TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN Editor IDEC/UCV Directora Michela Baldi (IDEC/UCV)
Volumen 33-I Publicación semestral Portada: Argenis Lugo Depósito Legal: pp.198402DC2604 ISSN Electrónico: 2343-5836
Tecnología y Construcción Es una publicación que recoge textos inscritos dentro del campo de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de la Construcción: • sistemas de producción; • métodos de diseño; • requerimientos de habitabilidad y calidad de las edificaciones; • equipamiento de las edificaciones; • nuevos materiales de construcción, mejoramiento de productos existentes y hallazgo de nuevos usos; • aspectos históricos, económicos, sociales y administrativos de la construcción; • análisis sobre ciencia y tecnología asociados a los problemas de la I&D en el campo de la construcción; • informática aplicada al diseño y a la construcción; • análisis de proyectos de arquitectura; • reseñas bibliográficas y de eventos.
Tecnología y Construcción Is a publication that compiles documents inscribed in the field of Research and Technological Development of Construction: • production systems; • design methods; • habitability and human requirements for buildings; • building equipment; • new materials for construction, improvement and study of new uses of existing products; • historical, economic, social and administrative aspects of construction; • analysis of science and technology associated with research and development problems in the field of construction; • computers applied to design and construction; • analysis of architectural projects; • bibliographic briefs and events calendar.
Comité Editorial Idalberto Águila Angelo Marinilli Azier Calvo María Elena Hobaica Helena González Diseño y diagramación Rozana Bentos Corrección de textos Helena González INSTITUTO DE DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN IDEC Director Geovanni Siem Investigación Beverly Hernández Docencia Luis Rosales Extensión Argenis Lugo Administración Lunia Bethancourt INDIZADA EN LATINDEX http://www.latindex.org/ SCIELO http://www2.scielo.org.ve REVENCYT Apdo. 234. CP 5101-A Mérida, Venezuela revencyt.ula.ve/ informacion/principal.htm PERIODICA Índice Bibliográfico Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México http://www.dgbiblio. unam.mx/index. php/catalogos Saber UCV Repositorio Institucional http://saber.ucv.ve/ojs/ index.php/rev_tc
COMITÉ CONSULTIVO EDITORIAL INTERNACIONAL Hector Massuh Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE Córdoba - Argentina casapartes@ceve.org.ar Francisco Vecchia Escuela de Ingeniería de San Carlos, Universidad de São Paulo Brasil fvecchia@sc.usp.br Luis A. Leiva USACH Universidad de Santiago de Chile lleiva@usach.cl Francis Allard Universidad de La Rochelle, LEPTIAB Francia fallard@univ.lr.fr UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA Rectora Cecilia García Arocha Vice-Rector Académico Nicolás Bianco Vice-Rector Administrativo Bernardo Méndez Secretario Amalio Belmonte
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO Decano (e) Gustavo Izaguirre Director de la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva Ariadna Santacruz Directora del Instituto de Urbanismo Yelitza Mendoza Director del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción Geovanni Siem Coordinación de Estudios de Postgrado Idalberto Águila Coordinador de Docencia Luis Polito Di Sábato Coordinador de Investigación FAU Hernán Zamora Coordinador de Extensión FAU Ricardo Sanz Coordinador Administrativo Luis Felipe Zamora INFORMACIÓN: Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC) Planta Baja, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos. Caracas. 1041-A., Venezuela. Teléfonos: (058-212) 605.2046 Dir. 605.1912, 1930 Fax. (058-212) 605.2048 Envío de materiales, correspondencia y canje. tycidec@gmail.com
Michela Baldi 4 Mercedes Marrero 5
ARTÍCULOS Natalia A. Silva Carmen P. Castro
Mecanismo de coordinación intersectorial para la gestión del riesgo: plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres de Chile Intersectorial coordination mechanism: national platform for disaster risk reduction in Chile
Alfredo Cilento
Vulnerabilidad ciudadana ante la amenaza sísmica en la Venezuela del siglo XXI Citizen vulnerability to the seismic threat in 21st century Venezuela
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A 19 años de la tragedia de Vargas: ¿están protegidos sus habitantes de un nuevo deslave? 19 years after the tragedy of Vargas: Are its inhabitants protected of a new landslide?
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José Luis López
JesúsDelgado
Geovanni Siem
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Tecnologías aplicadas a la gestión integral de riesgos para un sistema de gestión integral del conocimiento y la información Technologies applied to the comprehensive risk managment 64 Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socio naturales en el proyecto UCV campus sustentable Impact of risk reduction in the face of socionatural disasters on the project UCV sustainable campus 78
DOCUMENTOS Ernesto González E.
Gustavo Coronel D.
Otra Universidad para el siglo XXI: hacia una institución interDisciplinaria, interIdeológica, interCultural y Sostenible Another University for the 21st century: towards an interdisciplinary, interdeological, interCultural and Sustainable institution El terremoto del noreste de Venezuela de 2018, el más grande de los últimos tiempos, sentido en Colombia, Trinidad y otras islas del Caribe The northeastern Venezuela earthquake of 2018, the largest of recent times, felt in Colombia, Trinidad and other Caribbean islands
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RESEÑAS EVENTOS, LIBROS, REVISTAS Y PORTALES
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NORMAS PARA AUTORES
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CONTENIDO
EDITORIAL
EDITORIAL La ya larga trayectoria del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción - IDEC como instituto de investigación adscrito a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, promueve aportes en investigación y docencia e incluye el debate acerca del impacto ambiental de las acciones humanas con la intención de establecer la relación entre tecnología para la construcción y la sostenibilidad que exige tanto a diseñadores como a planificadores adoptar criterios que superen prácticas como el excesivo consumo de energía, la generación de grandes cantidades de desechos, el escaso reciclaje de materiales y edificaciones, la contaminación ambiental o la contaminación sónica, entre otros. Como consecuencia del cambio climático debido a la interferencia del hombre y a ciclos de inestabilidad natural, continuamente nos vemos expuestos a peligros naturales que nos obligan a pensar en estrategias de control y prevención para salvaguardar vidas y bienes, es por ello que la discusión de temas relacionados con la vulnerabilidad del país frente a fenómenos naturales y su impacto en los procesos de desarrollo, pone de relieve la importancia del conocimiento y la ingeniería y la arquitectura como elementos fundamentales para la reducción del riesgo de desastres, disciplina y práctica indispensable para lograr un desarrollo sostenible en nuestro país. Si entendemos que la reducción de riesgo de desastres es disciplina y práctica indispensable para lograr el desarrollo sostenible de Venezuela, queda claro que para reducir el riesgo de desastres y acotar los impactos de los fenómenos naturales es necesario que nuestras sociedades sean menos vulnerables, y ello implica introducir prácticas que involucran intensamente las disciplinas de ingeniería, arquitectura, planificación y tecnologías de la construcción para reducir la exposición de los procesos de desarrollo a las amenazas, elevar la resistencia de las estructuras físicas, económicas e institucionales frente a los embates, y maximizar la capacidad de recuperación del sistema total, es decir su resiliencia. Por esta razón, al discutir la temática que sería centro del contenido del presente número de Tecnología y Construcción, el comité editorial de la revista decidió convocar en calidad de directora invitada a la profesora Mercedes Marrero, directora del Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos ante Desastres Socio Naturales de la Universidad Central de Venezuela (Programa COMIR UCV), quien nos ha acompañado en este trayecto en el que no han faltado inconvenientes pero también satisfacciones al comprobar que en nuestro ámbito la generosidad y mística de trabajo son atributos naturales de nuestro entorno laboral. Así, gestión de riesgo y vulnerabilidad ciudadana es el tema principal de este número 33 (I-II) de Tecnología y Construcción. Mucho se ha escrito y documentado sobre la actividad sísmica y la vulnerabilidad en nuestro país, sin embargo, de primera mano tenemos las reflexiones de nuestros autores –expertos en la materia– que nos llevan a recorrer a través de sucesos vividos las consecuencias de los deslaves y sismos recientes. Así mismo contamos con la experiencia de Chile en la conformación de la plataforma para la reducción de riesgos y por profesionales locales versados en como aplicar tecnologías para gestionar peligros. Michela Baldi Directora Tecnología y Construcción
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EDITORIAL
C
omienzo por agradecer la deferencia que ha tenido la Revista Tecnología y Construcción al ofrecerme colaborar como Directora invitada para la elaboración de este número 33 (I y II) correspondiente al año 2017, dedicado a la vulnerabilidad, el riesgo y la resiliencia. Un número cuya temática se inscribe en torno a los temas de sostenibilidad y gestión integral de riesgo, líneas de trabajo que están incorporadas a las actividades que desarrolla el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en sus áreas de investigación, docencia y extensión. Este año coincidió con diversos acontecimientos en el ámbito nacional que prevalecen en la actualidad, los cuales han complicado la producción de nuestras universidades por insuficiencia de recursos y un éxodo sin precedentes en medio de crisis políticas, sociales y económicas que han diezmado los sistemas de salud, alimentación, educación, seguridad, entre otros. Sin embargo su concreción en medio de estas circunstancias ha sido una excelente oportunidad para experimentar la importancia de entender la complejidad, la incertidumbre y la resiliencia. En el período durante el cual se estaba terminando de definir el contenido de la Revista se produjo el mayor sismo registrado en Venezuela en los últimos tiempos, por tanto, se decidió incluir un documento correspondiente al año 2018, por considerar que su contenido resultaba muy significativo y daba mayor relevancia a los temas seleccionados. La estructura discursiva del presente número se organizó en tres partes: visión conceptual, aspectos técnicos y gestión de riesgos. Respecto al primer aspecto, Ernesto González Enders, a través del documento “Otra Universidad para el siglo XXI: hacia una institución interDisciplinaria, interIdeológica, interCultural y Sostenible”, que publicamos como homenaje póstumo por su continuo apoyo a la inclusión del tema de riesgos como eje transversal del conocimiento, diserta sobre la responsabilidad social de la Educación Superior ante la complejidad de los desafíos mundiales –presentes y futuros– de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, educativas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad para hacerles frente. Por su parte, Alfredo Cilento Sarli aborda el ámbito de la “Vulnerabilidad ciudadana ante la amenaza sísmica en la Venezuela del siglo XXI” analizando el riesgo de catástrofe ante la ocurrencia de un sismo en los barrios autoproducidos del Área Metropolitana de Caracas, cuya vulnerabilidad constituye el mayor problema urbano del país que permitirá establecer la relación existente entre pobreza, vulnerabilidad ciudadana y riesgos frente a amenazas de origen natural. Completa este marco conceptual el artículo de Geovanni Siem “Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socio naturales en el proyecto UCV Campus Sustentable” en el cual expone la vinculación entre el proyecto UCV Campus Sustentable y la reducción de riesgos ante desastres socio naturales a través de una revisión de sus marcos de referencia y los compromisos adquiridos en su vinculación con organismos internacionales. En cuanto a los aspectos técnicos, se centra en amenazas de origen natural recurrentes en nuestro país y el análisis de las fortalezas existentes para reducir el riesgo. El artículo de José Luis López “La tragedia de Vargas. ¿Están protegidos sus habitantes de un nuevo deslave?”, intenta responder a la interrogante de si las obras construidas en ese momento garantizan hoy en día una protección adecuada a sus habitantes.
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Por su parte Gustavo Coronel aborda el tema del sismo mediante el documento “El terremoto del Noreste de Venezuela de 2018. El más grande de los últimos tiempos, sentido en Colombia, Trinidad y otras islas del Caribe”, donde expone un trabajo documental que busca promover futuras investigaciones técnicas al respecto y propone un plan de acción nacional de coordinación y articulación entre distintas instituciones y actores técnicos, con la finalidad promover una mejor respuesta pos-sísmica para futuros eventos. Como cierre se presentan dos aportes referidos a la Gestión Integral de Riesgo, con los cuales se pretenden mostrar opciones aplicables a la planificación del desarrollo en las que diversos actores de la sociedad se integran para brindar medios de reducir los efectos de los desastres. Jesús Delgado es el autor del artículo “Tecnologías aplicadas a la Gestión Integral de Riesgos para un sistema de gestión integral de conocimiento e información”, referido al monitoreo del cambio climático, así como para la generación, interpretación y certificación de indicadores, su divulgación oportuna y pertinente, capaz de incidir en la toma de decisiones, así como la institucionalidad que se requiere para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Por su parte, Natalia Silva Bustos y Carmen Paz Castro Correa desarrollan el artículo “Mecanismo de coordinación intersectorial para la Gestión del Riesgo: plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres en Chile”, donde se muestra el carácter transdisciplinario y representativo de los diversos actores interesados. Incluye dos instrumentos de alcance nacional y sus respectivos productos derivados, alineados a los marcos internacionales referentes vigentes, en los que se establecen directrices para que la aplicación de diferentes instrumentos estratégicos y operativos, en los distintos niveles territoriales, genere una adecuada sinergia en el Sistema Nacional de Protección Civil. Concluye el contenido de este número con la Reseña con motivo del XXII Aniversario del Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos COMIR UCV, cuyo tema central fue “Universidades y resiliencia ante desastres socio naturales y tecnológicos”, en el cual se presentaron propuestas a ser desarrolladas a partir de 2018 para fortalecer las capacidades internas de la comunidad universitaria con el fin de impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo personal y colectivo de la resiliencia, apoyado en las fortalezas existentes, lo cual contribuye a la identidad y arraigo institucional, a la formación en gestión de riesgos como eje transversal a la planificación académico administrativa universitaria y a la transferencia de estos valores a las comunidades vecinas. A pesar de las dificultades, pensamos que este número 33 de Tecnología y Construcción logra recoger una visión holística del tema de riesgos y vulnerabilidad y constituye en sí un ejemplo de resiliencia. Mil gracias a los colaboradores por sus aportes y su paciencia y mil gracias de nuevo a la dirección de la Revista por haberme dado la oportunidad de incorporarme a este equipo. Invitamos a la lectura del contenido esperando que ella contribuya a la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos como parte integral de la vida ciudadana, académica y profesional.
Mercedes Marrero Directora invitada
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ARTÍCULOS
MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: PLATAFORMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CHILE INTERSECTORIAL COORDINATION MECHANISM: NATIONAL PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION IN CHILE.
NATALIA ANDREA SILVA BUSTOS
Ingeniero Civil, Mención Estructuras y Construcción, Universidad de Chile, 2008. Magister en Ciencias, Mención Geofísica, Universidad de Chile, 2011. nsilvab@onemi.gov.cl / natsilvab@gmail.com CARMEN PAZ CASTRO CORREA
Geógrafo, Universidad de Chile, 1987. Postítulo en Suelos, Universidad de Chile, 1992. Magister en Geociencias, Mención Geología Marina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, 1991. Doctor en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Universidad de Zaragoza, España, 2014 Profesora Titular, Departamento de Geografía, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile cpcastro@uchilefau.cl
RESUMEN La Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, conformada en Chile el año 2012, surge como el mecanismo de coordinación multisectorial por excelencia en el país para abordar formal e institucionalmente la gestión del riesgo de desastres, dado su carácter transdisciplinario y representativo de los diversos actores interesados. Bajo su alero se han elaborado e implementado ya dos instrumentos de alcance nacional y sus respectivos productos derivados, alineados a los marcos internacionales referentes vigentes. A partir de ellos se han establecido las directrices para que la aplicación de diferentes instrumentos estratégicos y operativos, en los distintos niveles territoriales, generen una adecuada sinergia en el Sistema Nacional de Protección Civil. En el entendido de que la reducción del riesgo debe ser abordada de manera holística y transversal, esta Plataforma representa un caso de estudio que evidencia la eficacia del compromiso coordinado de múltiples organismos, esfuerzo necesario en países como Chile, de alta exposición a diversas amenazas y diversidad de factores subyacentes del riesgo.
Descriptores Plataforma Nacional,Reducción Riesgo de Desastres, Sistema Nacional de Protección Civil
ABSTRACT The National Platform for Disaster Risk Reduction, established in Chile in 2012, emerges as the main multisectorial coordination mechanism in the country to address both formally and institutionally the disaster risk management, given its transdisciplinary and representative nature of the different Stakeholders. Two national-level instruments and their respective derivative products, aligned with the current international reference frameworks, have already been developed and implemented. The foregoing has established the guidelines for the application of different strategic and operational instruments, at different territorial levels, generate an adequate synergy in the National Civil Protection System. Given that, the disaster risk reduction must be approached holistically and transversally, this Platform represents a case study that demonstrates the effectiveness of the coordinated commitment of multiple entities, a necessary effort in countries with high exposure to multi hazards and risk drivers such as Chile.
Descriptors: National Platform for Disaster Risk Reduction, National Civil Protection System, risk drivers, governance, disaster risk management.
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TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN Vol. 33-I I pp. 06-19 I Recibido 07/01/18 I Aceptado 30/08/18
El terremoto de magnitud Mw 8.8 y su consiguiente tsunami destructivo ocurrido en la zona centro sur de Chile el 27 de febrero del 2010 afectó a 69% de las comunas del país, segmento que concentra el 75% de la población (Delegación Presidencial, 2014) y costó la vida de 525 personas. Más allá del hito geofísico per se, este evento significó un punto de inflexión para el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) que empezó a experimentar significativos mejoramientos inmediatamente después de la ocurrencia de esta catástrofe. Junto a otros antecedentes, este evento serviría de marco para que el Gobierno de Chile solicitase al Sistema de Naciones Unidas (SNU) una evaluación del estado de la gestión del riesgo de desastres a esa fecha en el país. En el año 2010, a cinco años de que Chile adhiriera al Marco de Acción de Hyogo para la Reducción del Riesgo de Desastres 2005-2015 y, por consiguiente, año que se corresponde con la mitad del período de su implementación, el país poco había avanzado respecto de lo que dicho referente internacional establecía formalmente. Destaca, sin embargo, la ejecución de algunas iniciativas aisladas, provenientes del ámbito científico, técnico y académico y de la cooperación internacional, sumados a incipientes esfuerzos por entender y superar el fallo sistémico evidenciado tras la catástrofe nacional, siendo aún lejana la apropiación y más aún, la cabal comprensión de los conceptos de Gestión de Riesgos de Desastres-GRD y Reducción del Riesgo de Desastres-RRD. Habiendo coincidido con el accidente de la Mina San José (Copiapó, Región de Atacama) en agosto de 2010 en el que 33 mineros quedaron atrapados por más de dos meses a más de 700 metros de profundidad y debido a las arduas y sin precedentes labores de rescate asociadas, Chile estaba en los ojos del concierto internacional en materia de manejo de emergencias, siendo todavía reconocida como una nación destacada por las capacidades para enfrentar y superar situaciones adversas. Ambos hitos propiciaron el contexto previo a la visita de
una misión compuesta por organismos externos que evaluaron el desempeño nacional en materias de gestión de riesgos desde una mirada integral y neutral, entendiendo que los desastres –independiente de su origen– comprometen el desarrollo de un país.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-GRD Es sabido que la gestión del riesgo de desastres en Chile, así como en otros países, presenta aún debilidades en aspectos tales como el predominio de un enfoque correctivo y centrado en la atención de la emergencia; un sistema institucional jerárquico y centralizado, y una escasa vinculación entre la gestión del riesgo, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental que sigue impactando los procesos del desarrollo en la construcción de nuevas zonas de riesgo –de hecho, la vulnerabilidad frente a los desastres en asentamientos humanos en Chile en gran parte se debe a décadas de políticas de planificación que omitieron el riesgo y su relación con el desarrollo (Gray de Cerdán 2007). Todo ello, hace que la atención prioritaria se centre en dotar y fortalecer las capacidades en materias preventivas, con prioridad en los gobiernos locales y la comunidad, que son los que deben participar activamente en la reducción de las pérdidas y los impactos por desastres (Castro et al., 2015; Coates 2015; Matyas & Pelling 2012; Twigg 2009) e incorporarse tempranamente en los procesos de recuperación. Cardona (2005) define la Gestión del Riesgo como un proceso sistemático que contempla los componentes de identificación y reducción del riesgo, manejo de desastres y procesos de gobernabilidad y protección financiera. Es entonces una estrategia que puede ser abordada desde distintos enfoques entre los que destaca el reactivo, que está centrado en la atención de la emergencia una vez que ha ocurrido un desastre, por ende se caracteriza por presentar una visión cortoplacista. El enfoque correctivo,por su parte, busca mitigar el riesgo
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ARTÍCULOS
MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: PLATAFORMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CHILE
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Natalia Andrea Silva Bustos, Carmen Paz Castro Correa
existente con un horizonte de mediano plazo y considera, por ejemplo, la instalación de medidas estructurales y no estructurales como la capacitación de la población expuesta a través de simulacros o programas preventivos comunitarios. Un tercer enfoque es el prospectivo, el cual se preocupa de incidir sobre las causas subyacentes del riesgo con una visión preventiva y de largo plazo (Lavell, 2008; ONU, 2009). Normalmente estos enfoques coexisten, dominando los dos primeros por encima del tercero, lo que constituye una debilidad en países como Chile donde el desarrollo económico muchas veces prima sobre la planificación territorial sostenible. Así también prevalece este enfoque en el ordenamiento territorial, dado que en ocasiones la acción estatal local y regional regula inversiones y desarrollos ex post, dándole libertad de acción a las fuerzas del mercado y a los intereses de grupos económicos (Lukas, 2014). Especialmente con miras a los previstos y ya visibles efectos del cambio climático –que van a agravar el escenario multiamenaza existente en el país– la falta de regulación y fiscalización del uso del territorio debe ser revisado con urgencia (Barton, 2013). En este documento se analizan por tanto los principales pasos que se han dado en el país para adoptar un concepto integral de gestión del riesgo de desastres como el planteado por Cardona (2005), a través de las acciones tomadas para avanzar hacia una gobernanza reflexiva del riesgo (Henly-Shepard et al., 2015) en que la coordinación y el trabajo interinstitucional han demostrado ser eficaces en el mejoramiento de la política pública y de instrumentos concretos de reducción de riesgos de desastres-RRD permitiendo interacciones y toma de decisiones entre actores públicos y privados, comprendiendo que se trata de un problema colectivo (Renn 2015; Hufty 2011) donde la sociedad civil también debe ser considerada como un actor relevante o como se les denomina a los actores pertinentes: "actores de cambio". En esta línea se presenta como ejemplo un instrumento recientemente diseñado que permite diagnosticar en el nivel local los aspectos mencionados como son gobernanza, ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático, vistos desde la óptica de que representan factores pre condicionantes de riesgo.
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FACTORES DE CAMBIO Diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) acogieron el requerimiento que realizó el Gobierno de Chile y entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre de 2010 constituyeron una misión de expertos que entre sus tareas llevaron a cabo la revisión de marcos normativos y de antecedentes de contexto, así como entrevistas a actores claves representantes de diversos sectores del país, principalmente de organismos involucrados en la respuesta y recuperación a raíz del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010. El informe diagnóstico titulado “La situación de la Reducción del Riesgo de Desastres en Chile”, resultado de dicho trabajo de análisis y de recopilación de testimonios y antecedentes, se estructura en torno a los cinco ejes prioritarios del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, a saber: Eje 1-Fortalecimiento Institucional; Eje 2-Fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana y Monitoreo; Eje 3-Fomento Cultura Prevención y Autoaseguramiento; Eje 4-Reducción de los Factores Subyacentes del Riesgo, y Eje 5-Preparación para una Respuesta Eficaz, y propone diversos indicadores, sus respectivos argumentos derivados del diagnóstico levantado y sus correspondientes recomendaciones señalando prioridades para su abordaje. Una de las principales conclusiones de dicho informe es que “frente al riesgo de desastres, no se han dado aún los pasos necesarios para su gestión. El país no cuenta con una institucionalidad apropiada para estos asuntos y no existen marcos regulatorios específicos que apoyen un adecuado funcionamiento”. En torno a este hallazgo las autoras desarrollan el presente artículo, proporcionando antecedentes para que el lector conozca el estado del arte actual en estas materias tras seis años de la evaluación realizada por la misión interagencial.
INICIOS DEL MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL El informe diagnóstico elaborado en el año 2010, entre las 75 recomendaciones que plantea, ubica en primer lugar la “necesidad de formular una política nacional para la gestión del
riesgo de desastres a través de un proceso multisectorial interinstitucional que involucre a todos los actores del sector público, privado y sociedad civil, invitando también a su respectiva traducción mediante un plan nacional que considere las particularidades territoriales”. Para la ejecución de dicha tarea, sin precedente en el país, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública –en adelante ONEMI– recurre a considerar con carácter prioritario la recomendación 24 del informe que menciona la necesidad de propiciar el “establecimiento de una Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres a través de un mecanismo de coordinación intersectorial e interinstitucional en el que participen los principales actores relacionados con la reducción del riesgo de desastres”. Es así como ONEMI se hace cargo de conformar este mecanismo de trabajo y coordinación, cuya Acta de Constitución data de noviembre de 2012, cuando Santiago de Chile fue sede de la III Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que en sus inicios contó con la participación de alrededor de 30 organismos, predominantemente del sector público, con poco o sesgado conocimiento de la gestión del riesgo y con escasa comprensión de que este nuevo concepto involucra el quehacer nacional de manera transversal, y no se circunscribe únicamente a un determinado rol en emergencias ni mucho menos a una atribución exclusiva de dicha institución del Estado. Luego de más de cinco años de su conformación, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres sigue operando, consolidando su trabajo de manera permanente e ininterrumpida y habiéndose validado como el mecanismo de coordinación intersectorial por excelencia en el país en materias de gestión y reducción del riesgo de desastres. Su carácter inclusivo, transversal y representativo se pone de manifiesto con su actual composición, que reúne a la fecha más de 105 organismos del sector público, privado, sociedad civil organizada, fuerzas armadas, organismos científico-técnicos, academia y centros de investigación, y agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en Chile así como algunos organismos internacionales y autónomos, sumando más de 350 representantes que actúan como una red sinérgica en pos de la implementación de los compromisos adquiri-
dos y para que la gestión del riesgo de desastres se instale de manera prioritaria en los distintos ámbitos del quehacer nacional, dada su trascendencia para el desarrollo del país.
FORTALEZAS Y DEBILIDADES Algunos de los aspectos favorables que se evidencian claramente desde su conformación, y que permiten dar cuenta del reconocimiento y arraigo de esta institucionalidad en el Sistema Nacional de Protección Civil-SNPC son, entre otros: la alta y creciente convocatoria alcanzada así como el compromiso con los objetivos y metas de trabajo propuestos, los que han dado como resultado la generación de numerosos productos y la realización de variadas gestiones concretas en las que se logra visibilizar la incorporación del enfoque de RRD en los distintos sectores y niveles. Así también, destaca la evolución que ha tenido el nivel de representación de las instituciones a la fecha, logrando pasar de un perfil típicamente del prevencionista de riesgo del inmueble a una dupla estratégico-técnica que permite y facilita la toma de decisiones y la capacidad de asumir compromisos por un lado, y la formulación y ejecución de acciones operativas con conocimiento fundado de la GRD, por otro. Para un análisis ecuánime del actual desempeño de la Plataforma es necesario también exhibir las falencias actuales de esta instancia, las que son un fiel reflejo del estado de maduración e importancia que para el país representan la GRD y la RRD. Para comenzar, es necesario poner en contexto que Chile no tiene una gobernanza instalada formalmente en estos temas, sino una institucionalidad incipiente y poco cohesionada, que prioriza el enfoque reactivo sobre el prospectivo, con sesgo en aquellas variables de riesgo en las que el país ha acumulado mayor experiencia, y que se reinventa tras cada evento desastroso, sin recoger ni aprender cabalmente lecciones que se obtengan de ellos. El escenario multiamenaza y los frecuentes eventos extremos sin precedentes que debe enfrentar el país explican en parte el enfoque reactivo y correctivo que prevalece en la GRD hasta hoy. Esto quedó de manifiesto en el año 2013, cuando BID aplicó la metodología del iGOPP en Chile (Índice de Gobernabilidad y Polí-
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Mecanismo de coordinación intersectorial para la gestión del riesgo: plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres de Chile
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Natalia Andrea Silva Bustos, Carmen Paz Castro Correa
ticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres), evaluación en la que Chile alcanza un nivel incipiente en términos de satisfacer condiciones habilitantes (presupuestarias, normativas e institucionales) para la implementación efectiva de la política nacional en GRD. Las componentes mejor evaluadas en dicha aplicación resultaron ser: Preparación para la Respuesta y la reducción del riesgo de desastres, mientras que las peores: Protección Financiera y Planificación para la Recuperación Post Desastre. Cabe hacer notar que ningún instrumento nacional en estas materias es de carácter vinculante sino meramente indicativo, lo que dificulta el avance y la rendición de cuentas por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, dado que la Oficina Nacional de Emergencia-ONEMI no tiene la facultad ni la potestad de fiscalizar, auditar ni exigir el logro de los compromisos adquiridos por los diversos sectores para con estos instrumentos nacionales, considerando además que no existe presupuesto designado para su respectiva implementación. El vigente marco normativo de ONEMI no hace mención explícita a su rol para con la gestión del riesgo de desastres ciñéndose éste a la “coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil”, siendo tanto la coordinación como la figura del SNPC aún aspectos altamente interpretables, lo que contribuye a la distorsión del actual y real quehacer de ONEMI a ojos del público general, dificultando la comprensión del alcance y la misión de este organismo, que surgió en los años setenta para dar respuesta a emergencias y que con el tiempo se ha hecho cargo de la GRD en el país, no contando con las capacidades ni atribuciones necesarias para esta magna tarea. Otro antecedente que es necesario mencionar remite a la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 (Miyagi, Japón) y conocido como Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 adoptado y aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de junio de 2015, mediante Resolución N° 69/283. Chile adhirió al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres el 18 de marzo de 2015 pero cabe destacar que este acto no corresponde exactamente a una firma. Este
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simple verbo –adherir– es decidor al momento de impulsar los esfuerzos para su respectiva implementación, ya que este marco internacional es de carácter político, no alcanza la categoría de tratado internacional ni de pacto, como lo son algunos otros que el país firma internacionalmente y ratifica en el Congreso Nacional, de manera que por su propia naturaleza, Sendai no está sujeto a tramitación legislativa interna. Para comprender de mejor manera el panorama de la GRD en Chile, es necesario también destacar la disparidad con la que diversos compromisos internacionales son liderados, asumidos e implementados en el país. Esto contribuye desfavorablemente a que la GRD se aborde de manera desacoplada en relación con otros temas igualmente relevantes para el país como son desarrollo sostenible, desarrollo urbano o adaptación al cambio climático, por citar algunos referentes que han sido asumidos recientemente mediante la Agenda 2030, Hábitat III y el Acuerdo de Paris COP 21, respectivamente. Estos esfuerzos aislados atentan contra la debida y necesaria sinergia que requieren estas realidades que deben ser analizadas y abordadas indivisiblemente, comprendiendo la interrelación directa que existe entre ellas, más aún en un país altamente expuesto a amenazas tan diversas en el territorio, que aumentan en frecuencia e intensidad producto de la manifestación y exacerbación de los factores subyacentes del riesgo de desastres, aspecto que será desarrollado más adelante.
GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS Tras plantear brevemente la evolución que ha tenido esta instancia de coordinación en el país y su actual posicionamiento en el Sistema Nacional de Protección Civil, cabe preguntarse qué logros se le pueden atribuir, apelando a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Esto, dado que más allá de convertirse en una red de múltiples actores interesados que asesoran a los tomadores de decisiones en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo, cuenta a su haber con numerosos productos diseñados e implementados a la fecha. Igualmente, en un análisis retrospectivo que escapa al alcance de este artículo podrían ser numerosos los efectos positivos intangibles que se han
materializado o facilitados gracias a la existencia de este mecanismo de coordinación, dado que se ha transformado en un agente multiplicador de buenas prácticas inter e intra entidades, ayudando a permear iniciativas y a concientizar acerca de la trascendencia de la GRD. Algunos hitos concretos de esta Plataforma que se pueden listar en orden jerárquico son: la formulación de la primera Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2014), que años más tarde sería aprobada mediante Decreto Supremo N° 1.512 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2017) dotándola del acto administrativo que la respalda y realza como política pública referente máximo en estas materias. Este hito da respuesta a la primera recomendación que la misión interagencial enunció al gobierno de Chile en el año 2010, y la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018 aprobado mediante Decreto N° 3.453 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2016), instrumento derivado de la política nacional que permite ponerla en operación recogiendo sus objetivos estratégicos, convirtiéndolos en 84 acciones con respectivos responsables, colaboradores, metas, indicadores y plazos. Este segundo instrumento, con horizonte cortoplacista y con las limitaciones de contexto antes expuestas, pretende impulsar acciones en diversos sectores, propiciar sinergia entre actores del sistema nacional y preparar una línea base nacional que dé cuenta del avance que el país ha mostrado tras la adopción de los marcos internacionales a los que se ha referido según vigencia. Estos dos resultados concretos de la Plataforma Nacional serían sólo los primeros de una larga lista, generando una serie de lineamientos y directrices que se derivan de los compromisos de dichos instrumentos nacionales. Entre los productos y resultados que se pueden citar a la fecha destacan, entre otros: a) diseño de numerosas metodologías con distintos alcances y objetivos para una o más fases del ciclo de gestión del riesgo que han sido puestas a disposición del SNPC; b) formulación de instrumentos de planificación operativos y estratégicos; c) incorporación de la GRD en el sector laboral; d) levantamiento de la oferta programática de GRD en el SNPC;
e) propuesta de indicador transversal en el Sistema PMG propio del sector público; f) concepción y difusión de diversas tecnologías de información y comunicación para emergencias y otros fines; g) incorporación de contenido de GRD en Consejos de la Sociedad Civil de diversas instituciones; h) integración y vinculación de la GRD entre temáticas transversales (niños, niñas y adolescentes, migrantes, situación de discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios, entre otros); i) establecimiento de marcos conceptuales alineados a los referentes internacionales vigentes; j) incorporación de la variable de riesgo en el Sistema Nacional de Inversiones; k) propuesta de actualización, revisión y/o creación de normativa nacional vinculada a la RRD; l) metodología para la incorporación de la reducción del riesgo en instrumentos de planificación de diversas escalas territoriales; m) programas de pasantías e intercambio de experiencia entre organismos técnicos y de monitoreo de variables de riesgo; n) propuestas para acercar a los comunicadores sociales y a la comunidad al SNPC; ñ) estudios de factibilidad técnica y presupuestaria de tecnología satelital en emergencias; o) elaboración de análisis y propuesta de mecanismos de financiamiento del riesgo de desastres; p) consolidado y respectiva difusión de fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales, que contribuyan a iniciativas de GRD, entre otras. A ellas, pudieran adicionarse numerosas gestiones que califican en el plano de sensibilización y concientización de que la RRD es tarea de todos los ciudadanos chilenos, involucrando a las autoridades y comunidad. Ejemplo de productos relevantes: Diagnóstico de la GRD a nivel local Uno de los resultados más desafiantes que han surgido de la Plataforma es el diseño de una metodología pionera en el país diseñada para la Identificación y caracterización de los factores subyacentes del riesgo de desastres en el
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nivel comunal (ver detalle de la metodología en Repositorio digital ONEMI; la fuente se cita en la bibliografía). Se entiende por factores subyacentes del riesgo aquellos procesos tanto físicos como sociales que contribuyen, impulsan, conducen o determinan de forma importante a la construcción, creación o existencia de condiciones de riesgo de desastres en la sociedad (GAR, 2009). Esta herramienta fue diseñada por
un grupo de expertos representantes de diversos sectores que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, que luego de su primer año de implementación, tras su debido proceso de calibración y respectivo ajuste metodológico, ya se encuentra aplicada a una muestra de 60 municipios distribuidos a lo largo de Chile continental, considerando al menos uno por provincia (cuadro 1).
Cuadro 1. Aplicación de la Encuesta Factores Subyacentes del Riesgo de Desastres, muestra año 2017 Región Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama
Coquimbo Valparaíso
Metropolitana
Provincia Arica Parinacota Iquique Tamarugal Antofagasta El Loa Tocopilla Copiapó Chañaral Huasco Elqui Choapa Limarí Valparaíso Los Andes Petorca Quillota San Antonio San Felipe de Aconcagua Marga Marga Santiago Cordillera Chacabuco Maipo
O’Higgins Maule
Biobío
Araucanía Los Ríos Los Lagos
Aysén
Magallanes
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Melipilla Talagante Cachapoal Cardenal Caro Colchagua Talca Cauquenes Curicó Linares Concepción Arauco Biobío Ñuble Cautín Malleco Valdivia Ranco Llanquihue Chiloé Osorno Palerna Coyhaique Aysén Capitán Prat General Carrera Magallanes Antártica Chilena Tierra del Fuego Última Esperanza
Comuna Camarones Putre Iquique Pozo Almonte Antofagasta Calama Tocopilla Copiapó Caldera Chañaral Vallenar La Serena Salamanca Río Hurtado Valparaíso Calle Larga Petorca Quillota Cartagena Llay Llay Limache Villa Alemania Santiago Pudahuel Peñalolen San José de Maipo Lampa San Bernardo Calera de Tango Alhué Peñaflor Machalí Navidad Santa Cruz Empedrado Pelluhue Romeral Linares Talcahuano Curanilahue San Rosendo San Carlos Toltén VIllarrica Curacautín Corral Lago Ranco Puerto Montt Chonchi Quellón Puerto Octay Chaitén Coyhaique Aysén Cochrane Río Ibáñez Punta Arenas Cabo de Hornos y Antártica Porvenir Natales
Este instrumento se materializa a través de una encuesta que pretende capturar información mediante una autoevaluación que se realiza al equipo municipal, obteniendo con ello un diagnóstico de los factores subyacentes del riesgo en el nivel local y proporcionando al municipio y su sistema de protección civil medidas de gestión ad hoc para el territorio comunal. Lo anterior apunta a favorecer y robustecer de manera oportuna y pertinente los procesos de diseño, implementación y evaluación de diversas intervenciones públicas y privadas en el territorio, fortaleciendo con ello las capacidades preventivas de respuesta y adaptación de las comunidades. Se espera también propiciar que los municipios interactúen y reflexionen con otras comunas de una misma provincia o región, asociatividades de interés o que compartan atributos geográficos con el objetivo de generar planificaciones colectivas y sinérgicas, y apuntar al apoyo mutuo. Desde el punto de vista metodológico, la encuesta centra su atención en cuatro dimensiones, que se reconocen nacional e internacionalmente como aquellas que inciden mayormente en la gestión del riesgo de desastres para cualquier escala de aplicación y análisis. Éstas son: Gobernanza, Ordenamiento territorial, Condiciones socioeconómicas-demográficas y Cambio climático y Recursos Naturales. Con esta estructura se definió un set de 41 variables (cuadro 2) que permiten una evaluación multidimensional y multicausal del riesgo en el territorio comunal. Los resultados directos de su aplicación permiten obtener el Índice Comunal de los Factores Subyacentes del Riesgo (ICFSR), el perfil que representa el desempeño de la totalidad de variables entre otros aspectos cuantitativos, como también elaborar un conjunto de recomendaciones al equipo municipal. Desde el punto de vista del alcance territorial destaca que este instrumento fuese diseñado para los municipios tanto por su reconocimiento nacional como porque el Marco de Sendai así refuerza el principio de que los gobiernos locales deben fortalecer sus capacidades para reducir el riesgo de desastres al que se enfrentan como primeros respondedores. Es por ello que esta encuesta apostó por una selección de criterios que hiciera posible contar con datos cuya desagregación permitiera pesquisar lo deseado.
Dada la variada naturaleza de las variables consideradas fue necesario recurrir a un modelo de análisis mullticriterio (Analytic Hierarchy Process: AHP por sus siglas en inglés) que permite una correcta incorporación e interpretación de éstas. Desde la óptica de la rigurosidad del procesamiento del modelo, cada una de las 4 dimensiones, 41 variables, así como los 4 niveles de respuesta (nulo, bajo, medio y alto) de cada una de las preguntas de la encuesta fueron ponderados por el grupo experto considerando la Escala de Saaty, lo que a través de un ejercicio iterativo de comparación de a pares permitió construir un vector de prioridades. Este método permite un análisis objetivo en el que la toma de decisiones no obedece a una simple suma de variables o de respuestas, sino a un análisis individualizado para cada municipio que permita además comparar los resultados obtenidos, dado que se construyó una métrica. Esto facilita además analizar en diversas profundidades la situación comunal, desde el desempeño por dimensiones hasta el desempeño por variables consideradas, lo que favorece la focalización de iniciativas invitando a priorizar aquellos criterios que resultaron mal evaluados por parte del autodiagnóstico y que tengan alta incidencia en GRD, es decir, que sean de mayor impacto en el modelo, lo que permitirá optimizar los recursos de los que se puedan disponer para su atención y consiguiente mejora. Otro aspecto favorable que se destaca en este instrumento tiene relación con que fue elaborado por un grupo de profesionales de diversos sectores que plasmaron su experiencia personal y laboral en la vinculación de las respectivas variables con la gestión del riesgo de desastres, instalando en esta herramienta una visión multidimensional de esta temática que permite un análisis a distintos sujetos de interés tales como el territorio comunal, la infraestructura y servicios, así como también la comunidad, invitando a reflexionar sobre las diversas interrelaciones que se dan en este espacio físico. La encuesta aplicada a una muestra de gobiernos locales del país se encuentra en etapa de consolidación de resultados directos y de aplicación al resto del territorio nacional por lo que un análisis integral de los resultados obtenidos será objeto de examen por parte del grupo experto, esperando identificar hallazgos y bre-
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chas tanto de gestión como en términos territoriales. No obstante, en lo que respecta al Índice Comunal de los Factores Subyacentes del Riesgo-ICFSR de acuerdo a los factores subyacentes del riesgo medidos por el instrumento, se puede mencionar que un 10% de la muestra presenta un ICFSR Bajo (color verde en figura 1), un 50% posee un ICFSR Moderado (color amarillo) y un 40% un ICFSR Alto (color rojo) no cla-
sificando ninguna comuna con ICFSR nulo. Esto da cuenta de que para la muestra seleccionada (aproximadamente 20% del total nacional) se sugiere analizar las recomendaciones brindadas con relativa urgencia, las que contemplan medidas estructurales y no estructurales, y considerarlas de acuerdo a la priorización que defina el equipo municipal en conjunto con su respectivo sistema de protección civil (figura 1).
Cuadro 2. Modelo Factores Subyacentes del Riesgo de Desastres nivel comunal Dimensión Gobernanza Variables Institucionalidad: Enfoque inclusivo de gestión municipal Gestión local y adaptación al cambio climático Carácter de la participación ciudadana Capacidades comunales en GRD: Estructura comunal. Capacitación comunal. Autonomía financiera y de toma de decisiones. Instrumentos locales. Comité de protección civil. Seguridad pública y protección de personas en situación de emergencia Mecanismos de rendición de cuentas Cobertura de programas sociales
Dimensión Condiciones Socioeconómicas-Demográficas Variables Pobreza e inequidad: Incidencia pobreza multidimensional (CASEN) Incidencia pobreza por ingresos Calificación socioeconómica (RSH) Caracterización demográfica: Índice de dependencia demográfica (IDD) Población en situación de discapacidad Población en situación de calle Población inmigrante internacional Cambio Climático-Recursos Naturales Variables
Cohesión social:
Variaciones climáticas:
Construcción de información social Representatividad ciudadana Pertenencia social Organizaciones de la sociedad civil
Patrón de comportamientos de los eventos extremos del clima Actualización y acceso a información sobre impacto del cambio climático
Compromiso sectorial:
Degradación ambiental:
Responsabilidad en la inversión privada Transferencia del riesgo
Degradación de suelos Deforestación Escasez hídrica Erosión de suelos Disposición de residuos Existencia de patógenos y/o vectores ambientales
Dimensión Ordenamiento Territorial Variables Herramientas de planificación territorial: Instrumentos de planificación territorial Exposición: Instrumentos de planificación territorial Localización de asentamientos humanos Tipo de asentamientos humanos Localidades aisladas Coexistencia de actividades económicas productivas Emplazamiento de infraestructura (transporte, sanitaria, energética y telecomunicaciones) Entorno construido: Cumplimento de la normativa respecto de la data de la edificación Plan de inversión en obras de mitigación Regularización respecto de permisos de edificación otorgados por la DOM
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Figura 1. Mapa Índice Comunal Global de Factores Subyacentes del Riesgo
Un hallazgo importante que se detectó durante la aplicación de la encuesta es el desconocimiento generalizado respecto de fuentes oficiales de información, tanto datos como metodologías e instrumentos sectoriales disponibles, que permitirían focalizar su atención en variables específicas pudiéndose ver así desperdiciadas variadas oportunidades, beneficios y buenas prácticas existentes que podrían además alimentar un registro estadístico para conocer objetivamente determinadas tendencias en el municipio. Este y otros aspectos deben ser fortalecidos, dotando al sistema comunal de mayores capacidades para su accionar partiendo por incentivar la consideración de los diversos instrumentos de gestión puestos a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil. Con esta experiencia y su gradual aplicación en todo Chile se espera obtener una panorámica con completa cobertura nacional de los factores que mide este instrumento, permitiendo con ello hacer acompañamiento y seguimiento a las recomendaciones brindadas en pos de una reducción gradual de los factores subyacentes más críticos según la realidad de cada municipio y de los que más inciden en una gestión integral del riesgo de desastres local. Por ello, las autoras concluyen que esta encuesta resulta un mecanismo fidedigno y efectivo para pasar del diagnóstico a la acción mediante la coordi-
nación permanente y el trabajo conjunto de los distintos actores y sectores que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil.
CONCLUSIONES Conforme a las recomendaciones emanadas del grupo interagencial del Sistema de Naciones Unidas que visitó Chile en el año 2010, surge la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD), instancia que ha formulado políticas públicas y directrices que mantienen al país en plena sintonía con los marcos globales vigentes y el estado del arte actual que registra la literatura internacional. A la fecha, la Plataforma se ha transformado en el mecanismo multisectorial por excelencia de coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, que busca instalar la gestión del riesgo de desastres de manera prioritaria y transversal en todos los sectores del país del país por medio de los instrumentos nacionales rectores que se formulan a su alero. En los últimos años, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres ha logrado un arraigo institucional y sistémico que debe seguir fortaleciéndose, incluso replicando su modelo en los niveles regionales, provinciales, comunales e incluso locales, según el interés y la necesi-
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dad de las respectivas autoridades y/o los líderes territoriales. En la actualidad, esta Plataforma se encuentra formulando la Segunda Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y su respectivo Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastresque con un horizonte temporal que se extiende desde 2019 a 2030 permitirá a Chile la adecuada instrumentación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres junto a los compromisos suscritos por el país mediante otras agendas internacionales. Así también estos instrumentos nacionales deberán recoger aquellas brechas que a la fecha no hayan sido cubiertas por el país, a la vez que considerar los compromisos adicionales que hayan sido plasmados en políticas y/o planes de acción sectoriales. Esto último sin duda significa un gran avance para el país, dado que la consideración de la gestión del riesgo de desastres en los compromisos plasmados por diversas instituciones es reflejo de la comprensión de que este es un tema transversal. No obstante, pese a que Chile es reconocido internacionalmente como referente en materia de reducción de riesgos de desastres y a los avances significativos experimentados en el
país –de los cuales sólo algunos han sido mencionados en este artículo– aún no se consolida una gobernanza en gestión del riesgo de desastres que cuente con una institucionalidad que alcance el nivel de robustez y madurez adecuados para un país con las características físicas y sociales que tiene Chile. Es por ello que de continuar con el mismo marco normativo y el mismo estatus en la gestión del riesgo de desastres en el país, se torna crucial redoblar los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, apelando fuertemente a construir resiliencia mediante la instalación de capacidades en todos los actores de la sociedad, especialmente en el nivel local. Es en dicho nivel donde se observan importantes debilidades y brechas en estas materias, lo que se constata también en los resultados preliminares de la encuesta aplicada en el año 2017 a una muestra de 60 municipios, en la que se advierte una gran cantidad de ellos con niveles de riesgo moderado y alto de acuerdo con los factores subyacentes considerados por el instrumento. Esto se convierte entonces en uno de los principales retos para el mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de sus habitantes, que deben estar preparados ante el desafiante escenario multiamenazas presente en el país.
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VULNERABILIDAD CIUDADANA ANTE LA AMENAZA SÍSMICA EN LA VENEZUELA DEL SIGLO XXI* CITIZEN VULNERABILITY TO THE SEISMIC THREAT IN 21ST CENTURY VENEZUELA
ALFREDO CILENTO SARLI Arquitecto, (UCV, 1957). Individuo de Número de la Academia de Ciencias de la Ingeniería y el Habitat ANIH (2015). Doctor Honoris Causa (UCV). Profesor Titular (UCV). Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV (1984-1987). Premio Nacional de Hábitat (1995). Premio Anual (compartido) al Mejor Trabajo Científico en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades (1996), CONICIT. Investigador IV, PPIFONACIT. Director y Fundador IDEC (1977-1979). Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1985-1989). alfredo.cilento@gmail.com
RESUMEN La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población-ENCOVI realizada en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 ha permitido obtener información sobre aspectos de la calidad de vida de los venezolanos acerca de los cuales no se disponía, o al menos no se difundía, información sistemáticamente recogida y confiable desde finales de los años noventa. De la información que aporta ENCOVI, en este artículo se van a utilizar datos relativos a la situación de la pobreza en Venezuela y a los aspectos que reieren a la vulnerabilidad físicoambiental, social y económica de la población, los cuales permitirán establecer la relación existente entre pobreza, vulnerabilidad ciudadana y riesgos frente a amenazas de origen natural, que es el objetivo principal de este escrito. En particular se analiza el riesgo de catástrofe ante la ocurrencia de un sismo en los barrios autoproducidos del Área Metropolitana de Caracas, cuya vulnerabilidad constituye el mayor problema urbano del país y se plantea la urgente necesidad de formular e iniciar la aplicación de un Plan de Contingencia para los barrios caraqueños que se adelante a la muy probable ocurrencia de una catástrofe mayor. Descriptores Pobreza, vulnerabilidad, riesgos, plan de contingencia, barrios de Caracas.
ABSTRACT The National Survey of Conditions of Life of the Population, ENCOVI, performed in the years 2014, 2015, 2016 and 2017 has yielded information on aspects of the quality of life of Venezuelans in relation to which were not available, or at least not be disseminated information systematically collected and reliable, since the end of the 1990s. Of the information offered by ENCOVI, in this article is used data relating to the situation of the poverty in Venezuela, and on aspects relating to the vulnerability environmental, social and economic of the population, that will allow establish it relationship between poverty, public vulnerability and risks from threats of natural origin, which is the main objective of this paper. In particular the risk of catastrophe, will be analyzed in case of the occurrence of an earthquake, in the self-produced barrios of the Metropolitan Area of Caracas, whose vulnerability is the biggest urban problem in the country. And the urgent need to formulate and initiate the implementation of a contingency plan for the Caracas barrios that anticipates the likely occurrence of one greater catastrophe. Descriptors Poverty, vulnerability, risks, contingency plan, Caracas barrios.
* Este artículo tiene como antecedentes el capítulo de Alfredo Cilento Sarli “Pobreza, vulnerabilidad y riesgos. Los barrios de Caracas” (Genatios, C.; Lafuente, M.; Cilento, A. y Grases, J., 2017) y la presentación “Pobreza y Vulnerabilidad Ciudadana ante la amenaza sísmica” (Cilento, A., Foro “El terremoto de Caracas 50 años después”, ANIH-CAF, Septiembre 2017).
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TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN Vol. 33-I I pp. 06-19 I Recibido 27/11/17 I Aceptado 09/03/18
POBREZA Y VULNERABILIDAD Existe un círculo perverso entre vulnerabilidad y pobreza. La pobreza incrementa la vulnerabilidad y una mayor vulnerabilidad significa más pobreza e insostenibilidad. Los terremotos de Haití y Chile en los inicios de 2010 ilustran muy bien esta interdependencia. En enero de 2010 Haití sufrió un terremoto de Mg. 7,3 que ocasionó más de 350.000 fallecidos y una epidemia de cólera; un mes después Chile fue estremecido por un sismo de Mg. 8,8 cuya liberación de energía fue considerablemente mayor que la del terremoto de Haití, pero que produjo menos de 500 fallecidos. El grado de afectación en ambas catástrofes radicó básicamente en la diferencia entre ambos países en el nivel de la pobreza y de la vulnerabilidad ciudadana integral asociada, que incluye la vulnerabilidad física de la infraestructura y el equipamiento, así como la vulnerabilidad social, económica e institucional del país, incluyendo los altos niveles de corrupción gubernamental. La pobreza en Venezuela Según ENCOVI 2017, la pobreza de ingresos en Venezuela alcanzó al 87,0% de la poblaGráfico 1. Pobreza en Venezuela, 2017
Fuente: ENCOVI 2017
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VULNERABILIDAD CIUDADANA ANTE LA AMENAZA SÍSMICA EN LA VENEZUELA DEL SIGLO XXI
ción, mientras que la pobreza extrema llega a su mayor nivel al ubicarse en 61,2% (gráfico 1). Pero estas cifras se quedarán cortas en 2018 por efecto de la hiperinflación que según el FMI llegará al 13.000% mientras la economía caerá en un 15%. Los efectos de la pobreza implican: • Una reducción de la tasa de actividad de la población, representada principalmente por la deserción escolar y el ingreso precario al mercado laboral; • Liquidación de patrimonio lo que implica principalmente la imposibilidad de acceso a un alojamiento adecuado y genera un proceso de filtración hacia abajo, es decir que las familias tienen que recurrir a una vivienda o a un lugar de peor calidad que el de su alojamiento anterior; • Reducción del consumo por los efectos de la inflación desbordada, y • Crecimiento de la desnutrición y las enfermedades de la pobreza. El ingreso familiar del 89,4% de la población no es suficiente para la adquisición de alimentos dentro y fuera del hogar El 80% de la población presenta inseguridad alimentaria (ENCOVI 2017). La conclusión obvia es que resulta imperioso abatir la hiperinflación y evitar a toda costa que los hogares venezolanos sigan empobreciéndose. La cuestión es que no ha habido una política para enfrentar la crisis social y las “misiones” sociales organizadas por el gobierno no constituyeron una política dirigida a la superación de la pobreza y tampoco han resultado en una política de contención de la crisis de ingresos. Con el llamado programa CLAP1, en 2017 las misiones desaparecieron y pasaron a ser una bolsa o caja de comida… En todo caso, lo que seguirá aumentando es el nivel de la pobreza estructural que alcan-
1.CLAP: Comités Producción.
Locales
de
Abastecimiento
y
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za al 35% de los hogares del país, siendo solo cuestión de tiempo llegar al 45%, tope histórico en los últimos 18 años. El factor básico de la pobreza estructural está representado por las necesidades básicas insatisfechas: vivienda, salud, alimentación, educación, empleo, recreación… aunadas a la condición de pobre que recibe ingresos insuficientes para sufragar el costo de un estándar mínimo de consumo (gráfico 2). Como se ha señalado, lo que afecta severamente a la población es el círculo perverso en el que la pobreza genera vulnerabilidad y a más vulnerabilidad mayor pobreza. La vulnerabilidad, igual que la sostenibilidad, es un concepto multidimensional que conjuga factores de vulnerabilidad físico-ambiental, vulnerabilidad social y vulnerabilidad económica. Vulnerabilidad físico-ambiental Los factores de vulnerabilidad físicoambiental analizados a partir de los datos de ENCOVI están relacionados con la calidad de la vivienda y los servicios, es decir de la vivienda y su entorno. La calidad y tenencia de las viviendas y las condiciones del entorno y los servicios públicos son un factor prioritario al considerar la vulnerabilidad ciudadana, como se analiza a continuación. Para el año 2015 la población de Venezuela, proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) era de 30.812.182 habitantes que, según ENCOVI, constituían 7.590.557 hogares. Para ese momento el 80,7% de las viviendas existentes es propia pagada, pagándose o adjudicada en algún programa del gobierno. El
número de viviendas en alquiler es muy bajo a pesar de su necesidad y la oferta de ese tipo de viviendas prácticamente ha desaparecido como efecto de las políticas gubernamentales de combate al arrendamiento de viviendas. Aun así, el 19,3% de los hogares no está en posesión de una vivienda. La Ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de viviendas populares (6 de mayo 2011), la Ley de costos y precios justos (18 de julio 2011) y la Ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda (10 de noviembre 2011), acabaron con la oferta de viviendas para alquilar. Esta situación se ha traducido en un incremento desproporcionado del precio de los alquileres y de los precios del mercado secundario de viviendas, así como en la desaparición de la oferta de nuevas viviendas producidas por el sector privado, accesibles a los sectores medios y bajos de la población. Esto ha afectado a un porcentaje apreciable de la población que no puede adquirir una vivienda, ya sea por falta de oferta o por insolvencia económica, pero que demanda viviendas en alquiler, especialmente las parejas jóvenes, estudiantes, divorciados, quienes cambian de lugar de trabajo, quienes buscan un mejor o más seguro lugar, etc. (gráfico 3) Del total de hogares estimados para 2015, 64,3% ocupan viviendas que construidas, producidas o gestionadas por la propia gente. Este dato confirma también con notable precisión las diversas apreciaciones de quienes hemos sostenido a lo largo de muchos años que las dos terceras partes de los hogares venezolanos habitan en construcciones autoproducidas, independientemente de la calidad de la construcción, lo que se analizará más adelante. Es un
Gráfico 2. Inseguridad ali0mentaria, 2017
Gráfico 3. Vivienda en propiedad
Fuente: ENCOVI 2017.
Fuente: ENCOVI 2017.
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dato que también contribuye a precisar las estimaciones de que cerca del 60% de la población venezolana vive en barrios autogestionados, en condiciones de alta vulnerabilidad gráfico 4). Otro dato revelador, que ratifica las apreciaciones de los especialistas, corresponde a la producción de viviendas por el sector formal de la construcción. De los hogares venezolanos 5,3% habitan en viviendas construidas por el sector privado en los últimos diez años hasta el 2015, y 3,1% en viviendas construidas por el sector público en ese mismo período. Esto significa que entre 2006 y 2015 ambos sectores construyeron el 8,4% de las viviendas existentes, es decir unas 640.000 nuevas viviendas, equivalentes a unas 64.000 viviendas por año. Esta cifra es del mismo orden que las nuevas viviendas construidas a finales de los años sesenta, cuando la población de Venezuela era de unos 11 millones de habitantes. El resto de las viviendas construidas en ese lapso (1.313.000 alojamientos) fueron producidas por la propia gente, más del doble de las construidas por los sectores público y privado. A esto hay que agregar que el número de nuevos hogares que se forman anualmente es de unos 4 por cada 1.000 habitantes, es decir unos 120.000 en 2015. Por esa razón crecen el hacinamiento y la construcción informal en los barrios autoproducidos. Los números de ENCOVI ratifican que el Estado y los promotores privados no están en condiciones de superar la capacidad de respuesta de la gente en materia de provisión de su alojamiento. Por ello hemos señalado, desde hace décadas, la necesidad de desarrollar amplios programas de habilitación de tierras urbanas y un programa de asistencia técnica integral a las Gráfico 4. Construcción de viviendas
Fuente: ENCOVI 2015.
comunidades, a fin de facilitarles la construcción de viviendas de desarrollo progresivo, según sus propias necesidades y expectativas, como siempre lo han hecho aquí y en todas partes. Esto permitiría adicionalmente mantener permanentemente una reserva de tierras urbanizadas para atender eventuales situaciones de emergencias. Con respecto a la estructura portante de las viviendas, el 28,4% han sido construidas con mampostería de bloques de concreto o arcilla. Aquí el problema es que el uso de la mampostería de bloques no está normado en el país2 y, en todo caso la mayoría de estas viviendas no disponen de refuerzos apropiados según las técnicas de mampostería reforzada o confinada, lo que se puede apreciar a simple vista, especialmente en las casas construidas en los barrios. Los defectos fundamentales son la ausencia de vigas de corona, la falta de continuidad en los machones de planta baja y pisos superiores, inexistencia de machones, inadecuación de los refuerzos de acero, fundaciones inapropiadas, terrenos con baja capacidad de soporte y, en general, malas prácticas constructivas. Si a esto se suma un 9,6% de viviendas sin estructura portante, se tiene 38,0% de viviendas en extremo vulnerables o potencialmente muy vulnerables frente al sismo y a fallas del terreno. Igualmente, viviendas construidas con el sistema de encofrado túnel y otro tipo de estructuras, también confrontan debilidades que las hacen vulnerables frente al sismo y ameritarían reforzamiento estructural. A la vulnerabilidad estructural de las viviendas de mampostería de bloques, hay que agregar los factores de vulnerabilidad del entorno. En 2015 las familias encuestadas señalaron 23,0% de casos de viviendas con grietas, de las cuales 13,4% están ubicadas en zonas donde existen rellenos inestables y un 10,5% acusan la presencia de deslizamientos en el entorno, todo lo cual extrema la situación de vulnerabilidad del entorno de las viviendas. Más preocupante es la información de que alrededor de 13,5% de los hogares habita en sectores declarados de alto riesgo, y esto equivale a un poco
2. En 2016 el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) de la UCV puso en consulta un proyecto de Norma Venezolana de Mampostería Estructural.
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más de un millón de hogares en peligro inminente. Con todos estos indicadores, evaluados con criterio de experto, estamos en condiciones de ratificar que más de la mitad de las viviendas del país comportan una alta vulnerabilidad, que es acentuada por la falta total de preparación de la población para enfrentar contingencias mayores, como se desprende de los datos sobre vulnerabilidad social de la población que se presentan más adelante. Vulnerabilidad de los servicios públicos Aguas negras: 90,4% de los hogares reporta la existencia de cloacas y 9,6% señala que no dispone de ese servicio, utiliza pozo séptico, letrina o simplemente efectúa sus necesidades en descampado. Incluso con una buena parte de la población disponiendo de WC y tubería de cloacas, el problema principal – ambiental y sanitario– es la disposición final de los efluentes de aguas negras y grises, que generan graves problemas de contaminación de suelos y agua a lo largo de toda la geografía venezolana. Esto desde luego contribuye a incrementar la vulnerabilidad ambiental y sanitaria del país. Acueducto. De los hogares existentes en 2015, 81,4% declaran tener acceso al acueducto, lo que les garantizaría el suministro de agua potable, mientras que 18,6% no dispone de dicho servicio. Pero una cosa es tener acceso a la tubería de distribución de agua y otra la continuidad del servicio. En nuestro caso solo 61,6% de los hogares informa tener suministro diario de agua potable, mientras que 38,4% de
los hogares tienen un servicio discontinuo o no lo tienen. Una condición fundamental de calidad de vida y la salud es la de disponer de suministro continuo de agua potable, que es una de las metas de la Organización Mundial de la Sañud-OMS. La recolección y el almacenamiento doméstico inapropiado, en depósitos improvisados, es causa principalísima de las enfermedades de origen hídrico (dengue, chicungunya, hepatitis, disentería, gastroenteritis…), enfermedades de la pobreza que son recurrentes en el país. Esta situación contribuye desde luego a empeorar la vulnerabilidad sanitaria y las condiciones de vida del venezolano, muy especialmente en el caso de una contingencia mayor (Gráfico 5 y 6). Electricidad. Venezuela dispone de una capacidad instalada de generación de electricidad que sería suficiente para garantizar el suministro continuo del servicio. Sin embargo, problemas de generación, transmisión y mantenimiento de las plantas y líneas de transmisión se han acumulado en los últimos años. La gravedad de la situación se refleja en el hecho de que 86,4% de los hogares sufre interrupciones frecuentes en el servicio eléctrico, y lo que es más grave, 12,5% declara apagones diarios. Y, esta situación ha hecho crisis en los primeros meses de 2016 como consecuencia de la sequía y pérdida de caudal de las represas del Caroní. A esta situación hay que agregar la extrema vulnerabilidad de la red eléctrica en las zonas de barrios autoproducidos como consecuencia de las innumerables acometidas ilegales improvisadas. Según Corpoelec, el consumo clandestino de electricidad o fraude eléctrico, pérdidas
Gráfico 5. Hogares con acceso a acueducto
Gráfico 6. Hogares con suministro diario de agua potable
Fuente: ENCOVI 2017.
Fuente: ENCOVI 2017.
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negras o “robos de luz”, oscila entre el 30% y el 50% de la energía entregada a los usuarios, dependiendo de la región del país, alcanzando un promedio nacional de 30% sin incluir las pérdidas técnicas que se ubican en 10%. Esta situación conforma un alto riesgo de incendios a la hora de un sismo: en las ciudades los terremotos vienen acompañados de incendios (Gráficos 7 y 8). Aseo urbano. El servicio de aseo urbano está disponible solo para 78,5% de los hogares, y las condiciones objetivas de prestación del servicio evidencian, sin lugar a dudas, un severo problema sanitario urbano por la irregularidad en la recolección de la basura que permanece por días tirada a lo largo de calles y avenidas, en todas las ciudades del país (Gráfico 9). La deficiente recolección y disposición final de los desechos sólidos también constituye un grave problema ambiental que activa una red epidemiológica severa que se acrecienta a la hora de una contingencia mayor. La recolección de basuras urbanas ha sido un problema
no resuelto por décadas, pero ahora se ha transformado en un problema que liga basura-hambre-miseria (personas buscando comida en la basura): una emergencia con hambre es una muy grave y riesgosa emergencia.
Gráfico 7. Hogares con interrupciones en el servicio eléctrico
Gráfico 8. Consumo clandestino, pérdidas y facturación del servicio eléctrico
Accesibilidad y servicios comunales del entorno El 73,2% de los hogares accede a su lugar de alojamiento desde una calle pavimentada, pero 18,1% accede desde calle de tierra, lo que constituye una fuerte restricción cuando llueve. Los problemas de accesibilidad son particularmente severos en los barrios ubicados en terrenos en pendiente, como ocurre en Caracas, lo que genera severas dificultades de movilidad y desplazamiento de equipos y personal en el caso de una contingencia mayor, a ello contribuiría adicionalmente la falta de preparación de la población en materia de reducción de riesgos (Gráfico 10).
Fuente: ENCOVI 2017. Fuente: ENCOVI 2017.
Gráfico 9. Servicio de recolección del aseo urbano
Fuente: ENCOVI 2017.
Gráfico 10. Condiciones de las vias de acceso al alojamiento
Fuente: ENCOVI 2017.
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Así como el servicio continuo de agua y el de electricidad son condiciones de vida indispensables para la población, el acceso a los servicios comunales básicos: educativos, médico-asistenciales, de abastecimiento, de seguridad y transporte constituyen también requerimientos básicos. El acceso peatonal a esos servicios, con una cercanía aproximada de 500 m, es fundamental para reducir los viajes vehiculares, particularmente en un país donde el transporte público es tan ineficiente. Se estima que 500 m debería ser la distancia máxima que recorra la madre para llevar al bebé a la guardería, o el niño para ir al jardín de infancia o a la escuela básica. Son también importantes los déficit de guarderías, preescolares y ambulatorios o Módulos Barrio Adentro en el entorno cercano de los hogares. Particularmente en el caso de guarderías el déficit es de 59,4%. La ausencia de vigilancia policial en el vecindario es de 67,3% de los hogares y refleja los graves problemas de seguridad que afectan a la población venezolana. Un 73,6% de los encuestados declaran la cercanía de escuelas básicas aunque en este caso no se consultó sobre transporte escolar, cuya existencia mejora radicalmente la accesibilidad. La inexistencia de canchas o parques en la proximidad del 27,1% de las zonas residenciales es compatible con los estudios y señalamientos que indican que la ausencia de espacios públicos es otro de los indicadores básicos de pérdida de condiciones de vida de la población. La existencia de 77,9% de locales de abastos en la cercanía no es garantía de existencia de productos y mercancías, a la vista de los problemas causados por la dificultad para el acceso a los alimentos que confronta la población, agravados de manera progresivamente a partir de 2014. De otra parte un 71,7% señala acceso cercano al transporte público, lo que sería un rasgo positivo, si la calidad del transporte público y los problemas de tránsito y tiempo de transporte no fueran una de las mayores causas de pérdida de calidad de vida urbana y de maltrato a la población venezolana. Otra cuestión crítica es la vulnerabilidad de las edificaciones escolares y hospitalarias frente al riesgo sísmico, debido al papel crucial que les corresponde a la hora de atender una emergencia (véanse: López, O. A.; Coro-
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nel D., G. y Rojas, R., 2014; López et al., 2010; López, 2008). En el caso de las edificaciones hospitalarias que integran el sistema nacional de salud de Venezuela, la situación es crítica en cuanto al mantenimiento y equipamiento hospitalario y la disponibilidad de medicamentos e insumos médicos (HRW, 2015). La vulnerabilidad y frecuentes derrumbes de edificaciones hospitalarias y educacionales en el caso de sismos magnifican los efectos de los mismos y dificulta severamente la atención pos-desastre (OMS, 2009). De extrema importancia a la hora de una contingencia mayor es la disponibilidad de los servicios de emergencia hospitalaria y de ambulancias para el traslado de las personas afectadas, y este es un déficit mayor en los hospitales venezolanos (SVMED, 2006). Hay que agregar la vulnerabilidad de las líneas vitales constituidas por las redes de infraestructura imprescindibles para el normal funcionamiento de las ciudades y satisfacción de las necesidades humanas: redes que posibilitan la movilidad de las mercancías, transporte de personas, grandes líneas de suministro de energía y elementos de saneamiento básico, por ejemplo, agua, electricidad, gas y combustibles líquidos, y las líneas que facilitan la comunicación (Funvisis, s.f.). Vulnerabilidad social Los factores de vulnerabilidad social ante amenazas naturales analizados en ENCOVI fueron los siguientes: sexo y edad de la población, acceso a TIC y teléfono celular en el hogar, organización comunitaria local, información preventiva y formación para la reducción del riesgo de desastres (RRD), sistemas de alerta a nivel local, acceso a servicios de salud a nivel local, nivel educativo, percepción del riesgo de incendios, percepción del riesgo de sismos, percepción del riesgo de lluvias, planes de evacuación de emergencia a nivel local, percepción del riesgo de deslizamiento y percepción del riesgo de Inundaciones. De todos estos factores hay que destacar que más de 90% de la población no dispone de organización comunitaria para la reducción del riesgo de desastres (RRD); no dispone de información o formación preventi-
Vulnerabilidad ciudadana ante la amenaza sísmica en la Venezuela del siglo XXI
Mujeres Personas menores de 10 y mayores de 60 años Sin acceso a TIC y Celular Con deficiente organización comunitaria para RRD
Población 15.480.636 8.181.361 5.162.599 27.526.941
% 52 21 17 91
Sin información y/o formación preventiva
28.359.245
94
Sin disponibilidad de sistema de alerta local Sin conocimiento sobre plan de evacuación local Sin acceso a servicios de salud a nivel local Sólo con nivel de educación primaria No percibe riesgo de Incendios No percibe riesgo relacionado con los sismos No percibe riesgo relacionado con las lluvias No percibe riesgo relacionado con inundaciones No percibe riesgo de posible deslizamiento
26.865.386 28.241.317 15.266.633 9.981.930 23.197.855 26.693.582 13.106.098 21.870.217 26.013.526
89 93 51 61 77 88 43 72 86
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Cuadro 1. Vulnerabilidad social. Factores sociales desagregados
Fuente: ENCOVI 2017.
va de riesgo; no dispone de sistemas de alerta temprana o local, y no tiene conocimiento de algún plan de evacuación local (cuadro 1). La conclusión es obvia: la población venezolana no está suficientemente informada para contribuir de manera organizada a la reducción del riesgo de desastres. En lo que respecta al riesgo de un terremoto, como se verá más adelante, lo estamos esperando, pero no estamos preparados. A esta situación habría que agregar las pésimas condiciones de vida por la inseguridad y la violencia: en 2017 hubo 26.616 muertes violentas en el país, una tasa de 89% por cada 100.000 habitantes solo superada por la de El Salvador. Uno de cada cinco venezolanos fue víctima de un delito (ENCOVI 2017). Este nivel de violencia es de altísimo riesgo a la hora de
una catástrofe socio-ambiental por el riesgo de saqueos e invasiones y la subsiguiente violencia. Vulnerabilidad económica Los datos de vulnerabilidad económica recogidos por ENCOVI tienen que ver con la capacidad de las familias para afrontar una emergencia mayor como, por ejemplo, un sismo destructivo, como refleja el cuadro 2. En cuanto a la situación del mercado laboral, ENCOVI 2017 nos ofrece las siguientes cifras (cuadro 3). Estas cifras son una grave reiteración de la falta de capacidad de la población para afrontar una contingencia mayor.
Cuadro 3. Situación del mercado laboral
Cuadro 2. Capacidad de respuesta de las familias ante una emergencia mayor Población
%
Sin pólizas de seguro para bienes inmuebles
27.021.114
89
Sin posibilidad de acceso a crédito
24.292.657
80
Sin plan de salud o póliza de asistencia médica
15.277.385
51
Clasificado en estrato pobreza
9.087.521
30
Sin vivienda alterna en caso de emergencia
3.062.324
10
Sin capacidad de ahorros
22.012.077
73
No propietario de la vivienda
5.189.806
17
Sin empleo formal permanente
5.392.775
18
% de población Tasa de desocupación global (los que no están empleados como proporción de la población en edad de trabajar)
47
Desocupados con edades entre 15 y 34 años
69
Ocupados que percibían ingresos por debajo del salario mínimo integral al momento del levantamiento
82
Ocupados en empresas de menos de 5 empleados (microempresas)
48
Fuente: ENCOVI.
Fuente: ENCOVI. 2017 33 - I TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 27
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Vulnerabilidad institucional A los anteriores factores de vulnerabilidad hay que agregar la vulnerabilidad institucional del país. En primer lugar la inexistencia en el ejercicio del poder de independencia de los poderes públicos, principio constitucional fundamental. En la última evaluación (junio, 2015) del Estado venezolano, realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluida en el Tercer Informe para la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el organismo multilateral advierte que en Venezuela “falta la independencia del Poder Judicial; no existe un procedimiento legal para el nombramiento y destitución de jueces, así como a la gran cantidad de ellos que se encuentran en cargos provisionales, lo que puede afectar su libre desempeño”. Por eso insta a adoptar las medidas necesarias para lograr la autonomía del Poder Judicial. El informe agrega que también falta independencia en los órganos establecidos para luchar contra la corrupción. El Comité recomendó que se siguiera con los principios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para llevar a cabo investigaciones independientes e imparciales y se sancione a los culpables. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas pidió a la Defensoría del Pueblo adaptar los principios acordados en París en 1991 sobre el estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (http://www.derechos.org. ve/pw/wp-content/uploads/pidesc_onu.pdf). A estos hechos hay que añadir la manifiesta ineficiencia y los factores de corrupción que caracterizan al Poder Nacional, que está estructurado (diciembre 2016) por un presidente de la República, un vicepresidente ejecutivo, 6 vicepresidentes sectoriales, 32 ministerios, 23 misiones, 107 viceministros, y pare Ud. de contar. Un informe elaborado por la ONG Transparencia Venezuela resalta que el Ejecutivo Nacional administra, al menos, “526 EPE (Empresas Propiedad del Estado), cua-
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tro veces más que Brasil que tiene 130 y diez veces más que Argentina, que cuenta con 52”. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparency International (TI) el índice global de 2016 mantiene a Dinamarca como el país más transparente de los 176 analizados, mientras que Corea del Norte, Sudan del Sur y Somalia siguen como los estados con los sectores públicos más corruptos. En la región latinoamericana, Uruguay sigue a la cabeza como el país más transparente y ocupa el puesto 21 de la tabla, con 71 puntos del máximo de 100, que denotaría la ausencia total de corrupción. La peor calificación le corresponde a Venezuela, en el puesto 166 de la tabla con solo 17 puntos, compartiendo mientras Haití está en el 159 con 20 puntos. El caso de corrupción generalizada de la empresa transnacional brasileña Odebrecht complementa las observaciones de Transparencia Internacional. Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht y sus “cómplices” pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos a 11 países, además de Brasil, a partir de 2001. “Odebrecht está involucrada en un esquema de sobornos integral y sin igual, un fraude que duró más de una década”, señala el texto. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los sobornos estaban relacionados con más de 100 proyectos en 12 países. Uno de los pagos más altos se vinculan con Venezuela, donde Odebrecht entregó “aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas”. Otras naciones involucradas son Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá y Perú (https:// ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensadel-departamento-de-justicia-sobre-el-casoodebrecht-y-braskem/). Los niveles de desinstitucionalización y corrupción gubernamental incrementan severamente la incompetencia y eficiencia en la RRD y la vulnerabilidad ciudadana frente a la ocurrencia de un sismo destructivo.
LOS BARRIOS DE CARACAS
Contingencia: crisis y oportunidad Desde la Universidad Central de Venezuela, donde el problema de los barrios ha sido estudiado en profundidad, se ha alertado sobre la vulnerabilidad y los riesgos que afectan a los barrios autoproducidos de las ciudades venezolanas y durante años hemos planteado que una de las prioridades de nuestras ciudades, particularmente del Área Metropolitana de Caracas es el mejoramiento sustancial de la vialidad y el transporte público urbano e interurbano, y que la integración de los barrios a la ciudad y su rehabilitación física sólo es sostenible si las acciones se estructuran sobre la construcción de una malla de vialidad y transporte público, como parte de la red metropolitana. Sin acceso vehicular es imposible atender la emergencias cotidianas de los barrios y garantizar un adecuado nivel de equipamiento de infraestructura, seguridad de personas y bienes, y servicios educacionales, médico-asistenciales, culturales y recreacionales; y menos aún, actuar con rapidez y eficacia en el transcurso de las primeras 48 horas y después de ocurrida una catástrofe de medianas o grandes proporciones. Ningún plan de contingencia será efectivo sin accesibilidad a los lugares afectados, situación que de por sí generaría una emergencia adicional. Pero la necesidad de preparar planes de contingencia, adecuadamente provistos de recursos, tiene otra implicación que pocas veces se toma en cuenta. El caso de los barrios en el AMC El problema urbano más grave que afecta a Venezuela es el de la vulnerabilidad e infraurbanización de los barrios autoproducidos en Caracas. Como es bien sabido, “en los cerros” viven más de dos millones de personas. También está bien documentada la condición de alta vulnerabilidad y riesgos que comporta esa parte tan conspicua de la ciudad. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX hubo variadas propuestas e iniciativas para actuar sobre estos barrios. La más conocida fue la “batalla contra el rancho” que culminó con desalojos de los pobladores y la construcción de superbloques en los
cuatro últimos años de la dictadura perezjimenista, entre 1954 y 1957. El resultado fue que los desalojados de los cerros del oeste de Caracas invadieron los cerros del este en Petare. Con el acervo de las investigaciones llevadas a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, entre 1987 y 1990 se estableció el Taller Vivienda para estudiantes de los últimos dos semestres de la carrera, quienes desarrollaron su trabajo final de grado con propuestas realistas para la rehabilitación física de distintos barrios de Caracas. Estas experiencias llevaron a que entre 1993 y 1994 se elaborara, mediante contrato del Ministerio del Desarrollo Urbano, el Plan Sectorial de Incorporación a la Estructura Urbana de las Zonas de Barrios del AMC y la Región Central, bajo la dirección de Josefina Baldó y Federico Villanueva. Se desarrollaron algunas experiencias piloto y luego, a principios de este siglo, y con los debidos ajustes, se convirtió en un programa a cargo del Consejo Nacional de la Vivienda. El Programa nunca fue considerado prioritario por el gobierno y tuvo una accidentada vida, hasta que en 2005 fue desechado. Desde entonces no se ha realizado ninguna intervención en los barrios de Caracas dirigida a mitigar los riesgos, mejorar la accesibilidad, reducir la infraurbanización y actuar sobre la situación de miles de familias ubicadas en zonas de riesgo inminente. Cuando fue originalmente planteado el Programa de Habilitación de los barrios caraqueños, a finales de los años noventa, se estimaba 15 años para su realización con una inversión de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Desde entonces han transcurrido casi 30 años, no se ha hecho nada y los riesgos han crecido exponencialmente por la probabilidad de ocurrencia de otro terremoto que seguramente constituiría una gran catástrofe nacional. Cuando ocurrió el terremoto de 1967 en los cerros caraqueños existían unos 90.000 ranchos de no más de dos pisos y 425.000 habitantes; hoy en día existen cerca de 400.000 estructuras plurihabitacionales y más de 2.000.000 de habitantes. Los barrios se han densificado y las construcciones han crecido indeteniblemente hacia arriba, mientras los suelos llevan un proceso de saturación de aguas
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Vulnerabilidad ciudadana ante la amenaza sísmica en la Venezuela del siglo XXI
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blancas, grises y negras a lo largo de más de 50 años. Por eso he repetido muchas veces que el problema en los barrios no es el techo sino el suelo. En estas condiciones los barrios caraqueños son una bomba de tiempo. Lo peor es que la población no está informada ni preparada para afrontar un desastre, como lo indican los datos de las recientes encuestas de ENCOVI que se han presentado en páginas anteriores. En el estudio “Vulnerabilidad sísmica en viviendas populares de Caracas” (2017), el profesor del IMME-UCV Oscar López señala que una eventual repetición del sismo de Caracas de 1967 produciría daño completo en un 2% del total de 169.576 edificaciones del tipo estructural mixto de la ciudad, ocasionaría un estimado de 6.482 víctimas fatales y una pérdida del 6% del valor económico de las viviendas populares, indicando que las referidas viviendas son las que tienen un mayor riesgo sísmico. Las de 3, 4, 5 o más pisos serían las más afectadas, especialmente las que se encuentran sobre sedimentos profundos, todo lo cual “amerita la puesta en acción de medidas de mitigación”. Anticiparse a la catástrofe Ya no hay más tiempo ni recursos para pensar en la posibilidad de que la sola habilitación física de los barrios de Caracas permita mitigar los efectos del próximo terremoto que afectará la región metropolitana. Según todos los especialistas en este mismo siglo, dentro de los próximos 20-30 años, Caracas sufrirá un terremoto de entre 6 y 7 grados. Las acciones de habilitación física de barrios autoproducidos deberán concentrarse fundamentalmente en los aspectos de accesibilidad y movilidad, y de dotación de servicios comunales y campos deportivos que puedan ser utilizados durante la fase de la emergencia por el personal de defensa civil; pero hay que comenzar a reubicar a las familias que están en zonas de alto riesgo (peligro inminente) y no esperar a que ocurra lo inevitable. Es decir que solo queda la posibilidad de medidas de emergencia y de preparación de la población, así como iniciar un gran proyecto que permita reubicar a unas 40.000 familias que verán sus hogares destruidos a causa del sismo que estamos esperando, pero para el cual no estamos preparados.
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Sostenibilidad urbana Sea cual fuere la opción para la reubicación de las familias en alto riesgo de los barrios caraqueños, los nuevos desarrollos deberán ser planificados, diseñados y construidos bajo las premisas de sostenibilidad urbana: 1. Un urbanismo concebido sobre la base de conjuntos de baja altura con densidad media. Agrupaciones tipo cluster con espacios de uso comunitario (condominios horizontales), donde la prioridad en las calles y espacios vecinales sea para las madres, niños, peatones y bicicletas. 2. Se deben ofrecer espacios para la ubicación de actividades manufactureras y oportunidades para emprendedores, de manera de generar fuentes de trabajo endógenas, que reduzcan los traslados a Caracas por razones de empleo si las reubicaciones se hicieran a partir de la renovación urbana de las ciudades del eje central entre Caracas y Valencia. 3. Condición fundamental de sostenibilidad urbana es la creación de redes de espacios públicos de alta calidad que faciliten la convivencia ciudadana con garantía de disfrute diurno y nocturno de la ciudad. Iluminación, recolección de basuras y óptimas condiciones sanitarias. Reducción de la contaminación ambiental, visual y sónica. Seguridad de bienes y personas y reducción de los riesgos de la calle: ciudades vivibles día y noche. 4. La movilidad sostenible será prioritaria sobre la base de sistemas de transporte público eficiente y de calidad: p.ej. tranvías eléctricos urbanos. El crecimiento de las ciudades se hará integrado a la expansión de la red vial y de transporte. La red de transporte público se complementa con la red de ciclovías y la red peatonal que enlazarán los espacios públicos de la ciudad. 5. Se garantizará la eficiencia energética y se promoverá el uso de energías alternativas. 6. Se garantizará el servicio continuo de agua y se adoptarán mecanismos de ahorro en el consumo. Se desarrollará un programa de captación y almacenamiento de agua de lluvia y de reciclaje de aguas grises para riego. Se establecerá un sistema de tratamiento y recuperación de aguas residuales y de canalización de las aguas no usadas al manto freático.
7. Se otorgará prioridad al saneamiento ambiental y a la eficiencia en el servicio de aseo urbano y domiciliario. Recolección, clasificación, reciclaje, tratamiento y disposición final de los residuos. 8. Serán ciudades verdes, con alta presencia de vegetación en calles, avenidas y en general en todos los espacios públicos y vecinales. Especies autóctonas de bajo consumo de agua y riego con aguas recuperadas. 9. Se respetarán al máximo el patrimonio y los valores históricos y culturales locales. 10. Se garantizarán estos principios a lo largo de todos los procesos de desarrollo progresivo de las ciudades y en todas las etapas de su ejecución. Desde luego, esto demanda concertar y concentrar esfuerzos de las instituciones públicas en sus tres ámbitos nacional, regional y municipal; de las empresas privadas, el sector académico y la población, para consolidar una ciudad sostenible o reestructurar un conjunto de ciudades existentes, con recursos administrados con máxima eficiencia, transparencia y muy alta responsabilidad ética. Un planteamiento serio y bien formulado de esta naturaleza, demandaría el apoyo de instituciones como el BID, el Banco Mundial, la CAF y en general de
ayuda internacional. “No hay urbanismo válido si no contribuye a reducir las desigualdades sociales y espaciales y contribuye decisivamente a la sostenibilidad. En consecuencia hay que ubicar las viviendas populares en el tejido urbano más equipado pues son los que más necesitan de los medios de la ciudad. Promover la mixtura social y funcional de cada zona de la ciudad y normar que cada proyecto urbano garantice la mezcla social y de actividades. Formalizar los asentamientos informales conjuntamente con los ocupantes e integrarlos en el tejido ciudadano, es del derecho al lugar. Cada zona de la ciudad debe poseer una centralidad potente, atractiva y reconocida. El crecimiento urbano conviene orientarse hacia la densificación de la ciudad existente o en su continuidad. Las regiones metropolitanas o altamente urbanizadas deben estructurarse como redes de ciudades con un sistema de movilidad colectiva e intersticios no urbanizados. Hay que reconsiderar el desarrollo económico y subordinarlo a la sostenibilidad. Promover en todos los ámbitos las formas colaborativas tanto en la gestión de los servicios y equipamientos, en el consumo, en la producción y en las iniciativas culturales y políticas” (Borja, J. y F. Carrión, 2016).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Borja, Jordi ; Carrión, Fernando (2016) “Reflexiones en torno al Manifiesto por un Habitat 3 Alternativo”. Citiscope. http://citiscope.org/sites/default/files/h3/HABITAT_ALTERNATIVO.pdf. Cilento Sarli, Alfredo (2017) “Pobreza y vulnerabilidad ciudadana ante la amenaza sísmica”, ponencia presentada en el Foro “El terremoto de Caracas 50 años después”. ANIH-CAF. Septiembre 20 de 2017. Caracas. Cilento Sarli, Alfredo (2017) “Pobreza, vulnerabilidad y riesgos. Los barrios de Caracas”, en Genatios, C.; Lafuente, M.; Cilento, A. y Grases, J.: Vulnerabilidad y resiliencia: perspectivas a 50 años del terremoto de 1967. Ediciones CITECI. Amazon, 2017. Funvisis-Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (s.f.) http://www.funvisis.gob.ve/archivos/ www/terremoto/Papers/Doc033/doc033.htm. HRW-Human Right Wacht (2015) “La crisis del sistema de salud de Venezuela”, abril 2015: https://www.hrw. org/es/news/2015/04/29/la-crisis-del-sistema-de-salud-de-venezuela. López, Oscar Andrés (2017) ”Vulnerabilidad sísmica de viviendas populares en Caracas”, ponencia presentada en el Foro “El terremoto de Caracas 50 años después”. ANIH-CAF. Septiembre 20 de 2017. Caracas.
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Vulnerabilidad ciudadana ante la amenaza sísmica en la Venezuela del siglo XXI
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Alfredo Cilento Sarli
López, Oscar Andrés (2008) “Protección de escuelas contra los terremotos”. Trabajo de Incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat, 2008. Caracas. López, Oscar Andrés; Coronel. D. Gustavo y Rojas. Rommel (2014) “Índices de priorización para la gestión del riesgo sísmico en edificaciones existentes”, en Revista de la Facultad de Ingeniería UCV, vol. 29, nº 4. Caracas. López, Oscar Andrés et al. (2010) “Evaluación sismorresistente de edificios escolares en Venezuela”, en Revista de la Facultad de Ingeniería UCV, vol. 25, nº 4. Caracas. OMS-Organización Mundial de la Salud. Hospitales seguros frente a desastres. SVMED-Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Desastres (2006) “Normativa de Ambulancias”: https://docplayer.es/6323130-Normativa-de-ambulancias.html
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ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI)
El proyecto ENCOVI surge del esfuerzo conjunto de tres universidades, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolivar y Universidad Católica Andrés Bello, frente a la falta de información pública sobre la realidad social del país https://encovi.ucab.edu.ve/
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A 19 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE VARGAS: ¿ESTÁN PROTEGIDOS SUS HABITANTES DE UN NUEVO DESLAVE? 19 YEARS AFTER THE TRAGEDY OF VARGAS: ARE ITS INHABITANTS PROTECTED OF A NEW LANDSLIDE?
JOSÉ LUIS LÓPEZ Instituto de Mecánica de Fluidos-Facultad de Ingeniería Universidad Central de Venezuela lopezjoseluis7@gmail.com Ingeniero Civil, Universidad Central de Venezuela, 1971. Master of Science (M.Sc.) en Ingeniería Hidráulica, Colorado State University, 1976. Doctor of Philosophy (Ph.D.) en Hidráulica Fluvial, Colorado State University, 1978.
RESUMEN Las lluvias torrenciales de 1999 en el estado Vargas causaron el peor desastre de origen hidrometeorológico que haya ocurrido en Venezuela. Entre los años 2000 y 2008 las autoridades gubernamentales construyeron 62 presas de retención de sedimentos y canalizaron la mayoría de las quebradas en un extraordinario esfuerzo para proteger a sus habitantes de futuros deslaves. En este trabajo se intenta responder a la interrogante de si estas obras garantizan hoy en día una protección adecuada a sus habitantes. Para ello se hace una revisión crítica del estado en que se encuentran las obras y se examinan otras medidas implementadas de tipo no-estructural. Se concluye que la reocupación de zonas afectadas por los eventos de 1999 y 2005, los efectos potenciales del cambio climático que van a aumentar la intensidad y frecuencia de eventos extremos, y el deterioro y grado de sedimentación que presentan algunas de las obras sugieren que un nuevo desastre puede producirse en esa región. Descriptores Vargas; aludes torrenciales; desastre hidrometeorológico; obras de mitigación.
ABSTRACT The torrential rainfalls of 1999 in the state of Vargas caused the worst natural disaster in Venezuelan history. Between years 2000 and 2008 government authorities built 62 sediment control dams and channelized most of the streams, in an extraordinary effort to protect its inhabitants from future debris flows. In this paper an attempt is made to investigate if the control works guarantee at present an adequate protection to the population. Thus a critical review is made about the present stage of the control works and other non-structural measures that were implemented. It is concluded that the reoccupation of sectors affected by the 1999 and 2005 floods, the potential effects of global warming and climate change that predict an increase of the frequency and intensity of the extreme events, and the deterioration and degree of sedimentation of the control works, suggest that a new disaster could be triggered in the region. Descriptors: Vargas, debris flows, disaster, mitigation works.
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TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN Vol. 28-II I pp. 0X-XX I Recibido XX/XX/XX I Aceptado XX/XX/XX
Las lluvias torrenciales ocurridas en Venezuela en diciembre de 1999 generaron masivos deslizamientos, inundaciones y aludes torrenciales, produciendo en la región norte-costera donde se ubica el estado Vargas el peor desastre de origen hidrometeorológico que haya ocurrido en nuestro país (López, 2006; López, 2010). A partir del año 2000, las autoridades gubernamentales iniciaron un programa masivo de instrumentación de medidas estructurales y no estructurales para proteger a los habitantes de Vargas de futuros deslaves. En el campo de la mitigación de tipo estructural fueron canalizadas 18 quebradas y construidas 62 presas de retención de sedimentos distribuidas en 24 cuencas. No se conocen antecedentes en América Latina de un esfuerzo de tal envergadura en el campo de la prevención y mitigación de riesgos de origen hidrometeorológico. En este trabajo, a 18 años de ocurrida la tragedia, se realiza una revisión crítica del estado actual de las medidas implementadas en el estado Vargas, tratando de responder a la interrogante
sobre si sus habitantes están protegidos o no en caso de ocurrencia de un nuevo deslave o alud torrencial en dicha región.
ANTECEDENTES La región norte-costera de Venezuela, donde se localiza el estado Vargas, se encuentra adyacente al Mar Caribe y está compuesta por una región montañosa (Macizo Ávila en la Serranía del Litoral) que se extiende paralela a la línea del mar alcanzando alturas máximas cercanas a los 2.800 m (figura 1). Entre la montaña y el mar, en una franja estrecha de tierra cuyo ancho varía entre 200 y 2.000 m han tenido lugar desarrollos urbanísticos y recreacionales que conforman el estado Vargas con una población cercana a 300.000 personas. Aproximadamente 24 cuencas, con áreas entre 5 y 40 km2 y altas pendientes en los tramos superiores, con promedios de 30% (13,5º) y máximos de 50% (22,5°), generaron deslaves masivos y aludes torrenciales en
Figura 1. Imagen satelital del Macizo Ávila y la región norte-costera de Venezuela mostrando las cuencas principales afectadas por los deslaves en el estado Vargas
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A 19 AÑOS DE LA TRAGEDIA DE VARGAS: ¿ESTÁN PROTEGIDOS SUS HABITANTES DE UN NUEVO DESLAVE?
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el macizo Ávila. La figura 2 muestra los deslaves producidos en las laderas de una de estas cuencas, la cuenca del río Naiguatá, los días 15 y 16 de diciembre de 1999, los cuales se transformaron en aludes torrenciales que colmataron de sedimentos los cauces aguas abajo. La
zona de afectación se extendió a lo largo de 50 km entre Los Caracas y Catia La Mar (figura 3). Barrios y urbanizaciones enteras fueron barridos por las avalanchas de los flujos de barros, rocas y escombros que descendieron de la montaña (figura 4).
Figura 2. Vistas aéreas de las cicatrices en la montaña que evidencian los deslizamientos y deslaves producidos en las laderas de la cuenca del río Naiguatá en diciembre de 1999, los cuales dieron origen a los aludes torrenciales que se desplazaron en los cauces aguas abajo causando enorme destrucción en los asentamientos urbanos.
Figura 3. Mapa de ubicación de las cuencas en el estado Vargas. Los símbolos rojos indican las presas construidas para el control de sedimentos
Fuente: López, 2010. Figura 4. Daños producidos por erosión del flujo en Carmen de Uria (izquierda) y por impacto de peñones en Los Corales (derecha).
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A 19 años de la tragedia de Vargas: ¿están protegidos sus habitantes de un nuevo deslave?
POR QUÉ OCURRE EL DESASTRE A pesar de los antecedentes previos que indicaban que el estado Vargas era una zona de alto riesgo, sujeta a frecuentes inundaciones –tales como las de 1798, 1912, 1938, 1944, 1948, 1951 y 1954– la población no estaba preparada para afrontar esa nueva escalada de la naturaleza, y menos aún de la magnitud del evento de 1999. Por una parte, se permitió la construcción anárquica de viviendas en las cercanías de los cauces, en los cañones o gargantas de los torrentes y en las laderas de cerros inestables; por la otra, no se tomaron las medidas más elementales de mitigación del riesgo, tales como la construcción de obras hidráulicas para el control de los aludes torrenciales, o la instalación de sistemas de alerta temprana complementados con planes de contingencia. La situación existente se ilustra claramente en la figura 5, donde se presenta una comparación de fotografías aéreas de diferentes años en la Urbanización Tanaguarena, indicando como se desarrolló el proceso de construcción del riesgo. Puede observarse que los deslaves que se produjeron en 1951 inundaron de sedimentos casi las mismas zonas que los de 1999. Sin embargo, estas áreas (garganta y abanico aluvial) fueron ocupadas y urbanizadas sin tomar ninguna medida de prevención. El evento de 1951 era desconocido por quienes poblaron a riesgo de sus propias vidas la garganta del río Cerro Grande y su abanico aluvial (figura 5).
Figura 5. Fotografías aéreas del Río Cerro Grande y la Urbanización Tanaguarena antes y después del desastre de Vargas: 1951 (izquierda), 1998 (centro) y 1999 (derecha).
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En la estación pluviométrica de Maiquetía, a 43 msnm, los registros mostraron una lluvia cercana a 300 mm entre el 1º y el 13 de diciembre, continuando con 911 mm durante los días 14, 15 y 16, hasta totalizar 1207 mm para el 18 de diciembre. El periodo de retorno para las lluvias de 1 y 3 días (410 y 911 mm) en Maiquetía, fue estimado entre 500 y 1.000 años (González y Córdova, 2003). Los volúmenes de sedimentos depositados en los abanicos aluviales fueron calculados en el orden de 20 millones de metros cúbicos y la extensión superficial de las tierras ganadas al mar se estimó en 150 hectáreas (López y Pérez, 2010). Unas 260.000 personas, aproximadamente 85% de los habitantes de Vargas, fueron afectadas por los deslaves. Los daños materiales superaron los cuatro mil millones de dólares (Genatios y La Fuente, 2006). Sin embargo, el número de personas muertas nunca fue cuantificado con precisión. El estudio de CAF-PNUD (2000) reporta entre 15.000 y 50.000 víctimas, y un trabajo reciente de investigación estima en un número no mayor a 800 personas el total de víctimas (entre fallecidos y desaparecidos) de los deslaves de 1999 en Vargas (Altez, 2010). Detalles sobre el evento de 1999 se encuentran descritos exhaustivamente en las referencias CAF-PNUD (2000), López y García (2006), y López (2010). Observaciones geológicas demuestran que los deslaves y los aludes torrenciales se han producido en esta región desde hace decenas de miles de años (Urbani, 2010; Singer, 2010).
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN ADOPTADAS: EL ENFOQUE HOLÍSTICO Después del desastre, las autoridades gubernamentales solicitaron el apoyo de la academia, en particular de investigadores del Instituto de Mecánica de Fluidos de la UCV, a los fines de recomendar medidas para la prevención y mitigación de futuros eventos torrenciales. Se planteó un enfoque integral para la mitigación del riesgo de aludes torrenciales en donde se incorporan medidas estructurales y no-estructurales, las cuales apuntan a reducir la amenaza y la vulnerabilidad (López y Courtel, 2010). Las medidas estructurales fueron aplicadas mayormente en las partes medias y bajas de las cuencas afectadas, dado que las partes altas pertenecen al Parque Nacional El Ávila (Waraira Repano) donde, en términos generales, hay muy poca intervención. Estas consistieron en presas de control de sedimentos construidas en las gargantas de las quebradas y canalizaciones en los abanicos aluviales, tendiendo a suprimir las consecuencias de los aludes. Las medidas no-estructurales apuntan a reducir la vulnerabilidad mediante
el establecimiento de regulaciones para el uso de la tierra, redes de monitoreo hidrometeorológico, sistemas de alerta temprana, planes de contingencia, fortalecimiento de las capacidades institucionales y la recomendación de mejorar la educación y preparación de la población. Mapas de amenaza fueron elaborados utilizando modelos de simulación (FLO-2D) para demarcar las áreas y extensión de los flujos torrenciales a los fines de elaborar planes de regulación. La figura 6 muestra el enfoque holístico propuesto el cual utiliza estrategias combinadas para la mitigación de los aludes torrenciales.
LAS OBRAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS EN EL ESTADO VARGAS En el año 2000 se inicia un programa masivo de diseño y proyecto –a nivel de ingeniería de detalle– de presas de retención de sedimentos y canalizaciones en la mayoría de las quebradas afectadas por los deslaves. Los proyectos y planes fueron coordinados por la Autoridad Única de Área para el Estado Vargas (AUAEV)
Figura 6. Estrategias combinadas (enfoque holístico) para la mitigación de inundaciones por aludes torrenciales Fuente: López y Courtel, 2010. MEDIDAS ESTRUCTURALES ACCIONES PREVIAS
Prevención y mitigación de aludes torrenciales
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• Establecimiento de una red de monitoreo de variables hidrometeorológicas • Determinación de hidrogramas de crecientes de agua y sedimentos en los cauces • Determinación de producción anual ordinaria y extraordinaria de sedimentos en las cuencas • Elaboración mapas de amenaza • Análisis de vulnerabilidad • Elaboración mapas de riesgo
• Obras y medidas para control de erosión en cárcavas, laderas y pendientes • Obras de estabilización de cauces • Obras de retención e intercepción de sedimentos • Obras de conducción de flujos • Acondicionamiento de edificaciones
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES • Ordenación del territorio • Regulación del uso de la tierra • Sistemas de alerta temprana • Preparación de planes de contingencia • Plan de seguros • Preparación y concientización de la población • Fortalecimiento institucional
y la construcción de las obras estuvo a cargo de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS). La construcción de las obras se inició el año 2001 y para el año 2008 ya se habían construido 62 presas distribuidas entre 25 cuencas y se habían canalizado 18 quebradas. Básicamente 36 de las presas son del tipo cerradas y 26 son presas abiertas. Las presas cerradas son estructuras que no presentan aberturas en el cuerpo de la misma por lo que interceptan y retienen todo el material arrastrado por el flujo, excepto los sedimentos más finos en suspensión (limos y arenas) que pasan por la cresta del vertedero. Las presas abiertas son estructuras que disponen de aberturas en el cuerpo del dique, ya sea en la forma de ventanas o de ranuras, para
interceptar solamente los sedimentos más gruesos (peñones y cantos rodados) y restos vegetales, permitiendo el paso de los sedimentos más finos (gravas y arenas). De acuerdo al tipo de material, 14 de las presas son de concreto, tres son de elementos tubulares de acero, dos son barreras flexibles construidas con redes de anillos de acero, y el resto (43) han sido construidas con gaviones. La altura de las presas varía entre un mínimo de 2 m y un máximo de 11 m (López, 2011). La figura 3, en páginas precedentes, muestra la ubicación aproximada de la presas en el estado Vargas y el cuadro 1 presenta sus principales características. Las fotografías de la figura 7 ilustran algunos ejemplos de las presas construidas en el estado Vargas para control de los aludes torrenciales.
Cuadro 1. Características principales de las presas construidas para control de aludes torrenciales en las quebradas del estado Vargas Cauce Tacagua El Piache Mamo La Zorra Las Pailas
Números de Presas 3 1 2 1 4
Curucutí Piedra Azul Dos Comadres Osorio Cariaco Germán Guanape Alcantarilla San José de Galipán El Cojo Camurí Chico San Julián Quebrada Seca Cerro Grande El Tigrillo Naiguatá Camurí Grande Migueleno Anare Care Total
4 3 2 4 2 2 1 7 2 2 1 3 4 2 2 1 3 3 2 1 62
Cerradas Abiertas 1 1 2 1 1
2 0 0 0 3
3 2 0 2 0 0 0 7 1 1 0 0 4 2 2 0 2 2 2 0 36
1 1 2 2 2 2 1 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 1 26
Tipo de material Acero (2), Gavión (1) Gavión (1) Gavión (2) Gavión (1) Gavión (1), Concreto ciclópeo (2), Tubular Acero (1) Gavión (3), Concreto ciclópeo (1) Gavión (3) Gavión (2) Gavión (2), Malla (2) Concreto armado (2) Concreto armado (2) Concreto armado (1) Gavión (7) Gavión (1), Concreto armado (1) Gavión (2) Gavión (1) Concreto armado (3) Gavión (4) Gavión (2) Gavión (2) Concreto ciclópeo (1) Gavión (3) Gavión (3) Gavión (2) Concreto ciclópeo (1) Gavión (43), Concreto (14), Acero (3), Malla (2)
Fuente: López et al., 2010.
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Figura 7. Fotografías de diferentes tipos de presas abiertas construidas en Vargas: a) presa ranurada, tipo rastrillo, de gaviones en quebrada Piedra Azul; b) presa de gaviones con ventanas en río Camurí Chico; c) presa tipo rastrillo de concreto armado en quebrada Guanape; d) presa tipo rastrillo de concreto armado en río San Julián; e) presa tipo enrejado de concreto armado en la quebrada San José de Galipán; y f) presa ranurada de concreto ciclópeo en la quebrada Curucutí. g) presa cerrada de gaviones en la quebrada San José de Galipán; h) presa cerrada (dique y contradique) de gaviones en la quebrada Alcantarilla; i) presa cerrada de gaviones, provista de barbacanas, en quebrada Seca; j) presa cerrada de gaviones, provista de barbacanas, en quebrada Camurí Grande; k) presa abierta del tipo rastrillo, con elementos tubulares de acero en la quebrada Tacagua; y l) presa tipo barrera flexible (Geobrugg) en quebrada Osorio.
Fuente: López y Courtel, 2012. 2017 33 - I TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 40
Como parte de las medidas estructurales de mitigación, se han construido también canalizaciones, en concreto y en gaviones, para conducir los flujos a través de los abanicos aluviales hasta su descarga en el Mar Caribe. La figura 8 muestra el sistema combinado de presas y canalización que se construyó en el río San Julián, típico de los sistemas implementados en las cuencas de Vargas. Usualmente la canalización se inicia con una obra de transición desde la primera presa aguas arriba hasta empatar con el canal,
el cual se continúa aguas abajo hasta finalizar en el sitio de descarga al mar (ver obra de transición en foto inferior de figura 8). El estado Vargas ha sido un laboratorio de campo donde, debido a la construcción de diferentes tipos de presas cerradas y abiertas, de variados tamaños y materiales, se ha podido monitorear, evaluar y comparar el comportamiento de las obras en el tiempo, y su respuesta ante eventos torrenciales ocurridos con posteridad (López et al., 2010).
Figura 8. Vista aérea de las obras de control en el río San Julián, mostrando: a) el canal de fondo móvil protegido con traviesas para control de erosión y con recubrimiento de concreto en las márgenes; y b) tres presas abiertas para retención de sedimentos. Fotos izquierda e inferior miran hacia aguas abajo. Foto derecha mira hacia aguas arriba (López y Courtel, 2012).
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CÓMO SE HAN COMPORTADO LAS OBRAS
Sedimentación acelerada de las presas La primera presa que se construyó en el estado Vargas después de la tragedia de 1999 fue la de Guanape, una presa ranurada de concreto armado de 4,5 m de altura, la cual se terminó de construir en mayo de 2001 (figura 9). A pesar de ser una presa abierta, una tormenta de menor cuantía ocurrida el 3 de diciembre de 2001 (47 mm de lluvia en 2 horas con un periodo de retorno estimado de 2,5 años) la llenó completamente de sedimentos debido a la obstrucción producida por los arrastres vegetales y troncos de árboles (figura 9). Sin embargo los flujos extraordinarios que ocurrieron del 7 al 10 de febrero de 2005, generados por una lluvia acumulada de 432 mm en 4 días (medida en la estación cercana de Macuto), erosionaron y
removieron una buena parte de los sedimentos y restos vegetales atrapados en la presa. Estos pasaron a través de las ranuras y se acumularon entre el dique y el contradique, elevando el lecho del cauce del tramo aguas abajo en unos 3 m aproximadamente (figura 10). Este episodio mostró la capacidad de auto-limpieza de la presa, capaz de remover los sedimentos atrapados. La sedimentación acelerada que han sufrido las presas de Vargas se manifiesta claramente en la presa cerrada de Macuto, de 7 m de altura, en la quebrada San José de Galipán. La figura 10 muestra diferentes perfiles longitudinales del lecho durante el proceso de sedimentación de la presa. La construcción de la presa fue culminada en marzo de 2003 y para noviembre de 2004 estaba casi totalmente llena de sedimentos a pesar de no haber ocurrido crecientes extraordinarias en ese periodo. El rápido proceso de sedimentación, que se ilustra con fotografías en la figura 11, se asocia a
Figura 9. Presa abierta ranurada en la quebrada Guanape: a) vista frontal desde aguas abajo después de finalizada la construcción en mayo 2001; b) después de la creciente de Diciembre 2001; c) vista desde aguas arriba del vaso sedimentado en diciembre 2001; y d) vista desde aguas abajo después de la creciente de febrero 2005, mostrando la capacidad de auto-limpieza de la presa capaz de remover los sedimentos atrapados.
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la ausencia de ventanas o aberturas en el cuerpo de la presa que permitieran el paso de los materiales más finos con los flujos normales de agua y sedimentos y las crecientes anuales. De las 62 presas construidas se ha determinado que, al presente, aproximadamente 60% están totalmente sedimentadas. Todas las pre-
sas cerradas (14 en total) construidas entre los años 2002 y 2004 se sedimentaron, la mayoría de ellas debido a la creciente extraordinaria de febrero de 2005. Pero otras se sedimentaron antes de esa fecha, sin que hubiesen ocurrido crecientes significativas, tal como es el caso de las presas de Guanape y Macuto.
Figura 10. Cambios en el tiempo en los perfiles longitudinales del lecho de la quebrada San José de Galipán en el tramo inmediato aguas arriba de la presa Macuto, mostrando la rápida sedimentación de las presas de Vargas.
Figura 11. Acumulación progresiva de sedimentos aguas arriba de la presa de Macuto en la quebrada San José de Galipán: a) recién construida en marzo 2003; b) enero 2004; c) enero 2005; y d) febrero 2005.
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Impacto de las lluvias de febrero de 2005 Las lluvias torrenciales extraordinarias que ocurrieron nuevamente en Vargas entre el 7 y el 10 de febrero de 2005 ofrecieron la oportunidad de someter a prueba a las 21 presas que habían sido construidas para ese momento en las quebradas de Vargas (López et al., 2010). Las lluvias acumularon en promedio un total cercano a 420 mm en 4 días de precipitaciones, estimándose en 100 años su periodo de retorno. Dos presas cerradas de gaviones construidas en la quebrada Anare fueron destruidas por las crecientes, debido a un mal empotramiento en su margen izquierda. Otras presas, por erosión o abrasión del flujo, sufrieron daños menores que no pusieron en peligro la estabilidad de las obras. En general, el funcionamiento hidráulico de las presas abiertas –ya sea de gaviones o de concreto– fue satisfactorio, cumpliendo la función de dosificar el transporte de sedimentos y retener las fracciones más gruesas. De las 21 presas existentes para ese momento, 11 de ellas presentaban un grado total de colmatación después del evento del año 2005. El caso particular de Maiquetía muestra la importancia y la efectividad de las obras de retención. La figura 12 presenta una vista sate-
lital del área de Maiquetía y de las quebradas Piedra Azul y Curucutí, donde se construyeron en los años 2002 y 2003 siete presas de retención: cuatro en Curucutí y tres en Piedra Azul. Las fotografías de la figura 13 muestran la sedimentación casi total de algunas de las presas en estas quebradas después de los aludes de 2005. Con base a observaciones de campo y levantamientos topográficos, se pudo inferir que aproximadamente 100.000 m3 de sedimentos fueron retenidos en las siete presas durante la creciente de 2005, impedidos de alcanzar la zona urbana de Maiquetía, contribuyendo así a proteger los bienes y la población aledaña asentada en dicha población. Impacto de las lluvias de noviembre de 2010 Entre el 21 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2010, fuertes y persistentes lluvias azotaron una gran parte del territorio nacional produciendo derrumbes, deslizamientos, crecidas y desbordes de numerosos ríos, incluyendo las quebradas de Vargas donde se reportaron crecientes torrenciales con grandes arrastres de material sedimentario. El caso de Camurí Grande es digno de mención. Esta población fue azo-
Figura 12. Vista satelital (Google Earth) mostrando la población de Maiquetía y las quebradas Piedra Azul y Curucutí después de la tormenta de febrero de 2005. Las 7 presas construidas entre los años 2002 y 2003 retuvieron la mayor parte de la carga sólida de los deslaves de febrero del 2005 y ayudaron a proteger a la población aguas abajo.
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tada por los aludes torrenciales de 1999 y 2005 que destruyeron numerosas viviendas. En ambos eventos, los flujos se desbordaron debido a la sedimentación del cauce del río Camurí Grande, lo cual fue ayudado por la obstrucción del puente, inundando de agua y sedimentos las viviendas aledañas (figura 14). Durante los años 2006 y 2007 fueron construidas tres presas sobre el río Camurí Grande y tres sobre el río Migueleno, su principal afluente (figura 15). Observaciones
de campo hechas en mayo de 2011 determinaron que 5 de las presas estaban totalmente colmatadas y la otra presentaba un 60% de sedimentación (figura 15). Los levantamientos topográficos efectuados permitieron establecer que las 6 presas retuvieron un volumen de 160.000 m3 de sedimentos transportados por la creciente del 2010, impidiendo que llegaran a las zonas urbanas de Camurí Grande, con lo cual salvaron a la población de otra inundación.
Figura 13. Arriba: vista de los vasos sedimentados de las presas Nº 1 (izq.) y Nº 2 (der.) por los aludes de 2005 en quebrada Piedra Azul. Abajo: vista frontal de Presa Nº 2 (izq.) y de su vaso totalmente sedimentado (der.) en la quebrada Curucutí.
Figura 14. Efecto de las lluvias de febrero 2005 en la zona de Camurí Grande cuando no se habían construido las obras de protección. Observe la obstrucción y colmatación del puente por arrastres vegetales y sedimentos (izquierda) y daños en viviendas aledañas (derecha).
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Figura 15. Presas de retención de sedimentos y canalización construida en los ríos Camurí Grande y Migueleno, entre los años 2006 y 2007, para proteger a la población de Camurí. Observe el grado de sedimentación total de las presas después de la creciente de finales de 2010 (fotos tomadas en 2011).
Procesos de erosión aguas abajo de las presas
Procesos de sedimentación en las canalizaciones
La retención total de los sedimentos en las presas cerradas ha originado en algunos casos procesos erosivos en los tramos aguas abajo debido al efecto de flujos de aguas claras pasando sobre el vertedero, hambrientos de sedimentos al ser retenida su carga sólida aguas arriba. Un ejemplo de estos procesos de degradación del lecho se presenta en la figura 16 aguas abajo de la Presa # 2 construida el año 2004 en la quebrada Piedra Azul. Los levantamientos topográficos del lecho efectuados antes y después (año 2007) de la construcción de la presa muestran un descenso del lecho cercano a 3 m al pie de la estructura, lo cual se corrobora con las fotografías anexas. Otro ejemplo de descenso del lecho aguas abajo de una presa, causado por efectos de las aguas claras que escurren durante procesos de sedimentación, se muestra en la figura 17 para el caso de la presa abierta del tipo de ventana, construida en la quebrada Camurí Chico. La degradación general del lecho fue medida al pie de la presa en 3 m, poniendo en peligro la estabilidad de la estructura de retención.
Algunas de las canalizaciones han sido colonizadas por la vegetación, la cual actúa aumentando la resistencia y por ende las profundidades del flujo, induciendo a la deposición del material sedimentario arrastrado por las crecientes anuales (figura 18). La sedimentación contribuye a la reducción de la sección de flujo y su consecuente disminución de la capacidad de conducción del canal. Un problema adicional es que la vegetación dificulta inspeccionar el estado en que se encuentra el fondo y taludes de la canalización. En un informe elaborado por Protección Civil de la Alcaldía del Municipio Vargas el año 2014, donde se presentan los resultados de una inspección y evaluación de las obras de control de mitigación de riesgo en las cuencas, se establece que la sedimentación e invasión de vegetación en las obras es una constante en buena parte de las canalizaciones (Protección Civil Vargas, 2014). Sin embargo, algunos esfuerzos recientes se han hecho para mitigar esta problemática, tal como el desmalezamiento y remoción de sedimentos que se efectuó el año 2016 en un tramo de unos 300 m de la canalización del río San Julián, entre la desembocadura y los puentes de las avenidas La Costanera y La Playa (figuras 18a y 18b) (Gómez, 2016).
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Figura 16. Fotografía del vaso totalmente sedimentado de la Presa Nº 2 (izquierda) y erosión general del lecho al pie de la presa aguas abajo (derecha), estimada en 3 m, debido al flujo de aguas claras durante la creciente de febrero del 2005 (Fotos 2011).
Figura 17. Vista frontal de la presa abierta de ventanas construida en gaviones en Camurí Chico. Foto (izq.) recién construida. Foto (der) tomada en 2011 muestra erosión de 3 m. por degradación general del lecho causada por los flujos de aguas claras en la creciente de diciembre de 2010.
Figura 18a. Vista (izq.) de la canalización del río San Julián en Los Corales mostrando el grado de colonización por la vegetación, induciendo a la sedimentación (foto 2014) y vista (der.) después de la remoción del material en un tramo cercano a 300 m de longitud, 15 m de ancho y 2 m de profundidad (foto 2016 de Mariela Gómez).
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Figura 18b. Izq.: la luz del puente era de tan solo 2 m debido a la sedimentación, cuando la profundidad del canal es de 4 m. Der.: trabajo de maquinarias removiendo la terraza sedimentaria de 2 m de espesor debajo del puente (Fotos de Mariela Gómez, 2016).
Deterioro de la infraestructura hidráulica A continuación se mencionan algunos casos donde se han observado daños y deterioro de la infraestructura de presas y canalizaciones producidos por deslizamientos de laderas inestables, abrasión del flujo y procesos de de erosión regresiva. Daños por deslizamientos en presa del río Camuri Grande La presa Nº 3 en el río Camurí Grande es una presa cerrada de gaviones de 4 m de altura y 50 m de ancho. Movimientos en masa que se produjeron con las lluvias de diciembre 2010 causaron el desprendimiento de grandes bloques de roca de la ladera derecha que dañaron una porción significativa del cuerpo principal de la presa (dique y contradique), removiendo completamente 4 filas superiores de gaviones (ver foto izquierda en figura 19). Observacio-
nes hechas en octubre de 2017 indican que la brecha se amplió y se extendió hasta llegar al fondo del cauce, habiendo sido removidos por los flujos las dos filas restantes de la base de gaviones que permanecían en pie. Sin embargo, esto tuvo un efecto positivo: limpiar de sedimentos el tramo aguas arriba de la presa. La presa se encontraba totalmente sedimentada para mayo de 2011. Los flujos posteriores a la apertura de la brecha produjeron la erosión del material sedimentario acumulado en el vaso, mediante un efecto de erosión regresiva. Se estima que el 50% de los sedimentos han sido removidos del vaso de la presa y esta ha recuperado una parte importante de su capacidad de retención. Pero la brecha, con la venida de otras crecientes, puede expandirse también lateralmente y terminar de destruir el dique principal, por lo que es necesario acometer las labores de mantenimiento y reparación a la mayor brevedad.
Figura 19. Daños por impacto de bloques producto de derrumbes en el talud derecho de la presa Nº 3 del río Camurí Grande. Foto izquierda mirando la brecha desde aguas abajo hacia aguas arriba (11/05/2011). Foto derecha, recién construida la presa en mayo 2008.
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Destrucción de la presa de Quebrada Seca Quebrada Seca atraviesa una zona de alta concentración urbana en Caraballeda, la cual ha sido inundada por los deslaves de 1999 y 2005. El año 2007 se construyó la canalización de la quebrada, tres diques o presas pequeñas de aproximadamente 3 m de altura y una presa cerrada de gaviones de 8 m de altura (figura 20). Según información suministrada por habitantes de la zona, la presa fue dañada por las lluvias de noviembre de 2010 y se derrumba por completo en el año 2013 (ver fotos en figura 21). Uno de los diques fue destruido (Protección Civil, 2014) y los otros dos están totalmente sedimentados (Bello, 2014). Fallas en contradiques En algunas presas se han observado fallas en los contradiques causadas por socavación al pie de las estructuras, tal es el caso de las dos presas de gaviones construidas en el río Cerro
Figura 20. Presa de gaviones de 8 m de altura construida en Quebrada Seca el año 2007.
Grande y una presa en el río Migueleno. Se recomienda colocar los peñones más grandes que se encuentren en el tramo, mayores de 1 m, justo aguas abajo del contradique para controlar la socavación. La función del contradique es servirle de protección al dique principal de la presa, por lo que se hace necesario reparar los tramos de gaviones que han sido dañados y colocarles su enrocado de protección aguas abajo (figura 22) (fotos tomadas en septiembre 2011). Daños en la canalización de los ríos Camurí Grande y Migueleno La canalización de ambos cauces consiste en un canal de fondo móvil con taludes recubiertos de roca cementada que se extiende aguas abajo de la confluencia hasta alcanzar el puente de la carretera costanera (ver más arriba figura 15). La canalización está provista de un conjunto de traviesas para control de erosión del lecho, separadas aproximadamente cada 40 m y construidas también en roca cementada.
Figura 21. Restos de la presa de gaviones en Quebrada Seca destruida por las lluvias del 2010 y 2013 (foto tomada en marzo, 2016).
Figura 22. Fallas en contradiques de Presa Nº 2 en Río Migueleno (foto izquierda, mirando desde aguas arriba) y en Presa Nº 1 en río Cerro Grande (derecha, mirando desde aguas abajo) (2011).
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Las fotos de la figura 23 muestran la fractura de algunas de las losas de los muros laterales al inicio de la canalización de río Migueleno, donde la estructura de transición presenta indicios de estar siendo socavada al pie del canal, lo cual ha sido posiblemente la causa de la fractura de los taludes recubiertos de roca cementada. La infiltración del agua por las grietas durante las crecientes pudo haber contribuido también a lavar el material de relleno y al levantamiento de las losas por sub-presiones. De ocurrir el colapso total del recubrimiento en este sector los tramos de losas pudieran ser arrastrados por las crecientes y obstruir el cauce aguas abajo, incrementando los riesgos de desbordamiento del flujo. El peligro más grande es que al fallar las losas de protección se puede erosionar el material granular subyacente y provocar la falla del talud, lo cual permitiría a los flujos de crecientes desbordarse por la margen derecha hacia los bloques del INAVI.
Se observaron también problemas de erosión al pie de algunas de las traviesas, que en realidad son diques de muy pequeña altura, ubicadas en el río Camurí en el tramo aguas abajo de la confluencia, cuya socavación pudiera poner en peligro la estabilidad de los muros laterales de la canalización (figura 24). Se infiere la necesidad de construir pequeños contradiques, aguas abajo de los diques para darles protección a estos. Daños en la canalización del río Naiguatá Desde el puente de la avenida Costanera, a la entrada de la población de Naiguatá, se observan daños en las losas de concreto del fondo de la canalización. La comparación de las fotos de la figura 25, tomadas en 2011 y 2017, respectivamente, muestran el progreso del deterioro y la ampliación de un camino de acceso que ha sido construido sobre el fondo del canal para darle paso a los camiones y maquinarias de una arenera que opera en la zona.
Figura 23. Vista de la falla en los taludes de la estructura de transición al inicio de la canalización del río Migueleno. Se observan losas fracturadas en peligro de desplomarse al río con el paso de las crecientes y socavación en el pie del muro de la canalización (2011).
Figura 24. Daños en traviesas de la canalización del río Camuri Grande por socavación aguas abajo.
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Figura 25. Daños en las losas de la canalización del río Naiguatá. Foto izquierda de mayo del 2011 y foto derecha de diciembre 2017.
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Las presas de Vargas fueron diseñadas para retener sedimentos y esa función la han cumplido a cabalidad ya que la mayoría de dichas presas están colmatadas de sedimentos. Pero eso también significa que han perdido una parte importante de su capacidad para interceptar y controlar futuros deslaves que puedan producirse en la región. Por ello es necesario instrumentar planes y acciones para remover los sedimentos acumulados aguas arriba de las presas y de esta forma restituir su capacidad de retención. Durante los últimos años se han otorgado permisos y se han creado empresas para la explotación con fines comerciales del material granular (grava y arena) en algunas de las quebradas de Vargas. Ese material está siendo utilizado para la construcción de la Misión Vivienda, ampliación del Puerto de La Guaira y para reparaciones de vialidad. Esta medida luce apropiada para extraer los sedimentos acumulados en las presas, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para no acrecentar los problemas de fragilidad ambiental de las cuencas. En este capítulo hacemos una breve revisión sobre las actividades de extracción que se han llevado a cabo en algunas de estas cuencas.
El caso del río Naiguatá En el año 2007 se construyeron las obras para proteger de los aludes torrenciales a la población de Naiguatá. Las obras consisten en una presa, ubicada a unos 1.000 m aguas arriba de la población de Naiguatá y una canalización de 1.600 m hasta la desembocadura al mar. La obra de retención es una presa abierta de concreto ciclópeo de 5 m de altura y 155 m de ancho, provista de nueve aberturas o ranuras de 1,20 m de ancho (figura 26). A corta distancia aguas arriba de la presa se encuentra el diquetoma de Hidrocapital, construido en el año 2000 para suministro de agua potable a la población. El año 2014 comienza a operar el Consorcio Minero Luso Vargas C.A. (Conluvar), empresa de capital mixto entre el Estado venezolano (Gobernación del estado Vargas) y la compañía Teixeira Duarte Engenharia e Construcoes, S.A. para el manejo de la extracción, aprovechamiento y comercialización de materiales no metálicos en el río Naiguatá. La comunidad de Naiguatá se queja de que se le está dañando uno de sus grandes patrimonios naturales, una de sus zonas de expansión, ya que el río era uno de los principales sitios para bañarse en sus pozos a la sombra de frondosos árboles, pero hoy en día es apenas un hilo de agua que baja por el canal aún en tiempos de lluvia.
Figura 26. Vista aérea de la presa abierta de concreto ciclópeo de 5 m de altura construida en el río Naiguatá. Foto tomada en 2008 recién construida la obra. Obsérvense las ranuras en el cuerpo de la presa y el contradique a unos 20 m del dique principal. El ancho del cauce en el sitio es de 155 m.
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Impacto de las areneras
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En visita efectuada el 07/06/16 se pudo constatar que las instalaciones del mencionado consorcio –oficinas, maquinarias y montículos donde se acumula el material granular extraído– habían sido ubicadas sobre el vaso de la presa (figura 27). A pesar de que es positivo el hecho de que se esté extrayendo el material sedimentario acumulado en el vaso, se considera inapropiado colocar las instalaciones de la arenera en el mismo sitio, ya que este es un espacio reservado para retener y almacenar sedimentos en caso de ocurrir una creciente extraordinaria. El caudal del río, aguas abajo de la presa, se observa muy pequeño y con aguas turbias cargadas de sedimentos (figura 28). Este sedimento proviene del proceso de lavado del material granular extraído de las riberas del río. A pesar de que la empresa tiene tres lagunas de sedimentación para reducir la carga sedimentaria, parecen ser insuficientes para impedir las altas concentraciones de sedimentos finos que se observan en el río aguas abajo y que causan las protestas de la comunidad.
El caso del río Camuri Grande Las actividades de extracción en la cuenca del río Camurí Grande las adelanta desde el año 2013 la empresa Minería Industrial y Agregados de Vargas (Minavargas), una empresa arenera y cantera socialista operada conjuntamente por la gobernación del estado Vargas y PDVSA. Las actividades se han centrado en el río Migueleno, principal afluente del río Camurí Grande, donde durante el periodo 2006-2007 se construyeron tres presas cerradas de gaviones para retención de sedimentos, con alturas entre 4 m y 5 m (ver más arriba figura 15), las cuales para el año 2011 ya estaban totalmente sedimentadas. Observaciones de campo indican que las actividades de extracción tienen lugar en los tramos ubicados entre las tres presas de gaviones. Aunque esta actividad es recomendable en los vasos de las presas para remover el material sedimentario y restituir su capacidad de almacenamiento, ella debe hacerse a una distancia
Figura 27. Foto tomada el año 2016 desde aguas abajo de presa Naiguatá, mostrando el vaso invadido por maquinarias, instalaciones y montículos de material granular clasificado del consorcio Conluvar.
Figura 28. Vista de labores de operación en la cantera (izquierda) y flujo con altas concentraciones de sedimentos en el cauce del río Naiguatá, justo aguas abajo de las instalaciones del consorcio Conluvar (derecha) (foto tomada en 2016).
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prudencial del dique y contradique que conforman el cuerpo de la presa. Sin embargo, se han observado actividades de extracción de material granular al pie de las presas (figuras 29 y 30). No deben extraerse ni removerse los peñones que se encuentran inmediatamente aguas abajo del contradique y entre este y el dique principal, ya que ellos conforman una camada de protección contra la erosión que garantizan la estabilidad de la estructura. Igualmente es conveniente dejar una franja sin explotar de al menos 3 m en la zona adyacente al talud aguas arriba de la presa. Deslizamientos en Caraballeda Un deslizamiento de grandes proporciones se generó o intensificó con las lluvias del año 2011 en el cerro San Julián en la parroquia de Caraballeda. El movimiento de masas se ubica en las laderas de la quebrada La Chara, a una elevación cercana a 800 m, y amenaza a
numerosas familias ubicadas aguas abajo en las comunidades de Santa Bárbara, Las Trillas, La Charita y La Miel (figuras 31 y 32). La quebrada La Chara es un afluente del río San Julián, donde fueron construidas tres grandes presas abiertas con aberturas de 3 m de ancho (ver más arriba figuras 7d y 8). La quebrada confluye con el río San Julián por su margen derecha en un sitio ubicado entre las presas 1 y 2. Grandes rocas y restos de vegetación han sido movilizados por el deslizamiento y se encuentran en situación inestable en el lecho de la quebrada. De producirse una lluvia extraordinaria pudiera generarse un alud torrencial que impactaría fuertemente a las comunidades aguas abajo. Dependiendo del volumen de sedimentos que movilice el alud, y del tipo y tamaño del material que arrastre (finos, gruesos, rocas, restos vegetales) este podría ser detenido parcialmente por la Presa Nº 1, pero los sedimentos más finos pasarían por las amplias aberturas de la estructura.
Figura 29. Extracción inadecuada de material sedimentario entre el dique y el contradique de presa en el río Migueleno (Sanabria, 2016), con lo cual se elimina la capa protectora del dique.
Figura 30. Río Migueleno. Situación ideal de rocas de protección en el lecho entre el dique y el contradique (foto izquierda: Sanabria, 2016) y saque inapropiado del material aguas arriba de la presa (foto derecha: Barreto, 2014).
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Figura 31. Deslizamiento reciente, intensificado a consecuencia de las lluvias del 2011, en la cuenca del río San Julián, quebrada La Chara, sector Caraballeda. Imagen Google Earth.
Figura 32. Fotos más cercanas del deslizamiento en las laderas de la quebrada La Chara, sector Caraballeda (fotos tomadas en 2011).
Tomando en cuenta que la canalización del río San Julián se encuentra colonizada fuertemente por la vegetación, su capacidad de conducción se encuentra reducida por lo que es de esperar que se produzca la deposición de los sedimentos arrastrados por el alud, aumentando el riesgo de desbordamiento de los flujos hacia la zona de Los Corales y Palmar Este. Reocupación de zonas afectadas por los deslaves Durante los últimos años se ha observado una intensificación de la reocupación de áreas que fueron afectadas por los deslaves de 1999 y 2005. Al principio fueron los propios habitantes
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de Vargas que sobrevivieron al desastre de 1999 y permanecieron en la zona, y otros foráneos que ocuparon ilegalmente edificios abandonados o construyeron nuevas viviendas. Posteriormente nuevas edificaciones han sido construidas por el gobierno –como parte del plan de Misión Vivienda– y por iniciativa privada. Estas ocupaciones han ocurrido muy cerca del cauce de los ríos, en los abanicos aluviales y en las gargantas de las quebradas, así como al pie de laderas de los cerros. No hay que olvidar que buena parte de la destrucción y los fallecidos como consecuencia de los eventos catastróficos de 1999 y 2005 se produjeron no solamente por las inundaciones de agua y sedimentos de los aludes torrenciales, sino también por los deslizamientos
de las laderas de los cerros aledaños. Para ilustrar esta problemática se presentan dos casos, relacionados con la construcción de viviendas al pie de laderas inestables y en las márgenes del curso de una quebrada. Desarrollos habitacionales al pie de laderas inestables en Camurí Chico Las imágenes de la figura 33 presentan el caso de unas edificaciones construidas sobre la margen izquierda del río Camurí Chico el año 2007, al pie de laderas inestables, donde se generaron deslizamientos y deslaves tanto el año 1999 como el año 2005. La foto izquierda muestra los deslaves en el momento de su ocurrencia en febrero de 2005 y la foto derecha muestra los desarrollos construidos el año 2007 al pie de dicha ladera. El desarrollo se localiza a unos 100 m de la canalización del río.
Desarrollos habitacionales en las márgenes de Quebrada Seca en Caraballeda Nuevos desarrollos habitacionales han sido construidos en Caraballeda, sobre el abanico aluvial y las márgenes de Quebrada Seca, muy cerca del cauce fluvial. La figura 34 presenta el mapa de amenaza elaborado para esta quebrada el año 2002 (IMF-UCV, 2002), cuando todavía no se habían construido las obras de protección (presas y canalización). Igualmente se presenta el mapa de amenaza elaborado para la condición existente en 2007 cuando se construyeron 4 presas de retención de sedimentos y la canalización de la quebrada (Bello, 2014). Los polígonos negros de la figura identifican los desarrollos construidos entre los años 2012 y 2016, el más cercano a unos 20 m de la orilla de la canalización.
Figura 33. Deslizamiento y deslaves en laderas de Camurí Chico en 2005 (izquierda) y desarrollo habitacional construido en 2007 al pie de la ladera (derecha) (fotos de Rogelio Altez).
Figura 34. Mapa de amenaza de Quebrada Seca en Caraballeda, mostrando los nuevos desarrollos habitacionales (polígonos negros). La condición existente el año 2000 (sin obras de control) se muestra a la izquierda y la condición con obras de control para el año 2007 se muestra a la derecha.
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El mapa de la derecha muestra que la amplia zona de amenaza alta (color rojo) y amenaza media (color naranja) del año 2000 se redujo considerablemente debido a la presencia de las obras de control, estando los nuevos desarrollos en zona segura. Sin embargo, actualmente las obras de control están prácticamente fuera de servicio. La presa principal de 8 m de altura fue destruida por las crecientes (ver más arriba figuras 20 y 21) y los tres pequeños diques están totalmente sedimentados. Adicionalmente, la canalización presenta también un alto grado de sedimentación que ha reducido apreciablemente su capacidad de conducción (figura 35). En consecuencia, la situación actual se parece a la condición del año 2000 (mostrada en el mapa de la izquierda de la figura 34) más que a la condición del año 2007 (mapa de la derecha).
Nuevas viviendas informales en márgenes de Quebrada Curucutí La construcción de nuevas viviendas informales muy cerca de los taludes de las quebradas, y en particular en su franja de seguridad, se pone en evidencia en el informe de Protección Civil de la Alcaldía de Vargas (2014). La inspección a la quebrada Curucutí evidenció que el muro de la canalización en el tramo medio-bajo se encuentra muy intervenido por la vegetación y escombros, causando daños puntuales al mismo. La cercanía de las viviendas en el área de seguridad trae consigo daños colaterales, problemas de salubridad y ocupación de desechos en el cauce (figura 36).
Figura 35. Vista de la canalización de Quebrada Seca: recién construida en 2007 (izquierda); colonizada por la vegetación y acumulación de sedimentos (derecha) y poca luz en el puente debido a sedimentación (abajo).
Figura 36. Construcción de viviendas informales y bote de desechos sólidos en la franja protectora de la canalización de la quebrada Curucutí en Maiquetía (Protección Civil Vargas, 2014).
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El Plan de Manejo y el Plan de Ordenamiento Territorial El año 2000 el área de desastre fue declarada como Área bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y se elaboró el Plan de Manejo para la Ordenación y Restauración Ambiental como instrumento para fijar los lineamientos, directrices y estrategias para la administración, uso y manejo de esta zona, lo que condujo finalmente en el año 2007 al Plan de Ordenamiento Territorial del Estado Vargas (POTEV) (Delgado y Gabaldón, 2010). En el plan de ordenamiento fueron establecidas dos zonas para el área de afectación. En la primera, se definió una franja de protección a ambas márgenes de los ríos y quebradas, con un ancho entre 15 y 30 m, a ser utilizadas para la construcción de corredores de servicios y mantenimiento de las obras de mitigación de riesgos. En la segunda franja, sectores de conos y valles retirados a más de 30 m de laderas, se permite la construcción de edificaciones, incluidas las residenciales, previa ejecución de las obras hidráulicas de control (presas y canal) proyectadas, acordes con los niveles de amenazas por inundaciones y flujos torrenciales que se hubiesen determinado.
SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA La extraordinaria tormenta de 1999 solo pudo ser medida por dos estaciones pluviométricas que estaban operativas en Vargas para ese momento (Maiquetía y Mamo). A partir de ese año se hizo un gran esfuerzo para recuperar la red hidrometeorológica de la región, en un programa conjunto entre la academia –en particular el Instituto de Mecánica de Fluidos y el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la UCV– y el Ministerio del Ambiente, con apoyo de recursos provenientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Embajada de Francia y la Unión Europea. Para el año 2007 se habían instalado y puesto en marcha 30 estaciones pluviométricas para medición de lluvia en tiempo real. Igualmente se diseñó e instaló un sistema de alerta temprana (SAT) para proteger a la población de Catia La Mar, cercana
a las 100.000 personas, contra la ocurrencia de aludes torrenciales e inundaciones. La sala técnica del SAT está funcionando desde el año 2008 en la Universidad Marítima del Caribe en Catia La Mar. El año 2008 se inauguró también el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) en el Parque Tecnológico Sartenejas y todas las estaciones pasaron a ser operadas y mantenidas por este organismo. Posteriormente, las lluvias torrenciales de noviembre 2010 y diciembre 2011, pusieron en evidencia las fallas en el control y mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas instaladas después de los deslaves en las cuencas de Vargas. Aproximadamente el 50% de ellas no estaban operativas para el momento de las lluvias y no reportaron información valiosa sobre la tormenta y los niveles de las crecientes, información fundamental para activar sistemas de alerta y planes de contingencia. Los principales problemas de las estaciones se asocian a vandalismo y falta de baterías. Actualmente, el INAMEH está haciendo un esfuerzo significativo para la recuperación de las estaciones en las cuencas de Vargas. Se han instalado nuevas estaciones que han sustituido a las anteriores y se estima que al presente hay 20 estaciones operativas. El inconveniente es que estas nuevas estaciones no transmiten en tiempo real, por lo que no están aptas para transmitir la información requerida por el sistema de alerta temprana instalado en Catia La Mar. El resultado es que el SAT no se encuentra operativo.
OTROS PROBLEMAS ASOCIADOS CON LA CALIDAD DEL AGUA Y LA CONTAMINACIÓN DE PLAYAS La escasez de agua potable para el consumo humano se ha hecho frecuente en el estado Vargas. Igualmente se han presentado problemas relacionados con la calidad de las aguas del acueducto, así como de contaminación de las playas y costas de Vargas como consecuencia de la descarga de aguas servidas provenientes de las poblaciones aledañas. Estos últimos dos aspectos se discuten brevemente en este capítulo.
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A 19 años de la tragedia de Vargas: ¿están protegidos sus habitantes de un nuevo deslave?
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José Luis López
Descarga de aguas servidas en Playa Pantaleta
Contaminación de aguas del acueducto en Camurí Grande
En muchos barrios las casas conectan sus efluentes de aguas servidas a los drenajes de agua de lluvia que descargan en los cauces y quebradas que desembocan en las playas. Con la construcción de más viviendas y sin inversión en sistemas de tratamiento esta situación tiende a empeorar. Este es el caso de Playa Pantaleta, muy conocida por los practicantes del surf en el estado Vargas. Una quebrada que es la receptora de las aguas servidas de una parte de la población de Camurí Grande descarga sus aguas altamente contaminadas en el mar (figura 37). Dada la dirección de la corriente litoral, que se desplaza en dirección hacia el oeste, los flujos y su carga poluente son dispersados hacia la playa que es utilizada diariamente por numerosas personas (figura 38).
El cuadro 2 presenta los resultados de un estudio reciente de calidad de aguas realizado por el Laboratorio de Microbiología Acuática de la Universidad Simón Bolívar en diferentes sitios de Camurí Grande (Barreto, 2014). Los resultados muestran presencia de coliformes totales y fecales en el agua potable de Hidrocapital (muestra 2) y en varias muestras de agua en sitios del núcleo de la USB (muestras 4 a 8). Este agua proviene de la planta de tratamiento de Hidrocapital, lo que indica que no se están cumpliendo adecuadamente los tratamientos requeridos (cloración). La presencia de coliformes fecales en el agua indica contaminación fecal reciente, ya que estas bacterias no sobreviven fuera del intestino de los mamíferos más de 24 horas en el agua y no más de 3 días en el suelo. Por lo
Figura 37. Descarga de aguas servidas en playa de Vargas (foto izquierda: Diario El Universal) y en canalización quebrada Germán, La Guaira (derecha) (Protección Civil Vargas, 2014).
Figura 38. Vista satelital de la descarga de la quebrada de aguas servidas en las inmediaciones de Playa Pantaleta en Camurí Grande.
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A 19 años de la tragedia de Vargas: ¿están protegidos sus habitantes de un nuevo deslave?
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Previo al evento de 1999, a pesar de la historia de eventos torrenciales extraordinarios y frecuentes que habían ocurrido en la región, solamente se habían construido tres (3) presas de control de sedimentos localizadas en las quebradas Curucutí, Las Pailas y Carmen de Uria. Es indudable entonces que la construcción de 62 presas de retención de sedimentos y la canalización de la mayor parte de las quebradas de Vargas –así algunas obras estén incompletas o presenten fallas– constituyen una situación muy diferente a la situación de alta vulnerabilidad existente en 1999. La importancia de estas obras se puso en evidencia al contener los flujos torrenciales que se produjeron en febrero 2005 y en noviembre
2010. Los casos específicos de las quebradas Curucutí y Piedra Azul, donde 6 presas retuvieron un estimado de 100.000 m3 de sedimentos el año 2005, y de las quebradas Camurí Grande y Migueleno donde 6 presas retuvieron 160.000 m3 el año 2010, demostraron la efectividad de estas obras, las cuales salvaron a las poblaciones de Maiquetía y Camurí de un nuevo desastre. Uno de los problemas actuales se relaciona con la pérdida de la capacidad de retención de la mayoría de las presas al haberse colmatado de sedimentos. Se estima que 60% de las presas se encuentran totalmente sedimentadas. Eso significa que han perdido una parte importante de su capacidad para interceptar y controlar futuros deslaves que puedan producirse en la región. Adicionalmente, muchas de las canalizaciones se encuentran invadidas por la vegetación y sedimentadas parcialmente, por lo que se ha reducido de manera significativa su área de flujo y su capacidad de conducción, además de que se hace muy difícil inspeccionar adecuadamente las obras para conocer el estado estructural en que se encuentran. Estos
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tanto, debe existir una descarga constante de aguas residuales (con heces fecales) en el río, aguas arriba de la toma de Hidrocapital.
Cuadro 2. Resultados del análisis de muestras de agua tomadas en la cuenca de Camurí Grande por el Laboratorio de Microbiología Acuática de la Universidad Simón Bolívar Muestra
Tipo de agua
Muestra 1. Contiguo a la sede de Camurí Grande, al pie de la carretera, al lado movimiento de la cantera
Cuerpo de agua regulado por Decreto 883
Muestra 2. Agua de Hidrocapital, Camurí Grande (Agua de la manguera dentro de la estación de bombeo)
Agua potable regulada por SENCAMER
Muestra 3. Agua de la toma de Hidrocapital (Cascada antes del tubo)
Cuerpo de agua regulado por Decreto 883
Coliformes totales (NMP/100 ml. de muestra
170
240
1700
Límites de condifecnia reportados por el APHA
70 - 480
100 - 940
800 - 4100
Coliformes fecales (NMP/100 ml. de muestra)
110
130
1700
Límites de confidencia reportador por el APHA
40 - 300
50 - 390
800 - 4100
Valores establecidos en la norma correspondiente
Promedio mensual de coliformes totales menor a 1000 y coliformes fecales menor a 100 NMP por cada 100 ml. Promedio mensual de coliformes totales y fecales menor a = NMP por cada 100 ml.
Promedio mensual de coliformes totales menor a 1000 y coliformes fecales menor a 100 NMP por cada 100 ml
¡Fuente: Barreto, 2014.
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dos hechos aunados hacen que muchas de las obras hayan perdido su capacidad para proteger de futuros eventos torrenciales a las poblaciones aguas abajo. Esfuerzos aislados se han hecho para desmalezar y remover vegetación de unas pocas canalizaciones pero no se aprecia la existencia de un plan coordinado que represente un esfuerzo sistemático y periódico para remover la vegetación y los sedimentos acumulados en las obras. Se considera prioritario proceder a labores periódicas de desmalezamiento y despeje de sedimentos en las mismas a fin de restituir su capacidad original de retención (presas) y conducción de flujos (canales). Adicionalmente, la retención de los sedimentos en las presas ha desencadenado procesos de erosión general del lecho en los tramos aguas abajo, observándose en algunos casos descensos del lecho del cauce de hasta 3 m de profundidad, poniendo en peligro la estabilidad de las estructuras de control. Estos procesos erosivos han contribuido a la falla de algunos diques, contradiques y estructuras de disipación, construidos en gaviones o en concreto, así como también a la fractura de algunas losas del fondo y muros laterales de las canalizaciones. El colapso total de algunas de estas obras pudiera producirse de no tomar medidas urgentes para reparar los daños en las mismas. Aunque los permisos otorgados a empresas areneras para la extracción de material granular del cauce de los ríos y quebradas es una medida positiva, que contribuye a remover los sedimentos de los vasos de las presas, estas actividades han creado otros problemas relacionados con la reducción del caudal ecológico del río y con la contaminación de las aguas por sedimentos finos (barros) que no son eliminados adecuadamente por la empresa después del lavado del material de explotación. Adicionalmente, saques de material se están haciendo en tramos muy cercanos a los diques y contradiques de las presas, pudiendo comprometerse su estabilidad estructural. Tomando en cuenta que la remoción mecánica de los sedimentos acumulados en los vasos de las presas es un proceso costoso y laborioso que implica grandes maquinarias y apertura de vías de acceso, pudiera pensarse en abrir brechas o aberturas en el cuerpo de las estructuras
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de forma que el mismo flujo del río se encargue de erosionar y transportar los sedimentos acumulados. Por ejemplo, en las presas abiertas, bastaría con remover los arrastres vegetales y peñones que obstruyen algunas de las aberturas para que el río durante las crecientes menores, de orden anual, pueda concentrarse en dichas aberturas y generar, mediante un proceso de erosión regresiva, un sub-cauce que progresivamente lave parte del material acumulado aguas arriba en el vaso de la presa. En las presas cerradas habría que consultar con ingenieros estructurales para evaluar la posibilidad de abrir brechas o aberturas, ya sea del tipo de ventanas o ranuras en el cuerpo de las presas, para que actúen como descargas de fondo y permitan la salida del material sedimentario acumulado en los vasos mediante el mismo proceso de erosión regresiva. Otras opciones que se pueden estudiar para restablecer la capacidad del sistema para retener los sedimentos generados por eventos extremos son las siguientes: a) ampliación del dique principal de algunas de las presas donde haya condiciones topográficas y geotécnicas favorables para aumentar su altura; y b) construcción de nuevas presas en los tramos aguas arriba. Cualquiera de estas soluciones amerita la ejecución de estudios y proyectos de ingeniería los cuales deben solicitarse a las autoridades competentes. La presencia de las obras de control de sedimentos en las cuencas de Vargas ha creado una sensación falsa de seguridad que ha hecho que nuevas construcciones se hayan erigido muy cerca de las canalizaciones de las quebradas. El caso de Quebrada Seca en Caraballeda es elocuente, ya que las presas y la canalización no están prestando su función protectora corriéndose el riesgo de que futuros eventos torrenciales alcancen las zonas que han sido objeto de reocupación. Otros problemas relacionados con la calidad de las aguas de abastecimiento así como de contaminación de las playas y costas de Vargas como consecuencia de la descarga de aguas servidas provenientes de las poblaciones aledañas, se han agravado en los últimos años. Los casos de Playa Pantaleta y de las aguas de consumo de la USB revelan algunas características de esta problemática.
Para responder a la interrogante sobre si los habitantes de Vargas están protegidos en caso de ocurrencia de un nuevo deslave o alud torrencial, tenemos que diferenciar los tipos e intensidades de los deslaves que han ocurrido en la región. Es indudable que nunca estaremos lo suficientemente protegidos para un evento similar al de diciembre 1999 debido a su extraordinaria magnitud (500 o 1.000 años de periodo de retorno), ya que las obras de control se han diseñado para protegernos contra un evento de menor magnitud (100 años). En caso de producirse un evento como el de febrero 2005 o como el de febrero de 1951, cuyos periodos de retorno han sido estimados en el orden de 100 años, no estaríamos tampoco pro-
tegidos ya que una parte importante de las presas están sedimentadas y los canales vegetados y parcialmente sedimentados, por lo que se ha reducido grandemente la capacidad de retención y conducción de estas obras. Tomando en cuenta la reocupación que está ocurriendo en zonas afectadas por los eventos de 1999 y 2005, los efectos potenciales del cambio climático que van a aumentar la intensidad y frecuencia de eventos extremos, y el deterioro y grado de sedimentación que presentan algunas de las obras, se sugiere que algunas de las comunidades siguen siendo vulnerables a la ocurrencia de aludes torrenciales y que un nuevo desastre puede producirse en esa región.
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TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN TECHNOLOGIES APPLIED TO THE COMPREHENSIVE RISK MANAGMENT
JESÚS DELGADO VILLASMIL
Geógrafo Doctor en Arquitectura. MSc en Planificación Urbana. Especializaciones y cursos en Gestión Integral de Riesgos. jrdelgadov2@gmail.com
RESUMEN Las ciudades resilientes, requieren de una Plataforma Tecnológica para realizar la auditoría ambiental y el monitoreo del cambio climático, así como para la generación, interpretación y certificación de indicadores, su divulgación oportuna y pertinente, capaz de incidir en la toma de decisiones. Diversidad de datos se generan en los centros de investigación y las universidades, sumado a la que produce el Estado, organizaciones de la Sociedad Civil o la que se puede producir desde la Escuela Básica y la ciudadanía en general, con el uso de tecnologías disponibles para un segmento de población cada vez mayor. Este artículo muestra el contexto en que se pueden utilizar algunas de dichas tecnologías, cómo se ha concebido el monitoreo y la auditoría ambiental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030. Descriptores Ajuste, Plataforma, Resiliencia, Tecnología, Organizaciones de la Sociedad Civil
ABSTRACT Resilient cities require a technological platform in order to carry out environmental compliance and climate change monitoring on them, as well as for the generation, interpretation and certification of indicators and its accurate and timely diffusion capable to influence decision making processes. Diversity of data is generated at research centers and universities on a regular basis, added to that produced by governments, civil society organizations or even that which can be produced at basic schools or citizenship in general, with usage of technologies available for an increasing population sector. This article shows the context where some of such technologies can be used; how monitoring and environmental assessment for complying sustainable development objectives have been conceived, and the Sendai’s frame for Disaster Hazards Reduction 2015-2030. Descriptors: Adjustment, resilience, technology, civil society organizations
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TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN Vol. 33-I I pp. 62-75 I Recibido 19/02/18 I Aceptado 31/10/18
En la reducción de riesgos ambientales y en el monitoreo del cambio climático, la institucionalidad local, es abrumada por cantidad de información, para la cual no tiene capacidad de procesamiento. Para usar las tecnologías en la gestión integral del ambiente se requiere tanto de una plataforma tecnológica como de una plataforma social. Este trabajo muestra, a partir del concepto de resiliencia, cuáles son algunas de las tecnologías apropiadas para la plataforma tecnológica en cada etapa en que fluye la información por un Sistema de Información para la Gestión Mancomunada del Ambiente. Luego muestra por qué es necesaria y cómo se organiza una plataforma social para el monitoreo ambiental y la gestión de riesgos.
RESILIENCIA URBANA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE RIESGOS El conocimiento y la información son claves que propone el Marco de Sendai para hacer ciudades resilientes. La resiliencia se ha definido en el enfoque ambiental y sistémico de la vulnerabilidad urbana como una capacidad de ajuste de los sistemas urbanos, síntesis de tres capacidades (Delgado, 2007). • Capacidad de Anticipación • Capacidad de Respuesta • Capacidad de Recuperación La Capacidad de Anticipación es la disponibilidad y manejo de herramientas que permitan captar cualquier perturbación en el ambiente que señale el advenimiento de un evento adverso, así como el conocimiento y valoración de lo observado. Se trata de los sistemas de alerta temprana, que actualmente están muy desarrollados y son eficientes para el monitoreo de procesos atmosféricos e hidrometeorológicos. Ahora bien, no basta con disponer de instrumentos capaces de captar información sino se tiene la “sensibilidad” o habilidad de darse cuenta del significado e importancia de la información, tampoco es suficiente con producir y publicar información que por su abundancia
causa lo que se ha denominado como “saturación de información” que termina por abrumar a los usuarios y no se utiliza. Lo que se ha denominado como “dicotomía Sensorialidad – Sensibilidad”, surgió al evaluar todo lo ocurrido con el tsunami que afectó al Océano Índico, particularmente la isla de Sri Lanka, en el año 2004, en donde perdieron la vida más de 230.000 personas, miles de las cuales tenían la posibilidad de subir a los edificios en la zona de Banda Aceh. La Red Sismológica pudo advertir con tiempo suficiente a los ocupantes de la zona expuesta al tsunami como para que se alejasen de la playa; sin embargo, no lo hizo, porque cuando el epicentro de un sismo se localiza en el lecho marino y no se conoce el mecanismo de la falla no es seguro que el tsunami se producirá y no se daba alerta de tsunami para no crear falsas expectativas y con ello perder credibilidad. Este desastre evidenció que no basta con la Sensorialidad o Plataforma Tecnológica para anticipar, no basta con un sistema de alerta temprana, también se requiere de una capacidad estratégica, que se ha denominado como la Sensibilidad, combinación de conocimiento, experiencia, destreza, tanto de los técnicos que manejan un sistema de alerta temprana como de los ciudadanos. La resiliencia se produce cuando los actores disponen de la plataforma tecnológica, están capacitados y sensibilizados en su uso y además están interconectados a través de las redes sociales, constituyendo una Plataforma Social. Y es que, valga una digresión, las herramientas que conforman una Plataforma Tecnológica, son una extensión y refinamiento de los 5 sentidos humanos y permiten captar cambios que pueden llamar la atención de especialistas o de ciudadanos. Esos cambios son los “indicadores” en las Ciencias de la Tierra, en tanto que en las Ciencias de la Salud se han denominado como “síntomas”. Sendai plantea que para una gestión de riesgos que pueda mitigar o eliminar las causas evidentes y subyacentes del aumento de los riesgos ambientales o la falta de resiliencia
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TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN
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Jesús Delgado Villasmil
ante un continuo cambio climático, es necesaria la “coordinación en todos los sectores, entre un sector y otro y con los actores pertinentes a todos los niveles” (UNISDR, 2016). Una Plataforma Social es compleja, diversa, ya que está formada por ciudadanos, por distintos profesionales, que en determinado contexto cultural y con determinado marco legal, pueden captar desde una mirada diversa los indicadores. Por eso la coordinación requiere comunicación y la comunicación el manejo de un lenguaje, el seguimiento de protocolos y la disposición de tecnologías de la información y comunicación. El flujo de información se puede visualizar en cuatro etapas, en los cuales se opera con diversas tecnologías: • Monitoreo • Auditoría • Procesamiento • Divulgación El monitoreo ambiental es el seguimiento que se hace de procesos ambientales tanto de origen natural como de origen social, mediante diversas herramientas. La Auditoría Ambiental es el contraste que se hace mediante inspección directa o indirecta entre una realidad observada y parámetros preestablecidos relativos a la misma que están normalizados. Asimismo ocurre con el contraste de actividades, entre su funcionamiento real y el que deben tener de acuerdo con las leyes y ordenanzas. El Procesamiento de Datos Ambientales es la actividad que se realiza para clasificar y sistematizar los datos adquiridos por diferentes medios y ponerlos a disposición de las instancias de planificación, decisión, divulgación, ejecución y aprovechamiento en forma clara y oportuna para cada instancia. El procesamiento permite establecer tendencias y evaluar indicadores en los patrones de comportamiento conocidos La Divulgación Ambiental es la diseminación de la información de manera sistemática, pertinente y oportuna para que cada ciudadano pueda hacer uso de la misma tanto en su beneficio como es el caso en la prevención y autoprotección en caso de emergencias, como en la protección del Bien Común y el beneficio de la comunidad.
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TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL MONITOREO Y LA AUDITORÍA AMBIENTAL Las tecnologías apropiadas para el monitoreo y la auditoría ambiental se pueden clasificar en: • Teledetección: Sensores remotos instalados en vehículos no tripulados • Receptores de uso masivo o personal • Plataformas audiovisuales, Internet y redes sociales Con relación a la Teledetección, estas tecnologías comenzaron a emplearse en la carrera espacial y desde mediados del Siglo XX se dispone de vehículos no tripulados. Los satélites son de suma utilidad para el monitoreo de procesos atmosféricos y para la auditoria del uso de la tierra. Disponen de sensores activos y pasivos, como es el caso del radar o de las cámaras de alta resolución y capacidad de aproximación. Luego de los satélites, se desarrollaron otros vehículos sin tripulación. Hay vehículos terrestres sin tripulación, que se utilizaron (y todavía lo hacen) para fines militares, luego se utilizaron en la minería y actualmente se pueden utilizar para localizar personas y objetos en edificios colapsados. Hay vehículos marinos sin tripulación, que tienen mucha utilidad en el monitoreo del fondo submarino, la recolección de muestras de minerales aglomerados o placeres de perlas, la recuperación de tesoros y el rescate de naves hundidas. Hacia finales del Siglo XX se simplificó y maximizó la tecnología de los vehículos aéreos sin tripulación, utilizada en principio en la guerra de Vietnam. Actualmente se les llama drones y sirven para la observación de grandes espacios abiertos como los campos deportivos, para la exploración de lugares de difícil acceso, para la ubicación de personas atrapadas en edificios altos o con fachadas no accesibles desde la vía pública e incluso para el transporte de alimentos y herramientas a dichos lugares. Los primeros receptores de tipo masivo y personal en el manejo de crisis fueron los radio transmisores y los televisores, tecnologías utilizadas desde la primera guerra mundial. La televisión, sigue siendo una poderosa herramienta de recepción masiva de información que se uti-
liza en los sitios de concentración masiva, la vialidad y los hogares, un complemento necesario a los sistemas de alerta temprana para divulgar con anticipación eventos adversos como los ya mencionados tsunamis, los tornados, los huracanes, los aludes torrenciales y lahares, así como derrumbes o accidentes en la vía. Indudablemente un gran avance en estos sistemas lo constituye la telefonía móvil – celular y satelital, que se popularizó a partir de los años 90 del Siglo XX, que se combinó en la primera década de este Siglo con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y posteriormente con la Internet. Estos aparatos son cada vez más parecidos y tan potentes como las computadoras, pero adicionalmente, están dotados de cámaras de fotografía de precisión, incluso disponen ya de cámaras en 3D, baterías solares y son resistentes al agua, disponen de “aps” o aplicaciones que tanto sirven para el monitoreo del cuerpo humano que permiten evaluar con bastante precisión la temperatura, presión arterial, pulso e incluso índices de estrés, así como disponen de sensores para evaluar el entorno, obteniendo datos como la posición geográfica, la altitud, temperatura, inclinación, la presión atmosférica, el ruido o la distancia, cuya precisión es similar a la de los equipos de detección convencionales de hace apenas una década. Su hándicap a superar es la relación de consumo / rendimiento de batería, que por ahora se resuelve con los bancos de poder o baterías externas. Por solo mostrar dos ejemplos de muchos, la compañía norteamericana Vihaan Networds Ltd., mejor conocida como VNL, lanzó este año “ResQMobil”, sistema de comunicación de emergencia, búsqueda y rescate, una red de comunicación independiente o “dedicada” exclusivamente para los organismos de primera respuesta, que suministra información de ubicación móvil y conectividad a teléfonos celulares que permanecen activos en zonas de desastre, proporcionando conectividad de voz, vídeo y datos con conectividad VSAT (telefonía satelital), incorporada en menos de una hora. Esto es, direccionando la red de telefonía móvil celular local a conexión satelital, se amplía la cobertura de una red local prácticamente al nivel global, integrándola a diferentes redes de radio. El Sistema está diseñado para trabajar en
casi todo tipo de desastres (terremotos, tormentas, inundaciones y tsunamis, incendios en edificios, ataques terroristas). Otras aplicaciones para caso de desastre, como “Reporte Responsable” creada por un grupo de Brigadistas de México, a partir del Terremoto de septiembre de 2017, es en sí misma una red de auditoria de vulnerabilidad de edificaciones y tiene la ventaja que se puede utilizar tanto antes como después de un desastre, para crear rápidamente mapas de vulnerabilidad. Es tan sencilla que puede ser utilizada en la Escuela Básica para enseñar a tener criterios de auditoría ambiental a todos los ciudadanos1.
TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Las tecnologías para el Procesamiento de la data ambiental se pueden clasificar en: • Sistemas de Información Geográfica • Manejadores de base de datos y hoja de cálculo • Sistemas de diseño asistido por computadora • Realidad virtual Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una poderosa herramienta de combinación de datos que se pueden representar en el territorio. No se trata de sistemas de producción de cartografía básica, sino de combinación de atributos de información espacial que se sintetizan como “capas” de información, combinables a gusto del usuario. Los SIG permiten adicionalmente la modelación del terreno, la proyección de tendencias y el uso de múltiples expresiones para destacar información, que puede ser invocada con todos sus atributos para realizar los más diversos análisis. En general requieren de mano de obra especializada y de que los datos introducidos sean de calidad, como es el caso con las curvas
1. Información encontrada en la Web el día 17 de febrero de 2018. Sitio: http://www.lavanguardia.com/ vida/20171009/431919532994/comunicado-vnllanza-resqmobil.html y suministrada el 7/2/18, 2:56 PM - Santana, Manuel: http://www.vnl.in/disastermanagement-solutions/resqmobil: https://www. unocero.com/sismo-2017/con-esta-aplicacion-podrasevaluar-y-reportar-danos-en-tu-hogar-tras-sismo/
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Figura 1. Exposición Pasiva a inundaciones y flujos torrenciales por distancia y posición activa (altura del agua en relación con las edificaciones) calculada mediante la herramienta de modelación Flow 2d y el SIG Arc Gis. Fuente: Courtel, F., Delgado, J y otros, 2017c. Estudio de Vulnerabilidad Urbana para el Proyecto de obras de control de aludes torrenciales en cuencas del flanco sur del Macizo El Ávila
de nivel. Una restricción de estos sistemas es el alto costo de las licencias y de los equipos que se necesitan para su procesamiento. Por su parte, los manejadores de Base de datos relacionales y las hojas de cálculo, son poderosas herramientas de ordenamiento de información y generación de gráficos y modelos predictivos, dados los parámetros respectivos. Los SIG complementan a los manejadores de base de datos, ya que expresan espacialmente las combinaciones de datos realizadas (figura 1). Por otra parte, los Sistemas de Diseño Asistido por computadora (CAD) aprovechan la información espacial de escala detallada, para lograr expresiones arquitectónicas y urbanísticas tan fieles a la realidad que han sido denominadas como “realidad virtual”, la cual permite mostrar a un amplio público, modelos urbanos o arquitectónicos con alta incidencia en los tomadores de decisiones. La realidad virtual permite a sus usuarios tener el control de sistemas teledirigidos como los vehículos no tripulados.
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Tecnologías apoyadas en los SIG y en los CAD como la herramienta LIDAR, que usa la tecnología Láser para escanear objetos y paisajes y registra los detalles y la forma de la superficie de elevación de estas entidades en función de su distancia medida desde el dispositivo de escaneo, permite obtener valores absolutos de superficie para la evaluación de la vulnerabilidad urbana (Figura 2):
TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN La Internet está entre el conjunto de tecnologías apropiadas para la divulgación ambiental que se denominan genéricamente como tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC. Han surgido diversas redes sociales que privilegian información visual, audiovisual, escrita, o una combinación de varios formatos. Actualmente son muy reconocidas el Twitter, el WhatsApp, el Face-
Figura 2- Edificios de la cuenca de Agua de Maíz con alturas comprendidas entre 46 y 47 metros, a los cuales se les calculó la superficie total construida mediante el uso de la tecnología LIDAR. Fuente: Cenamb, 2017. Estudio de Vulnerabilidad Urbana para el Proyecto de obras de control de aludes torrenciales en cuencas del flanco sur del Macizo El Ávila.
book, YouToube, Instagram, Periscope, entre otras. En un nivel más elaborado están los blocks y los geoportales, que permiten publicar investigaciones o la labor realizada por grupos científicos. Son revistas en la WEB, algunas son observatorios virtuales, que recogen y sistematizan información sobre un tema.
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN MANCOMUNADA DEL AMBIENTE. LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL. Para compilar la información generada o conseguida por diversidad de actores, construir índices e indicadores, pero además darle valor agregado y direccionarla a los usuarios precisos, de manera pertinente y oportuna, se requiere de un Sistema de información de base territo-
rial, compuesto por redes instrumentales, como las redes sismológica, hidrometeorológica, satelital, así como por observadores que utilizan las redes sociales y por los comunicadores sociales que pueden diseminar la información en los medios convencionales de comunicación social. Este Sistema de Información para la Gestión Mancomunada del Ambiente (SIGMA), fue propuesto originalmente por Delgado en 1998 y comenzó a ser desarrollado por la Gerencia de Ambiente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas con una sectorización ambiental del territorio, unidades territoriales únicas e irrepetibles, codificadas, organizadas como un Catastro Ambiental (figura 3). Los atributos que se pueden incluir en los sectores ambientales están distribuidos en múltiples repositorios institucionales de información ya existentes, pero actualmente desarticulados. La información puede hacer accesible a todos los usuarios a través de un Geoportal, boleti-
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Figura 3. Al igual que en el Catastro Urbano, en la Sectorización Ambiental todas las unidades territoriales o sectores se han codificado en el sentido de las agujas del reloj, desde la margen o fila derecha o este de cada unidad hidrográfica, así mismo con las vaguadas y topos; generando un código único, irrepetible y con sus parámetros básicos de superficie, orientación geográfica e inclinación de absolutamente todo el territorio, que permite atribuirle data y generar información de muy diverso tipo.
nes, guías, videos, así como en los repositorios de información de las universidades. Este cúmulo de información puede ser muy útil para la gestión ambiental local, pues hay cantidad de trabajos especiales de grado que contienen información que a las alcaldías o a las OSC les tomaría mucho tiempo encontrar, y no tienen el recurso humano para ello. Simultáneamente, hay muchas necesidades que las OSC y los municipios requieren satisfacer y no lo hacen por falta de presupuesto, por lo general proyectos de largo plazo que se pueden resolver con pasantías, servicio comunitario y Tesis o trabajos de Ascenso. Un ejemplo del valor de la Sectorización Ambiental es la motivación de los estudiantes de postgrado a realizar trabajos especiales de grado basados en proyectos modelo del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático, en las unidades de vulnerabilidad analizadas en el Curso de Perfeccionamiento Profesional en Gestión Integral de Riesgos en la Planificación Ambiental.
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El ejemplo que sigue, tecnologías de teledetección de calor, algoritmos de cuantificación de energía, aplicados en el Municipio Baruta gracias a la Sectorización Ambiental propuesta por Delgado en 1991 y realizada por Arbórea Consultores Ambientales para la Gerencia de Ambiente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (figura 4):
LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA SOSTENIBILIDAD. LA PLATAFORMA SOCIAL DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos plantea coordinar al Sector Público y Privado, las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los organismos de primera respuesta a emergencias y las comunidades vecinales en la generación o uso de información de su entorno. Cada ciudadano debe participar activamente, pero la Plataforma Tecnológica de Monitoreo Ambiental con-
Figura 4. Aplicación de la Sectorización Ambiental de la AMC en el cálculo del Potencial Solar del Municipio Baruta. Fuente: Loreto, Bárbara (2017): Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Magister Scientarum en Planificación Estratégica del Ambiente. Cátedra SINaxis. CENAMB – UCV y Curso de Perfeccionamiento Profesional en Gestión Integral de Riesgos en la Planificación Ambiental.
tiene tecnologías de distinta complejidad que reúne a los actores estratégicos en cuatro sistemas de gestión integral de la Sostenibilidad, de acuerdo con las redes de gestión propuestas por el Grupo C-40 Cities2 1. Sistema de Gestión Integral de la Seguridad, el Transporte y los Espacios Abiertos 2. Sistema de Gestión Integral de Alimentos, Residuos y Desechos Sólidos 3. Sistema de Gestión Integral de Recursos Hídricos y Biodiversidad 4. Sistema de Gestión Integral del Conocimiento y la Información para la Evaluación de Riesgos Ambientales La Gestión Integral de la Seguridad, el Transporte y los Espacios Abiertos requiere el monitoreo de las edificaciones, la infraestructura, la vialidad, el transporte y los servicios de red. Corresponde a las Redes C – 40 de Barrios Bajos en Carbono // Eficiencia de Edificios Muni-
2. El Grupo de Liderazgo Climático conocido como C40 Cities Group (C-40), es la alianza estratégica de un grupo de ciudades que a través de sus alcaldías trabajan para reducir las emisiones de carbono y adaptarse al cambio climático.
cipales // Eficiencia en Edificaciones Nuevas // Eficiencia de Edificios Privados Vehículos Bajos en Emisiones // Manejo de Movilidad // Desarrollo Orientado del Tránsito // Red de Buses de Rápido Tránsito. La Plataforma Tecnológica para el monitoreo en tiempo real de las calles y demás espacios y edificios públicos se logra con cámaras situadas en posiciones que permitan cubrir tramos de calle, entrada a edificios o estaciones de Metro y espacios de concentración de gente como los estadios deportivos. A pesar de que el monitoreo por cámara no pueda impedir actos terroristas o restablecer la seguridad ciudadana, registra patrones de comportamiento en los espacios abiertos y ayuda en la investigación de sucesos. Hoy en día se considera a las grabaciones de video como una prueba de actos de vandalismo o hurto. La ciudad mejor monitoreada por este sistema es Londres, y ello no ha impedido atentados terroristas pero sí es utilizado para planificar el patrullaje policial y el acceso a los edificios públicos. En diversas ciudades, las grabaciones de locales ocupados durante los terremotos, han servido para el estudio del comportamiento de
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la gente y del mobiliario urbano y de interiores ante cada paquete de ondas. En los incendios e inundaciones de locales sirve para la identificación de los puntos de ignición y para evaluar la respuesta de los materiales. En la Gerencia de Ambiente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas se propuso en la gestión del Alcalde Juan Barreto la vigilancia aérea de Caracas por un vehículo aéreo tripulado (un dirigible) y durante la gestión del Alcalde Antonio Ledezma se planteó un sistema mixto, basado en el monitoreo por cámaras fijadas en los autobuses del sistema Transmetrópolis (propuesta extensible a otras redes de autobuses, así como a ambulancias, camiones compactadores de residuos sólidos y todo tipo de unidades móviles públicas). Las cámaras instaladas en unidades móviles con posicionamiento satelital permiten localizar con precisión los incidentes y actuar en consecuencia. El Sistema de Gestión Integral de Alimentos, Residuos y Desechos Sólidos corresponde a las Redes C – 40 de Sistemas Alimentarios // Sistemas Sostenibles de Residuos Sólidos // Eficiencia de Residuos a Recursos y tiene por atribución reducir las emisiones de gases con efecto invernadero a través del sector municipal de residuos, mediante la Contraloría Social del Ambiente. Hoy en día cualquier ciudadano tiene acceso a los métodos de observación no participante con el soporte de grabadores y cámaras, para obtener, georreferenciar y enviar información que en Venezuela no está disponible para el público ni en las empresas recolectoras, ni en las alcaldías, ni en las otras empresas de servicio público. La identificación por tipo de generador y sitios de transferencia de las rutas de los residuos y desechos sólidos hasta llegar al relleno sanitario o directamente a los ríos, es una información muy valiosa que ha permitido probar la eficiencia de los teléfonos inteligentes para fotografiar, entrevistar, cartografiar, en fin, para generar datos de la producción, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Actualmente, con el uso de drones, se puede hacer la medición precisa y tridimensional de los volúmenes de material depositado y establecer los patrones de acumulación.
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Esta información, complementada con la tecnología Google Earth o cualquier otra similar para la evaluación de la vegetación y la hidrografía, accesible a cualquier ciudadano, puede ser utilizada en la planificación para la recolección, traslado y disposición final de los escombros que se producirán en un terremoto en ciudades como Caracas o de los sedimentos que se producirán en caso de nuevos aludes torrenciales como los ocurridos en las cordilleras de Los Andes y La Costa. Para ello, el paso previo es realizar una sectorización ambiental que permita el catastro de todo el territorio. En este caso, con los sistemas de información geográfica (SIG) se puede realizar el análisis espacial necesario para tomar decisiones a partir de la auditoría ambiental, ya que permiten la identificación de sitios apropiados para los rellenos sanitarios si se le dan criterios ambientalmente adecuados. En este Sistema de Gestión, el papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) es vital en la prevención, contribuyendo desde la educación y la divulgación con el consumo responsable y sostenible, el reúso, el reciclaje y el adecuado tratamiento de los residuos tóxicos, peligrosos y orgánicos que de permanecer acumulados en la vía pública en caso de desastres, pueden aumentar el número de bajas por la aparición de enfermedades. De hecho, en la planificación territorial de zonas de desastre, se debe prever con suficiente antelación la ubicación de nuevos camposantos, terrenos municipales o rellenos que puedan ser utilizados rápidamente para la instalación de crematorios y fosas comunes que, a posteriori, se puedan acondicionar para darle a cada ciudadano fallecido el espacio que merece de acuerdo con sus creencias. El Sistema de Gestión Integral de Recursos Hídricos y Biodiversidad, tiene por atribución la gestión integral del agua, la biodiversidad y el Territorio, incluyendo el arbolado urbano de los espacios abiertos de los sectores urbanizados. Corresponde a las Redes C – 40 de Crecimiento Verde // Ciudades Frescas // Planificación del Uso del Suelo. En este Sistema es fundamental la Teledetección. Es importante el uso adecuado de los sensores remotos activos y pasivos para la ubicación
de potenciales movimientos de masa, la caracterización de la vegetación que puede movilizarse con la roca y el barro o los corredores de lava. Es una tecnología indispensable en la determinación del impacto ambiental generado por actividades económicas a cielo abierto como la actividad minera, industrial y agrícola. El uso de imágenes de diferentes bandas del espectro, permite la localización de agua o la detección de zonas donde ésta escasea, así como el falso color permite destacar las formaciones vegetales. Esta información combinada con las imágenes satelitales de monitoreo del tiempo, permite generar mapas de zonas expuestas al viento y se pueden identificar con buena precisión las zonas más expuestas a los incendios forestales. Dado que el Google Earth es de acceso público, dispone de herramientas tales como las imágenes multitemporales, efectos 3D, luz y sombra, superposición de topografía, drenaje y medición de la altitud, longitudes y la localización geográfica, en esta escala de monitoreo cualquier ciudadano o las universidades, pueden ejercer la contraloría ambiental de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial o ABRAE, especialmente en las cuencas altas, así como también la auditoría ambiental de la explotación minera (Figuras 5 y 6).
El Sistema de Gestión Integral del Conocimiento y la Información surgió en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, donde se propuso aliar estratégicamente la figura legal municipal denominada “Gabinete Municipal de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos” prevista en la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (LGRSNyT) del año 2009, con un Foro de Expertos de la ciudad radicado en las universidades, para generar un entorno favorable para el trabajo de las OSC con las autoridades locales y así poder cumplir con los objetivos de largo plazo de las agendas de cooperación internacional como es el caso con el Cambio Climático, los objetivos de desarrollo sostenible o las prioridades del Marco de Acción de Sendai, que son: • Comprender el Riesgo de Desastres • Fortalecer la Gobernanza del Riesgo • Aumentar la Preparación para Casos de Desastre • Invertir en Resiliencia para Reducir el Riesgo de Desastres En esta plataforma de resiliencia entre la Universidad y el Municipio, la Universidad debe tener la posibilidad de captar o compilar datos, procesarlos, interpretarlos, y transformarlos oportunamente en información útil para todo aquel que la requiera entre los municipios y las
Figura 5. Delgado, 2018. Ampliación de la frontera minera en el Sector Los Pijiguaos, en el año 2018, realizada a pesar de que las empresas de Guayana que se sirven de la bauxita están casi paralizadas. Lo llamativo en la imagen Google Earth es que esta explotación está arrasando con una selva virgen de árboles de gran envergadura.
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Figura 6. Delgado, 2018. Nótese en los parámetros dados por el SIG Google Earth la localización, altitud, incluso el tamaño de los árboles que están próximos a ser alcanzados por la vía de penetración. Esta herramienta demuestra que la Contraloría Social del Ambiente es factible con tecnologías al alcance de cualquiera que disponga de una PC y de Internet.
OSC, en el formato que mejor se ajuste a su perfil y necesidades. Si ello es posible, se dispondrá de un sistema de contraloría de la gestión de proyectos, ya que se podrá visibilizar quién, dónde, cuándo y a quién benefician las iniciativas y recursos de los organismos donantes que en consecuencia tendrán la certeza de que su financiamiento se está utilizando para lo que efectivamente estaba previsto. Asimismo, se podrá tener de manera transparente, información sobre todos los trabajos que distintas organizaciones realizan en una misma cuenca hidrográfica, como es el caso con las universidades, una información que puede estar sistematizada al punto de pasar de la duplicación de esfuerzos, a la complementación de los esfuerzos generándose nuevo conocimiento. Mientras estuvo operativa la Alcaldía Metropolitana de Caracas, este sistema funcionó como Gabinete de Gestión Integral de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático, responsable de la Red propuesta por el C-40, de Evaluación de Riesgos por Cambio Climático, que en el Enfoque C40 se encarga de promover ciudades climáticamente resilientes mediante buenas prácticas y priorización de riesgos ambientales. El Gabinete Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático, tiene soporte desde el punto
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de vista académico (Memorias del I Foro Latinoamericano de Reducción del Riesgo de Desastre en la Educación Superior), cuyo tema central fue la Institucionalización de la Reducción del Riesgo de desastres vinculado a las instituciones de Educación Superior (Panamá, agosto de 2012). La estrategia cognitiva del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático impulsado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas es la Estrategia de Vinculación de la Investigación y la Docencia con la Extensión en las Organizaciones (Estrategia V.I.D.E.O.) que se propone como estrategia para la Red de universitarios de Latinoamérica y El Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres (Redulac). Redulac, como red de actores estratégicos líderes en la comunidad de educadores, puede ser un componente de la Plataforma Social, una instancia interuniversitaria para vincular sistemáticamente la investigación con la docencia y la extensión en las organizaciones. De allí que la Estrategia V.I.D.E.O. sentó sus bases gracias a los proyectos precursores “Planificación y Gestión para la Reducción de Riesgos Ambientales en Municipios Urbanos” y “El Currículo como Agente reductor de la vulnerabilidad” ambos financiados por el Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Fonacit) y se consolidó con el Proyecto Comunidad de Práctica y Conocimiento mediante la Estrategia V.I.D.E.O.” posible gra-
cias al financiamiento de la Universidad Internacional de Florida. Estos tres proyectos determinaron los contenidos, la terminología básica de gestión de riesgos, y se elaboró un tesauro, como aporte para el uso de las redes sociales, de la Internet y de los repositorios institucionales de información, como “Saber UCV”. También se determinaron las herramientas adecuadas para la educación a distancia, las aulas virtuales, que fueron implementadas en la primera y segunda cohorte del Curso de Perfeccionamiento Profesional en Gestión Integral de Riesgos en la Planificación Ambiental. Este curso tiene al objetivo estratégico de consolidar la Plataforma Social, mediante la formación de la comunidad de investigadores y de educadores como equipo de gestión del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático. Varios de los egresados en lo sucesivo se han ido convirtiendo en influencers en las comunidades estratégicas en donde se desenvuelven y algunos de ellos ya son profesores o docentes invitados en el Curso de Perfeccionamiento Profesional en Gestión Integral de Riesgos en la Planificación Ambiental.
CONSIDERACIONES FINALES De acuerdo con el Portal del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, el objetivo de la Socialización del Conocimiento es orientar esfuerzos técnicos, financieros y humanos mediante el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y socialización del conocimiento que apoyen a la estructura socioproductiva nacio-
nal y den respuesta a los principales problemas que afectan el desarrollo del país. Es necesaria la formación de la Plataforma Social, así las TIC como recurso informático se vincularan a las redes sociales y en la medida de lo posible a los medios de comunicación social convencionales en un circuito de divulgación donde participarían las OSC, la Academia, los municipios y todos los actores estratégicos que pueden contribuir con la sostenibilidad desde el conocimiento, fortaleciendo el diálogo de saberes. Para hacer posible la contraloría social del ambiente y la autoprotección en caso de desastres, es menester fortalecer la Plataforma Social y ello implica que la valoración, el monitoreo y la auditoría ambiental tanto como el uso de la herramientas tecnológicas que están disponibles en la Web sean materia obligatoria en las carreras universitarias. Más aún, desde la Escuela Básica debe enseñarse el pensamiento complejo. Las tecnologías mostradas hasta ahora requieren de una Sede para operar, que en la Alcaldía Metropolitana de Caracas fue concebida como el Observatorio Ambiental Metropolitano ya que, más que la Plataforma Tecnológica del SIGMA, se requiere el soporte, fundamental, imprescindible, de una nueva institucionalidad ambiental. Este trabajo, complementado con otros que se desarrollan en paralelo, será el soporte para un próximo Curso de Tecnologías Aplicadas a la Gestión Integral del Ambiente.
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República Bolivariana de Venezuela - Asamblea Nacional. (2009) Ley de Régimen Municipal a dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.276 del 1° de octubre de 2009.
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IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES SOCIO NATURALES EN EL PROYECTO UCV CAMPUS SUSTENTABLE IMPACT OF RISK REDUCTION IN THE FACE OF SOCIONATURAL DISASTERS ON THE PROJECT UCV SUSTAINABLE CAMPUS
GEOVANNI SIEM Ingeniero Mecánico (1966-1972). Universidad Central de Venezuela, Caracas. MSc, Diplôme d'Ingénieur ISMCM (1973-1975). París, Francia. Aspirante al Doctorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Caracas, Venezuela. Director del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, desde 01 de noviembre de 2015. Co-responsable de RCE Gran Caracas 2018 (Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development, United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability / UNU-IAS). Coordinador del Proyecto UCV Campus Sustentable, desde agosto 2012. geovanni.siem@gmail.com
RESUMEN En este artículo se presenta la vinculación entre el proyecto UCV Campus Sustentable y la reducción de riesgos ante desastres socionaturales, a través de una revisión de sus marcos de referencia y los compromisos adquiridos en su vinculación con organismos internacionales. La reducción de riesgos frente a eventos socionaturales se expresa en el currículo (formal e informal, cursos y talleres), misión (referencia obligada a contribuir a una ciudadanía informada y preparada), estímulo para el personal (crecimiento a través de la formación y participación en tareas de apoyo y formación), oportunidades para los estudiantes (compromiso con su comunidad y preparación de los profesionales y ciudadanos del futuro), investigación (líneas y áreas de trabajo vinculados a acciones, métodos, equipamiento, soluciones particulares, experiencias compartidas con otras instituciones del país y del exterior). De esta manera se plantea la incorporación de los conceptos y prácticas de reducción de riesgos en el currículo y en las tesis de pre y postgrado para fortalecer esta línea de trabajo, en las actividades hacia las comunidades, el Servicio Comunitario y de extensión. Descriptores Plataforma Nacional Reducción Riesgo de Desastres, Sistema Nacional de Protección Civil, Proyecto UCV Campus Sustentable
ABSTRACT This article presents the link between the UCV Sustainable Campus project and the reduction of risks to socio - natural disasters, through a review of its reference frameworks and the commitments acquired in its relationship with international organizations. The reduction of risks against socio-natural events expressed in the curriculum (formal and informal, courses and workshops), mission (reference required to contribute to an informed citizenship and prepared), encouragement for staff (growth through training and participation in support and training tasks), opportunities for students (commitment to their community and preparation of professionals and citizens of the future), research (lines and areas of work linked to actions, methods, equipment, particular solutions, shared experiences with other institutions in the country and abroad). Descriptors: National Platform for Disaster Risk Reduction, National Civil Protection System, risk drivers, governance, disaster risk management, UCV Sustentable Campus Projet
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Este artículo está orientado a presentar los objetivos y estructura organizativa del Proyecto UCV Campus Sustentable y su vinculación con los programas y proyectos sobre vulnerabilidad y mitigación de riesgos socionaturales. Es un proyecto en pleno desarrollo que continúa el trabajo emprendido por grupos de investigadores de diversas disciplinas científicas y humanísticas, organizados en torno al Simposio Ambiente y Desarrollo desde finales de los años noventa. Las tendencias crecientes por el interés en las líneas de investigación vinculadas al desarrollo sostenible llevaron a crear el Proyecto UCV Campus Sustentable, y afiliar oficialmente a la UCV a la red ULSF (University Leaders for a Sustainable Future) en 2012, lo cual significa respaldar la Declaración de Talloires, que conlleva un compromiso de impulsar el desarrollo sostenible bajo un acuerdo de 10 puntos que vincula a la institución signataria con las comunidades educativas dentro y fuera de su recinto, y también con las comunidades organizadas, empresas públicas y privadas, en una cruzada que incluye educación formal, no formal e informal. Esta afiliación facilita el acceso a información valiosa sobre experiencias llevadas a cabo por las universidades afiliadas a la red, y establecer nexos con fines académicos de cooperación e intercambio de información y experiencias. En este sentido mostraremos las opciones de evolucionar en un ambiente de conexiones multi e interdisciplinarias. Se trata pues de explorar las posibilidades que nos ofrece estar alineado con un movimiento vigoroso de universidades de todas las regiones del planeta, para tomar un camino de evolución hacia una educación de calidad y pertinencia en un mundo en permanente cambio y sometido a desafíos de alta complejidad que ponen incluso el peligro la supervivencia en nuestro planeta, único lugar donde podemos habitar por el momento. Eso da la dimensión de la tarea que debemos emprender desde las universidades para vencer la sombra que nos acecha.
La Universidad Central de Venezuela UCV, la casa que vence la sombra, se aproxima a sus 300 años de vida durante los cuales ha acompañado al país en su acontecer histórico. En la actualidad vive momentos difíciles en el desarrollo de su vida académica cuya superación requiere de la participación de toda la comunidad universitaria. La universidad por su naturaleza tiene el compromiso de ofrecer respuestas creativas e innovadoras ante los desafíos, cada vez más complejos que emergen de un mundo cambiante y está en capacidad de reinventarse ante las nuevas realidades. Esto supone confrontar el reto que plantea asumir la responsabilidad de construir el camino de su propio destino y avanzar hacia nuevas formas organizativas que le permitan cumplir con su misión en la sociedad venezolana. La UCV, en tanto que Patrimonio de la Humanidad, tiene el compromiso de la conservación de su campus como Patrimonio Mundial Universitario y como espacio esencial para el desarrollo de la educación superior. Esta iniciativa está concebida como un apoyo a nuestra casa de estudio en la construcción de un camino que facilite su transformación en universidad líder en sustentabilidad. De esta manera, se pretende dar un impulso a la generación y consolidación de una cultura de responsabilidad ecológica, social y económica, además de impulsar acciones de carácter inter y transdisciplinario en la vida académica a través de la docencia, investigación, extensión. Igualmente, pretende establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas. Las universidades tienen el compromiso de ofrecer respuestas a los desafíos de un mundo cambiante, lo cual requiere la generación y adopción de nuevos enfoques para la comprensión de los mismos y el desarrollo de conceptos e instrumentos innovadores en la planificación y la educación. La formulación y ejecución de un proyecto de campus sustentable en la UCV reviste
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IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES SOCIONATURALES EN EL PROYECTO UCV CAMPUS SUSTENTABLE
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tomar en cuenta el papel central que juegan las instituciones académicas superiores en el desarrollo integral del país. El nuevo campus que se pretende alcanzar servirá como efecto de demostración de lo que se quiere que ocurra en el país en su conjunto, es la idea de la universidad como un Laboratorio Viviente de la Sustentabilidad.
ANTECEDENTES En el mundo, otras universidades e instituciones públicas y privadas han iniciado un proceso transformador para acompañar las políticas y estrategias de desarrollo sustentable con el propósito de cumplir con las políticas públicas orientadas a lograr mayores y mejores niveles de vida. En Venezuela algunas universidades están trabajando con decisión para lograr que sus respectivos campus cumplan con las normas respectivas para declararlos como campus sustentables, las cuales han incorporado el tema de la sustentabilidad bajo diferentes modalidades en sus programas de docencia, investigación y extensión. En la UCV el interés por el tema está presente en la oferta académica de pre y postgrado de diferentes facultades e institutos de investigación. Existen institutos y centros de investigación que desarrollan líneas de investigación sobre el tema. En las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias, Humanidades, entre otras, y Centros de Estudios como IDEC, CENDES Y CENAMB han realizado una apertura disciplinaria e interdisciplinaria de programas con contenidos referentes a la sustentabilidad. En la vida académica de la UCV se han desarrollado variadas experiencias asociadas con el desarrollo sostenible en el campo ambiental y otros campos de conocimiento afines expresados en proyectos, cursos a nivel de pre y post grado y actividades de extensión. Destaca el trabajo presentado por el profesor Alfredo Cilento del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción IDEC de la UCV en el año 2009 denominado “Macro Proyecto Ciudad Universitaria Patrimonio (Sostenible) de la Humanidad”. Este trabajo ofrece una visión de sostenibilidad de carácter multidisciplinario que incluye la viabilidad tecnológica, eco2017 33 - I TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 80
nómica, social, política, ambiental y ética, en el logro de actuaciones sostenibles en los distintos campos en los que el hombre actúa sobre los ecosistemas naturales para el desarrollo de la vida en la Tierra. Los principales componentes considerados en este macroproyecto son los siguientes: • Reducción del consumo energético y confort en edificaciones • Gestión de desechos y residuos • Calidad del agua y reducción del consumo • Reducción de la vulnerabilidad y riesgos sociotécnicos • Paisajismo y revegetación con bajo consumo de agua • Reducción de la contaminación • Reducción de gastos de mantenimiento • Hacia una comunidad sana (fitness) • La ciudad universitaria activa 250 días al año • Hacia una comunidad comunicada e informada • Violencia, delitos, drogas
LA SUSTENTABILIDAD EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO Durante la Cumbre del Milenio en el año 2000 se firmó la declaración que recogió los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la declaración se incluye la Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo promueve el cambio social que busca fomentar a través de la educación, formación y sensibilización de los y las ciudadanas, los valores, comportamientos y estilos de vida necesarios para un futuro sostenible. La UNESCO fue la organización encargada de coordinar el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). Este programa se reafirma en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas en el marco de acción y cooperación mundial sobre el desarrollo. La UCV en tanto que Patrimonio de la Humanidad, tiene el compromiso, asentado en la Declaración de Alcalá sobre la Protección, Conservación y Difusión del Patrimonio Universitario, con la conservación de nuestro Patrimonio Mundial Universitario como espacio esencial para la educación superior, y la organización de eventos científicos en aquellas áreas relaciona-
das con la fundación, la historia y el desarrollo de nuestras universidades. En 2012 la UCV adscribió a la Asociación de Líderes de Universidades para un Futuro Sostenible ULSF, la cual funciona como secretaría para la gestión de la Declaración de Talloires; apoya la sostenibilidad como un enfoque crítico de la enseñanza, investigación, operaciones y extensión en la educación superior a través de publicaciones, investigación y evaluación. Hasta el 1 de febrero de 2018, habían firmado esta Declaración 503 instituciones de 57 países de cinco continentes. La UCV es la única representante por Venezuela hasta esta fecha. La Declaración de Talloires En 1990, se firmó en Francia, la Declaración de Talloires o Declaración de Líderes de Universidades para un Futuro Sustentable (Talloires, Francia, 1990), por 22 universidades provenientes de diferentes partes del mundo Este documento es una declaración para que las instituciones de enseñanza superior tomen el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo y mantenimiento de la sostenibilidad. Señala que las universidades tienen un papel importante en la educación, investigación, formación de políticas y en el intercambio de información necesaria para alcanzar estos objetivos, y presenta un Plan con 10 puntos de acción, a saber: • Aumentar la conciencia de desarrollo ambientalmente sustentable. • Crear una cultura institucional de sostenibilidad. • Educar para una ciudadanía ambientalmente responsable. • Fomentar la alfabetización ambiental para todos. • Implementar prácticas institucionales de ecología. • Implicar todos los involucrados. • Colaborar para un enfoque interdisciplinario. • Mejorar la capacidad de escuelas primarias y secundarias • Ampliar el servicio y divulgación a nivel nacional e internacional • Mantener esta iniciativa En una segunda Declaración deTalloires, dedicada a resaltar las responsabilidades cívicas sociales y las funciones cívicas de la edu-
cación superior (Francia 2005), se establece lo siguiente: • Incrementar los programas de compromiso cívico y responsabilidad social con sentido ético, a través de la enseñanza, la investigación y el servicio público. • Fomentar la responsabilidad pública a través del ejemplo individual y colectivo, y a través de políticas y programas en nuestras instituciones de educación superior. • Crear marcos de referencia institucionales que estimulen, recompensen y reconozcan las buenas prácticas de servicio social de estudiantes, académicos y trabajadores. • Procurar que los niveles de excelencia, el debate crítico y los resultados de la investigación se apliquen rigurosamente en beneficio de la comunidad, como parte de los compromisos de la universidad. • Propiciar alianzas entre la universidad y la comunidad para potenciar oportunidades económicas e incrementar el entendimiento recíproco que fortalezca la relevancia de la educación y la investigación universitarias. • Incrementar la sensibilidad en los gobiernos, los empresarios, los medios de comunicación y las organizaciones sociales no lucrativas acerca de las contribuciones de la educación superior al desarrollo social y el bienestar público. Específicamente, establecer alianzas con los gobiernos para el desarrollo de políticas que respalden los proyectos sociales y cívicos de las instituciones de educación superior, así como colaborar con otros sectores para potenciar su impacto y sus beneficios sociales y económicos. • Establecer alianzas con los sistemas de educación primaria y secundaria, así como con otras instituciones de educación media y superior para que la educación sea un activo de los ciudadanos en el aprendizaje, un elemento central en todos los estratos sociales y a lo largo de toda la vida. • Documentar y difundir aquellos ejemplos en los que el trabajo universitario beneficia directamente a las comunidades y las vidas de quienes la integran. • Apoyar y respaldar a las asociaciones internacionales, regionales y nacionales en sus tareas de fortalecimiento de los compromisos sociales de las universidades y en sus es-
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fuerzos para tener un mayor reconocimiento por sus actividades de enseñanza, investigación y servicios. • Participar activamente en actividades cívicas de importancia en nuestras comunidades. • Establecer grupos de trabajo y redes internacionales de instituciones de educación superior, para dar a conocer y obtener apoyos a esta Declaración y trabajar unidos en estos esfuerzos de colaboración y trabajo ciudadano. Analizando ambas declaraciones de Talloires podemos identificar claramente que la vocación de las universidades sustentables está orientada a fomentar la educación formal y no formal, tanto en la educación universitaria como en los otros niveles, así como también a las comunidades, organizaciones públicas y privadas. Esto representa un rol muy importante por su calidad integradora de todos los sectores de la sociedad.
SIETE DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Sterling (2004), inspirado en el modelo de la red elaboró un esquema conceptual para organizar las diferentes vías para el tratamiento de la sustentabilidad en el Campus. El esquema representa “Las dimensiones críticas de la sostenibilidad en la formación y educación terciaria superior”, el cual se observa en la figura 1. Las dimensiones son áreas, divisiones y departamentos de la universidad en las que las prácticas de sostenibilidad se deben producir
y medir. Este esquema considera que el estudio de la sostenibilidad debe abordarse en siete dimensiones críticas: Misión institucional, estructura y planificación. Se debe expresar a través de declaraciones escritas definiendo su misión y visión, estableciendo sus filosofías y compromisos, adecuaciones de estructuras, políticas de sustentabilidad Currículo. La universidad debe incorporar en su oferta docente asignaturas con contenidos de sostenibilidad, tanto en sus asignaturas opcionales como obligatorias. Se debe fortalecer y desarrollar los programas que promueven los estudios inter y transdisciplinarios, y establecer relaciones con otras instituciones con roles similares – Educación formal y no formal. Extensión y Servicio Comunitario. Deben desarrollarse proyectos y programas de sostenibilidad, actividades de servicio comunitario, valores y prácticas, para comunidades locales resultantes de la reflexión sobre el rol de la institución en su sistema social y ambiental. Fomentar alianzas con otras universidades, ONG y organizaciones comunales en niveles locales, regionales y globales. Investigación, Desarrollo e Innovación. Promover investigación y docencia en sostenibilidad y temas relacionados. Programas multi e interdisciplinarios, y generar estructuras para el desarrollo de la investigación y políticas en sostenibilidad. Oportunidades para estudiantes. Ampliar oferta académica de pregrado, especializaciones y postgrados relacionados con el
Figura 1: Las dimensiones críticas de la sostenibilidad en la formación y educación terciaria superior. Misión, estructura y planificación
Extensión y Servicio Comunitario
*Operaciones
Curriculo
Investigación, Desarrollo e Innovación
*Energía, residuos, movilidad, compras, seguridad, mantenimiento, etc
Reconocimientos y estímulos al personal
Fuente: Sterling, 2004 2017 33 - I TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 82
Oportunidades para los estudiantes
tema de sostenibilidad. Apoyar la participación estudiantil mediante la orientación y creación de oportunidades que faciliten su involucramiento en actividades relacionadas con la sostenibilidad y apoyo a la comunidad. Reconocimientos y estímulos para el personal. Valorizar las actuaciones que tenga en cuenta las contribuciones al tema de sostenibilidad. Desarrollo de oportunidades para la promoción de la conciencia social y ambiental. Derechos humanos: políticas de empleo; igualdad de oportunidades; condiciones de trabajo; consideraciones sobre género y grupos minoritarios. Operaciones. Internalización en los procesos administrativos y toma de decisiones institucionales de los criterios de sustentabilidad. Sincronizar el proceso de toma de decisiones con las nuevas estructuras que emerjan, responsabilidad social de empleados y miembros con relaciones laborales y contractuales con la institución. Internalizar prácticas ambientales en operaciones, tales como programas en: • Energías: reducción del uso de energía, mejorar la eficiencia del uso de la energía y promover el uso de energías renovables. • Salud: medio físico sano y seguro, conservación del medio natural, innovación y programas de salud. • Gestión de residuos: reducir, reutilizar y reciclar residuos. Tratamiento especial de residuos tóxicos y peligrosos. • Gestión del agua: conservación y uso eficiente. Almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento del agua. Calidad del agua. Regadío de jardines, higiene personal y del medio físico. • Movilidad: opciones de movilidad sustentable, segura y saludable. Reducción de las emisiones de los vehículos, desarrollo del uso y mantenimiento del transporte sustentable, incremento del uso de bicicletas y seguridad en el campus. • Responsabilidad Social: vinculación de la actividad académica (investigación, docencia y extensión) y de servicios de la comunidad con el desarrollo sustentable de la sociedad. Internalizar procesos de sustentabilidad en su funcionamiento y actividades.
• Alimentación: cadenas de suministro, calidad de los alimentos, opciones y dietas de alimentación, servicios de consumo. • Economía Ecológica: iniciativas y emprendimientos. • Proyectos e Innovación: investigaciones y soluciones innovadoras a los retos de la sostenibilidad. Iniciativas sustentables. • Compra verde, entendida ésta como las compras y contratación de obras, bienes o servicios que incluyen consideraciones y criterios de sostenibilidad en la selección del producto y del proveedor. Así se incluye además de los proyectos y obras, los suministros (compra de bienes) y servicios. • Seguridad: tratamiento integral de la seguridad. Participación de la comunidad en la seguridad ciudadana. Gestión de Riesgos ambientales.
17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 2015-2030 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y será para los siguientes 15 años la guía para establecer programas y planes de desarrollo en los diferentes países suscritores de este compromiso. De esta manera es una referencia importante para orientar los esfuerzos de las universidades hacia su misión. Es una visión integradora y amplia que se enfoca en el bienestar y en el equilibrio de intereses al plantear las tesis del desarrollo, por esa razón también es una referencia obligatoria para la construcción de un campus sustentable. La lista completa de estos objetivos es la siguiente: Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica Fig.2. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Al revisar estos 17 ODS encontramos un espacio propicio para identificar los nichos de oportunidades donde se puede incorporar la mitigación de riesgos en los objetivos de un campus sustentable. Debido a la extensión del documento, se muestra a continuación sólo una selección de objetivos y metas donde están presentes estas vinculaciones. Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social. Metas del Objetivo 9 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo. Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles Metas del Objetivo 11 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todoslos niveles. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica Metas del Objetivo 15 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación del suelo. De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.
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Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción
FORTALEZAS UCV Y OPORTUNIDADES INTERNACIONALES Las principales fortalezas disponibles en la UCV para consolidar el Proyecto UCV Campus Sustentable y su incidencia en la mitigación de riesgos están constituidas por la gran variedad de experiencias en la formulación y ejecución de proyectos de tres instituciones: el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción-IDEC, el Centro de Estudios Integrales del Ambiente-CENAMB y el Programa de Cooperación Interfacultades-PCI, estos dos últimos adscritos al Vicerrectorado. La UCV a través del Proyecto UCV Campus Sustentable está instrumentando en la actualidad un análisis sobre el desarrollo de la sustentabilidad en la institución, específicamente en materia de gestión y conocimiento. Para ello se han aplicado los siguientes instrumentos: Evaluación de gestión sostenible RISU, evaluación GreenMetric, Test de Conocimiento de Sostenibilidad (SULITEST).
FORTALEZAS INSTITUCIONALES Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. IDEC Fundado en 1975, adscrito a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela es el primer instituto de investigación y desarrollo universitario del país orientado por la misión de introducir innovaciones tecnológicas en el campo de la arquitectura y la construcción. Es una institución dedicada a contribuir e impulsar el desarrollo tecnológico de la construcción bajo criterios de calidad, sostenibilidad y responsabilidad social; se encuentra comprometido con la generación de conocimientos, proyectos, servicios y productos tecnológicos competitivos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y su desarrollo sustentable.
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Centro de Estudios Integrales del Ambiente. CENAMB. Esta institución fue creada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en 1977 como una institución con autonomía académica, adscrito al Vicerrectorado Académico. Tiene como objeto realizar, promover y fomentar la investigación, la docencia y la extensión de la planificación integral del ambiente, sobre una base ecológica, sistémica y energética. Posee carácter transdisciplinario y basa su fundamentación teórica en la concepción del ambiente como totalidad y en las nuevas tendencias integradoras. La institución posee una interesante experiencia en el campo de la investigación. Realiza estudios orientados a la comprensión del funcionamiento del sistema ambiental y opciones para su manejo bajo el paradigma de la sustentabilidad. Los proyectos generados contribuyen a la conformación de nuevos enfoques metodológicos: integradores y globalizantes, sin perder de vista la importancia del conocimiento disciplinario. Programa de Cooperación Interfacultades. PCI El Programa de Cooperación Interfacultades PCIs se define como uno de los proyectos más innovadores en materia de generación de mecanismos de integración académica transdisciplinaria y multirreferencial, que promueven la formación integral del estudiante, la flexibilidad curricular, la movilidad estudiantil y profesoral, la gestión del conocimiento, la cooperación académica y la formación de formadores en las diferentes facultades de la Institución. A través del PCI los programas ambientales se articulan entre las diferentes dependencias con mecanismos que ayudan a la integración y suma de esfuerzos, además de realizar una apertura disciplinaria y multidisciplinaria en los programas de pregrado y postgrado. El programa realiza una oferta docente organizada bajo la modalidad de ejes de transversalidad en diferentes campos del conocimiento. En este sentido, el Eje Temático Ambiente, donde la sustentabilidad juega un rol fundamental, es creado como una modalidad de integración académica que facilita el desarrollo de programas inter, multi y transdisciplinarios en el tema.
Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos ante Desastres Socio Naturales COMIR. Este programa es una plataforma para la reducción de riesgos y sustentabilidad en las universidades. El 7 de noviembre de 2001, se aprobó mediante la Resolución No 857 del Consejo Universitario: “Aprobar la transformación del Proyecto de la Comisión de Mitigación de Riesgos- COMIR en Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos ante Desastres Socio-Naturales, COMIR, a fin de consolidar la reducción de la vulnerabilidad ante desastres socio-naturales como parte de la misión de la Universidad Central de Venezuela”. El proyecto resulta particularmente importante por su posibilidad de convertirse en un programa piloto para otras instituciones educativas, lo que vendría a reforzar las actividades de mitigación de riesgos en Venezuela. Su objetivo es contribuir a que la Universidad Central de Venezuela sea referencia nacional e internacional como modelo de una institución de educación superior al servicio del país, con pertinencia social, comprometida a través de su producción académica y funcionamiento interno con las condiciones de riesgo de Venezuela, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y la sostenibilidad del desarrollo, al reducir las condiciones de vulnerabilidad ante desastres socio naturales.
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES Redes y Conferencias a escala internacional
Para la formulación y ejecución del proyecto se puede contar con las oportunidades que ofrece el trabajo en redes, lo cual facilita el intercambio de información, comunicación y Joint Ventures de diferente naturaleza. Es de mencionar que a escala internacional existen redes de diferentes tipos dedicadas al tema de la sustentabilidad en las universidades, tales como: redes de proyectos, redes globales, redes adherentes, redes regionales y Red Internacional de Campus Sostenible ISCN. ARIUSA (Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente)
Es una red de redes universitarias ambientales creada en Bogotá el 26 de octubre de
2007 por un grupo de Redes Universitarias en Ambiente y Sustentabilidad (RUAS), reunidas durante el IV Congreso Internacional Universidad y Ambiente, evento organizado por la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA). La misión de ARIUSA es promover y apoyar la coordinación de acciones en el campo de la educación ambiental superior, así como la cooperación académica y científica entre Redes Universitarias por el Ambiente y la Sustentabilidad. Redes fundadoras
• Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental. Germán Rodríguez, Coordinador REDFIA. • Red Colombiana de Formación Ambiental. Jhoniers Guerrero, Presidente Junta Directiva RCFA. • Red de Formación Ambiental para América Latina y El Caribe. Isabel Martínez, Coordinadora RFA-ALC. • Organización Internacional de Universidades por el Desarrollo Sustentable y el Medio Ambiente. OIUDSMA. José Luis Rosúa, Director Ejecutivo. • Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable. COMPLEXUS. Norma Mota, Secretaria Ejecutiva. • Red Cubana de Gestores Ambientales en las Universidades. RC-GAU. Lourdes Ruiz, Coordinadora. Redes adherentes
• Red Mexicana de Posgrados Pluridisciplinarios en Ambiente y Sociedad. REMEPPAS. Ileana Espejel, Coordinadora. • Red Ambiental de Universidades Dominicanas. RAUDO. Rosaura Pimentel, Representante. • Asociación Continental de Universidades de Desarrollo Sustentable. ACUDES. Pablo Barriga, Coordinador General. • Red Argentina de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente. RAUSA. Indiana Basterra, Secretaria Ejecutiva. • Red Ambiental de Universidades Sustentables. RAUS. Ángela María Plata, Representante • Red Venezolana de Universidades por el Ambiente. REDVUA. Carelia Hidalgo, Coordinadora.
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• Red Campus Sustentables. RCS. Oscar Mercado, Representante. • La Red Costarricense de Instituciones Educativas Sustentables. REDIES Manrique Arguedas, Coordinador. • Red Ambiental Interuniversitaria. RAI. José Martín Cárdenas, Representante • Rede Sul Brasileira de Educación Ambiental. REASUL. Antonio Fernando Guerra, Representante. • Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Desarrollo Sustentable y Prevención de Riesgos. CADEP Javier Benayas, Secretario Ejecutivo. Redes Proyectos
• Red de Investigación sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Ambiental en Iberoamérica. CTIE-AMB. Orlando Sáenz,Coordinador. • Red de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. MADS. Diego Pablo Ruíz, Coordinador. • Red Iberoamericana de Investigación en Sustentabilidad y Ambiente. RINSA. José Luis Rosúa, Coordinador. • Red del Postgrado Iberoamericano en Ciencias y Tecnologías Ambientales. PICyTA. Orlando Sáenz, Coordinador. • Red de Indicadores de Sostenibilidad en las Universidades. RISU. Javier Benayas, Coordinador. • Red de la Revista Iberoamericana Universitaria en Ambiente, Sociedad y Sostenibilidad. AMBIENS. Fredy López, Editor. Redes globales
• Global University Network for Innovation. GUNI. Cristina Escrigas-Directora Ejecutiva. • International Sustainable Campus Network. ISCN. Secretariat secretariat@isc-network.org • Sustainable Literacy Test. SULITE. Jean Christophe Carteron-General Secretary • Global Universities Partnership on Environment for Sustainability. GUPES. Mahesh Pradhan Chief, Environmental Education and Training Unit. Redes regionales
• Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad – Latinoamérica. GUPES-LA. Isabel Martínez, Representante • Comisión Sectorial de Calidad Ambiental Desarrollo Sustentable y Prevención de Riesgo. CADEP. Secretario Ejecutivo. Javier Benayas
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Red Internacional de Campus Sostenible ISCN
• La Red Internacional de Campus Sostenible (ISCN, por sus siglas en inglés) provee un foro global para apoyar a los colegios, universidades y campus corporativos miembros en el intercambio de información, ideas y mejores prácticas para lograr operaciones sostenibles en el campus e integrar la sostenibilidad en la investigación y la enseñanza.
SITUACIÓN ACTUAL A objeto de conocer el desarrollo de la sustentabilidad en nuestra Casa de Estudio, se están aplicando test y cuestionarios como instrumentos de evaluación Red de Indicadores de Sustentabilidad en las Universidades (RISU). Proyecto de definición de indicadores para la evaluación de las políticas de sustentabilidad en universidades latinoamericanas, desarrollado por una de las redes del proyecto de ARIUSA. Un test para medir la política de ambiente y/o sostenibilidad como indicador de gestión ambiental universitaria se aplicó en un total de 17 universidades en Venezuela. Los resultados se recogen en una publicación coordinada por los profesores Carelia Hidalgo de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (estado Lara) y Luis Torres Núñez de la Universidad Experimental Sur del Lago (estado Zulia) (véase Hidalgo López, C. y Torres Núñez, L., 2017). El test busca contar con un balance sobre cuál es la situación de los compromisos con la sostenibilidad de la universidad y las capacidades existentes en la formulación de recomendaciones para mejorar su desempeño. El instrumento de evaluación se aplicó en las siguientes 17 universidades de Venezuela: • Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado UCLA • Universidad Bolivariana de Venezuela UBV • Universidad de Los Andes ULA • Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago UNESUR • Universidad de Carabobo UC • Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora UNELLEZ • Universidad Simón Bolívar USB • Universidad Católica Andrés Bello UCAB
• Instituto Universitario de Administración y Gerencia IUAG • Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL • Universidad Nacional Yacambú UNY • Universidad Politécnica Territorial “Andrés Eloy Blanco” UPTAEB • Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET • Universidad Central de Venezuela UCV • Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda UNEFM • Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO • Instituto Universitario San Francisco (IUSF_ Fe y Alegría) IUSF-IUJO Resumen resultados obtenidos: “Las universidades venezolanas participantes en la aplicación de los indicadores de sostenibilidad universitaria evidenciaron la intencionalidad de iniciar un camino hacia la gestión ambiental universitaria con 59% de declaraciones que aún les falta concreción en implementación efectiva que permita avanzar en los compromisos universitarios sobre ambiente y sostenibilidad. Por lo general carecen de unidades de gestión administrativa, personal a dedicación exclusiva y asignaciones presupuestarias destinadas a dichos fines. Solo en 18% (3 de las 17) de las universidades aplica un plan efectivo de gestión ambiental-sostenible universitaria. Incluso aún no se cumple en forma global
con normas de repercusión ambiental del marco legal ambiental vigente. UI Greenmetric World University Ranking On Sustainability Es una iniciativa de Universitas Indonesia, que se presentó por primera vez en 2010, para promover la sostenibilidad en las instituciones de educación superior a nivel mundial. Permite a las universidades compartir su experiencia y mejores prácticas en temas de sostenibilidad, así como medir su política de sostenibilidad facilitando la comparación entre ellas. Los resultados se calculan a partir de la información proporcionada por las universidades a través de un cuestionario organizado en seis categorías: 1. Ubicación e Infraestructura (15%). 2. Energía y Cambio climático (21%). 3. Gestión de residuos (18%). 4. Uso del agua (10%). 5. Transporte (18%) y 6. Educación (18%). En 2017, la segunda participación de la UCV en este sistema de evaluación, se obtuvo una mejora considerable en relación al año 2016, la cual se muestra en la figura 3. Este esfuerzo fue reconocido por la organización GreenMetric, al invitar a la UCV a participar este mismo año a mostrar su progreso en el área de educación para la sostenibilidad en un evento convocado junto a otras universidades. Test de Conocimiento de Sostenibilidad (SULITEST). Se está organizando la aplicación del Test de Conocimiento de Sostenibilidad, cuyo objetivo es evaluar el nivel de conocimiento de sostenibilidad en la comunidad académica. El test
Fig.3. Resultado sistema de evaluación de la segunda participación de la Universidad Central de Venezuela en el UI Greenmetric World University Ranking On Sustainability
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es de amplia aplicación internacional y es apoyado por diversos organismos, entre los cuales se encuentra la UNESCO. La principal ambición en la construcción del Sulitest es medir y mejorar la alfabetización en sostenibilidad: “el conocimiento, las habilidades y las mentalidades que ayudan a obligar a un individuo a comprometerse profundamente en la construcción de un futuro sostenible y permitirle tomar decisiones informadas y efectivas a este fin”. El Sulitest ofrece a las instituciones de educación superior, empresas y otras organizaciones de todo el mundo una herramienta internacionalmente reconocida y relevante a nivel local para medir y mejorar la alfabetización de la sostenibilidad para todos. La Prueba de Alfabetización de Sostenibilidad es un cuestionario en línea de elecciones múltiples. Para poder entender las tendencias de una región del globo a otra y para permitir que las organizaciones/candidatos hagan un benchmarking a nivel mundial, 30 preguntas provienen de la misma base de datos de preguntas internacionales y son idénticas para todos los usuarios en todo el mundo. Estos se suelen combinar con otro conjunto de 20 preguntas “especializadas” que reflejan especificidades locales, regionales y culturales (por ejemplo, reglamentos y leyes locales, cultura y prácticas).
CONCLUSIONES En este trabajo se mostraron las múltiples oportunidades para incidir desde un campus sustentable en la reducción de riesgos socionaturales dentro y fuera del mismo campus. En ese contexto hemos señalado las diversas maneras a través de un esquema organizativo y estratégico denominado Siete Dimensiones de la Sostenibilidad en Instituciones de Educación Universitaria. Por otra parte los instrumentos de evaluación de la sostenibilidad como Sulitest, Greenmetric, RISU y los sistemas de evaluación de sostenibilidad de edificaciones suministran indicadores para poder orientar los programas, planes y acciones en función de la reducción de riesgos socionaturales. El marco de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que están guiando las estrategias mundiales suministran una agenda para fijar las prioridades en los esfuerzos de las universidades en sus investigaciones,
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Los Objetivos 7, 9 y 11 en partícular dan unas metas que son buenas referencias para ello. Las universidades adscritas a la Declaración de Talloires adquieren el compromiso de cumplir los diez puntos contenidos en esa Declaración, a través de sus vínculos con la educación primaria, secundaria, universitaria y la comunidad nacional. Los grupos de investigación y acción especializados en vulnerabilidad y resiliencia como COMIR y REDULAC, son la plataforma adecuada para difundir, formar y organizar las estrategias en el ámbito de un Campus Sustentable. Es necesario destacar la importancia de incorporar a los estudiantes en las actividades de docencia, investigación y extensión con el doble propósito de formar ciudadanos que serán actores y replicadores de las experiencias exitosas que podamos construir, y las llevarán a donde se desempeñen en su vida privada y profesional, y al mismo tiempo permitirá captar talentos para integrarlos a equipos de investigación y formación en las mismas universidades u organizaciones vinculadas con programas vulnerabilidad.
RECOMENDACIONES Incentivar la participación de toda la comunidad, siguiendo el esquema de las Siete Dimensiones de Sterling, significa fortalecer las conexiones entre estas siete dimensiones y hacer cierto el principio de la Universidad como laboratorio viviente de la sostenibilidad. Continuar investigando en tecnologías apropiadas para hacer monitoreo de eventos socionaturales. Incrementar la cohesión social pues garantiza la solidaridad y la comunicación entre los diferentes actores, asi como también la efectividad de las medidas de prevención y atención a la población durante eventos catastróficos. Por otra parte, para cumplir con los compromisos de la Declaración de Talloires, acercarse a las escuelas y liceos, y a las comunidades organizadas para instruirlos y entrenarlos en enfrentar con estrategias, herramientas y acciones efectivas los eventos socionaturales. Otra acción importante es la creación de redes de información en la comunidad ucevista y con otras univesridades del país. Actualmente estamos trabajando en el diseño de un sistema de información sobre
desarrollo sostenible que se propone ofrecer una base de datos y herramientas de búsqueda sobre investigadores, organizaciones y comunidades vinculadas a estos temas de vulnerabilidad, y una agenda de eventos sobre los mismos. Esto permitirá también hacer intersección de información con campos de especialización que posibilitará el encuentro de la persona indicada para el problema particular, o detectar también vacíos en algunos campos de estudio o acción, y poder plantear las soluciones adecuadas y pertinentes. En relación a los proyectos, suministrará los datos esenciales de los objetivos, los participantes, las fuentes de financiamiento, las categorías de sostenibi-
lidad abarcadas de acuerdo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Estamos también preparando una convocatoria para un centro de educación para el desarrollo sostenible que deberá estar al servicio de la comunidad global del país para impulsar la educación en la población a través de programas formales, no formales e informales. Tomar las evaluaciones de la calidad estructural y de la sostenibilidad de edificaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas que se están realizando con el apoyo de tesistas y pasantes de ingeniería, arquitectura y otras disciplinas, para asentar programas y planes de prevención, monitoreo, formación y estrategias para enfrentar los riesgos.
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Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en el proyecto UCV Campus Sustentable
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Geovanni Siem
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Impacto de la reducción de riesgos ante desastres socionaturales en el proyecto UCV Campus Sustentable
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OTRA UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI: HACIA UNA INSTITUCIÓN INTERDISCIPLINARIA, INTERIDEOLÓGICA, INTERCULTURAL Y SOSTENIBLE* ANOTHER UNIVERSITY FOR THE 21ST CENTURY: TOWARDS AN INTERDISCIPLINARY, INTERDEOLOGICAL, INTERCULTURAL AND SUSTAINABLE INSTITUTION ERNESTO GONZÁLEZ ENDERS UCV, UNESCO-IESALC
* Ponencia originalmente presentada durante el ciclo “Conceptos y herramientas para la sostenibilidad y la salud”, celebrado el 29 de mayo 2015, segundo ciclo del evento Ciudadanía para la vida. De lo personal a lo global, una programación diseñada en tres ciclos para celebrar los 20 años de la creación del Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos ante Desastres Socio Naturales de la Universidad Central de Venezuela-COMIR, con el objeto de brindar un espacio para mostrar los aportes que en estas áreas realizan las universidades venezolanas a través de su producción académica.
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Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la Educación Superior (ES) tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos a través del estudio de sus dimensiones sociales, económicas, educativas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente. La ES debe asumir el liderazgo social en materia de creación de conocimientos para abordar con éxito los grandes desafíos mundiales (CRES, 2008). En ningún momento de la historia ha sido más importante como ahora, contar con la garantía de la calidad de los estudios superiores, por su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento, integradoras y diversas y para fomentar la investigación, la innovación, la creatividad y el desarrollo (CMES, 2009). Durante las últimas cuatro décadas, más de la mitad de todos los países del mundo han creado mecanismos de aseguramiento de la calidad, gracias a que Peter Drucker (1969) y Alvin Toffler (2006) llamaron la atención sobre la importancia del conocimiento como un recurso gestionable y fuente de poder. Así mismo, en el desarrollo de las sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005) se ha establecido la mente humana como la fuerza productiva directa más importante y, por lo tanto, la generación, procesamiento y transmisión de la información como fuentes de productividad y de poder se hacen valiosas y competitivas, por lo que es necesario establecer niveles de confianza, asegurando su calidad, para avanzar en el desarrollo orgánico y sostenible de las naciones. Varios procesos tienen que ver con esta necesidad de asegurar la calidad de la ES: • un aceleramiento del cambio científico-tecnológico-innovativo, • una rápida expansión de los sistemas de ES, • la aparición de una gama más amplia de proveedores de ES, incluyendo a instituciones públicas, privadas, transfronterizas y de educación a distancia, • y nuevas formas de organización social. El aseguramiento de la calidad está estrechamente relacionado con la movilidad académica y profesional, así como con un número creciente de procesos de integración institucional, local, regional y global La garantía de calidad es una función esencial de la ES contemporánea y debe contar con la participación de todos los interesados. Es una tarea que exige tanto la implantación de sistemas para garantizar la calidad, como de pautas de evaluación tanto internas como externas, así como el fomento de una cultura de calidad en las instituciones de ES [IES] (CMES, 2009). El afán prioritario consiste en promover la evaluación y la acreditación como instrumentos sociales
que procuren garantizar la calidad de la educación que se requiere para enfrentar con éxito los retos del presente y atisbar con acierto los desafíos del futuro. El aseguramiento de la calidad tiene dos propósitos: a) regulación y rendición de cuentas de las IES y b) una necesaria y subsecuente mejora de sus misiones. La UNESCO y el UNESCO-IESALC, históricamente, tanto a nivel global como regional y local estimulan que los procesos de aseguramiento de la calidad se produzcan en el seno de las IES y que los gobiernos provoquen una mejora sostenida de la calidad de los Sistemas de ES a nivel global y en los países de la región latinoamericana y caribeña, respectivamente. La adopción informal por parte de las Naciones Unidas del concepto de desarrollo sostenible parte de la creación en 1983 de la Comisión mundial sobre ambiente y desarrollo de las Naciones Unidas (WCED, siglas en inglés) que en 1987 publicó su informe titulado Nuestro Futuro Común, también conocido como el Informe Brundtland. Este informe identificó a la pobreza de los países del sur y al consumismo extremo de los países del norte, como las causas fundamentales de la insostenibilidad del desarrollo y la crisis ambiental. La Universidad de nuestros tiempos, en los cuales la preocupación de la humanidad es continuar desarrollando nuevas vías para la obtención de bienestar y nuevo conocimiento científico, humanístico y tecnológico, tiene la gran responsabilidad de: • garantizar la creación de conocimientos, desarrollar habilidades y valores en los futuros profesionales • sobre la base de principios éticos, metodológicos, conceptuales, pedagógicos y epistemológicos novedosos, • que garanticen un desarrollo sostenible humano y ambiental, entendiéndose éste como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. La WCED recomendó la convocatoria de una conferencia sobre estos temas, a través del desarrollo del Programa 21 que se inició el 22 de diciembre de 1989 con la aprobación en la asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York de una conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo como fuera recomendada por el Informe Brundtland. Se elaboraron borradores del programa que, como todos los acordados por los Estados miembros de la ONU, sufrieron un complejo proceso de revisión, consulta y negociación que culminó con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo mejor conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, llevada a cabo entre el 3 y el 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, donde representantes de 179 gobiernos acordaron adoptar el programa (Cumbre de la Tierra, 1992). Ello obliga a las universidades a cumplir con esta misión empezando a trabajar con base en modelos educativos que integren lo cognitivo, las competencias y los modos de actuación profesional.
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OTRA UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI: HACIA UNA INSTITUCIÓN INTERDISCIPLINARIA, INTERIDEOLÓGICA, INTERCULTURAL Y SOSTENIBLE
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Ernesto González Enders
Actualmente todos los campos del conocimiento requieren de nuevas capacidades personales e institucionales, es por ello que la temática Etno-bio-ambiental se ha introducido en todas las esferas educativas, científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación. La universidad, en su papel de formación de profesionales y de creación de conocimiento, tiene la responsabilidad de garantizar el logro de una efectiva solución de los grandes problemas que aquejan a la humanidad y su ambiente. La universidad debe realizar un compromiso socio-cultural y político con la sociedad, que permita sentar las bases para concretar una serie de estrategias de acción social desde las que se pueda iniciar un proceso ahora denominado de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que abarque todas sus misiones: docencia, investigación, extensión y gestión (gobernanza) en un proceso de calidad que se plasme en todas las actividades que realizan los distintos componentes de la comunidad universitaria (profesores, investigadores, estudiantes, personal de administración y servicios) respondiendo así a cada una de estas funciones (González, 2009): • la formación de personas, ciudadanos y profesionales, • la creación de conocimientos científicos, tecnológicos e innovativos • la extensión (interacción social) con a la comunidad, y • las operaciones diarias que se realizan en la vida universitaria. En fin, el compromiso de la universidad con el desarrollo sostenible supone el replanteamiento profundo de todas sus misiones esenciales: docencia, investigación, extensión y gestión (RSU), a partir de lo cual se configura una nueva cultura institucional orientada por los principios del desarrollo sostenible, que permita concientizar y responsabilizar a toda la comunidad universitaria en la necesidad de actuar de acuerdo con una práctica ambientalmente coherente, que tenga también como uno de sus principios fundamentales la solidaridad con los demás pueblos del mundo y con las generaciones futuras. A raíz de este llamado de atención a la necesidad de entender los fenómenos medioambientales, se profundiza en la ecología como la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat (factores bióticos). La visión integradora de la ecología plantea que es el estudio científico de los procesos e interacciones que ocurren entre estos factores. En este sentido, se requiere enfatizar la formación de individuos que valoren la salud integral y tengan una actitud consciente, comprometida y responsable con el medio ambiente, como punto de partida para el desarrollo del conocimiento, habilidades y valores.
¿QUÉ PODEMOS ENTENDER POR SALUD? “Es el estado de completo BIENESTAR físico, mental y social, ES calidad de vida, y NO ES la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves”, según la definición de la Organización Mundial de la Salud-OMS, que aparece en su constitución de 1946. La salud es un derecho natural primario que es patrimonio y responsabilidad de toda sociedad En efecto, en Alma-Ata (Kazajistán, 1978) se expresó que “el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud”. En 1992 se agregó a la definición de la OMS: “y en armonía con el medio ambiente”, ampliando así el concepto (Dean K & Hancock T., 1992). La salud también puede definirse como el nivel de eficacia funcional y metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a nivel macro (ecológico y social) y, por tanto, abarca el estado eco-bio-psico-social, es decir todos los aspectos en que se desenvuelve un individuo durante su vida
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La salud se mide por el impacto (shock) que una persona pueda recibir ante un evento, sin comprometer su sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio de salud. Una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente… De manera que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y en armonía con el medio ambiente
Gráfico 1. La salud: patrimonio y responsabilidad de toda sociedad
Gráfico 3. Salud y medio ambiente
Gráfico 2. La salud como un continuo de calidad de vida
¿QUÉ ES ECOSALUD? El medio ambiente y la salud son temas estrechamente relacionados. En la Carta de las Naciones Unidas, redactada en 1948, se señala en su parte introductoria, que el organismo internacional está comprometido con la promoción del progreso social y el incremento en el nivel de vida, esto “dentro de un concepto más amplio de la libertad”, agregando en su capítulo I que entre sus propósitos está el “realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. En este concepto amplio, queda incluido el tema ambiental.
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Otra Universidad para el siglo XXI: hacia una institución interDisciplinaria, interIdeológica, interCultural y Sostenible
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Ernesto González Enders
En el año 1968, la ONU aprobó una resolución en la que convocó a la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se realizó en 1972 y resultó en la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA. Entre las consideraciones de la resolución se menciona el deterioro constante y acelerado de la calidad del medio humano provocado por factores como “la contaminación del aire y de las aguas, la erosión y otras formas de deterioro del suelo, los desechos, el ruido y los efectos secundarios de los biocidas”. Todo esto, señala el organismo internacional, tiene efectos sobre la condición del hombre y su bienestar físico, mental y social. En la declaratoria del PNUMA se destaca que existe evidencia del daño que la actividad humana provoca en el medio ambiente, lo cual lastima “la salud física, mental y social del hombre”. El programa considera en sus principios que se debe poner un alto a la contaminación y emisión de sustancias dañinas y tóxicas, que significan un riesgo para la salud humana. Según el documento “Ambientes saludables y prevención de enfermedades”, de A. PrüssÜstün y C. Corvalán, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2006, en este tema existen factores ambientales que incluyen riesgos físicos, químicos y biológicos que pueden afectar directamente a la salud, los cuales pueden ser incrementados por comportamientos no saludables, como por ejemplo la inactividad física. El organismo señala que existen factores ambientales que resultan “fundamentales”, como son la calidad del aire y del agua, las pautas de uso de energía, aprovechamiento de tierras y planificación urbana. El documento concluye que “el 24% de la carga de morbilidad mundial y el 23% de todos los fallecimientos (mortalidad mundial) pueden atribuirse a factores ambientales”. Según se explica, los factores de riesgo ambientales contribuyen a la “carga de morbilidad en 85 categorías” de padecimientos. En este sentido, señala la OMS, el porcentaje de morbilidad atribuible a factores ambientales varía considerablemente. Esto “debido a diferencias en la exposición ambiental y el acceso a la atención sanitaria entre las diversas regiones”. Un ejemplo de ello es que dentro de las regiones desarrolladas el porcentaje en este tipo de muertes es del 17%, mientras que en las regiones en desarrollo la cifra se dispara a 25%. Entre los factores de riesgo están la exposición a polvo y sustancias químicas, contaminación del aire –tanto atmosférica como en lugares cerrados–, utilización de combustibles sólidos en los hogares. En lo que se refiere a morbilidad ambiental, los niños son el grupo de edad más vulnerable. Según la OMS el número de años de vida sana perdidos por habitante, debido a factores de riesgo ambiental es alrededor de cinco veces más entre niños de 0 a 5 años de edad. Otro grupo de alta vulnerabilidad son los adultos mayores: “a medida que las personas envejecen son más susceptibles a las amenazas del medio ambiente, lo que podría ocasionar o agravar condiciones crónicas de salud o hasta amenazar la vida”. El concepto de ecosalud enfatiza la conexión entre la salud de los ecosistemas y la salud de las personas que son parte de ellos. Se trata de una disciplina innovadora que flota en la intersección entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas donde están interrelacionados lo biológico, lo social y lo cultural. Baer y Singer (2009) lo definen como el desplazamiento de las enfermedades por causa del cambio climático y las interacciones que se producen entre unas y otras. Esta visión relacional de la salud y el medio ambiente nos propone un enfoque biosocio-cultural que aborde sus complejas interacciones con diferentes procesos sociales, culturales, políticos y económicos.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE ECO-SALUD EN LA PRÁCTICA Una aplicaciónes innovadora es el “Enfoque ecosistémico para la Salud Humana o Ecosalud”, emprendida en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, generada a partir de los resultados de casi 15 años de apoyo a la investigación mediante el enfo-
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que de ecosalud y actividades de fortalecimiento de capacidades y redes. Creado por el Parlamento de Canadá en 1970, el IDRC ayuda a los países en desarrollo (más de 70) a utilizar la ciencia y la tecnología para encontrar soluciones prácticas y duraderas a sus problemas sociales, económicos y ambientales a través del apoyo que presta el IDRC a los investigadores de países en desarrollo, al fortalecimiento de la capacidad de investigación y al fomento de la adopción y el uso de las conclusiones de la investigación en los procesos de formulación de políticas y la toma de decisiones a nivel de sus países. En 1997, aprovechando décadas de experiencias variadas en investigación en salud y medio ambiente, el IDRC inició el programa de investigación llamado Enfoques Ecosistémicos para la Salud Humana (o Ecosalud). Su objetivo inicial fue apoyar la investigación innovadora acerca de cómo lograr una mejor salud humana a partir de una mejor gestión ambiental y de los recursos naturales. Este enfoque fue más allá del entonces dominante paradigma de los factores determinantes ambientales de la salud, aprovechando los avances en salud pública e internacional y puso su énfasis en 3 pilares: transdisciplinariedad, participación de actores múltiples y análisis social y de género. La propuesta abarca 15 estudios de caso relativos a la investigación de ecosalud, agrupados en 4 secciones, cada una de las cuales se focaliza en temas de desarrollo internacional de relevancia particular para la salud ambiental, que están representados en el historial programático del IDRC: transformaciones agrícolas, contaminación ambiental, enfermedades transmitidas por vectores y ecosistemas urbanos degradados. Los estudios de caso son narrativas que describen el proceso de puesta en marcha de un enfoque ecosistémico, desde su diseño hasta el análisis de los resultados y sus propuestas futuras. Representan una amplia gama de experiencias, cada una de ellas específica según la naturaleza del problema tratado y del contexto local. Cada estudio de caso representa un éxito en términos de cambios positivos y duraderos, que podrían no haberse logrado de otro modo. En muchos casos, los resultados fueron alcanzados luego de años de esfuerzos para desarrollar y aplicar los hallazgos de la investigación a un problema a través del involucramiento de comunidades y responsables de la toma de decisiones. Representan inversiones de largo plazo por parte del IDRC y de los investigadores y actores involucrados. La investigación de ecosalud en la práctica presenta un campo de investigación que está respondiendo a la necesidad de “estrategias basadas en evidencia” para mejorar la salud a través de cambios prácticos, equitativos y sustentables en las estrategias políticas y los programas. Se espera que inspire y equipe mejor a las personas para continuar trabajando con las ideas de ecosalud y que sea relevante para aquellos que luchan por una vida saludable y productiva en los países en desarrollo.
¿QUÉ ES ECOEDUCACIÓN? Otra de las propuestas para lograr el cambio en la relación naturaleza/sociedad la encontramos en la educación ambiental, cuya finalidad es hacer frente a la crisis ambiental mediante la promoción de valores universales, que reorienten la ética de las relaciones humanas con la tierra y con el propio ser humano. Construir la realidad desde el saber emergente ambiental permitiría la articulación de la técnica y la práctica con un conjunto de disciplinas, surgiendo así un pensamiento complejo y la metodología interdisciplinaria, constituyendo un proceso transdisciplinario, para así poder alcanzar una nueva visión de la vida y una conciencia humana planetaria (Terrón, 2000). En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Cumbre de la Tierra, 1992), se presentó a la educación como un instrumento más a integrar en la política para la construcción de un desarrollo sostenible. En la Agenda 21, aprobada en esta conferencia, se sugirieron tres áreas programáticas dentro de las que se concretaron las bases para la acción, los objetivos a alcanzar y las actividades a realizar con ese fin. Las áreas del programa fueron:
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DOCUMENTOS
Otra Universidad para el siglo XXI: hacia una institución interDisciplinaria, interIdeológica, interCultural y Sostenible
DOCUMENTOS
Ernesto González Enders
• • •
la orientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia de los ciudadanos, y el fomento de la capacitación.
Se propuso ofertar una educación –tanto formal como no formal e informal–para cambiar las actitudes de los sujetos y así capacitarlos para detectar, analizar y en definitiva, evaluar y abordar los problemas del desarrollo sostenible. Algunas de las actividades fundamentales que implicaban a la ES estaban encaminadas hacia la necesidad de impartir a los estudiantes cursos interdisciplinarios, fortalecer la investigación y lograr criterios comunes de enseñanza entre las actividades de las universidades y las redes regionales. Así, la idea de unidad constituye el principio esencial de la ecología y donde este pensamiento sistémico está reemplazando a las estrategias lineales y jerárquicas tradicionales en todas las áreas del conocimiento y el proceso educativo en general. En estos conceptos se origina la Ecoeducación, que se ha convertido en una estrategia para reestructurar la educación en todos sus aspectos desde la naturaleza y el contenido de un plan de estudios, así como la forma en que se agrupa a los estudiantes, la forma en que se administra el proceso enseñanza-aprendizaje, la forma en que se encuentra estructurado el sistema educativo y por último lo que se podría llamar “la cultura de la escuela” (Clark, 1997). La Ecoeducación plantea que los docentes y estudiantes diseñarán el contenido, programas y actividades únicas que reflejan las necesidades de su comunidad en proceso de aprendizaje. Un plan estructurado de esta manera estimulará el pensamiento reflexivo, creativo y crítico, al alentar la participación activa del estudiante y al sustentar un auténtico aprendizaje. Por ello el profesor se convierte en un recurso, un guía, un entrenador o un apoyo y los estudiantes se convierten en activos y creativos buscadores de información apropiada y, en ocasiones, incluso en co-creadores del conocimiento. Otra característica que es fundamental de la Ecoeducación es que debe estar completamente integrada al grupo social más amplio posible o a la comunidad a la que sirve, involucrando a los padres de familia y a otros adultos de la comunidad en una gran diversidad de papeles. Una comunidad de aprendizaje asume que cada miembro de la comunidad es igualmente importante, y es igual tanto un aprendiz como un profesor (que a la vez es también un aprendiz). En una institución donde se aplica esta Ecoeducación, la cultura de ella se ve transformada y el aprendizaje ya no se ve divorciado del “mundo real” de la vida cotidiana, sino que es visto como un proceso de vida dentro del cual todos nosotros estamos involucrados (gráfico 4). Gráfico 4. Representación gráfica del proceso de Ecoeducación
ECOLÓGICO
Soportable
Viable
Sostenible
SOCIAL
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Equitativo
ECONÓMICO
Otra Universidad para el siglo XXI: hacia una institución interDisciplinaria, interIdeológica, interCultural y Sostenible
Baer y Singer, 2009 El calentamiento global y la ecología política de la salud: crisis emergentes y sistémicas. Soluciones.Hans Baer y Merrill Singer . Walnut Creek: Left Coast Press, 2009 Clark, 1997 Andy Clark: Being There Putting Brain, Body, and World Together Agaim. A Bradford Book. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. CMES, 2009: Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo (Sede de la UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009) CRES, 2008). Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) Cartagena de Indias, Colombia, 4 al 6 de junio de 2008. Cumbre de la Tierra, 1992, Río de Janeiro. Dean K & Hancock T., 1992: Dean K and Hancock, T: (1992) Supportive Environments for Health, World Health Organization Regional Office for Europe. Drucker, P., 1969: Drucker, P (1969), The age of discontinuity, Londres Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común: 1987, Oxford University Press Prüss-Üstün, A. y Corvalán, C. “Ambientes saludables y prevención de enfermedades”, Organización Mundial de la Salud, 2006. Terrón, 2000 Terrón Amigón, Esperanza. (2000). Elementos Teóricos para pensar la Educación Ambiental. En Escuela y Ambiente. Por una Educación Ambiental. Coord. Raúl Calixto Flores. UPN. México. Toffler, A., 2006 Alvin Toffler y Heidi Toffler (2006), La revolución de la riqueza. México, Debate, 651 pp UNESCO, 2005: Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 33ª reunión, París 3 al 21 de octubre 2005.
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DOCUMENTOS
REFERENCIAS
DOCUMENTOS
EL TERREMOTO DEL NORESTE DE VENEZUELA DE 2018, EL MÁS GRANDE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, SENTIDO EN COLOMBIA, TRINIDAD Y OTRAS ISLAS DEL CARIBE* THE NORTHEASTERN VENEZUELA EARTHQUAKE OF 2018, THE LARGEST OF RECENT TIMES, FELT IN COLOMBIA, TRINIDAD AND OTHER CARIBBEAN ISLANDS GUSTAVO CORONEL DELGADO UCV, INME, FI
ANTECEDENTES
*Material publicado en agosto 2018 en el blog del autor: http://gustavocoroneld.blogspot. com/2018/08/el-terremoto-mas-grande-de-losultimos.html Ingeniero Civil, Magister en Ing. Sismorresistente. Profesor-Investigador del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela. Asesor en Ingeniería Estructural y Sismorresistente.
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En la tarde del martes 21 de agosto de 2018, ocurrió el sismo mayor magnitud que se haya registrado en los últimos cien años en Venezuela, cuyo epicentro fue localizado al noreste del país en el estado Sucre en las cercanías de las localidades de Yaguaraparo y Rio Caribe, con una magnitud de momento (Mw) que causó mucha incertidumbre inicialmente y que aún se discute entre 6,9 Mw reportada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis, 2018) y 7,3 Mw reportada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 2018) así como por otros servicios sismológicos internacionales (GFZ, IRIS). Lo cierto es que la población pudo percibir la vibración del sismo en casi todo el territorio de Venezuela, en Trinidad y Tobago, Granada, Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta en algunas zonas de Colombia, norte de Brasil, Guyana y Surinam. Hasta la fecha no se conoce de un reporte técnico oficial que compile las consecuencias en término de los daños, razón que motiva el desarrollo de este documento, basado en la información disponible y recopilada a través de distintas fuentes. La región noreste de Venezuela (estado Sucre) es considerada la zona de mayor amenaza sísmica en el país. La norma vigente especifica una aceleración de diseño de 0,40g (COVENIN, 2001), aunque recientemente en la propuesta de actualización de esta norma (López et al., 2017) se especifican aceleraciones incluso mayores en un rango entre 0,30g y 0,60g dependiendo de la cercanía a la zona de falla (Hernández et al., 2017). Esta región ha sido afectada históricamente por importantes terremotos desde el 1º de septiembre de 1530 cuando fueron reportados por primera vez en la historia daños y pérdidas debidas a un sismo y maremoto, pasando por sismos importantes como los de 1541, 1684, 1766, 1797, 1853, 1929, 1957, 1964, hasta llegar al terremoto de Cariaco del 9 de julio de 1997 (Grases et al., 1999; Grases et al., 2004), siendo este el último sismo que dejó pérdidas de vidas humanas en esa región. Este sismo tuvo origen en la falla de El Pilar por la interacción transformante o transcurrente dextral entre la placa de Caribe y la placa de Suramérica, con una magnitud Mw = 6,9 a solo 10 kilómetros de profundidad (Audemard, 1999). La intensidad máxima fue de VIII (MMI), ocasionó el colapso de 4 edificaciones educativas en Cariaco y un edificio en Cumaná, dejando cerca de 2.000 viviendas afectadas, otras edificaciones dañadas, 74 muertos y 522 heridos (FUNVISIS , 1997; Alonso y Bermúdez, 1999; Bonilla et al., 2000). El colapso de las cuatro edificaciones educativas, dos de la escuela Valentín Valiente y dos del Liceo Raimundo Martínez Centeno, motivó varios estudios sobre la vulnerabilidad y el riesgo de nuestras escuelas (López et al., 2010; Coronel y López, 2013). Las escuelas se encontraban a menos de 1 kilómetro de distancia de la ruptura superficial y recientemente se ha estimado con
modernos modelos de atenuación que la aceleración horizontal en roca en las escuelas pudo ser del orden de 0,40g a 0,50g (Coronel y López, 2013). Aunado a la elevada vulnerabilidad que presentaban las estructuras debido a su antigüedad e irregularidades como la ausencia de vigas en una dirección y columnas cortas, estas fueron razones suficiente para originar el colapso de las mismas (figuras 1 y 2), produciendo la muerte de 22 niños y una maestra. Por otro lado, a unos 75 kilómetros de distancia a la ruptura, en la Ciudad de Cumaná ocurrió el colapso del edificio Miramar (figuras 3 y 4), causando 34 fallecidos (Funvisis, 1997; Alonso y Bermúdez, 1999; Bonilla et al., 2000). En este caso el acelerómetro ubicado en la Universidad de Oriente en Cumaná, registró una aceleración horizontal en roca entre 0,05g y 0,10g (Bonilla et al., 2000), en promedio 0,07g similar al estimado por Coronel y López (2013), la cual es relativamente baja como para ocasionar el colapso de un edificio. Sin embargo se conoce de la existencia de posibles efectos de sitio en algunas zonas de Cumaná (Schmitz et al., 2006) que pudieran haber amplificado esta aceleración en el rango de periodos de este edificio de 8 niveles. Estudios posteriores reflejarían que independientemente existía una elevada vulnerabilidad de la edificación originada por deficiencias tanto en su diseño como en su construcción (IMME, 1998). Luego del terremoto de Cariaco de 1997 ocurrieron sismos de pequeña y moderada magnitud e intensidad en la región noreste de Venezuela sin ocasionar consecuencias relevantes sobre las construcciones, lo que quizás hizo que regresara nuevamente la confianza en la población sobre la seguridad de sus construcciones y el olvido de lo antes vivido.
Figura 1. Escuela Valentín Valiente, Cariaco 1997.
Fuente: FEDE
Figura 2. Liceo Raimundo Martínez Centeno.
Fuente: López y Espinoza (2007).
Figura 3. Edificio Miramar en la ciudad de Cumaná antes del sismo de Cariaco de 1997.
Figura 4. Edificio Miramar en la ciudad de Cumaná colapsado después del sismo de Cariaco de 1997 (irónicamente sede de Seguros la Seguridad)
Fuente: Bonilla et al., 2000. Fuente: Bonilla et al., 2000
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EL TERREMOTO DEL NORESTE DE VENEZUELA DE 2018, EL MÁS GRANDE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, SENTIDO EN COLOMBIA, TRINIDAD Y OTRAS ISLAS DEL CARIBE
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Gustavo Coronel Delgado
El 21 de agosto de 2018 la naturaleza nos volvió a recordar que en las zonas de elevada amenaza sísmica donde se han registrado grandes sismos en el pasado, pueden volver a ocurrir en el presente y volverán en el futuro, teniendo siempre en cuenta que estos eventos aún siguen siendo impredecibles. Este terremoto ha dejado muchas interrogantes y dudas dada la poca información técnica publicada al respecto por lo que es objeto de este trabajo comenzar a llenar el vacío existente y ofrecer un aporte para la discusión en torno al tema (Coronel, 2018a). La iniciativa ha surgido luego del foro virtual sobre el terremoto, organizado por el Centro de Investigación en Gestión Integral del Riesgo (CIGIR) y la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico del Estado Mérida (FUNDAPRIS), con la finalidad de difundir información, compartir opiniones y experiencias. El foro contó con exposiciones de profesores e investigadores en el área de sismología e ingeniería sísmica del Centro Sismológico de la Universidad de Oriente (CESUDO), del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes (ULA) y del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV) (Coronel, 2018b). Algunas de las interrogantes que han surgido son: ¿Cuán lejos se pudo llegar a sentir el sismo? ¿Cuál fue la localización, profundidad y magnitud real del evento sísmico? ¿Hubo daños reales en algunas construcciones? ¿Se puede considerar segura una edificación porque resistió este sismo de gran magnitud? Características del evento sísmico El terremoto del noreste de Venezuela ocurrió la tarde del día martes 21 de agosto de 2018, a las 5:31 pm (HLV-hora legal de Venezuela: 21:31 UTC-Coordinated Universal Time). Sobre la localización de su epicentro, profundidad y magnitud se generó mucha incertidumbre dado que el primer reporte preliminar de FUNVISIS indicó una magnitud Mw = 6,3, la cual fue posteriormente corregida en el segundo reporte preliminar a 6,9 Mw, magnitud que no se había reportado desde el sismo de Cariaco en 1997. Del segundo reporte preliminar de FUNVISIS (2018) se obtiene en primer lugar que la ubicación del epicentro en superficie fue 10,54° Norte y 62,79° Oeste, a 5 km al este de Yaguaraparo, con una magnitud Mw = 6,9 a una profundidad de 31,6 km (ubicación del hipocentro). Por otro lado, del segundo reporte de USGS (2018) se observa que el epicentro fue localizado en las coordenadas 10,773° Norte y 62,902° Oeste a 24 km de Rio Caribe, un poco más al norte, con una magnitud Mw = 7,3 a 146,8 km de profundidad hipocentral (figura 5). Otros reportes de servicios Figura 5. Localización del epicentro del sismo del 21 de agosto de 2018, isosistas o curvas de igual Intensidad de Mercalli Modificada (MMI).
Fuente: Adaptada de USGS (2018).
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sismológicos en la región indicaron magnitudes desde 7,0 y hasta 7,7 Mw. Sin dudas los sismos son fenómenos naturales muy complejos y para la sismología no resulta sencillo determinar con precisión su ubicación, profundidad y magnitud, razones porque esto depende de muchas variables como la cantidad y la calidad de la información, y la metodología emplead,. El sismo tuvo pocas réplicas lo cual es excepcional para un evento como este, de gran magnitud, al igual que su duración que ha sido estimada en apenas 1 minuto aproximadamente. La réplica más importante ocurrió el día 30 de agosto a las 9:37 hora local con magnitud de 5,7 Mw reportada por Funvisis y 5,8 Mw por USGS. Lamentablemente la red nacional de sismómetros, así como muchas otras redes y servicios en el país se ha visto disminuida en su capacidad debido a la crisis económica, la inseguridad y el vandalismo. Esta red para el año 2000 fue la más moderna de Suramérica, luego enlazada con el satélite Simón Bolívar. La magnitud es una medida de la energía liberada por un sismo en el lugar donde ocurre. La escala de medición de la magnitud es logarítmica, por lo que un sismo de magnitud 7,0 libera aproximadamente 32 veces más energía que uno de magnitud 6,0. Con base en esto se puede decir que un sismo de magnitud 7,3 Mw libera aproximadamente 4 veces más energía que un sismo de 6,9 Mw. Es decir que a pesar de que la diferencia entre la magnitud 6,9 y 7,3 es poca, en igualdad de otras condiciones (ubicación del epicentro y profundidad) se esperaría que un sismo de 7,3 genere mucho más daños que un sismo de 6,9, pero en este caso la profundidad reportada por USGS (2018) fue mucho mayor (146,8 km) que la del evento de 1997 (10 km), por lo que la intensidad del sismo tuvo mayor atenuación en su recorrido hacia la superficie (figura 6). La profundidad y la solución del mecanismo focal del terremoto es consistente con fallas en profundidad, dentro de subducción de litosfera de la placa de Suramérica (USGS, 2018), lo que justifica el mayor alcance o rango de percepción que tuvo. En esta zona del continente no ocurren con frecuencia este tipo de terremotos y no estamos acostumbrados a que un sismo pueda sentirse tan lejos, sin embargo hay antecedentes históricos que reportan que el gran terremoto de Oriente del 21 de octubre de 1766, de magnitud estimada entre 7,5 y 7,8 (probablemente el de mayor magnitud en la historia de Venezuela), llegó a causar daños en todo el oriente del país, Guarenas, Caracas y Guayana, llegando a sentirse en Maracaibo y en varias islas del Caribe (Grases, 2006; Mocquet, 2007). Su ubicación ha sido propuesta en el Golfo de Paria (estado Sucre) y Audemard (1999) sugiere que pudo haber sido generado por una fuente distinta a la falla de El Pilar, dada la extensa área sentida, la ausencia de maremoto, de licuación en Cumaná y que no se reportaron de víctimas fatales, asociándolo a un evento de subducción a profundidad intermedia. Por otro lado, desde el punto de vista de la ingeniería sísmica, el parámetro que se busca medir es la aceleración del terreno debido a la vibración que genera el sismo. Esto es posible mediante una red de acelerómetros que puedan registrar su amplitud en el tiempo (acelerogramas). Estos equipos –ubicados a diferentes distancias y en diferentes condiciones de suelo– permiten observar la atenuación o disminución de la aceleración en roca a mayores distancias y los efectos de amplificación de la aceleración en terrenos con depósitos profundos de sedimentos, efecto que ocurre en la zona de Los Palos Grandes en Caracas y que fue determinante en el colapso de 4 edificaciones altas en el terremoto de 1967. Para la fecha de elaboración de este documento no se ha podido acceder a los acelerogramas de este evento, sin dudas una información de gran utilidad para alimentar futuras investigaciones. Percepción de la intensidad del sismo El sismo fue percibido en casi todo el territorio de Venezuela, en las islas del Caribe: Trinidad y Tobago, Granada, Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, en algunas zonas de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga y Bogotá, y hasta en algunas zonas del norte de Brasil, Guyana y Surinam. Comúnmente se suele utilizar una escala de intensidad sísmica, asociada a los efectos del sismo y basada en la percepción de las personas del movimiento vibratorio y de las
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El terremoto del noreste de Venezuela de 2018, el más grande de los últimos tiempos, sentido en Colombia, Trinidad y otras islas del Caribe
Gustavo Coronel Delgado
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consecuencias sobre las construcciones en cada lugar en términos de daños estructurales (losas, columnas, vigas y muros), daños no estructurales (paredes, ventanas, instalaciones, cielo raso) y daños al contenido (estantería, lámparas, cuadros, muebles). Existen distintas escalas de intensidad sísmica (Intensidad de Mercalli Modificada, Intensidad Macrosísmica Europea, intensidad JMA de Japón), las cuales se suelen determinar mediante encuestas de percepción social, por lo cual tienen una incertidumbre asociada a la subjetividad de los encuestados. Tener medidas de intensidad es muy útil y más aún ante la ausencia de registros de aceleraciones, como en este caso. En la figura 5 se puede ver la distribución espacial de la Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) de este evento (USGS, 2018), donde se observa el efecto natural de atenuación a mayores distancias el cual se representa gráficamente en la figura 6. También se puede observar en la figura 5 la concentración de daños en las ciudades más afectadas. En zonas cercanas al epicentro la Intensidad (MMI) resultó ser VI en promedio (movimiento bastante fuerte que sienten todas las personas, hay pocos daños en paredes y estructuras), mientras que a 1.500 km de distancia al hipocentro algunas personas reportaron que sintieron el sismo aunque ya con baja intensidad, en el orden de II y III (débil y leve). Esto responde a la inquietud que hubo pocas horas después del evento al observar la información en las redes sociales de los sitios tan lejanos a donde se había sentido el terremoto, incluyendo algunas zonas de Colombia como Bogotá ubicada a unos 1.400 km de distancia. En Caracas, a más de 400 km de distancia, se reportó una intensidad de IV pero las personas que se encontraban en edificios altos en las zonas de mayor depósito de sedimentos (Chacao, San Bernardino y parte de La Candelaria) pudieron percibir una mayor intensidad del sismo (V), lo que produjo el desalojo de algunos edificios (figura 7). A pesar de que este terremoto fue de gran magnitud y pudo sentirse en distintas zonas a nivel nacional, incluso en algunas zonas de países vecinos, no causó desastres que impactaran realmente a la población, lo que se puede atribuir a la gran profundidad del evento (Coronel, 2018a). A partir de la intensidad sísmica se puede estimar grosso modo la aceleración del terreno, y para este caso USGS (2018) ha estimado una aceleración máxima de 0,24g en las zonas más cercanas al epicentro (Rio Caribe y Yaguaraparo), zonas de tipo rural donde no hay grandes construcciones. En el cuadro 1 se ha determinado la distancia al epicentro de 18 ciudades de Venezuela, Trinidad y Colombia, a partir de la localización del epicentro definida por USGS (2018) y el uso de Sistemas de Información Geográfica; se calculó la distancia hipocentral asumiendo la profundidad del foco o hipocentro de 146,8 km. También se muestra la intensidad sísmica (MMI) y la aceleración del terreno estimada a partir de la intensidad por USGS (2018). Se puede observar los efectos de la atenuación con la distancia tanto en la intensidad como en la aceleración, las cuales son relativamente bajas en comparación con las que pudiera generar un sismo superficial como el de Cariaco de 1997, poblado donde en esta ocasión se ha estimado que ocurrió una aceleración mucho más baja (~0,20g) que la del sismo de 1997 (~0,40 a 0,50g). En la isla de Margarita, a pesar de estar a una menor distancia epicentral que Maturín, se estimó una menor intensidad y aceleración lo que pudiera estar relacionado con efectos de directividad. Figura 6. Gráfico de Intensidad de Mercalli Modificada (MMI) vs la distancia hipocentral.
Figura 7. Reacción de los ocupantes al desalojar edificios altos en Caracas.
Fuente: USGS (2018).
Fuente: USGS (2018).
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Cuadro . Efectos estimados del sismo (intensidad y aceleración) en algunas ciudades ubicadas a las distancias epicentrales e hipocentrales indicadas con base a lo reportado por USGS (2018) Distancia al Epicentro (km)
Distancia al Hipocentro (km)
Intensidad Mercalli Modificada (MMI)
Aceleración del Terreno
Rio Caribe y Yaguraparo (Estado Sucre - Venezuela)
24
149
VI
0,22g - 0,24g
Carúpano (Estado Sucre - Venezuela)
41
152
VI
0,22g
Cariaco (Estado Sucre - Venezuela)
78
166
VI
0,20g
Porlamar, Margarita (Estado Nueva Esparta Venezuela)
105
180
IV
0,08g – 0,10g
Maturín (Estado Monagas - Venezuela)
118
188
V
0,12g
Cumaná (Estado Sucre - Venezuela)
142
204
V
0,09g
Puerto España (Trinidad)
155
213
VI
0,10g
Saint George (Granada)
190
240
V
0,06g
Puerto La Cruz (Estado Anzoátegui - Venezuela)
205
252
V
0,06g
Ciudad Guayana, P. Ordaz (Estado Bolívar - Venezuela)
270
307
V
0,04g – 0,08g
Ciudad Bolívar (Estado Bolívar - Venezuela)
305
338
V
0,04g – 0,08g
Caracas (Venezuela)
435
459
IV, V
0,01g – 0,04g
Valencia (Estado Carabobo - Venezuela)
560
579
IV
-
Barquisimeto (Estado Lara - Venezuela)
710
725
IV*
-
Mérida (Estado Mérida - Venezuela)
935
946
III*
-
Maracaibo (Estado Zulia - Venezuela)
950
961
III*
-
1.400
1.408
II, III*
-
Localidad/Ciudad (Estado/País)
Bogotá (Colombia)
* Estimación a partir de la Figura 6. Consecuencias sobre las construcciones: daños y pérdidas Afortunadamente no hubo edificaciones colapsadas ni pérdidas de vidas humanas que lamentar debido a este sismo, sin embargo, si se reportaron daños leves y moderados en algunas construcciones que ocasionaron pérdidas económicas y algunos heridos leves. En los medios de comunicación y redes sociales se ven reportes de daños menores en Trinidad, Granada y en Venezuela en los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y en Caracas. Hasta ahora no se conoce un reporte técnico que compile los daños ocurridos por lo que en este trabajo documental se recurrió a distintas fuentes.
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El terremoto del noreste de Venezuela de 2018, el más grande de los últimos tiempos, sentido en Colombia, Trinidad y otras islas del Caribe
Gustavo Coronel Delgado
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En el estado Sucre hubo construcciones afectadas, entre ellas un puente y un muelle. En Cumaná el puente Guzmán Blanco presentó grietas de importancia estructural en la pila central (figuras 8 y 9), por lo que debieron cerrar el paso sobre él. Mientras que un muelle de Cariaco presentó daños importantes en una de sus losas (figuras 10 y 11). Por otro lado, de las declaraciones del gobernador del estado a los medios de comunicación se extrae que 47 viviendas fueron afectadas (Globovisión, 2018). En el estado Anzoátegui también fueron registrados daños entre leves y moderados en algunas edificaciones. El Sistema Integrado de Gestión de Riesgo, Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (SIGRAED) se encargó de realizar evaluaciones post-símicas reportando a los medios que al menos 29 estructuras fueron afectadas por el sismo, entre ellas 17 casas, 6 edificios, 1 hotel, 2 iglesias, 2 escuelas y 1 hospital. En el caso de las viviendas, 15 se ubican en Clarines, 1 en Barcelona y 1 en El Tigre. El edificio Residencias Isla Plata en Guanta resultó con daños estructurales aparentemente leves (figura 12) al igual que el edificio o galpón de FEMSA (figura 13). El hotel Cristina suites en Puerto La Cruz fue desalojado luego de presentar desprendimiento de frisos. La Ermita de El Carmen en Barcelona y la iglesia Nuestra Señora de la Soledad presentaron aparentes grietas no estructurales en paredes. El Centro de Educación Inicial Luis Espelozín en Boyacá y el Liceo Bolivariano José Rafael Domínguez fueron afectados principalmente con daños no estructurales en paredes. En el hospital tipo I de Pariaguán dos habitaciones presentaron grietas y desprendimiento de friso, por lo que fueron desalojados los pacientes. También se pudo conocer que en Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz y Guanta falló el servicio eléctrico al final de la tarde probablemente debido al sismo (diario Últimas Noticias, 2018). Figura 8. Puente Guzmán Blanco de la avenida Bermúdez de Cumaná, estado Sucre, Venezuela.
Figura 9. Daños estructurales en la pila central del puente Guzmán Blanco.
Figura 10. Muelle de Caricao de concreto reforzado en el estado Sucre, Venezuela
Foto: E. Narváez
Foto: W. Ascanio
Foto: W. Ascanio
Figura 11. Daños en la losa del Muelle de Cariaco, estado Sucre, Venezuela.
Figura 12. Daño en la estructura por efecto de columna corta en las Residencias Isla Plata, estado Anzoátegui.
Figura 13. Grietas en columnas del Galpón de FEMSA en el estado Anzoátegui.
Foto: W. Ascanio
Fotos: D. Rondón y J. Jerez
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Fotos: D. Rondón y J. Jerez
En los estados Nueva Esparta y Monagas fue sentido el sismo dada su relativa cercanía al epicentro (cuadro 1), pero resulta sorprendente que no haya habido reportes de daños mayores (diario La Verdad de Monagas, 2018). Sin embargo se conoce de algunos pequeños daños no estructurales en ese estado en algunas edificaciones como el Centro Comercial Petroriente, la Universidad Santiago Mariño y el gimnasio vertical en Maturín que sufrió desprendimiento de los frisos y de cerámicas en los baños, también hubo un desalojo preventivo del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Según la información recopilada, el estado Bolívar fue uno de los más afectados, donde principalmente se produjeron daños no estructurales pero no se pudo acceder a un reporte técnico especializado donde se haya verificado detalladamente si hubo o no daños estructurales. Se reportan 48 afectaciones en el municipio Caroní (Ciudad Guyana) de las cuales 22 viviendas sufrieron daños menores y una fue declarada inhabitable en San Félix según declaraciones del Alcalde (El Pitazo, 2018). En la parroquia Unare se reportaron daños en algunos edificios o bloques residenciales antiguos de hasta 10 pisos de altura (figura 14), se observaron daños no estructurales importantes en la tabiquería, juntas de separación entre bloques, puertas y ventanas (figura 15), razón por la que fueron desalojadas preventivamente 98 familias (238 personas). En la parroquia Universidad al menos 10 edificaciones sufrieron daños resaltando entre ellas los edificios del Urbanismo Los Raduales y el Hospital Uyapar con daños no estructurales. De igual manera en las parroquias Cachamay, Simón Bolívar, Dalla Costa y Vista al Sol resultaron afectadas algunas viviendas entre otras edificaciones (Primicia, 2018). En la ciudad de Caracas también se pudo percibir el sismo, sin embargo, no se reportaron daños estructurales, solo algunos daños no estructurales en la tabiquería de escasos edificios. El Centro Comercial Galerías Ávila sufrió desprendimiento de parte del friso de la fachada, en el Hotel Pestana Caracas ubicado en los Palos Grandes en la microzona sísmica de mayor profundidad de sedimentos con más de 220 metros (Schmitz et al., 2011) se evidenció el efecto seiche en la piscina del edificio ubicada en el piso 18, derramando el agua por una de sus fachadas (figura 16). Quizás lo más relevante fue la confusión que surgió con El Centro Financiero Confinanzas conocido popularmente como Torre de David (figura 17) ubicada en La Candelaria, de la cual se Figura 14. Edificios con daños en Ciudad Guayana (Bolívar), identificado como uno de los Bloques de Unare de 10 niveles.
Figura 15. Daños observados un uno de los bloques de Unare.
Fuente: El Pitazo, 2018.
Figura 17. Polémica en torno a la supuesta inclinación del Centro Confinanzas (Torre de David).
Fuente: El Universal (2018)
Fuente: El Pitazo, 2018.
Figura 16. Efecto seiche en la piscina del techo del edificio del Hotel Pestana en Caracas.
Fuente: El Nacional (2018).
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DOCUMENTOS
El terremoto del noreste de Venezuela de 2018, el más grande de los últimos tiempos, sentido en Colombia, Trinidad y otras islas del Caribe
DOCUMENTOS
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presumió que existía daño e incluso una inclinación de la torre principal de 45 pisos (190 metros). Luego de tal controversia finalmente se informó que no existía ningún daño estructural, todo había sido una ilusión óptica debido a la forma escalonada que tiene la torre en sus últimos 5 pisos y al ángulo en que fue tomada la fotografía (figura 17). La construcción de esta torre comenzó en 1990 y en 1994 se paralizó su construcción. Vale la pena recordar que este edificio fue ocupado y usado como vivienda para damnificados hasta el año 2015, cuando fue totalmente desalojado.
El manejo de la información y respuesta ante el evento En la actualidad los medios de comunicación tradicionales como prensa, radio y televisión han disminuido notablemente su capacidad de transmitir información oportuna y su impacto en la opinión pública debido a la masificación de la internet y la penetración e influencia que tienen las redes sociales en la población en las zonas urbanas, lo cual en estos casos de emergencias o desastres producto de un terremoto puede llegar a ser negativo. En este caso el uso inadecuado de las redes sociales produjo una gran confusión sobre el evento y sus consecuencias, comenzando por el caso de la Torre de David, que generó angustia en la población, incluso en el ámbito técnico. La falsa alarma se originó por el uso inadecuado de la red social de un vocero oficial del Estado (no especialista en ingeniería estructural y sismorresistente), en la cual se aseveró la supuesta inclinación de la torre sin antes haber tenido una certeza técnica. Esto produjo una ola de desinformación al ser replicado por miles de personas en sus redes sociales, algunos denominados comunicadores populares, incluso periodistas y medios de comunicación en sus vías digitales (redes y páginas Web), sin que ninguno cuestionara tal afirmación o consultara con algún especialista en la materia. No fue sino hasta la tarde del día siguiente cuando en las redes del mismo vocero oficial se informó que no había tal riesgo en la Torre de David, lo que fue replicado por otros usuarios de redes sociales, periodistas y medios de comunicación pero ya no con la misma intensidad noticiosa. Algunos profesionales se acercaron para verificar los posibles daños y sin tener posibilidad de acceso pudieron verificar que no existía tal inclinación (figura 18). Lo mismo ocurrió con supuestos daños en otros estados del país cuyas imágenes reproducidas en los medios y redes no han podido ser verificadas. Vale la pena advertir que el manejo inadecuado de información en un momento post-sismo puede agravar la situación. Por otro lado la respuesta de las instituciones del Estado y de los gremios profesionales ante el evento fue totalmente desarticulada. Se asumió que Bomberos y Protección Civil debían ser capaces de atender la emergencia de heridos, de realizar la evaluación rápida de la seguridad estructural de las construcciones y tomar las decisiones sobre su nivel de riesgo, habitabilidad u Figura 18. Centro Financiero Confinanzas conocido como Torre de David en La Candelaria, Caracas.
Fotos: G. Izaguirre Luna (22/10/2018) 2017 33 - I TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN 110
operatividad, y así se ordenó y ejecutó, sin considerar que estas instituciones muy bien capacitadas para la atención de emergencias no necesariamente cuentan con la capacitación y experiencia necesaria en el área de ingeniería estructural y sismorresistente. En general se tiene la creencia en el medio profesional de que Funvisis debe ser la institución encargada de hacer estas inspecciones post-sísmicas –y de hecho es la única institución que cuenta con propuestas de planillas de inspección para este fin (Zambrano, 2006; Páez, 2016; González et al., 2018) y de etiquetas para identificar las edificaciones (figura 19)– pero en realidad Funvisis no cuenta con el número de funcionarios necesarios para esta tarea, además de ser una institución centralizada en Caracas. Aún nos falta mucho por hacer en esta materia pero ya contamos con algunos lineamientos (López, 2013; Coronel y Rengel, 2017). Reflexiones finales y propuestas Ante las interrogantes planteadas como motivación de este trabajo documental y luego del análisis de la información recopilada se plantean las siguientes reflexiones: ¿Cuán lejos se pudo llegar a sentir el sismo? El sismo tuvo un gran alcance y fue percibido incluso hasta en Bogotá a 1.400 kilómetros de distancia, como lo reflejan los resultados de las encuestas de intensidad reportados por USGS (2018). ¿Cuál fue la localización, profundidad y magnitud real del evento sísmico? Luego de analizar los antecedentes sísmicos en la zona, las diferencias entre el terremoto de 1766 y el de Cariaco de 1997, las diferencias entre los reportes Funvisis y USGS sobre este evento, el alcance que tuvo el sismo, su intensidad máxima de IV MMI y su correspondencia con los pocos daños ocurridos en zonas cercanas, se considera más probable que el sismo haya ocurrido a una profundidad de 146,8 km y con una magnitud de 7,3 Mw como indica USGS (2018) debido a la subducción. ¿Hubo daños reales en algunas construcciones? A pesar de que no hubo colapsos ni pérdidas de vidas humanas y que la Torre de David no se inclinó, si hubo daños leves y moderados en ciertas construcciones. Se recopiló información de distintas fuentes sobre los daños ocurridos en Venezuela en los estados Sucre, Anzoátegui, Monagas y Bolívar, obteniendo que al menos 130 construcciones se vieron afectadas por el sismo originando algunos heridos y pérdidas económicas. Resaltan los daños en 1 puente y 1 muelle en Sucre, la afectación de varias escuelas y centros de salud, la interrupción del servicio eléctrico en varias zonas de Anzoátegui y las cientos de personas que debieron desalojar sus viviendas preventivamente. También sorprende la importante afectación que hubo al norte del estado Bolívar, considerado de moderada amenaza sísmica (COVENIN, 2001), donde se diseña con una aceleración mucho menor (0,20g) que para otros estados como Sucre (0,40g), haciéndolas menos resistentes, sin descartar que puedan existir efectos de sitio no estudiados hasta ahora. ¿Se puede considerar segura una edificación porque resistió este sismo de gran magnitud? La respuesta es no, porque puede haber sismos de menor magnitud que generen más daños. La magnitud no se puede relacionar directamente con los posibles daños, en cambio estos sí se rela-
Figura 19. Etiquetas de FUNVISIS para identificar edificaciones luego de la inspección post-sísmica.
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cionan con la intensidad y la aceleración en el sitio y estas se atenúan a mayor distancia al hipocentro que se encuentra a la profundidad que ocurre el evento. Esto explica porqué en 1997 colapsaron varios edificios debido al sismo de Cariaco de 6,9 Mw pero a 10 km de profundidad que originó una aceleración máxima de ~0,50g (intensidad VIII) mientras que en el reciente sismo del 2018 de 7,3 Mw a 146,8 km profundidad no hubo mayores daños dado que la aceleración máxima estimada fue de ~0,24g (intensidad VI) en una zona más rural (como muestra el cuadro 1). El desarrollo de este documento ha dado paso a nuevas interrogantes: ¿Estamos preparados para actuar y responder adecuadamente luego de un sismo? ¿Tenemos un plan de acción post-sísmico nacional, interinstitucional, gremial? Para estas nuevas interrogantes se desarrollan aquí algunas propuestas. En primer lugar es necesario consensuar un Plan de Acción Post Terremoto, donde se definan roles de las instituciones y actores técnicos, la capacitación y certificación y los procedimientos de inspección de las construcciones: 1) inspección rápida para definir su habitabilidad u operatividad pocas horas después del evento; 2) inspección detallada para definir si deben ser demolidas o reforzadas en las primeras semanas; y 3) inspección profunda para abordar los proyectos de reparación y reforzamiento, algunas propuestas se han adelantado al respecto (Coronel y Rengel, 2017; Pérez y Rodríguez, 2018). En segundo lugar se plantea que luego de un terremoto la institución que debe coordinar las actividades debería ser el Vice Ministerio de Gestión del Riesgo y Protección Civil, con base en la información técnica del evento que debe provenir de los centros sismológicos como Funvisis y otros centros regionales como el CSUDO u otros si los hubiera (figura 20). Funvisis además pudiera tener una función de articulación técnica de las acciones antes, durante y después del sismo. Por ejemplo, “antes”: articular con las universidades para la capacitación de los inspectores; “durante”: asignar los roles de los inspectores y actores técnicos y “después”: compilar y evaluar técnicamente los datos, promover la investigación y publicación de resultados. Como ya fue mencionado, se suele creer que la inspección post-sísmica es responsabilidad única de Funvisis, institución que no cuenta con suficientes funcionarios y está centralizada en Caracas. A diferencia de Japón, EEUU e incluso Chile, donde las inspecciones post-sísmicas las realizan ingenieros especialistas en estructuras, en Venezuela no son muchos los especialistas para estas tareas, por lo que sería necesaria la certificación y masificación de inspectores profesionales y no profesionales. En la práctica hemos podido evidenciar en el sismo de Tucacas (2009) y en este sismo de 2018, que los primeros en evaluar la seguridad de edificaciones son los funcionarios locales y regionales de las alcaldías y gobernaciones, especialmente de Protección Civil y Bomberos, pero a pesar de que esta institución descentralizada tiene presencia a nivel nacional con un gran número de funcionarios, es bajo su nivel de profesionalización en ingeniería. Es por ello que se propone que la acción de Protección Civil, Bomberos y Rescatistas (figura 20) se direccione en primer lugar a la atención primaria de los posibles afectados y luego a la inspección rápida de viviendas de pocos pisos (hasta 3 pisos) luego de ser previamente capacitados, certificando a aquellos funcionarios que sean ingenieros civiles para inspeccionar edificios de entre 4 y 8 pisos residenciales y de oficinas. Para edificios de más de 8 pisos se recomienda que exista un equipo de inspección que incluya un especialista de las universidades o del gremio profesional que haya sido certificado previamente. Por otro lado las edificaciones, infraestructuras y obras públicas deben ser inspeccionadas inicialmente por profesionales de alcaldías, gobernaciones y de las propias instituciones rectoras (figura 20), por ejemplo el MOPPOP en el caso de vialidad, puentes, túneles y muelles, el ministerio de Vivienda, en articulación con PC y Bomberos, en viviendas promovidas por el gobierno nacional, el ministerio de Educación a través de FEDE en el caso de las escuelas, el ministerio de Salud a través de FUNDEEH para los hospitales y centros de salud y el ministerio del Deporte a través del IND en el caso de las instalaciones deportivas. En el caso de los servicios públicos que pueden ser afectados tal como el sistema de agua potable, el sistema eléctrico, el sistema de comunicaciones, el de gas natural y otros combustibles, debe ser inspeccionado también bajo
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la acción en primer lugar de HIDROVEN y sus filiales, CORPOELEC, CANTV, PDVSA entre otras instituciones. Dentro de este grupo se encuentran construcciones que consideramos esenciales tales como: escuelas, hospitales, estaciones de bombeo, edificios de gobierno, y las líneas vitales tales como: puentes, redes de agua potable, electricidad, entre otras. Se propone entonces dada la importancia de este grupo de construcciones que la inspección post-sísmica vaya acompañada de un experto de las universidades o del gremio profesional que haya sido previamente certificado y asignado a uno de estos roles especiales. Es evidente entonces la importancia de que el Estado y las instituciones públicas se apoyen para esta tarea de inspección post-sísmica de las construcciones en dos grupos técnicos (figura 20): Profesionales del gremio de la ingeniería civil, arquitectura y afines, profesionales de algunas ONG, Fundaciones y Asociaciones Civiles que se dedican a la gestión del riesgo e incluso profesionales de algunas empresas privadas donde se puede encontrar a algunos expertos. Este grupo puede apoyar en la ejecución de inspecciones rápidas en edificaciones residenciales, comerciales, industriales y de oficina e incluso en algunas inspecciones detalladas de construcciones especiales. Académicos, profesores, investigadores y profesionales de la ingeniería civil, arquitectura y afines, de las universidades públicas y privadas, donde en muchos casos encontraremos a especialistas. Este grupo apoyaría en las inspecciones de edificaciones esenciales (hospitales, escuelas, estaciones de bombero) y líneas vitales (puentes, muelles, sistemas de agua, electricidad, gas) entre otras construcciones especiales. Figura 20. Propuesta de coordinación y articulación de instituciones y actores técnicos para la inspección post-sísmica de edificaciones y otras construcciones.
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POSTGRADO
RESÚMENES DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICOS DE LA VII ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL IDEC-FAU-UCV
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE VIVIENDAS AUTOPRODUCIDAS. CASO DE ESTUDIO: BARRIO SIMÓN RODRÍGUEZ, MANICOMIO, LA PASTORA Arq. Rachel Arciniegas Mata En el Área Metropolitana de Caracas (AMC) se calcula que más de la mitad de la población reside en barrios informales, conformados por edificaciones de varios pisos, producto de un largo proceso de construcción progresiva, de sustitución de materiales y crecimiento, sujeto a la capacidad de sus habitantes en términos de recursos para mejorar su hogar. Por consiguiente, cada vivienda representa una importante inversión de tiempo y de dinero para las familias que autoconstruyen sus hogares, personas por lo general no cuentan con las herramientas ni el conocimiento necesarios para el correcto desarrollo de la tarea emprendida. Esto, y la condición de pobreza inherente a estos sectores, justifican su clasificación como zonas de alta vulnerabilidad y de baja resiliencia ante amenazas. Si a ello sumamos el elevado nivel de amenaza sísmica del AMC, obtenemos un desastre esperando por ocurrir.
Siendo este el contexto en el cual se inscribe el, presente proyecto, se pretende realizar un estudio de las características físico-estructurales de un sector urbano informal del AMC, con el fin de proponer mejoras constructivas en edificaciones ya erigidas para reducir el riesgo sísmico en estas zonas. Para ello se eligió un barrio típico del AMC: un barrio de alta densidad en pendiente, seleccionando para la realización del estudio y propuesta una de sus agrupaciones de viviendas, un macizado de 12 viviendas. Se parte de la premisa de que en los barrios no se puede evaluar el comportamiento de cada edificación como un hecho aislado y que, por lo tanto, se ha de buscar que cada agrupación se comporte estructuralmente como unidad, como un monolito. Esto implica proponer medidas de confinamiento para garantizar la integralidad de la agrupación, aumentando su ductilidad y resistencia al corte, sobre la base de alternativas pertinentes a la realidad económica, social y cultural del sector. Se realizará por ende un estudio de factibilidad de la propuesta, así como también, finalmente, una evaluación de su comportamiento en un programa de simulación de sismos.
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Arq. Yenifer Bello En este trabajo se plantea la utilización de contenedores marítimos desincorporados en terminales portuarias, en este caso específico en Venezuela, a través de su adecuación como módulos constructivos, con el fin de crear un sistema modular de espacios sin debilitar su capacidad portante, ni eliminar su carácter de elemento industrial, considerando su modulación en superficies planas y en pendientes, para posteriormente ser aplicada a una programación específica de parques biblioteca en una ubicación de terreno en pendiente escogida por el autor principalmente por facilidades de acceso e información en la comunidad, y por la carencia de espacios socioculturales en esta zona (problemática también detectada en la investigación) así como en la mayoría de la zonas de barrio en Venezuela.
Para el desarrollo de la investigación se realiza el estudio del estado de arte de los contenedores marítimos en cuanto a sus componentes estructurales, elementos de unión utilizados en sus procesos de transporte, intervenciones existentes para su uso en la construcción de espacios arquitectónicos, y normas aplicadas a este tipo de recipiente de carga, con lo cual se determina qué tipo de uniones se pueden utilizar y se establecen las modulaciones utilizadas en el sistema constructivo, los refuerzos estructurales, el diseño de aberturas para la ventilación e iluminación de los espacios, la incorporación de instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas al módulo y la propuesta de revestimiento y acabado que mejoren su cualidades térmicas y acústicas. Posteriormente se estudia el estado de arte de los parques biblioteca existentes, para así determinar las principales áreas que conforman esta tipología de diseño y como pueden ser adaptadas a los espacios modulares creados con los contenedores, con lo cual se comprueba la viabilidad del elemento como módulo constructivo. Finalmente se comprueba aplicando el sistema en un terreno en pendiente y estimando su factibilidad económica a través de estimación de costos de materia prima, transporte, manipulación, mantenimiento y desmontaje.
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POSTGRADO
SISTEMA CONSTRUCTIVO MODULAR CON BASE EN CONTENEDORES MARÍTIMOS APLICADOS COMO PARQUES BIBLIOTECA EN TERRENOS EN PENDIENTE. UBICACIÓN: SECTOR VALLE LINDO, PUERTO LA CRUZ, ESTADO ANZOÁTEGUI
POSTGRADO
REVESTIMIENTO CON PROPIEDADES AUTOLIMPIANTES Y DESCONTAMINANTES CON ADICIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITANIO PARA EXTERIORES DE EDIFICACIONES Ing. Rosa Maria Goncalves Rodrigues El proyecto está dirigido a aprovechar el efecto descontaminante y autolimpiante que ofrecen las micropartículas de dióxido de titanio, usándolas como adición en los revestimientos exteriores, tipo friso, utilizados en edificaciones. Con esto se busca hacer de estas micropartículas estructuras amigables con el medio ambiente, disminuyendo afectaciones a la salud, daños al suelo y deterioro de las edificaciones, lo que constituye todo un desafío para nuestra sociedad.
Al ser el dióxido de titanio un material fotocatalizador, degrada compuestos como dióxido de nitrógeno y dióxido de carbono entre otros contaminantes ambientales, oxidándolos gracias a la luz ultravioleta y transformándolos en sales inocuas que son fácilmente lavables de las superficies ya que incrementan la facilidad de escurrimiento del agua por añadir además hidrofilicidad a las mismas. La utilización de materiales descontaminantes en procesos de la construcción es relativamente reciente por lo que aun hay incertidumbre en cuanto a su durabilidad y efectividad a largo plazo. Para efectos de este trabajo se diseña un procedimiento experimental para obtener un revestimiento autocontaminante ¿¿descontaminante?? y autolimpiante, utilizando materiales que se puedan obtener fácilmente en la ciudad de Caracas a los que se adicionan en probetas el dióxido de titanio (entre 5% y 10% del peso del cemento) exponiéndolas a luz solar por períodos de 1, 3 y 7 días para chequear sus propiedades físicas y mecánicas, obtener la dosificación más adecuada y hacer una valoración económica de los resultados para compararlos con las tecnologías tradicionales y estudiar su factibilidad de uso. Tal revestimiento busca ser económico, eficiente, amigable con el ambiente y debe ser fácilmente replicable. • Los avances realizados hasta la fecha son los siguientes: • Investigación exhaustiva de los antecedentes pertinentes. • Adquisición de los materiales que se utilizarán para la elaboración de las probetas base y el friso con distintas adiciones del dióxido de titanio. • Caracterización y el control de calidad de la arena, cemento y dióxido de titanio bajo las especificaciones de las normas COVENIN. • Se elaboraron las doce probetas a ensayar, con medidas de 25 x 40 x 2,5 cm. Los pasos a seguir son revestir las probetas con los distintos porcentajes de dióxido de titanio y exponerlas a un ambiente saturado con dióxido de nitrógeno, para poder medir con la máquina Parasol 2000i las cantidades del contaminante que pueden absorber.
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Arq. Lengy Moreno En este trabajo se aplican conocimientos y alternativas de calidad con técnicas utilizada, en una propuesta constructiva para edificaciones escolares basada en criterios actuales de confort y calidad. La problemática de insuficiencia de iluminación natural, confort térmico y dependencia de iluminación artificial que incrementa el consumo energético en las edificaciones educativas públicas del país en el marco de condiciones particulares en que operan los servicios educativos en Venezuela, se presenta en un número importante de edificaciones de una planta con cubiertas livianas. Es el caso de la Escuela Pitahaya (Charallave Sur, estado Miranda) en la cual basamos nuestro estudio, una escuela con sistema rural modificado R-M de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas, que evidencia problemas de habitabilidad en sus espacios. Se plantea el desarrollo de este trabajo en tres fases: una primera etapa de diagnóstico, la segunda etapa de evaluación de alternativas de solución y la tercera etapa de la propuesta y evaluación de su sostenibilidad.
Se contempla como situación ideal iluminar durante las horas diurnas con luz natural difusa y libre de radiación directa, para hacer de la iluminación natural indispensable un complemento gratuito o alternativa a la iluminación eléctrica, evaluando estrategias de diseño y tecnológicas experimentadas a nivel nacional e internacional. Por otra parte, se propone agrupar el mayor número de variables en pro de las condiciones de habitabilidad que sean viables en el proceso de implementación en la construcción y rehabilitación de la infraestructura escolar, con el objetivo de mitigar los niveles de malestar térmico y lumínico para así propiciar la calidad indispensable para un buen desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr de las edificaciones la mayor eficiencia energética.
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POSTGRADO
ADECUACIÓN TÉRMICA Y LUMÍNICA DE EDIFICACIONES ESCOLARES. CASO DE ESTUDIO: ESCUELA PITAHAYA, EN CHARALLAVE SUR, ESTADO MIRANDA
POSTGRADO
UTILIZACIÓN DE LA ESCORIA DE REDUCCIÓN DE FERRO-NÍQUEL COMO SUSTITUTO PARCIAL DEL CEMENTO Y DEL AGREGADO EN LA FABRICACIÓN DE BLOQUES DE CONCRETO Arq. Moisés Sarabia La planta minera Lomas de Níquel –perteneciente a la Corporación Venezolana de Minería, ubicada en el municipio Santos Michelena del estado Aragua– origina un residuo denominado “escoria de reducción de ferro-níquel” que es depositada como desecho en el parque de escoria en un aproximado de 1.000 Ton/día, causando deterioro al medio ambiente, acumulación de desechos y desperdicio de recursos. Como respuesta a este problema, se plantea la utilización de esta escoria de reducción de ferro-níquel como sustituto parcial del cemento y del agregado en la fabricación de bloques de concreto aportando a este componente una mayor resistencia mecánica y estimulando la desincorporación del residuo en el ambiente. Como diversos estudios indican, pensamos en la utilización de la escoria de reducción de ferro-níquel como una posibilidad viable para la disminución de materia prima natural en la dosificación en la fabricación de bloques de concreto aumenta su resistencia a la compresión con una menor cantidad de cemento que los bloques comunes, esto significa un ahorro de cemento y de dinero en el proceso de producción.
AGRICULTURA CONTROLADA EN EDIFICACIONES INDUSTRIALES. CASO DE ESTUDIO: EDIFICIO BAYER, LA TRINIDAD, CARACAS Arq. Andrea Stanko Desde finales del siglo XVIII la agricultura urbana, en países como Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, surge como estrategia para sobrepasar períodos de depresión y subsistencia durante la 1a y 2a Guerra Mundial. Actualmente, los modelos de ciudades compactas y sostenibles sugieren integrar actividades agrícolas a los núcleos urbanos, garantizando alimentos frescos, con mayores estándares de salubridad y sin procesos de transporte o refrigeración. Al observar el crecimiento de la ciudad de Caracas y la situación en insumos alimenticios a nivel nacional, la división del territorio en zona rural y núcleos urbanos termina siendo insostenible debido al bajo porcentaje de población ubicada en los sectores rurales (cf. XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011). Una de las alternativas para aumentar la oferta de alimentos dentro de la ciudad es producirla desde adentro, en edificaciones construidas, a través de estrategias de agricultura controlada. La agricultura controlada es “…una avanzada e intensiva forma de agricultura en donde las plantas crecen en ambientes controlados para que las prácticas de horticultura puedan ser optimizadas” (Albright, L. y Langhans, R. Controlled Environment Agriculture. Scopin study”. Nueva York, EUA. Universidad de Cornell, 1996). Esto permite adecuar espacios para la producción de especies vegetales, aprovechando el crecimiento vertical como contraposición al desarrollo tradicional de la arquitectura sobre el suelo. La ventaja de estos sistemas intensivos en la ciudad de
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Caracas es que permiten balancear los favorables factores ambientales del contexto con las técnicas y tecnologías de cultivos controlados para generar las condiciones óptimas para el crecimiento de especies vegetales. Para ello, y atendiendo a la problemática de las edificaciones abandonadas en la ciudad, se propone implementar agricultura en ambientes controlados en edificaciones industriales en desuso, debido al potencial de las mismas como estructura construida, capaz de soportar grandes cargas, complejos procesos productivos y amplia dotación de servicios eléctricos y sanitarios. El proyecto parte del estudio de las características físicas y ambientales del caso de estudio, al igual que la investigación acerca de los requerimientos físicos y ambientales de las especies vegetales seleccionadas para cultivar. Posteriormente, se propone el diseño de los ambientes para la inclusión de cultivos controlados a partir de dos estrategias: modificar la envolvente del edificio para aprovechar los factores naturales e incluir sistemas artificiales de acondicionamiento para complementar los factores necesarios. El resultado del proyecto deberá balancear ambas estrategias para lograr los resultados más acordes al contexto, evaluando criterios económicos, sociales, ambientales y productivos.
RESEÑA REVISTA
Revista publicada por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales-CRIES, este número de Pensamiento Propio, sobre los legados y los desafíos que se encuentran asociados al cambio climático, con la edición a cargo de Armando Fernández, convoca a un destacado grupo de investigadores y científicos especializados en el tema. Los autores, a través de un conjunto de ensayos que enfocan el tema del cambio climático, el Acuerdo de París y la actual situación de la política ambiental global, muestran diversas perspectivas temáticas y regionales y ponen de manifiesto los riesgos que se corren en América Latina y el planeta si se continúa el actual derrotero de no hallar consensos en las posiciones comunes de los gobiernos de la región. A dos años de la histórica firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático, la capacidad mundial de prevenir un mayor calentamiento global en las próximas décadas sigue siendo limitada y las metas propuestas para 2030 de reducir la emisión de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global difícilmente parecen alcanzables. “(...) En nuestra región, el auge del extractivismo que algunos gobiernos impulsan con el propósito de atraer las inversiones extranjeras para generar un mayor desarrollo económico en base a la extracción de minerales y de la deforestación y contaminación de amplias zonas boscosas, constituye asimismo un factor relevante a la hora de medir su impacto sobre el cambio climático” (Andrés Serbin. Mensaje del Director, pp. 7-9). En la Sección Documentos se publica el discurso de Donald Trump del 1º de junio de 2017 en el cual anuncia la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Los lectores podrán apreciar sus opiniones y los argumentos políticos que le impulsan a tomar dicha decisión. Este número de la revista es de libre acceso y se puede descargar en la siguiente dirección: http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/01/PP46final-1.pdf
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UNIVERSIDADES Y RESILIENCIA ANTE DESASTRES SOCIO-NATURALES Y TECNOLÓGICOS
PROGRAMA COMIR UCV - RESEÑA XXII ANIVERSARIO UNIVERSIDADES Y RESILIENCIA ANTE DESASTRES SOCIO NATURALES Y TECNOLÓGICOS Ciudad Universitaria de Caracas. Universidad Central de Venezuela 05 de diciembre de 2017 Coordinadora del evento y compiladora: Mercedes Marrero
El Programa Coordinado para la Mitigación de Riesgos de la Universidad Central de Venezuela dio inicio a la celebración de su XXII Aniversario con el Taller Exploratorio para conformar el “Proyecto LOTO. Ciudadanía para la Resiliencia” y con la inauguración de la Exposición Retrospectiva de los Concursos de Fotografía 2001-2010, a cargo de COMIR Biblioteca Central. Es importante señalar y agradecer la presencia de las autoridades universitarias, representados por el Dr. Nicolás Bianco, Vice rector Académico, Gerentes, Directivos, y miembros de la Comunidad Universitaria, que manifestaron su compromiso a continuar acompañando el desarrollo del proyecto por considerarlo de interés. Con 22 años ininterrumpidos de actividad, COMIR UCV es muestra de resiliencia nacional e internacional de organización integral para la incorporación de la gestión de riesgos en las universidades. Sin embargo las condiciones del país y de la academia han mermado su capacidad de acción y la participación de sus miembros, por lo cual la presente programación, propone fortalecer las capacidades internas de la comunidad universitaria, para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo personal y colectivo de la Resiliencia, apoyado en las fortalezas existentes, lo cual contribuye a la identidad y arraigo institucional, a la formación en gestión de riesgos como eje transversal a la planificación académico administrativa universitaria y a la transferencia de estos valores a las comunidades vecinas. Para 2018 se propuso: 1. Fortalecimiento y consolidación del Programa COMIR. Jornadas de captación de miembros de COMIR en tres modalidades de participación. Proyectos presenciales y redes. 2. Convocatoria a las universidades a participar en Vitrinas Nacionales sobre los temas críticos: Consolidación Institucional, Aspectos académicos, Espacios físicos, Formación ciudadana. 3. Foro UNIVERSIDADES Y RESILIENCIA ANTE DESASTRES, Una mirada desde la Gestión, dirigido a las Autoridades Universitarias a todo nivel. COMIR UCV / REDULAC Venezuela 4. Desarrollo de Proyecto LOTO, programas para impulsar la transversalidad de la reducción de riesgos ante desastres, en proyectos y programas de la gestión y producción académica, eventos científicos, y culturales, campañas de difusión y capacitación.
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RESEÑA EVENTO
XXII ANIVERSARIO COMIR UCV
Sala Francisco de Miranda, Universidad Central de Venezuela 05 diciembre 2017
RESEÑA EVENTO
TALLER EXPLORATORIO "PROYECTO LOTO. CIUDADANÍA PARA LA RESILIENCIA"
Con relación al proceso de construcción colaborativa de los lineamientos iniciales del Proyecto LOTO, se produjo en el taller una compilación inicial de propuestas que fueron enviadas por internet a los asistentes y personas relacionadas con el tema, luego de lo cual se pasó a una etapa de revisión presencial para definir los aspectos logísticos, procedimentales y de contenido que darán fundamento al proyecto. A continuación se detalla el Programa del evento y se incluyen los links para poder acceder a las presentaciones de los ponentes y al resultado del Taller. Programa: Presentación del Programa y Anfitriones: • Bienvenida a cargo del Dr. Nicolás Bianco, Vicerrector Académico, a nombre de las Autoridades Universitarias • Conferencia “COMIR UCV XXII ANIVERSARIO. Un ejemplo de Resiliencia Universitaria” Prof. María Eugenia Korody Coordinadora COMIR UCV https://www.slideshare.net/MercedesMarrero/comir-ucv-ejempo-de-resiliencia-mariaeugenia-korody • Presentación “PROYECTO LOTO UCV. Pautas para el taller de formulación preliminar” Prof. Mercedes Marrero https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/presentacion-taller-mercedes-marrero • MARCO REFERENCIAL “PROYECTO V.I.D.E.O. Comunidad de práctica”. Prof. Jesús Delgado https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/programa-video-jesus-delgado • DISCUSIÓN. MESAS DE TRABAJO. • CONCLUSIONES Y PROPUESTAS: https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/productos-taller-loto-al-31-ene-18-1 • INAUGURACIÓN EXPOSICION FOTOGRAFICA, Presentación Musical https://es.slideshare.net/MercedesMarrero/exposicion-y-musica COMIR SOMOS TODOS. Es grato invitarlos a nombre de la Coordinadora de COMIR UCV, Prof. María Eugenia Korody, del equipo COMIR UCV y los participantes, a incorporarse en el Proyecto LOTO, y a formar parte de COMIR UCV, bajo las modalidades de: 1. Miembro designado por las autoridades de Facultades y Dependencias, 2. Voluntarios o 3. COMIR 2.0 (por internet), para lo cual pueden contactarnos por comir.ucv@gmail.com.
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Arbitraje El Comité Editorial seleccionará en cada caso los especialistas que evaluarán el trabajo presentado sin conocer la identidad de los autores, así como el autor o los autores del trabajo tampoco conocerán las identidad de los árbitros. El resultado de esa evaluación se expresará según las siguientes categorías: • Aprobado • Aprobado con cambios menores • Aprobado con modificaciones mayores • No se recomienda su publicación Las fortalezas y debilidades del trabajo, según los criterios de los árbitros, serán comunicadas formalmente al autor o los autores, sin embargo, la publicación final es decisión del Comité Editorial.
3. Cargo actual e institución a la que pertenece 4. Área de investigación 5. Correo electrónico • Los trabajos deben ser presentados en Word y enviados al Comité Editorial como documento a través del correo electrónico de la revista (tycidec@gmail.com), acompañados de una versión impresa con una extensión no mayor de treinta (30) páginas tamaño carta escritas a doble espacio incluyendo notas, cuadros, gráficos, anexos y referencias bibliográficas. • El componente gráfico (cuadros, diagramas, planos y/o fotos) debe presentarse en formato digital independiente (Excel, .jpg o .tiff) numerado correlativamente según orden de aparición en el texto. Lo mismo en el caso de artículos que contengan ecuaciones o fórmulas. • Las imágenes con una resolución inferior a 300 dpi no podrán ser publicadas (En caso de publicación impresa). • Las citas deben ser incluidas en el texto con el sistema (autor, fecha, nº de pág), por ejemplo: (Hernández, 1995, p. 24).Toda obra citada en el texto debe aparecer referenciada al final del artículo. • Referencias bibliográficas: deben incluir los datos completos de las publicaciones citadas, siguiendo las indicaciones de normas APA. Libros: Apellido, Nombre (Año). Título: Subtítulo. Lugar. Editorial. Ejemplo: Weber, Max (1997). Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. Artículos de revistas: Apellido, Nombre (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen (número), pp.-pp. Ejemplo: Cilento, A. (2002). Hogares sostenibles de desarrollo progresivo. Tecnología y Construcción, 18 (III), pp. 23-28. Páginas electrónicas: Apellido, Nombre (Año). Título. Consultado el día, mes, año, en: (dirección web): http://... Ejemplo: Burón, M. (2007). El uso de nuevos concretos estructurales. Construcción y Tecnología, 2007 (mayo). Consultado el 3 de julio de 2008 en http://www.imcyc.com/ ct2008/index.htm
Normas para la entrega de trabajos • Solo se admitirán para la publicación trabajos inéditos. • Todo artículo debe incluir título en castellano e inglés, nombre del autor (o autores) e incluir breve resumen en ambos idiomas (máximo 150 palabras), acompañado por una lista de hasta 5 palabras clave, también en ambos idiomas. • Debe anexarse breve síntesis curricular de cada autor: 1. Nombre y Apellido 2. Títulos académicos (pre y postgrado), Institución y Año
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NORMAS PARA AUTORES Y ÁRBITROS
Tecnología y Construcción es una publicación que contiene artículos arbitrados referidos al campo de la arquitectura y la innovación y desarrollo tecnológico de la construcción, especialmente: tecnologías constructivas; sistemas de producción; métodos de diseño; análisis de proyectos de arquitectura; requerimientos de habitabilidad y de los usuarios de las edificaciones; equipamiento de las edificaciones; nuevos materiales de construcción, mejoramiento de productos existentes y hallazgo de nuevos usos; aspectos económicos, sociales, históricos y administrativos de la construcción; informática aplicada al diseño y la construcción; análisis sobre ciencia y tecnología asociados a los problemas de I&D en el campo de la construcción y la sostenibilidad de los asentamientos humanos. Igualmente resultados de investigaciones originales, proyectos de desarrollo tecnológico, ensayos científicos y revisiones bibliográficas que constituyan un aporte en el campo de la arquitectura y la tecnología de la construcción. Además de los artículos se aceptan otros materiales como: documentos, reseñas bibliográficas y de eventos que resulten de interés para la revista a juicio del Comité Editorial. Los trabajos presentados para su publicación como artículos serán sometidos a arbitraje y deben atender a las recomendaciones siguientes: