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I Derechos
Justicia perseguirás
La Red Argentina de Abogacía Comunitaria (Raac) reúne a diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de transformar el ejercicio y el acceso a los derechos para todos los ciudadanos; especialmente, para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
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TEXTO SOFÍA MOURE
La desigualdad impacta de muchas formas en los sectores más desprotegidos. Podrá comenzar como una brecha económica, pero, gradualmente se convierte en un abismo en todos los aspectos posibles. El acceso a los derechos y su ejercicio efectivo es un claro ejemplo. Por eso, varias organizaciones crearon la Raac, con el objetivo de lograr el empoderamiento jurídico de las comunidades más vulnerables, a través de la práctica de la abogacía en los territorios. “La Red consiste en un espacio de articulación, apoyo, incidencia y aprendizajes entre organizaciones y profesionales del derecho de todo el país, para acompañar en la resolución de las necesidades legales y problemas estructurales que afectan, de manera similar, a grandes grupos en situación de vulnerabilidad”, explica Natalia Echegoyemberry, abogada del Programa Acceso a la Jus-
ticia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), una de las organizaciones promotoras de la Raac, junto con Fundeps, Techo, Capibara, Xumek - Repad y Andhes.
“Es una red federal y apartidaria, que pretende generar alianzas e intercambio entre las organizaciones sociales, profesionales y activistas que entendemos al derecho como una herramienta de cambio y transformación social,
“Es una red federal y apartidaria que pretende generar alianzas e intercambio entre las organizaciones sociales, profesionales y activistas que entendemos al derecho como una herramienta de cambio y transformación social.” Florencia Díaz Peccinetti, directora ejecutiva de Xumek.
SABER ES PODER
Abogacía comunitaria, empoderamiento legal, empoderamiento jurídico comunitario, abogacía social y/o popular.Las formas de nombrar y definir este campo varían, pero “todas comparten la idea de que es fundamental el conocimiento del derecho por parte de las comunidades, para poder ejercerlo y transformarlo”, explica Natalia Echegoyenberry.
Desde la Raac entienden que “es el trabajo legal con entornos de exclusión social sistémica y estructural y dedicado al desafío y transformación de sus condiciones materiales, subjetivas, sociales e institucionales, a través de la construcción de empoderamiento jurídico comunitario”.El objetivo es que las comunidades puedan conocer, promover y ejercer sus derechos para lograr el acceso real e igualitario, tal y como expresa Florencia Díaz Peccinetti.
“Gracias a este empoderamiento, la comunidad asume un rol protagónico en la lucha y reivindicación de sus derechos, especialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los civiles y políticos”, destaca también Mayca Balaguer.
“Es fundamental el conocimiento del derecho por parte de las comunidades, para poder ejercerlo y transformarlo.” Natalia Echegoyemberry,abogada del Programa Acceso a la Justicia de Acij.
y trabajamos en el campo de la abogacía comunitaria y el empoderamiento jurídico comunitario”, aporta, por su parte, Florencia Díaz Peccinetti, directora ejecutiva de Xumek, y señala que “todas las organizaciones que formamos la Raac encontramos, en nuestra labor, problemas comunes vinculados al acceso a derechos de los sectores históricamente vulnerabilizados”. Y, como es dicho comúnmente, la unión hace la fuerza.
La brecha jurídica
Existen diversas limitaciones al momento de trabajar en la promoción de derechos, muchas derivadas de la escasez de recursos económicos para responder a las demandas o de las presiones y pujas políticas que sufren quienes ejercen la abogacía. Además, “en Argentina existe una brecha muy grande entre la normativa existente en materia de protección de los derechos humanos y la efectiva implementación de esas normas”, sostiene Mayca Balaguer, coordinadora de Asuntos Legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
“A su vez, las leyes y políticas públicas no suelen pensarse desde y con las comunidades más afectadas, a pesar de que deberían ser ellas las protagonistas del diseño de aquellas políticas que impacten en la efectiva vigencia de sus derechos”, añade, y señala que este contexto se ve agravado “por la desigualdad en el acceso a la Justicia. El sistema jurídico argentino en muchas oportunidades estigmatiza, criminaliza y hostiga a las personas más vulnerabilizadas, en lugar de procurar su amparo y defensa”, remarca Balaguer.
Frente a estas situaciones es que se crea la Raac. Así lo explica Echegoyenberry: para promover una mayor visibilización de las experiencias vinculadas a la temática, llevar adelante una agenda de incidencia en políticas públicas locales y nacionales; incrementar el debate nacional sobre la abogacía comunitaria y su desarrollo como campo disciplinar, y generar una comunidad de aprendizaje que respete la pluralidad de pensamientos y opiniones, y fortalezca el crecimiento comunitario. Es como expresa Díaz Peccinetti: “El trabajo conjunto y la articulación de esfuerzos es lo que permitirá potenciar nuestras acciones de activismo y empoderamiento jurídico, en pos de lograr el efectivo acceso a derechos de las personas, colectivos y comunidades más vulnerabilizadas del país, y revertir la discriminación estructural a la que son sometidas”.
Argentina es un país muy avanzado en materia de Derechos Humanos. Pero todavía tiene deudas pendientes en cuanto a los modos en que esos derechos se cumplen para los distintos sectores. La Raac viene a intentar cubrir esos espacios donde el Estado parece faltar un poco más y a contribuir a que los sectores vulnerabilizados sean protagonistas.
CÓMO CONECTARSE Acij:
www.acij.org.ar| info@acij.org.ar
Fundeps:
www.fundeps.org| info@fundeps.org
Xumek - Redap:
www.xumek.org.ar| contacto@xumek.org.ar
Alberto Minujín
El fundador de Equidad para la Infancia y profesor de la New School, en Nueva York, analiza la realidad de chicos y chicas en un marco de pobreza que se agudizó con la pandemia y propone que sean escuchados a la hora de diseñar las políticas públicas que los afectan.
TEXTO EDUARDO SANTACHITA
Alberto Minujín desempeñó varios cargos en Unicef y se convirtió en un referente sobre derechos de la infancia y políticas sociales ante gobiernos y organismos internacionales. Hoy dirige la organización que él mismo fundó, Equidad para la Infancia. Desde Nueva York, donde es profesor en la New School University, sonríe amablemente, acomoda la cámara de su computadora para aprovechar la luz que entrega el sol de Manhattan y se dispone a conversar, videollamada mediante, con Tercer Sector.
–Tiene una Licenciatura en Matemática y un posgrado en Estadística. Uno podría pensar que una persona que se ocupa de los derechos de la infancia proviene de las Ciencias Humanas. ¿Cómo llegó a dedicarse a políticas sociales?
–Por mi formación empecé a trabajar con encuestas de hogares. Fui director nacional de estadísticas sociales en Indec, donde trabajaba con censos de población, y eso me fue llevando. Cada vez me dediqué más a las políticas y menos a las estadísticas.
–¿A convertir esos números en acción, se podría decir?
–Claro, porque ése es el tema. La información tiene que convertirse en acciones, que sirva para alguna cosa específica. En la actualidad, por un lado creé una organización que se llama Equidad Para La Infancia, que es parte de la New School. Ahí trabajamos temas de desigualdad, pobreza, desigualdad urbana y a través de investigaciones buscamos ser un puente entre la academia, las grandes instituciones y las pequeñas organizaciones, como las ONG y asociaciones ciudadanas.
–A grandes rasgos, ¿qué está pasando con la pobreza infantil en la región?
–América latina tiene un primer tema: no se puede separar pobreza de inequidad. La gente no es pobre, así como alguien es alto o bajito, son personas que viven en situación de pobreza y eso se puede evitar, cambiar, mejorar. Nuestra región tiene mucha pobreza infantil, pero además, una altísima inequidad, y la pandemia ha tocado fuertemente a los sectores en peor situación. Con respecto a la infancia, es la máxima migración que se ha dado. Durante la pandemia se calcula que 1.800 millones de chicos y chicas migraron del colegio a sus casas para estudiar. No cambiaron de país, pero su vida cambió totalmente.
–¿Qué efectos tiene esa migración?
–Un problema es que no tienen Internet para las computadoras, sino para el teléfono, y a veces
comparten el celular entre tres o cuatro chicos. Y hay distintos problemas: uno, con los más chiquitos que no lograron entrar al colegio, provocando un desfasaje en el aprendizaje; otro, con los y las adolescentes que se cayeron del sistema. Hay que ser muy creativo e imaginativo. Una cosa que me parece fundamental es darles voz y representación a estudiantes y a sus familias. Se habló mucho de cómo volver a la escuela, pero yo no vi que se les preguntara a los chicos y a las chicas qué pensaban ellos.
–A propósito, usted ha escrito sobre la autonomía de niñas, niños y adolescentes, ¿podría explicar cuál es la relevancia de ese concepto?
–Ellos tienen que tener autonomía de opinión, dentro de las familias y en los ámbitos donde se mueven. Los chicos y chicas saben muchas cosas que los adultos ni siquiera las vemos ni las imaginamos. No hay que hablarles desde arriba, tenemos que ponernos a su altura, mirarlos a los ojos y prestar atención, y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. No son pasivos recipientes de políticas sociales, son activos participantes de programas. No son objeto, son sujeto. Hay que pensar los programas con ellos.
–¿Qué características debería tener una política pública que se ocupe de la inequidad que usted describía antes?
–Nosotros hicimos una experiencia denominada En primera persona. Ahí les pedimos a las familias en situación de pobreza que contaran cómo están y qué hicieron para sobrevivir a esta situación, y descubrimos que la gente creó una red extendida. No son la familia de sangre, son amigos, gente de la comunidad. El papel de las ONG locales y las iglesias fue y es muy importante. Por eso ahora estamos trabajando para la pospandemia, porque en algún momento tenemos que salir de la emergencia y encarar planes que busquen mayor equidad. Y para eso es fundamental potenciar estas experiencias que hubo en todas las villas y
barrios populares, donde las ONG se organizaron.
–No alcanza con volver a la normalidad, ¿no?
–En uno de los webinar que hicimos con activistas, una de ellas dijo justamente eso: “Yo no quiero volver a la normalidad. Es pésima mi normalidad. Yo quiero que vayamos a otra cosa”. Yo suelo decir que es como una carrera de obstáculos, pero no una con una valla cada dos o tres metros, sino que, en este caso, se van apilando. Porque un chico que nace en una familia pobre, en un barrio que no tiene agua potable ni centro de salud, ya empieza con un punto negativo. Si además es discapacitado, si sufre cuestiones de género y si encima es migrante… ese obstáculo se hace imposible de pasar. Entonces la pobreza es mucho más que un problema de ingresos, especialmente la pobreza infantil.
BIO
■ Nació en 1947.Se graduó como Licenciado en Matemática en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y obtuvo el Posgrado en Estadística Aplicada en la Universidad Autónoma de México.Es asesor regional de Unicef para América Latina y el Caribe en Política Social.Se desempeña como docente del Programa de posgrado en Asuntos Internacionales en The New School, New York.Actualmente es director del Programa de la Escuela Internacional de Campo (IFP) en Buenos Aires, Argentina, y es miembro del Observatorio Latinoamericano (OLA).Publicó numerosos libros, artículos y documentos sobre los derechos de la infancia, política social y pobreza y desigualdades.
