1_9788498767056 by Editorial Tirant Lo Blanch

CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LA COMPETENCIA III JORNADAS NACIONALES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Valencia, 18-19 de junio de 2009)

COORDINACIÓN TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Valencia, 2009

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Índice general Prólogo ..................................................................................................... FERNANDO CASTELLÓ BORONAT Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana

Inauguración .......................................................................................... PABLO LANDECHO CAMPOS Director General de Economía de la Generalitat Valenciana

1. El proceso de transposición de Directiva de Servicios .......... LUIS BERENGUER FUSTER Presidente de la Comisión Nacional de Competencia

2. Los mercados sectoriales y la competencia .............................. ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA Directora de Promoción de Competencia de la Comisión Nacional de Competencia

3. El mercado del transporte. (La entrada en vigor del reglamento comunitario 1370/2007) ...................................................... LLUÍS FRANCO I SALA Profesor de Economía Aplicada Universidad de Barcelona 4. Libre mercado y competencia: claves para el futuro del transporte en Europa ............................................................................... VICENTE DÓMINE REDONDO Director General de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana 5. ¿La distribución de bienes de consumo diario: competencia o colusión? ......................................................................................... JAVIER BERASATEGI Presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia

ÍNDICE GENERAL

6. Una nueva orientación del tratamiento “antitrust” de la coordinación empresarial en las redes de distribución ................. JUAN IGNACIO RUIZ PERIS Catedrático de Derecho mercantil Universitat de Valencia 7. El mercado de la energía: visión desde el regulador sectorial ....................................................................................................... EDUARDO SALINAS LA CASTA Subdirector de Régimen de Competencia de la Comisión Nacional de Energía 8. Especialidades del derecho de la competencia en el sector “telecos” ............................................................................................. ENRIQUE MEDINA MALO Director de los Servicios Jurídicos Grupo Telefónica 9. Crisis económica y política de Competencia en el Mercado Audiovisual ....................................................................................... BORJA ADSUARA VARELA Profesor de Derecho de la Información y Comunicación Audiovisual Centro Universitario Villanueva Universidad Complutense de Madrid 10. La posición de las Autoridades Autonómicas de Competencia en el sistema español de la libre competencia ......................... RAFAEL ILLESCAS ORTIZ Catedrático de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid 11. Situación y perspectivas de las autoridades autonómicas de la competencia ................................................................................. OLGA OGANDO CANABAL Presidenta del Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León 12. Competencia y unidad de mercado: el sistema de evaluación de las restricciones públicas a la competencia en Andalucía GASPAR LLANES DÍAZ-SALAZAR Presidente de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

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ÍNDICE GENERAL

13. La defensa de la Competencia en Galicia: características, actuaciones y nuevos retos ........................................................... JOSÉ ANTONIO VARELA GONZÁLEZ Presidente del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia 14. Situación y perspectiva de la autoridad de la competencia en Castilla La Mancha .................................................................... SEBASTIÁN FUENTES GUZMÁN Presidente de la Comisión Regional de la Competencia de Castilla-La Mancha 15. El sector público y la política de competencia en tiempos de crisis. La visión de la Unión Europea ......................................... BLANCA RODRÍGUEZ GALINDO Jefa Unidad Ayudas Públicas Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea 16. ¿Quién aplica el derecho “Antitrust” a la contratación pública? ....................................................................................................... FERNANDO DÍEZ ESTELLA Director de la Cátedra Fundación ICO-Nebrija 17. El concepto de servicio de interés económico general como límite al concepto de empresa en el ámbito de la ley de defensa de la competencia ............................................................................ JAVIER VICIANO PASTOR Profesor titular de conocimiento de Derecho Mercantil Universitat de Valencia 18. La defensa de la competencia en la contratación pública .... JOSÉ MARÍA BAÑO LEÓN Catedrático de Derecho Administrativo Universitat de Valencia 19. Claves para una mayor proactividad en la lucha contra el “bid-rigging” ..................................................................................... ANTONIO GUERRA FERNÁNDEZ Abogado Despacho “Uría Menéndez” 20. Crisis económica y ayudas públicas ........................................... IGNACIO GARAY SABALA Director de redacción Diario Expansión

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21. Crisis económica y política de la competencia en Irlanda .... VICTORIA BALAGUER BABILONI Abogada Autoridad Irlandesa de la Competencia 22. Una lección de política de la competencia para tiempos de crisis: El control de ayudas de Estado por la Comisión Europea ....................................................................................................... FRANCISCO MARCOS FERNÁNDEZ Director del Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid Intervención de clausura..................................................................... FERNANDO CASTELLÓ BORONAT Presidente Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana Clausura de las III Jornadas Nacionales de la Competencia ..... RAFAEL RIPOLL NAVARRO Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, Relaciones con el Estado y con la UE de la Generalitat Valenciana

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Prólogo FERNANDO CASTELLÓ BORONAT Presidente del TDCCV

Los profundos cambios que se vienen produciendo en materia de competencia en España y en Europa, durante los últimos años, tienen una especial relevancia en la actual coyuntura de crisis económica suscitando el debate sobre la observancia y la aplicación de la regulación sobre dicha materia y la necesidad de intensificar o relajar su aplicación para mejorar las condiciones de la deseada y necesaria recuperación y la consecuente salida de la crisis. El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana como organizador de las III Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, que se celebraron en Valencia durante el pasado 18 y 19 de junio, decidió enmarcar, en ese contexto, las intervenciones previstas en dichas jornadas bajo el lema genérico: “Crisis económica y política de la competencia” y, como consecuencia de las sesiones celebradas, de la amabilidad de los intervinientes y de la contribución de la Editorial Tirant lo Blanch, ve la luz el presente libro que aporta la visión de cualificados expertos sobre asuntos importantes de los mercados sectoriales y de su regulación desde el punto de vista de la competencia. Los asuntos relacionados con la política de la competencia han sido, tradicionalmente, una especie de apartado o reducto para especialistas y expertos interesados en la materia, teniendo poca trascendencia para la opinión pública en general; pero, como consecuencia de las reformas introducidas y del nuevo enfoque, tanto a nivel europeo como nacional, junto a la reciente creación y desarrollo de las autoridades autonómicas de competencia, los asuntos relacionados con la promoción y la defensa de la competencia están adquiriendo un protagonismo creciente. Ese protagonismo creciente, sin ninguna duda, llevará a un mayor conocimiento de las bondades que una eficaz y rigurosa política de la competencia tiene en los mercados, de la influencia en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la mejora de la productividad y de la competitividad y sobre los efectos positivos que tiene en el terreno de la innovación. En este sentido, el objetivo de la presente publicación

FERNANDO CASTELLÓ BORONAT

es la de contribuir a un mayor conocimiento de los asuntos relacionados con esta materia y, con ello, fomentar la cultura de la competencia, aspecto clave de las nuevas funciones de las autoridades de la competencia en España, especialmente desde la reforma normativa aprobada con la nueva Ley de Defensa de la Competencia 15/2007. Los temas tratados en la presente publicación abordan asuntos de gran actualidad y de incuestionable trascendencia. Responsables de autoridades de la competencia, expertos, profesionales, profesores universitarios y gestores públicos tratan los diferentes asuntos que componen el índice de la obra desde sus respectivos puntos de vista y conforman un interesante recorrido en el que se puede comprobar la enorme importancia que ya tiene y que, sin duda, va a tener en el futuro la política de la competencia. No es fácil sacar conclusiones de un panel tan amplio de asuntos y autores, pero creo no equivocarme al afirmar que la política de la competencia no entiende, ni debe hacerlo, de situaciones económicas coyunturales, de ciclos económicos, o de periodos de crisis o de expansión económica, y que su aplicación y observancia no puede plantearse en esos términos. Una decidida y rigurosa promoción y defensa de la política de la competencia puede facilitar la recuperación económica y, por lo tanto, adelantar la salida de la crisis. Autoridades de la competencia, gestores públicos, agentes económicos y, consumidores y usuarios, deben asumir cada uno su papel en este sentido. Los primeros velando, de forma intensa y eficaz, por la observancia de la normas e incrementando la labor de divulgación y conocimiento de su importancia, los responsables de las diferentes administraciones públicas introduciendo mecanismos que redunden en una buena regulación, los agentes económicos mejorando las buenas prácticas empresariales en este ámbito y, los consumidores y usuarios, principales beneficiarios del buen funcionamiento de los mercados, ejercitando sus derechos con frecuencia y normalidad. Los textos que componen la presente edición nos aproximan a un amplio abanico de asuntos que están en el debate de la política de la competencia. La transposición de la Directiva de Servicios, la situación de competencia en los mercados de la energía, del transporte, de las telecomunicaciones, del audiovisual o de la distribución comercial; la actualidad de las autoridades de la competencia autonómicas y sus expectativas de futuro, o la influencia de la contratación pública y las ayudas públicas para la competencia en los mercados, son algunos de

PRÓLOGO

los asuntos que desde diferentes enfoques se tratan a lo largo de esta obra. El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, responsable de la coordinación del presente texto, quiere agradecer el trabajo, la amabilidad y la generosidad de todos los que han hecho posible que esta edición haya visto la luz. FERNANDO CASTELLÓ BORONAT Presidente TDCCV

Inauguración PABLO LANDECHO CAMPOS Director General de Economía

“Constituye una gran satisfacción para mí inaugurar estas Jornadas organizadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana y darles a todos ustedes la bienvenida, porque estas sesiones que se desarrollarán durante el día de hoy y mañana suponen una demostración más del dinamismo que el Consell se ha impuesto en todos los frentes de actuación para lograr que la economía valenciana recupere cuanto antes el tono de vitalidad que siempre la ha caracterizado. Es realmente muy sugerente el título que enmarca la celebración de las III Jornadas Nacionales de la Competencia organizadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, a quien desde aquí quiero felicitar por su iniciativa y por el gran trabajo que está llevando a cabo desde su reciente constitución. Gran trabajo en una materia y sector de intervención pública ciertamente no muy conocido o valorado todavía por amplios sectores de la población. De ahí que el trabajo de promoción y difusión de la competencia sea una pieza fundamental en el diseño y desarrollo de la actividad de los órganos de defensa de la competencia. Porque la competencia y su funcionamiento son en ocasiones malinterpretadas o tergiversadas y porque es indudable que la competencia exige esfuerzo. Esfuerzo de las empresas para innovar, para ofrecer mejores productos y servicios y a mejores precios y por adaptarse a la evolución del mercado; estas adaptaciones son absolutamente necesarias para situarse en buena posición ante cambios introducidos por nuevos procesos normativos, por la evolución de la tecnología o simplemente por los cambios en los usos y tendencias de los consumidores. Pero la competencia también demanda esfuerzo de los consumidores, esfuerzo en tanto que conocimiento y asunción de su importante papel en situaciones de competencia en las que ellos pasan de tener un papel pasivo a ser un agente activo de primer orden por las decisiones que

PABLO LANDECHO CAMPOS

pueden tomar. A este respecto, es ilustrativa la inminente1 culminación del proceso de apertura del mercado de suministro de energía eléctrica con la implantación de la tarifa de último recurso, que permitirá a los consumidores poder elegir entre aquellos comercializadores que les ofrezcan productos más competitivos. Finalmente, la competencia nos exige a los poderes públicos un esfuerzo de autocontrol, de adoptar en todas nuestras decisiones e iniciativas un enfoque o posición que concilie los objetivos de interés público perseguidos con la mayor neutralidad respecto a los mercados que puedan verse afectados. Y ese esfuerzo que todos debemos asumir en beneficio del mayor nivel de bienestar general que proporcionan las economías de mercado, ese esfuerzo —digo— debe reforzarse en situaciones de crisis económica como la que estamos afrontando, porque en entornos más competitivos la crisis desaparecerá antes; por eso comentaba antes que el título que enmarca estas Jornadas me parece muy sugerente y oportuno. En este contexto de dificultades que estamos atravesando es muy conveniente establecer foros de diálogo e intercambios de ideas de las cuestiones más candentes en el poliédrico mundo de la Política de la Competencia. Y a esta necesidad sin duda responde el Programa de las III Jornadas, que conforma una atractiva propuesta de cuestiones de actualidad en el ámbito de la Competencia. Tienen un indudable interés todas las intervenciones relacionadas con la transposición de la Directiva 2006/123, relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo cumplimiento impone a los legisladores el reto de eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. Nos encontramos, en consecuencia, ante ese esfuerzo antes mencionado que los poderes públicos deben realizar para evaluar su normativa de acceso a servicios y suprimir o, en su caso, justificar cumplida y convenientemente en los términos exigidos por la Directiva, el mantenimiento de determinados requisitos presentes en

1 de julio de 2009.

INAUGURACIÓN

múltiples normas que condicionan el acceso al mercado de servicios y la libertad de establecimiento. En este ejercicio de revisión, efectivamente, tendrá que ponderarse con extremo cuidado qué regulación debe mantenerse, —con las oportunas modificaciones, atendidas las razones de interés público que en cada caso sustente y justifique la misma y respetando el principio de proporcionalidad— y cuál ha de ser revisada y reformada por suponer barreras de entrada que no se justifican desde un óptica de libertad de acceso y, por tanto, de mayor competencia. En cuanto a los mercados regulados, representados en estas Jornadas a través del análisis del sector de la energía y la telecomunicaciones, el proceso de liberalización de estos mercados (energía, transporte, telecomunicaciones, servicio postal) permite o permitirá, en aquellos supuestos de más reciente liberalización, que los consumidores puedan escoger entre un mayor número de alternativas en los productos y los proveedores de servicios; la liberalización permite, además, tener la posibilidad de conseguir mejores precios y nuevos servicios más eficientes y enfocados al consumidor, lo que redunda, a su vez, en una economía más competitiva. También resultan de indudable actualidad todos los aspectos que van ligados a la concesión de ayudas públicas, pues este último año ha sido especialmente intenso en cuanto a intervenciones de gran dimensión y repercusión mediática. Qué duda cabe que en tiempos de graves dificultades los poderes públicos se ven en la disyuntiva de intervenir para salvar grandes estructuras empresariales o financieras, y tenemos recientes ejemplos de inyecciones multimillonarias en gigantes del sector de la automoción y del sector financiero en EEUU y también en Europa que quizás desde una perspectiva económica liberal no tengan una plena justificación; pero pienso que en este campo, como en muchos otros, el papel que deben jugar los poderes públicos es el de conseguir el máximo equilibrio en la ponderación de todos los intereses en juego, y el del mantenimiento de las condiciones de competencia seguro que es uno de ellos. Debe existir un consenso de todos respecto a que la aplicación de las normas sobre ayudas públicas es necesaria, precisamente en situaciones de crisis, para conseguir que las intervenciones tengan una orientación hacia el largo plazo que conduzca eficazmente hacia el final de la crisis. Por otra parte, a buen seguro que del intercambio de experiencias resultantes de las ponencias y mesa redonda sobre el sistema español de defensa de la competencia y la situación y perspectivas de las auto-

PABLO LANDECHO CAMPOS

ridades autonómicas surgirán nuevos enfoques que enriquecerán los planteamientos próximos de algunas de las incipientes organizaciones en la materia. Si al atractivo e interés de los temas seleccionados para su tratamiento en las Jornadas unimos el prestigio de todos los intervinientes y ponentes, el éxito está garantizado. Confío en que el desarrollo de estas Jornadas contribuya a despejar y enriquecer el debate y análisis sobre los temas que tan acertadamente han sido seleccionados por el Tribunal de Defensa de la Competencia y a buen seguro constituirá todo un éxito, pues me consta el trabajo y dedicación especial que han tenido los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia en su organización”.

El proceso de transposición de la Directiva de Servicios LUIS BERENGUER FUSTER Presidente de la Comisión Nacional de Competencia

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS. 1. Ámbito de aplicación. 2. Enfoque horizontal. 3. Simpliﬁcación administrativa y ventanilla única. 4. Facilitación de libre establecimiento y libre prestación de servicios. 5. Beneﬁcios para los consumidores y usuarios. Calidad de los servicios. 6. Cooperación administrativa entre los Estados miembros. III. CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA. 1. Enfoque ambicioso de transposición. 2. Programa de trabajo de la transposición en España. Situación actual (junio de 2009). IV. CNC Y SU PARTICIPACIÓN PROACTIVA EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS. V. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN Quiero agradecer al Tribunal Valenciano de Defensa de la Competencia la organización de estas terceras jornadas nacionales de la Competencia que bajo el título “Crisis Económica y Competencia” va a realizar un exhaustivo análisis de lo que puede aportar la política de competencia en este momento económico. El debate que aquí se genere será especialmente útil ya que estamos inmersos en un proceso de transposición de la Directiva de Servicios, que puede ser crítico para impulsar medidas liberalizadoras que fomenten y estimulen el crecimiento económico. En julio de 2002 la Comisión publicó un informe sobre “El estado del Mercado Interior de Servicios” que incluía un inventario de los obstáculos que limitaban el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. El informe llegaba a la conclusión de que existía todavía un gran desfase entre la visión de una Europa económica integrada y la realidad tal como la viven y experimentan los ciudadanos europeos y los prestadores de servicios. Estudios posteriores han confirmado que este desfase ha coincidido en el tiempo con algunos datos reveladores, en comparación con Estados Unidos, referentes al crecimiento de la productividad media anual de la última década, la contribución del sector servicios al crecimiento de

LUIS BERENGUER FUSTER

la productividad y el crecimiento del comercio exterior e intracomunitario de servicios, que ponían de manifiesto la existencia de un menor desarrollo relativo del sector servicios europeo, que hacía evidente el incumplimiento de los objetivos establecidos en las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de 2000. El bajo nivel comparativo de innovación, la menor adopción de nuevas tecnologías y, sobre todo una regulación excesiva que restringe la entrada al mercado de nuevos operadores y su competencia efectiva (efecto perverso sobre la innovación y la adopción de nuevas tecnologías) son las causas que provocan los deficientes resultados anteriores. En este contexto, y con el objetivo de reconducir la situación, la Directiva de Servicios del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 tiene como objetivo alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros. La Directiva pretende por tanto reducir cargas administrativas y otorgar mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio a través de un establecimiento permanente (libertad de establecimiento) o sin recurrir a dicho establecimiento (libertad de circulación de servicios). Esta Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad de elección de los destinatarios y mejorar la calidad de los servicios tanto para los consumidores como para las empresas usuarias de servicios. La Directiva entró en vigor el 28 de diciembre de 2006 de forma que se prohíbe cualquier nueva regulación contraria a lo que en ella se establece, al tiempo que se establece un plazo a los Estados Miembros para que transpongan el contenido de esta norma comunitaria a sus marcos legales. El plazo finaliza el 28 de diciembre de 2009. A lo largo del siguiente artículo me referiré en primer lugar a los principales elementos que aporta la Directiva de Servicios. A continuación expondré las características concretas del proceso de transposición de la Directiva en España y sus principales fases y desarrollo de las mismas hasta la actualidad. Para terminar, presentaré la posición de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) en todo este ejercicio.

EL PROCESO DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA DE SERVICIOS

II. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS Los principales elementos que recoge la Directiva de Servicios hacen referencia a su ámbito de aplicación, el enfoque horizontal adoptado, la simplificación administrativa que pretende, el reforzamiento de los principios de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, la puesta en valor de los consumidores, como principales beneficiarios de la liberalización y del incremento de la calidad de los servicios y el establecimiento de un procedimiento de cooperación entre las administraciones de los Estados Miembros.

1. Ámbito de aplicación La gama de servicios cubiertos por la Directiva es muy amplia e incluye las actividades que realizan la mayor parte de las profesiones reguladas, los servicios prestados a empresas, la distribución comercial, los servicios en el ámbito del turismo, los servicios de ocio, los servicios en el área de la instalación y mantenimiento de equipos, los servicios relacionados con la información, las actividades de consultoría y programación informática, la hostelería, servicios en el ámbito de la formación y la educación, los servicios de alquiler y arrendamiento con opción de compra, los servicios inmobiliarios, los servicios al hogar, los servicios de certificación, etc. Una serie de servicios están explícitamente excluidos por la Directiva. En particular: los servicios de interés general no económicos, los servicios financieros, los servicios audiovisuales, los servicios sanitarios, los servicios de transporte, los servicios prestados por notarios y agentes judiciales, los servicios de seguridad privada, las actividades de juego por dinero, los servicios de las empresas de trabajo temporal, los servicios sociales, los servicios y redes de comunicación electrónicas y las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública. Hay que subrayar en todo caso que el alcance de la exclusión de estos sectores no es total, sino que se limita a lo dispuesto en la propia Directiva.

2. Enfoque horizontal La Directiva de Servicios es una única Directiva que aborda de manera consistente y efectiva las barreras que impedían alcanzar un

LUIS BERENGUER FUSTER

auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea. Se descartaron procedimientos de infracción (caso por caso) para hacer valer lo establecido en el Tratado con respecto a la libre circulación de servicios., así como un enfoque sectorial, por considerarse enfoques más complejos, menos efectivos y carentes de la visibilidad necesaria para impulsar un verdadero ejercicio de liberalización.

3. Simplificación administrativa y ventanilla única El objetivo de la simplificación administrativa es reducir y eliminar la normativa innecesaria e injustificada que restringe el acceso y ejercicio de una actividad de servicios. Por ello, la simplificación administrativa redundará en una reducción de los diferentes procedimientos y trámites existentes en la actualidad y favorecerá la claridad y transparencia de éstos. El concepto de ventanilla única en la Directiva de Servicios no se refiere sólo a facilitar a través de un único punto de contacto toda la información relativa al acceso y ejercicio de una actividad de servicios. Va mucho más allá al exigir a las Administraciones Públicas que garanticen que los prestadores puedan llevar a cabo todos los trámites necesarios para el acceso y ejercicio de sus actividades de servicios a través de dicho punto único.

4. Facilitación de libre establecimiento y libre prestación de servicios La Directiva establece como regla general que cualquier prestador de servicios establecido legalmente en un Estado miembro podrá establecerse en cualquier otro país de la Unión. Por ello, sólo excepcionalmente podrá supeditarse el acceso o ejercicio de una actividad de servicios a un régimen de autorización cuando concurran determinadas condiciones. Uno de los principios básicos de la Directiva establece que los Estados miembros deben garantizar el libre acceso a las actividades de servicios y su libre ejercicio en su territorio. Así, los Estados miembros donde se preste el servicio sólo excepcionalmente podrán imponer requisitos adicionales si éstos son no discriminatorios, resultan proporcionados y están justificados por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.

EL PROCESO DE TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVA DE SERVICIOS

5. Beneficios para los consumidores y usuarios. Calidad de los servicios En términos generales, la Directiva de Servicios redundará en importantes beneficios para los consumidores en forma de mejora en los niveles de calidad, aumento de la cantidad de servicios ofertados y reducciones de precios. Además, la Directiva se preocupa especialmente de la protección de los derechos de los destinatarios de los servicios, al establecer toda la información a la que deben poder acceder fácilmente los destinatarios y al formalizar el derecho a utilizar servicios de otros Estados miembros. Uno de los objetivos fundamentales de la Directiva es mejorar la calidad de los servicios. En este sentido, se fomentará la elaboración de códigos de conducta a escala europea, a través de la consulta a organismos y asociaciones profesionales afectados. Al mismo tiempo, se incentivará a las empresas a elaborar cartas de calidad de los servicios ofrecidos y a certificar voluntariamente que sus actividades cumplen determinados estándares de calidad.

6. Cooperación administrativa entre los Estados miembros Dicha cooperación tiene la característica de ser una obligación legal vinculante para las diferentes administraciones y tiene como objetivo mejorar los sistemas y canales de información y control dentro del mercado interior, así como evitar una multiplicación de los controles.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA El sector servicios en España representa un 66,7% PIB a precios de mercado (casi un 80% de los servicios están destinados a la venta en el mercado) y 66,2% del empleo total. Aunque estos porcentajes son muy relevantes, están en la banda inferior de los existentes en los países desarrollados de nuestro entorno, lo que indica que el sector servicios en España tiene aún un importante potencial de crecimiento. Las actividades de servicios en España afectadas por la Directiva suponen el 87% del total del sector servicios, es decir, más del 62% del total de la producción de la economía española y más de la mitad del