Dossier de prensa
«La AGE son ciudadanas y ciudadanos profesionales organizados para prestar servicios a otras ciudadanas y ciudadanos bajo la dirección política de las autoridades democráticas y bajo la dirección técnica de profesionales reconocidos que gozan de confianza política. La AGE no debe ser ningún arcano donde los iniciados disponen de claves para la determinación de los intereses generales incomprensibles para el común de los mortales». Jordi Sevilla Ex ministro de Administraciones Públicas y senior advisor de PricewaterhouseCoopers
FICHA TÉCNICA: ISBN13-EAN: 9788483563946 Autor: Jordi Sevilla Editorial: LID Editorial Empresarial Colección: Acción Empresarial Biblioteca: PricewaterhouseCoopers Edición: 1ª ed. Idioma: Español Páginas: 224 Encuadernación: Rústica con solapas Formato: 17x24 cm. Impresión: B/N PVP: 19,90€ íNDICE
Introducción de Jordi Sevilla 1. Derecho al buen gobierno, Joan Prats Català 1. La posición singular de la AGE en el sistema administrativo estatal 2. Desafíos de las Administraciones Públicas españolas hoy 3. Lecciones para reformadores 4. Identificando algunos rasgos estructurales que dificultan la eficiencia adaptativa 5. Políticas de reforma/modernización administrativa desde la transición democrática 6. Funciones y capacidades de la AGE que deberían fortalecerse en el contexto actual 7. Más allá de la reforma y la modernización administrativa: las políticas de buena administración 2. Transparencia y participación, Manuel Villoria 1. Instrumentos de transparencia 2. Instrumentos de rendición de cuentas 3. Instrumentos de participación 4. Los marcos de integridad 5. Algunas conclusiones 3. La Administración General del Estado en un Estado compuesto, Rafael Jiménez Asensio 1. La Administración del Estado en la Constitución de 1978 2. La distribución de competencias ejecutivas entre la AGE y las Administraciones de las comunidades autónomas 3. La articulación del ejercicio competencial entre la AGE y las Administraciones de las comunidades autónomas 4. Consideraciones finales 4. Evolución de la estructura y del gasto en la Administración General del Estado, Lorena González Olivares y Juan Antonio Garde Roca 1. Introducción 2. Estructura administrativa y de gobierno 3. Evolución de las políticas de gasto público 4. Algunas consideraciones 5. Reformas organizativas: perspectivas histórica y comparada, Manuel Arenilla Sáez 1. Introducción 2. Diagnóstico de las reformas orgánicas e intergubernamentales 3. Escenarios, principios y criterios 4. Consideraciones finales. Conclusiones 5. Las propuestas en materia de organización 6. Una Administración General del Estado nueva y distinta, Jordi Sevilla 1. La experiencia de tres años como ministro de la cosa 2. La tarea pendiente: el derecho al buen gobierno 3. Un Estatuto del Gobierno central: la AGE que necesitamos Notas
SOBRE EL Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España COORDINADOR (2004-2007), es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En la actualidad es senior advisor de PricewaterhouseCoopers, firma en la asesora sobre el sector de Administraciones Públicas y dirige el desarrollo de estudios sobre liderazgo de pensamiento en áreas como I+D+i o políticas de diversidad y conciliación, entre otras. Asimismo, imparte clases de entorno económico y análisis de países en el IE Business School y colabora con el suplemento Mercados de El Mundo. LOS AUTORES
Joan Prats Català Manuel Villoria Rafael Jiménez Asensio Lorena González Olivares Juan Antonio Garde Roca Manuel Arenilla Sáez
LA OBRA
La reforma de la Administración General del Estado forma parte de la Biblioteca sector público PricewaterhouseCoopers, una iniciativa del Centro PwC/IE del Sector Público. Este proyecto conjunto de la Fundación PwC e IE Business School desarrolla líneas de investigación orientadas a la modernización de las Administraciones Públicas, tanto desde el punto de vista jurídico como económico/financiero o relacionado con la administración electrónica. Además, el Centro impulsa diferentes iniciativas, como un Máster en Gestión Pública o la puesta en marcha y elaboración de publicaciones. Este trabajo expone las claves de la reforma operativa y organizativa que se debe efectuar en la AGE para que pueda cumplir sus tareas constitucionales y «supere las deficiencias serias que afectan a su operatividad: Ley de Agencias, Ley de Administración electrónica, Estatuto Básico de los Empleados Públicos y creación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas». A pesar de que en los últimos años se están tomando medidas para iniciar dicha reforma, éstas no son suficientes. Actualmente, la AGE es la menor de las tres administraciones (según número de empleados civiles y por su papel, tareas y funciones) y además se ha visto alterada por tres factores exógenos de gran calado: la democracia, la descentralización administrativa y el ingreso en la Unión Europea. Según Jordi Sevilla, hoy en día en la AGE: - Tienen todavía mucho peso administrativo los ministerios y son escasos los servicios comunes. - Predomina una estructura vertical y mimética que resulta poco operativa para gestionar los problemas horizontales a los que tiene que hacer frente. - La estructura y gestión de su personal no es la más adecuada a las obligaciones que se le debe exigir. - No están suficientemente diferenciadas las tareas normativas de las de gestión, con resultados mediocres para ambas en la mayoría de los casos. - Todo ello dificulta el control democrático por parte del parlamento (al presentarse mezcladas las responsabilidades políticas y las de gestión) y hace muy difícil implantar una cultura moderna de evaluación de eficiencia de resultados, complementaria al tradicional control de legalidad.
La reforma en la propia estructura del Gobierno y de los ministerios debe caminar hacia tres objetivos: - Adecuarlos mejor a las exigencias actuales de gestión moderna y eficaz de la cosa pública en lo que representa su núcleo esencial: el propio Gobierno. - Permitir una relación más eficaz con las otras Administraciones para garantizar un mejor cumplimiento de las tareas constitucionales asignadas a la AGE. - Ahorrar costes, no sólo económicos, sino operativos y, por tanto, mejorar en la eficacia de gestión.
La Reforma de la AGE dirigida por Jordi Sevilla ha contado con la colaboración de seis excelentes autores: Joan Prats Català, Manuel Villoria, Rafael Jiménez Asensio, Lorena González Olivares, Juan Antonio Garde Roca y Manuel Arenilla Sáez. Entre todos han creado una obra compuesta de seis capítulos cuyo objetivo es «insistir en la idea de la Administración Pública como servicio civil, desde el Estado, pero al servicio de los ciudadanos. Los intereses generales a los que, según mandato constitucional, la Administración se debe no son ninguna esencia trascendente sino construcciones inmanentes y contingentes a partir de las necesidades, los intereses, las expectativas, los temores, las vulnerabilidades y los sueños de nuestras ciudadanas y ciudadanos concretos, cruzado todo ello con el nivel de recursos y las capacidades disponibles en cada momento». Las propuestas de actuación de Joan Prats Catalá, autor del primer capítulo, se basan en que el fin no es hacer una Administración mejor, sino una Administración que sirva mejor a sus ciudadanos y ayude a mejorar la sociedad. Los cambios que se plantean sirven para modificar la gestión que no está siendo eficaz por una que permita avanzar con el apoyo y elaboración de la gente. El segundo capítulo, escrito por Manuel Villoria, constituye una evaluación sobra la democratización de la AGE y el largo camino que le queda por recorrer para igualarse a los modelos nórdicos o anglosajones que en esta materia nos llevan la delantera. «La AGE tiene déficits evidentes de transparencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad y en la construcción de marcos de integridad organizacional que sean interdependientes y consistentes». Rafael Jiménez Asensio escribe La Administración General del Estado en un Estado compuesto reflexionando sobre el papel de la AGE en el seno del Estado autonómico y destacando como «la fuerte descentralización política ha de tener consecuencias importantes sobre el tipo de AGE que, obviamente, debería repensarse en sus postulados institucionales, así como el funcionamiento armónico del sistema de relaciones intergubernamentales e interadministrativas en sede autonómica debería, asimismo, conducir a una mayor integración de las distintas partes que conforman el Estado español y, en particular, a cohesionar el conjunto del sistema administrativo». Juan Antonio Garde y Lorena González se han ocupado del capítulo 4 en el que han querido reflejar el análisis de algunos de los cambios cuantitativos más relevantes de las estructuras administrativas y del gasto público, en las tres últimas décadas, así como ciertos rasgos de continuismo en la perspectiva de gobierno, que parecen limitar los necesarios avances de futuro. En el capítulo 5 se habla de la pérdida de peso y liderazgo que el Gobierno y la AGE han sufrido en el entramado intergubernamental español. Su autor, Manuel Arenilla, concluye en su texto que «para realizar cambios profundos en la Administración General del Estado es preciso modificar la estrategia y los objetivos del bloque Gobierno-AGE y considerar ampliamente la gestión intergubernamental, lo que puede ayudar a superar la actual desconfianza entre los niveles territoriales. Esto le permitiría asumir el papel de liderazgo del sistema político-administrativo español con más eficacia que en la actualidad». Por último, Jordi Sevilla no sólo se ha ocupado de dirigir este escrito sino que es el autor del último capítulo, Una Administración General del Estado nueva y distinta, en el que gracias a su experiencia como ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España durante tres años desarrolla sus ideas de reformas de estructuras, de funcionamiento y relacionales con los ciudadanos para alcanzar la AGE que necesitamos. En conclusión, los autores de esta obra «aspiran a una Administración General del Estado que se abra progresivamente a la ciudadanía, se desprenda poco a poco de los últimos vestigios de la cultura burocrático-autoritaria, sea más participativa y transparente, esté mejor evaluada y tenga unos mayores niveles de rendición de cuentas y responsabilidad por desempeño».
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