Tribuna Popular Nº 3.037

¡A DERROTAR LAS CÚPULAS CORRUPTAS!

FSM se solidariza con trabajadores despedidos de Servicio Panamericano de Protección | p. 9

Situación

Desorden, inefi cacia y corrupción atentan contra el derecho a la salud | p. 14

La trabajadora petrolera Johana González cumple un año secuestrada en el INOF | p. 8

Un silencio atronador en la lucha anticorrupción

Hay miradas que lo dicen todo, pero también hay silencios bastante esclarecedores. Una de esas bocas cerradas es la del titular de la Contraloría General de la República, quien apenas la ha abierto para manifestar su «apoyo irrestricto» a la lucha anticorrupción (¡del Ejecutivo!). Y nos preguntamos qué hacía Elvis Amoroso mientras la cúpula en la que dice depositar sus esperanzas saqueaba Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Otra vez silencio.

Lo último que dijo Amoroso sobre Pdvsa antes de que la frase «caiga quien caiga» se convirtiera en el nuevo mantra gubernamental, es que había recibido la memoria y cuenta de la estatal petrolera correspondiente al año 2022, y que realizaría una «revisión minuciosa» del documento para verificar posibles «hallazgos» y emitir eventuales «recomendaciones».

Un par de días más tarde, el país supo (y no por boca de Amoroso) no de hallazgos, sino de pérdidas en Pdvsa: específicamente de tres mil

millones de dólares. ¡Una pelusa! Pero a casi un mes de esto, aún el pueblo venezolano espera las recomendaciones prometidas por el contralor general.

También calla Amoroso (y con él todo el Gobierno nacional) sobre la espectacular villa de seis millones de euros confiscada al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales en Italia.

Calla tanto el contralor que su silencio ya ensordece. Mientras tanto, el locuaz fiscal general brinda largas ruedas de prensa, pero aún no explica por qué engavetó las denuncias hechas oportunamente por los exgerentes petroleros Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, o por qué la mayoría de los trabajadores injustamente encarcelados en el país han sido juzgados por un único juez: José Mascimino Márquez, uno de los miembros de la lista de detenidos por «supuestos actos de corrupción».

Y en este drama musical en el que la mayoría baila al son que le toquen, otros protagonistas pueden decirle al público «me retiro» (como hizo el exministro Tarek El Aissami) cuando su voz desafina, e incluso recibir unas últimas loas del jefe de Estado por su disposición para cooperar con las investigaciones.

Así las cosas, se entiende por qué desde la Asamblea Nacional dirigida por el autoritario Jorge Rodríguez se le prohíbe el derecho de palabra al diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), única organización política que ha exigido interpelar al presidente de la República, a los funcionarios que tenían la misión de salvar Pdvsa y, desde luego, a los representantes de las instituciones que debían velar por el patrimonio del pueblo venezolano. Claro, a las cúpulas del Gobierno y su partido no les gusta la nota disonante. Pero el PCV no sabe de arreglos musicales y menos de pactos de silencio. El Gallo Rojo canta claro.

Comité Central del PCV trazó hoja de ruta político-electoral

PRENSA PCV.- El 3º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) acordó la estrategia político-electoral de esta organización de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2024. La hoja de ruta incluye la realización de la 16ª Conferencia Nacional del PCV para la elección de una candidatura unitaria del movimiento revolucionario.

La línea de acción político-electoral se enfoca en el reagrupamiento de fuerzas obreras y campesinas para construir un movimiento que sea capaz de disputar el poder a las élites que hoy han pactado contra los intereses del pueblo.

Esta decisión fue tomada por el Comité Central en su reunión efectuada los días 15 y 16 de abril en Caracas, tras analizar el cuadro político internacional y nacional, así como la política de amplia unidad de acción obrero sindical y de masas que adelanta el PCV en el contexto de las importantes movilizaciones de trabajadores de la administración pública que demandan salarios dignos.

El órgano de dirección comunista valoró la creación de espacios amplios para el debate que tributen al fortalecimiento del programa electoral que deberá ser asumido por las fuerzas que levanten la candidatura contra el paquetazo neoliberal en curso.

La Conferencia Nacional será un momento decisivo del proceso, el cual, de acuerdo a lo debatido por el Comité Central, implica «ir más allá de la izquierda», es decir, alcanzar a esa gran mayoría de la población que rechaza la falsa polarización entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la derecha venezolana.

Ante este pacto de élites, el Comité Central ha ratificado la necesaria construcción de una ge-

nuina alternativa. De tal modo que ha quedado descartada cualquier alianza política o electoral con fuerzas reaccionarias que sirvieron a la agenda intervencionista o con aquellas que hoy colaboran, de forma abierta o encubierta, con la política que ha sumido al pueblo en condiciones de miseria mientras una cúpula corrompida saquea el erario público.

En contraposición, el Pleno del Comité Central acordó el impulso de un movimiento nacional por la dignidad del pueblo y contra la corrupción y degradación moral en la que ha naufragado la dirección política del país.

En el eje organizativo, el Comité Central aprobó el plan de acompañamiento a los procesos de reorganización del partido en ocho estados del país, y el reglamento marco para la realización de las Conferencias de Célula y Regionales en Apure, Aragua, Cojedes, Guárico, Falcón, Delta Amacuro, Táchira y Nueva Esparta.

VIGILANTES ANTE LOS INTENTOS DE USURPACIÓN

En el pleno también se afinó el plan de defensa del PCV frente a las acciones que ejecutan las cúpulas del Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para asaltar al partido del Gallo Rojo y así despojar al pueblo venezolano de un instrumento clave para la lucha por sus derechos y aspiraciones.

Este plan se nutrió de las propuestas elevadas por los organismos de base y las direcciones locales y regionales del partido en las que el componente ideológico tuvo un papel relevante. Además, se conocieron iniciativas que importantes sectores de la intelectualidad venezolana y latinoamericana están preparando para denunciar los peligros que se ciernen sobre la democracia en Venezuela de materializarse esta tentativa de usurpar las siglas del PCV. ■

DIRECTOR-FUNDADOR: Gustavo Machado M. (1898-1983) | DIRECTORA: Neirlay Andrade | EDITOR: Fernando Arribas G.

ADMINISTRADORA: Ana Vargas R. | DISEÑO: María Jesús Alvarado | CONSEJO

EDITORIAL: N. Andrade, F. Arribas, Oscar Figuera, Carlos Ojeda F., Carlos Lazo | COLABORADORES: Ruy Blas, Luigino Bracci, Paul Dobson, Óscar Feo, Douglas Gómez, Carla Herrera, Claudia Herrera, Carlos Mendoza, Obiel Nuñez, Alonso Ojeda, Ángel Ostos, Armiche Padrón, Lusbi Portillo, Héctor Rodríguez, Yury Weky.

Calle Jesús Faría, Esq. San Pedro, Edif. Cantaclaro, San Juan, Caracas | Depósito Legal: PP760472

TELÉFONOS:

REDACCIÓN:

www.issuu.com/Tribuna_Popular

PCV convoca a movimiento nacional por la dignidad y contra la corrupción

TRIBUNA POPULAR.- Ante los graves hechos de corrupción revelados en las últimas semanas «que evidencian el profundo nivel de descomposición del aparato del Estado y de su cúpula dirigente», el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha hecho un llamado a la construcción de un movimiento por la dignidad nacional y contra la corrupción.

Ser trata de «un gran movimiento que levante la bandera de la dignidad del pueblo venezolano, porque la dignidad no es sólo luchar contra la corrupción, que es una tarea de ese movimiento, sino también defender el derecho del pueblo a un salario digno», explicó Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del PCV.

Para el dirigente comunista, luchar por la dignidad asimismo es «defender los derechos de los productores del campo a precios adecuados para su producción; es también defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a tener servicios públicos adecuados a sus necesidades».

Figuera recordó que regularmente aumentan los precios de los servicios públicos, incluso los que presta el Estado, «pero para el salario, para las prestaciones sociales, para las jubilaciones y las pensiones, no hay indexación», y agregó: «porque este es un Gobierno que aplica una política al servicio del capital y por tanto antiobrera y antipopular».

ACCIONES MÁS CONTUNDENTES

El PCV reiteró su demanda de acciones mucho más contundentes «para enfrentar la corrupción que se ha instalado en diversas instancias del Estado venezolano», y que ha quedado en evidencia con la trama develada recientemente en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otros entes estatales. A juicio de las y los comunistas venezolanos, la situación es tan grave que «demanda la actuación de todos los poderes públicos y de las instituciones que tienen el mandato constitucional de actuar para impedir estos hechos de corrupción».

Para la dirección política del partido del Gallo Rojo, «los hechos más recientes han demostrado que estos poderes han estado al margen de los procesos de investigación o han avalado, por acción o por omisión, situaciones que favorecen las prácticas de corrupción en el país».

«En particular, nos referimos a la Contraloría General, a la Fiscalía General y a la Asamblea Nacional, poderes del Estado que tienen man-

dato constitucional para adoptar medidas, acciones y decisiones que impidan el asalto que se está cometiendo contra el erario de la República», precisó Figuera. «En el PCV nos preguntamos dónde está la Contraloría General de la República, de la que hasta ahora no hemos escuchado ninguna posición contundente con relación a los hechos de corrupción denunciados», agregó.

Asimismo, el secretario general comunista criticó que la actuación de la Fiscalía General de la República continúe subordinada al Poder Ejecutivo, y aseguró que «lo que indican las circunstancias es que hay una profunda confrontación entre mafias y grupos que controlan el poder en Venezuela».

LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE ACTUAR

El dirigente del PCV, quien es asimismo diputado ante la Asamblea Nacional, exigió que ésta interpele «a estos altos funcionarios que no han sido capaces de cumplir con su responsabilidad y que hoy debiesen renunciar a los cargos que ostentan porque no han sido capaces de cumplir con sus obligaciones». Y luego agregó: «Quizás debería corregirme y no decir que no han sido capaces, porque es posible que en lugar de incapacidad haya complicidad».

El parlamentario precisó que estas investigaciones no pueden ser llevadas a cabo «por quienes son parte de esas cofradías corrompidas y corruptoras», sino por una comisión que debiese formar el Poder Legislativo «con personalidades que no estén comprometidas con las mafias descompuestas que están asaltando la riqueza del pueblo venezolano».

Figuera reiteró que para el PCV este asalto se está desarrollando «cobijado por la denominada ley antibloqueo, que es un instrumento que favorece las condiciones para la impunidad al establecer que las acciones y decisiones del Ejecutivo Nacional son confidenciales o secretas».

«Ahí está el secretismo que impide que se desarrolle la contraloría social, que impide que se desarrolle la contraloría institucional; el secretismo para robar al pueblo, el secretismo para entregar las empresas nacionales a los capitales extranjeros o a aquellos enriquecidos por la corrupción, a la vera del Gobierno», apuntó.

«Tendríamos que decirlo de manera muy precisa: aquí hay una élite que se enriquece manejando en forma discrecional y abusiva la riqueza del país, mientras una gran mayoría del pueblo venezolano está reducida a la miseria», agregó Figuera.

PCV

EXIGE INVESTIGAR A MADURO

El PCV señaló que la cúpula gubernamental trata de «desmoralizar a nuestro pueblo e intenta demostrarle que ellos tienen la fuerza y el control de las instituciones y de todo el país, que pueden hacer lo que les da la gana y que, por tanto, el pueblo no será capaz de sustituirla».

«Nosotros insistimos en que también debe ser investigado el presidente de la República Nicolás Maduro, porque no solamente es el responsable último de la hacienda nacional, de la hacienda pública, sino que además es quien designó en 2020 a la comisión presidencial para la reestructuración de Pdvsa y, por tanto, es el responsable directo de ese equipo» que ahora quedó expuesto como culpable de gravísima corrupción, dijo Figuera.

Recordó asimismo que el decreto que dio vida a esa comisión señalaba que ésta debía rendir mensualmente al presidente cuenta de sus actuaciones. Pero además, insiste Figuera, «no era posible desarrollar una concepción del negocio petrolero como la que se ha puesto en práctica en los últimos tres o cuatro años, que facilita la corrupción, sin conocimiento directo del presidente Maduro».

«Por esas razones y por lo que ha dicho el propio presidente sobre su responsabilidad, es que también debe ser investigado. Y si hay elementos que demuestren que tiene responsabilidad, por acción o por omisión, en los hechos de saqueo al país, debe ser juzgado y sancionado como lo establece la Constitución», concluyó Figuera. ■

Magistrado Maikel Moreno debe ser investigado

TRIBUNA POPULAR.- Como «inaceptable» calificó Yul Jabour, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el silencio institucional y gubernamental en torno a las recientes informaciones hechas públicas por la justicia italiana sobre la supuesta participación del magistrado Maikel Moreno Pérez, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en una operación internacional de blanqueo de capitales.

El pasado 6 de abril la prensa italiana reveló que una lujosa villa en la Toscana, registrada a

nombre de Debora Menicucci, quien es la esposa del magistrado actualmente miembro de la Sala de Casación Penal del TSJ, había sido confiscada. De acuerdo al diario La Nazione, el proceso de compra de la villa, valorada en seis millones de euros, alertó a las autoridades italianas y las condujo a investigar cuentas bancarias en Suiza a nombre de una empresa panameña, que resultó estar vinculada con Moreno Pérez.

Hasta ahora, la actual presidenta del TSJ Gladys Gutiérrez, ha guardado silencio sobre

el asunto, y tampoco se tienen noticias de la apertura de investigación alguna al respecto por el Ministerio Público o la Contraloría General de la República.

El propio magistrado ha callado sobre las acusaciones hechas por las autoridades italianas, y sólo hizo una aparición pública reciente a través de una cuenta de redes sociales, pero no para abordar el tema de su supuesta participación en la trama, sino para lamentar la muerte de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena. ■

Foto: Miguel González | Crónica Uno

De la alianza patriótica a la ruptura:

Una década de relaciones entre el PCV y Nicolás Maduro

La máquina propagandista del Gobierno y sus mercenarios a sueldo, encargados de inundar las redes sociales con toda clase de mentiras e infamias, repiten constantemente que el deslinde del Partido Comunista de Venezuela (PCV) con el Gobierno de Nicolás Maduro obedece a «aspiraciones oportunistas» del PCV, llegando incluso a la ruin acusación de una supuesta «alineación» de este partido con los planes de la derecha y del imperialismo.

No es interés de este artículo demostrar cómo el Gobierno y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se sirven de un falso discurso antiimperialista para reprimir y criminalizar las luchas obreras así como toda forma de crítica a su nefasta y corrupta gestión, mientras descaradamente pactan con los partidos de la derecha tradicional, los gremios empresariales y el imperialismo estadounidense. Nos enfocaremos en mirar el curso y desarrollo de las relaciones del PCV con el Gobierno de Maduro, con el fin de identificar las reales causas que motivaron el deslinde y ruptura definitiva.

EL PRIMER GOBIERNO DE MADURO

El PCV decidió apoyar la candidatura presidencial de Nicolás Maduro para las elecciones de abril de 2013 en el marco de una amplia alianza nacional de fuerzas revolucionarias y patrióticas que buscaban contener las aspiraciones de los partidos de derecha subordinados a la política intervencionista de Estados Unidos, luego de la muerte de Hugo Chávez.

Desde el primer día, la gestión del presidente Maduro mostró rasgos vacilantes y proclives al capital. El vencimiento de los compromisos financieros internacionales del país, aunado a la caída de los precios internacionales del petróleo, se tradujo en una reducción significativa de los ingresos petroleros, que representan el 99% de la entrada de divisas del país.

El agotamiento del modelo capitalista rentista volvía a ponerse de manifiesto, y el PCV alertó al Gobierno sobre esta realidad con un documento donde explicaba el carácter de la crisis en desarrollo y demandaba una «nueva y revolucionaria política económica». Allí, el PCV propuso la adopción de medidas urgentes para frenar la fuga de capitales y ejercer un control centralizado de los decrecientes ingresos petroleros para su empleo eficiente en las necesidades del pueblo y el impulso del aparato productivo nacional.

El Gobierno no sólo desestimó estas propuestas sino que tomó el camino contrario. Apoyado en la narrativa de la «guerra económica», que negaba la esencia capitalista de la crisis, continuó con la equivocada política de favorecer la fuga de la menguada renta petrolera por la vía de su asignación a la burguesía financiera, comercial e importadora, y privilegiando el pago del servicio de deuda a los acreedores externos. Entre 2014 y 2017 el país siguió padeciendo una sangría de riquezas a través del fraude de las importaciones, el contrabando de extracción, la galopante corrupción administrativa y el insensato pago de la deuda externa.

El PCV criticó duramente la continuidad de esta política y sus consecuencias en el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajado-

ra y los sectores populares. Los resultados fueron la reducción drástica de la importaciones de bienes de consumo básicos y materias primas, generando un desabastecimiento agudo, el desmontaje progresivo de conquistas sociales, el deterioro de los servicios públicos y la sistemática destrucción de los ingresos y derechos de las y los trabajadores.

En la política interna, las diferencias con el Gobierno de Maduro no hacían más que profundizarse, aunque las coincidencias se mantenían en cuanto a la lucha contra los planes de agresión imperialista que venían escalando desde la declaratoria de Venezuela como «amenaza inusual para la seguridad de los EEUU». Así el PCV mantuvo una política de amplia unidad para contener y derrotar las tres más importantes arremetidas del imperialismo y sus aliados internos en la década pasada: las guarimbas de 2014, el decreto Obama de 2015 y la violencia reaccionaria de 2017.

EL SEGUNDO MANDATO

Para las elecciones presidenciales de mayo de 2018, el PCV respaldó la candidatura de Maduro con la condición de que éste firmara el «Acuerdo Marco Unitario para enfrentar la crisis con medidas revolucionarias». Este acuerdo plantea en esencia revertir las nefastas consecuencias de la política económica de la gestión anterior, recuperar los salarios y derechos laborales de los trabajadores, y fortalecer el protagonismo de la clase obrera y el campesinado en la confrontación creciente con el imperialismo.

A sólo tres meses de su reelección, el Gobierno de Maduro cometió el primer incumplimiento grave del contenido del acuerdo: se hizo oficial el «Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad» con el que el Gobierno radicalizó su política antilaboral. De un plumazo aplanaron los sueldos para todas las ramas y de forma unilateral dejaron sin efecto todas las contrataciones colectivas de los trabajadores.

El PCV enfrentó esta arremetida criminal contra los derechos y conquistas de la clase obrera con una intensa campaña por la derogatoria de estas medidas. Sin embargo, la confrontación de clase contra la política antiobrera del Gobierno de Maduro se vio condicionada por el nuevo escenario surgido con el supuesto gobierno de Juan Guaidó en 2019 como punta de lanza de

una dura ofensiva imperialista contra la soberanía nacional.

Como era de esperar, el inconsecuente y timorato Gobierno de Maduro no asumió una política revolucionaria con mayor protagonismo obrero-popular. Para finales de 2019 y fundamentalmente durante 2020, fortaleció su alianza con sectores del gran capital, particularmente la nueva burguesía y la clase terrateniente, forjada a la sombra de los negocios estatales.

Así es como el Gobierno dio un giro definitivo a la derecha y oficializó un nuevo programa de apertura y liberalización económica para «eludir el bloqueo» y superar la crisis, muy similar al paquetazo neoliberal de finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado. La diferencia es que este ajuste llega paradójicamente disfrazado con una retórica antiimperialista y de izquierda.

Como los mismos ideólogos del Gobierno lo describen, se trata de «tender una alfombra roja a los capitalistas» para que inviertan en el país. Esta alfombra consiste en la liberación de precios, la dolarización de facto de la economía, la eliminación de impuestos a las importaciones, la privatización de empresas públicas bajo la figura de asociaciones estratégicas, el congelamiento de sueldos y salarios, el desconocimiento de los contratos colectivos, la eliminación de facto de las prestaciones sociales y ahorros de los trabajadores, y una política sistemática de desregulación de las relaciones laborales.

Esta política neoliberal abrió las puertas para el entendimiento con la derecha tradicional y el imperialismo estadounidense y europeo. Sobre esta nueva base, empezaron a darse negociaciones, en primer lugar con el gremio empresarial más importante, la Federación de Cámaras de Producción y Comercio (Fedecámaras), y posteriormente con los partidos de la derecha y el Gobierno de Estados Unidos.

Es sobre esta realidad de total ruptura con el Acuerdo Marco Unitario y con las bases programáticas del proceso bolivariano iniciado por Hugo Chávez, que el PCV se deslindó del Gobierno de Maduro. Los desarrollos posteriores han dado la razón al PCV y al movimiento popular revolucionario. No es posible para un partido de la clase obrera sostener el apoyo a un Gobierno que aplica un ajuste contra el pueblo y en detrimento de la soberanía nacional.

Héctor Alejo Rodríguez Miembro del Buró Político del PCV

La industria del petróleo venezolano en la última década

No es posible asumir el análisis propuesto en el título de esta nota, que me solicita Tribuna Popular, sin considerar las tendencias estructurales subyacentes en la evolución centenaria de la explotación petrolera en nuestro país.

En efecto, en la década pasada ha cristalizado, de manera aguda, la principal de esas tendencias: la constante declinación de la capacidad de generación de excedentes de esa industria, manifiesta en el agotamiento, acelerado por el abandono, de los campos convencionales que habían sustentado la producción petrolera nacional durante nueve décadas.

Factor fundamental de la agudización de este proceso crítico lo constituyó la decisión de la gerencia petrolera venezolana, inducida por factores de la geopolítica energética estadounidense, de acometer, como sustitutos de emergencia, proyectos megalíticos, fundados en evaluaciones fantasiosas de las posibilidades de desarrollo rentable de las gigantescas acumulaciones de crudos extrapesados que se encuentran en la Faja Petrolífera del Orinoco, en la orilla norte del río.

La tendencia señalada queda de manifiesto al observar que 1971, con 3,71 millones de barriles diarios (mmbd) de promedio, fue el pico –al cual nunca se volvió– de una producción que había sido constantemente ascendente desde 1917, y que convirtió al territorio venezolano en el origen de las mayores exportaciones de petróleo del mundo entre 1926 y mediados de los años sesenta.

El señalado factor acelerador de la crisis se expresa en los reiterados y fracasados proyectos para desarrollar capacidades de producción de cuatro hasta siete mmbd de promedio anual, de los crudos extrapesados de la Faja, formulados desde 1983 y hasta hace dos años. Esos proyectos, además de hundir infructuosamente los recursos generados en los yacimientos convencionales, han determinado el abandono del mantenimiento y de las labores de recuperación

secundaria en éstos, lo cual ha acelerado su declive.

Agréguese a lo anterior la compra o arrendamiento en el exterior de 17 refinerías –chatarras en su mayoría– para «asegurar» el mercado de la supuestamente creciente producción futura, y la meta, reiterada sin escarmiento por los fracasos anteriores, de 2010: aumentar el número de refinerías a 37 en el 2030.

LA GRAN CAÍDA

Con ello se completa el panorama de la irresponsable y ruinosa planificación petrolera venezolana, fundada en la fraudulenta conversión de recursos de hidrocarburos no desarrollados en «reservas probadas», pretendidas como las mayores del mundo.

Para 2012, ya había ocurrido una caída de 0,674 mmbd respecto a la producción de 2008. Y a partir de entonces y hasta 2017, esa caída se acentuó en otros 0,588 mmbd. Vale decir que entre 2008 y 2017, la producción petrolera venezolana había caído en 1,25 mmbd.

Es importante señalar esto, porque es sólo a partir de 2017 cuando se acentúan las sanciones estadounidenses, a las cuales se puede imputar, desde entonces, la mayor incidencia en la caída

adicional de 1,42 mmbd, hasta llevar ese valor en 2020 a un ínfimo promedio de 0,562 mmbd, equivalente a los niveles de hace 76 años.

La búsqueda de salidas al cerco condujo a la exploración de vías alternas a los canales comerciales tradicionales controlados por Estados Unidos. De hecho, ya desde principios de este siglo se incrementaron los envíos petroleros hacia la India y China. Pero ello no bastó. Hubo de apelarse a la recién convocada Asamblea Nacional Constituyente para que, en octubre de 2020, se aprobara la llamada ley antibloqueo, que autorizó al Ejecutivo Nacional para «desaplicar» normas legales y constitucionales, amparado en el supremo interés nacional y protegido por un secreto de Estado cuya violación sería penada por traición a la patria.

Hoy asistimos al primer resultado público de esos manejos secretos, los cuales ampararon manipulaciones non sanctas que han permitido evasiones del patrimonio nacional, estimadas preliminarmente en el orden de las decenas de miles de millones de dólares y por las cuales se imputa a altísimos personeros de los poderes públicos y sus operadores y testaferros privados. Lo que sigue ya es materia criminalística y no de mi competencia.

Del cesarismo progresista al regresivo

En un artículo de la edición Nº 3.036 de Tribuna Popular, titulado «10 años sin Hugo Chávez. La urgencia de un análisis crítico», se invita a un debate para ponderar el proceso político venezolano y así «establecer un rumbo programático acertado y con independencia de clase». El presente texto pretende contribuir a ello.

Después del Caracazo, en febrero de 1989, el sistema político oligárquico-burgués basado en el bipartidismo, entró en una profunda crisis cuyas causas han sido largamente analizadas por diferentes autores, pero que se pueden resumir como una contradicción catastrófica entre los llamados representantes del pueblo y el pueblo mismo.

La crisis derivada de esta situación creó las condiciones favorables para la aparición de lo que Gramsci describió como cesarismo, es de-

cir, una «solución arbitraria» a una situación caracterizada «por un equilibrio de fuerzas de perspectiva catastrófica», a consecuencia de lo cual una tercera fuerza entra en escena para dominar a aquellas que estaban en lucha y se han debilitado recíprocamente.

En nuestro país, esa fuerza que quebró la disputa bipartidista fue Hugo Chávez, representante de ese tipo de cesarismo que Gramsci calificó de progresista, puesto que su intervención «ayuda a las fuerzas progresivas a triunfar» con la salvedad hecha por el comunista italiano: «aunque sea con ciertos compromisos y temperamentos limitativos de la victoria».

Con el correr de los años, y sobre todo después de la muerte de Hugo Chávez, esta salida «confiada a una gran personalidad», ha revelado sus propios límites y los del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), esa gigantesca maquinaria electoral creada en 2007 que acabó fagocitando a los partidos integrantes de las varias encarnaciones del Gran Polo

Patriótico, menos al Partido Comunista de Venezuela.

De nada sirvió intentar disfrazar a Nicolás Maduro de Chávez. El PSUV sin su césar, busca desesperadamente sobrevivir con el apoyo incierto de la fuerza armada y a través de alianzas con una oposición heteróclita controlada en su mayoría por el imperialismo. A pesar de los esfuerzos por reactivar las organizaciones de masas creadas bajo el liderazgo de Chávez, la ruptura entre la clase trabajadora y la cúpula gubernamental está consumada. La descomposición generalizada deviene sistémica y ya no hablamos de los corruptos del Gobierno sino del Gobierno de los corruptos.

Este nuevo pacto de élites entre el Gobierno y la oposición de derecha revive ese escenario de equilibrio de fuerzas con perspectiva catastrófica dibujado por Gramsci, y es imposible que de su seno resulte un giro progresista. Por el contrario, el camino que recorre la cúpula del PSUV y del Gobierno es el de un cesarismo regresivo.

Ruy Blas Profesor titular jubilado de la ULA

Carlos Mendoza Potellá Economista, profesor de economía petrolera

Historias de la migración venezolana:

Una maestra en Argentina

TRIBUNA POPULAR.- A partir de 2006, Venezuela comenzó a experimentar un fenómeno que jamás había ocurrido en la historia nacional: la emigración masiva. Este fenómeno alcanzó un punto crítico en 2016, cuando el número de emigrantes fue tan alto que por primera vez la población total sufrió un decrecimiento neto. En cada uno de los últimos siete años, centenares de miles de venezolanas y venezolanos han abandonado el país, como resultado de la severa crisis fruto de la contracción del ingreso petrolero y las desastrosas políticas económicas del Gobierno de Nicolás Maduro, crisis agravada desde 2017 por las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. Hasta marzo de este año, la cifra de compatriotas que han emigrado ante el cuadro de agudo deterioro de las condiciones de vida de la amplia mayoría del pueblo trabajador, alcanza los 7,24 millones. De ellos, al menos seis millones se encuentran en algún país de la región de América Latina y el Caribe. De acuerdo a la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, tres cuartas partes de las y los compatriotas que se encuentran en esta región padecen dificultades para acceder al empleo formal y a servicios básicos tales como alimentación o vivienda.

Aunque Colombia y Perú son los principales destinos de las y los venezolanos, en los últimos años, la migración venezolana en Argentina ha repuntado significativamente. Mientras que en 2010 el Gobierno argentino censó a 6.379 compatriotas con documento de identidad, el año pasado se contabilizaron 220.595. Las autoridades argentinas identifican 2017 como el año en que comenzó a aumentar el número de solicitudes de residencia de las y los venezolanos.

EL CASO DE MARÍA DE LOS ÁNGELES

Entre esas y esos nuevos migrantes venezolanos en Argentina se cuenta María de los Ángeles, una educadora oriunda de Caracas que migró a ese país del Cono Sur en 2018 cuando tenía 35 años. Como la mayoría de las y los venezolanos que llegaron a Argentina en los últimos cinco años, María de los Ángeles cuenta con alto nivel de formación: a su licenciatura en Educación Preescolar, se suman una maestría en Educación Ambiental y un diplomado en fotografía.

Al ser consultada sobre los motivos que la llevaron a reubicarse en la República Argentina, la caraqueña señala dos: su conocimiento previo de ese país y el impacto que tuvo la crisis económica en su vida. «Ya había visitado Argentina en dos ocasiones, en 2009 y 2012, así que tenía conocidos», explicó. También había tenido contactos con integrantes de organizaciones populares argentinas.

María de los Ángeles vislumbraba inicialmente su salida del país como algo temporal: «Desde mi visita a Argentina había quedado con la idea de tener en algún momento la experiencia de vivir acá un tiempo y hacer cosas. No lo había hecho porque en Venezuela tenía una posición cómoda: tenía trabajo gubernamental, con responsabilidades en distintas instituciones. Además, estaba culminando mi maestría». Pero luego esta percepción cambió: «El tema de dejar el país y la familia me lo pensaba como una experiencia momentánea, pero ya en 2018

comencé a asumirlo como migración, porque las condiciones en Venezuela estaban complejas. Independientemente de lo que sabemos, que hay un bloqueo, que hay un sabotaje político, la verdad es que hay también una situación económica compleja y yo no escapé de eso. Mis ahorros se devaluaron».

Investigaciones académicas recientes han señalado que el conocimiento previo del país y la existencia de vínculos sociales han sido claves en la elección de Argentina como destino de la emigración. El otro factor es la política de regularización de las y los migrantes en el país: «Una de las cosas que tiene Argentina es que uno como migrante se puede regularizar muy rápido; regularizarse significa tener un documento que permita trabajar y acceder a derechos básicos como trabajo o salud».

María de los Ángeles tomó sus ahorros en 2018 y compró un pasaje; un amigo le dio hospedaje y la ayudó a encontrar su primer trabajo y a regularizarse. «Siempre me planteé que si iba a migrar de Venezuela iba ser con las condiciones mínimas y así fue. Si bien es cierto que en el camino han pasado cosas que me han hecho pensar mucho la migración, también reconozco que he tenido apoyos y eso es importante».

La recepción de María de los Ángeles en una casa conocida es una de las experiencias más comunes entre las y los venezolanos que llegan a Argentina. De acuerdo con estadísticas locales, las otras opciones principales son los alquileres temporales concertados a través de páginas web, los alquileres de habitaciones en residencias colectivas, y los alquileres de habitaciones individuales en viviendas familiares.

Frases como «la situación política» son recurrentes en las crónicas sobre las causas de la migración. Sin embargo, María de los Ángeles es muy clara sobre este aspecto: «Migré siendo chavista, no me fui molesta con el proceso, no me fui desconociendo todo. Al contrario, lo primero que hice al llegar a Argentina fue buscar espacios solidarios donde se pudiese hablar de Venezuela desde otro lugar que no fuese lo que se mostraba en los medios de comunicación». Esta inserción en experiencias organizativas y la capacidad de asociación han sido reseñadas en estudios como una característica de fortale-

za que diferencia a la migración venezolana de otros grupos en Argentina.

CUIDADOS Y COMERCIO: QUÉ HACEN LAS MIGRANTES

La mayoría de las y los migrantes se integran al campo de trabajo en el área del comercio, y aunque actualmente María de los Ángeles cumple con este perfil, pues trabaja en un almacén, su experiencia inicial estuvo en el área de los cuidados. En efecto, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Gobierno argentino, 46,6% de las mujeres migrantes trabaja en hogares privados que contratan servicio doméstico.

«Cuando llegué, mi amigo ya me había encontrado un trabajo cuidando a una señora mayor. Acá existe la figura o el oficio de cuidador de adultos mayores; ese fue mi primer trabajo y a través de la Universidad de la Plata hice un curso de cuidadora domiciliaria. Cuidé tres años a esa señora y luego a otra. Esto me agotó física y mentalmente», recuerda.

Uno de los escollos más difíciles de sortear para los migrantes es acceder a un área de trabajo que esté vinculada a su formación profesional. «Si bien todo trabajo es dignificante, uno siempre quiere desarrollarse dentro de su campo profesional. Lamentablemente yo no lo he logrado. He tenido experiencias, he dictado talleres, he trabajado con la fotografía, pero han sido pequeños trabajos. Lo que realmente me ha sostenido durante todo este tiempo es el trabajo en el comercio y el trabajo de cuidadora de adultos mayores», dice.

María de Los Ángeles teme perder definitivamente el contacto con su profesión, y por eso se ha esforzado por mantenerse actualizada. De hecho, en estos momentos cursa un diplomado a distancia. No obstante, a pesar de su círculo de conocidos y los enlaces que ha logrado hacer, no ha conseguido un empleo ajustado a sus aspiraciones.

Paradójicamente, por su formación profesional, a María de los Ángeles le han dicho tras algunas entrevistas de trabajo que supera las expectativas del empleo disponible. A esto se suman otras incongruencias que resultan frustrantes: «Si buscas en páginas de empleo, pareciera que después de los 35 años ya eres muy viejo para ciertos trabajos, pero si eres muy joven te piden una cantidad de experiencia que es imposible tener a esa edad».

En el almacén donde trabaja ahora, tiene la ventaja de que éste es administrado por amigos, lo que le ha permitido «negociar ciertas cosas», pero «la realidad es que en Argentina el trabajo en comercio representa muchas horas y no siempre es bien remunerado; además, no siempre tienes todos los beneficios». En general, la brecha salarial para las mujeres migrantes es doble en ese país: por un lado, perciben al menos 16% menos que los migrantes masculinos, y por otro, 12% menos que las trabajadoras no migrantes.

Las y los venezolanos «son considerados buenos profesionales; muy trabajadores, muy responsables», y algo que repiten los patronos es que «no se quejan». María de los Ángeles ironiza sobre esto: «Claro que ponemos el cuerpo, porque cuando llegan las cuentas, no puedes dormirte en los laureles». ■

Derechos de las mujeres, avances y desafíos (I)

Referirnos a los derechos de las mujeres y su posicionamiento en la agenda pública requiere de un largo ejercicio de caracterización y valoración de las profundas luchas históricas de los movimientos de mujeres, investigadoras, académicas y lideresas comunitarias.

Recordemos, por ejemplo, que la reforma del Código Civil en la década de los ochenta acredita algunos terrenos normativos para alcanzar la igualdad; lastimosamente, su ruta de avance fue circunscrita al goce de derechos mayoritariamente para familias de concepción burguesa. Algunas leyes, normas y políticas se crearon según cumplimento de acuerdos y convenciones internacionales; sin embargo, muchas de estas leyes, como la primera Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1993) fueron engavetadas, y los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer en nuestro país también se sostenían en un plano medianamente oculto o sin el protagonismo necesario.

En tal sentido, debemos hacer referencia al hecho inédito en nuestro país de que la construcción de la actual Constitución se nutrió de un documento titulado Una visión de país con ojos de mujer, entregado por las mujeres organizadas a la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Carta Magna abonó una nueva configuración de la agenda pública con perspectiva de género.

La reforma de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1999) elevó al máximo nivel este tema, con la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) y su adscripción a la Presidencia de la República, desde donde se erigieron planes, programas y proyectos tenden-

tes a promover de hecho y de derecho el ejercicio pleno de ciudadanía de las mujeres en nuestro país. Se instituyeron además la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, dirigida por nuestra inolvidable María del Mar Álvarez, y los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia basada en género. También se creó el Banco de la Mujer, dirigido por nuestra querida maestra Nora Castañeda, y se promovió la organización de mujeres de base en la búsqueda de alcanzar un rol protagónico en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas públicas como ejercicio corresponsable.

Esto revolucionó las capacidades organizativas y el empoderamiento de las mujeres en todo el territorio nacional, reconfigurando un mapa de interacción de redes de mujeres nunca antes visto. Todo ello dio paso, posteriormente, a la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en abril de 2009.

Presenciamos a un dirigente como Hugo Chávez atreviéndose a autodenominarse públicamente como «feminista», de una forma natural, sin aspavientos ni subterfugios patriarcales. Resaltamos este hecho ya que ahora resulta difícil escuchar a otras y otros dirigentes de diversas toldas políticas hablar de este tema sin recurrir a la burla o al chiste que esconde un infinito resabio misógino.

TAREAS PENDIENTES

En estos últimos 10 años seguimos arando y abonado la tierra de los cambios posibles; sin embargo, las mujeres han sido, como en toda guerra, el centro de mayor ataque pero también de mayor resistencia en las distintas etapas de la precarización de las condiciones materiales que hemos sufrido en este decenio. En futuras entregas ahondaremos en apreciaciones cualitativas y cuantitativas de estas afirmaciones.

Por lo pronto podemos decir que la agenda pública cuenta con el Plan de la Patria y la Agenda de Planes Sectoriales de la Patria, documentos en los cuales se formulan políticas públicas que dan continuidad a las ya implementadas y con la agregación de solicitudes elaboradas por los movimientos de mujeres que participaron en la consulta pública de elaboración del plan sectorial del área.

Resentimos el hecho de no contar desde 2013 con un plan de igualdad para las mujeres, ni con un plan de sensibilización, atención y erradicación de las violencias hacia las mujeres como mecanismos de operativización específica de leyes de protección, como en algún momento existieron, incluso con convalidación del poder popular. Este hecho atenta contra la posibilidad de mayores compromisos de organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin de reducir la brecha de género y mejorar las condiciones tácticas y estratégicas de las mujeres en nuestro país.

Entre otros escenarios de lucha que mantenemos, se cuenta el referido a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, haciendo especial énfasis en la despenalización de la interrupción del embarazo, como requisito para lograr la independencia del cuerpo de las mujeres, ya que la autodeterminación de nuestros cuerpos forma parte de nuestro ejercicio ciudadano pleno.

Debemos hacer todo lo posible por que la institucionalidad garantice la no medicalización del parto, la disminución de las tasas de morbimortalidad materna, el acceso a los métodos contra y anticonceptivos, la paridad electoral plena y la erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres, entre otras luchas para eliminar obstáculos que interrumpen el logro de la equidad y la igualdad de hecho y de derecho.

Exitoso encuentro nacional de mujeres jóvenes

CARLA HERRERA.- Los días 1 y 2 de abril se llevó a cabo en Caracas el 2º Encuentro de Mujeres Jóvenes de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), capítulo Venezuela, bajo el lema «¡Contra la violencia patriarcal y el sistema capitalista!».

El evento, que reunió a un centenar de jóvenes integrantes del Movimiento de Mujeres «Clara Zetkin», la Fuerza Bolivariana de Mujeres, la Red de Mujeres de Vargas, el Movimiento de Mujeres «Manuelita Sáenz» y la organización Participación Activa y Social, debatió sobre estrategias para la lucha contra los flagelos y limitaciones que enfrentan las mujeres jóvenes y para la conquista de derechos que favorezcan su participación política, social, cultural y económica.

Entre las principales propuestas debatidas y aprobadas se encuentran: exigir al Estado políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, que faciliten el acceso a anticonceptivos y ayuden a controlar la tasa de muerte materna, la violencia obstétrica y la expansión de enfermedades de transmisión sexual, y políticas públicas para prevenir y atender la trata y tráfico de personas, flagelo que afecta principalmente a las mujeres, niñas y adolescentes.

El encuentro se pronunció además en contra de la falta de garantías en el acceso de las mu-

jeres a la justicia, lo que incide en la creciente tasa de feminicidios y otras formas de violencia de género, y por el reconocimiento de las múltiples jornadas de trabajo de las mujeres y su justa remuneración salarial, que les permita vivir con dignidad.

Asimismo, se acordó promover la participación activa de las mujeres jóvenes en las distintas organizaciones y estructuras de la FDIM in-

cluyendo sus niveles de dirección, y desarrollar campañas de formación sociopolítica y en temas locales y globales.

Esta importante actividad concluyó con gran mística y hermandad femenina entre las jóvenes que están empezando a construir liderazgos locales y regionales a favor de la emancipación de mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela y América. ■

Claudia Herrera Sirgo Movimiento de Mujeres «Clara Zetkin»

Foto: Camilo Arias

Organización para la vigilancia de las condiciones de trabajo

Douglas Gómez Secretario de Salud y Trabajo de la CUTV

Lareciente explosión ocurrida en la empresa Invegas, donde resultaron gravemente heridos seis trabajadores (uno de ellos falleció posteriormente), confirma la pertinencia de nuestro urgente llamado al movimiento de las y los trabajadores, en especial a las y los delegados de prevención, a pasar en lo inmediato a ejercer de manera real y efectiva mayor protagonismo en la vigilancia y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo.

Para ello es fundamental hacer valer el artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que establece taxativamente que las y los trabajadores y sus organizaciones tienen el derecho de ser consultados y el deber de: a) participar en la formulación, puesta en marcha y evaluación de la política nacional que en materia de salud y seguridad en el trabajo le compete a la institucionalidad del Estado; y b) participar en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que le compete organizar a cada entidad de trabajo.

Ahora bien, como es lógico, en un Estado burgués como el actual, al servicio de los intereses del capital nacional y transnacional, el ejercicio pleno de este derecho nunca es expedito ni automático, pues siempre habrá resistencia de la patronal pública y privada para que se cumpla. Y si a ello le sumamos el papel conciliador de clase que juega el sindicalismo reformista representado entre otros por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, podemos concluir que la vida y salud de las y los trabajadores estará seriamente comprometida y en constante peligro de muerte.

Frente a este reto, a las y los trabajadores sólo les queda elevar sus niveles de organización y lucha mediante la activación y fortalecimiento de los instrumentos de participación que consagra la ley en materia de vigilancia y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, tales como las y los delegados de prevención, los consejos de delegados de prevención a nivel de centro de trabajo, municipio o estado, y la estructuración orgánica de una instancia de coordinación nacional de los distintos consejos que existan sectorial y regionalmente. También son claves la constitución de los comités de seguridad y salud laboral y la creación de la secretaría de salud y seguridad laboral en cada sindicato.

En el movimiento obrero y sindical clasista existen cuadros dirigentes idóneos para la lucha en defensa de la salud, que merecen ser parte activa de esas estructuras consejistas. Pero además, es indispensable adoptar un plan de lucha que precise los objetivos y acciones a seguir a corto y mediano plazo. Sólo así se estará en mejores condiciones para afrontar la lucha contra el capital.

Libertad plena para Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos

PRENSA CUTV.- El pasado 1 de abril, recibieron libertad plena los jóvenes exgerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, luego de tres años de intensa campaña del movimiento popular y revolucionario para exigir su liberación.

La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (Fnlct) calificaron el hecho como «una victoria parcial e insuficiente», pues el Estado no reconoció la inocencia de los dos trabajadores, sino que invocó la figura de la extinción de la responsabilidad penal tras haberse cumplido ya tres años de su injusta detención.

El sindicalismo clasista venezolano reconoció la tenaz labor del Comité por la Libertad de Alfredo y Aryenis, del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de las y los Trabajadores Presos, y de diversos partidos políticos revolucionarios de la clase obrera de diferentes países, particularmente partidos comunistas, los cuales sin ambages fijaron posición en favor de ambos jóvenes.

Torrealba y Chirinos habían sido sentenciados por el delito de «divulgación o suministro de datos o información de la industria petrolera». Su detención y condena ocurrió luego de que los dos trabajadores consignaran denuncias ante el Ministerio Público acerca de graves hechos de corrupción en Pdvsa que lesionaban el patrimonio de la empresa petrolera y los intereses nacionales, denuncias que no fueron procesadas.

«Los jóvenes exgerentes se habían convertido en un obstáculo para las mafias instaladas en la estatal petrolera, que en los últimos días han sido puestas al descubierto parcialmente debido al reciente desfalco a Pdvsa, ya imposible de ocultar por la cúpula PSUV-Gobierno», declararon la CUTV y el Fnlct a través de un comunicado.

Torrealba y Chirinos fueron sometidos a brutales torturas físicas y sicológicas para obligarlos a admitir una acusación inverosímil de «servir a la CIA estadounidense en contra del Estado venezolano». Además, fueron víctimas de injuria pública por parte del fiscal general y el presidente Maduro, quienes los señalaron

de ser «agentes infiltrados en Pdvsa al servicio del Gobierno de los Estados Unidos».

Este caso ha sido uno de los de mayor repercusión en la política de judicialización que adelanta el Gobierno contra aquellos trabajadores que denuncian irregularidades administrativas o luchan por sus derechos laborales.

Para la CUTV y el Fnlct esta situación deja en claro «la necesidad de que la clase trabajadora se levante en lucha unitaria y con independencia contra el Estado burgués y su actual Gobierno, que ha protegido a corruptos y aplica políticas neoliberales que descargan sobre el pueblo trabajador el fardo de la crisis y de las ilegales y criminales sanciones imperialistas». ■

Un año secuestrada por el Estado lleva Johana González

TRIBUNA POPULAR.- Este 29 de abril se cumplirá un año desde que la trabajadora petrolera Johana González recibiera una boleta de excarcelación, tras su injusta detención y la violación sistemática de su derecho al debido proceso. Puesto que no hay razón legal alguna para que permanezca prisionera, González está hoy, según algunos juristas, secuestrada por el Estado.

González, de 43 años, llevaba una década trabajando en Petróleos de Venezuela (Pdvsa-Etanol) como analista de operaciones portuarias, cuando fue acusada de participar en la desaparición de un turbina. Enfrentó más de un año de retardo procesal penal, y fue presionada pa-

ra declararse culpable de delitos menores bajo la promesa de que sería prontamente liberada.

Así lo hizo, y el Tribunal de Ejecución Nº 13 de Caracas ordenó su inmediata liberación. No obstante, las autoridades del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) la han mantenido ilegalmente retenida, violando el artículo 44 de la Constitución que claramente expresa que «Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación». La directiva del centro penal alega que González sólo podrá ser liberada cuando la ministra de Asuntos Penitenciarios así lo autorice. ■

Con ictos laborales y corrupción en la CVG

TRIBUNA POPULAR.- La detención por la Policía Nacional Anticorrupción del viceministro de Industrias Básicas y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Pedro Maldonado, y del presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Nestor Astudillo, pone en la palestra pública nuevamente las reiteradas denuncias presentadas desde hace años por trabajadores de Guayana sobre los manejos y hechos irregulares que han llevado al colapso de las industrias básicas de la región y a la destrucción del ingreso y los derechos de las y los trabajadores.

RECLAMOS LABORALES PENDIENTES

La aplicación desde 2018 del memorándum 2792 del Ministerio del Trabajo significó para la clase trabajadora guayanesa, así como para los trabajadores de toda la administración pública del país, la eliminación de beneficios laborales contractuales, situación que se agravó desde marzo de 2022 con el aplanamiento de las tablas salariales a través del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

A esta política salarial se suman otras medidas ilegales como la creación de la figura de los trabajadores «no requeridos», un subterfugio empleado por la patronal estatal para desincorporar trabajadores y cancelarles apenas un 30% de su salario. El Gobierno pretendió disfrazar este despido indirecto utilizando como pretexto la pandemia por covid-19, pero los trabajadores aseguran que la razón de fondo es la inoperatividad de las diversas empresas filiales de la CVG como resultado de su desmantelamiento. Actualmente, hay alrededor de 10.000 obreros en esta situación.

También los despidos injustificados han estado a la orden del día durante los últimos años; incluso en aquellos casos donde se han otorgado las órdenes de reenganche, los trabajadores no han sido restituidos a sus puestos de trabajo. Tal es el caso de 35 trabajadores de Planta Casima. Los pensionados y jubilados tampoco han escapado de la arremetida antiobrera en las empresas básicas; sus exiguos ingresos y la eliminación de la atención médica los ha llevado a hablar de un «plan de exterminio» por la patronal.

En apuros también se encuentran los accionistas clase B de Sidor, quienes desde hace más de una década no reciben ningún beneficio de sus acciones sobre la empresa. En su mayoría obreros en edad de jubilación, exigen que el Estado les compre sus títulos.

CINCO DÍAS DE PROTESTA

El vertiginoso deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores de las industrias básicas de Guayana, así como la destrucción de la industria y la política de persecución y hostigamiento contra aquellos trabajadores que denuncian irregularidades o luchan por sus derechos, fue el telón de fondo de las masivas protestas que tuvieron lugar a principios de año.

El 9 de enero, alrededor de mil trabajadores de Sidor protestaron en demanda de un salario digno y el cumplimento de otros compromisos contractuales. Representantes de la empresa estatal trataron de neutralizar la protesta ofreciendo un bono extraordinario a las y los trabajadores, pero las manifestaciones continuaron por cinco días más.

La respuesta gubernamental fue la detención de 18 trabajadores y el despliegue de dispositivos de la Guardia Nacional Bolivariana para impedir la continuación del conflicto. La situación de hostigamiento y persecución obligó a los trabajadores a establecer una mesa de diálogo con las autoridades de la CVG y con la Gobernación del estado Bolívar, para luego firmar un acuerdo en el que se pactó suspender la protesta a cambio de conseguir la liberación de los detenidos. Sus reclamos salariales y laborales no fueron atendidos.

Por si fuera poco, la patronal y el Gobierno nacional emprendieron una campaña de descrédito contra los trabajadores en lucha, quienes fueron calificados como «saboteadores», «fascistas» y «terroristas». El 18 de enero, Sidor emitió un comunicado informando que se pagaría un bono a aquellos trabajadores que no tomaron parte en las protestas. Unos días más tarde, las fichas de los que participaron en la mesa de diálogo fueron desactivadas, lo que les impide su ingreso a las instalaciones de la empresa.

UNA DIRECTIVA CORRUPTA

El pasado 30 de marzo fueron detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción siete altos cargos junto a Maldonado y Astudillo. Hasta ahora sólo se ha hablado oficialmente de la «trama de corrupción en la CVG» pero no se ha dado información detallada sobre las acusaciones y el alcance del caso.

Curiosamente, unos días antes de su detención, los presidentes de la CVG y Sidor aparecieron públicamente entre quienes dirigían las movilizaciones organizadas por el Gobierno contra la corrupción en la región. Queda en el aire la pregunta: ¿quiénes son entonces los verdaderos saboteadores enemigos de los intereses de la patria? ¿las y los trabajadores en legítima lucha por sus derechos o los directivos de las empresas del Estado que han saqueado a discreción el tesoro nacional? ■

Solidaridad internacional con trabajadores despedidos

PRENSA CUTV.- A través de un comunicado, el Secretariado de la Federación Sindical Mundial (FSM) expresó su solidaridad con los trabajadores que han sido despedidos por la empresa Servicio Panamericano de Protección C.A. (Serpaproca), compañía especializada en la protección y transporte de valores afiliada al grupo transnacional estadounidense Brinks.

La ola de despidos, iniciada en 2009, ha afectado en total a más de 400 trabajadores, principalmente en los estados Carabobo, Aragua, Lara, Bolívar, Sucre, Zulia, Distrito Capital, Mérida y Apure. Según han denunciado

reiteradamente los afectados, estos despidos violan el ordenamiento legal venezolano, en particular la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

Los reclamos de los despedidos fueron recogidos y acompañados por la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), afiliada a la FSM, organización que agrupa a más de 100 millones de trabajadores en todo el mundo. En su comunicado, la FSM exigió «el cese inmediato de los despidos masivos y de las prácticas antilaborales aplicadas por Serpaproca», así como «la readmisión incondicional de todos los trabajadores despedidos».

La FSM hizo además un llamamiento al Gobierno de Nicolás Maduro «para que intervenga con prontitud, imponiendo los derechos constitucionalmente salvaguardados de los trabajadores y garantizando todos los derechos y libertades laborales y sindicales» que la empresa ha venido violando.

Por su parte, el Frente Militante de Todos los Trabajadores de Grecia (PAME, por sus siglas en griego), también afiliado a la FSM, expresó igualmente su solidaridad con los trabajadores de Serpaproca y con la CUTV «en sus luchas por empleos con derechos y contra los ataques de la patronal». ■

Foto: Francesca Díaz I Correo del Caroní

Los efectos del extractivismo depredador

Lusbi Portillo Activista de

Natura

La Faja Petrolífera del Orinoco, que ocupa 55.318 kilómetros cuadrados al norte del río, y el Arco Minero del Orinoco, que cubre otros 111.000 kilómetros cuadrados al sur, han impactado negativamente en ríos, bosques y pueblos indígenas de la región suroriental del país, trastocando el clima y el ciclo de las lluvias e incluso comprometiendo la generación de la electricidad de la que depende gran parte de la nación venezolana.

La creación en 2016 de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera S.A. con el objetivo de explotar las minas de oro Las Brisas-Las Cristinas, significó la ocupación de gran parte del norte de estado Bolívar, una zona que está legalmente bajo régimen de acción especial, y violó el artículo 304 de la Constitución, que establece el dominio público del agua.

En toda la región, en especial en el sureste del Parque Nacional Canaima, se ha consolidado la minería intensiva de oro. El impacto de esta actividad va desde la desembocadura del río Kariguay en el río Caroní hasta la mina Campo Alegre. Ya el área de la mina Apoipo es imposible de recuperar, pues ninguna vegetación crecerá allí: es un desierto.

Esta tragedia se agrava con la violación sistemática de derechos de las comunidades indígenas de la zona. En un documento conjunto del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes y la Plataforma contra el Arco Minero titulado «El Plan Arco Minero del Orinoco: de proyecto a políti-

ca de Estado en la ampliación de las fronteras extractivas», se mencionan algunas de las más persistentes vulneraciones registradas durante 2022: fragmentación de los territorios; desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el Gobierno nacional o los regionales y por instancias paraestatales; cambios en los modos de vida propios debido a los patrones extractivistas que han emergido a raíz de la minería; aumento de asesinatos de defensores indígenas custodios de sus hábitats ancestrales y tradicionales, de la naturaleza y del territorio nacional.

TAMBIÉN EN EL ZULIA

Pero la política de la mega minería del Estado-Gobierno y su partido no está presente sólo en el sur del país, sino también en el estado Zulia con la explotación del carbón y otros minerales como fosfato, bauxita, bentonita, cobre y manganeso. De continuar esa explotación, serían afectadas las cuencas de los ríos Guasare, Socuy, Maché, Cachirí, Laja, Apón, Negro, Ya-

za, Santa Rosa, Aricuaizá, Santa Ana y Río de Oro, así como los embalses Manuelote, Tulé y Tres Ríos, poniendo en riesgo el suministro de agua de Maracaibo y otras ciudades importantes de la región zuliana.

La unión de los pueblos y comunidades indígenas y los ecologistas, así como de otros sectores económicos y políticos del Zulia, ha impedido hasta ahora el impulso de este proyecto gubernamental depredador y etnocida. Sin embargo, nos mantenemos alerta.

En contraposición con estos planes petrolíferos y megamineros, deberíamos colaborar en frenar la deforestación y desaparición de las selvas y bosques, la desertificación de los suelos, la merma y contaminación del agua potable, y en mitigar los efectos del cambio climático con el impulso de las energías alternativas, ampliando y desarrollando los parques eólicos de la Guajira y Paraguaná. Todas las iniciativas en este orden de ideas deberían encaminarse como proyectos energéticamente sustentables.

Balance estratégico de la agricultura en Venezuela (I)

DEUDAS DE LA POLÍTICA AGRARIA

Este balance abarca la lucha de clases antagónicas (obreros y campesinos de un lado; terratenientes y burguesía agroindustrial del otro), la propiedad privada sobre los medios de producción (tierras, transporte, agroindustrias, cadenas de comercialización y distribución de alimentos), el acelerado desarrollo de las fuerzas productivas (tecnología agroecológica) y su aguda contradicción con las relaciones sociales de producción capitalista (transnacionales agroindustriales), balance que hoy, a diferencia de los últimos 150 años, implica una acumulación de bordes decisivos en la lucha revolucionaria por la liberación nacional y la construcción de la sociedad socialista-comunista en nuestro país.

El capitalismo está agotado; ha creado enormes capacidades destructivas de los ecosistemas, muy próximas a los límites naturales de la vida en el planeta, mientras la tasa de ganancia muestra su inexorable caída tendencial. Por estas razones, los nuevos límites en expansión son los agroecosistemas sustentables con capacidad para superar la fractura metabólica del capitalismo, lo cual sólo será posible con las relaciones sociales de producción que implantará el socialismo-comunismo.

1. Nuestra soberanía alimentaria continúa siendo insuficiente porque requiere un reordenamiento territorial para garantizar la alimentación de la población concentrada en las grandes ciudades, lo que supone la integración de los planes de producción agrícola en cada ciudad del país, y definir los ejes de acopio, conservación, industrialización, transporte, distribución y comercialización de los alimentos.

2. Veinticuatro años después de aprobado el texto constitucional que ordena el establecimiento de una agricultura sustentable, ésta sigue siendo una tarea pendiente, que requiere la implantación de una ruta agroecológica de altos rendimientos y bajos costos de producción, capaz de fracturar el ciclo de dependencia de los insumos agroindustriales, y reducir el impacto ambiental y los efectos dañinos de la agricultura capitalista.

3. Muy a pesar de los enormes recursos destinados a la agricultura durante el siglo XXI, todavía no existe un servicio nacional público, gratuito, confiable y sencillo de acceso a datos de clima, tierras, suelos e imágenes satelitales al servicio del agricultor. Es desolador que aún no se utilicen soluciones informáticas para la administración, distribución, uso, goce y disfrute de las tierras de la nación.

4. En nuestro país más de 70% de las unidades de producción agrícolas tienen me-

nos de 50 hectáreas de superficie, un total de unos 12 millones de hectáreas. Esto representa un enorme potencial agrícola para garantizar la soberanía alimentaria, si se hubiesen adoptado las políticas públicas correctas y oportunas.

5. No se realizó una certificación de productividad de las unidades de producción agrícola basada en indicadores de calidad de suelo, que permitieran evaluar anualmente estos índices necesarios para el otorgamiento transparente de estímulos a la producción.

6. En dos décadas no se logró capacitar al menos a 20.000 técnicos y profesionales del agro, con dominio de los principios y técnicas agroecológicas para alcanzar producciones de altos rendimientos en forma sostenida en los territorios de unos 150 municipios de vocación agrícola.

7. Las políticas gubernamentales no otorgaron prioridad estratégica integral al mantenimiento de los embalses y de los sistemas de riego, la mayor parte de estos últimos con una muy baja eficiencia de uso.

8. Los efectos del cambio climático que inducen lluvias más concentradas y agresivas, no fueron suficientes para que se comprendiera la inviabilidad del uso del agua de acueducto con fines de agricultura urbana, y tampoco sirvieron para estimular el aprovechamiento de las aguas de lluvia y su uso eficiente en la agricultura.

la Sociedad Homo et

Alonso David Ojeda Doctor en Ecología

Elecciones generales en Paraguay

Najeeb Amado: Por un país para la clase trabajadora

TRIBUNA POPULAR.- Este 30 de abril se celebran elecciones generales en Paraguay. Con este motivo, Tribuna Popular ha entrevistado a Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo (PCP) y candidato al Senado.

¿En qué contexto se desarrolla este proceso electoral?

El carácter estructural de la crisis capitalista y la hegemonía burguesa, o más específicamente lumpenburguesa, enmarca el escenario de lucha de clases en Paraguay. El progresismo no ha logrado trascender el coyunturalismo, promoviendo una línea desprovista de la profundidad y firmeza que reclaman las desigualdades y sus proyecciones. A esto sumamos la debilidad de las fuerzas que nos reclamamos de izquierda revolucionaria, comunistas, al punto de que el campo popular no logró presentar una candidatura presidencial que dispute con las que defienden la continuidad del modelo productivo dominante.

Todas las candidaturas defienden los intereses de las patronales. La de Santiago Peña, del Partido Colorado, es la más sólida de todas al defender los intereses de narcomafias, en un entramado que tiene sus contradicciones visibles con los intereses estadounidenses, pero que sigue muy controlado por estos. Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico, es quien disputa la presidencia a Peña. Alegre es el elegido por EEUU; el embajador de dicho país se ha convertido en una suerte de jefe de campaña de la oposición. La disputa se presenta como muy reñida. Habrá que ver si la presión estadounidense logra la caída del Partido Colorado, cuyo presidente es Horacio Cartes, declarado corrupto por el Departamento de Estado y con sus cuentas bloqueadas, lo que disminuye el potencial económico del Partido Colorado para costear su campaña.

Otro elemento de peso es que el Estado está técnicamente quebrado, por su incapacidad de recaudación y por las obligaciones contraídas bajo la forma de deudas. Los problemas de recaudación del Estado guardan relación con un sistema organizado para la evasión impositiva, además de una propuesta tributaria muy regresiva, que hace que la clase trabajadora sostenga un Estado oligárquico que funciona en contra de los intereses de las mayorías.

¿Cómo participan los comunistas paraguayos?

El PCP resolvió la presentación de candidaturas a las Juntas Departamentales del Alto Paraná, San Pedro y Central. Y para la senaduría nacional, estoy como candidato en una alianza con otras fuerzas progresistas denominada Frente Guasu Ñemongeta (Diálogo del Gran Frente, en español).

Estas son las primeras elecciones generales con un cambio en el sistema electoral; los paraguayos elegirán una opción en cada cargo. Por ejemplo, yo estoy en la opción número 15 de la lista 40. Y como existe este nuevo sistema de opción preferencial, las diversas propuestas realizamos campañas propias. La nuestra tiene por consigna «Por un país para la clase trabajadora». Nuestro programa se concentra en recuperar y conquistar derechos para quienes todo producimos, insistiendo en el desmontaje del actual Estado y la necesidad de uno diseñado a imagen y semejanza de las mayorías trabajadoras. El PCP propone leyes de jubilación universal, salario indexado a la canasta básica, tope salarial, compras del Estado exclusivas a pequeños productores, electrificación del transporte público y reducción del costo del pasaje, reducción de la jornada laboral sin reducción de salario, reforma integral de la educación con el énfasis en las necesidades de desarrollo del país y, por supuesto, un sistema de salud pública gratuita e integral.

Buscamos elevar el rol protagónico de las mayorías trabajadoras que se enfrentan a la dominación económica y política de los grandes empresarios, banqueros y terratenientes, dirigidos a su vez por el capital imperialista. En suma, mantenemos la importancia de la revolución socialista como única salida a un capitalismo genocida en decadencia.

¿Qué sigue a las elecciones?

Proponemos un gran frente de trabajadoras y trabajadores. La unidad gestada en los lugares de trabajo, en barrios y comunidades, en colegios y universidades. Sumar sindicatos, gremios, grupos de personas e individualidades que tengan como punto de acuerdo recuperar el valor del salario, la seguridad social, la jubilación, la salud y la educación como bienes y derechos; en fin, la lucha por una efectiva igualdad de condiciones que no puede seguir aguardando. ■

Solidaridad con Ilich Ramírez y Georges Abdallah Turkiye ante posible cambio de Gobierno

PAUL DOBSON.- El 17 de abril, en el marco del Día Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Políticos, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), junto con diversas organizaciones revolucionarias y antiimperialistas del país, desarrolló un piquete de protesta frente a la Embajada de Francia en Caracas para exigir la libertad de los presos políticos Ilich Ramírez Sánchez y Georges Ibrahim Abdallah, internacionalistas por la causa palestina.

Ramírez y Abdallah tienen 29 y 39 años detenidos en las cárceles francesas, respectivamente. Ramírez, venezolano de nacimiento, militó en la Juventud Comunista de Venezuela (JCV) antes de ingresar al Frente por la Liberación del Pueblo Palestino. Fue condenado en 1997 en París; desde entonces, reclama su legítimo derecho a ser repatriado.

Por su parte, Abdallah es ciudadano libanés Fue arrestado en 1984, lo que lo convierte en el preso político más longevo de Europa. Las autoridades francesas se han negado a su liberación pese a la decisión de los tribunales de autorizar su libertad en el año 2003. ■

PD.- Distintas encuestas recientes indican que por primera vez Kemal Kilicdaroglu, el candidato presidencial de la socialdemócrata Alianza Nación, supera al actual presidente y candidato a la reelección Recep Tayyip Erdogan, del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), al aproximarse la fase final de la campaña con miras a las elecciones generales que se desarrollarán en Turkiye el próximo 14 de mayo.

El Partido Comunista de Turkiye (TKP) ha anunciado que llamará a votar por Kilicdaroglu en la elección presidencial, aunque llevará sus propios candidatos al parlamento nacional junto a la Coalición de Fuerzas Socialistas. Pese a los esfuerzos realizados por el TKP por unir a las fuerzas antiimperialistas y revolucionarias alrededor de un candidato presidencial que expresara los intereses de la clase trabajadora frente al capital nacional y extranjero, las posturas pro estadounidense y las sectas religiosas, tal objetivo no pudo lograrse.

Aunque respaldará la candidatura de Kilicdaroglu, el TKP ha dejado claro que no alberga esperanzas acerca de que un triunfo de

éste se traduzca en cambios profundos en la sociedad turca. El TKP califica a la Alianza Nación de Kilicdaroglu como una oposición burguesa que «es congruente con la mentalidad del AKP tanto en su visión del mundo como en su composición».

Los comunistas turcos enfatizan que la Alianza Nación «es una formación respaldada por el mismo capital nacional y extranjero que llevó al AKP al poder hace años, que no defiende el laicismo ni los valores republicanos ni siquiera superficialmente, y que ve el mundo desde una perspectiva pro-OTAN». Por ello, su apoyo a esta candidatura presidencial responde a la necesidad de poner fin «al Gobierno de destrucción y oscuridad de más de 20 años de Erdogan, para así poder abrir caminos a las transformaciones en el país».

«Para que el comunismo, que es la única salida para Turkiye, pueda fortalecerse, y para que un renacimiento republicano y patriótico pueda surgir en el país, la época de Erdogan debe terminar lo antes posible», expresó el TKP en una reciente declaración. ■

La postura leninista ante la crisis y la pequeña burguesía

Luzardo»

Plantearse la vigencia de Lenin en 2023 resulta pueril ante la contundencia de su vida y pensamiento. Basta con releer su densa obra para comprender que estamos frente a alguien que no sólo dominó como pocos el marxismo en tanto ciencia, sino que hizo de la política un arte elevado a niveles tales que aún no tiene rivales.

Actualmente el capitalismo vive una grave crisis, y en el caso de la sociedad venezolana se particulariza a través de un proceso que combina la contraofensiva imperialista con el eclecticismo inoperante de una pequeña burguesía que pasó del voluntarismo romántico a la actividad delincuencial.

Nicolás Maduro mantiene la tesis de que la salida a la crisis se gesta con la inversión extranjera, aumentando la producción y en un esquema internacional de multipolaridad. Un buen plan, desde el punto de vista del capital imperialista, de la oligarquía y burguesía autóctonas que a grandes penas sólo han aprendido a parasitar en torno a la renta del Estado, y, claro está, de la pequeña burguesía devenida en clanes mafiosos de la corrupción.

Todos los bandos reconocen la catástrofe sin precedentes que vivimos: la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le echa la culpa a un bloqueo que impide todo menos la importación de productos suntuarios, y la

oposición reaccionaria le echa la culpa al saqueo desmedido de las mafias enquistadas en el poder de las cuales ellos son socios. Con estos actores la profundización de la crisis está asegurada.

Para Lenin, «sólo la clase revolucionaria puede salvar al país» («Informe sobre el desastre económico»), y en nuestro caso los únicos capaces de trascender el parasitismo que marca nuestro desarrollo histórico, son la clase y las capas sociales que sólo conocen la producción como forma de vida. Solamente las masas trabajadoras salvarán al país en esta crisis y sólo el proletariado revolucionario cohesionará, dirigirá y respaldará el accionar de esas masas trabajadoras de la ciudad y el campo.

LAS MEDIDAS NECESARIAS

El primer paso para transitar de la aspiración a la concreción radica en poner «en tensión hasta el extremo las fuerzas del pueblo y adoptando diversas medidas revolucionarias inmediatas, tanto en el plano local como en el centro del poder del Estado» («Resolución sobre las medidas económicas para hacer frente al desbarajuste»): radicalizar el proceso a partir del reconocimiento por las propias masas trabajadoras de su tarea histórica para construir una nueva sociedad.

Una crisis de estas dimensiones no se resuelve con enroques ministeriales, ni con planes eclécticos basados en la palabrería económica, ni con actitudes místicas; mucho menos con la esperanza de que los capitales transnaciona-

les vengan en ayuda humanitaria. Para Lenin, «sin medidas revolucionarias no puede haber salvación» («El partido del proletariado en las elecciones a las Dumas»).

La primera y determinante medida revolucionaria a adoptar radica en «la organización de las masas» («La catástrofe inminente y las promesas desmesuradas»). Mas no para ganar elecciones, como tanto desea la pequeña burguesía, sino para «implantar el trabajo general obligatorio, absolutamente necesario» para garantizar la producción nacional, acompañada de «un control más o menos serio sobre los bancos, los consorcios, la producción y la distribución de los productos» y no continuar con la anarquía que impera en nuestro país tan respaldada desde Miraflores y la patronal. Por eso decía Lenin que «La obra más útil y más necesaria para el pueblo en un momento en que se acerca la catástrofe inminente es la de organización. Milagros de organización proletaria: ésa es nuestra consigna actual y ésa será, en mayor grado aún, nuestra consigna y nuestra demanda cuando el proletariado esté en el poder».

La solución de la crisis no la encontraremos en el palabrerío de los burgueses y sus testaferros, sino en la organización y la toma del poder por los verdaderos productores de riqueza: las y los trabajadores. La tarea en Venezuela es encontrar, bajo los fundamentos del leninismo, la vía que nos permita transformar esta crisis en una revolución proletaria que abra paso al nacimiento de una nueva sociedad.

Jerónimo Carrera, una vida de lucha por la causa proletaria

Jerónimo Carrera nació el 14 de agosto de 1922, en la ciudad de Cumaná. A los 24 años fue admitido como miembro del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y unos meses más tarde acudió como único delegado venezolano al primer Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en Praga. Durante la década de 1950, participó activamente en la resistencia contra el perezjimenismo y tuvo una labor fundamental durante la huelga general del 21 de enero de 1958, antesala al derrocamiento de la dictadura. Poco después, fue perseguido y encarcelado por el Gobierno de Rómulo Betancourt.

En 1963, Carrera participó en la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) junto a Rodolfo Quintero, Manuel Taborda, Cruz Villegas y Hemmy Croes. Durante la lucha armada en la década de 1960, se trasladó a Checoslovaquia por decisión del PCV para ejercer el cargo de secretario de Relaciones Internacionales del Frente de Liberación Nacional. Formó parte de la Dirección Ejecutiva de la Federación Sindical Mundial y fue miembro del Consejo de Redacción de la Revista Internacional, publicación de los partidos comunistas y obreros del mundo, y director de su edición venezolana entre 1985 y 1990.

Regresó a Venezuela en 1971, y desde entonces fue varias veces reelegido como miembro del Comité Central del PCV y de su Buró Político. Desde 2006 hasta 2013 ocupó el cargo de presidente del PCV y del Instituto de Altos Estudios «Bolí-

var-Marx». Fiel defensor del marxismo-leninismo, cumplió una gran labor para mantener la integridad del partido durante el 13º Congreso del PCV ante los intentos de liquidarlo.

Carrera desarrolló asimismo una destacada labor contra los ideólogos reaccionarios que intentaban contraponer las figuras de Marx y Bolívar. Su acucioso trabajo en este sentido quedó recogido en su libro Bolívar visto por marxistas

Luchó tenazmente contra el revisionismo, y ante la ola reformista de principios del siglo XXI en América Latina, su palabra fue esclarecedora: no hay socialismo de tal o cual siglo; el socialismo es uno solo, el socialismo científico, y su objetivo es abolir la propiedad privada sobre los medios de producción.

Aclaraba que el socialismo no está basado en la caridad: la cultura socialista es una cultura productiva que estimula las capacidades creadoras del pueblo y pone la ciencia y la tecnología al servicio de todos. Siempre hablaba de la importancia de elevar intelectualmente a las masas y sembrar valores éticos, pues una persona sin ética es un elemento peligroso para la sociedad. Jerónimo era internacionalista, un profesor universitario con gran capacidad oratoria y un analista de alto nivel. Sus opiniones en materia de política internacional quedaron registradas en su columna fija «Óptica mundial», publicada en este periódico, del cual fue también director entre 1999 y 2002. Murió hace 10 años, el 29 de abril de 2013, tras toda una vida de militancia comunista ejemplar.

Armiche Padrón

Director de la Escuela Nacional de Cuadros «Olga

Ángel Ostos

Miembro del Comité Central del PCV

La imagen de la muerte: un reencuentro con Vallejo

¡A HACKEAR EL SISTEMA!

La historia del software libre (III)

Luigino Bracci Roa Lbracci@gmail.com

Enentregas anteriores explicamos que, hasta los años setenta del siglo pasado, los programas de computadora venían con su código fuente, con el fin de que los informáticos pudieran estudiarlo, modificarlo y adaptarlo a las necesidades de su lugar de trabajo. Pero la llegada de nuevas corporaciones informáticas y de personas como Bill Gates hicieron que los programas comenzaran a venderse de la forma que conocemos hoy: sin su código fuente.

Para la mayoría de las personas, esto se volvió normal y se adaptaron a ello. Las computadoras venían con el sistema operativo MS-DOS, que luego fue sustituido por Windows, y la gente tenía que comprar aplicaciones como Wordstar, Office o similares, todas las cuales venían sin su código fuente. Como la mayoría de las personas no son programadores, esto no importaba mucho.

Los encuentros y reencuentros siempre tienen una nota de pasado, de recuerdo, de anécdotas, que gira alrededor de la memoria. César Vallejo nos conecta con nuestros tiempos de estudiante de Pedagogía.

El poema «Los heraldos negros» fue motivo y tema de una aventura mía al vincular el sonido de la «c» de sus versos a la vida de sufrimiento del poeta. A esa letra le atribuí, arbitrariamente, la imagen sinestésica del golpe de dolor, que Vallejo sufría en esos días por el fallecimiento de su hermano Miguel. Entonces, mi ejercicio fue darle a las palabras «resaca», «oscuras», «caídas», «cristos», «charcos» y «crepitaciones» una carga trágica y una connotación del padecimiento que la vida proporciona a los poetas.

Acercarse a Vallejo es relacionarse con el sufrimiento. Su vida personal estuvo marcada por la muerte de su madre, de su hermano y de sus amores. En el poema «Deshojación sagrada» nos dice: «tú eres tal vez mi corazón gitano / que vaga en el azul llorando versos». Es la confesión del poeta, que se hace colectiva para todos los que sienten la vida y la transcriben en poemas. «Llorando versos» es una imagen que habla de un yo sensible, abatido. De un espíritu profundo con imaginación alada. Es el peruano que logra llorar versos y cuyas lágrimas bañan a la humanidad. Las lágrimas de los poetas son palabras que consiguen hacer reflexionar y sentir la vida misma, y la fragilidad de la palabra es fuerza en las manos del bardo.

Continuamos el redescubrimiento de Vallejo; en «Espergesia» dice: «Yo nací un día que dios estuvo enfermo». Como lectores no nos asombra esa aseveración. El poeta tenía formación marxista y los dioses estaban en-

tre sus preguntas y dudas; por eso justifica la gravedad de dios para el desamparo propio, el desabrigo y la inasistencia. El poemario Los heraldos negros, escrito entre 1915 y 1918, refleja no solamente la infancia y la muerte como destino, sino también la ausencia de dios.

Estos versos nos sugieren a un dios caprichoso que hace travesuras con los humanos y con el planeta, y nos muestran el camino inexorable hacia la muerte: «Dios mío, y esta noche sorda, oscura / ya no podrás jugar, porque la tierra / es un dado roído y ya redondo / a fuerza de rodar a la aventura, / que no puede parar sino en un hueco, / en el hueco de la inmensa sepultura.»

La muerte es una imagen recurrente en la poesía de todos los tiempos. Es uno de los grandes temas, como lo son el amor, la tristeza, el abandono, la alegría. Son muchos los autores que abordan esta imagen ya como interrogante, como fin último de la existencia, o como esperanza de otra vida. Cito otro autor, de otro tiempo: «Tendremos divanes profundos cual tumbas / Lechos de ligeros aromas repletos / Y flores extrañas sobre las repisas / que bajo los cielos más bellos se abran». Estos versos, de «La muerte de los amantes» de Baudelaire, también tienen una intención premonitoria. Es la anticipación de cómo han de ser los funerales. No revelan una imagen triste, sino que llevan impresa la belleza de «flores extrañas».

En el caso de Vallejo, nos encontramos con que predijo su propia muerte, en el poema «Piedra negra sobre piedra blanca»: «Me moriré en París con aguacero, / un día del cual tengo ya el recuerdo. / Me moriré en París –y no me corro– / tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.» En efecto, el poeta peruano nos abandonó hace 85 años, un 15 de abril, en el París de sus versos.

Pero en diferentes universidades se formó una resistencia. Personas como Richard Stallman, quien trabajaba como investigador asistente en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), exigían que el software contara con su código fuente. Por ejemplo, él había modificado el software de control de una impresora que usaban en su laboratorio para que enviara un mensaje al usuario cuando su impresión estuviera lista o si el papel se atascaba. Eso lo pudo hacer porque el fabricante de la impresora entregaba el software con su código fuente. Pero luego, el laboratorio compró una nueva impresora que ya no traía código fuente y no pudieron hacer más esto. En efecto, el software privativo sin código fuente era un retroceso para la gente, aunque muchos no se dieran cuenta de ello.

Otro problema ocurrió cuando un grupo de trabajadores del mismo laboratorio creó una empresa para hacer un software y vendérselo al laboratorio sin código fuente. Stallman estaba en contra de ello por razones éticas, pues pensaba que el laboratorio iba a ser dependiente de la empresa, formándose así un monopolio. Su problema no era que el laboratorio comprara el software, sino que, al venir sin código fuente, en el laboratorio no podrían estudiarlo, modificarlo ni continuar su desarrollo en caso de que la empresa desapareciera. Así él, por su cuenta, decidió hacer su propia versión libre de ese programa, uno de los primeros ejemplos de software libre, como entendemos hoy este término.

Estos y muchos otros hechos causaron una discusión ética, legal y pragmática entre los programadores de la época. El problema no era pagar por los programas, sino que, sin el código fuente, no tendrían acceso al conocimiento. Había que crear una nueva fórmula, y el tema no era sólo técnico, sino de abogados, contratos y licencias.

Yury Weky Silva Profesora de literatura

¿Cómo está el sistema de salud en Venezuela?

NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA SALUD

Este espacio busca contribuir a la construcción colectiva de una propuesta programática en el área de salud para el Partido Comunista de Venezuela. Invitamos a las y los lectores de Tribuna Popular a participar y opinar a través de la dirección tribunapopularsalud@gmail.com

Óscar Feo. Especial para TP Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo

El artículo 84 de la Constitución dice que, para garantizar el derecho a la salud, el Estado debe construir un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) universal, integral y gratuito. En este artículo comentaremos cómo está ese SPNS y si responde a las necesidades de la población.

Un sistema de salud es la respuesta que construye el Estado para responder a la situación de salud/enfermedad de la población, a sus formas de enfermar y morir, determinadas socialmente por los modos de vida y trabajo. La función fundamental del SPNS debe ser garantizar el derecho a la salud de la población, y para ello su objetivo central debe ser promover la salud, no pensar solamente en enfermedad. Es decir, mantener a la población lo más sana posible, no esperar a que se enferme.

En segundo lugar, el sistema de salud tiene la función de prevenir, atender y curar la enfermedad y rehabilitar sus secuelas. Es decir, evitar que la población enferme y muera de enfermedades evitables, actuando sobre los procesos tanto individuales como colectivos que protegen o afectan la salud.

Desde esa perspectiva, en Venezuela las cosas andan muy mal. No se ha logrado construir el SPNS previsto en la Constitución, y no se está garantizando el derecho a la salud de la población. Juzgue usted mismo, amigo lector, piense

si con las actuales condiciones de vida y salario es posible mantenerse sano, o reflexione sobre la última vez que usted o algún familiar cercano padeció alguna enfermedad de importancia. Un via crucis es el camino de los enfermos que requieren atención médica u hospitalaria en Venezuela. Claro, las élites y los grandes jerarcas se atienden en clínicas privadas o en el exterior.

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

Hay varios nudos críticos. Por un lado, la crisis multidimensional y la enorme corrupción que vive el país; el deterioro de las condiciones de vida y salario hace que la gente esté menos sana y más propensa a enfermarse. Por otro lado, la atención a la enfermedad está en crisis. Los consultorios populares en su mayoría están cerrados. Los hospitales están colapsados y no tienen insumos. No hay suficientes camas hospitalarias, y buena parte de las intenciones en estos últimos 20 años para aumentarlas se malgastaron por ineficiencia y corrupción. Se estima que un país para atender adecuadamente la enfermedad de su población debe tener por lo menos tres camas por cada 1.000 habitantes; en Venezuela hay menos de una cama. Como comparación, Cuba tiene seis camas por cada 1.000 habitantes.

La red de Barrio Adentro hace tiempo dejo de ser lo que fue en un principio; se ha deteriorado mucho y la atención es muy deficiente. Está plagada de problemas administrativos, de infraestructura y de personal. La gran mayoría de los consultorios populares están cerrados, y cuando abren se limitan a actividades de consulta individual, olvidando lo más importante, que es la visita a la familia y el trabajo directo con la comunidad.

Mucha de la tecnología necesaria para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad no está disponible. El Estado venezolano hizo una gran inversión y compró muchos equipos, que hoy están abandonados y ya no funcionan, sin du-

da debido a la improvisación y corrupción en su compra, y a la ausencia de políticas de mantenimiento. Algunos ni siquiera llegaron a instalarse y permanecen en los depósitos y almacenes.

En relación a medicamentos, el Estado ha invertido en los últimos años millones de dólares para construir fábricas de medicamentos y vacunas, que no funcionan o lo hacen a medias. Venezuela tiene la fábrica de vacunas más grande de Sudamérica, pero allí no se produce, sólo se envasa y etiqueta. Varias fábricas de medicamentos están desde hace años por arrancar, pero siempre hay algo que falla. Lo que todo el mundo sabe es que en los hospitales públicos no hay medicamentos y los pacientes tienen que comprarlos por su cuenta.

Por otro lado, el SPNS está extremadamente fragmentado entre múltiples instituciones financiadas por el Estado: por un lado el Ministerio de Salud, por otro el Seguro Social (IVSS), y por otro los institutos de previsión y sistemas de aseguramiento de Pdvsa, los distintos ministerios, las gobernaciones y alcaldías, y otros entes estatales. ¿Por qué no se resuelve este problema y se integran todas ellas en un único SPNS? Por los feudos de poder y los negocios existentes en cada una de esas instituciones.

Quien gana con este desorden es el sector privado de la salud, que termina siendo financiado por el Estado. Las instituciones públicas sin presupuesto y desfinanciadas, y mientras tanto el sector privado enriqueciéndose.

Políticas públicas y contraloría popular (I)

En lo que va de siglo, los países de habla hispana han desarrollado diversas y muy disímiles experiencias institucionales en materia de evaluación de políticas públicas. Asimismo, se han incrementado las iniciativas organizacionales de participación y contraloría ciudadana para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en distintos sectores de interés.

Por ejemplo, en Chile existe el Sistema de Control de Gestión y Presupuesto por Resultados, así como el Sistema de Seguimiento de la Programación Gubernamental. En Colombia la evaluación está centralizada en el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública. En Uruguay hace lo propio el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública. En Brasil tales competencias recaen en el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Plurianual y el Sistema de Evaluación de Metas Presidenciales. En México se realiza mediante el Siste-

ma de Evaluación de Metas Presidenciales y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; este último es uno de los organismos de más reconocida trayectoria en su tipo dentro de la región.

En Bolivia se encarga de ello el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión por Resultados. En Argentina tales funciones las lleva el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de la Gestión y el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. En la mayoría de los casos citados, tales sistemas están soportados por la institucionalidad de algún organismo homónimo, dentro de algún ministerio o dependencia de la Presidencia del país.

EL CASO VENEZUELA

Por el contrario, Venezuela no cuenta con ninguna agencia, consejo, sistema o red de evaluación de políticas públicas propiamente dicho. A lo sumo, se han desarrollado algunas instancias con incipientes competencias en materia de evaluación de políticas públicas, como el Sistema

Nacional de Planificación y el Sistema Integral de Planificación Estratégica Situacional para la Administración Pública Nacional (Sipes-APN). En nuestro país, son las distintas gerencias, direcciones, jefaturas y demás autoridades administrativas de la administración pública quienes deben verificar el cumplimiento y desempeño de las actividades, tareas y acciones ejecutadas a fin de medir de forma periódica y sistemática los resultados obtenidos para tomar decisiones eficaces, eficientes y de calidad.

Sin embargo, esto no necesariamente se ve reflejado en una evaluación previa o posterior de las políticas públicas a ejecutar o ya culminadas. Y si acaso se hiciesen tales valoraciones, al no haber una institucionalidad especialmente orientada a la evaluación de las políticas públicas nacionales y que permita la consolidación de una cultura evaluativa, es poco probable que se pueda acceder a informes de evaluación de la implementación de alguna política pública durante un lapso de tiempo determinado, más allá de los típicos requisitos legales de rendición de cuentas anuales.

Obiel Xiraú Nuñez Seijas Especialista en evaluación de políticas públicas