Tribuna Popular Nº 3.039

Se

OBREROS EN

Foto: Mairet Chourio

Editorial

El ministro del Trabajo y el o cio de mentir

La intervención del ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, ante la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra es una pieza destacable dentro de la antología del cinismo que con tesón va labrando el Gobierno de Nicolás Maduro.

Con soltura habló Torrealba de «estado de bienestar social», «revolución» y una «transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles», todo ello a pesar de las condiciones de trabajo semiesclavo de los mineros artesanales y el ecocidio en curso en el Arco Minero. Lo que no dijo fue que del otro lado del Atlántico, en el sur de Venezuela, miles de trabajadores de las empresas básicas estaban protagonizando en ese mismo momento una protesta de cuatro días para exigir la restitución de los derechos que el «Gobierno obrero» les ha arrebatado.

Unas horas después de que el ministro del Trabajo jurara «respeto irrestricto de la dignidad y los derechos humanos de todos los trabajadores», agentes de contrainteligencia militar secuestraron a tres trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), uno de ellos, Leonardo Azócar, secretario de reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) y líder de las masivas

manifestaciones que claman por salarios dignos. No es la primera vez que se ordena el encarcelamiento de trabajadores para neutralizar el descontento que se congrega alrededor de los portones de la empresa estatal. En enero, fueron apresados 18 trabajadores en un contexto de auge de las confrontaciones entre la patronal y la clase trabajadora. En aquel momento, los laboratorios de propaganda tacharon a los trabajadores en lucha de terroristas, y contramarchas fueron organizadas por los Ministerios de Industrias y del Trabajo, en complicidad con la directiva de Sidor. Tres meses más tarde, el presidente de la siderúrgica, Néstor Astudillo, fue detenido por corrupción.

Pero nada de esto contó a la Organización Internacional del Trabajo el ministro Torrealba, cuyas patrañas llegaron a niveles inimaginables, particularmente cuando aseguró que los trabajadores venezolanos participaban de los procesos productivos «bajo esquemas más humanos». Entre tanto, las inmediaciones de Sidor han sido completamente militarizadas y tribunales locales han emitido una lista de trabajadores que están a las puertas de ser encarcelados de continuar su participación en las protestas.

La criminalización de la lucha obrera y popular se ha vuelto la divisa del Gobierno de

Delegación del PCV en embajada de China en Venezuela

Nicolás Maduro. Trabajadores injustamente encarcelados enfrentan procesos judiciales violatorios del Estado de derecho y en condiciones infrahumanas. La mayoría son presentados en tribunales contra el terrorismo y obligados a admitir delitos que no han cometido para que sus casos «se resuelvan».

El ministro del Trabajo ha demostrado dotes de actor. Invocó en Ginebra un fulano «diálogo incluyente con todos los sectores sociales y políticos» con una solemnidad envidiable; pero todos sabemos que lo que está en curso es un convite privado entre el Gobierno, Fedecámaras y sindicaleros de poca monta. Al margen de la ficción presentada por Torrealba, está un país indignado por la destrucción del salario y sus trabajadores en pie de lucha, dando demostraciones de heroicidad que superan con creces el libreto fabricado del ministro para ganar los fríos aplausos de sus amos.

Es urgente la articulación de las luchas que se libran en distintos sectores y en diversos puntos del país para derrotar la estrategia de terror que impone el Gobierno-Psuv con las detenciones selectivas y la criminalización de la clase trabajadora. Unir todas las fuerzas; unir todas las luchas. Esta táctica abrirá paso a nuevas victorias.

TRIBUNA POPULAR.- El 2 de junio, una delegación del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), integrada por el secretario general Oscar Figuera, el secretario de Relaciones Internacionales Héctor Alejo Rodríguez, y el secretario general del Comité de Solidaridad Internacional Yul Jabour, realizó una visita a la sede de la Embajada de la República Popular China en Venezuela.

La representación del PCV fue recibida por el embajador Lu Han, con quien se sostuvo un ameno y fructífero intercambio en diver-

sas materias. La delegación del Buró Político trasmitió al nuevo embajador un caluroso mensaje de bienvenida y sus deseos de éxito al frente de estas importantes funciones.

Se destacaron las estrechas relaciones históricas de hermandad y solidaridad que unen al Partido Comunista de China (PCCh) y al PCV, y se acordó seguir trabajando en su fortalecimiento. En este sentido, se avanzó en la identificación de algunas áreas de articulación y trabajo conjunto a fin de estrechar la cooperación mutua entre la Embajada de la República Popular China, el PCCh y el PCV. ■

El futuro del petróleo

El pasado mes de mayo, el economista Carlos Mendoza Potellá dictó una conferencia magistral en la sede del Comité Central del PCV para analizar las perspectivas de la industria petrolera venezolana.

El profesor realizó un balance de los planes de desarrollo implementados durante el último siglo y sus repercusiones en este sector clave para la vida económica del país.

Mírala aquí: https://youtu.be/LgDwMxN1W0M

DIRECTOR-FUNDADOR: Gustavo Machado M. (1898-1983) | DIRECTORA: Neirlay Andrade | EDITOR: Fernando Arribas G.

ADMINISTRADORA: Ana Vargas R. | DISEÑO: María Jesús Alvarado | CONSEJO

EDITORIAL: N. Andrade, F. Arribas, Oscar Figuera, Carlos Ojeda F., Carlos Lazo | COLABORADORES: Luigino Bracci, Paul Dobson, Pedro Eusse, Óscar Feo, Martha Lía Grajales, Douglas Gómez, Obiel Nuñez, Linda Ruiz, Mariana Ruiz, Alonso Ojeda, Ángel Ostos, Omar Quevedo, Héctor Rodríguez, Mirka Sarmiento, Damelys Yegüez | OFICINAS: Calle Jesús Faría, Esq. San Pedro, Edif. Cantaclaro, San Juan, Caracas | Depósito Legal: PP760472

Mercenarios admiten que PSUV quiere robar tarjeta electoral del PCV

TRIBUNA POPULAR - Siguen apareciendo pruebas del vulgar intento de asalto que organizan la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gobierno de Nicolás Maduro para arrebatarle su personalidad jurídica al Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Recientemente, en un video que circula en redes sociales, Henry Parra, uno de los mercenarios que dispuso el PSUV para hacer creer a la opinión pública que hay comunistas apoyando el programa antipopular de Maduro, reveló que el objetivo del partido de Gobierno era quedarse con la tarjeta electoral del Gallo Rojo.

En la grabación, Parra, quien fue expulsado del PCV en 2021 tras cerrar filas públicamente con el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, admite que le han advertido que en esta aventura antidemocrática no es más que «una ficha del PSUV» porque el partido de Gobierno «lo que quiere es la tarjeta» del PCV. A lo que Parra respondió: «Está bien, el PSUV quiere la tarjeta, pero nosotros queremos el partido», y emplazó a sus cómplices: «¿La tarjeta a quién se la vamos a dar si hay un proceso electoral?».

El pasado 21 de mayo se realizó en Caracas un falso congreso, organizado por la cúpula del PSUV para tomar por asalto al PCV y subordinarlo a los intereses del Gobierno de Nicolás Maduro. Un día después, medio centenar de partidos comunistas y obreros de todo el mundo emitieron una declaración conjunta «rechazando categóricamente cualquier intento de persecución y criminalización contra el Partido Comunista de Venezuela, y cualquier maniobra judicial que pretenda desconocer a la dirección elegida en el 16º Congreso del PCV». Una delegación del Partido Comunista de Grecia encabezada por un eurodiputado consignó una carta de protesta ante la Embajada de Venezuela en Atenas. La organización francesa Comunistas y el Partido del Trabajo de Austria han hecho lo propio con sendas misivas enviadas a las sedes diplomáticas de Caracas en París y Viena.

REACCIONES DE PROTESTA

Unos días después del congreso fraudulento, tres exministros del Gobierno de Hugo Chávez, Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Oly Millán, enviaron una carta pública al presidente brasileño Luis Inacio «Lula» da Silva a propósito de la cumbre que se realizó en la nación suramericana con la participación del presidente Maduro. «¿Ignora la presidencia de Brasil que a los principales partidos políticos de la oposición se les arrebató su membresía por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y que, en este preciso momento, lo intentan hacer con el Partido Comunista de Venezuela?», preguntaron.

Numerosas voces de protesta se han elevado también en todo el país. En redes sociales, figuras de la opinión pública han utilizado la etiqueta #YoDefiendoAlPCV para expresar su rechazo a la intervención del partido más antiguo del país. El colectivo Surgentes DDHH advirtió que la vulneración de derechos políticos de los militantes del PCV atenta contra el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. «Consideramos que la mejor vía para defender nuestro derecho a la autodeterminación, a la democracia y a la participación política, en este caso concreto que no sólo afecta al PCV sino a toda la población electoral, es denunciar las acciones en curso y subir el costo político de un asalto a la tarjeta

del PCV», afirma la organización defensora de derechos humanos.

En Valencia se constituyó un comité en defensa de los derechos políticos del pueblo y del PCV que organizó una protesta ante el Palacio de Justicia de la capital carabobeña. En Bolívar también se han conformado comités municipales para develar ante la ciudadanía el plan dirigido a «crear un PCV ficticio». En Aragua, una decena de organizaciones políticas, sociales y culturales junto con 30 intelectuales, activistas y cultores, emitieron un comunicado condenando la inminente judicialización del partido del Gallo Rojo.

«Con esta acción se intenta impedir que el PCV siga cumpliendo su papel de fuerza clasista al servicio de la lucha del pueblo venezolano y de la clase trabajadora», afirmó el secretario general comunista Óscar Figuera. «La decisión de nuestro partido de enfrentar el paquete neoliberal que ha impuesto el Gobierno, acompañando las luchas del pueblo, es una de las razones principales por las que hoy quieren asaltar al PCV», explicó.

«La cúpula del PSUV quiere usurpar la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela; quieren ponerle la mano a la capacidad de acción del PCV y neutralizar su papel en las luchas sociales en el país», agregó Figuera. ■

Ante Conferencia Internacional de la OIT

Gobierno miente sobre situación de trabajadores venezolanos

TRIBUNA POPULAR.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que el Gobierno venezolano trató de engañar a la opinión pública internacional sobre la situación de la clase trabajadora venezolana con el informe que presentó durante la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada hace unos días en Ginebra, Suiza.

La intervención de Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, en la conferencia auspiciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), «si bien no sorprende, llama la atención por la cantidad de mentiras y el cinismo que mostró», afirmó Jackeline López, integrante del Buró Político del partido del Gallo Rojo. El PCV rechazó que Torrealba presentara ante este foro internacional como un logro la «farsa salarial del pasado primero de mayo» y el establecimiento del denominado «ingreso mínimo vital», un eufemismo para ocultar el hecho de que el Gobierno na-

cional «no garantiza sueldos y salarios dignos para la clase trabajadora».

El titular de la cartera de trabajo aseguró asimismo en Ginebra que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene un «respeto irrestricto de la dignidad y los derechos humanos de todos los trabajadores», lo que queda desmentido por las prácticas de persecución y criminalización contra las y los trabajadores que ya se han hecho rutinarias en nuestro país. Al respecto, López denunció la criminalización de la más reciente ola de protestas, particularmente en las empresas básicas de la región de Guayana, y rechazó el uso de efectivos militares para amedrentar a los trabajadores en lucha.

«Exigimos al Ejecutivo nacional frenar la persecución de trabajadores por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y demandamos que la Guardia Nacional sea utilizada para cumplir con su papel de proteger la industria, no para reprimir a los trabajadores y las traba-

jadoras», dijo López. El PCV se solidarizó con los tres trabajadores de la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que resultaron detenidos el pasado 10 de junio, entre los que se encuentra el dirigente sindical Leonardo Azócar, quien lideraba una protesta de cuatro días en la empresa estatal en contra de la política de pulverización del salario y en demanda de la restitución del servicio de atención médica para los siderúrgicos.

López también expresó el respaldo del PCV a cuatro trabajadores del supermercado Forum, en Barquisimeto, quienes se encuentran detenidos por reclamar sus derechos. En este caso se trata de trabajadores de un patrono privado, pero, agregó López, las autoridades nacionales, tanto del Ministerio del Trabajo como de los cuerpos de seguridad del Estado, se han hecho cómplices de esta nueva violación a los derechos y garantías legales y constitucionales de los trabajadores. ■

Diosdado Cabello y su operador político Henry Parra

Servicios de inteligencia policial hostigan a defensor de derechos indígenas

TRIBUNA POPULAR.- Nuevas acciones de hostigamiento contra defensores de derechos de los pueblos indígenas se han registrado en el estado Zulia. El pasado 14 de junio, Luisbi Portillo, quien coordina la organización no gubernamental Homo et Natura, debió ponerse en resguardo ante las reiteradas «visitas» de servicios de inteligencia policiales a su vivienda.

Unas horas antes de esto, la viceministra para el Hábitat, Tierras y Desarrollo Comunal con Identidad de los Pueblos Indígenas, Marianny Romero, había advertido en una asamblea de caciques mayores y artesanos y artesanas de la comunidad yukpa que «o se estaba con Nicolás Maduro o se estaba con Lusbi Portillo».

El activista, quien es además antropólogo y profesor en la Universidad del Zulia, denunció que con estas declaraciones gubernamentales y la actuación policial «buscan amedrentar las bases sociales que resisten». «Se trata de la misma ola expansiva que trata de llevarse por los cachos, uñas y pezuñas a los líderes yukpa y sus aliados que resisten las violaciones a sus derechos, a la Constitución y a las leyes de la República», dijo Portillo en un mensaje público.

La declaración de la viceministra aupando la criminalización de Portillo y otros defensores de derechos de los pueblos indígenas se da en un contexto de agudización de las tensiones entre los yukpa y el Estado venezolano. Tradicionalmente, los yukpa han viajado a Caracas a vender su producción artesanal. Pero hace un año y medio, la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, sugirió que no era necesario viajar hasta la capital puesto que la viceministra para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, María Prieto, se encargaría de adquirir toda la producción.

LOS INDÍGENAS SOMETIDOS AL CONTROL MILITAR-POLICIAL

En efecto, algunas artesanías fueron compradas, pero no con la regularidad acordada, y finalmente en mayo de este año, algunas comunidades yukpa decidieron volver a vender por cuenta propia su artesanía, pero se les impidió llegar a Caracas y a algunos de ellos les fue robada su producción en alcabalas de la Guardia Nacional Bolivariana. Ante esta conducta intransigente, las comunidades indígenas han protestado en un par de ocasiones este mes en

el Puente sobre el Lago de Maracaibo. Las manifestaciones han avivado discursos de odio y racismo en los medios de comunicación. «Hoy el Estado-Gobierno-Partido, violando la Constitución y las leyes, opta por no dejar circular a los yukpa artesanos cuando vienen a vender su artesanía a Maracaibo o al centro del país», denunció Portillo.

El pasado 9 de junio, durante una de las protestas, el presidente de la corporación para el desarrollo de la región zuliana (Corpozulia) aseguró que cuatro días más tarde una comisión presidencial formada por varios ministros y coordinada por el titular de Cultura, Ernesto Villegas, se reuniría con los indígenas. «En esta comisión supuestamente estaba Castro Soteldo, y eso alegró mucho porque la presencia del ministro de Agricultura significaba que podrían abordar un problema que aqueja a la comunidad desde hace años, que es el deterioro de las vías agrícolas, porque los indígenas no pueden sacar su producción», explicó a Tribuna Popular Portillo.

Pero la esperada reunión del 13 de junio no ocurrió, y en su lugar «nombraron un estado mayor militar-policial», apuntó el activista. «Dicen que es civil porque está Clara Vidal, pero los demás son policías y militares. Siguen empeñados en que los indígenas tienen que ser controlados por los militares y los policías», agregó Portillo, quien descarta la posibilidad de que los problemas de fondo se resuelvan con esta nueva instancia: «van a invitar a todos los organismos públicos de Maracaibo para que oigan a los yukpa y allí harán un plan. Eso es un viejo truco que han implementado varias veces. Hacen planes y todos fracasan». ■

Elecciones en la UCV: crónica de un resultado esperado

Tras 14 años sin consultar a la «comunidad universitaria limitada», y bajo un Reglamento Electoral Transitorio que no está ajustado a la Ley Orgánica de Educación, se realizó por fin el viernes 9 de junio la primera vuelta de las megaelecciones convocadas en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

De los siete candidatos que se presentaron, pasarán a segunda vuelta para optar al cargo de Rector el físico Humberto Rojas (Activados por la U) y el antropólogo Víctor Rago (Consenso Académico). Además, fueron electos los Decanos de las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Ciencias, Farmacia, Ingeniería, Humanidades y Educación, Odontología y Veterinaria. En la segunda vuelta se medirán los aspirantes a los cargos de Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Secretario, así como los candidatos a dirigir las facultades de Agronomía, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas y Medicina.

Estas megaelecciones se realizaron en medio de un grave deterioro integral de la institución, que se agudizó a lo largo de los últimos tres lustros, y que aviva el debate sobre las transforma-

ciones doctrinarias y estructurales que deben hacerse para que la universidad tribute a la solución de los problemas de la sociedad venezolana y propicie la independencia y soberanía científico-tecnológica, económica y cultural del país.

También la posibilidad de democratización de la vida universitaria estuvo presente en las discusiones, ya que desde los tiempos del rector Giuseppe Giannetto (2000-2004) se hicieron visibles las limitaciones para expresar las diferentes corrientes del pensamiento y se hizo rutina la expulsión de estudiantes y la persecución de profesores. Estas prácticas se agravaron durante la década y media de gestión de la actual rectora Cecilia García Arocha, cuando la «democracia universitaria limitada» quedó suspendida y la libertad de pensamiento se anuló; hay además indicios de actos de corrupción cometidos durante la administración de García Arocha que deben ser investigados.

TRANSFORMAR LA UNIVERSIDAD PARA SERVIR AL PAÍS

Ese deterioro progresivo de la UCV al que nos hemos referido llegó al extremo de que la universidad ya ni siquiera está sirviendo a la sociedad capitalista que tenemos hoy, no sólo por las distorsiones derivadas del parasitismo en torno a la

renta, sino porque desde los nichos de investigación y las aulas de clases no se percibe al país como parte del horizonte de la labor universitaria. Por el contrario, se estimula a los estudiantes para que visualicen sus éxitos profesionales fuera del país. De manera que las transformaciones en la UCV atañen a varias generaciones y con planes de largo aliento.

Tras examinar las propuestas programáticas de los candidatos, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) no encontró en ninguna de ellas alguna señal que apuntara hacia tales transformaciones, de tal modo que las y los comunistas no dieron su voto a ninguna fórmula.

Lejos está la UCV de ser una institución popular; su relación con las comunidades no es bidireccional y el diálogo entre saber científico y saber popular, o saber no certificado, es casi inexistente. Hay que repensar la relación universidad-pueblo si queremos construir las transformaciones profundas que la universidad requiere. Pero por lo pronto, se debe exigir a los ganadores de las elecciones el cumplimiento de algunas promesas: la recuperación de la institucionalidad, la democratización de la vida universitaria mediante consultas a la comunidad, la promoción y auspicio de la libertad de pensamiento y la transparencia administrativa.

Damelys Yégüez Profesora jubilada de la UCV

Foto: Luigino Bracci

Las declaraciones de Trump y el falso antiimperialismo del PSUV

Héctor Alejo Rodríguez

Recientemente, el ultraconservador expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló durante un evento de campaña preelectoral el verdadero objetivo que perseguía con las criminales sanciones unilaterales contra Venezuela durante su administración: hacer colapsar la economía nacional para propiciar un cambio de Gobierno y así tomar el control sobre la riqueza petrolera del país.

La cúpula del Gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su maquinaria propagandística no perdieron la oportunidad para utilizar esta confesión de Trump con el propósito de alimentar la narrativa con la que persiguen eximir la gestión del presidente Maduro de toda responsabilidad en la crisis del país. Incluso los más ruines de estos personajes han tenido la osadía de apuntar su dedo contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV), pretendiendo poner en duda su carácter antiimperialista.

La oposición de derecha no se queda atrás. Luego de estimular y celebrar las agresiones del Gobierno de Trump contra el pueblo venezolano, ahora salen a repudiar su discurso. Muchos de estos partidos y dirigentes políticos de derecha que ahora reniegan de Trump, auspiciaron el «interinato» de Juan Guaidó, quien llegó a decir públicamente que la carta de una posible intervención militar extranjera para el «cese de la usurpación» estaba sobre la mesa.

Los argumentos de la oposición de derecha y del Gobierno coinciden en un aspecto: ambos creen que el pueblo trabajador padece de amnesia permanente. Responder a los personajes al servicio de los laboratorios de guerra sucia que buscan enlodar al PCV es una pérdida de tiempo. El pueblo trabajador conoce

de la trayectoria antiimperialista del PCV y abunda la información sobre la postura de las y los comunistas sobre la política de Trump contra Venezuela, incluso en los medios oficiales que para aquel entonces sí se ocupaban de dar cobertura a las denuncias y acciones internacionales y nacionales que nuestro partido realizó para hacer frente a la injerencia imperialista sobre el país.

El PCV siempre ha denunciado que detrás de la retórica de defensa de derechos humanos y democracia con la que el imperialismo estadounidense encubre sus agresiones contra Venezuela se encuentra el afán de tomar el control sobre sus recursos energéticos y riquezas minerales. Fuimos los primeros en señalar que la orden ejecutiva de Obama, posteriormente ratificada por las administraciones de Trump y Biden, era el inicio de una ofensiva que escalaría a medidas más graves sobre el conjunto de la economía y abriría posibilidades a una agresión militar directa.

DE LA INGENUIDAD GUBERNAMENTAL A LA ENTREGA DEL PAÍS

En su momento, demandamos del Gobierno de Nicolás Maduro acciones para fortalecer las capacidades para proteger la actividad industrial, la producción de alimentos y medicinas, así como la infraestructura de servicios frente a una posible agudización del asedio imperialista. Mientras tanto, el Gobierno y la dirigencia del PSUV demostraron que sólo usaban el discurso «antiimperialista» como retórica vacía con fines politiqueros. El Gobierno nunca imaginó que la agresión imperialista se recrudecería, como lo confesó el propio presidente Maduro. Los estrechos vínculos que unen a la vieja y nueva burguesía nacional con los intereses de Estados Unidos y Europa, generaron resistencia en la cúpula gubernamental a creer en la posibilidad de una ruptura total de relaciones con los paí-

ses receptores de los capitales fugados y robados de Venezuela.

Pero esa no fue la única ingenuidad del Gobierno-PSUV. Entre 2014 y 2017 gastaron más de 100 mil millones de dólares en pago del servicio de deuda para ganar el beneplácito del capital financiero mundial, creyendo que esto abriría nuevas posibilidades de endeudamiento. A través de Citgo se donaron 500 mil dólares al acto de investidura de Trump, intentando incidir en su política hacia Venezuela. También han hecho depender de Estados Unidos el abastecimiento de combustible y aditivos para el mercado nacional, manteniendo paradas las refinerías del país .

El falso antiimperialismo de la cúpula del PSUV al final condujo a que la arremetida imperialista cumpliera su objetivo. Ciertamente no ocurrió el cambio de Gobierno en Venezuela, pero sí se produjo un giro en la política económica favorable a los intereses del capital mundial y, particularmente, a las transnacionales petroleras estadounidenses. No es la derecha opositora la que celebra la ampliación de la operaciones de Chevron en condiciones desventajosas para los intereses del país, es el mismo PSUV quien ejecuta el proceso de entrega de soberanía y riqueza nacional.

La verdad es que el Gobierno «antiimperialista» del PSUV ha claudicado ante Estados Unidos y sus aliados, pero no por inconsecuente, sino por su profundo carácter socialdemócrata. Mientras avanza la regularización de las relaciones, el levantamiento progresivo de las criminales medidas coercitivas y los acuerdos entre el Gobierno y la oposicion de derecha, avalados por el imperialismo estadounidense, es el pueblo trabajador quien paga los colosales daños provocados por la crisis del capitalismo dependiente-rentístico y los efectos nefastos de las sanciones imperialistas.

Realizan encuentro de activistas de la APR en Caracas

TRIBUNA POPULAR.- Un encuentro de activistas de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) provenientes de Caracas, Miranda y La Guaira, se celebró el pasado 10 de junio en el teatro Cantaclaro de la sede nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), con el objetivo de fortalecer este instrumento de lucha en un escenario marcado por la destrucción del ingreso de la clase trabajadora, la aplicación de políticas regresivas y la persecución gubernamental contra el PCV.

Oswaldo Ramos, miembro del Buró Político del PCV, dio detalles a los asistentes de las más recientes maniobras de la cúpula gubernamental para arrebatar al partido del Gallo Rojo su personalidad jurídica y dejar a la APR y al pueblo venezolano sin una expresión electoral para enfrentar al pacto entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la derecha.

El dirigente Rafael Uzcátegui, quien ocupó el cargo de secretario general del partido Patria Para Todos (PPT) hasta su intervención

judicial en 2020, afirmó que es decisivo que «la APR salga a juntar y sumar» para fortalecer las luchas en curso. Por su parte, representantes del Partido Revolucionario del Trabajo (PRT) subrayaron la necesidad de «robustecer la unidad de los revolucionarios

para enfrentar las tendencias cada vez más autoritarias de un gobierno que se ha vendido a la burguesía».

Por la organización Lucha de Clases, Luis Romero abogó por estrechar los vínculos de la APR con los conflictos de clase que están protagonizando los trabajadores por la restitución de sus derechos conculcados. En esta dirección también apuntó el secretario político del PCV en el estado Miranda, Juan Piedra, quien recordó la necesidad de coordinar estrategias conjuntas con organizaciones sindicales clasistas como la Centra Unitaria de Trabajadores del Venezuela (CUTV).

A la jornada se sumaron por primera vez integrantes del Bloque Popular Histórico, con la disposición de integrarse a la APR y así ampliar su radio de acción entre las comunidades caraqueñas a través de núcleos locales en el territorio, particularmente ante la precarización de las condiciones de vida y el desmantelamiento de los servicios públicos. ■

Miembro del Buró Político del PCV

Foto: Luis Rojas

Se derrumba el mito de la Lottt (II) A 11 años de su aprobación

Douglas Gómez Secretario de Salud y Trabajo de la CUTV

Enteoría, todo programa de ajuste neoliberal se plantea como objetivo corregir los desequilibrios de una economía en crisis mediante la formulación de un conjunto de políticas económicas que, aplicadas de manera combinada sobre determinadas variables, están llamadas a generar crecimiento económico y por lo tanto progreso y prosperidad. Eso fue lo que ofreció el presidente Maduro cuando puso en marcha su «Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica» en agosto del 2018.

Lo que no aclaró fue que tal crecimiento y prosperidad sería a expensas del sacrificio de los derechos constitucionales, legales y contractuales del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, pues para el logro de ese objetivo el Estado tuvo que minimizar su papel regulador de la economía y profundizar en el mercado de trabajo la política de flexibilización laboral que se venía desmontando durante el período del presidente Chávez.

El resultado lógico de esa política laboral fue la creciente precarización de las condiciones laborales, y dentro de ellas las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Los altos índices de accidentalidad y morbilidad laboral que se registran hoy en Venezuela son un indicativo de la gravedad del problema, y una demostración palpable de que la vida y la salud de las y los trabajadores ha dejado de ser para el Estado y la patronal pública y privada materia de interés vital y obligación constitucional y legal.

Unas pocas muestras. En agosto del año pasado, a consecuencia de la violación de los protocolos de seguridad en labores de alto riesgo por una empresa textil en la zona de Boleíta, en Caracas, y con la complicidad por inacción del Estado, representado en este caso por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), se produjo la explosión de una caldera que dejó a dos trabajadores lesionados.

Y más recientemente, el 12 de junio, dos trabajadores al servicio de la empresa estatal de aguas Hidrocapital, quedaron enterrados al caerles encima un alud de tierra cuando realizaban labores de mantenimiento del acueducto en el sector La Yaguara de la ciudad capital, resultando con lesiones graves que probablemente los incapaciten permanentemente para el trabajo. Las causas son las mismas: por parte de la empresa, violación de las normas de seguridad, y por parte de Inpsasel, abandono reiterado de su papel fiscalizador de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Debe recordarse que en épocas recientes las empresas hidrológicas han acumulado un pésimo récord de accidentalidad laboral, y que a principios de año ya habían muerto dos trabajadores en La Victoria, estado Aragua, en circunstancias similares.

Haciendo un balance al día de hoy, observamos que los aspectos más progresistas y avanzados de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), salvo excepciones, o no se cumplen, o se cumplen a medias, o se aplican de manera fraudulenta para favorecer a la patronal. Veamos.

La ampliación de la protección y los beneficios a la maternidad y la paternidad: por lo general se cumple, pero no son pocos los casos de despidos de embarazadas o trabajadores con fuero paternal, incluso en entidades de trabajo del sector público. La reducción a 40 horas de la jornada de trabajo semanal: la patronal privada la irrespeta impunemente, pero además, quienes laboran en el sector público, para sobrevivir sin salir del país, se ven obligados a cubrir varias agotadoras jornadas de trabajo diarias en diferentes empleos. La pena de prisión para patronos que desacaten órdenes de reenganche: no se cumple en absoluto; en Venezuela van presos las y los trabajadores por luchar o denunciar, nunca los patronos que violentan la ley.

Asimismo, aunque la Lottt tipifica y condena el acoso laboral y sexual en el trabajo, son numerosos los casos de acoso impunes en los centros de trabajo. La nueva ley establece también que, en caso de cierre ilegal por la patronal, podrá ordenarse la reactivación de la empresa instalando una junta de administración especial con participación de las y los trabajadores, pero en general, donde se ha ordenado la reactivación con junta de administración especial, han colocado a burócratas traídos de afuera de la entidad de trabajo quienes, salvo excepciones, arruinan a la empresa y maltratan a las y los trabajadores.

La Lottt contiene dos artículos referidos a los consejos de trabajadores y trabajadoras como organizaciones para que las y los trabajadores ejerzan la dirección de los procesos de trabajo, pero esos artículos remiten a una ley especial que la Asamblea Nacional se ha negado a discutir; en cambio, el Ejecutivo nacional impuso por la vía de la cuestionada Asamblea Constituyente la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabaja-

doras, que establece esos organismos regidos por el Gobierno, para que las y los trabajadores colaboren con la producción bajo control patronal.

TERCERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL SALARIO Y LAS CONVENCIONES COLECTIVAS

Por su parte, el famoso artículo 148, concebido para crear una instancia de protección de la relación laboral en caso de dificultades económicas o técnicas «que pongan en riesgo al proceso social de trabajo», ha sido invocado fraudulentamente para que muchos patronos privados apliquen estrategias de reducción de costos, logrando que se les autorice desaplicar cláusulas salariales de las convenciones colectivas y realizar suspensiones masivas de personal, que en realidad terminan siendo despidos encubiertos. Con respecto a la prohibición de la tercerización y el fraude en las relaciones de trabajo, en muchas empresas no sólo se mantuvo la tercerización, sino que se ha incrementado bajo la figura de empresas contratistas, que quedaron con reconocimiento legal en la Lottt.

Con relación a la definición de salario del artículo 104 de la ley, ésta ha sido violentada por la patronal privada y por el Gobierno nacional con su política de bonificación salarial, que alcanzó su peor momento este pasado 1 de mayo, llevando a que el 93% de lo devengado por las y los trabajadores corresponda a bonos sin incidencia salarial, en una agresiva política de desregulación laboral dirigida a eliminar los llamados pasivos laborales (prestaciones sociales, vacaciones, utilidades), lo que produce un inmenso ahorro para el Estado y para la empresa privada a costa de destruir el patrimonio del trabajador y su familia, pero además, condena a una miseria atroz a las y los pensionados y jubilados.

De igual modo, el Gobierno nacional ha establecido la violación institucional de las convenciones colectivas, tanto con el memorando-circular 2792 emitido por el Ministerio del Trabajo en octubre del 2018, como con el instructivo emitido en marzo de 2022 por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), los cuales convierten en letra muerta los principios de la Lottt y de la Constitución, en cuanto a la intangibilidad y progresividad del derecho laboral y las conquistas contractuales.

El ajuste neoliberal y la salud y seguridad en el trabajo

Pedro Eusse Secretario general de la CUTV

Detienen a tres trabajadores para frenar protestas en Sidor

TRIBUNA POPULAR - La noche del pasado 10 de junio fue detenido Leonardo Azócar, secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), junto con los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) Daniel Romero, quien es delegado sindical, y Juan Cabrera.

Estas detenciones ocurrieron luego de cuatro días de paro y protesta de los trabajadores sidoristas en la planta de pellas, quienes reclaman salarios dignos y el cumplimiento de compromisos adquiridos entre la empresa y sus trabajadores, que van desde la dotación de equipos de protección personal y entrega de medicamentos, hasta el retorno a sus puestos de trabajo de aquellos que fueron ilegalmente desincorporados por las gerencias anteriores.

La respuesta de la patronal y del Gobierno, una vez más, ha sido la represión contra las y los trabajadores que, al no recibir ninguna respuesta de los integrantes de la Junta In-

terventora, decidieron recurrir a su legítimo derecho a la protesta obrera. No es la primera vez que el Gobierno detiene a sidoristas

para frenar la ola de protestas en el seno de las industrias básicas de la región de Guayana. Ya en enero de este año, en un contexto de masivas manifestaciones, 18 trabajadores fueron apresados para obligar a sus compañeros a ceder.

De acuerdo a declaraciones ofrecidas por trabajadores de la empresa y por familiares de los detenidos, Azócar, Cabrera y Romero fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y trasladados a Caracas, y, al cierre de esta nota, todavía no había información oficial alguna acerca de su lugar exacto de reclusión o su situación judicial.

Por otra parte, a solicitud de la patronal, un tribunal de Puerto Ordaz admitió una medida cautelar dirigida a 22 trabajadores de Sidor, entre ellos los tres detenidos, en la que se les prohíbe cualquier acción que obstaculice las operaciones de la empresa estatal, violando el derecho a la manifestación pacífica consagrado en la Constitución. ■

Médicos de Barrio Adentro desincorporados de nómina de Min-Salud

MIRKA SARMIENTO.- Cientos de médicos de la Fundación Barrio Adentro han denunciado su trasladado de la nómina del Ministerio de Salud a la de la Corporación de Salud del estado Aragua, repercutiendo negativamente en sus salarios y derechos laborales.

En abril, estos profesionales de la salud sufrieron recortes de hasta 50% en su pago habitual, y al solicitar información a la dirección de recursos humanos, constataron que desde el mes de enero comenzó un proceso de cambios que quedó anotado en los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): algunos médicos aparecen como cesantes, otros aparecen activos pero sin cotizaciones, y otros con cambio de patrono, es decir, se da por culminada su relación laboral con el Ministerio de Salud.

Tras una asamblea de los voceros y voceras de las 43 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) de Aragua, los médicos acordaron unir fuerzas con los trabajadores de la educación que están movilizados desde enero y conformaron un Comité de Lucha por Salarios Dignos del Sector Salud.

Este comité organizó diversas acciones, logrando una audiencia con la gobernadora del estado. También se han plantado en un par de ocasiones a las afueras de las oficinas del Ministerio de Salud. Un documento ha sido consignado a la Vicepresidencia de la República, y recientemente una delegación expuso el caso ante el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional.

La respuesta de Shirley Hernández, de la Autoridad Única de Salud del estado Aragua, ha sido

que la transferencia fue una orden de la ministra Magaly Gutiérrez. Los médicos exigieron el punto de cuenta correspondiente y la notificación que clarifique las condiciones del traslado y sus implicaciones en sus condiciones laborales y salariales. Hasta ahora no han recibido esa información. Por su parte, el director nacional de Recursos Humanos del Ministerio, Ulises Rojas, se comprometió a establecer una mesa de trabajo, pero esto fue un engaño. El funcionario se ha negado a nuevos intercambios y trató de sobornar a los médicos ofreciéndoles la dirección del Seguro Social San José de Maracay.

Los médicos afectados rechazan su transferencia de nómina y exigen ser restituidos al Ministerio de Salud. Además, demandan el cese del acoso y el hostigamiento laboral por parte de los coordinadores en los Centros de Diagnóstico Integral. ■

Trabajadores petroleros en pie de combate

PRENSA CUTV.- Luego del decreto que prácticamente sentenció la muerte del salario el 1 de mayo, se vienen registrando importantes luchas de sectores de trabajadores y trabajadoras, ante la brutal desmejora sufrida, los reiterados incumplimientos de las convenciones colectivas y demás violaciones a los derechos humanos y laborales cometidas por la patronal. Entre estas luchas recientes, destacan las legítimas acciones de protesta protagonizadas por las y los trabajadores al servicio de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Las y los trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz, así como en varias áreas de trabajo de la industria petrolera en el estado Zulia, realizaron en las últimas semanas importantes manifestaciones exigiendo salarios dignos de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, y el cumplimiento por parte de Pdvsa de la convención colectiva de trabajo, particularmente en cuanto a los servicios del seguro médico bajo el régimen del Sistema Contributivo para la Protección de la Salud (Sicoprosa), cuya infuncionalidad acarrea situaciones lamentables para las

y los trabajadores petroleros y sus familias, incluso el peligro de perder la vida, ante los altos costos de los servicios y suministros médicos en medio de la abismal reducción de las remuneraciones salariales del personal.

En las asambleas y movilizaciones, las y los trabajadores petroleros también reclaman la necesidad de iniciar la discusión del nuevo contrato colectivo petrolero, de manera transparente y con participación de la masa trabajadora, en virtud de que la actual convención colectiva tiene más de 19 meses vencida, y en la cual, además, el 90% de las remuneraciones son bonos sin carácter salarial. Así las cosas, la situación se hace insoportable con los bajos salarios y el deterioro en las condiciones de trabajo.

ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La dramática situación que viven las y los trabajadores petroleros y sus familias, contrasta con la opulencia de las élites corruptas de Pdvsa. Aunque algunos de los corruptos han caído recientemente en prisión, otros siguen en total

impunidad y disfrutando lo que robaron a la industria, perjudicando al pueblo venezolano y a las y los trabajadores petroleros.

En sus justas demandas, el proletariado petrolero también repudia las malsanas prácticas de criminalizar las luchas obreras y de aplicar jubilaciones forzadas para inhabilitar sindicalmente a combativos líderes obreros.

La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) ha instado a las y los trabajadores petroleros de todas las áreas de trabajo a organizarse desde las bases y a unirse en torno a un programa de lucha, tanto por sus legítimas reivindicaciones sociales y económicas, como por la democratización del movimiento sindical petrolero, secuestrado por una cúpula patronal y corrupta impuesta desde el Gobierno.

Para la CUTV es necesario plantearse la lucha por la transformación de la industria petrolera, con participación dirigente de la clase obrera, para el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales al servicio del pueblo trabajador y de la independencia económica nacional, no de los capitales. ■

Leonardo Azócar, secretario de reclamos de Sutiss

Tragedia en El Callao: 13 muertos en una mina clausurada

TRIBUNA POPULAR.- Al menos 13 mineros artesanales murieron en El Callao, Bolívar, tras el colapso de una mina el pasado 30 de mayo, producto de las fuertes precipitaciones que además ocasionaron el desbordamiento del río Yuruari. Los fallecidos eran en su mayoría jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y 34 años.

El primer conteo de víctimas había arrojado un total de 12, pero días más tarde, la Dirección de Protección Civil anunció el hallazgo de un cadáver más. La prensa local lo ha identificado como Williams Alexis Gil Guilarte, un policía de 21 años proveniente de Delta Amacuro que aprovechaba sus vacaciones para conseguir ingresos adicionales a través de la minería informal.

El caso del joven Gil Guilarte no es aislado. El vertiginoso deterioro de las condiciones de vida y la destrucción del ingreso de los trabajadores ha obligado a miles de personas –algunas investigaciones hablan de hasta 300.000– a abandonar sus hogares y marchar al sur del país a buscar suerte en la extracción informal de oro. Este fue también el caso de los hermanos Henrickson y Enrique Rojas Malavé, de 23 y 30 años respectivamente, oriundos del municipio Piar del estado Monagas y muertos por insuficiencia respiratoria tras el derrumbe de la mina.

Aunque otros 100 mineros lograron salvar la vida, lugareños aseguran a medios regio-

nales que todavía podría haber personas desaparecidas en el interior de la mina, conocida como La Talavera, la cual, de acuerdo a las autoridades estadales, estaba clausurada. Sin embargo, el cierre de esta y otras minas no aleja a los buscadores informales de oro, que con esta práctica tratan de sostener a sus familias. En los últimos años, la minería informal se ha convertido en un importante nicho de trabajo.

En jornadas de más de 12 horas y sin condiciones de seguridad, los mineros informales extraen sacos de arena que son procesados posteriormente en molinos con mercurio, procedimiento que es altamente tóxico para los trabajadores y dañino para el medio ambiente. Desde 2022, los mineros informales han sido paulatinamente expulsados de El Callao y otras zonas de explotación aurífera, mientras las operaciones han sido cedidas a empresas extranjeras. ■

Altos rendimientos agroecológicos requieren suelos sanos

En los suelos cultivados en los trópicos, el cambio de uso de ecosistemas naturales a agrícolas agota la reserva del carbono orgánico en un 75% o más. Algunos suelos han perdido entre 20 y 80 toneladas por hectárea (t/ha) de carbono orgánico, en su mayoría emitidas a la atmósfera, y se identifica un estrecho vínculo entre la acumulación del carbono orgánico en los suelos, la seguridad alimentaria mundial y el cambio climático. Por el contrario, con técnicas agroecológicas como el Pastoreo Racional Voisin se acumulan más de 70 t/ha al año de carbono orgánico en los suelos, la agricultura es sustentable y el balance de carbono es a favor de la vida del suelo y su fertilidad natural.

Estamos convencidos de que no existen soluciones mágicas, ni panaceas para los problemas del agro venezolano. Pero también somos conscientes de las ventajas inequívocas de la ruta agroecológica para superar la crisis del capitalismo en el campo, y que transitarla sólo será posible a través de un poderoso y revolucionario movimiento campesino organizado que integre a semiproletarios, pequeños y medianos productores del campo así como a conuqueros, indígenas, pescadores y acuicultores. Este movimiento deberá asumir las reivindicaciones económicas-laborales en el campo y las transformaciones revolucionarias a favor de la gran producción agroecológica, contra el agronegocio y las políticas gubernamentales que le sirven al capital agroindustrial internacional.

Se trata de un movimiento campesino auténtico, autónomo, de elevada conciencia revolucionaria, para llevar a cabo las tareas del

momento histórico, romper la dependencia, lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, de nuestro pueblo urbano y rural. El primer paso en esta dirección es desde la conciencia de cada hombre, de cada mujer, productores y productoras del campo, a través del fomento de suelos sanos para lograr altos rendimientos agroecológicos; y esto implica una ruptura con los preconceptos del modelo capitalista de producción agrícola, como el uso de la rastra y el arado, que agreden la vida de nuestros suelos al alterar completamente su biología, estructura y fertilidad natural, creando la dependencia de los costosos fertilizantes solubles, que no garantizan ni altos rendimientos ni mucho menos la sustentabilidad de la agricultura.

AGROECOLOGÍA A GRAN ESCALA

Veamos por ejemplo que el patrón de acumulación de la biomasa total de raíces de un pasto (B. dictyoneura) a distintas profundidades de un suelo en las sabanas orientales de Colombia, muestra claramente que en los primeros 10 centímetros de profundidad del suelo, se acumula la mitad de la biomasa total de esas raíces, equivalente a 2,1 t/ha. También

es conocido que en los corrales de durmienda de los animales de pastoreo, se acumulan más de 70 t/ha al año de carbono total en la capa superficial del suelo. Entonces, ningún agricultor consciente de estos hechos, arruinaría estos logros utilizando la rastra y el arado, porque eso equivale a desechar un importante acumulado de vida de los suelos, destruir su fertilidad natural y abrazar, sin saberlo, al enemigo de clase, el agronegocio y el capital agroindustrial internacional, que es quien se enriquece con el esfuerzo de nuestros campesinos y campesinas.

Pero no nos equivoquemos. No es lo pequeño agroecológico el centro de nuestro análisis, es a la gran escala agroecológica a lo que nos referimos, por ejemplo a la producción en 50.000 a 100.000 hectáreas con tecnología de Pastoreo Racional Voisin y agricultura ecológica, sin utilizar fertilizantes solubles, ni rastra, ni arado, ni agrotóxicos; pero triplicando los rendimientos desde el primer año y reduciendo drásticamente los costos de producción.

Dejamos algunas preguntas para el intercambio de ideas. ¿Está en condiciones el movimiento campesino organizado de dar un debate para trazar la ruta agroecológica como vía inequívoca para romper la dependencia y producir altos rendimientos agrícolas? ¿Tiene la lucha contra el latifundio carácter estratégico sin una tecnología agroecológica que empodere a los más pobres del campo, para desplazar la hegemonía del atrasado modelo agrícola capitalista que ejercen en Venezuela los terratenientes y la burguesía agraria? ¿Es posible y necesaria hoy la alianza científico-campesina, como centro del poder popular agrario para la acumulación de fuerzas, con capacidad para realizar las transformaciones revolucionarias del campo?

Alonso David Ojeda Doctor en Ecología

(III)

Criminalización de activistas por la salud reproductiva

TRIBUNA POPULAR /NA.- En Venezuela abortar es un delito. Este tema fue «tendencia» a principios de este mes, y no precisamente porque se haya dado algún avance en la legislación correspondiente, sino porque un «influencer» dejó de lado por unos minutos su glamurosa carrera de «estratega comunicacional» para publicar en su cuenta en una red social el «desmantelamiento de una banda dedicada al aborto ilegal» a través de una operación que involucró a un supuesto equipo periodístico y a la Policía Nacional Bolivariana.

El texto estaba acompañado de una foto de una activista feminista en un banquillo y acompañada por un funcionario policial. Los detalles de la operación encubierta prometidos por el influencer no llegaron, pero sí una ola de indignación que se expresó con la etiqueta #AcompañarNoEsDelito.

Por supuesto, también salieron a la arena de debate virtual aquellas voces contrarias a que las mujeres decidan si quieren ser madres o no con los habituales enfoques religiosos, o estableciendo vínculos entre embarazos no deseados y promiscuidad que darían risa si no fuera porque lo que está en juego es la vida de miles de mujeres. En 2018, una investigación llevada a cabo por la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa (Avesa) en cinco hospitales del país, identificó el aborto inseguro como la tercera causa de muerte materna en el país.

La publicación del «influencer» Irrael Gómez no es el primer episodio de estigmatización de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres; hay incluso casos de judicialización. Uno de los más emblemáticos fue el de la profesora Vanessa Rosales, detenida el 12 de octubre de 2020 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc).

Durante un allanamiento ilegal de su vivienda en Mérida, a Rosales le fueron robados sus equipos de trabajo y el material con el que desarrollaba su labor educativa sobre derechos sexuales y reproductivos. Esta activista fue criminalizada por brindar información y los me-

dicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo de una niña de 13 años que había sido violada y se encontraba en peligro de muerte por su estado de desnutrición.

A Rosales se le imputaron los delitos de aborto provocado, agavillamiento y asociación para delinquir y fue trasladada al Centro Penitenciario del Estado Mérida. Allí estuvo hasta enero de 2021 cuando se le dictó casa por cárcel como medida sustitutiva. Finalmente, en julio de ese año fue liberada.

EL ESTADO VENEZOLANO DEBE DAR GARANTÍAS A LAS ACTIVISTAS

A finales de mayo, la ministra de la Mujer, Diva Guzmán, presentó el noveno informe periódico del Estado venezolano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). Este comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Entre las observaciones hechas por el comité al Gobierno de Nicolás Maduro está «la preocupación por la estigmatización y criminalización»

de las defensoras de los derechos humanos en el país. El comité instó al Estado a que «garantice un entorno propicio para que las organizaciones de mujeres y las defensoras de los derechos humanos defiendan los derechos humanos de la mujer». Además, recomendó la participación y consulta de estas organizaciones en la preparación del próximo informe periódico.

El órgano de Naciones Unidas también mostró su preocupación por la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Venezuela y «el acceso limitado de las mujeres a servicios de aborto y postaborto en condiciones de seguridad».

Haciendo referencia al objetivo de reducción de la mortalidad materna en el mundo, el comité de expertos instó al Estado venezolano a «Modificar sin demora el artículo 432 del Código Penal para legalizar el aborto al menos en los casos de violación, incesto y grave malformación del feto, además de los casos de amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada». Además, se recomendó «despenalizarlo en todos los demás casos y garantizar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso adecuado a servicios de aborto seguro y postaborto». ■

Trabajadora petrolera Johana González sigue presa injustamente

Comité de familiares y amigos por la libertad de las y los trabajadores presos

Tras un año secuestrada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) con una boleta de excarcelación a su favor que no fue acatada, a Johana González le anularon en abril este documento por negligencia del tribunal, en detrimento de sus derechos. En mayo, González fue sometida a una prueba psicosocial para volver a optar por el derecho de ser excarcelada, pero fue reprobada sin explicación alguna. Esta serie de hechos constituyen una reiterada victimización y ensañamiento institucional contra una mujer trabajadora.

Durante la sesión solemne de apertura de actividades judiciales del año 2023, realizada el pasado 31 de enero, el presidente Nicolás Maduro llamó a profundizar la «revolución judicial», con el propósito de que la justicia llegue al pueblo. Por tal motivo, la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia estuvo en el INOF a principios de

mayo. Sin embargo, ninguno de los funcionarios que participaron en la visita, entre ellos Celsa Bautista Ontiveros, ministra para el Servicio Penitenciario, y Julio García Zerpa, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, se sensibilizaron con este caso.

Johana González trabajaba como analista en Petróleos de Venezuela (Pdvsa); es madre de dos hijos menores de edad y está presa desde el 18 de marzo del 2021. Fue coaccionada por el juez José Mascimino Márquez (hoy detenido por corrupción) para admitir delitos que no cometió, y resultó condenada a cinco años de prisión. Desde abril de 2022 tenía una orden de excarcelación a su favor, ya que había cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley para optar por el derecho de suspensión de la pena, pero permaneció detenida en forma arbitraria, contraviniendo así el artículo 44 de la Constitución y el artículo 179 del Código Penal. Durante su prolongada e injusta detención, se han realizado varias denuncias ante la Fiscalía General de la

República, el Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Defensoría del Pueblo. En abril de este año, el tribunal a cargo del juez Julio César Espinoza García, el mismo que emitió la boleta de excarcelación, dictó un auto mediante el cual acordó reponer la causa, argumentando que la Procuraduría General de la República no había sido informada, lo que debió ser hecho por el mismo tribunal. De inmediato, se volvieron a presentar los documentos requeridos por la ley para optar a la excarcelación, y González se sometió nuevamente a una evaluación psicosocial durante la visita de la comisión presidencial, pero la Defensora Pública informó a los familiares que el resultado de la evaluación había sido insatisfactorio. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Es así como se fortalece el sistema de justicia venezolano? ¿Quién responde por el sufrimiento de esta madre trabajadora con una solicitud de excarcelación que estuvo pendiente durante casi un año? Las autoridades venezolanas continúan violando el derecho a la libertad de Johana González.

Derechos de las mujeres, avances y desafíos

Foto: Camilo Arias

A dos años de la operación «Gran Cacique Guaicaipuro»

El que no la debe, también tiene que temerla

En junio se cumplen dos años del operativo policial «Gran Cacique Guaicaipuro» realizado en la parroquia La Vega, la Cota 905 y El Cementerio, en Caracas. Este operativo supuso en su momento el despliegue de más de mil funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad del Estado en esas zonas, con el propósito, según información oficial, de desmantelar las bandas de crimen organizado que operaban allí.

Los constantes enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, la toma de zonas céntricas de la ciudad y las cada vez más evidentes articulaciones entre las distintas bandas, dejaron en evidencia la ausencia de control que tenía el Estado sobre estos territorios, y pusieron fin al pacto de no agresión que, hasta ese momento, parecía existir entre esos actores.

El despliegue de la operación, sin embargo, más que el desmantelamiento de estas bandas, supuso su desplazamiento hacia otras zonas del país y hacia otros países, como lo demuestran las muertes y capturas de algunos de sus líderes en el municipio Santos Michelena, estado Aragua, y hasta en la ciudad de Bogotá, Colombia. Mientras tanto, personas inocentes, habitantes de los sectores en los que operaban estos grupos, fueron detenidas arbitrariamente o asesinadas y presentadas como resultados positivos del operativo.

Actualmente, 28 personas enfrentan un proceso penal en que se les acusa de ser parte de la estructura de estas bandas, y en el que están siendo juzgadas por los delitos de terrorismo, tráfico de armas y municiones y asociación para delinquir. De esas 28 personas, nuestro Comité por los Derechos del Pueblo conoce a profundidad los casos de 12, y podemos afirmar que fueron criminalizadas injustamente a través de la «siembra» de evidencias y la simulación de hechos punibles.

Eso explica que en los casos de «Los Cinco de La Vega» y de los otros siete cuya defensa asumió recientemente el Comité por los Derechos del Pueblo, existan graves inconsistencias en las actas policiales, única prueba en contra de estas personas, entre las cuales destacan las siguien-

tes: aprehensiones por cuerpos de seguridad distintos de los que reportaron el procedimiento; datos reportados de fecha, hora y lugar distintos de los de las detenciones; falta de testigos y otros medios probatorios que demuestren los hechos descritos en las actas policiales. Debe notarse que hay varios testigos que pueden dar fe de que los hechos ocurrieron como afirman las personas detenidas, pero cuyos testimonios no fueron promovidos en el momento oportuno por debilidades en la defensa.

UNA JUSTICIA CLASISTA E INHUMANA

Estos patrones de actuación de los cuerpos de seguridad y de todo el sistema de administración de justicia penal evidencian que no sólo no se está combatiendo el problema que se busca resolver, sino que además con las acciones desplegadas y derivadas de este operativo se está criminalizando a unas personas cuyo único «delito» es su condición de ser pobres, lo que confirma el carácter clasista del aparato penal y de la actuación policial en nuestro país.

Darwin, José Félix, Osmar, Hecgerson, Kevin, Ramsés, Víctor, Maikel, Junior, Andrés y Manuel fueron detenidos simplemente por ser hombres, en su mayoría jóvenes, que viven en los barrios en los que las bandas tienen pre-

sencia, y algunos, además, por tener antecedentes penales por causas no relacionadas con la acción de esos grupos delincuenciales. Para Farid, por su parte, se sumó a su proceso de criminalización el hecho de ser colombiano, dato que resultaba funcional a la retórica oficial de mostrar la participación de grupos paramilitares de esa nacionalidad en estas zonas de la ciudad.

Las personas que permanecen detenidas, además de soportar casi dos años de una prisión injusta, lo han hecho en unas condiciones de reclusión indignas, especialmente quienes están en centros de detención policial, los cuales se caracterizan por no contar con los estándares de higiene mínimos respecto al volumen de aire, la superficie mínima, la iluminación, o la ventilación. Tampoco tienen espacio suficiente para dormir acostados en la noche. Una solución parcial que han encontrado a esto es la disposición de varios pisos o niveles de «aéreas», esto es, sábanas y cobijas colgadas entre paredes a modo de hamacas. Deben pagar para salir de la celda, y si se enferman no reciben atención médica adecuada, tal como lo demuestra el terrible fallecimiento de José Félix Maiz hace ya varios meses por causas asociadas a sus condiciones de reclusión.

La cárcel debería ser la última respuesta del sistema penal, y debería reservarse al castigo de los delitos que más daño social causan, tal como lo establece el artículo 232 de la Constitución, al priorizar las medidas sustitutivas de la privación de libertad por sobre aquellas de naturaleza reclusoria, más aún con aquellas personas que, como estos muchachos, están detenidos con expedientes judiciales que carecen de pruebas y a la espera de la culminación de un juicio que viene transcurriendo con un grave retardo procesal. Ellos deben ser tratados de manera consecuente con la presunción de inocencia de la que gozan legalmente.

Con el cumplimiento de los dos años desde la realización del operativo, se vence el plazo máximo de coerción personal previsto en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal Es, en consecuencia, un momento propicio para conceder su juzgamiento en libertad y reparar de esta manera, por lo menos parcialmente, las graves injusticias que se han cometido en su contra. Nos organizamos y seguimos luchando para que así sea.

Martha Lía Grajales Pineda Surgentes, Colectivo de DDHH

Organizaciones juveniles del mundo en solidaridad con el PCV

PRENSA JCV.- A través de un comunicado conjunto, al menos 20 organizaciones juveniles de distintas partes del mundo manifestaron su preocupación ante el «avance de peligrosas acciones dirigidas a vulnerar los derechos políticos y democráticos del Partido Comunista de Venezuela (PCV)».

La declaración se emitió el 28 de mayo, mientras se llevaba a cabo la reunión del Consejo General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD) en la Habana, Cuba, encuentro en el que las organizaciones firmantes se dieron cita para reafirmar sus posiciones antiimperialistas y de lucha por la paz y la justicia social para todos los pueblos del mundo.

Las juventudes comunistas y obreras firmantes abogaron «por que se respete el derecho histórico ganado por los trabajadores a organizar sus propios partidos políticos con independencia de la burguesía y los gobiernos de turno».

El pasado 21 de mayo, en Caracas, la cúpula del Gobierno de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) organizó un falso congreso para arrebatarle la personalidad jurídical al PCV. Al respecto, las organizaciones afiliadas a la FMJD firmantes del comunicado exigieron al Gobierno vene-

zolano que «se respeten las decisiones adoptadas por el 16º Congreso Nacional del PCV, celebrado en noviembre de 2022».

«Hacemos un llamado al Gobierno e instituciones de Venezuela para que detengan estos planes que atentan contra las libertades democráticas y el legítimo derecho a existir y luchar del PCV y la Juventud Comunista de Venezuela (JCV)», agrega el documento. Las organizaciones firmantes ratificaron su especial solidaridad con la JCV, «organiza-

ción miembro de la Federación Mundial de la Juventud Democrática desde 1947, y cuyos derechos a existir se encuentran también seriamente amenazados de prosperar las maniobras para asaltar e intervenir al PCV».

«Reiteramos nuestra firme solidaridad con el pueblo y la juventud de Venezuela frente a la injerencia imperialista y las sanciones criminales ilegales, así como con las luchas legítimas de los trabajadores venezolanos por salarios dignos», concluye la declaración. ■

Breves internacionales

GOBIERNO COLOMBIANO Y ELN PACTAN CESE AL FUEGO BILATERAL

Las delegaciones del Gobierno de Gustavo Petro y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerraron el tercer ciclo de diálogos de paz en La Habana y firmaron los denominados Acuerdos de Cuba que incluyen un cese al fuego bilateral.

Por el Gobierno neogranadino suscribieron los acuerdos el ministro de Exteriores, Álvaro Leyva, y el jefe negociador Otty Patiño, mientras que por la insurgencia lo hicieron los comandantes Antonio García y Pablo Beltrán.

El cese al fuego entrará en vigencia el próximo 3 de agosto. Unos días más tarde, en Caracas, se desarrollará el cuarto ciclo de diálogos de paz en el que se hará un balance del cumplimiento de lo acordado este mes en la capital cubana.

un nuevo techo de gasto para restringir las inversiones públicas».

clase entre trabajadores y luchadores. El movimiento [de protesta] solamente se volverá más radical y la posibilidad de la formación de una alternativa popular contra el régimen teocrático emergerá con la participación y cooperación de las fuerzas de la izquierda y de liberación nacional», dijo la organización a través de una reciente nota editorial en su periódico Nameh Mardom.

LULA MANTIENE RESTRICCIONES A LA INVERSIÓN SOCIAL

El Partido Comunista Brasileiro (PCB) ha denunciado que el Gobierno de Luiz Inacio «Lula» da Silva ejecuta un «fraude electoral», porque «en lugar de cumplir la promesa de poner a los pobres en el presupuesto y a los ricos en el impuesto a la renta, propone

El PCB cuestionó que el mandatario viole sus promesas electorales y mantenga «la famosa política de austeridad fiscal» implementada por los expresidentes Michel Temer y Jair Bolsonaro «para seguir repartiendo afecto al sistema financiero y al mercado».

Los comunistas brasileños advirtieron que las medidas favorables a los trabajadores conquistadas durante el último medio año «se verán seriamente comprometidas si no van acompañadas de una política fiscal y tributaria que, como decía Lula, ponga a los pobres en el presupuesto».

PERSECUCIÓN CONTRA SINDICALISTAS EN IRÁN

El Partido Tudeh (comunista) de Irán ha alertado que las duras sentencias judiciales contra dirigentes sindicales en el país demuestran el «miedo» que el régimen teocrático siente hacia la organización de la clase trabajadora.

El Gobierno «tiene razón en estar preocupado por la amplificación de la conciencia de

PLATAFORMA ANTIIMPERIALISTA MUNDIAL: UN INVENTO OPORTUNISTA

El Partido Comunista de México (PCM) ha apuntado hacia la denominada Plataforma Antiimperialista Mundial, calificándola como un «grupo provocador» cuya construcción «nada tiene que ver con los principios comunistas».

En una nota de la sección internacional del PCM, se denunció que esta coalición usa «métodos sucios» además de ejecutar «una cruzada de calumnias contra los partidos comunistas revolucionarios y contra el reagrupamiento del movimiento comunista bajo las banderas del internacionalismo proletario».

Entre los afiliados a esa coalición internacional se encuentra el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el cual fungió como anfitrión de un encuentro de la plataforma en Caracas el pasado marzo.

Linda Ruiz, secretaria de Relaciones Internacionales de la JCV, ante el Consejo General de la FMJD

La Junta Patriótica y la política de unidad del PCV

El Partido Comunista de Venezuela (PCV), desde su fundación el 5 de marzo de 1931, se ha caracterizado por procurar la construcción de espacios que permitan materializar la más amplia alianza de fuerzas revolucionarias, democráticas, populares, patrióticas, progresistas y antiimperialistas.

A lo largo de nueve décadas, el PCV ha impulsado distintas iniciativas para avanzar en la acumulación de fuerza revolucionaria, obrero-campesina-popular y cívico-militar. Entre ellas están el Bloque de Abril y el Partido Único de Izquierdas de los años treinta; la táctica de Unión Popular promovida durante la década de 1940; el Frente de Liberación Nacional (FLN) y Unión Para Avanzar (UPA) de los años sesenta; el Frente Popular y la Nueva Fuerza en los setenta; la Amplia Conjunción de Fuerzas Populares y Democráticas desarrollada durante la década de los ochenta; el Bloque Popular Unitario (BPU) de los noventa; y ya a principios de este siglo, el Frente Amplio Nacional Patriótico y el Bloque Popular Revolucionario (BPR), hasta llegar a la conformación de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) en el año 2020. Uno de esos instrumentos de unidad fue la Junta Patriótica, coalición clave para el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este 11 de junio se cumplen 66 años de su fundación, y es una ocasión oportuna para revisar el rol del PCV en su concepción y desarrollo.

CREACIÓN DE LA JUNTA PATRIÓTICA

En febrero de 1957, se reunió en Carrizales, estado Miranda, el 13º Pleno del Comité Central clandestino del PCV. Tras un diagnóstico de la situación del país, la dirección de las y los comunistas estableció los objetivos del momento: 1. Defensa de los derechos humanos y ciudadanos; 2. Defensa de las libertades democráticas; y 3. Desarticular con precisión a los enemigos principales del pueblo: Pérez Jiménez, el ideólogo de la dictadura Vallenilla-Lanz, y el jefe de las fuerzas represivas Pedro Estrada. Esto llevó al PCV a trazar como táctica política la creación de un Frente de Unidad Nacional

contra la dictadura, que fuera expresión de una amplia alianza de fuerzas políticas y sociales antidictatoriales. El 11 de junio de 1957 se reunieron en casa del periodista Fabricio Ojeda, los también integrantes de la Unión Republicana Democrática (URD) Amílcar Gómez y José Vicente Rangel con el entonces dirigente comunista Guillermo García Ponce. En ese encuentro se decidió llevar a la práctica la propuesta del PCV bajo el nombre de «Junta Patriótica», en honor a la Sociedad Patriótica de 1810.

Su programa se planteaba tres objetivos fundamentales: 1. Amplia amnistía para todos los presos políticos, desterrados y perseguidos; 2. Elecciones mediante el voto directo, secreto y universal; y 3. Formación de un gobierno respetuoso de las libertades democráticas. Inicialmente este frente estaba destinado a agrupar en su seno sólo al PCV y URD. Posteriormente, el PCV llevó la propuesta de integrar a los partidos Acción Democrática y Copei. También se acordó mantener el carácter clandestino de la organización, constituir comités en todo el país y hacer circular un manifiesto nacional.

Se organizó la dirección de la junta con representantes de cada uno de los partidos, quedando integrada finalmente por Guillermo García Ponce (PCV), Fabricio Ojeda (URD), Silvestre

Ortiz Bucaram (AD) y Enrique Aristeguieta Gramcko (Copei). Una vez estructurada la Junta Patriótica, el PCV inició una ardua labor política, estableciendo contacto con grandes personalidades de la intelectualidad; se crearon el Frente Universitario y el de mujeres. Tribuna Popular dejó de imprimirse para poner a disposición todo su arsenal logístico para imprimir y distribuir los manifiestos de la Junta Patriótica por todo el territorio nacional.

Luego de meses de acciones de masas, se llevó a cabo la rebelión popular del 23 de enero de 1958, con la cual se logró derrocar la cruel dictadura proimperialista de Marcos Pérez Jiménez. Mientras que los distintos sectores de la burguesía venezolana traicionaron y siguen traicionando a la patria con su oportunismo y entreguismo, el verdadero heredero de aquella gesta insurreccional, el pueblo trabajador venezolano, hoy se mantiene en pie de lucha contra las medidas antipopulares dictadas por las clases dominantes para oprimirlo.

Hoy la táctica del PCV avanza bajo la necesidad objetiva de alcanzar la más amplia unidad del pueblo frente a un objetivo común: derrotar el nuevo pacto de élites que reedita los días del puntofijsmo, así como su política antiobrera y servil al capital.

Froilán Torrealba, ¡presente!

alleció el 8 de este mes en Guanare mi camarada Froilán Torrealba, histórico militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y cofundador del legendario Frente Guerrillero «Simón Bolívar» junto con el también comunista Argimiro Gabaldón.

F

Froilán nació un Primero de Mayo, en 1943, en Guaitó, poblado rural del municipio Morán, estado Lara. Era hijo del general Froilán Torrealba, conocido popularmente como «Manolán», quien fue opositor del dictador Juan Vicente Gómez y aliado de los generales José Rafael Gabaldón, Rafael Montilla (El Tigre de Guaitó) y Cantalicio Reinoso, entre otros.

Froilán se unió a las filas del PCV en el año 1959 como activista contra el Gobierno de Rómulo Betancourt. En 1961 fue reclutado para el

servicio militar; para aquel entonces, la orientación del partido era que cada recluta comunista debía aprovechar la preparación militar y posteriormente desertar para incorporarse a las luchas del pueblo venezolano. Así lo hizo el camarada Froilán, quien inmediatamente se reportó con el responsable del PCV en Chabasquén, estado Portuguesa, y fue trasladado a las montañas de Humocaro, estado Lara, donde colaboró con Gabaldón en la creación del Frente Guerrillero «Simón Bolívar».

Tres años más tarde, Froilán fue detenido y torturado salvajemente en el Teatro de Operaciones Nº 3 (TO3), ubicado en El Tocuyo, estado Lara. La tortura lo dejó casi lisiado, con varias costillas fracturadas. En vista de que sus torturadores no pudieron arrancarle ninguna información, fue trasladado a la prisión de la conocida Isla del Burro en el Lago de Va-

lencia; allí permaneció por tres años. De regreso a Chabasquén, se incorporó nuevamente al frente, pero ahora con mucha tristeza, ya que no contaba con la compañía de su comandante, amigo y camarada Argimiro Gabaldón, quien había muerto en diciembre de 1964 por bala de un enemigo infiltrado en las filas del destacamento guerrillero.

Al escribir estas breves líneas en homenaje a mi camarada Froilán, siento nostalgia. Lo conocí desde mi infancia; trabajamos juntos en tareas del partido, él como secretario político del Comité Local «Argimiro Gabaldón» en Biscucuy, estado Portuguesa, y yo como secretario político de la Juventud Comunista de Venezuela. Fue un extraordinario camarada, amigo y un maestro del marxismo-leninismo y del comunismo. Froilán, los comunistas no morimos; sólo nos sembramos. ¡Hasta siempre!

Ángel Ostos

Miembro del Comité Central del PCV

Omar Quevedo «Colacho»

Ojeda, García Ponce, Aristeguieta Gramcko y Ortiz Bucaram

Nazim Hikmet, poeta insumiso

¡A HACKEAR EL SISTEMA!

La historia del software libre (V)

Luigino Bracci Roa Lbracci@gmail.com

Enla última entrega hablamos sobre las licencias de software (contratos legales que todo usuario de un programa acepta cuando compra o usa un programa de computadora), y mostramos el contraste entre las licencias de software en el mundo privativo y las licencias que se usan en el software libre.

MARIANA RUIZ.- Hace apenas unos días, el 3 de junio, se cumplieron 60 años de la muerte de Nazim Hikmet, considerado uno de los más grandes representantes de la poesía turca. Hikmet creció en una familia de intelectuales, puesto que su abuelo era también poeta, su madre pintora y su padre diplomático; en la década de los veinte del siglo pasado estudió en Moscú sociología y economía. Su obra da cuenta de una coherencia total entre creación y militancia. Preso y exiliado, Hikmet fue militante del Partido Comunista de Turkiye hasta su muerte en 1963. Levantando siempre su voz por los más desposeídos, su poesía es testimonio de un compromiso inquebrantable con la justicia, la revolución y la emancipación de la humanidad:

Un aldeano, más muerto que su vieja mula, está a nuestro lado.

¿A nuestro lado? No. En nuestra sangre.

Hikmet escribió numerosos poemas contra el nazismo y el fascismo, y exaltando el internacionalismo:

Como semillas

He dispersado a mis muertos por toda la tierra, unos descansan en Odesa, otros en Estambul, otros en Praga.

El país que prefiero es la tierra. Cuando me llegue la hora, cubridme con ella.

Su muerte, debida a causas naturales, ocurrió durante su último exilio en la Unión Soviética. Había sido despojado de su nacionalidad turca, perseguido y vigilado incluso cuando se encontraba en libertad. Durante más de 30 años había sostenido un activismo incansable, luchando por las causas justas de su pueblo y de todos los pueblos del mundo. Su obra fue muy influenciada por el poeta francés decimonónico Gérard de Nerval y por el soviético Vladimir Maiakovski, una de las figuras descollantes del movimiento futurista ruso. En 1950, recibió, junto con Pablo Neruda y Pablo Picasso, el Premio Internacional de la Paz, otorgado por el Consejo Mundial de

la Paz, organismo del que también llegó a ser dirigente. Fue colaborador frecuente de la revista Claridad del Partido Comunista Turco, y de la revista literaria Rasimili Ay.

Y así, con estos versos sencillos pero profundos, recordamos hoy a Nazim Hikmet, el poeta turco que vivió más de la mitad de su vida en cárceles, exilios y persecuciones, pero murió insumiso:

Nazim Hikmet sigue siendo un traidor a [la patria.

Sí.

Yo soy un traidor a la patria, si vosotros sois los patriotas. Si vosotros sois los defensores de esta [patria, yo soy traidor a la patria. Yo soy traidor a la patria, si la patria son vuestros ranchos, si es todo lo que hay en vuestras cajas de [caudales, si es todo lo que hay en vuestros talonarios [de cheques.

La patria.

Si la patria es reventar de hambre en las [calles. Si la patria es temblar de frío afuera como [un perro y retorcerse de paludismo en verano, si es beber nuestra sangre escarlata en [vuestras fábricas

La patria.

Si la patria son vuestras garras de [grandes latifundistas. Si la patria, es el catecismo armado de [lanzas.

Si la patria, es la porra de la policía. Si la patria son vuestros créditos y [vuestras remuneraciones.

La patria.

Si la patria son las bases estadounidenses, la bomba estadounidense y los cañones de [la flota estadounidense. Si la patria no es liberarse de nuestras [podridas tinieblas, entonces, yo soy traidor a la patria. Escriba sobre tres columnas en caracteres [bien negros y destacados: Nazim Hikmet continúa siendo traidor a [la patria.

El desarrollo del software libre requirió rehacer desde cero inmensos programas que existían en el mundo privativo, compartiendo su código fuente y aplicando las licencias de software libre antes mencionadas. Era una carrera desigual. Stallman y sus amigos eran admiradores de Unix, un sistema operativo muy usado entre los informáticos de la época, hecho por la empresa AT&T y que funcionaba en grandes computadores, pero que se había vuelto privativo.

Eran los años ochenta, y ellos querían hacer un sistema que fuese similar a Unix, pero que funcionara en las computadoras personales. Y para 1991 lo lograron: Stallman y sus amigos hicieron algunos componentes muy importantes, mientras el programador finlandés Linus Torvalds desarrolló otra pieza vital. Las dos partes se pusieron de acuerdo en colaborar, y al resultado lo llamaron GNU/Linux: un sistema operativo completo que funcionaba como Unix, y usaba la licencia GNU GPL, lo que garantizaba que su código fuente fuese público y todos tuvieran permiso de estudiarlo, modificarlo y compartirlo. Así nació el software libre.

Por supuesto que, en esa época, GNU/ Linux era un sistema operativo para nerds, sin mayor utilidad práctica para el ser humano común y corriente. Permitía escribir comandos Unix, automatizar tareas, ser un servidor de archivos o de impresión, pero no servía para hacer trabajos de oficina, editar imágenes o videos, o gestionar bases de datos de importancia. Mientras el mundo sufría los errores de pantalla azul de Microsoft Windows 3.0, programadores voluntarios de todos los países apenas comenzaban a dotar a GNU/Linux con un modo gráfico primitivo, que usaba ventanas, menús y ratón.

En 1995 probé una versión de GNU/Linux llamada Slackware. Recuerdo mi frustración tras tardar dos semanas en hacer funcionar su modo gráfico y darme cuenta de que sólo tenía una calculadora y un block de notas primitivo. No había procesador de palabras, editor de imágenes, panel de control ni nada parecido. Ni siquiera un menú bonito. Tuve que continuar padeciendo con Windows y sus sucesores por muchos años.

Alguien podría preguntarse: ¿por qué tanto trabajo? En vez de poner de acuerdo a miles de programadores voluntarios alrededor del mundo para hacer aplicaciones en software libre desde cero, lo que requiere años de programación de cientos de miles de líneas de código fuente, ¿por qué no simplemente copiar ilegalmente y usar las aplicaciones privativas?. De eso hablaremos en la siguiente entrega.

Hablan los pacientes y sus familiares

NUESTRA CONCEPCIÓN DE LA SALUD

Este espacio busca contribuir a la construcción colectiva de una propuesta programática en el área de salud para el Partido Comunista de Venezuela. Invitamos a las y los lectores de Tribuna Popular a participar y opinar a través de la dirección tribunapopularsalud@gmail.com

que lo acompañaba que «lo dejaron por varias horas tirado en la sala de emergencia»; sólo después de mucho tiempo de espera lo acostaron en una camilla y le administraron oxígeno. «A la mañana siguiente murió sin que lo hubiesen atendido, y como no había patólogo para hacerle la autopsia, nos dijeron que lo iban a declarar como muerto por covid-19».

estaba llegando al hospital de niños, murió sin que lo hubiesen atendido.

Las experiencias que narraremos en esta entrega fueron recogidas en el curso de una investigación sobre la situación del sistema de salud en Venezuela, cuyo propósito es escuchar las voces de sus protagonistas. La investigación se titula «Hablan los protagonistas», y se concentra en recoger los testimonios de: 1. Los pacientes y sus familiares; 2. Los médicos y enfermeras que están directamente en la atención; 3. Los directivos de los centros asistenciales. Todos estos grupos han sido escuchados. Hoy vamos a compartir lo que dicen, piensan y sienten los pacientes y sus familiares, quienes acuden a centros asistenciales solicitando atención por alguna dolencia o enfermedad.

Siguiendo la metodología utilizada, desarrollada en una clase sobre la situación del sistema de salud en Venezuela, se propuso a cada participante la pregunta inicial «¿podría Ud. narrar su experiencia más reciente en el sistema público nacional de salud (SPNS)?», y se le solicitó que de forma voluntaria y anónima narrara por escrito su vivencia. De inmediato compartimos cinco de las experiencias recogidas:

Caso 1: Adulto de mediana edad que acudió a un hospital de la capital presentando vómitos y un fuerte dolor en el pecho. Contó el familiar

Caso 2: Señora que necesitaba una histerectomía. La hija contó que la llevaban al hospital pero la atención iba con mucha lentitud, y que la médico que la atendía sugirió «que la llevaran a su consulta privada para hacer las cosas más rápidas». Con las consultas pagadas se aceleró el proceso un poco y le fijaron fecha de operación. Pero para que finalmente operaran a la paciente, la hija tuvo que comprar todos los insumos y «dar una colaboración al personal del hospital».

Caso 3: Adulto joven con un cólico nefrítico. Conto que «pasé horas para que me atendieran, a pesar de que el dolor era muy fuerte no me daban nada. Cuando me atendieron, el médico fue amable, pero me mandó a hacer unos exámenes, que no se hacían en el hospital, así que tuve que hacérmelos pagando en otra parte. No me pudieron hospitalizar, porque no había cama».

Caso 4: Joven que tuvo un accidente y sufrió una herida cortante en un pie. Nos dice que «tardaron mucho tiempo en atenderme y cuando lo hicieron no había material para curarme, así que tuve que mandar a comprar todo afuera. Al final me cosieron y me mandaron para mi casa».

Caso 5: Niño con crisis asmática. Cuenta un familiar cercano que esto ocurrió durante la pandemia; una madrugada el niño tuvo una crisis severa de asma, y la madre lo llevó a varios hospitales y en ninguno lo atendieron. Cuando

¿Qué es lo común en todos estos casos? Desatención, maltrato, carencia de insumos, solicitud al paciente para que compre todo lo necesario para la atención, y lamentablemente, muertes y sufrimientos evitables e injustificables. Lo más frecuente son los largos tiempos de espera, el maltrato en las salas de emergencia, y la carencia total de insumos y reactivos, lo que hace que el paciente tenga que comprar los materiales y con frecuencia hacerse los exámenes fuera del hospital asumiendo su costo.

En un caso se ven dos perversiones frecuentes: el desvío del paciente a la atención privada, para cobrarle y acelerar los trámites, y la solicitud de colaboraciones para poder realizar los procedimientos. Ambas son injustificables y expresan mercantilización de la atención. En otro caso se ve la práctica llamada «ruleteo», es decir la necesidad de que los pacientes recorran varios hospitales, ya que de uno lo mandan a otro, y en ninguno hay condiciones para atenderlos. Lamentablemente en esa situación murió un niño, muerte injusta y dolorosa que pudo ser evitada. Y en un tercer caso vemos a un paciente con un aparente infarto, que murió sin que lo atendieran después de muchas horas de espera y de dolor

En conclusión, estamos ante una grave incapacidad del sistema de salud para atender y resolver las demandas y necesidades de la gente. No es justo que en un país que invirtió tanto dinero para construir hospitales y adquirir medicamentos, estén pasando estas cosas porque ese dinero fue robado. No es justo que la gente tenga que sufrir y morirse de mengua por el mal estado en que se encuentran los hospitales, mientras las élites dirigentes se atiendan en clínicas privadas.

Políticas públicas y contraloría popular (y III)

Venezuela no tiene una política de Estado abierto o de Gobierno abierto. De hecho, Venezuela no forma parte de los 75 países y 106 jurisdicciones locales que pertenecen a la «Alianza para el Gobierno Abierto» (AGA). Si bien sólo 15 de los 75 países que pertenecen a ésta son de Latinoamérica y el Caribe, la mayoría de los países de esta región que conforman la AGA lo hacen desde sus inicios en 2011. No se trata de un número menor, porque representan 45% de los 33 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Y a su vez, esos 15 países de la Celac representan una quinta parte del total de países que conforman la AGA.

Esta es una proporción bastante significativa e importante, dentro de una plataforma que promueve la participación de la sociedad civil de cada país en la creación de sus planes de acción sobre datos abiertos. Y teniendo en cuenta que la participación pública, protagónica y popular en Venezuela, es política del Estado, se-

gún lo define la Constitución, sería lógico que la institucionalidad venezolana adoptase políticas de Estado abierto y de Gobierno abierto que vayan en consonancia con sus principios constitucionales de democracia participativa y protagónica. Esto contribuiría al desarrollo de un entramado institucional y orgánico orientado a la evaluación de las políticas públicas en las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, y a la consecuente proliferación de una cultura evaluativa. Por supuesto, contribuiría además a la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación pública en el Gobierno.

LA CORRUPCIÓN Y SUS EFECTOS

Justamente, estos tres factores han quedado en entredicho, a juzgar por las últimas tramas de corrupción que han venido siendo desarmadas por las acciones del Ministerio Público en torno a la industria petrolera. Por ello, no es irrelevante pensar y proponer al país en pleno, a la sociedad venezolana y a sus instituciones públicas y privadas, una revisión, adaptación y actualización profunda de sus relaciones de definición y de produc-

ción, así como de sus estamentos jurídicos e institucionales, en especial cuando hacer tal ejercicio, implique la reformulación y/o la creación de mecanismos que permitan mitigar y contener las posibilidades de actos susceptibles de corrupción.

Este tema adquiere especial importancia en vista de que la proliferación de los actos de corrupción puede derivar y deriva, como lo viene demostrando el mal funcionamiento de la infraestrutura urbana, en mayores fallas de los servicios públicos, en el incremento de la vulnerabilidad de las redes de servicios e infraestructuras críticas, en la pérdida de numerosos medios de vida y de subsistencia, y en la imposibilidad de llevar a cabo políticas de protección social adecuadas para la población. Así quedó trágicamente en evidencia ante la crisis social y económica que representó la pandemia en el contexto de las llamadas «sanciones económicas» impuestas por Estados Unidos, y ante las enormes dificultades que afronta la sociedad para desarrollar políticas preventivas y de respuesta a escenarios de emergencias y desastres como los de las inundaciones y derrumbes ocurridos hace unos meses en Las Tejerías y El Limón.

Óscar Feo. Especial para TP Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo

Obiel Xiraú Nuñez Seijas Especialista en evaluación de políticas públicas