Control jurisdiccional

from El Derecho y el Derecho de la Información: Una perspectiva desde la comunicación

Ley N° 10.381

acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación de esta Ley. Podrán ser recurridas en los términos que establecen la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación.

Contrarrestando esta función sancionadora, la actividad distributiva de la administración se manifiesta también en una función premial, que se refleja en el otorgamiento de premios periodísticos, de honores y condecoraciones, así como en subvenciones oficiales. No hay que descartar, en este campo, el peligro de que se establezca una diferencia entre la prensa gubernamental y la independiente, que de hecho y a menudo se realiza.

3. La actividad reparadora sirve a los principios de la justicia conmutativa y, en los dominios de la información tiene su expresión más genuina en el derecho de respuesta o rectificación, o sea, la facultad que se reconoce a las personas naturales y jurídicas que se consideran perjudicadas en su fama o en sus legítimos intereses por la publicación de informaciones falsas o desfiguradas, para exigir una adecuada aclaración. (para su ampliación remitimos al capítulo específico)

4. La actividad de orientación, unas veces –según Xifra Heras para que las directrices oficiales tengan el reflejo esperado en los medios informativos, y otras para asegurar el fin social de la prensa y combatir los efectos negativos de la concentración empresarial, que amenaza la objetividad y el pluralismo informativos. Para ello, el Estado, en ocasiones, compensa los efectos de la prensa capitalista monopólica con la coexistencia de otros medios (sobre todo la televisión y la radio) que están -en parte-en manos de los organismos oficiales (en nuestro caso, TV Pública).

La información es, actualmente, uno de los servicios de interés público de mayor alcance social. Incumbe pues al Estado salvar las deficiencias de la gestión privada, imponiendo determinadas prestaciones obligatorias. Una de ellas es, como se ha visto, el derecho de respuesta. Otra, la obligación impuesta por la ley de medios audiovisuales – Art.75 y 76- de difundir las comunicaciones y noticias de interés general que la Administración y las entidades públicas consideren necesario divulgar.

Dada la importancia de la información en el sistema democrático, distintos países -y en el nuestro Córdoba, con la ley 8803- han dictado leyes de acceso a la información pública.

5 Finalmente, una actividad fiscalizadora, que se ejerce: a) sobre las publicaciones periódicas, a través por ejemplo, de la obligación de dar publicidad a ciertos datos concretos: pie de imprenta, nombre del director, domicilio y razón social de la empresa –ley 25.446 LEY DEL FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA-, depósito de diez ejemplares de la publicación antes de su difusión –ley 11723 de propiedad intelectual- etc. b) sobre las personas vinculadas al servicio de interés público de la información, por lo que nuestra legislación somete, a una rígida normativa especial, en el sentido de que tienen limitada su libertad de expresión a causa de su sujeción al servicio que prestan; por ejemplo la ley 27.078 que impone el secreto de las comunicaciones por parte del personal ligado a las telecomunicaciones.