1_9788498768930 by Editorial Tirant Lo Blanch

Treinta años de elecciones en España

PABLO OÑATE (ed.)

Valencia, 2010

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Directores de la Colección: ISMAEL CRESPO MARTÍNEZ Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia PABLO OÑATE RUBALCABA Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia

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ÍNDICE Presentación ........................................................................................... Pablo Oñate

Prólogo: A treinta años de la Constitución ..................................... Eduardo Uriarte

Treinta años de elecciones democráticas en España: balance de un record en nuestra historia política ...................................... Pablo Oñate

Elecciones y comportamiento electoral en Cataluña: una perspectiva evolutiva (1977-2008) ....................................................... Francesc Pallarés

¿Hay competición política en el País Vasco? De la identidad plural al choque identitario ..................................................................... Francisco Llera

105

Elecciones y opinión pública en Andalucía: concentración del voto y continuidades del sistema de partidos en Andalucía Juan Montabes

145

El potencial electoral del nacionalismo: los casos catalán y vasco .................................................................................................. Alberto Oliet

171

Elecciones municipales y transformación del rol de los gobiernos locales................................................................................................ José Manuel Canales

201

Las mujeres en la democracia española: verdades y mentiras de la discriminación ............................................................................ Edurne Uriarte

213

La formación de los partidos y del sistema de partidos en la España democrática (1977-1982) ..................................................... Cesáreo Rodríguez Aguilera

223

ÍNDICE

Anotaciones sobre el Parlamento español: treinta años de desarrollo institucional y algunos problemas pendientes ............ Juan Luis Paniagua

235

Treinta años de nacionalismo/regionalismo en España. Los ciudadanos ante las relaciones gubernamentales ....................... Manuel García Ferrando

265

En torno a la ruptura del consenso sobre la no instrumentalización política de la historia reciente de España....................... Joaquín Abellán

277

PRESENTACIÓN Pablo Oñate Universidad de Valencia

os textos que siguen a esta presentación son el resultado de unas Jornadas que se celebraron en la Universidad de Valencia para celebrar los Treinta años de elecciones democráticas en España, en las que un buen número de catedráticos de la Universidad española presentamos diversos trabajos relacionados con distintos aspectos de las elecciones y la democracia. La Fundación para la Libertad, sensible a la importancia tal aniversario, apoyó la organización de esas Jornadas, así como la edición de esos trabajos en la forma de este libro que ahora se presenta. La transición española a la democracia fue catalogada como ejemplar, al haber propiciado el establecimiento de un sistema democrático pleno en breve tiempo y con apenas costes políticos y sociales. Las transformaciones experimentadas desde entonces son ingentes, tanto en el ámbito político-institucional como en el social. España, por fin, se ha incorporado a la Modernidad, integrándose plenamente en el proyecto europeo del que tanto tiempo permaneció alejada. El sistema político se ha democratizado en toda su extensión, asumiendo los valores colectivos de libertad, justicia, pluralismo e igualdad, a la vez que se ha institucionalizado la garantía de los derechos y libertades individuales y sociales básicas. Al tiempo, se ha producido una intensa descentralización política que ha configurado entidades territoriales con autonomía política y financiera que garantiza altas cotas de autogobierno, en lo que puede ser calificado como un sistema funcionalmente federal. También en el ámbito de la autonomía local se han registrado altos niveles de desarrollo. Desde el punto de vista de la sociedad, estos treinta años han constituido el mayor período de progreso, desarrollo e aumento del bienestar de la población española, que ha mejorados sus niveles educativos y ha visto incrementarse sustancialmente su nivel y calidad de vida en todas las dimensiones. Sin duda, estos treinta años de elecciones democráticas han generado unos resultados altamente positivos. Pero nuestra joven democracia adolece de no pocas carencias y déficits, que merman su calidad y provocan que entre la ciudadanía se extiendan actitudes de recelo, desconfianza, rechazo, apatía y desafección. Aún hay una parte del territorio español en el que esos buenos resultados no se pueden disfrutar plenamente: en el País Vasco el terrorismo, que ha azotado severamente a la

PABLO OÑATE

sociedad, ha impedido que una parte importante de la misma viva en condiciones de normalidad democrática. No pocas personas se ven obligadas a vivir con guardaespaldas para preservar su integridad física y sus vidas. La democracia española no ha resuelto aún ese grave problema. Hay otras carencias que son compartidas por otros sistemas democráticos y que obligan a los dirigentes políticos a mejorar la calidad del sistema democrático, para hacerlo más transparente, participativo y eficaz en la gestión y resolución de los problemas de los ciudadanos en condiciones de gobernanza. Aún así, si se analizan los logros y los déficits considerando el tiempo transcurrido desde aquellas elecciones fundacionales de 15 de junio de 1977, el balance no puede ser sino altamente positivo. Aunque aún queden bastantes cosas por mejorar en nuestro sistema democrático, podemos estar satisfechos con el resultado alcanzado: hemos superado el carácter pendular de nuestra historia política, en el período más largo de convivencia democrática que hemos conocido, convivencia democrática definitivamente asentada. Celebrémoslo como se merece, para perseverar en la tarea de mejorar la calidad de nuestra democracia.

PRÓLOGO A MÁS DE TREINTA AÑOS DE NUESTRA CONSTITUCIÓN Eduardo Uriarte Gerente de la Fundación para la Libertad

uimos capaces de crear una Constitución, no era la primera vez, pero perdimos el consenso que la hizo posible. Esta debiera ser la conclusión, con cierta nostalgia, mirando desde hoy a aquella gesta que nos permitió a los españoles salir de una larga posguerra, eternizada por la dictadura, y gestionar pacíficamente nuestro futuro. Hicimos una buena Constitución, el problema es que paulatinamente iba volviendo a nosotros el sectarismo cainita que tan malamente nos ha caracterizado. Efectivamente, quedaron muchos aspectos inconclusos, no podía ser de otra manera; especialmente en lo que se refiere a la organización territorial del Estado y al papel del Senado, pero no pudo avanzarse más en su desarrollo posterior porque la actitud para el acuerdo que había hecho posible el salto de una dictadura a una democracia se fue desvaneciendo. Primero con el Estatuto de Andalucía, después con las vueltas a la OTAN, para descubrir que ninguna postura radical tuvo razón a la postre. Y, finalmente, porque en vez de sacralizar lo único sacralizable, la Constitución misma, se sacralizaron elementos secundarios. Como si estuviéramos de nuevo en la España revolucionaria se sacralizaron los partidos, que han acabado por alcanzar un poder e influencia desmedida frente a la limitación paulatina de nuestro Estado y otras instituciones sociales necesarias para cualquier democracia. Junto a los partidos se sacralizaron las mayorías, la voluntad política manifestada por éstas; se las llamó democráticas por el mero hecho de ser mayoría, evitando, tras esa calificación, el necesario escrúpulo y la utilidad de la prudencia ante reformas fundamentales que hubieran necesitado de consensos cualificados y plurales que alejaran el fantasma de la mutación constitucional, por mayoría muy ajustada a la postre, en cambios sustanciales. Así hemos entrado en una etapa, que esperemos estemos superando ante el grave problema de la crisis económica y el ejemplo de sensatez política que ha

EDUARDO URIARTE

supuesto la formulación del actual Gobierno vasco, de todo tipo de disparate político acuñando términos tan profundos en su defensa como qué mal hay en ello, o el por qué no. Esperemos que hayamos superado esa reciente época, pues de lo contrario acabaríamos enterrando todo lo que de sensato y de pacto tuvo nuestra Constitución. Se equivocan los radicales de la memoria histórica al valorar si nuestra Guerra no estuvo presente en el acuerdo Constitucional. Hubo un olvido activo de la Guerra, es decir, estuvo en todo momento presente, y sólo hace falta esgrimir la larga lista de publicaciones académicas que aparecieron en aquellos años sobre nuestro trágico pasado, lista repetida ante esta cuestión por Juan Pablo Fusi, para darnos cuenta que existió una inteligente presencia de la Guerra Civil para que el espíritu del consenso se hiciera presente y, con él, la Constitución. Sólo una persona desde la izquierda, a más de veinte años de su publicación, se atrevió a gritar, ante los asesinatos de los terroristas y la radicalización y falta de solidaridad del Gobierno de Ibarretxe, que la Constitución era sagrada. Este fue Mario Onaindia, quizás porque creyera que nadie osaría acusarle de reaccionario se atrevió a decirlo, pero de haber seguido en vida posiblemente cualquier burócrata que hoy detenta poder se hubiera atrevido a eso, solventando así el problema del desprecio existente en nuestra sociedad hacia el texto que debiera regular nuestras relaciones políticas con un mero, simple y difamante calificativo. Si la Constitución fuera sagrada ni los instrumentos ni mecanismos de la gestión de lo público podrían arrogarse el papel que se han acabado arrogado. Se inició el proceso de herejía respecto a la Constitución a la par que el papel de los partidos iba sustituyendo al del Estado, haciendo más débil el armazón institucional de nuestra convivencia, y dando la salida a los aparatos de las formaciones políticas para ocupar amplios espacios, cual carrera de colonos en el viejo Far West, pero con el problema de que esos territorios eran los que debieran pertenecer al Estado y a la sociedad. Las secuelas de decisiones unilaterales sobre temas fundamentales como la negociación con ETA, la reforma del Estatuto catalán, y los estatutos que siguieron, la corrupción, y el alejamiento de la sociedad de los partidos, no es ajeno a la pérdida del necesario consenso político, pieza clave no sólo para solucionar los problemas más serios, sino para demostrar que la política sirve para solucionar los problemas y no para crearlos. Así vemos que la pérdida del consenso nos ha arrumbado a un país en una situación de crisis, sin capacidad desde la política para levantarnos de la depresión que actualmente padecemos ante tan brutal crisis económica. Si antes de que ella apareciese necesitábamos una serie de acuerdos fundamentales —salvo voz estentórea el acuerdo sobre el terrorismo ha vuelto— nos falta el tan necesario sobre la educación, el imprescindible sobre la acción exterior, el necesario sobre la política de defensa, y el urgente sobre la organización territorial del Estado hoy es más necesario que nunca.

PRÓLOGO

Pues bien, la lectura de las diferentes ponencias que se presentaron durante el magnífico seminario que realizamos en Valencia conmemorando los treinta de la Constitución y que aparecen es este texto puede no sólo refrescarnos la memoria, descubrir la importancia de nuestro Texto legal por excelencia, sino, además, hacer presente la necesidad del encuentro entre españoles si queremos hacer frente con éxito a los problemas.

TREINTA AÑOS DE ELECCIONES DEMOCRÁTICAS EN ESPAÑA: BALANCE DE UN RECORD EN NUESTRA HISTORIA POLÍTICA Pablo Oñate Universidad de Valencia

1. INTRODUCCIÓN: ¿30 AÑOS NO ES NADA?

as elecciones de 15 de junio de 1977 abrieron la puerta a un período democrático nuevo en la historia política española. Esas elecciones cerraban la puerta a más de dos siglos de vida política convulsa y dramática, en la que se sucedieron 9 Constituciones 1 y diversas reformas y proyectos constitucionales que no llegaron a aprobarse. Esos dos siglos estuvieron jalonados por toda una serie de golpes de Estado, asonadas, revoluciones, motines, dictaduras y guerras civiles que retrasaron que nuestro país se incorporara en su momento al proceso de Modernidad. La Constitución de 1978, elaborada por consenso por los diputados elegidos en aquellas elecciones fundacionales de 1977, estableció el marco normativo que ponía fin al carácter pendular de nuestra historia política, propiciando alternancias de gobierno y el desarrollo de la vida política por cauces de normalidad democrática que nuestro país había desconocido hasta entonces. Ese marco y convivencia democrática propiciaron, por fin, que España se incorporara plenamente al proceso de modernización, en sentido amplio.

Dos de ellas no llegaron a ser promulgadas (las de 1856 y 1873). Estuvieron en vigor la Constitución de 1912, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837, la de 1845, la de 1869, la de 1876 y la de 1931.

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Después de 30 años de experiencia democrática damos por supuestas muchas cosas que hace solo tres décadas se percibían como objetivos casi quiméricos: el desarrollo de un sistema político-institucional democrático plenamente consolidado en el que la composición de las respectivas cámaras parlamentarias (y, a través de ellas, otras instituciones) responda a la voluntad política ciudadana plural expresada en las urnas; un sistema político altamente descentralizado, con intensos y extensos niveles de autogobierno, que permiten calificarlo como funcionalmente federal; que en las distintas instancias políticas estén presentes representantes de un amplio abanico de posiciones políticas, que reflejan el pluralismo político existente en la sociedad, trasladando a las instituciones las diferentes alternativas políticas y sociales; unos altos niveles de garantías y protección en el ejercicio de derechos y libertades políticas básicas para los ciudadanos; la plena integración de España en los organismos e instituciones europeos, en los que se ha vinculado de forma definitiva e intensa; o que los responsables políticos estén sometidos a escrutinio público y tengan que rendir cuentas ante las instituciones —políticas y judiciales— por las responsabilidades en que pudieran haber incurrido en su mandato, así como, periódicamente, ante los ciudadanos; unos altos niveles de apoyo al sistema democrático, que se ha mantenido estable desde aquellos primeros momentos de este período, cuya longevidad supera la de cualquier otra etapa de vida democrática en España… No obstante, este balance no puede ser plenamente positivo, pues hay que recordar que aún hay problemas severos no resueltos: esos logros no se han alcanzado en todo el territorio español: en el País Vasco perduran excepcionales circunstancias que limitan la vida democrática plena de buena parte de la ciudadanía, que ve cercenados sus derechos hasta el punto de tener de vivir con escoltas. El resto de cuestiones son propias de la vida democrática y de la mejora de su calidad, aun cuando versen sobre la reforma de estatutos de autonomía o la aprobación de determinadas leyes altamente cuestionadas. Pese a ello, no resulta exagerado afirmar que estos 30 años de elecciones democráticas han cumplido satisfactoriamente los objetivos que tradicionalmente se atribuyen a las elecciones: generar gobierno, generar representación y generar legitimidad. En estas tres décadas ha habido gobierno (gestión política y políticas públicas) y gobiernos (instituciones eficaces) duraderos y estables. Nunca en la historia democrática española hemos conocido gobiernos tan estables. Incluso, si se comparan con otros europeos, los gobiernos españoles de las tres últimas décadas han sido de los más longevos. Baste recordar que el promedio de duración de los gobiernos de la II República fue de 101 días, mientras que el de la de los gobiernos de la actual etapa democrática supera los 1.000 días (1.250, si se cuenta desde 1982). Los partidos políticos han formado y seleccionado a candidatos y han elaborado programas electorales que someten a la consideración de los ciudadanos en cada proceso electoral. Los gobiernos han podido desplegar su programa político, negociando eficazmente con otros partidos para recabar su apoyo, si lo necesitaban. Y lo han hecho en todos los niveles de gobierno, estatal, autonómico y municipal, sin que se hayan

TREINTA AÑOS DE ELECCIONES EN ESPAÑA

vivido crisis institucionales dignas de mención. Al tiempo, se ha desplegado un desarrollo institucional de carácter democrático que ha afectado a todos los niveles de gobierno, experimentándose una vertiginosa descentralización que jamás había conocido nuestro país, creándose una élite política y organizativopartidista regional, y desarrollándose unas relaciones de cooperación multinivel con el apoyo de la ciudadanía. Toda esa generación de gobierno ha propiciado una rápida modernización del país lo que, a su vez, ha mejorado la calidad del sistema democrático. En segundo lugar, la práctica totalidad de las opciones políticas presentes en la sociedad —de todo el espectro ideológico (incluso las antisistema)— se ha visto representada en unas u otras instituciones. Las elecciones se conforman, de esta forma, como un mecanismo fiable de representación (si bien, no exhaustivo), que permite a los ciudadanos expresar su voz para optar por un programa político que consideran afín a sus intereses y elegir a quienes deban gobernarlos llevándolo a la práctica o controlando a quienes lo hacen. Las elecciones han servido eficazmente para trasladar la voluntad ciudadana a las instituciones de todos los niveles y para propiciar la participación generalizada en los asuntos públicos. Las elecciones han coadyuvado a integrar políticamente a los ciudadanos facilitando que sus intereses estén representados en las instituciones y en las decisiones que en ellas se han adoptado. Por último, las elecciones han generado legitimidad, esto es, adhesión y apoyo ciudadano para el sistema político, sus instituciones y actores. Las elecciones han permitido a la ciudadanía ver sus opiniones y posiciones políticas representadas en las instituciones, elegir a quienes protagonizan su actividad y percibir que hay acción de gobierno y control de la misma respecto de cuestiones importantes de su vida cotidiana; por último, todo ello es sometido a su escrutinio periódicamente: ello permite a los ciudadanos sentir al sistema político como propio y otorgarle su respaldo. Los estudios que miden el grado de adhesión a la democracia evidencian un inequívoco y estable apoyo de la ciudadanía al sistema político en su conjunto y a la democracia como forma de gobierno. Las altas tasas de participación electoral confirman esa misma observación. Aunque ese apoyo sea menor cuando se refiere a alguna de las instituciones o actores en particular, una abrumadora mayoría de ciudadanos españoles respalda el sistema democrático. Pese a que puedan señalarse un buen número de cuestiones que merecerían atención y mejora, el balance de estas tres décadas de elecciones no puede ser sino positivo. Los cambios experimentados por el país en estas tres décadas de elecciones han sido ingentes, incorporando a España definitivamente en la senda de la Modernidad. No es éste el lugar para relatarlos, pero ciñéndonos al ámbito electoral, merece la pena recordar que en 1977 el censo electoral incluía a 23,5 millones de electores, mientras que en 2008 había 35,1 millones de ciudadanos censados (un 50 por ciento más). El porcentaje de votos nulos en aquellas primeras elecciones fue del 1,43, mientras que en 2008 esa cifra se había reducido al 0,64. En las elecciones fundacionales de 1977 hubo 4.480 candidaturas en 585 listas de partidos, mientras que en 2008 las candidaturas ascendieron a

TREINTA AÑOS DE ELECCIONES DEMOCRÁTICAS EN ESPAÑA ...

8.800 y el número de listas a 720. Los dos primeros partidos (UCD y PSOE) sumaron en 1977 el 63 por ciento del voto y el 81,1 por ciento de los escaños, mientras que en 2008 los dos primeros partidos (PSOE y PP) sumaron casi el 84 por ciento del voto y el 92 por ciento de los escaños. En 1977 accedieron al Congreso de los Diputados 12 formaciones políticas (6 de ellas de ámbito estatal y 6 de ámbito no estatal); en 2008 fueron 10 los partidos que contaron con representación en el Congreso, siendo sólo 3 de ellos de ámbito estatal. En 1977 las 6 formaciones de ámbito no estatal presentes en el Congreso de los Diputados sumaron el 15,5 por ciento del voto y 25 escaños (el 7,2 por ciento); en 2008 los 7 partidos de ámbito no estatal con representación en el Congreso de los Diputados acumularon el 12,3 por ciento del voto y 25 escaños (el 7,2 por ciento). En estos 30 años transcurridos entre los comicios de 1977 y los de 2008 los ciudadanos españoles han votado unas 30 veces para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo (5 elecciones), el Congreso de los Diputados y el Senado (10 elecciones), los parlamentos autonómicos (7 elecciones; en las comunidades históricas 8) y las corporaciones locales o ayuntamientos (8 elecciones). Además, han sido convocados al menos en tres ocasiones a sendos referendos. En esos procesos se ha configurado toda una élite política en todos los niveles: los ciudadanos han elegido 3.500 diputados, 2.940 senadores, unos 9.000 diputados autonómicos, aproximadamente 522.800 concejales, 65.000 alcaldes y casi 300 diputados europeos.

2. LOS SISTEMAS ELECTORALES En todos estos procesos electorales la normalidad y la limpieza democrática han sido la pauta. Esto que nos parece hoy tan evidente (¿cómo iba a ser de otra forma?), supone un verdadero salto adelante respecto de la tradición que imperó en las efímeras experiencias democráticas españolas de los últimos 200 años: en ellas, el pucherazo, la compra de votos, las manipulaciones electorales y otras manifestaciones de fraude electoral eran la norma. En cambio, a partir de 1977 y en ninguna elección fue cuestionada la limpieza del proceso, de manera que los resultados han sido sistemáticamente aceptados por todas las fuerzas, y las autoridades elegidas reconocidas como legítimas. El sistema electoral que ha propiciado que la voluntad política de los ciudadanos (articulada en votos) se traduzca eficazmente en distribución de la autoridad (escaños) en todos los niveles fue delineado en marzo de 1977. Después la Constitución recogió los principios básicos del sistema electoral en sus artículos 68 y 69, aunque fue en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) donde se regularon de forma precisa estas cuestiones para las elecciones generales (Congreso de los Diputados y Senado), locales (corporaciones locales) y europeas (Parlamento Europeo). Merece la pena recordar

TREINTA AÑOS DE ELECCIONES EN ESPAÑA

que la LOREG fue aprobada con sólo un voto en contra y tres abstenciones, lo que no fue obstáculo para que resultara cuestionada casi desde su entrada en vigor y por muy distintos motivos. Para las elecciones autonómicas rige la ley electoral de la respectiva comunidad, y sólo subsidiariamente la LOREG. El sistema que rige la elección del Congreso de los Diputados (proporcional corregido) se aplica también —salvadas las diferencias en cuanto a la magnitud de las circunscripciones— a las elecciones autonómicas, locales y europeas. Sólo la elección del Senado se rige por un sistema electoral distinto (mayoritario), como suele ser habitual para este tipo de Cámara, donde prima el criterio de representación territorial. El sistema electoral adoptado por la LOREG para el Congreso de los Diputados establece una Cámara de tamaño relativamente pequeño, 350 escaños, que se distribuyen entre las circunscripciones (las provincias) en atención a dos criterios: una cierta igualdad territorial, al otorgar un mínimo de escaños (dos) para cada distrito o circunscripción; y la proporción a la respectiva población. El resultado es una gran cantidad de circunscripciones cuya magnitud (número de escaños) es pequeña: hay 30 en las que se eligen 5 o menos de 5 escaños. Las candidaturas son de listas completas, cerradas y bloqueadas, que no permiten ningún tipo de modificaciones: el elector opta por la candidatura de un partido tal y como éste ordena a sus candidatos: no permiten al elector manifestar sus preferencias entre ellos. La fórmula electoral para la distribución de escaños entre los partidos políticos que habían obtenido votos es una fórmula electoral proporcional de divisor, la fórmula d´Hondt, que sólo despliega sus efectos proporcionales cuando es aplicada a circunscripciones de más de 7 escaños: en los distritos pequeños da lugar a considerables sesgos desproporcionales (o mayoritarios). De los 30 distritos electorales en los que se reparten 5 o menos de 5 escaños, sólo en 3 de ellos un tercer partido logra algún escaño; en los otros 27 los escaños se reparten entre los dos partidos más votados. Por último, se establece una barrera electoral o cláusula de exclusión del 3 por ciento del voto válidamente emitido en el ámbito de la provincia, que nunca ha tenido aplicación en este tipo de elecciones habida cuenta del sesgo mayoritario generado por el bajo número de escaños a repartir en muchas de las circunscripciones y la alta desproporcionalidad resultante. Para la elección del Senado se ha optado por un sistema de fórmula mayoritaria, con cuatro escaños por provincia (circunscripciones) y por listas de panachage o —mal llamadas— abiertas, listas en las que el ciudadano selecciona tres candidatos cualesquiera de entre la lista de nombres que le proponen todos los partidos. La fórmula adoptada, en este caso, es la fórmula de mayoría simple: consiguen los escaños los candidatos que logran más votos. Las leyes electorales autonómicas que configuraron los sistemas para ese ámbito electoral siguieron los criterios de la LOREG, diferenciándose de ésta sólo en el número de escaños que tiene el parlamento respectivo y, así, los distritos, así como en el tamaño de la cláusula de exclusión, como se puede apreciar en el cuadro 1. La consecuencia es que en las elecciones autonómicas

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se suelen alcanzar mayores tasas de proporcionalidad que en las del Congreso de los Diputados. Cuadro 1. Sistemas electorales autonómicos (*) Tamaño de la Asamblea

Número de distritos

Tamaño medio del distrito

Ratio electores por escaño

Cláusula de exclusión

Andalucía

109

13,6

57.200

Aragón

22,3

15.200

Asturias

15,0

21.800

Baleares

14,8

12.000

Canarias

8,6

25.600

3 CA/20 D

Cantabria

39,0

12.500

5 CA

Castilla La Mancha

9,4

32.000

Castilla y León

9,2

26.500

Cataluña

135

33,8

39.400

Extremadura

32,5

13.700

Galicia

18,8

35.300

Madrid

120

120,0

37.200

5 CA

Murcia

9,0

21.400

5 CA

Navarra

50,0

9.500

3 CA

País Vasco

25,0

23.300

La Rioja

33,0

7.200

5CA

Comunidad Valenciana

33,0

35.300

5CA

Promedio

70,9

3,8

28,6

24.600

Elaboración propia con datos de elecciones de 2007. (*) La fórmula empleada es siempre la fórmula D´Hondt, y la forma de la candidatura, de listas completas, cerradas y bloqueadas. La cláusula de exclusión es “D” (en el nivel del distrito) o “CA” (en el nivel de la comunidad autónoma).

Los sistemas electorales fueron concebidos en el proceso de transición para reforzar a unas organizaciones partidistas débiles, creadas prácticamente ex novo en los años 70, carentes de una base social bien trabada y que se manifestaban incapaces de integrar en ellas a la sociedad española. Así, con el convencimiento de que sin partidos consolidados no podría haber democracia, el reforzamiento

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de las organizaciones partidistas fue —conviene recordarlo— un objetivo del sistema electoral conscientemente buscado. Los sistemas electorales se manifestaron inmediatamente como sistemas electorales fuertes, en función de las relevantes consecuencias políticas que se derivaron de su aplicación para los electores, los partidos políticos y las instituciones (Sartori; 1994: 37): generaron considerables sesgos mayoritarios, que obligan a calificarlos más como mayoritarios atenuados que como proporcionales corregidos: refuerzan a los dos partidos más votados, sobrerrepresentándoles, mientras que castigan a los terceros y sucesivos, confiriéndoles menos representación de la que les corresponde en términos de estricta proporcionalidad. El sistema electoral del Congreso de los Diputados propicia, además, que partidos de ámbito no estatal que presentan candidaturas en pocas circunscripciones compitan en ellas con éxito con los de ámbito estatal, desplazándoles de las primeras posiciones gracias al voto popular que las respalda. Así, junto a los partidos de ámbito estatal, coexiste un buen número de partidos no estatales: en la elección de la Cámara Baja suman entre el 10 y el 15 por ciento de los votos y el 7,5 por ciento de los escaños, y se han manifestado considerablemente útiles para facilitar la gobernabilidad y para establecer relaciones de cooperación y competición en los distintos niveles de gobierno. Aunque los sistemas electorales autonómicos generan mayor proporcionalidad, siguen dando lugar a efectos mecánicos de sobrerrepresentación de los dos partidos más votados en perjuicio de los demás. Como decíamos en la introducción, los sistemas electorales fueron criticados prácticamente desde su aprobación, proponiéndose su reforma por considerar que estaban generando efectos perniciosos para la democracia: las críticas pueden agregarse en torno a tres cuestiones de las que se responsabiliza al sistema electoral: que las listas completas, cerradas y bloqueadas refuerzan a las cúpulas y maquinarias partidistas, impidiendo la selección de candidatos por los electores y que éstos establezcan una relación más directa con sus representantes; que se confiere excesivo poder a los partidos de ámbito no estatal de cuyo apoyo depende el gobierno del partido de ámbito estatal que gana las elecciones pero sin mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados o el Senado; y que los sesgos desproporcionales que generan perjudican severamente a los pequeños partidos en beneficio de los grandes, mermando la representación de parte de la ciudadanía. Pese a esas críticas y alguna propuesta concreta de reforma, la ley de la inercia de los sistemas electorales ha venido imponiéndose hasta la fecha: para reformar el sistema haría falta el voto favorable de aquellos partidos que son reiteradamente beneficiados por el sistema a reformar… La Comisión Parlamentaria que había de elaborar una proposición de reforma del sistema electoral parece haber fracasado en su intento de alcanzar un acuerdo que reciba el suficiente apoyo en el Parlamento. No parece muy arriesgado augurar que tampoco en la presente Legislatura vaya a ver la luz esa reforma del sistema electoral en ninguno de sus aspectos sustanciales.

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3. LA PARTICIPACIÓN Y LA ABSTENCIÓN ELECTORAL Los niveles de participación electoral han sido relativamente altos y estables en estas tres décadas de elecciones en España. Si se compara las tasas de participación registradas en España con las de otros países europeos, España se ubica en el décimo lugar en la última elección, ligeramente por debajo de la media (Blais, 2000; Boix y Riba, 2000; Rose, 2004; López Pintor y Gratschew, 2004; Franklin, 2004). Esa participación ha variado tanto en función del tipo de elección como de la coyuntura política de cada convocatoria y territorio. Pero más allá de la comparación con otros sistemas políticos europeos, hay que señalar que se confirma en España la distinción que hace años hicieron Reif y Schmitt (1980) al diferenciar entre elecciones de primer y de segundo orden, en atención a la relevancia que los ciudadanos conferimos a sus respectivos resultados: tendemos a considerar que hay más en juego en las elecciones generales (Congreso de los Diputados y Senado) que en las autonómicas, locales o europeas, en las que pensamos que se dilucidan cuestiones de menor importancia. Ello lleva a una parte significativa del electorado a experimentar con su voto en estas elecciones de segundo orden, absteniéndose en mayor medida que en las generales, utilizando su voto para castigar al partido que está en el gobierno estatal (y al que votó en las generales) o apoyando a pequeñas formaciones a las que no otorgaría su voto en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. El resultado es que en las elecciones de segundo orden suele registrase más abstención que en las de primer orden, el partido del gobierno estatal suele lograr peores resultados que en la convocatoria general precedente, el primer partido de la oposición logra habitualmente mejores resultados, los grandes partidos consiguen menor porcentaje de voto, los pequeños partidos suelen cosechar mejores resultados, y el número efectivo de partidos suele ser mayor que en las elecciones generales precedentes. El caso de las elecciones en España se ajusta considerablemente bien a este modelo: sirvan las elecciones autonómicas de 2007 de ejemplo para comprobar cómo se confirman las cinco condiciones propias de las elecciones de segundo orden (Cuadro 2).

TREINTA AÑOS DE ELECCIONES EN ESPAÑA

Cuadro 2. Características de elecciones de segundo orden (autonómicas 2007) Mayor abstención

Menos voto partidos grandes

Más voto partidos pequeños

Menor NEP

Menos voto partido Gobierno

Andalucía

✓

Aragón

✓

Asturias

✓

Baleares

✓

Canarias

✓

Cantabria

✓

Castilla-La Mancha

✓

Castilla y León

✓

Cataluña

✓

Extremadura

✓

Galicia

✓

Madrid

✓

Murcia

✓

Navarra

✓

País Vasco

✓

La Rioja

✓

Comunidad Valenciana

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Elaboración propia a partir de datos del Archivo Electoral de la Comunidad Valenciana Argos. En buena parte de los casos en los que no se cumple la característica, los resultados de los respectivos índices correspondientes a las elecciones autonómicas y a las generales inmediatamente anteriores fueron iguales. En alguna comunidad autónoma los partidos más votados no fueron PSOE y PP: el segundo partido más votado en Canarias fue CC; los dos partidos más votados en Cataluña fueron CiU y PSC-PSOE; el segundo partido más votado en Navarra fue Na-Bai; el partido más votado en el País Vasco fue el PNV.

En las elecciones generales la abstención se ha mantenido en niveles relativamente más bajos, oscilando entre el 20 y el 32 por ciento (el promedio para las 10 convocatorias es de 26,1 por ciento). Como ocurre en buena parte de los países europeos (Rose, 2004), no se aprecia una tendencia al aumento de la abstención que pudiera evidenciar que los electores están retirando su apoyo a los partidos o a las instituciones democráticas, como la teoría del malestar apunta. La oscilación del nivel de abstención parece responder más bien a la