años de la intervención y, por lo que podíamos percibir, la palabra Bronx era moneda corriente entre el sector conocido localmente como la L. La zona estaba caliente: había varios operativos policiales en marcha por entre las calles del sector y en las calles no había habitantes de calle. Caminamos en parche hasta la estación de Transmilenio de la Sabana y nos despedimos, no sin antes programar una cita: Rubén y Heiner nos propusieron que nos viéramos en la Academia. 16
Nos fuimos del lugar con la preocupación de todo investigador y defensor de derechos humanos que ansía conocer las historias del lugar, documentar las prácticas de violencia y generar la evidencia necesaria para proteger los derechos humanos de esta población, pero con la certeza de que aquello había sido un encuentro cósmico. Sin duda, un Temblor. Lo que no sabíamos para entonces, vale decirlo, era que aquel momento nos obligaría a reformular el contenido del informe, nos acercaría a las discusiones metodológicas más complejas y nos convocaría a darle, de manera espontánea, un nuevo rumbo a este proceso. Debatimos sobre cómo presentar los resultados de esta investigación y acerca de sus componentes de acción por lo quedecidimos realizar un lanzamiento fuera de lo común. Nos preocupaba que esta gran denuncia quedara archivada en una biblioteca junto a los demás informes de derechos humanos y, como consecuencia, Los Nunca Nadie se convirtió en un informe interactivo que combina infografías y podcasts para situar al público dentro de un diálogo audiovisual que busca dar cuenta de la preocupante realidad de violencia en contra de habitantes de calle en Colombia. Les invitamos, entonces, a realizar una lectura interactiva de Los Nunca Nadie. El texto que se presenta a continuación, en diálogo con las series infográficas, expone el contexto
de violencia, discriminación, exclusión y negación sistemática del derecho a la ciudad de los habitantes de calle. Los podcasts, por su parte, enriquecen el debate y sirven para ampliar más la discusión: en ellos participa una gran pluralidad de voces que, desde la empatía crítica, la experticia y el conocimiento empírico, problematizan esta realidad y dan cuenta de las múltiples dimensiones de la violencia contra esta población así como de un contexto complejo que les invitamos a explorar con el material que hemos producido para poner el debate sobre la mesa. De esta forma, si aún no lo ha hecho, péguese una pasada por la plataforma Spreaker, busque el perfil de Temblores ONG1 y escuche los episodios que realizamos para Los Nunca Nadie en la Temblodifusora para profundizar en cada uno de los capítulos que se presentan a continuación.
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https://www.spreaker.com/user/tembloresong.
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METODOLOGÍA
La información que se presenta a continuación es el resultado de la rigurosidad científica puesta en marcha a través de la promoción de acciones colectivas por la justicia social, de la participación crítica de la calle, del trabajo en equipo y de la necesidad de hacer memoria colectiva por las voces que han sido sistemáticamente silenciadas por la violencia homicida.
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Para Los Nunca Nadie utilizamos una metodología de investigación acción participativa en la que combinamos herramientas cualitativas y cuantitativas: utilizamos técnicas de entrevistas semi-estructuradas, conversaciones informales y ejercicios de cartografía social para caracterizar la violencia. Enviamos también derechos de petición para obtener los datos estadísticos sobre la violencia contra habitantes de calle. A lo largo del texto, y de las imágenes infográficas que lo acompañan, aparecen algunos fragmentos de
las entrevistas a profundidad2 que realizamos para reconstruir el contexto de las constantes vulneraciones a los derechos a la integridad, a la dignidad y a la vida que experimentan las personas que habitan en las calles. Las cifras que se presentan fueron recopiladas a partir de derechos de petición y tutelas dirigidas a la Policía Nacional (en adelante Policía), al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante Medicina Legal) y a la Fiscalía General de la Nación (en adelante Fiscalía). Con ellos indagamos acerca de las cifras de homicidios y hechos de violencia física cometidos contra habitantes de calle en un período de 11 años. Así, el informe recoge cifras desde el año 2007 hasta el año 2017. Esta combinación de datos cualitativos con datos cuantitativos permite al público realizar una lectura contextual de las cifras, entender las realidades de violencia en la calle que las constituyen y revelar el alto grado de impunidad que existe, sin lugar a duda, en los casos de violencia física y violencia homicida contra las ciudadanías habitantes de calle. Este informe está compuesto de cuatro capítulos. El primero habla sobre la violencia homicida cometida contra las ciudadanías habitantes de calle en Colombia; el segundo da cuenta de la situación de violencia física que experimentan sistemáticamente las personas habitantes de calle en Colombia; el tercero pretende demostrar la situación de derechos humanos de habitantes
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Los nombres que aparecen en las entrevistas y en las conversaciones informales que se citan fueron modificados para proteger la identidad de las personas entrevistadas.
de calle en Bogotá, vista a través de los hechos de violencia homicida y violencia física; y el cuarto, por su parte, busca demostrar, a partir de herramientas cartográficas aplicadas en Bogotá, que la violencia policial que opera sobre los cuerpos de las personas habitantes de calle es selectiva al comprometer órganos y puntos centrales del funcionamiento del cuerpo humano y al limitar la movilidad de los habitantes de calle, lo cual concluye en una contundente negación del derecho a la ciudad de esta población. Así mismo, en este capítulo se mostrará que existen zonas de la ciudad en las que opera con mayor frecuencia la violencia policial. Como se verá más adelante, los capítulos sobre violencia homicida y violencia física incorporan casos de estudio que sirven para conocer el contexto operativo de estas violencias. 19
A BALA Y CHUZO
VIOLENCIA HOMICIDA CONTRA HABITANTES DE CALLE
3 Andreina, mayo de 2018. Entrevista semi-estructurada realizada por Temblores ONG. Los Nunca Nadie: Temblores ONG. Transcripción: Temblores ONG.
“Ella se bajó a la caracas y el chino le dio la vuelta por la 17 y sacó y se la pegó [la puñalada] en el cuello. Pero dizque la china no sintió, no se dio cuenta. […] Ahí mismo murió. Eso fue lo que pasó con Esperanza.” 3 Realizar veedurías desde la sociedad civil para documentar casos de violencia contra las ciudadanías habitantes de calle no es una tarea fácil: la impunidad reina cuando se trata de buscar justicia para las ciudadanías que han sido históricamente excluidas alimentando así el crónico subregistro de estas violencias. Ello, sumado a la ineficiencia y a las trabas que interpone el Estado para brindar información certera y oportuna, dificulta el trabajo de las organizaciones sociales de Derechos Humanos de hacer veeduría a las violencias que experimentan las ciudadanías habitantes de calle. Esta situación la experimentamos durante el proceso de investigación de Los Nunca Nadie. Además de que las cifras entregadas por las tres instituciones difieren, (lo cual demuestra que el Estado no tiene sus bases de datos unificadas) conseguir las cifras que registra la Policía Nacional sobre estas violencias solo fue posible después de interponer una tutela por el derecho a la información. Por otra parte, mientras que la Policía y la Fiscalía entregaron detalles de los hechos, como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con los que fue posible hacer un ejercicio de triangulación entre ellos, los de Medicina Legal, en cambio, se presentan individualmente en tanto no se conocen estos detalles circunstanciales, solicitados en el derecho de petición, que hubieran permitido individualizar cada caso. 21
FUENTE: MEDICINA LEGAL
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FUENTE: POLICÍA NACIONAL Y FÍSCALÍA 23
Según Medicina Legal, entre los años 2007 y 2017, se registraron 3.554 homicidios contra personas habitantes de calle. Como se observa en la infografía que recoge los datos de estas dos entidades, 1.188 de estos homicidios fueron perpetrados en las horas de la noche y de la madrugada y el 70% ocurrieron en las vías públicas, lo cual, en la mayoría de los casos, significa que las personas fueron asesinadas en su lugar de vivienda. Si bien esta cifra ya da un contexto para entender el panorama de homicidios contra esta población, al realizar la sumatoria de los datos entregados por la Policía y la Fiscalía encontramos una cifra aún más alarmante: estas dos instituciones registraron que, entre 2007 y 2017, 4.176 ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle fueron asesinados. Es decir, cada día al menos un habitante de calle murió violentamente. Así mismo, según la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en ese período fueron asesinados 1.175 habitantes de calle en Bogotá, 740 en el Valle del Cauca y 495 en Antioquia. Medicina Legal, por su parte, registró 658 homicidios en Bogotá, 920 en el Valle del Cauca y 574 en Antioquia. Ahora bien, todas las instituciones coinciden en que el domingo es el día en que más se registran homicidios contra personas habitantes de calle (19%) y que las horas de la noche y de la madrugada son aquellas en 24
las que más se ejerce violencia contra esta población. No es una coincidencia que estos homicidios ocurran en días y horas en los que hay baja vigilancia por parte del Estado y poca movilidad de la ciudadanía por el espacio público: el 66% de estos homicidios ocurre en las noches y en las madrugadas. Eso demuestra que los homicidios contra esta población (i) son motivados por el prejuicio y la discriminación de la identidad de habitante de calle, (ii) son premeditados, pues operan bajo parámetros de sistematicidad, y (iii) al ser sistemáticos, están movilizados por premisas de exterminio de una población que, a los ojos del desarrollo urbano, de los planes de reordenamiento del suelo, de la fuerza policial y otras fuerzas armadas, y una parte de la sociedad civil, son prescindibles y matables.
“Pero cuando se dedican a hacer limpieza, hay dos clases de limpieza: una, las que ya tiene escritos en nombres (.) completos. Y dos, cuando les da por coger a cualquier loco y ¡pa! [risas]. Esas son las dos clases de limpieza. Cuando se dedican a hacer limpieza más de un loco se desaparece.”4 4 Ernesto, mayo de 2018. Entrevista semi-estructurada realizada por Temblores ONG. Los Nunca Nadie: Temblores ONG. Transcripción: Temblores ONG.
En la mayoría de las entrevistas que realizamos en el Barrio Santa Inés, en donde están ubicados el Parque El Tercer Milenio y las ruinas de la L, encontramos que una gran proporción de las personas que habitan en las calles del centro de Bogotá han sido víctimas del conflicto armado y de prácticas de desplazamiento forzado por parte de actores armados. Esa realidad no está alejada del contexto bogotano: a los ciudadanos habitantes de calle les niegan sistemáticamente su derecho a permanecer en la ciudad, a ocuparla y a construir vínculos sociales con el espacio: son ciudadanías en desplazamiento forzado continuo por parte de las fuerzas policivas y de los actores armados que operan por fuera de la ley. Es por ello que Medicina Legal registró que el 54% de los homicidios en contra de esta población fue cometido con arma de fuego, el 34% con arma blanca y el 10% con otros modos. La predominancia de las armas de fuego para aniquilar a los habitantes de calle es el retrato de la realidad de violencia que vive diariamente esta población. Por su parte, La Policía y La Fiscalía registraron que el 27 % de estos homicidios ocurrió con arma de fuego, el 23% con arma blanca y del 47% restante no se tiene registro. Resulta muy preocupante la diferencia tan grande en el reporte de los homicidios en tanto que quienes portan armas en Colombia son las autoridades públicas con el legítimo derecho del Estado o agentes al margen de la ley. Es inquietante además que las entidades encargadas de realizar las investigaciones reporten un desconocimiento 5 veces más alto que Medicina Legal sobre el arma con la que fueron asesinados los habitantes de calle.
TABLA 1
Fuente: Medicina Legal y Fundación Ideas para la Paz
También pudimos concluir que la violencia contra habitantes de calle se concentra en ciertas regiones del país. Como se puede ver reflejado en las infografías 1 y 2, encontramos que la violencia ejercida en contra esta población está concentrada en los 3 epicentros poblacionales de Colombia: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Antes de profundizar en la violencia homicida contra habitantes de calle en estos territorios, es indispensable comparar la densidad poblacional y las tasas de homicidios generales en cada uno de ellos. Según la proyección poblacional elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE), en el año 2017 las tasas de densidad poblacional se
proyectaron de la siguiente manera: Bogotá ocupó el primer lugar con el 16%; Antioquia el segundo con el 13%; y Valle del Cauca el tercero con el 10%5 . Adicionalmente, estos 3 lugares reportan los índices de violencia homicida más altos en Colombia: sus tasas de homicidios promedio en los últimos 10 años corresponden a 18 (Bogotá), 33 (Antioquia) y 65 (Valle del Cauca) homicidios por cada 100 000 habitantes. .
5 Gobierno Nacional de Colombia, 2017. Datos abiertos, Proyecciones de población por departamento.. Disponible en línea en: https://bit.ly/2Bc42PL
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TABLA 2 Si se observan los datos brindados por Medicina Legal en la infografía 2, se puede ver que la tendencia nacional se repite para el Valle del Cauca, pues esta región ocupa el primer lugar con 920 homicidios. Sin embargo, si se comparan los datos proporcionados por Policía y Fiscalía de estos tres departamentos, con respecto a los homicidios de habitantes de calle, con las tasas nacionales de violencia homicida podemos ver que no se cumple la regla nacional: Bogotá, pese a tener la tasa más baja general de homicidios frente a Valle del Cauca y Antioquia, presenta un mayor índice de violencia homicida contra habitantes de calle. Ahora bien, la cosa se complica aún más si miramos cómo varían las tasas de homicidios en los últimos 10 años. Resulta que según la Fundación Ideas para la Paz6 las tasas y el número de homicidios nacional, y particularmente en estos departamentos, ha disminuido durante los últimos 11 años (de 17.198 en 2007 a 11.903 en 2017). Sin embargo, como podemos ver en el informe este no es el caso de los habitantes de calle. De hecho, lo que está pasando es todo lo contrario, los homicidios y las violencias aumentan (según policía y fiscalía se pasó de 262 homicidios en 2007 a 582 homicidios en 2017). Lo anterior, nos muestra que aunque hay una clara tendencia nacional a la disminución de los homicidios en Colombia, pues se redujeron en un 30,7% desde el 2007 hasta el 2017, los homicidios contra habitantes de calle están incrementando pues aumentaron en un 138% desde el año 2007 hasta el 2017.
6 Fundación Ideas para la Paz, 2017. Así se concentra el Homicidio en las Ciudades. Disponible en línea en: https://bit.ly/2pXWkj7
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Fuente: Medicina Legal
TABLA 3
Fuente: Medicina Legal
Como podemos ver claramente en las gráficas, mientras que los homicidios generales han disminuido en los últimos 10 años, los de habitantes de calle han aumentado. En parte, la reducción de los homicidios nacionales se debe al cese de hostilidades entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC. Esa reducción ha permitido observar con más detalle otras realidades de violencia ya existentes en el país que antes quedaban invisibilizadas en la ciudad. Cabe agregar que, como observamos durante nuestro trabajo de campo, muchas de las ciudadanías habitantes de calle han vivido complejos procesos de desplazamiento forzado en razón del conflicto armado. Así, estas ciudadanías han huído de la violencia rural y han llegado a habitar los márgenes de la ciudad en donde, desgraciadamente, se enfrentan a dinámicas muy similares a las que los obligaron a desplazarse de sus territorios: las amenazas panfletarias, el estigma y el prejuicio contra su identidad, la violencia física por parte de actores armados y la violencia policial que viven a diario los sitúa dentro de un contexto de permanentes violencias y vulneraciones a sus derechos fundamentales. 27
Traslado para la Muerte: “Lo vieron caminar por las calles de manera sospechosa” Un ejemplo que evidencia el alto grado de subregistro por parte de las entidades del Estado es el caso de Samuel Alberto Jerez García, un habitante de calle que fue asesinado al interior del de un CAI en Bucaramanga. Su cuerpo fue hallado el 6 de mayo de 2017 sin vida y con signos de violencia en las instalaciones de la Estación Norte de la Policía de Bucaramanga después de haber sido trasladado por encontrarse en aparente estado de exaltación. Pese a que el Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTIde la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, las estadísticas entregadas por esta institución no registraron el caso que, además, se encuentra ampliamente documentado por la prensa7. Los policías señalados de cometer el crimen están acusados por la Fiscalía de tortura y asesinato a Samuel, sin embargo, la Policía aún no los ha retirado de la institución. Este lamentable caso de violencia homicida es un ejemplo de 1 de esos 4.176 casos que nuestro informe Los Nunca Nadie registró y que la institución encargada de la investigación del caso no lo hizo. Cuando se estaba terminando de escribir este informe, uno de los policías implicados en el crimen quedó en libertad y al otro le concedieron el beneficio de prisión domiciliaria8 . 28
Esta historia refleja lo que muchas personas habitantes de calle narran en sus experiencias de vida sobre la violencia policial física y homicida: que sus vidas poco valen y que su identidad ciudadana es desdibujada cotidianamente por la autoridad policial. Historias como las de Samuel no pueden ser considerados como casos aislados. Todo lo contrario, hay toda una arquitectura legal e institucional que le permite a la policía ser violenta contra las ciudadanías habitantes de calle y que su violencia, lejos de ser sancionada, es premiada y reconocida por la misma institución. Por ejemplo, en el parque Tercer Milenio existe un temido policía a quién llaman “Cara de Papa”. La comunidad del sector lo señala como el más corrupto y violento que hubieran podido conocer pues entre sus conductas esta: cobrar vacunas por estar en la calle, amenazar a la gente con cargarla con droga pa pagar cana, golpear a bolillazos a los cachivacheros de la Décima, requisar y empelotar sistemáticamente a habitantes de calle en las vías públicas, tomarles fotos mientras los humilla y enviarlos a la central del CAI de San Victorino como evidencia de que está haciendo su trabajo. 7 Vanguardia, 2018. Encuentran muerto a detenido en estación de Policía de Bucaramanga. Disponible en línea en: https://bit.ly/2pRq1pe 8
Vanguardia, 2018. Uno libre y otro a la casa: los policías acusados de homicidio en Bucaramanga. Disponible en línea en: https://bit.ly/2QQnLK8
CONCLUSIONES • Los datos presentados por cada entidad son diferentes. • En los últimos 11 años murió al menos una persona habitante de calle al día. • Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia tienen las cifras más altas de homicidios. • Más de la mitad de los homicidios fueron con arma de fuego (según Medicina Legal).
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A GARROTE A BOLILLO
VIOLENCIA FÍSICA CONTRA HABITANTES DE CALLE
En el capítulo sobre violencia homicida observamos que, si bien las cifras entregadas por las tres instituciones no coinciden, existía cierta proporción entre los datos y la diferencia era de 622 homicidios registrados: La Fiscalía y la Policía registraron 4176 homicidios y Medicina Legal 3554. La diferencia entre los casos de violencia física contra habitantes de calle, por su parte, es abismal: mientras Medicina Legal registró 11.031 lesiones en contra de esta población a nivel nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía solo registraron 4.083 en todo el territorio. Es decir, hay una diferencia de 6.948 casos que estas dos últimas instituciones no registraron. Cuando nos encontrábamos en la fase de campo realizando las entrevistas a profundidad, pudimos sostener conversaciones con las personas habitantes de calle sobre la violencia física que experimentan rutinariamente. Incluso, era común encontrarnos con personas con heridas recientes y con hematomas ocasionados por agentes de la Policía. Cabe resaltar que, en una gran mayoría de los casos, cuando preguntábamos si habían sido víctimas de hechos de violencia policial la respuesta era negativa. Sin embargo, cuando conversábamos de lesiones u otro tipo de hechos de violencia física, y al indagar por los responsables, nos comentaban que habían sido agentes de la Policía. Así, encontramos un panorama en el cual la violencia física cometida por los agentes de la policía se encuentra profundamente arraigada dentro de los límites de la normalidad en las formas de interacción de la policía con las ciudadanías habitantes de calle. Con golpizas y patadas propiciados por los agentes de la Policía, los habitantes de calle son expulsados del espacio público y, si bien muchas de las personas que experimentan estas denuncias conocen sus derechos, muchas de ellas optan por desistir de su derecho al acceso a la justicia por temor a la revictimización, falta de confianza en los procesos y en las instituciones, y posibles represalias por parte de los agentes de la fuerza pública. 31
FUENTE: MEDICINA LEGAL
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FUENTE: POLICÍA NACIONAL Y FÍSCALÍA 33
“Los policías al ver que digamos usted venía con la cara llena de barro cochina vuelta nada, pero no se veía cara de indigente, usted tenía que hacer algo de adentro entonces era el que le metía la mano, el que le metía la pata, le metía el puño, /el que/ el que lo cogía y le daban la golpiza para no dejarlo salir.”.” 9 La violencia policial cometida en contra de las poblaciones habitantes de calle, en una gran cantidad, ocurre por su mera presencia en el espacio público. Es por ello que en Bogotá, una ciudad que ha vivido desde 1990 en una pugna constante por regular los usos del suelo, por ordenar el espacio público, por expulsar a las ciudadanías no-deseables a los ojos del desarrollo de los lugares de la ciudad, la cifra de lesiones en contra de esta población es tan alta. Con 7.868 lesiones registradas por Medicina Legal entre 2009 y 2017, tan solo Bogotá concentra el 70% de los hechos de violencia física contra ciudadanos habitantes de calle en el país. Todas las instituciones coinciden en que Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá concentran la mayor tasa de violencia física contra habitantes de calle. Sin embargo, los datos difieren: mientras que Medicina Legal registró 599 lesiones en Antioquia y 411 en el Valle del cauca, la Policía Nacional y la Fiscalía registraron 480 y 864 lesiones, respectivamente. Como muestran ambas imágenes, Bogotá resulta ser el lugar más violento para los ciudadanos y ciudadanas que habitan en la calle: en los últimos 11 años, frente a los alarmantes 7.868 hechos de violencia física contra habitantes de calle que Registró Medicina Legal, la Policía y la Fiscalía solo reportaron 988, lo cual resulta a simple vista aterrador y sugiere un análisis aún más alarmante. Por un lado, podemos afirmar que existe un alto grado de subregistro y que los 7.868 casos registrados por Medicina Legal son una proporción ínfima frente a la realidad de violencia contra esta población en las calles y, por otro, que los casos registrados por dicha institución indican que los habitantes de calle acudieron a este lugar para realizarse una valoración médico-legal y posteriormente acudir a una denuncia formal ante las instituciones competentes (Fiscalía y Policía). Si comparamos la diferencia abismal entre ambas fuentes de registro de violencia física hacia habitantes de calle podemos observar que los entes encargados de investigar y llevar ante la justicia estos hechos, solamente actúan en el 20% de los casos.
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9 Miguel, mayo de 2018. Entrevista semi-estructurada realizada por Temblores ONG. Los Nunca Nadie: Temblores ONG. Transcripción: Temblores ONG.
CONCLUSIONES • Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá concentran el mayor número de hechos de violencia física contra habitantes de calle en el país: 599, 411 y 7868, respectivamente, según Medicina Legal. • Bogotá es la ciudad más violenta contra habitantes de calle: concentra el 70% de los hechos de violencia física del país contra esta población. • Existe un subregistro crónico de la violencia física que sucedeen gran medida porque las personas habitantes de calle desisten de su derecho a denunciar hechos de violencia por temor a ser revictimizadas, a que sus testimonios no sean tomados en cuenta y a enfrentarse a nuevas vulneraciones de sus derechos humanos. • Los datos presentados por las entidades difieren, lo que demuestra que el Estado no cuenta con bases de datos unificadas.
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NO CUERPO NO LUGAR
EL DESTIERRO DE LA IDENTIDAD Y LA NEGACIÓN DEL DERECHO A LA CIUDAD
10 Roberto, mayo de 2018. Entrevista semi-estructurada realizada por Temblores ONG. Los Nunca Nadie: Temblores ONG. Transcripción: Temblores ONG.
1. BOGOTÁ: LA CIUDAD MÁS VIOLENTA CON LAS CIUDADANÍAS HABITANTES DE CALLE “El pan de cada día allá era ver un muerto, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, al mediodía había otro muerto, a las 5 de la tarde otro muerto, por la noche otro muerto. Entonces eso era el pan de cada día.” 10 En la cita que aparece al inicio del capítulo Roberto ilustra la desgarradora realidad de violencia homicida contra habitantes de calle en la L. Como Roberto, muchos otros habitantes de calle que habitaban el lugar, no solo fueron testigos de homicidios, actos de tortura y desaparición forzada de esta población cometidos por actores armados al margen de la ley, sino que además fueron víctimas directas de estos atroces actos. Después de escuchar este y otros testimonios, el equipo de Temblores ONG decidió nombrar a la L como una zona de conflicto porque, tras varias conversaciones, encontramos múltiples elementos que, a la luz de estas violencias, como se verá más adelante, figuran como constitutivos de realidades de conflicto armado. 37
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En los últimos 11 años, mientras que Medicina Legal registró 658 homicidios cometidos contra habitantes de calle, la Fiscalía y la Policía Nacional registraron 1.175. Si bien en una gran porción de escenarios comunitarios y de la calle existe un alto grado de desconfianza hacia el censo de habitantes de calle, para poder realizar un análisis de estos datos, tomamos como referencia el censo realizado por el Dane a esta población en Bogotá en el año 2017. En ese momento, que es el año de cierre del corte de 11 años que se ha presentado a lo largo de este informe, se registraron 9.538 habitantes de calle en Bogotá. Eso quiere decir, entonces, que si tomamos las cifras entregadas por Medicina Legal y las comparamos con las del Censo de habitantes de calle, encontraremos que, en los últimos diez años, 70 de cada 1.000 habitantes de calle fueron asesinados. Si realizamos el mismo ejercicio con los datos de la Policía Nacional y la Fiscalía, en contraste con los del censo, encontraremos que, en los últimos diez años, 123 de cada 1.000 habitantes de calle fueron asesinados. Estas altas tasas de homicidios representan el temeroso panorama de violencias constantes en el que habitan las ciudadanías de calle. Reiterando lo que ya se había mencionado en el capítulo 1 recordamos que Bogotá al igual que Antioquia y Valle del Cauca son los tres epicentros de esta violencia en contra de habitantes de calle. Ahora bien, justamente cuando comparamos las tasas generales de homicidio de estos 3 departamentos encontramos que la de Bogotá es la más baja. Sin embargo con el tema de habitantes de calle ocurre el caso contrario en los datos presentados por Policía y Fiscalía. Este asunto adquiere una mayor dimensión de alarma para la capital pues ocupa el primer lugar de las tres regiones con 1175 homicidios contra habitantes de calle.
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Ahora bien, los datos acerca de la violencia física en Bogotá son preocupantes por la continuidad en los altos índices de violencia física en contra de esta población. Medicina Legal reportó 7.868 hechos de violencia física contra habitantes de calle. Es decir, en los últimos diez años, 825 de cada 1.000 habitantes de calle fueron violentados físicamente. La Policía Nacional y la Fiscalía, por su parte, registraron 988 hechos de violencia física en contra de habitantes de calle. Es decir, en los últimos diez años, 103 de cada 1.000 habitantes de calle fueron violentados físicamente. Las políticas de recuperación del espacio público, así como los planes territoriales que se proponen regular el suelo, se han enfocado en construir modelos de ciudad que se fundamentan en el embellecimiento, en la construcción de espacios para su reapropiación por parte de otras ciudadanías y en la expulsión de ciertas identidades de la ciudad, como lo son las personas habitantes de calle. Así, resulta común encontrar que las zonas que han sido intervenidas por medio de la aplicación de políticas de recuperación del espacio son constantemente vigiladas por las fuerzas policivas del Estado. El Parque El Tercer Milenio no es la excepción: por sus prados, por sus canchas de fútbol y por sus caminos marchan cotidianamente, al son de las tamboras, las fuerzas del ejército. El efecto que produce su
notable presencia sobre el espacio es más complejo que las dinámicas que se intentaron atacar con la intervención que tuvo lugar allí en la primera década del 2000. En efecto, la presencia constante de las Fuerzas Armadas, como forma de toma y retoma del espacio, funciona a través de precisos mecanismos performáticos para estatalizar el lugar. Así, su presencia en el espacio, el ruido que generan sus instrumentos musicales y sus cantos militares recuerda a las ciudadanías habitantes de calle que están siendo vigiladas, que el control sobre ese territorio lo tiene el Estado y que aquel no es un lugar habitable para ellas. Algo similar ocurre con los mecanismos policivos: en motos, suelen rodear el sector, requisar constantemente a las personas habitantes de calle que se encuentran en el lugar y, en ocasiones, esas requisas se tornan violentas. El caso de Uriel Duque, un cachivachero que trabaja en el Parque Tercer Milenio y que fue brutalmente golpeado y violentado psicológicamente por agentes de la policía, sirve para ejemplificar las maneras como los operativos policivos de retoma del lugarintervenido generan violencia sobre los cuerpos y las vidas de las personas que viven en la calle.
El texto que se presenta a continuación para este estudio de caso fue tomado de los hechos de la tutela presentada por Uriel en busca del amparo de sus derechos fundamentales. 41
YO LO PUEDO CARGAR CON DROGA Y ¿A QUIÉN LE VAN A CREER: A USTED, O A MÍ? “Mi nombre es Uriel Duque, tengo 59 años, soy reciclador y trabajo como cachivachero en el centro de Bogotá. El día 5 de junio de 2018, en horas de la mañana, me encontraba en mi negocio de cachivaches, en el parque Tercer Milenio. Llegaron en moto dos agentes de policía al lugar en el que me encontraba trabajando, me solicitaron una requisa y me obligaron bajarme los pantalones en la vía pública. Al no encontrar nada, me pidieron la cédula. Sin ninguna explicación, los agentes de policía me informaron que me esposarían y que me conducirían al CAI de Mártires, en el cual se encontraban 4 agentes más. Luego, los dos agentes llevaron al CAI a un compañero mío. Nos llevaron a un baño del CAI, separado de donde estaban todos los demás agentes y detenidos. 42
Después, llegaron los mismos dos agentes y me requisaron por segunda vez. En esta ocasión, además de pedirme que me bajara los pantalones, también tuve que quitarme los zapatos y la chaqueta. Uno de los agentes me dijo - “Yo lo puedo cargar con una libra de marihuana y bichas y a quién le van a creer: ¿a usted, o a mí?” Otro agente dijo: “métale más marihuana y bichas11 que ahí hay una caja”. Un agente tomo mi chaqueta y confiscó 40.000 pesos; rasgó su tela interior con una navaja y metió la mano por dentro de esta para cargarme con unas papeletas de basuco que tenía en su mano. Todo esto ocurrió delante de los demás agentes que se encontraban en el CAI. En la tarde, nos trasladaron en una patrulla de la policía a la URI de Puente Aranda. Con mi compañero empezamos a protestar y a reclamar, que nos habían cargado con basuco y que nos habían violentado físicamente. En ese momento, uno de los agentes que me detuvo me tiró contra la pared y me apretó más las esposas. Me tiró contra el suelo, se ubicó encima de mí, y me agredió verbalmente. Me pisaron en la cabeza y en la barriga y los agentes repetían: viejo gonorrea lo vamos a matar, no pude controlar mis esfínteres y defequé en mis pantalones. Intentando defenderme le di un mordisco al agente de la policía.
En la noche, me condujeron a un calabozo, y me quitaron cinco mil pesos que tenía entre un zapato diciendome “perdió cucho”. En seguida, el mismo agente que he venido señalando, comenzó a golpearme y a gritarme diferentes insultos. Sin ninguna justificación, tomó su arma, me apuntó y me tumbó nuevamente. En esta ocasión, me dio una gran cantidad de patadas en el estómago, en las costillas y en las piernas que me causaron muchísimo dolor y me dejaron hematomas en el cuerpo. Poco después fui dejado en libertad, y desde ese momento no he vuelto a ubicarme en el Parque Tercer Milenio por miedo a las represalias y al la violencia de los agentes de policía.”
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Un bicha se refiere a la forma en que es conocido el basuco en las calles bogotanas.
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El texto anterior fue tomado de la tutela que interpuso Uriel en busca del amparo de sus derechos fundamentales: habla desde su voz, en primera persona, ante una audiencia judicial en busca de la justicia y la reparación de los daños que le ocasionó la violencia policial. Su caso no es único: es la realidad de cientos de habitantes de calle que se enfrentan diariamente a tratos crueles, humillantes y violentos en razón de su identidad y sirve para ilustrar las distintas etapas de la violencia policial. Por lo general, como lo ilustra el caso, a los procedimientos de requisa a un habitante de calle los antecede un ejercicio policivo de vigilancia y de perfilamiento. Esas requisas, como en el caso de Uriel, en una gran cantidad de casos, concurren en prácticas humillantes y denigrantes (como el desvestimiento del requisado en las vías públicas), en tipos de violencia física (como golpes, patadas, puños y bolillazos) y en formas de amenaza y manipulación psicológica (a través de falsas acusaciones penales). El caso de Uriel, de igual forma, demuestra cómo las autoridades policivas utilizan los aparatos de justicia para intimidar, discriminar y criminalizar a las identidades habitantes de calle. Esta última, si bien no aparece como una forma de violencia física propiamente, debe ser entendida de esta manera a la luz de este capítulo, no solo porque en la práctica se encuentra atravesada por formas de violencia física, sino porque las detenciones arbitrarias, la limitación del derecho a la libre locomoción y la privación de la libertad operan sobre los cuerpos con el propósito de esconderlos, de castigarlos y de eliminarlos: de limpiar la ciudad. 44
2. LAS GEOGRAFÍAS DEL DOLOR: CARTOGRAFÍAS URBANO-CORPORALES DE LA VIOLENCIA POLICIAL “Muchas veces llegaron y nos trataron re mal, re mal, dizque la ley, ¿no? los policías. Nos trataron re mal, nos daban duro, como si fuéramos hombres, nos les importaba. Inclusive hubieron cámaras de televisión, en CityTV, algunas programadoras, pero nunca pasaron lo que nosotros decíamos porque hubo un operativo que hicieron muy brusco, que, uy, a mí me dieron tres veces durísimo los policías. En la cabeza, en el estómago, con esos bates y bueno. Tres veces. Y me tumbaban, y cogía y venía el otro y volvía y me tumbaba, y luego el otro también y me tumbaba.” 12 Esta cita ilustra la realidad de cientos de habitantes de calle que a diario, en Bogotá, son víctimas de las agresiones físicas de agentes de la fuerza pública. Las personas habitantes de calle, por su constante permanencia en el espacio público, son desproporcionadamente afectadas por la violencia policial: todas las personas que entrevistamos, en algún momento de su vida, habían experimentado prácticas de violencia policial. La metodología cualitativa que implementamos a lo largo del proceso de investigación se centró en establecer rigurosamente cómo opera la violencia física por parte de la policía en los contextos de calle. Así, a partir de un ejercicio de cartografía espacio-corporal pudimos determinar, por un lado, las zonas del cuerpo en las que se ejerce la violencia policial y, por otro, los lugares de la ciudad en los que las personas habitantes de calle han sido violentadas. 12
Carmenza, mayo de 2018. Entrevista semi-estructurada realizada por Temblores ONG. Los Nunca Nadie: Temblores ONG. Transcripción: Temblores ONG .
1. Traslado por protección. 2. Retiro del sitio. 3. Traslado para procedimiento policivo. 4. Registro. 5. Registro a persona. 6. Registro a medios de transporte. 7. Suspensión inmediata de actividad. 8. Ingreso a inmueble con orden escrita. 9. Ingreso a inmueble sin orden escrita. 10. Incautación. 11. Incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos. 12. Uso de la fuerza. 13. Aprehensión con fin judicial. 14. Apoyo urgente de los particulares. 15. Asistencia militar. Los patrones que encontramos en la manera como opera la violencia policial sobre el cuerpo de las ciudadanías habitantes de calle demuestra que los agentes perpetradores han desarrollado técnicas que se sitúan dentro de la legalidad, como esposarles. Como muestra la imagen, las manos y las muñecas aparecen como una de las zonas del cuerpo sobre las que más se ejerce la violencia. Los agentes suelen apretar las esposas de más y tronchar los dedos a los habitantes de calle. El Código de Policía establece como medios materiales a los siguientes mecanismos que están designados para el desarrollo de la función y la actividad policial:
Tras una lectura de los artículos referentes al traslado por protección (155) y al uso de la fuerza (166) es necesario resaltar la preocupante ambigüedad frente al contexto en que se puede acceder a estos mecanismos y a los límites de la actividad policial en ellos. En primer lugar, el código no tiene especificaciones frente a los mecanismos de restricción o fuerza que la policía puede usar y en qué contextos se usa cada cual (uso de esposas, bolillos, etc.). Y en segundo lugar, es notable la ausencia de disposiciones legales que hagan referencia a la retención de documentos, la conducción sistemática a centros de traslado por protección y en qué momentos estas conducciones sistemáticas derivan en un
proceso penal y en tiempos de retención en los Comandos de Acción Inmediata (en adelante CAI) antes de llevar al habitante de calle a los centros de traslado por protección. Estos vacíos legales se prestan para la arbitrariedad y han permitido el uso excesivo y desmedido de la fuerza. La violencia opera por fuera de los mecanismos policiales de contencióna través de la dotación de los agentes, como el bolillo. El mapa corporal desarrollado durante el ejercicio de cartografía muestra cómo el estómago y el cuello, al igual que manos y muñecas, son zonas frecuentemente afectadas por los agentes por medio de patadas, puños, golpes con bolillo y descargas eléctricas. ambién encontramos que los ciudadanos habitantes de calle son golpeados en las canillas y las pantorrillas para limitar su movilidad.
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CIUDAD
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Los resultados que arrojaron las cartografías corporales revelan la compleja estructura de discriminación en contra de esta población y el círculo de violencia en el que se se sitúa. Como se mencionó anteriormente, esta es una de las poblaciones más afectadas por la violencia policial y por la negación sistemática del derecho a la ciudad. Ese círculo de violencia, revela cómo las prácticas de la policía están encaminadas a limitar la movilidad de las ciudadanías habitantes de calle y su permanencia misma en la ciudad. Así, la negación del derecho a la ciudad no solo opera a través de expulsiones constantes y desplazamientos forzados de los lugares de la ciudad, sino a través del ejercicio de limitar la movilidad de estas ciudadanías a determinados espacios. Muchos de los lugares donde ocurre la violencia policial son también lugares de intervención estatal ligados a discursos oficiales que incitan a “limpiar el espacio público”. Este discurso higienista que permea las políticas del uso del suelo termina convirtiendo a estos lugares en zonas de desplazamiento permanente. Las personas que habitan la calle encarnan una constante lucha por poder ocupar un territorio y, por consiguiente, no solo se les niega sistemáticamente el derecho a vivir en un espacio de la ciudad, sino que también se les prohíbe la construcción de su identidad e, indefectiblemente, ello concluye en la negación constante de su cuerpo como territorio: para el 48
Estado, son un no-cuerpo que ocupa un no-lugar. Ahora bien, es necesario observar cómo estas prácticas de violencia policial se inscriben en lugares específicos de la ciudad. Durante las sesiones de cartografía social, encontramos que Los Mártires, La Candelaria, Santafé, San Cristobal y Usaquén son las localidades en las que las personas habitantes de calle de Bogotá sufren más violencia policial. De igual forma, pudimos determinar que la violencia policial experimentada por los habitantes de calle de Bogotá, se inscribe principalmente dentro de barrios específicos: el Voto Nacional, el Ricaurte, Eduardo Santos, La Capuchina, San Victorino, Comuneros, Veraguas y San Bernardo aparecen como escenarios configurativos de la discriminación de la identidad de habitante de calle y de la negación del derecho a la ciudad. No es una coincidencia que tales barrios sean percibidos como los más violentos por parte de las ciudadanías habitantes de calle. Por el contrario, resalta como otro ejemplo que demuestra que la implementación de políticas para el remodelamiento del espacio, como las aplicadas en los sectores de San Victorino, la Capuchina y San Bernardo, y las intervenciones estatales de retoma, como las del la L y el Tercer Milenio, en el Voto Nacional, o las de San Bernardo y Veraguas, han excluido a la ciudadanía de su diseño porque que han tenido como premisa la eliminación de ciertas identidades, como la de habitante de calle, del espacio público. Como se ha visto, uno de los problemas centrales
de las políticas de recuperación del espacio es que crea escenarios de violencia social y policial porque su aplicación se fundamenta en las premisas de limpiar la ciudad, de demoler ciertos espacios y de realizar procesos de transformación socio-espacial que carecen de la intención de construir memoria sobre el lugar. Tal es el caso de la L, llamada Bronx por el Estado, en donde, dos años después de su intervención, la Alcaldía Distrital instaló un festival llamado El Bronx Está de Moda, que pretendía resignificar esa zona de continuas violencias y de múltiples experiencias del dolor a través de pasarelas de moda, conciertos y ferias de artesanías. Durante ese “festival”, nuestro equipo de campo realizó un recorrido que buscaba generar memoria histórica sobre el territorio y que fue guiado por Manuel, autor de este informe, y Guillermo, un habitantes de calle que había habitado la L. Así, por un lado, escuchábamos a Manuel y Guillermo narrar las terroríficas historias de violencia de la L y, por otro, a un funcionario de chaqueta azul de la Alcaldía que invitaba a los asistentes a observar la pasarela de modas. Ambas narrativas nos permitieron entender la complejidad del lugar y los procesos distintos de producción del espacio: las voces de los habitantes de calle lo resignificaban a través de la memoria en narrativas colectivas, y el Estado, por su parte, ignoraba las historias locales para construir otra historia desde cero.
Demoler un lugar que fue (y sigue siendo) escenario de múltiples violencias y montar una pasarela de moda para su resignificación, sin contar con la participación de las personas que lo habitaban, representaotra forma de retoma estatal que se configura por medio de aparatos sociales tan represivos como los policiales. Lo anterior, como resultado de un método de comprensión del territorio limitado, por cuanto no se propone entender la estructuralidad de las problemáticas de violencia y criminalidad que allí, hoy por hoy, siguen operando. Por su parte, recorrer el lugar y nombrarlo desde las voces propias y desde la pluralidad de sus narrativas no solo representa una manera de generar prácticas colectivas de memoria, sino que se configura como un método que explora la multilocalidad del espacio y ello permite entender sus múltiples problemáticas. Pensar este como un lugar multisituado, por lo tanto, ayuda a entender que las problemáticas de narcotráfico, sus altísimos índices de criminalidad y de violencia no son elementos aislados de la realidad del país sino que, por el contrario, son el producto de las dinámicas nacionales que, una vez localizadas allí, responden a los patrones fijados en escalas más globales. Salta a la vista que eliminar una olla no elimina el problema del narcotráfico, pero es poco visible que los discursos estatales que configuran un lugar como la L, en un sitio intervenible por la fuerza
policiva, produce efectos sociales que refuerzan las estructuras de discriminación y exclusión social en contra de las personas que allí habitaban13. Basta con detenerse y observar cómo el Estado antes de intervenir a la L decidió nombrarla como El Bronx y, con ello, garantizó la legitimidad del uso de sus fuerzas armadas para intervenirla. Al nombrar a un lugar de la ciudad utilizando la palabra Bronx se incita a la ciudadanía a pensarlo como eliminable y destructible (y a los cuerpos que lo habitan como prescindibles y matables14 ) porque pone en marcha todo un conjunto de aparatos discursivos15 racistas que recuerdan a las conocidas problemáticas asociadas al distrito del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Es por ello que a lo largo de este informe, el equipo de Temblores utilizó el nombre la L para referirse a ese lugar: para hablar desde su memoria urbana y no desde el discurso estatal que terminó en una violenta intervención armada; para hablar desde la multilocalidad y no desde la excepcionalidad.
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Rodman, M. (1992). “Empowering place: multilocality and multitivocality”. American Anthropologist N.o 94: 640-656. 14
Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign power and bare life. Stanford, CA: Stanford University press.
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Althusser, L. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nue- va Visión, Buenos Aires, 1988.
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CONCLUSIONES • En los últimos 11 años, Medicina Legal registró 658 y 7.868 hechos de violencia física contra habitantes de calle. • En los últimos 11 años, la Fiscalía y la Policía registraron 1.175 homicidios y 988 hechos de violencia física contra habitantes de calle. • La población habitante de calle se enfrenta cotidianamente a prácticas de violencia policial que operan en zonas específicas del cuerpo y que ocurren en lugares determinados de la ciudad. • La violencia policial contra habitantes de calle tiene dos efectos: limita la movilidad de las personas habitantes de calle y les niega su derecho a la ciudad.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Como hemos relatado en este informe, la situación de derechos humanos de las personas habitantes de calle en Colombia es alarmante. Las cifras que presenta el Estado sobre homicidios y violencia física han venido incrementándose en los últimos 11 años. La situación es aún más compleja si observamos las cifras de la capital, pues Bogotá se vislumbra como la ciudad más violenta contra esta población. A continuación presentamos las conclusiones de los tres capítulos presentados en este informe, los desafíos a los que debemos asumir para reducir la violencia física y homicida contra habitantes de calle así como una serie de recomendaciones al generales al Estado para el abordaje de esta problemática.
A partir de lo encontrado en el proceso de realización de Los Nunca Nadie, hacemos un un llamado público a la sociedad civil a transformar los discursos discriminatorios, el estigma y el prejuicio con el que nombran a la población habitante de calle, pues tales discursos se convierten en violencia y reproducen ideales de exterminio de esta población. Además, invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a que nos acompañen en el ejercicio de veeduría y protección de los derechos humanos de esta población. Desde Temblores ONG seguiremos trabajando por denunciar la violencia, por producir escenarios críticos de construcción de la memoria urbana, por la defensa de los derechos humanos de las ciudadanías habitantes de calle y por la construcción de un modelo social de paz para que le garantice a toda la ciudadanía, sin distinciones, su derecho a la ciudad.
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• La información sobre violencia física y homicida contra habitantes de calle demuestra un panorama alarmante que es invisibilizado. • Mientras los homicidios nacionales se han reducido, en los últimos 11 años, los homicidios contra habitantes de calle han aumentado. Esto se ve en la comparación entre las tasas nacionales de homicidios y las tasas de homicidios contra habitantes de calle. • No hay programas de reducción de daños sociales ni programas basados en la salud pública para la atención de personas habitantes de calle.
CONCLUSIONES
• Las intervenciones estatales en la L generaron un aumento en el precio del basuco (bicha), lo cual ha producido un gran fortalecimiento de las empresas criminales dedicadas al narcotráfico porque sus ingresos han incrementado.
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• Después de la intervención de la L hubo una diáspora de las empresas criminales dedicadas al narcotráfico: de la intervención del denominado Bronx nacieron nuevas ollas que cada vez se expanden más por los alrededores del Voto Nacional. • Existe una persecución policial sistemática en contra de esta población que la obliga a desplazarse constantemente.
• Existe una negación sistemática del derecho a la ciudad de las ciudadanías habitantes de calle que se materializa en prácticas de expulsión del espacio público, violencia policial y amenazas. • Los homicidios cometidos contra habitantes de calle son realizados de forma premeditada y sistemática, lo cual se puede corroborar a través de un análisis sobre las formas comunes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Estas son pequeñas muestras de una política social de exterminio que ha sido denominada maliciosamente como “limpieza social”.
sin entenderlos como geografías complejas que deben ser narradas a través de la memoria local y colectiva. • Existen altos índices de impunidad en los casos de violencia y homicidios contra las personas habitantes de calle. No hay acceso a la justicia ni políticas de seguridad que protejan a estas ciudadanías. Los esfuerzos gubernamentales se han preocupado por limpiar la zona para vender una percepción de seguridad asociada a la ausencia de estas ciudadanías en las calles.
• Las instituciones del Estado que registran violencias no tienen unificados sus datos estadísticos sobre muertes violentas de habitantes de calle, lo cual dificulta a las organizaciones de la sociedad civil hacer veeduría sobre la situación de derechos humanos de esta población.
• Las personas habitantes de calle han sido históricamente violentadas por actores armados, ya sea del Estado o al margen de la ley, y sus derechos fundamentales se han visto continuamente vulnerados. Eso ha resultado en la normalización de la violencia y la ha convertido en un elemento constitutivo de la experiencia de la vida en la calle.
• La forma de abordar las problemáticas de las personas habitantes de callepor parte del Estado resulta frecuentemente en revictimización. Muchas personas desisten de su derecho a la denuncia porque son tratadas como enfermas, criminales o individuos deshumanizados.
• Las poblaciones habitantes de calle, por su constante presencia en el espacio público y por el rechazo generalizado por parte del resto de la población a su identidad se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia policial.
• Las políticas de recuperación del espacio público, que han sido implementadas a través de la fuerza policial, han resultado en violencia por parte del Estado y en borrar lugares de la ciudad
• La impunidad reina cuando se trata de buscar justicia para las víctimas de violencia homicida que viven en la calle, lo cual lleva a un subregistro crónico de estas violencias.
• La L funciona como un ejemplo de las dinámicas de violencia y criminalidad del país. Por lo tanto, entenderlo desde la excepcionalidad resulta erróneo, pues sus problemáticas no surgieron allí de manera espontánea sino que responden a problemáticas locales. Entender el lugar desde la multilocalidad y como el producto de complejas transiciones históricas, como los procesos de renovación urbana, puede ayudar a comprender sus problemáticas de una manera integral. • Existe un panorama de desconfianza por parte de las ciudadanías habitantes de calle con las instituciones del Estado.
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• Re-construir la confianza entre las instituciones del Estado y la población habitante de calle. • Generar estrategias para lograr identificar las zonas de atención y generar protocolos de seguridad y acceso a la información para poder hacer seguimiento a la reducción de estas violencias. • Implementar modelos de atención basados en los derechos humanos y en la salud pública, que cuenten con enfoques de reducción de daños sociales y de salud.
DESAFÍOS
• Entender la L como un lugar multisituado, es decir, que no esta desconectado de las realidades que vive el país, resulta necesario para poder atender las problemáticas que se reproducen ahí dentro.
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• Generar espacios participativos e inclusivos para el diseño de las políticas públicas con relación al derecho a la ciudad y el desarrollo de las área urbanas. • Fortalecer el diálogo entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil.
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RECOMENDACIONES AL ESTADO
• Plantear mesas de trabajo intersectoriales entre agentes comunitarios, del Estado y de la Sociedad civil para atender las problemáticas de violencia contra habitantes de calle puede ayudar a reducir el subregistro y los altos índices de impunidad.
• Mejorar los mecanismos de acceso a la justicia para las personas habitantes de calle, de tal forma que sean accesibles, adecuados y adaptados a su realidad y sus necesidades. • Trabajar por el restablecimiento de la confianza de las personas habitantes de calle en las instituciones públicas, brindando servicios que reconozcan su identidad y respeten sus circunstancias particulares.
• Comprometerse a trabajar de la mano con las personas habitantes de calle para garantizar su seguridad y sus derechos.
• Priorizar programas de reducción de daños sociales y de salud pública en zonas estratégicas de la ciudad.
• Tener voluntad política efectiva para hacerle seguimiento a las violaciones de derechos humanos de los habitantes de calle.
• Si bien existen mesas semanales de cotejo de información entre Fiscalía, Policía y Medicina Legal es necesario que el Estado invierta en la creación de una base de datos que unifique los datos de cada caso. Lo anterior para garantizar que se actualice la información de manera simultánea y las tres instituciones puedan coordinar las cifras concretas y concisas, y así tener un conocimiento real de las situaciones.
• Comprometerse a trabajar en los aspectos que se siguen presentando en cuanto a la violencia hacia personas habitantes de calle en vez de enfocarse en demostrar las cosas que ya han hecho.
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RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES ESTATALES
A las Instituciones Estatales Nacionales
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• A los Órganos de Administración de Justicia: 1. Elaborar mecanismos institucionales que permitan a los habitantes de calle acudir ante las instancias judiciales para reclamar el acceso a sus derechos de una manera segura y libre de violencias re-victimizantes. 2. Implementar en los juzgados del país procesos accesibles de presentación de acciones de tutela para las personas habitantes de calle que requieran de la protección inmediata de sus derechos. De igual forma, establecer los lineamientos de presentación oral de acciones de tutela para las personas habitantes de calle.
3. En los casos de tutela de habitantes de calle, establecer mecanismos para que estas ciudadanías sean escuchadas por las autoridades judiciales de manera oral, puesto que facilita conocer el contexto en el que las violaciones a sus derechos humanos ocurren. 4. Elaborar fallos en un lenguaje accesible para la ciudadanía habitante de calle y en los cuales estén explicados, de manera clara, accesible y concisa, los argumentos que se presentan para tomar la decisión judicial. 5.Establecer mecanismos eficientes de comunicación de las decisiones judiciales y de su alcance para las personas habitantes de calle. •A la Policía Nacional 1. Implementar un Sistema de Registro Único de Violencia Homicida que esté articulado con las demás instituciones (Fiscalía y Medicina Legal) que registran esta violencia contra poblaciones habitantes de calle.
2. Crear un protocolo con enfoque diferencial para el proceso de requisa de las personas habitantes de calle. 3. Crear una campaña interna que tenga como propósito sensibilizar a los miembros de la Policía Nacional sobre el trato digno hacia las personas habitantes de calle para desincentivar la creciente violencia por parte de la Policía contra esta población. 4. Llevar a cabo procesos internos de formación para de-consrtruir los prejuicios de los miembros de la Policía Nacional en contra de las personas habitantes de calle. 5. Crear la cátedra de poblaciones vulnerables al interior de la Escuela de Formación de la policía para formar a los agentes en derechos humanos y poblaciones vulnerables. 6. Generar estrategias efectivas de sanción disciplinaria a los agentes que incurren en violaciones a derechos humanos de esta población. • A la Fiscalia General de la Nación. 1. Implementar un Sistema de Registro Único de Violencia Homicida que esté articulado con las demás instituciones (Policía y Medicina Legal) que registran estas violencias contra poblaciones habitantes de calle.
2. Crear una unidad de contexto especializada en el análisis de los crímenes cometidos en contra de contra de las ciudadanías habitantes de calle. 3. Investigar los casos de violencia homicida y violencia física reportados en este informe. 4. Al Cuerpo Técnico de Investigaciones, crear una división especial para la investigación de los delitos de violencia homicida y física contra habitantes de calle. 5.A la Unidad Nacional de Protección, crear un protocolo de atención accesible para la protección de las personas habitantes de calle que denuncian violencia por parte de autoridades de la fuerza pública. 6. Tener en cuenta en los procesos de investigación de las muertes violentas de habitantes de calle la posibilidad de que el crimen haya sido cometido basado en el prejuicio y el estigma hacia esta población vulnerable. • Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 1. Implementar un Sistema de Registro Único de Violencia Homicida que esté articulado con las demás instituciones (Policía y Medicina
Legal) que registran estas violencias contra poblaciones habitantes de calle. 2. Construir los lineamientos de un reglamento que le permita a las entidades registrar de manera adecuada las violencias contra habitantes de calle. 3. Promover investigaciones científicas focalizadas en los móviles, circunstancias de tiempo, modo y lugar de la violencia homicida contra habitantes de calle. 4. Brindar atención amigable y especializada a las personas habitantes de calle que son remitidas al Instituto cuando van a denunciar violencia física. • A la Defensoría del Pueblo 1. Realizar un seguimiento oportuno a las investigaciones de muertes violentas en contra ciudadanías habitantes de calle. 2. Crear un equipo referente para el tema de Habitante de Calle al interior de la defensoría del pueblo que se encargue de realizar acompañamiento a los procesos de denuncia y violación de derechos humanos de personas habitantes de calle. 3. Realizar un diagnóstico sobre la forma en la que la Defensoría Pública está prestando sus 61
servicios de defensa y representación judicial con las poblaciones habitantes de calle. • A la Procuraduría General de la Nación
de Bogotá para garantizar el acceso al agua, al aseo personal y a la realización de las necesidades fisiológicas de las personas habitantes de calle. •A la Secretaría de Gobierno
1. Generar estrategias de prevención. 2. Investigar disciplinariamente a los oficiales de la Policía Nacional implicados en hechos de violencia homicida y violencia física en contra de habitantes de calle. 3. Realizar inspecciones a las Unidades de Reacción Inmediata y al Centro de Traslado por Protección para hacer veeduría sobre la situación de derechos humanos de las personas habitantes de calle que se encuentran detenidas. A Las Instituciones Distritales • A la Alcaldía Mayor de Bogotá 1. Crear una campaña a nivel distrital que tenga como propósito reducir la violencia y discriminación contra la población habitante de calle y que esté diseñada por personas habitantes de calle y organizaciones de la sociedad civil. 2. Abrir y poner al servicio de las personas habitantes de calle todos los baños públicos 62
1.Generar espacios de atención legal, social y psicológica para las personas habitantes de calle víctimas de violencia. 2. Generar espacios de diálogo entre la comunidad de personas habitantes de calle y la institucionalidad para generar diagnósticos participativos que permitan medir el impacto de la política pública distrital para esta población. • A la Secretaría de Integración Social 1. Diseñar modelos de atención integral para las poblaciones habitantes de calle. Así mismo, crear protocolos para que la atención prestada por los Centros de Habitantes de Calle parta del reconocimiento de la autodeterminación, la autonomía y de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población. 2. Ampliar el número de cupos de atención para pobalción habitante de calle. 3. Prohibir a los Centros para la atención de Habitantes de Calle la implementar políticas represivas que sancionan los comportamientos
de las personas habitantes de calle con la cancelación de su acceso a los centros. •Al Departamento Nacional de Estadística 1. Diseñar un Censo nacional que permita saber cuántas personas habitantes de calle viven en Colombia, cuáles son sus características demográficas, sus causas de migración, las principales violencias que enfrentan para el efectivo desarrollo de políticas públicas que atiendan sus necesidades.
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ÍNDICE DE INFOGRAFÍAS 22 Infografía 1: Violencia Homicida contra Habitantes de Calle
23 Infografía 2: Violencia Homicida contra Habitantes de Calle
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33 Infografía 4: Violencia Física contra Habitantes de Calle
38 Infografía 5: Datos Bogotá
53 Infografía 6: Ciudad-Cuerpo
Infografía 3: Violencia Física contra Habitantes de Calle
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CON EL APOYO DE OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
