M or daza DIGITAL Los casos de censura en internet que terminan con condenas o amenazas de cárcel para los usuarios que critican o cuestionan a las autoridades, ya no se limitan a países con regímenes autoritarios. En los últimos meses, las tendencias represivas se han extendido a naciones como Gran Bretaña, México y Estados Unidos.
Texto: Témoris Grecko
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Ilustraciones: Víctor Vélez “Chubasco”
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Si no se hace justicia, nadie debe sorprenderse si bandas armadas salen a la calle y llevan a cabo asesinatos. En tanto no haya ley ni justicia, nadie debería sorprenderse por nada. Éste fue el tuit que provocó que el ejército egipcio acusara a la bloguera Asmaa Mahfouz de difamación, un cargo que debería ser juzgado no por un tribunal civil, sino por una corte marcial. Un colega suyo, Maikel Nabil Sanad, purga desde abril una condena de tres años por escribir en su blog que el ejército torturó a participantes en el movimiento del 25 de enero. Los objetivos declarados de las medidas de control de contenidos en Internet pueden parecer correctos y justos: combatir la pornografía infantil o proteger la moral, la seguridad nacional, la religión y a las minorías étnicas. También es menester defender “el potencial espiritual, cultural y científico del país” en China, cuya agencia oficial de noticias, Xinhua, denunció el 30 de agosto de 2011 que “crear rumores es una enfermedad social, per se, y la difusión de rumores por Internet representa una amenaza social masiva”. Este punto de vista había sido compartido del otro lado del mundo, sólo cinco días antes, cuando el gobierno del Estado mexicano de Veracruz hizo arrestar a un maestro de escuela y a una conductora de radio tras acusarlos de “terrorismo” por publicar en Twitter y Facebook informaciones que resultaron falsas y produjeron pánico entre padres de familia. Los detenidos enfrentaban penas de hasta treinta años de prisión, aunque finalmente fueron liberados. Un mes antes, el 11 de agosto, David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña (donde dos jóvenes de 20 y 22 años fueron condenados a cuatro años de cárcel por montar —por separado— páginas de Facebook donde convocaban a motines, que no se realizaron), declaró en el parlamento que, en respuesta a las revueltas que habían tenido lugar en el país, su gobierno estudiaba medidas para prohibir a personas que utilizaran las redes sociales “para la violencia”, o de plano bloquear totalmente el acceso a las mismas, en “situaciones de emergencia”. La censura electrónica no es un hecho exclusivo de las diez naciones que la ong Reporteros sin Fronteras calificó de “enemigos de Internet” en 2011 (Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria, Turkmenistán y Vietnam). La organización tiene en su lista de “países bajo vigilancia” a estados de todos los continentes (Australia, Bahréin, Bielorrusia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Francia, Libia, Malasia, Rusia, Sri Lanka, Tailandia, Turquía y Venezuela). “Unos sesenta países practican la censura, ya sea a través del filtraje [bloqueo de páginas] o del acoso a los netciudadanos”, dice el informe anual de la organización. “Uno de cada tres internautas [en el mundo] no tiene acceso a un Internet libre”. Hechos como los de México y Gran Bretaña indican que la tentación de controlar los flujos de información aparecen en más naciones, mientras que en Estados Unidos (eu) se debate el proyecto de ley protect ip, que rechazan grupos de derechos de los internautas. La abierta persecución que ha realizado este último país contra el sitio web WikiLeaks contradice, además, la vocación declarada por su gobierno: “Sobre la cuestión de la libertad en Internet, nos ubicamos del lado de la apertura”, dijo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en febrero de 2010. Insistió en ello al constatar los actos de censura de Internet con los que países como Irán, Egipto y Libia respondieron a alzamientos populares recientes. 218
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De un objetivo correcto, como combatir la pornografía infantil, se pasa a otros mucho menos claros, como proteger la moral o el potencial cultural, con lo que se abre la puerta a una aplicación arbitraria y masiva de los controles de Internet. De manera similar, una vez que se empieza con la censura simple, los gobiernos pasan a la manipulación de los debates digitales. Los chinos fueron los primeros, pagando a usuarios para que promuevan o defiendan sus posturas. En eu se está haciendo en grande: documentos dados a conocer por el grupo de hackers Anonymous revelan que el ejército de ese país pretende hacerlo con software que multiplica por diez la influencia de grupos de usuarios dedicados a intervenir interesadamente en discusiones en línea. “Antes no sabías si tus contactos de Facebook eran amigos de verdad, ahora no sabrás siquiera si son reales, de carne y hueso”, bromea en serio, vía Skype, Liu Li, un ciudadano chino que bloguea bajo esta identidad falsa y que, como otros compatriotas suyos, se ha convertido en un improvisado maestro de los métodos para traspasar la Gran Muralla de Fuego China (Great Chinese Firewall, forma coloquial de referirse a la censura de su país). “No sé si me sorprende que en Occidente traten de controlar la Internet. Lo que me asustará es que ustedes lo permitan. No saben lo que es ejercer tu derecho de expresión y vivir con miedo por ello”.
APAGONES DIGITALES Al censurar Internet, el tiro puede salir por la culata. Algunos regímenes árabes, que creyeron enfrentar “revoluciones Facebook”, descubrieron muy tarde la exageración: en Libia, el gobierno de Muamar Gadafi apagó Internet por completo el 17 de febrero de 2011, y así permaneció durante los seis meses de guerra, hasta el 23 de agosto, cuando los rebeldes tomaron la capital y restauraron el servicio. En Egipto pasó lo mismo durante cinco días a partir del 29 de enero. No sirvió de nada. En el caso egipcio, Internet había funcionado como el gatillo de la insurrección. Una vez disparada la bala, no hubo nada más qué hacer. En realidad, son muy pocos los árabes que tienen acceso a Internet y Facebook: sólo 24 por ciento y 5 por ciento en Egipto, respectivamente; y apenas 5 por ciento y 4 por ciento en Libia (según el sitio Internet World Statistics). La penetración de la telefonía celular, en cambio, es mucho mayor: 67 por ciento en el primer país y 78 por ciento en el segundo. También suspendieron este servicio, y tampoco sirvió hacerlo. La gente ya estaba en la calle. En Egipto, sin embargo, apagar Internet sí pudo haber acelerado la caída del presidente Hosni Mubárak. Esta decisión no afectó a los manifestantes, ni al sector de la economía más tradicional, del que viven los pobres, sino al más moderno y rico, el que depende de la red para funcionar. La aerolínea nacional EgyptAir, por ejemplo, tuvo que suspender sus operaciones al ser incapaz de coordinar sus vuelos, o tan siquiera de encontrar las reservaciones en sus sistemas. Una estimación de la ocde cifra en 90 millones de dólares el costo del bloqueo electrónico en el país. Las grandes empresas nacionales (muchas de ellas propiedad de oficiales del ejército) y extranjeras se convencieron de que el presidente tenía que irse. La junta militar que gobierna Birmania (Myanmar) aplastó de manera sangrienta un movimiento popular en 2007; además, suspendió Internet. Como su plataforma nacional de acceso no estaba diferenciada, al impedir el servicio a los ciudadanos también lo
cortaron para el régimen, por lo que a partir de ese año la junta se aseguró de que los proveedores comunicaran de forma diferenciada a la población, el gobierno y los militares. Así, cuando ocurra la próxima crisis, podrán cortar el acceso a sus ciudadanos, sin verse afectados directamente. En Irán, como respuesta al movimiento de rechazo al fraude electoral del 12 de junio de 2009, el gobierno fue más cauteloso. Calló Internet sólo por un día, el sábado 13, y durante los siguientes, optó por mantenerlo funcionando a una velocidad muy baja. Otra medida fue bloquear el acceso a los sitios web que usaban los opositores, incluidos YouTube, Twitter, Facebook y numerosos blogs, así como el envío de mensajes de texto sms. Además de dificultar la coordinación entre manifestantes, el objetivo (tras expulsar a la prensa extranjera y perseguir a la nacional) era impedir que los usuarios transmitieran fotografías y videos de la represión. A más de dos años de distancia, Irán ha anunciado sus intenciones de seguir el camino de Cuba, un país en donde muy pocas personas (altos funcionarios, periodistas extranjeros, turistas en algunos hoteles) tienen acceso a la red mundial (con páginas bloqueadas): la población en general, o al menos la minoría que puede usar computadoras interconectadas, sólo puede entrar a una intranet isleña en donde no aparecen más páginas que las autorizadas por el gobierno. El objetivo declarado de los iraníes es dotarse de una intranet parecida, que pueda crecer, para abarcar el mundo musulmán.
LA GRAN MURALLA (DE FUEGO)
“Publicamos la imagen de la Policía de Internet en la forma de una caricatura [que aparece en las pantallas] para que todos los usuarios sepan que Internet no es un lugar fuera de la ley y que la Policía de Internet mantendrá el orden en línea”. Los periodistas extranjeros hablan de una entidad secreta de nivel nacional dedicada a controlar Internet, de la que no se conocen evidencias, pero se da por hecho que existe. Y se estima que en ella trabajan treinta mil personas. “Se sabe, aunque no lo podamos demostrar”, explica un reportero occidental radicado en Beijing, que prefiere no revelar su identidad. Las metas de la censura, como se describe al principio de este reportaje, pueden expresarse en términos positivos. Lo que se puede hacer con ella es otra cosa. La denuncia de los rumores que hizo la agencia de noticias Xinhua se produjo a raíz de un episodio especialmente vergonzoso para las autoridades chinas. Después de que 39 personas murieron y 190 resultaron heridas en el choque de dos trenes bala en la provincia de Zhejiang (23 de julio de 2011), y de que los equipos de rescate recibieran órdenes de enterrar varios de los vagones, antes de que terminaran el salvamento, para restablecer el servicio sin dejar huellas demasiado evidentes, un estallido de indignación popular se expresó a través de Sina Weibo, un
difundieran emocionantes historias de rescate, era demasiado tarde. Uno de los tuiteros hizo preguntas incómodas que fueron retuiteadas miles de veces: “Los cuatro vagones que cayeron estaban llenos con más de 400 personas. Realmente no creo que sólo 210 hayan sido heridos y 35 muertos. Entonces, ¿qué pasó con el resto de la gente? ¿Se cayeron del viaducto después del choque de los trenes sin siquiera lastimarse? ¿Por qué no publican la lista de víctimas? ¿Por qué enterraron los vagones, a pesar de que la gente no quería? ¿Por qué no permiten una investigación independiente? Yo simplemente no creo las cifras publicadas por el Ministerio de Ferrocarriles”. De ahí la molestia de la agencia oficial de noticias china con la “enfermedad social de los rumores”. El 26 de agosto, según The New York Times, Sina Weibo notificó a varios usuarios la suspensión de sus cuentas, entre anuncios de que se eliminará el anonimato, al exigir que todos se identifiquen. “Nos van a apretar el cuello una vez más”, afirma el bloguero Liu Li, “lo de los trenes fue una papa caliente que arrojamos a las manos de los dirigentes, tuit por tuit, y van a seguir actuando para endurecer sus controles, aunque ya sean más que duros”. El 25 de julio, el mismo diario reportó que el distrito de Dongcheng (donde está Beijing) empezó a exigir a los cafés, escuelas privadas y establecimientos que ofrecen servicio de internet Wifi, que instalen un software de tres mil cien dólares para permitir a la Policía de Internet conocer la identidad de las personas que se conectan. Esto afecta a quienes prefieren no arriesgarse a navegar por sitios prohibidos desde sus casas u oficinas, ni transmitir o colgar informaciones delicadas. Ahora tampoco pueden hacerlo en cibercafés, porque deben identificarse antes de usar las máquinas. El riesgo de hacer enojar a las autoridades es alto, como ocurre en general con cualquier manifestación pública o privada de disidencia en China. Los ejemplos son numerosos, desde un incidente muy famoso de 2001: el servicio de correo Yahoo! accedió a las exigencias del gobierno y reveló
“Unos sesenta países practican la censura, ya sea a través del filtraje (bloqueo de páginas) o del acoso a los netciudadanos”, dice un informe de Reporteros sin Fronteras.
La censura en China es la más grande y eficiente del mundo. Muchas ciudades cuentan con unidades de vigilancia locales. El director de la de Shenzhen, una megaurbe de diez millones de habitantes, vecina de Hong Kong, dio a conocer en 2006 que su división especializada adoptaba como mascotas a dos nuevos personajes de cómic, el niño Jinjing y la niña Chacha, que no por simpáticos escondían el mensaje: “La Policía de Internet ha existido por largo tiempo”, declaró el funcionario.
servicio de microblogging parecido a Twitter, que el gobierno chino estableció como alternativa cuando este último fue censurado. Ahora debe lamentar haberlo creado porque, a pesar de que ha habido accidentes más graves, la reacción a éste fue especialmente furiosa. Los aparatos de censura de la prensa no pudieron reaccionar con la velocidad necesaria para adelantarse a los tuits, la información se desbordó sin control y, cuando llegaron las órdenes de que los medios evitaran analizar el desastre y
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quiénes eran los dueños de varias cuentas desde donde se enviaron mensajes anónimos a una lista de correos, que Yahoo! además cerró. Los acusados recibieron sentencias de diez años de cárcel. Muchos otros internautas han sufrido represión física, desde sanciones hasta golpizas. Según Reporteros sin Fronteras, hasta marzo de 2011, China era “la mayor cárcel de netciudadanos” (personas que usan la red como parte de su ejercicio cívico), con 77, seguida de Vietnam, con 18, e Irán, con 9 (donde Hossein Derakhshan, considerado padre de la blogósfera persa, cumple la pena de prisión más severa contra un bloguero, de 19 años y medio de encierro). En total, en el mundo hay 119 encarcelados por su actividad en Internet.
EL PELIGRO DE BLOGUEAR En los países árabes, los blogueros son vistos como una amenaza, debido al papel de algunos de ellos en los llamados a manifestarse que desataron los alzamientos de 2011. En mayo pasado, el Berkman Center for Internet and Society de Harvard dio a conocer que, de 98 blogueros árabes entrevistados en ese mes, un tercio había recibido amenazas por dar a conocer lo que opinaban, mientras que a una quinta parte le habían hackeado alguna de sus cuentas en servicios en línea y nueve de ellos habían sido arrestados o detenidos a causa de su actividad digital. “Constantemente me llegan amenazas de las fuerzas paramilitares, de militantes de partidos políticos o de gente anónima”, refiere a Esquire el libanés Imad Bazzi, un bloguero del sitio trella.org. “Todo esto se debe a que apoyo a los ciberdisidentes en la región”. Bazzi es director de CyberACT, una ong dedicada a respaldar a activistas de Internet de la región que enfrentan el hostigamiento de sus gobiernos. El 6 de septiembre, cuando voló a El Cairo para asistir a una reunión para realizar un documental sobre la revolución egipcia del 25 de enero, las autoridades de migración lo detuvieron y deportaron, pues le dijeron, “que [su] nombre estaba en una lista
de gente a la que el aparato de seguridad ha prohibido entrar”. Esto ocurrió después de que, el 18 de agosto, a raíz de una campaña de Internet (en la que participó Bazzi) que generó gran atención sobre el caso de la bloguera Asmaa Mahfouz, la junta militar egipcia abandonó la acusación judicial que había presentado contra ella por “difamar al ejército”. Mahfouz estaba libre bajo fianza (pagó tres mil dólares, una cantidad muy elevada en Egipto) y no iba a ser juzgada en un tribunal civil, sino en una corte marcial, debido a una serie de tuits en los que cuestionaba las contradicciones de los generales en el proceso del ex presidente Hosni Mubárak, enjuiciado por la muerte violenta de 850 personas. Por eso tuiteó que, sin ley ni justicia, la violencia se apoderaría de las calles. Más allá de responder a la presión extranjera, los generales pueden haber considerado que condenar a Mahfouz era peligroso. Ella tuvo un papel vital cuando le puso rostro y voz a la convocatoria a manifestarse que se convirtió en revolución, al grabar y subir a YouTube un video en el que pedía a la gente salir a la calle el 25 de enero. El ejército egipicio no ha sido así de “generoso” con otras personas. Sólo dos días
del ejército ante la insurrección y lo acusaba de haber torturado a activistas. Considerado el primer preso de conciencia desde la revolución, Sanad empezó una huelga de hambre el 23 de agosto. Uno de los últimos incidentes se produjo el 7 de septiembre, cuando fue rechazada la apelación del bloguero Kareem Reda, autor del blog Sarkha, contra una multa de 3,500 dólares que le fue impuesta a instancias de una compañía privada. La gasera Petrograde lo demandó por difamación, insulto y daño a sus intereses y a la economía nacional, después de que Reda creó una página en Facebook en la que llamaba a boicotear los servicios de Petrograde y a no pagar los recibos de gas porque la empresa seguía exportando el hidrocarburo a Israel a precios por debajo de los del mercado. La respuesta de algunos blogueros ha sido la de autocensurarse. Bazzi se opone a ello: “Creo que tengo el derecho de expresar libremente mis ideas y creencias. Es mi derecho humano y legal, garantizado por la Constitución libanesa”. “Está bien si me deportaron de Egipto”, tuiteó Bazzi al día siguiente del hecho. “Tendré la oportunidad de sentarme y mirar mañana a los rebeldes recuperando su país, buena suerte #Egipto”.
En Egipto, apagar Internet pudo haber acelerado la caída del presidente Hosni Mubárak, pues esta decisión afectó al sector más moderno y rico, que depende de la red para funcionar.
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antes de “perdonar” a Mahfouz, los jueces militares condenaron a dos jóvenes de 18 y 23 años a seis meses de cárcel por gritar consignas contra la junta en una manifestación. La oposición estima que, desde la caída de Mubarak, el 11 de febrero, entre diez y veinte mil personas han sido detenidas por protestar contra el régimen y serán procesadas por cortes marciales. El caso emblemático entre los blogueros, sin embargo, es el de Maikel Nabil Sanad, quien desde el 10 de abril purga una sentencia de tres años de prisión por colgar entradas en las que cuestionaba el papel
En su declaración judicial, Bravo Pagola se mostró sorprendida por la acusación de terrorismo: “No sé utilizar explosivos, no tengo acceso a sustancias tóxicas, no existen en mi casa armas de fuego o materiales para provocar un incendio, nunca he llamado innecesariamente a la policía o a los bomberos, nunca he inundado nada y carezco de cualquier otro medio para realizar actos en contra de las personas”. Organizaciones internacionales y nacionales, así como políticos de varios partidos, que no disculpaban las acciones de los acusados, señalaron que se atentaba contra la libertad de expresión y que el acto judicial era desproporcionado. Reporteros sin Fronteras afirmó que “esta inculpación es delirante” y recordó que, mientras se encarcelaba a estos ciudadanos, las autoridades no han reportado avances en las investigaciones de los periodistas asesinados en el Estado, tres de ellos en 2011: Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Ángel López Velasco y Noel López Olguín. Finalmente, el gobernador Javier Duarte propuso una modificación al código penal que separe el delito de “perturbación del orden público” del de “terrorismo”, con penas más bajas, para garantizar el derecho a expresarse libremente (en contraste, el gobierno tabasqueño analiza un proyecto para castigar hasta con cinco años de cárcel a quienes difundan rumores que generen “alarma social”). La tentación de limitar o controlar los flujos de información en Internet también tropezó del otro lado del Atlántico. A raíz de la serie de motines en diversas ciudades inglesas, con saldo de cinco muertos y un centenar de heridos, el primer ministro David Cameron propuso, el 11 de agosto, que se considerara admitir que servicios como Twitter, Blackberry y Facebook estuvieran prohibidos
TWITTERTERRORISMO
“Terrorismo equiparado y sabotaje”. Esos son los cargos que pesaban en México sobre los veracruzanos María de Jesús Bravo Pagola y Filiberto Martínez Vera, detenidos el 26 de agosto y liberados el 21 de septiembre, luego de que el gobierno estatal retiró las acusaciones en su contra. Pasaron casi un mes en prisión por haber emitido una serie de tuits sobre supuestos enfrentamientos armados en escuelas que, aseguró el gobierno estatal, provocaron pánico de padres de familia y choques de vehículos. “Por favor vayan por sus hijos”, escribió Bravo Pagola en Facebook, “Sedena (ejército) sugiere y ordena el desalojo de las escuelas”. Martínez Vera escribió tuits como éstos: “Confirmo en la Esc. ‘Jorge Arroyo’ de la Col. Carranza se llevaron 5 niños, grupo armado, Psicosis total en la zona” [ sic ]. I l l u s t r at i o n b y T K
para personas con antecedentes penales. Su compañera de partido, la diputada conservadora Louise Mensch, pidió que esas plataformas fueran totalmente bloqueadas durante situaciones de “emergencia nacional”. Tal como hicieron Irán, Egipto y Libia, entre otros, cuando enfrentaron sus propias insurrecciones. El proyecto generó una intensa polémica y, finalmente, el gobierno abandonó sus intenciones cuando el diario The Guardian publicó un análisis de contenido de dos millones y medio de tuits relacionados con los motines ingleses, realizados entre el 6 y el 17 de agosto. La conclusión del análisis fue que “los datos ponen en duda la asunción de que Twitter jugó un papel generalizado en la incitación a la violencia”. En cambio, sigue el texto, “revelan cuán extensamente se usó Twitter para coordinar un movimiento de los ciudadanos para limpiar las calles después del desorden”. El 25 de agosto, al día siguiente de la difusión del análisis, la secretaria del Interior (Home Secretary) británica, Theresa May, se reunió con representantes de Facebook, Twitter y Research in Motion (BlackBerry) para, contra lo que se esperaba, informarles que su gobierno no tenía “intención de restringir los servicios de Internet”. Antes del encuentro, esas empresas alertaron del peligro de que Gran Bretaña se convirtiera en un país que ejerce la censura en línea. The Guardian había advertido que esas “tres compañías tecnológicas estadounidenses vienen de un continente donde existe una sólida tradición de libertad de expresión”. “Ése es un valor que no está de forma alguna asegurado”, opina Joe Frank, periodista de San Francisco especializado en medios digitales. “Fíjate en WikiLeaks, o en protect ip. Las tendencias represivas están vivas en Estados Unidos”.
CENSURA EN LA “TIERRA DE LOS LIBRES” El sitio web de filtraciones WikiLeaks ha provocado varios escándalos al revelar cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno de eu. Entre otros políticos indignados, la ex candidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, exigió que el fundador de ese sitio, el australiano Julian Assange, fuera “cazado y muerto tal como los líderes de Al Qaeda y el Talibán”. El gobierno estadounidense mantiene una ofensiva diplomática que podría terminar en la extradición de Assange y su procesamiento por cargos de espionaje. Varias empresas de ese país que prestaban servicios a WikiLeaks, como Paypal, Visa y Amazon, los suspendieron como represalia. La supuesta fuente de la mayor de esas filtraciones, el soldado Bradley Manning, fue arrestado en mayo de 2010 (cuando tenía 23 años, y puede ser condenado a cadena perpetua) y organismos de derechos humanos han denunciado que sus carceleros lo mantienen sujeto a condiciones especialmente agresivas, en aislamiento total y con hostigamiento cuando duerme. En paralelo, el Congreso de esa nación discute una iniciativa, respaldada tanto por republicanos como por demócratas, llamada
expresión. Además, la facilidad para “saltarse” los procedimientos actuales nulifica el derecho a la presunción de inocencia. “A cualquiera de nosotros nos pueden acusar de violar el copyright”, alerta el periodista Joe Frank. “Con esa ley, si te quieren callar, te pueden encontrar en el Facebook o en el blog una foto, un logotipo, una cita muy larga o un simple eslogan registrado. Imagina al (senador Joseph) McCarthy (que lanzó una cacería de brujas contra supuestos comunistas en los años cincuenta) empoderado por una protect ip. (Sería) el paraíso de las mordazas”.
¿VERDADEROS AMIGOS EN FACEBOOK? La guerra de la censura es difícil. No sólo para los censurados: los censores saben que, por cada nueva técnica que aplican, encontrarán a expertos decididos a desarrollar las herramientas para superarla. Los internautas de Irán, China, Egipto, Cuba y otros países con restricciones, se han acostumbrado a buscar la manera de seguir blogueando. “La censura también opera a través de una batalla de comentarios”, dice el informe 2009 de Reporteros sin Fronteras, que recoge casos como el de las Olimpiadas de 2008 en Beijing, en las que “el gobierno pagó a usuarios de Internet para que hicieran comentarios pro gubernamentales” en línea. Esos internautas eran “llamados los ‘cinco centavos’, una referencia irónica al dinero que se pagaba por comentarios no espontáneos. Así contribuían a la manipulación de las noticias y la información”. Estados Unidos no podía quedarse atrás. El 16 de febrero de 2011, el bloguero Happy Rockefeller, de la popular página estadounidense Daily Kos, reveló documentos robados por el grupo de hackers Anonymous y supuestamente pertenecientes a Aaron Bar, quien era presidente ejecutivo de la compañía HBGary (conocida por prestar servicios como desacreditar a blogueros progresistas o contribuir a los ataques contra WikiLeaks) pero tuvo que renunciar a raíz de este embarazoso incidente de seguridad. Esta información indica que la empresa está desarrollando “persona management software”, es decir, programas que permiten que un solo operador administre diez o más “personas”, llamadas “marionetas”, que son falsos usuarios de Internet que intervienen en los debates digitales para manipular la información. Cada una de estas “personas” debe tener información de vida, fotografías, relaciones y elementos para ser creíbles: “Hay una variedad de trucos de redes sociales que podemos usar para darle un nivel de autenticidad a todas las personas ficticias”, dice el documento atribuido a HBGary. “Crearemos una serie de personas en Twitter, blogs, foros, Buzz y MySpace bajo nombres que correspondan con el perfil (satellitejockey, hack3rman, etc). Con un grupo de estas cuentas para elegir, una vez que tienes el ‘nombre real’ de una persona, se crea una cuenta de Facebook y LinkedIn usando ese nombre”. Así, explica Rockefeller, se puede crear “un ejército de marionetas, de manera que un pequeño equipo de operadores puede simular ser enorme, al tiempo en que evita que las falsas personas se tropiecen unas con otras. (...) este equipo puede automatizar algunas funciones para que un solo operador parezca todo un motín en línea”. Todo esto, seguían los documentos de Bar, es “para propósitos de infiltración, recolección de datos y, aquí está el que me preocupa,
Los periodistas extranjeros en China hablan de una entidad secreta de nivel nacional dedicada a controlar Internet, y se estima que en ella trabajan 30 mil personas. Ley de Prevención de Amenazas Reales en Línea a la Creatividad Económica y del Robo de la Propiedad Intelectual” (protect ip por su siglas en inglés). Con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, esta norma permitiría el secuestro de dominios ip de los supuestos infractores en todo el mundo (no sólo los de eu, es extraterritorial), forzaría a los buscadores de Internet a bloquear los resultados relativos a esas direcciones y permitiría a los titulares de derechos de reproducción (copyright) saltarse los procedimientos actuales y pedir órdenes judiciales directas. Esto dejaría en la indefensión al sitio web acusado de reproducir contenido ajeno sin autorización, al prohibir que se establezcan relaciones comerciales con él: aunque no se haya demostrado su culpabilidad, se quedaría de todas maneras sin ingresos publicitarios, sin alojamiento ni conexión. Si los acusados quisieran oponerse, antes de presentar cualquier alegato deberán haber aceptado el secuestro del dominio y de sus cuentas bancarias. La oposición al proyecto proviene de un abanico amplio, que incluye desde activistas como Human Rights Watch y el grupo especializado en derechos digitales Electronic Frontier Foundation (eff), hasta empresas como Google, eBay y American Express. eff ha criticado que no se especifica lo que es un sitio web infractor, y utiliza para ello el caso de WikiLeaks que, si fuera acusado de distribuir contenido protegido por copyright, podría ser excluido de los buscadores o perder su alojamiento web y, al cerrar una página completa —en lugar de eliminar un contenido específico—, se estaría censurando el contenido legal y violando la libertad de 222
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aplastar como una pandilla a blogueros, comentaristas y gente real, por calumniar enemigos y distorsionar la verdad”. Un internauta que escriba algo que no guste al dueño de este equipo de operadores podrá encontrarse de pronto inundado de comentarios adversos, algunos ridiculizándolo brutalmente y otros invitándolo con amabilidad a cambiar de opinión. Además, no hay por qué limitarse a reaccionar a lo que cuelga la gente: también se puede tomar la iniciativa y promover debates en los que una multitud de marionetas comparte la misma opinión. Así se crea “la ilusión del consenso”, reporta el bloguero, “que es poderosa para convencer. ¿Qué tiene un efecto mayor, un tipo que dice que British Petroleum (la empresa del derrame petrolero en el Golfo de México en 2010) no cometió ninguna falta, o veinte que lo afirmen ? Para los de mente débil, el número puede hacer toda la diferencia”. ¿Quién puede comprar y hacer uso de un programa como éste? Compañías, firmas de relaciones públicas, empresas de mercenarios como Blackwater (ahora xe Services) o… los gobiernos nacionales. Dada la alerta, los internautas se pusieron a buscar y pronto encontraron. Stephen C. Webster, del sitio The Raw Story, halló en Internet una licitación del 6th Contracting Squadron, en la base MacDill de la Fuerza Aérea, en Florida, que pedía “persona management software”, con 50 licencias de usuario, con 10 personas cada uno, o sea, 500 marionetas que debían estar, decían las bases de licitación, “repletas de contexto, historia, detalles de apoyo y ciberpresencias que sean consistentes técnica, cultural y geográficamente”. De inmediato, la solicitud militar fue retirada de la red. Ya era tarde y, en algún momento, el Comando Central de eu, que maneja las operaciones militares en Asia Central y Oriente Medio, admitió que estaba desarrollando software propio de administración de identidades de Internet. El 17 de marzo de 2011, el comandante Bill Speaks, vocero del Comando Central, no aseguró que sus intenciones eran buenas, sino que no afectarían a los estadounidenses. Ninguna de las intervenciones será en inglés, afirmó, porque sería ilegal “dirigirnos a audiencias de eu”, de manera que sólo se realizarán en árabe, farsí, ursu y pashtún. Eso es lo que nos dicen. ESQ
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